Etiqueta: arganzuela

ENTREVISTA: José Maria Martín

José María Martín viene participando, desde el año 2015, en la movilización ciudadana por los derechos sociales; en una primera etapa colaborando con la agrupación política Ahora Madrid siendo vocal vecino del distrito de Arganzuela y posteriormente desde la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial, en la que es miembro de su Junta Directiva. Hace más de un año se sumó a la Plataforma de vecinas y vecinos de Arganzuela en Defensa de los Centros de Salud y Reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP).

Pregunta: ¿Cómo nace la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Arganzuela?

Respuesta: La creación de este espacio tuvo como motivo el cierre durante 3 años de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria, primera demanda de los usuarios de los barrios de nuestro territorio. Un pequeño grupo tomó la decisión de manifestarse haciendo concentraciones delante del Centro de Salud de “Imperial”, en el que me integré por invitación de una compañera que valientemente encabezó el grupo.

Pregunta: Desde octubre del pasado año ha despertado en la ciudadanía una férrea voluntad de resistencia contra las ansias privatizadoras del Gobierno de la Comunidad de Madrid ¿Cuál crees que ha sido el desencadenante de esta respuesta del pueblo de Madrid?

Respuesta: El motivo principal fue el cierre de los SUAP desde marzo de 2020; aprovechando la pandemia la Consejería inició el proceso de desmantelamiento que conllevó la desaparición de personal sanitario, mediante su traslado a la vacunación masiva en el Hospital de Emergencia “Isabel Zendal” o por la no renovación de contratos temporales. Por otro lado, en algunos Centros de Salud, se redujo a la mitad el número de facultativos, incluso se llegó al cierre temporal por falta de personal.

Pregunta: En estos meses atrás, han tenido lugar manifestaciones que, por su asistencia masiva nos recordaron las de rechazo a la Guerra de invasión de Irak en 2003, o las de 2004 contra las mentiras del gobierno de Aznar tras los atentados de Atocha ¿Qué papel jugasteis las asociaciones de vecinos y los barrios de Madrid?

Respuesta: El detonante provocado por el deterioro del primer escalón de la Sanidad Pública, la Atención Primaria, llevó a los usuarios a reunirse entorno a plataformas y colectivos que crearon una estructura asamblearia para convocar una manifestación multitudinaria el 13 de noviembre de 2022, con el apoyo de entidades consolidadas. Las médicas consideraron que era el momento de plantear una huelga, al ver la respuesta unitaria de la ciudadanía.

Ante la falta de acuerdo en sus demandas, que unificaban beneficios para los usuarios de la Atención Primaria y solución de problemas laborales, el sindicato AMYTS, único convocante, participó en el movimiento vecinal, con acciones como el encierro en el local de la Asociación de Manoteras y las manifestaciones semanales ante la Consejería de Sanidad de Madrid.

El 12 de febrero de 2023 volvimos a salir a las calles de Madrid con apoyo masivo para solicitar un cambio en la aplicación de políticas ultraliberales en la Sanidad.

Desde nuestra Plataforma, movilizamos a las vecinas y vecinos, algunas integradas en nuestra asociación y otras que se sumaban a título personal y que no habían participado en los movimientos sociales con anterioridad, recibiendo el apoyo de las asociaciones vecinales en lo institucional, solicitando permisos de concentraciones o de manifestación.

Pregunta: A tu modo de ver ¿Cuáles son los problemas de Sanidad Pública madrileña?

Respuesta: El agotamiento de los trabajadores sanitarios, del sistema y falta de voluntad política para el sostenimiento de la Sanidad Pública.

Las listas de espera en Atención Primaria, el incremento de la Urgencias en hospitales por la desaparición de los Servicios Extrahospitalarios. Hay más de 200.000 niños y niñas sin pediatra y 1.000.000 de adultos sin asignación de médica. Además, no se debe olvidar que 27.000 inmigrantes no tienen tarjeta sanitaria por la modificación de los criterios de la CAM.

La falta de personal sanitario, médicas, pediatras y la gran contratación temporal.

La privatización de la Sanidad, concesionada con importes más elevados que los que serían por gestión pública.

La dificultad de cita con tu médica de familia, la elevada cifra de pacientes por día, uno de los motivos principales de la huelga. Aunque se haya llegado a un acuerdo con la Consejería en la cifra de atención a pacientes (34 para médica de familia y 24 para pediatras).

La inversión por habitante y año en la Comunidad de Madrid es la más baja del país.

Pregunta: Se ha alcanzado algún acuerdo con los médicos y se está negociando con otros colectivos sanitarios ¿Piensas que estos acuerdos resuelven el problema de deterioro de la Sanidad Pública

Respuesta: No, estos acuerdos son un parche más, suscitan muchas dudas entre los profesionales de la Sanidad, dado el incumplimiento de anteriores aprobaciones, en los años 2006 y 2020.

El acuerdo de los 34-24 pacientes por jornada laboral en los Centros de Salud, creando una bolsa desde el 35-25 para que sean atendidos por algunos facultativos que quieran duplicar su jornada por un incremento salarial no es una solución, porque se pierde la longitudinalidad del paciente asignado, su historial no puede ser conocido por todas las médicas si no se le dedica tiempo.

La intención de transformar el servicio de enfermería en los Puntos de Atención Continuada (PAC), con labores de diagnóstico y tratamiento, sin médica facultada, colapsará las Urgencias hospitalarias, ya de por sí abarrotadas.

Pregunta: Estamos en la antesala de una proceso electoral, municipal y autonómico, en mayo y con toda probabilidad no terminará el año sin que haya elecciones generales ¿están los partidos de la izquierda proponiendo soluciones de calado para defender la Sanidad Pública?

Respuesta: Los colectivos vecinales, como no puede ser de otra manera, tenemos esperanza en que el relevo en el Gobierno de Comunidad, sobre todo, ayuntamientos de grandes ciudades, fomente la participación y el diálogo para transformar la Sanidad Pública en Madrid, que sirva de correa de transmisión al resto del Estado.

Los partidos de izquierda saben que nosotras seguiremos luchando para que se revierta la privatización de hospitales, el desmantelamiento de la Atención Primaria, las listas de espera y que reclamamos mayor inversión y gestión pública en Sanidad.

Continuaremos realizando movilizaciones y acciones como la última de la semana anterior: CONSULTA POPULAR POR LA SANIDAD para concienciar a la sociedad sobre el peligro de permitir la privatización y el abandono de la Sanidad Pública.

Roberto Tornamira
Para Tribuna Socialista

Entrevista: Rafael Arévalo

Entrevistamos a Rafael Arévalo, víctima del abandono sufrido por los mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde murieron más de 7.000 personas.

Rafael es abonado de Tribuna Socialista en Madrid.

Pregunta.- Perdiste a un familiar en la pandemia, ¿podría haberse evitado?

Rafael.- Mi madre, Juana, falleció el 26 de abril de 2020. En esta fecha ya había fallecido un tercio de los residentes, de un total aproximado de 180 residentes. La brutalidad de la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es tal que, a finales de abril, habían fallecido la práctica totalidad de las personas de la planta de “asistidos”. Podría haberse evitado, si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no les hubiese negado la asistencia hospitalaria; si no les hubiese dejado abandonados a su suerte con decisiones pensadas en favor de los beneficios empresariales en lugar de en la salud de los residentes.

P.- ¿En qué tipo de residencia estaba tu madre?

R.– La residencia AMAVIR Arganzuela, está situada en la calle de Embajadores, 211, saliendo de la ciudad hacia el sur de Madrid. Es una de tantas residencias concertadas con la Comunidad de Madrid, que pertenece al grupo empresarial francés Maisons de Famille.

La relación con la dirección del centro siempre fue correcta. Desde antes de la pandemia, los familiares percibíamos el problema de la escasez de plantilla, por los errores que se producían habitualmente, por ejemplo: mi madre era diabética y le daban zumos que no podía tomar, los armarios de ropa no estaba controlados y podías encontrar ropa de otros residentes mezclada con las suyas o ropa suya que desparecía, y lo que es más grave, casos de escaras no detectadas a tipo generando graves consecuencias, incluso algún fallecimiento por este motivo… Es evidente que esto obedecía a la rotación de trabajadores; producto de la precariedad de las condiciones de trabajo y de bajos salarios.

Con la pandemia, esta situación se gravó en modo superlativo por las bajas por COVID del personal. Viéndose la dirección del centro colapsada por la situación e impedida de tomar decisiones que hubiesen evitado el contagio generalizado, dentro de la residencia. La residencia carecía de mascarillas y de personal suficiente para mantener a los residentes confinados sus habitaciones, de manera que, en plena pandemia, continuaban sacando a los ancianos a la sala común de cada área, para ser atendidos 25 residentes por cada auxiliar. Estas deficiencias no se corrigieron, en parte, hasta que los bomberos acudieron al centro a mediados de abril, dando orden de aislar a los residentes en sus habitaciones. Ahí quedan las escalofriantes escenas con las que los bomberos y los miembros de la UME se encontraron en muchas residencias, según han declarado.

A partir de la declaración del estado de alarma, se cortó la información a los familiares. La poca información que nos llegaba era a través de los familiares cuyos padres y madres iban falleciendo.

P.- La Comunidad de Madrid, a lo largo de la pandemia, no ha tomado ciertas decisiones porque, a su presidenta y a su equipo de gobierno, les parecían muy duras para la economía. ¿Qué opinas tú de esto?

R.- Pues pienso que lo verdaderamente duro es lo que sufrieron miles de familias que no pudieron despedirse de sus familiares.

Lo duro, durísimo, es enterarte por lo medios de comunicación, porque la residencia no te informaba, de que a mi madre se le había negado la asistencia sanitaria hospitalaria, con la que podría haber vivido más tiempo. Esta decisión de negar a la vida a una persona, al negarle la atención médica adecuada, es muy llamativa por venir de un Gobierno sustentado por partidos que niegan el derecho a la muerte digna y el derecho de las mujeres a decidir ser madres, con el argumento del derecho a la vida.

La angustia que se siente al saber que tu familiar está en una situación de riesgo mortal inminente y no poder hacer nada. Lo único que se podía hacer a duras penas, por las restricciones, era intentar obtener información de tu familiar.

Lo que más duro, es enterrar a tu familiar en la mas absoluta clandestinidad viendo el féretro entrar en el cementerio 1 minuto solo con 3 familiares como si fuera el más indeseable del mundo, sin la despedida digna que se merecía.

P.- Esta entrevista la estamos haciendo en la manifestación que ha llenado la Gran Vía y parte de la Plaza de España, de Madrid, en esta tarde de sábado, 17 de septiembre. A la que han acudido miles de personas para reclamar que las residencias vuelvan a ser públicas y con atención digna. ¿Qué habría que hacer, en tu opinión, para resolver la lamentable situación que se vive?


R.- Lo primero que habría que hacer es revertir las residencias públicas, que están siendo explotadas económicamente por empresas privadas, a una gestión directamente pública.

En según lugar, no permitir el déficit de plantilla en las residencias, sean esta públicas o privadas. Pues las ratios de personal por cada 100 residentes son incumplidas de manera ostentosa; agravándose cada año en los periodos vacacionales y de forma brutal en estos años pasados de pandemia.

En tercer lugar, además de una dotación de trabajadores y trabajadoras adecuada, garantizar que el personal de las residencias tiene la cualificación adecuada al puesto que

le es encomendado, pues la escasez de plantilla lleva, en muchas ocasiones, a que trabajadoras contratadas como personal de limpieza se vean obligadas a asumir tareas de auxiliares sanitarias.

En cuarto lugar, hay que vigilar la ratio de gasto de personal de las residencias vigilando el personal que incluyen en el mismo y sobre todo que este no debería ser nunca inferior al 70%, y no como esta ahora en las privadas y privadas concertadas que está en torno al 50%.

En quinto lugar, acabar con la connivencia de la Administración con las residencias que las avisa con antelación del día que las va a inspeccionar.

En definitiva, lo que la Administración no puede hacer es desentenderse de un servicio esencial para la sociedad, que se ha convertido en un negocio donde el ciudadano queda subordinado al interés económico. El coste de esta “filosofía” político-económica, de la que, el Gobierno de Ayuso es connivente, ha sido de 7.000 vidas, solo en la Comunidad de Madrid.

Quiero terminar diciendo que aun no entiendo cómo, la fiscalía de Madrid, puede haber archivado la causa judicial abierta para depurar responsabilidades por la decisión criminal de negar asistencia sanitaria a nuestros ancianos.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

A %d blogueros les gusta esto: