Entrevistamos a Rafael Arévalo, víctima del abandono sufrido por los mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde murieron más de 7.000 personas.
Rafael es abonado de Tribuna Socialista en Madrid.
Pregunta.- Perdiste a un familiar en la pandemia, ¿podría haberse evitado?
Rafael.- Mi madre, Juana, falleció el 26 de abril de 2020. En esta fecha ya había fallecido un tercio de los residentes, de un total aproximado de 180 residentes. La brutalidad de la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es tal que, a finales de abril, habían fallecido la práctica totalidad de las personas de la planta de “asistidos”. Podría haberse evitado, si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no les hubiese negado la asistencia hospitalaria; si no les hubiese dejado abandonados a su suerte con decisiones pensadas en favor de los beneficios empresariales en lugar de en la salud de los residentes.
P.- ¿En qué tipo de residencia estaba tu madre?
R.– La residencia AMAVIR Arganzuela, está situada en la calle de Embajadores, 211, saliendo de la ciudad hacia el sur de Madrid. Es una de tantas residencias concertadas con la Comunidad de Madrid, que pertenece al grupo empresarial francés Maisons de Famille.
La relación con la dirección del centro siempre fue correcta. Desde antes de la pandemia, los familiares percibíamos el problema de la escasez de plantilla, por los errores que se producían habitualmente, por ejemplo: mi madre era diabética y le daban zumos que no podía tomar, los armarios de ropa no estaba controlados y podías encontrar ropa de otros residentes mezclada con las suyas o ropa suya que desparecía, y lo que es más grave, casos de escaras no detectadas a tipo generando graves consecuencias, incluso algún fallecimiento por este motivo… Es evidente que esto obedecía a la rotación de trabajadores; producto de la precariedad de las condiciones de trabajo y de bajos salarios.
Con la pandemia, esta situación se gravó en modo superlativo por las bajas por COVID del personal. Viéndose la dirección del centro colapsada por la situación e impedida de tomar decisiones que hubiesen evitado el contagio generalizado, dentro de la residencia. La residencia carecía de mascarillas y de personal suficiente para mantener a los residentes confinados sus habitaciones, de manera que, en plena pandemia, continuaban sacando a los ancianos a la sala común de cada área, para ser atendidos 25 residentes por cada auxiliar. Estas deficiencias no se corrigieron, en parte, hasta que los bomberos acudieron al centro a mediados de abril, dando orden de aislar a los residentes en sus habitaciones. Ahí quedan las escalofriantes escenas con las que los bomberos y los miembros de la UME se encontraron en muchas residencias, según han declarado.
A partir de la declaración del estado de alarma, se cortó la información a los familiares. La poca información que nos llegaba era a través de los familiares cuyos padres y madres iban falleciendo.
P.- La Comunidad de Madrid, a lo largo de la pandemia, no ha tomado ciertas decisiones porque, a su presidenta y a su equipo de gobierno, les parecían muy duras para la economía. ¿Qué opinas tú de esto?
R.- Pues pienso que lo verdaderamente duro es lo que sufrieron miles de familias que no pudieron despedirse de sus familiares.
Lo duro, durísimo, es enterarte por lo medios de comunicación, porque la residencia no te informaba, de que a mi madre se le había negado la asistencia sanitaria hospitalaria, con la que podría haber vivido más tiempo. Esta decisión de negar a la vida a una persona, al negarle la atención médica adecuada, es muy llamativa por venir de un Gobierno sustentado por partidos que niegan el derecho a la muerte digna y el derecho de las mujeres a decidir ser madres, con el argumento del derecho a la vida.
La angustia que se siente al saber que tu familiar está en una situación de riesgo mortal inminente y no poder hacer nada. Lo único que se podía hacer a duras penas, por las restricciones, era intentar obtener información de tu familiar.
Lo que más duro, es enterrar a tu familiar en la mas absoluta clandestinidad viendo el féretro entrar en el cementerio 1 minuto solo con 3 familiares como si fuera el más indeseable del mundo, sin la despedida digna que se merecía.
P.- Esta entrevista la estamos haciendo en la manifestación que ha llenado la Gran Vía y parte de la Plaza de España, de Madrid, en esta tarde de sábado, 17 de septiembre. A la que han acudido miles de personas para reclamar que las residencias vuelvan a ser públicas y con atención digna. ¿Qué habría que hacer, en tu opinión, para resolver la lamentable situación que se vive?
R.- Lo primero que habría que hacer es revertir las residencias públicas, que están siendo explotadas económicamente por empresas privadas, a una gestión directamente pública.
En según lugar, no permitir el déficit de plantilla en las residencias, sean esta públicas o privadas. Pues las ratios de personal por cada 100 residentes son incumplidas de manera ostentosa; agravándose cada año en los periodos vacacionales y de forma brutal en estos años pasados de pandemia.
En tercer lugar, además de una dotación de trabajadores y trabajadoras adecuada, garantizar que el personal de las residencias tiene la cualificación adecuada al puesto que
le es encomendado, pues la escasez de plantilla lleva, en muchas ocasiones, a que trabajadoras contratadas como personal de limpieza se vean obligadas a asumir tareas de auxiliares sanitarias.
En cuarto lugar, hay que vigilar la ratio de gasto de personal de las residencias vigilando el personal que incluyen en el mismo y sobre todo que este no debería ser nunca inferior al 70%, y no como esta ahora en las privadas y privadas concertadas que está en torno al 50%.
En quinto lugar, acabar con la connivencia de la Administración con las residencias que las avisa con antelación del día que las va a inspeccionar.
En definitiva, lo que la Administración no puede hacer es desentenderse de un servicio esencial para la sociedad, que se ha convertido en un negocio donde el ciudadano queda subordinado al interés económico. El coste de esta “filosofía” político-económica, de la que, el Gobierno de Ayuso es connivente, ha sido de 7.000 vidas, solo en la Comunidad de Madrid.
Quiero terminar diciendo que aun no entiendo cómo, la fiscalía de Madrid, puede haber archivado la causa judicial abierta para depurar responsabilidades por la decisión criminal de negar asistencia sanitaria a nuestros ancianos.
Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista
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