Categoría: servicios publicos

Defendamos los Servicios Públicos

Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia

Son los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, pero no son los únicos.

El domingo 23 de marzo miles de personas nos hemos manifestado en las calles de Madrid, pasando por la puerta del Congreso de los Diputados, para reclamar la defensa efectiva de los servicios públicos, es decir, para pedir que se les dote de mayor presupuesto y para que se desprivatice lo privatizado.

Los servicios públicos están infradotados presupuestariamente, prueba de ello es la falta de profesionales y medios que se sufre en todos ellos: falta de pediatras en la atención primaria madrileña, falta de medios para el tratamiento del cáncer en Soria, déficit de personal de enfermería en Andalucía… son ejemplos concretos de la situación que se vive, aunque sería más correctos decir se sufre, en todas las comunidades autónomas, en unas con mayor intensidad que en otras, pero en la práctica totalidad hay un deterioro del sistema sanitario público.

Según datos de la OCDE, España gasta un 20% menos en Sanidad que la media de los países europeos. Pero el déficit no solo afecta a la Sanidad. En la Educación Pública de primaria y secundaria hay déficit se personal docente y de apoyo, de tal modo que cada día es mayor la carga de trabajo administrativo que los docentes se ven obligados a soportar. La infra dotación presupuestaria en las universidades es galopante.

El déficit de personal en las residencias de mayores es endémico y la escasez de plazas en función de las necesidades es brutal: a primeros de año se estimó que, en el conjunto del país, se necesitaban 35.000 plazas para atender la demanda de personas con Dependencia Severa. En Madrid son 270.000 las personas que, teniendo más de 65 años, viven solas.

Además del déficit presupuestario, que provoca la escasez de personal y medios, la Sanidad, la Educación y la Dependencia tienen en común la privatización por la vía de los conciertos y convenios con entidades privadas, lo que supone una sangría de dinero público que se despilfarra y va a parar al accionariado de fondos buitre y todo tipo de especuladores, caldo de cultivo para la corrupción.

Carrera de San Jerónimo (Madrid) 23 de marzo-25

Las pensiones tienen un elemento fundamental, como es que las pensiones por jubilación, orfandad y viudedad no se pagan con impuestos, sino que son parte del salario que los trabajadores y trabajadoras destinamos al pago de las pensiones.

Es la parte que pone el Estado, para los complementos a mínimos, la que se nutre con los impuestos. Y es la utilización indebida del dinero aportado por los trabajadores y trabajadoras lo que ha generado una deuda del Estado para con las pensiones valorada, en 2023, en más de 140.000 millones de euros, según el ministro de Seguridad Social, en Sr. Escrivá -hoy Gobernador del Banco de España-. Y es por este motivo que el movimiento de pensionistas consiguió que en la Ley 21/2021 se introdujese la Disposición Adicional Sexta, por la que tenía que encargarse un informe de Auditoría que abarcase el periodo 1967 a 2019. Pero este precepto legal no ha sido cumplido por el actual Gobierno. Hay que continuar exigiendo el cumplimiento de la ley, para saber cuánto dinero debe el Estado a las pensiones, es decir a los trabajadores y trabajadoras, de modo que se termine de una vez por todas con las dudas interesadas sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Y, en todo caso, el Estado debe ingresar la cantidad de dinero reconocida por el Ministerio de Seguridad Social y por los informes del Tribunal de Cuentas.

Hay otros servicios que deberían ser un servicio público, pero que no lo son. Solo dos ejemplos: Vivienda y Banca.

Desde 1981 se vienen haciendo planes plurianuales para la promoción de viviendas protegidas. Hay que aseverar que el Estado ha fracasado estrepitosamente en esta materia. El error es de enfoque, y es que, en lugar de pensar en el número de hogares que el Estado debía proveer, se ha pensado siempre en utilizar la promoción de vivienda de protección oficial para fomentar la actividad económica. El mercado, no conforme con eso, se ha dedicado a corromper a los políticos que se han prestado a ello para hacerse, a bajo coste, con la propiedad de las viviendas construidas con dinero público; es el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo de la alcaldía de la señora de Aznar.

La banca por su parte es un negocio cautivo en manos de una oligarquía bancaria. Un negocio que cuanto más sufre la mayoría de la sociedad mayores beneficios consiguen, a costa de comisiones abusivas, altos intereses en los productos financieros y prácticamente nula remuneración a los depósitos, incluso en etapas en las que el precio del dinero ha subido. Este paraíso del beneficio especulativo se ha creado en dos etapas: una primera con la privatización de la red de banca pública que tenía el Estado, Argentaria; y una segunda con la dilapidación de las cajas de ahorro, de las que se han apropiado los bancos, con la jugosa aportación del Estado, por valor de más de 100.000 millones de dinero público -35.000 de coste de la SAREB + 65.000 dinero para el saneamiento de las entidades-. Tras estas acciones del Estado a favor de los intereses del capital financiero, ha venido la conformación de un oligopolio de 5 grandes entidades que no han colmado sus ansias de concentración.

Los servicios públicos no son un lujo, ni un capricho, son una necesidad que se paga principalmente con las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras, a través de los impuestos y las cotizaciones. Es la minoría, pudiente, la que, insolidariamente, no quiere pagar impuestos y en los servicios públicos no ve una necesidad, porque ellos no los necesitan.

De modo que es de celebrar que haya movilizaciones en defensa de los servicios públicos, la pena es que no haya más y que no las convoquen en unidad todas las organizaciones de los trabajadores, políticas y sindicales.

La mejor vacuna contra el fascismo son los derechos sociales y una buena red de servicios públicos.

Inicio de la manifestación en la Puerta del Sol (Madrid) 23mar25
Roberto Tornamira
Socialista afiliado al PSOE en Madrid

Caos en los trenes de cercanías

El transporte ferroviario de cercanías es un servicio público y una necesidad para millones de personas que se desplazan diariamente para ir al trabajo, al centro de estudio o al servicio médico. En Cataluña, en 2024 dio servicio a más de 130 millones de viajeros (400.000 usuarios diarios). Después de más de una década de nula inversión y de parálisis de los gobiernos independentistas, los trenes de cercanías han quedado obsoletos y la infraestructura ha colapsado. Los usuarios de cercanías se encuentran diariamente con fallos eléctricos en las catenarias, trenes en los que los usuarios van como «sardinas en lata» y retrasos continuados que afectan la vida laboral y académica de los mismos. Algunas de las líneas, además están afectadas por el creciente paso de trenes de mercancías por la misma vía que las cercanías, lo que agrava la situación. Para acabarlo de complicar, el gobierno de España y de Cataluña están ejecutando un plan de inversión que implica obras que provocan más incidencias en el servicio. El traspaso de las cercanías del Estado a la Generalitat de Catalunya, previsto para 2026 provoca muchos recelos entre los trabajadores/as ferroviarios, que ven en este traspaso una amenaza a sus derechos laborales. Tras diversas movilizaciones y huelgas, los sindicatos de clase han llegado a acuerdos que sin embargo no secundan ni CGT ni el Sindicato Ferroviario Intersindical, mayoritarios en el sector, que siguen con movilizaciones que afectan el funcionamiento del servicio.
La tormenta perfecta en las cercanías ha llevado a los usuarios al límite de la paciencia. De esta forma, el pasado 22 de marzo se organizaron protestas en diversas estaciones de Catalunya, en las que los miembros de Tribuna Socialista estuvimos presentes.
Una semana más tarde, el Pleno del Parlament de Catalunya ha reprobado a la consellera de la Generalitat Silvia Paneque, aunque Salvador Illa está dispuesto a aguantarla en el cargo.
Aunque el cinismo y el oportunismo de los partidos del procés no tiene límites, culpabilizando al actual govern de la Generalitat de un problema que ellos mismos no han sido capaces de arreglar en 10 años, lo cierto es que hay que buscar soluciones urgentes al problema que sufrimos los usuarios:

  • Mejorar los servicios de información
  • Medidas alternativas de transporte por carretera,
  • Inversión en vías alternativas para las mercancías.
  • Mejoras de la infraestructura (actualmente en ejecución)
  • Mejoras en la accesibilidad en los trenes y estaciones.
  • Garantizar los derechos laborales de los trabajadores del sector.


Somos conscientes, tal y como ha avisado la propia consellera, que el restablecimiento del servicio al 100% tardará al menos 2 años, tiempo estimado para ejecutar la mayor parte de las obras.
Sin embargo, no se puede pedir paciencia a los usuarios sino ofrecer soluciones alternativas como las enumeradas anteriormente.
El colapso de las cercanías es un claro ejemplo de lo que sucede cuando no se invierte en los servicios públicos. Lo mismo ocurre con la sanidad y la educación. Por ello, para evitar que los de la motosierra nos inunden con sus mensajes de eliminación de lo público, lo que hay que hacer es invertir en lo público.

Baltasar Santos
Tribuna Socialista Catalunya

Manifestación en defensa de la Educación Pública

La verdadera izquierda está en las calles

Una nueva gran manifestación ha recorrido las calles de Madrid el día 24, esta vez en defensa de la Educación pública. El día 9 de este mes de febrero las calles se llenaron para reivindicar que se cumpla el derecho a vivienda establecido en la Constitución. En los últimos años hemos visto macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública. Y periódicamente miles de personas se movilizan en defensa de las Pensiones Públicas.

El asociacionismo en colectivos, plataformas y espacios, apoyados en las luchas vecinales se han hecho cargo de la defensa de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, son la verdadera izquierda, en ausencia de los partidos tradicionales y los sindicatos de clase.

El ánimo para salir a las calles a reivindicar y defender derechos va más allá de los servicios públicos, sobre los que se está nucleando un movimiento sin dirección política, por el momento. En los últimos 17 meses han sido muchas las manifestaciones para rechazar el Genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Así mismo, las asociaciones de familiares de víctimas se movilizan para exigir responsabilidades a gobiernos autónomos como el de Madrid o Valencia, por las 7291 muertes en las residencias en los años de pandemia o por las habidas en la DANA en octubre del pasado año.

El hecho de que algunas de estas competencias, en todo o en parte, estén transferidas a las comunidades autónomas hace que la movilización no tome carácter estatal. Sin embargo, no es descartable que se tienda a la estatalización de estos movimientos, pues no es entendible que el problema del deterioro, incluso el desmantelamiento, de los servicios públicos esté troceado cuando en mayor o menor medida el problema existe en todas las comunidades autónomas.

No solo es que la privatización y la insuficiente financiación de la Sanidad o la Educación se den en toto el Estado, es que son leyes estatales, como la Ley 15/97, las que permiten y facilitan la privatización; en este caso de la Sanidad Pública.

El papel de las instituciones autonómicas ante los desastres naturales ha sido desastroso, incluso criminal, pues pudiendo haber evitado muertes las han provocado con sus decisiones, en el caso de Madrid, y sus indecisiones, en el caso de Valencia. Son hechos a los que no están ajenos los demás pueblos del Estado español.

La situación de la Comunidad de Madrid es especialmente grave, dada la acción de Gobierno ideológica ultraliberal del PP en esta Comunidad, pero que más allá de las formas aplican en todas las comunidades y ayuntamientos en los que gobiernan.

  • El estrangulamiento económico de las universidades públicas es evidente y grosero.
  • El Gobierno de Madrid ataca permanentemente a la enseñanza pública en un descarado apoyo institucional a la educación privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia segregacionista.
  • Las tasas de matriculación son cada día más altas y los presupuestos para becas cada vez menores. Dando como resultado que las familias trabajadoras comienzan a verse excluidas de la enseñanza superior.
  • Los estudiantes de la FP pública se ven en desventaja frente a los alumnos de la privada a la hora de realizar las obligatorias prácticas.
  • Las malas condiciones de trabajo están expulsando a los profesionales sanitarios de esta comunidad. Del mismo modo que la carga burocrática está asfixiando al profesorado.
  • Las listas de espera y el déficit de pediatras están deteriorando la red de Atención Primaria.

Estas reivindicaciones no pueden ser olas que llegan a los partidos al calor de las manifestaciones multitudinarias. En los hechos, las instituciones están negando derechos que están establecidos en la Constitución que nos dicen que hay que respetar, pero que las instituciones mismas incumplen.

Es inexplicable que los sindicatos de clase no estén volcados en convocar y organizar estas movilizaciones, pues ser una organización de clase es luchar por el derecho del trabajador a una sanidad, a una vivienda digna, a la educación…además de por los derechos laborales y salariales. No estar en estas luchas les reduce a meros sindicatos que prestan servicios de asesoría y negociación.

¡Cuidado! Con la exigencia de la OTAN, a las órdenes de Trump, de elevar sustancialmente los presupuestos en Defensa, pues lo que se aumente en gasto militar será detraído del en servicios públicos; otra excusa para el fomento de la privatización.

Por mucho que se autodenominen de izquierdas, el movimiento se demuestra andado y hoy, el movimiento está en la calle.

Cada día estamos más huérfanos de partidos y sindicatos que defiendan los derechos de la mayoría social.

Pascual Sánchez Pérez
Militante socialista de Madrid

Las licitaciones públicas no pueden seguir 
siendo subastas al peor postor

Los trabajadores de la empresa Prezero que realizan servicios de recogida de basuras y limpieza viaria en diversos municipios de la comarca del Baix Penedés (Tarragona) llevan más de 2 meses de huelga exigiendo un salario digno que lleva congelado varios años.

Prezero es una empresa alemana del Grupo Schwarz, que también incluye las empresas comerciales Kaufland y Lidl, así como Schwarz Produktion. Con presencia en diversos países centroeuropeos, dio el salto a España presentándose a las licitaciones públicas de diversos servicios, incluyendo la recogida de basuras y la limpieza viaria, y ganando diversas licitaciones al presentar las ofertas más bajas de precio.

Adjudicar servicios públicos al «peor» postor trae como consecuencia problemas como los que están sufriendo en primera instancia los trabajadores de la empresa, con sueldos congelados desde hace varios años; ,,.y los vecinos de los municipios afectados, que ven como en sus pueblos se acumula la basura y la suciedad, llegando a generar verdaderos problemas de insalubridad.

El sistema de contratación pública y adjudicación de los servicios públicos obligatorios es un sistema perverso diseñado para que sean las grandes empresas las que se adjudiquen contratos millionarios.En las contrataciones públicas no se puede priorizar las empresas locales puesto que vulneraría el principio de «igualdad y libre competencia». Tampoco es fácil la concurrencia de empresas nuevas o autónomos, puesto que se suele puntuar los años de experiencia y la solvencia tanto técnica como económica, algo que es imposible para los nuevos emprendores, las cooperativas o las empresas de economía social, salvo que se trate de contratos reservados para ello, y debidamente justificado. Tampoco es fácil la introducción en los pliegos de las denominadas «cláusulas sociales» que sobre el papel, todo el mundo cumple.

De esta manera, lo que más puntúa sigue siendo la oferta económica, y aquí se produce una auténtica subasta a la baja, a la que solamente se excluye aquellas ofertas temerarias, aunque la temeridad se suele demostrar una vez los contratos ya se han adjudicado y están en marcha.

Además de lo anterior, algunos procesos de licitación, como los que afectan a servicios como la recogida de basuras y la limpieza viaria son muy complejos en cuanto a la elaboración de los pliegos. Se han de tener en cuenta las frecuencias, los sistemas de recogida de basura o limpieza, la maquinaria y el personal…sin olvidar el margen de beneficio de las empresas. Estos procesos de elaboración de los pliegos sistemas de recogida de basura o limpieza, la maquinaria y el personal… sin olvidar el margen de beneficio de las empresas. Estos procesos de elaboración de los pliegos técnicos son tan complejos y lentos, que cuando se inicia el proceso de licitación, a menudo, los costes reales han cambiado, máxime en una época tan convulsa como la actual, en la que el coste de la energía, y de todo se ha disparado. Claro está que las empresas no quieren renunciar a contratos tan importantes y a menudo realizan ofertas para contratos con 8 o 10 años de vigencia, a bajo precio, razón por la cual, quien acaba pagando el pato, son los trabajadores del servicio, así como los vecinos, quienes pagan estos contratos con sus impuestos, que reciben un servicio deficiente cuando se empuja a los trabajadores al conflicto.

Prezero es un buen ejemplo: Empresa alemana a la que se le han adjudicado los servicios en Castilla la Mancha (COMSERMANCHA), donde también están en conflicto; A Coruña, donde también han tenido conflicto, y ahora en los municipios de L’Arboç, Llorenç del Penedés, Banyeres del Penedés y Sant Jaume dels Domenys, todos ellos municipios de la comarca del Baix Penedés en Tarragona, donde los trabajadores llevan 70 días de huelga, y los alcaldes de los municipios han tenido que solicitar la emergencia sanitaria para poder recoger la basura tras dos meses de acumulación.

Una cosa está clara y es que, cuando no es posible internalizar un servicio y se ha de contratar privado, en los procesos de licitación pública, se debe tener en cuenta el salario de los trabajadores antes de adjudicar un contrato y la ley de contratos del sector público debiera garantizar la dignidad salarial de quienes prestan el servicio. Las licitaciones públicas no pueden seguir siendo subastas basadas en el bajo precio de la fuerza de trabajo.

Baltasar Santos
Primer secretario PSC el Vendrell
Comité de Redacción de TS

Movilización a todos los niveles en el sector del Taxi, por su supervivencia

Introducción:
Publicamos esta información sobre la movilización que se está produciendo en el País Vasco en defensa del sector del Taxi, del que dependen 2.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos.
El viernes 23 de octubre, en el Pleno del Parlamento Vasco, el grupo de EH Bildu presentó una pregunta al gobierno tras la celebración de la reunión con una representación de la sectorial del Taxi, de la Unión de Profesionales y Autónomos de Euskadi (UPTA), integrada en UGT.
La movilización en defensa del sector alcanza mayores niveles afectando ya al conjunto de las instituciones vascas, mientras a nivel de todo el estado español se celebró una manifestación en Madrid el 13 de noviembre exigiendo al Gobierno central que tome medidas para frenar la escalada de precios de los seguros al taxi que amenaza con destruir a decenas de miles de ellos. Del mismo modo, las mayores asociaciones de taxistas apoyan la convocatoria de huelga por el derecho a la jubilación anticipada en el transporte que anuncian UGT y CCOO.

Sector Taxi, UPTA Euskadi

NOTA Informativa de la Sectorial del Taxi de UPTA EUSKADI del mes de octubre

¡Frenar a Uber! Reunión con el grupo parlamentario de EH Bildu el lunes 30

El 23 de noviembre de 2023 nuestra organización dirigió una carta abierta al alcalde de Bilbao, informando detalladamente de la verdadera situación del Taxi en la ciudad y solicitando una entrevista, a la que nunca ha respondido.

De esta forma iniciamos una campaña permanente para implicar a los cargos electos de todas las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca de Euskadi en la defensa del sector, considerado por ellas mismas como Servicio Público de Interés General.

Eso nos permitió debatir presencialmente de la problemática del sector con los grupos municipales de Podemos, EH Bildu y el PP del Ayuntamiento de Bilbao; con los candidatos de Podemos al Parlamento Vasco en las últimas elecciones autonómicas y el lunes 30 lo haremos con el grupo parlamentario de EH Bildu en Vitoria-Gasteiz.

Queremos hacer saber que solo somos portavoces, y que recibiremos y tendremos en cuenta cualquier opinión o propuesta que, colectiva a individualmente se nos haga llegar, empezando por los propios profesionales del taxi.

Por nuestra parte tenemos tres aspectos del día a día del sector que priorizamos:

1. Exigimos el compromiso de todas las instituciones en la aplicación de todas las medidas legales para combatir el que posiblemente sea el mayor peligro para el Servicio Público de Interés General del Taxi: las ilegalidades y el abuso en que las empresas conocidas como “Uber” desarrollan su actividad. Medidas para evitarlo existen, pero no se aplican.

2. Afirmamos que existe una campaña de desprestigio contra el sector del Taxi, posiblemente orquestada por intereses accionariales de estas mismas empresas que coinciden con los de empresas de medios de comunicación y que utilizan bulos, falsas noticias y otras malas artes. Un asunto grave que debe ser tratado a nivel institucional.

3. Una y otra vez se bloquea desde las instituciones la constitución de la Mesa Vasca del Autónomo, en cuyo marco los taxistas tendríamos voz para exponer de forma transparente nuestros problemas e incluso proponer posibles soluciones.

Haremos llegar al grupo parlamentario nuestras repetidas denuncias sobre el caso especialmente grave del Ayuntamiento de Bilbao y su permanente falta de trasparencia en las relaciones con nuestro sector.

 Para todo contacto:
sectorial-taxi@uptaeuskadi.com

«El pueblo salva al pueblo»…sobre todo con los impuestos

El que espere en este artículo una crítica feroz contra la política ya puede dejar de leer, y que se dedique a ver los programas de Iker Jiménez, o los de la iglesia, que se documente en los videos y noticias que aparecen en su móvil o que se dedique a escuchar las emisoras de radio oportunistas y antipolíticas de la derecha.
La política es el arte del diálogo y la colaboración entre posiciones diferentes para conseguir objetivos comunes para el bien general de la sociedad. Por tanto, la política es necesaria.
Otra cosa es que determinadas ideologías aplicadas a la política matan personas.
El neoliberalismo que preconizan Milei en Argentina o los sectores más conservadores, mayoritarios hoy día en el PP, suponen una reducción del Estado y, por tanto, una reducción de los servicios públicos, y una flexibilización extrema para favorecer la entrada del sector privado en la gestión de los servicios que son del interés general.
En EE. UU., paradigma en declive de este modelo, no solo la sanidad y la educación son mayoritariamente privados (la parte pública es residual e infradotada económicamente), sino que incluso muchas prisiones son privadas, y claro, hay que llenarlas para favorecer el negocio.

El liberalismo económico que predica la derecha supone eliminación de servicios públicos y mata personas

Normalmente, la gestión pública garantiza la equidad del sistema y la ausencia de discriminación racial, social o de cualquier otro índole. La gestión privada, en cambio, persigue valores lo más altos posible en su cuenta de resultados. Cuando se habla despectivamente de lo público se suelen encontrar motivos basados en la tardanza o en la excesiva (en ocasiones) burocratización del sistema. Pero los servicios públicos son necesarios. Dos ejemplos:
La gestión de las riadas de l’Horta en Valencia causado por la DANA
Las DANAS, anteriormente conocidas como gotas frías, son fenómenos meteorológicos que nos sacuden con crudeza periódicamente. Los temporales seguramente serán más devastadores y frecuentes por el cambio climático. No tengo datos para sostener esta afirmación, pero me baso en lo que leo en medios reputados donde escriben expertos científicos. Sea como fuere, la descarga brusca de lluvia torrencial no parece evitable, pero sus consecuencias sí. Recordemos que las consecuencias son la muerte de decenas de personas (220 muertes en la DANA de Valencia contabilizadas en el momento de escribir estas líneas), la pérdida de bienes y patrimonio (personal y colectivo), el colapso o desabastecimiento de servicios básicos (agua, luz, gas, telecomunicaciones, movilidad), el cierre de la actividad económica y productiva y el esfuerzo físico, psicológico y económico (personal y colectivo) que conlleva la reparación del daño acaecido. Estas consecuencias sí que son evitables.

La descarga brusca de lluvia torrencial no parece evitable, pero sus consecuencias sí

Una de las primeras decisiones políticas ultraliberales que tomó el gobierno valenciano (2023. PP y VOX) fue acabar con la Unidad de Emergencias de Valencia. Era un servicio público calificado como «chiringuito» y como una «carga burocrática excesiva». Es decir, se cargan un servicio público esencial que hoy podría haber salvado vidas.

El gobierno de Valencia desmontó la Unidad de Emergencias porque decían que era un chinguito y una carga burocrática excesiva. Hoy podría haber salvado vidas.

No hablaré de las prioridades del gobierno valenciano, cuyo presidente, transmitió su desinformación como si fuera información veraz, cuando no lo era, pero recuerden como se intentaba evitar la llegada de voluntarios de toda España diciendo más o menos que eran un estorbo. Y recuerden que el Presidente (todavía hoy) de la Comunidad Valenciana prefería estar en una comida de 4 horas con una periodista a la que quería enchufar para que dirigiera la televisión valenciana de una determinada manera, que llegar a tiempo a la reunión de coordinación de la emergencia que se estaba dando en ese mismo momento, con las consecuencias que ya sabemos

Un determinado tipo de políticas tienen la culpa. Eliminar los servicios públicos tienen consecuencias, sin entrar a valorar la capacidad de gestión de algunos políticos como los que integran el gobierno valenciano.
Las políticas de defensa de lo público salvan vidas. Ahí están los ejemplos de la creación en 2005 de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por parte del Gobierno de España (2004-2008). Ahí están los recursos públicos invertidos para recuperar los servicios básicos o para rescatar personas, y en el peor de los casos, recuperar los cuerpos de las personas fallecidas. Ahí están las ayudas económicas que salen de nuestros impuestos para intentar aliviar los problemas de los damnificados. Todo eso se mantiene con dinero público, es decir, con el dinero que todos aportamos con nuestros impuestos.
Cuando alguien dice voy a rebajar impuestos hay que responderle «qué servicio público quieres reducir o quitar». Por ello, y sin desmerecer ni un ápice a los miles de voluntarios que solidariamente están colaborando en las tareas de reparación, rescate y reconstrucción de la catástrofe, «el pueblo salva al pueblo, también con los impuestos».

Cuando alguien diga que quiere rebajar impuestos hay que preguntarle qué servicio público quiere quitar, y por qué.

La gestión de las residencias de personas mayores en la CA de Madrid en época del COVID
Para el segundo ejemplo no me extenderé tanto. Basta una imagen para recordar que los recortes en sanidad realizados por Ayuso (PP) en Madrid han causado que 7291 personas mayores hayan fallecido en las residencias de mayores sin recibir asistencia sanitaria.
Las políticas neoliberales de eliminación de lo público unido a la infame gestión política de las derechas de los recursos públicos provocan muerte y destrucción que eran evitables. Qué tiempos aquellos en que algunos partidos políticos solo amparaban la corrupción, robaban y conspiraban. Sus políticas también matan.

Las políticas neoliberales de eliminación de lo público unido a la infame gestión política de las derechas de los recursos públicos provocan muerte y destrucción que eran evitables.

Los ciudadanos y ciudadanas debemos apostar por políticos y políticas responsables, competentes y que antepongan el bien colectivo al bien propio.
Las políticas que apuestan por la recaudación justa de impuestos para financiar los servicios públicos que nos ayudan a todos son más que nunca necesarias.

¡Qué tiempos aquellos en que el PP solo era una partido corrupto, mafioso, y conspirador. Ahora sus políticas también matan.

Exigir que nuestros impuestos se aprovechen para lo prioritario es tarea de cada uno de nosotros individualmente y de nuestras organizaciones vecinales, y fundamentalmente sindicales y políticas, en las que la mayoría social debería organizarse más para empoderarse colectivamente.


Baltasar Santos
1r Secretario PSC el Vendrell
Comité de Redacción de TS

Entrevista: Julio Rodríguez López

Julio Rodríguez López es natural de Motril (Granada), Doctor en Ciencias Económicas por la UCM, Estadístico Superior del Estado al servicio del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Economista Titulado del Servicio de Estudios del Banco de España, Consejero de Economía e Industria de la junta de Andalucia (1982-1985). Fue presidente del Banco Hipotecario de España en el periodo 1985 – 1994, presidente de Caja Granada, 1994 – 2001, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada (1999 – 2003), gerente de la Universidad de Alcalá de Henares (2006 – 2008) y, desde 2002 es vocal del Consejo Superior de Estadística (INE).

Pregunta.- El presidente de Correos, Pedro Saura, (se puso al frente de la entidad a finales de 2023), ha hecho públicas las líneas generales del Plan Estratégico de Correos para el quinquenio 2024-20028, que incluye un eje de servicios financieros. Con lo que conoces de este plan ¿Qué opinión te merece?

De entrada, considero que el presidente de Correos aporta ideas positivas en la entrevista, en la que destaca su propósito de crear una entidad de dinero electrónico (EDE) y su interés por recuperar “los antiguos valores” de la Caja Postal de Ahorros, entidad que se integró en Argentaria, corporación esta última que, en 1999, el gobierno presidido por el Sr. Aznarterminó de vender al BBV, que pasó a ser el BBVA. Se trata ahora de que la SEPI autorice el primer paso anunciado por Pedro Saura. Una EDE no es un banco y solo puede prestar servicios básicos, pero así y todo puede contribuir a reducir la exclusión financiera que sufre sobre todo la “España vaciada”. Será importante conocer el talante del gobierno y del Banco de España ante el propósito del presidente de Correos.

El sistema financiero español adolece de una excesiva concentración. Cuatro entidades (Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell) concentran más del 70% de los activos bancarios, posiblemente el sistema bancario con mayor concentración de activos bancarios en manos de unos pocos bancos en Europa. Se trata de un auténtico oligopolio bancario con amplias consecuencias negativas y que aún se puede concentrar más si el BBVA absorbe al Banco de Sabadell.

Una EDE no es un banco y solo puede prestar servicios básicos, pero así y todo puede contribuir a reducir la exclusión financiera que sufre sobre todo la “España vaciada”

El sistema financiero español adolece de una excesiva concentración. Cuatro entidades concentran más del 70% de los activos bancarios (…).Se trata de un auténtico oligopolio bancario con amplias consecuencias negativas

De izquierda a derecha: Tomás Gómez (Secretario General del PSM-PSOE 2007-2015, Raquel Belinchón (Secretaria General de la Agrupación de Pozuelo)y Julio Rodríguez López.

Pregunta.-Según datos de Correos, de los 8.132 municipios que hay en nuestro país, 4.500 tienen menos de 5.000 habitantes, y de ellos, 3.400 no tienen sucursal bancaria ¿Se está a tiempo de revertir la exclusión financiera que afecta a cerca de 2 millones de personas?

La exclusión financiera (incapacidad para acceder a los servicios financieros necesarios de forma apropiada) que se ha producido, sobre todo a nivel territorial, va a ser difícil de paliar. Es posible corregirla o paliarla, sobre todo si existe voluntad política de mejorar la situación que se ha creado tras la reducción sustancial del número de sucursales y también de cajeros. Los protocolos firmados por las patronales bancarias” para acabar con la exclusión financiera de los mayores” en 2021 y 2022 han supuesto solo mejorías parciales de la situación.

Pregunta.- Hay cerca de 2 millones de personas que no tienen acceso físico a una entidad financiera, pero casi 13 millones, más del 26% de la población, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Las entidades financieras privadas también excluyen en función de la capacidad económica ¿Qué banca básica debería proporcionar el Estado para paliar estos tipos de exclusión?

La mejoría de la situación de la población en riesgo de exclusión social corresponde sobre todo a la política socioeconómica de todas las administraciones públicas. Las entidades de crédito deben de colaborar con dichas políticas sociales. El Estado debe de contribuir a queel sistema financiero esté menos concentrado que en este momento, para lo cual es necesario que exista un segmento de banca pública. Este debe de estar compuesto por el ICO, reforzado en su capacidad de préstamo, y por una mayor presencia de Correos, primero a través de la EDE para la que necesita de autorización, y después con la extensión de la EDE hasta un banco público que aproveche la extensa red de oficinas de correos -en torno a 2.400- para reducir la exclusión bancaria derivada del cierre masivo de sucursales y de cajeros de las entidades privadas. A esto hay que añadir la creación definitiva de la Autoridad de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y los clientes.

Es necesario que exista un segmento de banca pública (…) compuesto por el ICO (…) y con la extensión de la EDE hasta un banco público que aproveche la extensa red de oficinas de correos para reducir la exclusión bancaria derivada del cierre masivo de sucursales y de cajeros de las entidades privadas.

Pregunta.-Eres buen conocedor de la situación de la vivienda social y del drama que sufren muchos españoles y españolas, particularmente la juventud ¿Las políticas de vivienda social se pueden ver favorecidas por un instrumento de banca pública, por ejemplo recuperando el enfoque social de las hipotecas que otorgaban las cajas de ahorro en los tiempos en los que no competían con los bancos?

Desde la década de los años noventa desapareció el Banco Hipotecario de España (BHE), integrado en el BBVA. La cartera de crédito de dicho banco público equivalía al 40% de la financiación crediticia destinada a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Dicho banco tenía en 1991 presencia en las capitales de casi todas las provincias de España, presencia que estimuló el gobierno socialista en los años ochenta para lograr el cumplimiento de los planes plurianuales de vivienda. Estos planes promovían la construcción de un volumen significativo anual de nuevas VPO, en su mayoría destinadas a la venta en propiedad. El resto de la financiación crediticia para la promoción y venta de las VPO lo habían aportado las cajas de ahorros. Estas entidades suponían el 50% del sistema financiero español en 2007 y destinaban un tercio de sus beneficios a la Obra Benéfico-Social, con la que subvencionaban abundantes actividades sociales y culturales.  La crisis de 2007-08 afectó seriamente a las cajas, que habían concentrado el 63% de su cartera de créditos en préstamos al subsector inmobiliario. Las ayudas públicas destinadas a sanear el sistema bancario (unos 63.000 millones de euros)impulsaron el cambio desde cajas de ahorros a bancos, con lo que desde la segunda década del siglo XX desaparecieron en la práctica las cajas como banca alternativa.

El Plan Cuatrienal de Vivienda 2013-2016 fue el primero de los planes plurianuales de vivienda en no incluir objetivos de VPO a iniciar ni tampoco recogió garantía de financiación crediticia para la promoción de viviendas protegidas, situación que se ha repetido en los posteriores planes plurianuales. El número de viviendas protegidas iniciadas y terminadas descendió de forma espectacular a partir de dicho plan cuatrienal, establecido por el gobierno del Partido Popular. Las calificaciones definitivas (viviendas terminadas) anuales de viviendas protegidas pasaron de 53.300 en 2012 a 8.850 en 2023, evolución que ha contribuido a acentuar el problema de la vivienda en España desde la década de los años noventa.  La desaparición de las cajas de ahorros y del BHE ha contribuido, pues, a exacerbar el problema citado.

Las viviendas protegidas anuales pasaron de 53.300 en 2012 a 8.850 en 2023, evolución que ha contribuido a acentuar el problema de la vivienda en España desde la década de los años noventa

Pregunta.-¿Sufre el Estado un problema de dependencia respecto a las entidades financieras privadas, por ejemplo cuando tiene que acudir a ellas para poner en circulación las líneas de crédito que lanza el Instituto de Crédito Oficial (ICO)? Y ¿Estas líneas de crédito, no se desvirtúan por el encarecimiento que las entidades privadas imponen a los destinatarios, en forma de seguros u otros productos propios?

Tanto la AIREF como la propia Comisión Europea han indicado que sería conveniente que el ICO prestase directamente a las actuaciones de política económica y que no se limite a traspasar los recursos prestables, en gran medida procedentes de los fondos europeos, a los bancos privados, que priorizan la distribución de tales recursos a sus clientes preferentes. El ICO debe, pues, de prestar directamente a los sectores favorecidos por los objetivos de política económica, lo que requiere de una mayor dimensión de dicha entidad pública. Dicha actuación del ICO resulta muy necesaria para conseguir financiar un mayor volumen de viviendas protegidas. El ICO debería de abrir oficinas en las capitales de provincia para favorecer un mayor acceso a la financiación que aporta, en mejores condiciones que la banca privada.

El ICO debería de abrir oficinas en las capitales de provincia para favorecer un mayor acceso a la financiación que aporta, en mejores condiciones que la banca privada

Pregunta.- Si finalmente el Plan Estratégico sale adelante ¿En qué medida el ICO podría formar parte de ese polo de banca pública?

El ICO es en la práctica el único componente de la banca pública, situación que se prolongará hasta que Correos amplíe su presencia en la prestación de servicios financieros a los hogares y se pueda volver a crear una entidad de características equivalentes a la desaparecida Caja Postal de Ahorros.

Pregunta.-¿Qué opinas sobre la confusión que hay entre banca pública y que el Estado tenga un porcentaje accionarial de una entidad, como fue en la etapa en que el Estado era propietario del 60% de las acciones de Bankia u hoy que tiene el 17% de las acciones de Caixabank?

La participación estatal en el 17% de los recursos propios de Caixabank no parece tener incidencia en la actuación de esta entidad bancaria. El valor de dicha participación debería destinarse a reforzar el segmento real de banca pública.

Correos lanza la creación del germen de lo que podría ser un banco público

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista.

¿Qué modelo de educación nos interesa?

La respuesta parece sencilla, una educación de calidad. Ahora bien, qué entendemos por una educación de calidad. La respuesta ya no es tan fácil.

Desde la izquierda, que se alimenta de los valores republicanos, una educación de calidad debe tener un alto valor académico y comunicar una serie valores transversales esenciales para la convivencia en la sociedad, como laicidad, igualdad, ausencia de discriminación por razones de raza, creencia o definición sexual, etc. También debe estar exenta de segregación por razones socioeconómicas, para facilitar la promoción e inserción del alumnado en el mundo laboral en función de sus intereses y capacidades. Este planteamiento de calidad educativa sólo es posible desde la Escuela Pública, aquella que es financiada por fondos públicos, la que se plantea como un derecho civil para toda la ciudadanía sin excepciones desde el nacimiento hasta la muerte y no como una empresa mercantil.

Evidentemente, la enseñanza privada, en todas sus versiones, no cubre esta pretensión a nivel global. Un centro privado es una empresa con ánimo de lucro y, por tanto, repercutirá en sus clientes, el alumnado y sus familias, los costos del proceso educativo más su margen de explotación comercial hasta el límite que sus economías permitan, ya que el lucro no tiene límite en una economía libre de mercado. Este hecho no tiene por qué, en principio, bajar la calidad de la educación, pero garantiza que sea accesible a aquella ciudadanía que pueda pagarla; por tanto, garantiza la segregación en el sistema y no el ejercicio del derecho a la educación. La Comunidad de Madrid, lugar donde más ha crecido la privatización educativa en toda España, es un ejemplo de ello como ha alertado UNICEF recientemente y el estudio elaborado por SavetheChildreny Esade en 2021, donde aparece como la segunda región con más discriminación económica educativa, tras Turquía, en toda la OCDE. Este estudio vino a corroborar otro realizado por la UAM en 2018, en el que la Comunidad de Madrid salió como subcampeona en segregación de la UE tras Hungría.

Indudablemente, en una democracia liberal, es implanteable limitar la libertad de empresa, pero lo que sí se puede hacer es que los recursos económicos del estado solo se empleen en la lucha contra las desigualdades y en garantizar los derechos constitucionales, como el derecho a la educación, evitando que, bajo cualquier subterfugio, acaben convertidos en beneficios empresariales. La enseñanza privada tiene su espacio en una economía de libre mercado, pero no debe ser financiada por recursos públicos. El hecho de hacerlo nos lleva al absurdo de que la ciudadanía con limitados recursos económicos estaría financiando, vía impuestos, servicios a los que ella misma no puede acceder. Es el Robin Hood neocon: robar a los pobres para dárselo a los ricos.

Este modelo perverso está funcionando activamente en la sociedad española, creando segregación y marginando población escolar. El primer mecanismo para ello es el concierto educativo, en el cual las diferentes administraciones financian la enseñanza de los niveles obligatorios para garantizar su gratuidad, algo que se vio truncado en origen por el establecimiento por parte de los centros de mensualidades como “aportaciones voluntarias” y servicios adicionales: comedor, refuerzos, actividades deportivas, uniformes, psicólogo, etc. Este pago es la vía de segregación, ya que quien no puede pagar por todo ello es rechazado en estos centros. La cuota base promedio es de 122,44€/mes, 129,1€/mes en Madrid, y la cobran el 87% de los mismos, según la 8ª Ed. 2023-2024 del Estudio de Cuotas de CICAE y CEAPA. Esta realidad ha estado vigente desde la creación del modelo por la LODE en 1985. El propio Felipe González incluyó en 2011, en un mitin en L’Hospitalet de Llobregat, el modelo de concierto educativo entre uno de los errores de su gobierno.

Otra vía de financiación es la cesión prácticamente gratuita de terrenos dotacionales de los nuevos barrios (PAUs) para la construcción de centros privados, especialmente para centros concertados, que comienzan a funcionar mucho antes de que los públicos sean construidos, para así orientar las demanda hacia ellos. Esta financiación dotacional encubierta es máxima en el nivel de Educación Infantil 0-3 años, donde el modelo que más se está implementando es el de la gestión indirecta. En estos centros se entrega una parcela con su edificio escolar íntegro a una empresa mercantil para gestionar la escuela. En la práctica funciona igual que un centro concertado, salvo por el hecho de que la enseñanza no es gratuita y tiene unas mensualidades fijadas por la administración competente, lo cual no implica la ausencia de cuotas voluntarias. Sorprende ver cómo incluso los gobiernos de “izquierda” también se han lanzado a este modelo de la derecha. Durante la gestión de Manuela Carmena todas las escuelas infantiles construidas en Madrid fueron bajo este modelo.

Este modelo de financiación encubierto del beneficio empresarial se está extendiendo a niveles no concertados como la Formación Profesional o el Bachillerato en los centros privados mediante becas. Cuando nos hablen del incremento dotacional para becas debemos pensar que en su mayor parten no benefician al alumnado sino a la empresa privada que matriculará al mismo. Cuando hay escasez intencionada de oferta pública la oferta de becas es simplemente un mecanismo de privatización del sistema educativo. Las becas solo tienen sentido para los estudios universitarios en las universidades públicas y en función del nivel económico de las familias. En niveles educativos que son gratuitos en la pública, como el Bachillerato, o que lo fueron hasta hace nada, como las enseñanzas profesionales, las becas significan privatización y segregación.

El apoyo económico al alumnado para el estudio en los centros privados solo sirve para incrementar la clientela de los mismos y por tanto de los beneficios de su sociedad mercantil, ya que de lo contrario sería mucho mayor el porcentaje de este alumnado que no podría acceder a ellos.

Es normal que las patronales de la enseñanza privada concertada y sus asociaciones afines defiendan este modelo. No en vano las subvenciones públicas para estos centros han superado ya 7.000.000.000€/año y las cuotas percibidas de las familias superan los 5.000.000.000€/año. Pero el problema es que esta vía de lucro y segregación se pretende garantizar permanentemente a través de un “pacto educativo”. Cuando la derecha habla de este pacto, lo que no dice es que solo le importa que se le garantice una inversión total que supera los 12.000.000.000€/año.

El devenir de las leyes educativas en España desde la llegada del PSOE al poder en 1978 son la prueba fehaciente de ello. La única gran ley educativa es la LOGSE, de 1990, que ha sido modificada por la LOE en 2006 y la LOMLOE en 2020. Ambas modificaciones provienen del mecanismo jurídico para la reversión de los intentos del PP en acelerar los procesos de segregación y privatización del sistema educativo a través de sus leyes: la LOCE en 2002 y LOMCE en 2013. Ahí radica el problema del pacto. La derecha reaccionaria no habla de educación, habla de dinero para las sociedades mercantiles educativas, ya que el resto de las fuerzas políticas siempre pactaron. De hecho, LOGSE, LOE y LOMLOE fueron pactadas por todos menos por el PP. La LOCE y la LOMCE las promovió el PP contra todos los demás. Es más, en este momento la coalición que apoya al gobierno es la misma que pactó esas leyes, los demócratas frente a la reacción heredera de la dictadura.

La izquierda española debe de decidir claramente hacia dónde quiere ir no se puede contentar a todos y si quiere gobernar debe hacerlo para la clase trabajadora, y el socialismo es el instrumento para su emancipación como decía Pablo Iglesias Posse, la Tercera Vía de Tony Blair es un cadáver y el neoliberalismo un suicidio colectivo.

Eduardo Sabina Blasco
Ex Secretario General de FETE-UGT-Madrid

Marea de Residencias: 26 de noviembre 2023 -Manifestación Cibeles – Sol (11:30h)

Sobre Marea de Residencias

En el verano de 2019, tras años de lucha por separado, con la constatación de las precarias circunstancias que rodeaban el modelo de residencias en todo el estado español, surge la idea de crear una Marea de Residencias con el propósito de unir fuerzas para conseguir unas condiciones de vida dignas en las residencias. Desde el momento de su constitución en Asamblea, nos regimos por unos principios básicos que nos definen como movimiento:

  • Aglutinante, no excluyente: todas las personas o agrupaciones que sumen serán bien recibidas dentro de la Marea, siempre que compartan el objetivo que nos impulsa.
  • Respetuosa: se mostrará siempre el debido respeto hacia el resto de los miembros que integren este movimiento. Promoviendo activamente la conciliación y no incentivando debates o polémicas innecesarias que no sean constructivas.
  • Apartidista: como grupo, al margen de las tendencias e ideologías personales de sus integrantes, no nos representa ningún partido.
  • Política: entendiendo como política las acciones o leyes que parten de las instituciones y que afectan directamente las condiciones de vida en las residencias. Nuestro objetivo es conseguir que se apliquen políticas apropiadas a los intereses de las personas residentes, titulares del derecho, y al personal que trabaja en las residencias y no de las empresas que las gestionan.
  • Asamblearia: las decisiones se toman en asamblea, por consenso o por mayoría.
  • Reivindicaciones principales…
    • Todos los ciudadanos en situación de dependencia o necesidad, tenemos derecho a una plaza residencial pública de financiación total.
    • El modelo residencial debe ser una elección, no una imposición del sistema por falta de alternativas.
    • Debe haber un parque suficiente de residencias públicas de gestión directa con unos estándares de calidad, basadas en la “atención centrada en la persona”. NO nos posicionamos en contra de las residencias 100% privadas, siempre que no se financien con dinero público.
    • La Administración ha de garantizar los derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad, dignidad y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.
    • Lxs trabajadorxs de las residencias han de tener unas condiciones laborales dignas, una remuneración adecuada al servicio que prestan a la sociedad.
    • La dotación de personal ha de ser suficientemente amplia por categoría y turno, para que los tiempos de dedicación a cada residente garanticen la excelencia en la atención y los cuidados. (Desde Marea de Residencias NO hablaremos nunca de «ratios«, sino de «dotación de personal» presencial en cada turno).
    • Expresamos nuestro absoluto rechazo a las políticas privatizadoras que se han venido aplicando hasta ahora en materia de residencias.
    • Exigimos al Gobierno del Estado un marco legal estatal, una LEY DE RESIDENCIAS que garantice los derechos y la dignidad de las personas en las residencias.

Antes de la Pandemia

El 23 de noviembre de 2019, se convocó una gran manifestación en Madrid, a la que acudieron colectivos de familiares y trabajadoras de otras CCAA. En la Puerta del Sol leímos nuestro manifiesto que comenzaba así:

“Estamos aquí para denunciar la precarización absoluta que sufre el sistema de Residencias en todo el Estado. Debido principalmente a la inacción o acción interesada de los distintos estamentos RESPONSABLES, que han cedido la gestión de un DERECHO FUNDAMENTAL, la DIGNIDAD, a los Depredadores de lo Público. Causa directa de un trato infame a los Residentes y la precariedad laboral y asistencial de un sector mayoritariamente feminizado. Desviando el sistema que debiera ser de Respeto y Cuidados, hacia un sistema focalizado en la extracción de beneficios.”

Como ejemplo, algunos titulares que solían aparecer demasiado a menudo en prensa o televisión, pero que suelen abordarse como si fueran casos puntuales aunque nunca lo son.

LLEGÓ LA PANDEMIA A LAS RESIDENCIAS

Marea de Residencias se organizó para celebrar asambleas telemáticas. No paraban de llegar denuncias de familias que no obtenían información de lo que estaba pasando dentro de las residencias ni de cuál era la situación de su familiar, o de trabajadoras que pedían ayuda para recibir mascarillas y denunciaban una situación absolutamente dantesca.

A finales de marzo decidimos impulsar querellas criminales contra los gestores de las residencias y los gestores de las Administraciones (gobiernos de las CCAA). Para ello abrimos un formulario en la web donde podían hacernos llegar sus testimonios tanto familiares como trabajadores. Llegamos a recibir unos cuatrocientos formularios de familiares y cerca de 50 de trabajadores. El 90% de los formularios que nos llegaron procedían de la Comunidad de Madrid, de ahí el motivo por el que los abogados se centraron en construir la querella con los datos recabados de dicha Autonomía.

Con mucho trabajo y dedicación, se presentaron las primeras 26 querellas en mayo de 2020, dirigidas contra los gestores de cada residencia y contra los Consejeros de Justicia y Sanidad, Enrique López López, Enrique Ruiz Escudero y contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Dos días después cesaron al firmante de los Protocolos famosos, que excluían de la atención en hospitales a todas las personas que vivían en residencias y tenían un grado de dependencia.

No se medicalizaron las residencias, aunque habían anunciado que lo harían. Construyeron el hospital de campaña en IFEMA y no lo usaron para atender a los más vulnerables: los enfermos de las residencias (solo pasaron 23 personas residentes y no estaban graves). Tampoco se utilizaron las camas libres de los hospitales privados que el decreto del estado de alarma ponía al servicio de las CCAA.

Después de tres años y medio, seguimos buscando justicia y no pararemos hasta encontrarla.

¿Qué ocurrió tras las primeras olas de la Pandemia?

En tan solo dos meses, murieron más de 20.000 personas en las residencias españolas, la mortalidad más alta de Europa, solo comparable a Italia. En la Comunidad de Madrid fallecieron cerca de 9.500 personas en esos dos meses y, según cifras oficiales, 7.291 personas fallecieron de forma indigna y cruel dentro de las residencias sin ser derivadas a hospitales y sin recibir ninguna atención sin recibir atención.

A pesar del drama que arrasó en las residencias, las personas que sobrevivieron a ese horror, que perdieron a sus compañeras o compañeros, que sufrieron el peor de los confinamientos en habitaciones de 5 m2, sin televisión, sin móviles, sin entretenimientos, aislados de sus familias, continuaron siendo discriminadas. Se les privó de visitas durante muchos meses. Cuando los demás ya habíamos vuelto a nuestras rutinas, a vivir…a ellas y ellos se les siguió privando de sus derechos, de su vida. No se activó ningún sistema de atención psicológica, ningún tipo de fisioterapia para intentar recuperar la movilidad perdida en tanto tiempo de confinamiento.

La negativa a investigar, a analizar lo que ha ocurrido en las residencias, a estudiar las consecuencias que han tenido determinadas decisiones políticas tomadas en las distintas CCAA, nos lleva irremisiblemente a una repetición del desastre, si en un futuro volviéramos a padecer una crisis similar.

Nos encontramos ante una situación en la que podemos confirmar que a pesar de que la pandemia dejó al descubierto las graves deficiencias del modelo de cuidados, apenas ha servido para cambiar la realidad del sector. Todos los propósitos, iniciativas y proyectos de enmienda y mejora, apenas han calado en las principales instituciones prestadoras de estos servicios. Por tanto, se puede afirmar que la situación, lejos de mejorar, continúa en un proceso de agravamiento en el que los principales afectados son las personas, usuarias y profesionales, que conforman el actual sistema de cuidados a nivel nacional. Todo ello, no hace más que indicarnos el largo camino que tenemos por delante y la necesidad de, ahora sí, comenzar a trabajar en un nuevo modelo de cuidados integral, centrado en la persona, e integrado por todos los agentes que confluyen.

Por todo lo anterior, el día 26 de noviembre a las 11:30h, todas y todos, salimos a la calle, para exigir JUSTICIA, VERDAD y REPARACIÖN.

A partir de ahí, un nuevo modelo es posible.

EUROPA LAICA SOBRE LOS ACUERDOS PARA LA FORMACIÓN DEL FUTURO GOBIERNO

Los líderes del PSOE y Sumar, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, respectivamente, han firmado el 24 de octubre un acuerdo para reeditar el gobierno de coalición. Se trata de un documento de 48 páginas que incorpora medidas que, según Yolanda Díaz (vicepresidenta del Gobierno en funciones), conforman un
“compromiso con las gentes trabajadoras, con las mujeres, con el planeta, con los jóvenes, con el futuro, con los mayores que nos enseñan cómo se conquistan derechos”.

Por su parte, el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se manifestaba en la misma línea y añadía que “Somos perfectamente conscientes de que aún quedan muchísimas injusticias por resolver”. Todo bajo el lema “España avanza”.

En Europa Laica lamentamos que entre las injusticias por resolver no aprecien las desigualdades y atropellos que se producen en España debido a los grandes privilegios que sigue detentando la Iglesia católica. Y que, en consecuencia, por respeto a los compromisos con los jóvenes, las mujeres, el futuro… no tomen medidas para conquistar derechos que pongan fin a los perjuicios que les ocasionan aquellos privilegios. La única mención que en el documento se hace a la laicidad es para anunciar que las notas de las asignaturas de religión seguirán sin computar para el acceso a otros estudios y para las becas, algo que no es novedad, pues ya está legislado en la LOMLOE. De modo que en asuntos cruciales España NO avanza: no se da ni un nuevo paso para poner fin al adoctrinamiento religioso infantil, con lo que millones de niñas y niños seguirán siendo víctimas de unas enseñanzas dictadas por el episcopado, con marcado carácter anticientífico, misógino y homófobo. El acuerdo de gobierno se olvida de impulsar la educación pública, de manera que se sigue favoreciendo la privatización y que vaya más dinero a la enseñanza concertada, con la
segregación que provoca.

Recordemos que, para que España SÍ avance hacia un Estado laico, plenamente democrático en este sentido, además de sacar la religión de la escuela y la Universidad, está pendiente la modificación de los artículos 16 y 27 de la Constitución, la denuncia (no reforma) de los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede (y la derogación de los existentes con las confesiones minoritarias), la derogación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos en el Código Penal, y la promulgación de una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia (derogando la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980). Ya hace décadas que se retrasa la supresión de la financiación pública a las confesiones religiosas y de sus beneficios fiscales, y el fin de otras prerrogativas confesionales, como
la asistencia de cargos públicos a actos religiosos, la retransmisión de estos actos en medios públicos o el trato privilegiado a las cofradías y ONGs confesionales. Sin olvidar, por supuesto, la imprescindible y urgente recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, reparando un escándalo patrimonial y económico que deja en mantillas otros que han llenado
muchas páginas y horas en los medios. (Véanse nuestras peticiones con mayor extensión en la Carta reivindicativa de Europa Laica de julio de 2023, ante las últimas elecciones generales).

Hacemos un llamamiento público al PSOE, Sumar, y resto de formaciones políticas involucradas, para que en el próximo gobierno asuman todas estas reivindicaciones, imprescindibles para acabar con los inaceptables residuos del nacional-catolicismo y avanzar hacia una democracia plena en un Estado laico, respetuoso con la igualdad, la libertad de conciencia y en definitiva los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.

EUROPA LAICA
26 de octubre