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Especial Congreso del PSOE

A nombre de la discrepancia no vale trabajar para el contrario

En época de congresos se produce un fenómeno como el de las “Lágrimas de San Lorenzo”, pero menos estelar, consistente en personas y grupos que reclaman “integración”, “renovación” o “combate de la exclusión”. Sería loable que la ausencia de renovación se denunciase siempre, pues es una clara deficiencia democrática; aunque siempre he pensado que lo que funciona es mejor no tocarlo. En el caso de la exclusión o la no integración ocurre lo mismo, si es que es producto de una impermeabilización del “aparato” dirigente.

También es recurrente que, a nombre de la integración, la renovación y la no exclusión, haya personas y grupos que lo que están reclamando es el viejo “quítate tú, que me pongo yo”. Incluso hay quienes, habiendo perdido un Congreso, con un proyecto distinto e incluso contrario, pretenden formar parte de la dirección por encima de todo y de la democracia.

Es preocupante la falta de respeto que algunos compañeros como Emiliano García Page o Javier Lambán, que no pierden ocasión para ejercer de corifeos de las doctrinas de Felipe González y otros y otras. En absoluto comparto el culto al líder, ni el silencio ante todo lo que llegue de la ejecutiva de turno o del gobierno cuando somos parte de él.

Es preocupante la falta de respeto que algunos compañeros como Emiliano García Page o Javier Lambán, que no pierden ocasión para ejercer de corifeos de las doctrinas de Felipe González y otros y otras.

Sin embargo, a nombre de la discrepancia no vale trabajar para el contrario, que es lo que se hace cuando una y otra vez se toman posiciones coincidentes con la derecha a pelando al derecho a disentir.

No se puede criticar los pactos del Gobierno con los nacionalismos vasco, catalán o gallego y practicar o reclamar para tu comunidad autónoma un nacionalismo a nombre de la socialdemocracia. En el caso del PP es tremendo escuchar a Díaz Ayuso clamar contra el nacionalismo y ver como en Madrid se aplica un nacionalismo cañí con tufo falangista.

A lo largo de mi vida he escuchado muchas veces la teoría de que si no se pueda ganar a la derecha hay que girar a la derecha. Viene a ser aquello que José Bono expresa con su recomendación de “ir a pescar a los caladeros de la derecha”.

Estas tendencias comprensivas con la derecha, los que acusan a Pedro de Sánchez de izquierdista, en realidad lo que están planteando, con bastante claridad, aunque sin la gallardía de explicitarlo, es que hay que romper con Sumar, con Podemos, con ERC… y pactar con el PP. Sería un grave error que. De hecho, si Pedro Sánchez hubiese escuchado los cantos de sirena en 2016 o tras las elecciones de julio de 2023, hoy estaría gobernando el PP, es más, el PP de M. Rajoy continuaría en Moncloa.

Cómo alguien que se dice socialista, ni tan siquiera socialdemócrata, puede valorar la necesidad de pactar una y otra vez con la derecha, con los que se abrazan con Netanyahu, con los que claman por aplicar las políticas antiinmigración nítidamente fascistas de Meloni, con las que otorgan medallas a Milei. Me resulta incomprensible que quienes son o fueron líderes del PSOE cierren los ojos e incluso secunden la permanente acción golpista de la derecha, cuando utiliza las instituciones del Estado como la Justicia o el Senado para derribar al Gobierno salido de la voluntad del pueblo soberano. Da grima verles y escucharles en los medios de la derecha torpedeando al Gobierno.

Ni un paso atrás, se decía en la lucha antifranquista. Ni un paso atrás en las sendas que el Gobierno ha abierto para recomponer la convivencia con el pueblo catalán. Ni un paso atrás en la línea de avanzar hacia el federalismo. “No es No” a pactar con el nacionalismo españolista, excluyente e imperativo, que apesta a nacionalcatolicismo.

Los congresos abren la posibilidad de establecer un debate sobre cualquier tema, pero el debate no queda cercenado tras los congresos, y es en este sentido en el que hago un llamado al necesario debate en el seno del socialismo, crítico y autocrítico, para buscar un proyecto ilusionante que ponga la convivencia fraternal entre los pueblos por encima de las banderas, en base a la defensa de los público: la Sanidad, la Educación y las Residencias de mayores…, por tanto, rechazando y oponiéndonos con fuerza a las leyes privatizadoras y los conciertos. Un proyecto que defienda el Sistema Público de Pensiones con hechos y no solo con palabras.

Ni un paso atrás en las sendas que el Gobierno ha abierto para recomponer la convivencia con el pueblo catalán. Ni un paso atrás en la línea de avanzar hacia el federalismo. “No es No” a pactar con el nacionalismo españolista, excluyente e imperativo, que apesta a nacionalcatolicismo.

Necesitamos abrir un debate político, no tecnócrata, sobre el federalismo, que abra la vía hacia avances democráticos que verdaderamente hagan de nuestra sociedad merecedora del término democracia, sin componendas institucionales con el pasado franquista.

Necesitamos recuperar el gen internacionalista sin el cual el socialismo no se entiende, trabajando contra la guerra y el genocidio, sea en Ucrania, sea en Palestina, o donde sea.

Son muchos los aspectos que están pendientes de abordar, en busca de un socialismo que cuente con la pluralidad de pueblos que nos componen como Estado, respetando su historia, su cultura, su lengua y sus tradiciones, incluso su derecho a determinar su futuro. Unos valores que nos enriquecerán a todos y todas, con independencia de dónde hayamos nacido o dónde nos toque vivir.

Roberto Tornamira
Afiliado del PSOE-M en la Agrupación de Arganzuela

Especial Congreso del PSOE

La financiación federal de España

España tiene una oportunidad de oro de avanzar hacia un modelo federal de España que por una parte permita un mejor encaje de los pueblos de España, y que por otra parte permita mejorar la infrafinanciación autonómica que sufren el conjunto de comunidades.
La derecha y ultraderecha españolas se oponen sistemáticamente a cualquier iniciativa del gobierno. En el caso de la financiación singular de Cataluña no podía ser menos. De todos es sabido que negar cualquier iniciativa que salga de Cataluña representa un aumento del rédito electoral para el PP y VOX (también para García Page). Pero negar la mejora de la financiación de Cataluña es también negar la posibilidad de mejorar la financiación de Andalucía y Valencia, que tienen estatutos de autonomía calcados al de Cataluña, y negar la posibilidad de que a corto y medio plazo, el resto de autonomías pueden imitar el modelo si modifican sus estatutos.
La llamada financiación singular de Cataluña no es otra cosa que un modelo de financiación federal como el que tienen en Alemania, sin que a nadie se le ocurra decir que «Alemania se rompe». De hecho, en España ya coexisten 2 régimenes diferenciados, el de la financiación singular de Navarra y el Pais Vasco, y el regimen común, en el que hasta ahora están el resto de comunidades autónomas. Nada pasará si a ese regimen especial o singular se suma Cataluña, Andalucía y Valencia, si así lo desean, y sigue existiendo el regimen común para el resto de autonomías.
Como decía anteriormente, Alemania es quizás el país que tiene el modelo que más se parecería a la financiación singular propuesta para Cataluña. Los länder alemanes recaudan en nombre del Gobierno federal los principales impuestos del país y se quedan con la parte que corresponde a las regiones. Los länder recaudan directamente IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades.
Los gobiernos regionales se quedan con una parte de los impuestos y el resto va al Estado. El reparto es distinto al que existe en España ya que a la regiones les corresponde el 42,5% del IRPF y el 50% del impuesto de sociedades. Tras recaudar el 100% de los impuestos se quedan con ese dinero y el resto se envía al Gobierno federal. Posteriormente es el Estado el que transfiere los recursos a los municipios o a las regiones que lo necesitan para equilibrar la financiación entre territorios especialmente con las regiones más pobres del país.

El modelo alemán puede servir de ejemplo para mejorar la financiación de todas las comunidades autónomas y acabar con el dumping fiscal que ejerce la comunidad de Madrid

En Alemania aunque los länder gestionan la mayoría de los tributos no tienen capacidad normativa pero pueden ejercer sus derechos a través del Senado. En España, en cambio, las comunidades autónomas apenas tienen capacidad de influencia en la política fiscal en el Senado (a pesar de que la constitución establece que el Senado debería ser la cámara de representación autonómica) pero sí que tienen capacidad normativa, con algunas competencias compartidas y otras exclusivas.
La falta de capacidad normativa provoca que los länder no pueden subir los impuestos o bajarlos en las regiones como sí sucede en España, creando Dumping fiscal, como es el caso de Madrid, que baja los impuestos a las rentas más altas y a las empresas con el objetivo de competir deslealmente con el resto de comunidades. De hecho, el último ejemplo de dumping fiscal lo hemos tenido este mismo mes, en el que Renault ha decidido trasladarse de Valladolid a Madrid para ahorrarse impuestos, y la comunidad de Castilla Leon dejará de ingresar 282 millones de euros. A Ayuso ya le va bien, está dispuesta a renunciar a los impuestos para seguir privatizando la sanidad y la educación, y dejar morir a más ancianos en las residencias. La misma «libertad» de Ayuso es la de Milei en Argentina. Para ellos, decir «viva la libertad, carajo» es renunciar a los servicios públicos.
Volviendo al tema de la financiación, mientras en Alemania los länders no pueden competir fiscalmente entre sí, en España sí que se puede, y de hecho se hace dumping fiscal. El modelo que prevé el pacto PSC-ERC para Catalunya aunque es similar al vasco, puesto que prevé quedarse con la recaudación y hacer una aportación al Estado, cuenta con elementos de corrección y estabilización como la cuota de solidaridad al estilo del sistema alemán para que todas las comunidades tengan un nivel de prestaciones similar. Esa “factura” solo quedará limitada por el principio de ordinalidad. Ese mecanismo prevé que Catalunya mantenga su puesto en el ránking de recursos antes de aportar a la caja común y después de recibir las cuantías correspondientes.
En conclusión, España podría establecer sin problema una financiación singular para aquellas comunidades que lo deseen, compatible con el modelo de regimen común para el resto de autonomías, y acabar de una vez con la competencia fiscal de algunas autonomías como la de Madrid. De hecho, este sería un avance importante en sentido federal, siguiendo como ejemplo el modelo alemán.

Baltasar Santos
1er secretario PSC el Vendrell
Miembro del comité de redacción de TS

Especial Congreso del PSOE

El mayor órgano de decisión del PSOE se reunirá en Sevilla para establecer los liderazgos y las líneas políticas, cruciales para abordar las reformas que la clase trabajadora necesita.

Continuamos en este número de Tribuna Socialista la sección especial congreso del PSOE que se mantendrá activa hasta su celebración. Una sección en la que los socios y socias de ASTRADE así como los lectores de TRIBUNA SOCIALISTA podrán publicar aquellos contenidos de relevancia para mejorar los derechos y libertades de la clase trabajadora de este país.

Defendamos la Sanidad Pública

Nuestro partido puede decir bien alto que lleva en sus genes la defensa de la Sanidad Pública.

En nuestra historia no ha habido Ministerio de Sanidad hasta finales de 1936, con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que constituyó el Gobierno de Largo Caballero, cuya titularidad ocupó Federica Montseny.

Siempre hemos batallado contra la idea liberal, conservadora y decimonónica, anclada en la edad media, de que el individuo debe atender sus problemas de salud. Así pensaban y piensan quienes no entienden el servicio público y a lo más que están dispuestos es a llegar a un servicio de beneficencia, de mínimos, que deje su conciencia tranquila y sirva de dique de contención frente a las clases populares que no pueden costearse una sanidad privada, de calidad, ni una educación privada para sus hijos e hijas, ni disponer de un ahorro mensual para un fondo privado de jubilación, ni pueden llevar a sus mayores a residencias privadas.

Frente al anacronismo de quienes nos presentan la falsa idea de “libertad” de elección, defendimos en el pasado la responsabilidad del Estado en el reconocimiento de los derechos sociales, como: la asistencia a los enfermos y ancianos, la protección a la maternidad y la infancia; o el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la protección ante la enfermedad, los accidentes, el paro forzoso, la vejez, la invalidez y la muerte. Con una especial protección de mujeres y jóvenes. Derechos básicos que continuamos defendiendo hoy.

La Ley 14/86, General de Sanidad, siendo ministro el compañero Ernest Lluch, estableció la universalización de la Sanidad para todos los residentes en España, uno de los importantes logros de esta Ley.

La Ley 14/86 fue innovadora en muchos aspectos y, si la Salud fuese un derecho fundamental, como debería de ser, la Ley 14/86 sería una ley orgánica que desarrollaría el Artº. 43: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”

Sin embargo, en los artículos 66 y 67 de la Ley 14/86, se introduce la figura de los “…convenios singulares con hospitales generales del sector privado que lo soliciten…”. Y en el Artº. 90 se estableció la posibilidad de “conciertos” para la prestación de servicios sanitarios con centros privados. Estos artículos contenienen limitaciones, tales como “…cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen…”.

El 26 de abril de 1997 entró en vigor la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Esta Ley, contradictoriamente a lo que dice su enunciado, no introduce ninguna nueva forma de gestión, pues en su único artículo y en su Disposición adicional única viene a abrir el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”.

La ley 15/97 abrió el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”

La Sanidad Pública tiene objetivos distintos a los que tiene cualquier entidad privada. El Estado está obligado a garantizar la protección de la salud de todas y todos los ciudadanos y a adoptar medidas preventivas. Mientras que las entidades privadas solo se deben al interés lucrativo de sus accionistas o partícipes. Estas pasadas décadas han demostrado que estos intereses son contrapuestos y que en no pocas ocasiones constituyen una vía directa a la corrupción.

La experiencia demuestra que los intereses de la sanidad pública y de las entidades privadas son intereses contrapuestos y constituyen una vía directa a la corrupción

La experiencia acumulada demuestra que destinar más de 8.000 millones anuales, del presupuesto sanitario público, a las empresas privadas dedicadas a la salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública. Fomentar la sanidad privada desde la esfera de lo público es regresar al pasado; a que cada individuo tenga que atender sus problemas de salud, a condición de que pueda hacerlo económicamente.

Destinar más de 8.000 millones anuales del presupuesto sanitario público a las empresas privadas de salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública.

En momentos distintos de la reciente historia se han ido transfiriendo las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, pero el Estado no se ha desentendido de la labor de coordinación de los servicios sanitarios, por lo que el servicio público básico de la Sanidad es una materia que no es ajena a ningún poder del Estado, pues tienen la competencia de coordinar los servicios sanitarios.

Los mismos poderes públicos a los que la Constitución les mandata “…organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, en la pandemia de 2020 y 2021 las medidas preventivas fueron cuestionables o llegaron tarde y hubo poderes públicos autonómicos que no solo no prestaron los servicios necesarios, sino que se los negaron a los usuarios de las residencias de mayores.

Algunas autonomías no solo no han prestado los servicios necesarios sino que se les negara a los usuarios de las residencias de mayores

Dada la gravedad de las consecuencias que la privatización de la Sanidad Pública está teniendo:

  • Que el contenido del artículo 43 de la Constitución pase a formar parte de un nuevo artículo de Título I, en su Capítulo segundo, sección 1ª “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
  • Derogación de la Ley 15/97, en su integridad, y de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86.
Texto aportado por Roberto Tornamira, Afiliado de la Agrupación de Arganzuela PSOE-PSM, a las propuestas que Izquierda Socialista-PSOE realizará al
41º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español

Especial Congreso del PSOE. Un congreso crucial para la mayoría social

Abrimos en este número de Tribuna Socialista una sección especial congreso del PSOE que se mantendrá activa hasta su celebración. Una sección en la que los socios y socias de ASTRADE así como los lectores de TRIBUNA SOCIALISTA podrán publicar aquellos contenidos de relevancia para mejorar los derechos y libertades de la clase trabajadora de este país

El Partido Socialista afronta una nueva etapa con la convocatoria del 41º Congreso Federal Ordinario para los próximos días 29 y 30 de noviembre, y el 1 de diciembre, en Sevilla.
Tribuna Socialista no es un órgano de comunicación del PSOE. Sin embargo, la difusión de TS tiene una amplia aceptación entre las agrupaciones socialistas, y entre la militancia socialista. Por ello, y habida cuenta de la importancia de este Congreso para la definición de las políticas y estrategias más necesarias para la clase trabajadora, y habida cuenta de que el PSOE es el partido de referencia para la mayoría de trabajadores de nuestro país, creemos que los debates que tengan lugar en este congreso son de interés para todos nuestros lectores.
Un congreso que se celebra en otoño igual que los congresos de la UGT, de ERC de Junts, del PNV y de SUMAR. Por tanto, en pocos meses, los diferentes partidos políticos van a definir no solo sus políticas sino también los liderazgos y estrategias.
Para la clase trabajadora en su conjunto, es fundamental que los liderazgos y políticas que se definan respondan al interés de la mayoría social y que, por tanto, sirvan para afianzar acuerdos entre los partidos que dieron apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y la conformación de un gobierno de progreso, con el objetivo de avanzar en el progreso colectivo de nuestro país.
En el capítulo de liderazgos, el actual secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a presentar su candidatura a la reelección al cargo orgánico. Veremos en las próximas semanas si los barones críticos con la política de pactos del partido, y críticos con los indultos y la amnistía y, que en general, defienden posiciones más próximas a la derecha centralizadora, logran presentar sus alternativas a la deliberación del congreso.
En cuanto al contenido del Congreso, el 25 de octubre se remitirá a todo el partido la ponencia marco y el informe de gestión de los órganos federales del partido. Las asambleas de las Agrupaciones Locales podrán proponer sus enmiendas hasta el 4 de noviembre. Estas aportaciones se recogerán en una memoria definitiva el 19 de noviembre.
En definitiva, el congreso del PSOE llega en un momento crucial, de grandes desafíos para nuestra democracia: la apuesta federalista, la financiación autonómica, la mejora de los servicios públicos, el auge de la ultraderecha, la regeneración democrática, el cambio climático, la igualdad, la vivienda o la posición y papel de España en un contexto internacional, marcado por la escalada belicista, y por el genocidio del pueblo palestino a manos del infame Netanyahu.

Comité de Redacción

Especial Congreso del PSOE. Federalismo.

Necesitamos un nuevo marco de relación entre los pueblos que supere «el café para todos» autonómico y que garantice los derechos y conquistas sociales de la clase trabajadora de nuestro país, la justicia social y suponga un marco de convivencia compartido entre las diferentes nacionalidades de este estado plurinacional llamado España

La Constitución española de 1978 se aprobó tres años después de la muerte del dictador e instauró «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» que forman el Estado. Dicho reconocimiento de las autonomías era una reivindicación de las llamadas nacionalidades históricas, como Euskadi o Cataluña, cuya voluntad de autogobierno arranca en el siglo XI con la constitución de uno de los primeros parlamentos del mundo, sino el primero (existe cierta polémica sobre si fue en León donde se constituyó el parlamento más antiguo del mundo ).

En la II República algunas regiones aprobaron su estatuto de autonomía

Históricamente, es con la proclamación de la II República, cuando algunas regiones aprobaron sus estatutos de autonomía. Concretamente: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. De hecho, Francesc Macià proclamó el 14 de abril de 1931 la república catalana dentro de la federación de pueblos ibéricos.

Francesc Macià proclamó el 14 de abril de 1931 la república catalana dentro de la federación de pueblos ibéricos

Sin embargo, unos años más tarde, la dictadura acabó con las aspiraciones de los pueblos de avanzar en su autogobierno dentro de España o dentro de Iberia (incluyendo a Portugal) proclamando la unidad de la patria y no es sino hasta años después de la muerte del dictador que se restituye la posibilidad de que los pueblos se constituyan en comunidades autónomas.

La dictadura de Franco proclamó la «Unidad de la Patria» hasta que en 1979, muerto el dictador, se creó el denominado «Estado de las Autonomías»

Este hecho supuso un cambio de 180 grados con respecto a la dictadura franquista, que se basaba en planes centralizados tradicionales, para dar lugar a una organización estatal en la que se reconocía, siquiera parcialmente, las aspiraciones de los pueblos de avanzar en su autogobierno. Sin embargo, la realidad es que tal estado autonómico no podía permitirse el lujo de que hubiera regiones organizadas con estatuto de autonomía y otras provincias no organizadas en autonomía, por lo que se aplicó el “café para todos”, y en algunos casos incluso se obligó por decreto a que algunas provincias reticentes se incorporaran a una comunidad autónoma, como fue el caso de Segovia.
Desde la constitución de las 17 comunidades autónomas, éstas han ido desarrollando las competencias que tienen asignadas (exclusivas o no) a diferentes velocidades.
Dicho de otra manera, aunque todas las comunidades tienen acceso a las mismas competencias delegadas del estado, existen comunidades autónomas que han desarrollado esas competencias y otras que no, como muestra de las diferentes voluntades de autogobierno de los diferentes pueblos del estado español.

No todas las CCAA han desarrollado las mismas competencias a las que todas pueden acceder

Las comunidades gobernadas por el PP, en cuanto al desarrollo autonómico, siguen la estrategia del perro del hortelano, que «ni come ni deja comer», y se rasgan las vestiduras clamando contra comunidades que como es el caso de Catalunya, quieren seguir desarrollando su capacidad de autogobierno, dentro del marco constitucional.

En cuanto al desarrollo autonómico, las CCAA gobernadas por el PP ni comen ni dejan comer

De ahí, por poner un solo ejemplo, el gran debate abierto sobre “la financiación singular de Cataluña”, comunidad autónoma que basándose en su propio Estatuto de Autonomía (refrendado por el pueblo catalán y aprobado (y reformado) por el Congreso de los diputados) quiere seguir avanzando en el desarrollo competencial, y en el sostenimiento de los servicios públicos para hacerlo posible.
Por otro lado, cabe decir, que en el ejercicio de sus competencias, sobre todo en el ámbito fiscal, las comunidades autónomas han aplicado diferentes medidas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha rebajado los impuestos a las rentas más altas, mientras que otras comunidades no lo han hecho. Como ha manifestado Salvador Illa recientemente, «no pueden dar lecciones los que rebajan los impuestos a los ricos».

No supone ningún problema avanzar en la transformación del Estado, profundizando en el desarrollo competencial. Un desarrollo que como hasta hoy en día, puede seguir siendo asimétrico, con diferentes grados de autonomía o distintas competencias, o bien caminar al Estado Federal.


El PP entiende las autonomías como el cortijo desde el cual regalar privilegios y prevendas a los amiguetes, a los especuladores, y a las rentas más altas tal y como hace Ayuso en la comunidad de Madrid.
Pero si a Cataluña se le ocurre abrir el debate sobre la necesidad de establecer una financiación singular, el PP enseguida apela a la igualdad de los españoles. Igualdad que profanan en sus propias comunidades con medidas políticas y fiscales liberales.

El PP entiende las autonomías como el cortijo desde el que regalar privilegios y prevendas a sus amiguetes y especuladores, pero claman, cínicamente por la igualdad si Catalunya negocia una nueva financiación para atender a su población

Eso no quiere decir que las comunidades autónomas estén bien financiadas, que no lo están. Y de hecho, esa infrafinanciación de las autonomías es un caldo de cultivo magnífico para reducir servicios públicos y liberalizar el sector público. Al mismo tiempo, una política fiscal ultraliberal como la que aplica Ayuso también produce infrafinanciación.

La infrafinanciación de las autonomías es la excusa perfecta para privatizar el sector público, pero también es el resultado de una politica fiscal ultraliberal

Por tanto, no es de extrañar que Ayuso se sienta cómoda con un «status quo» autonómico que le permite practicar el «dumping fiscal» para privatizar servicios públicos como las residencias o la sanidad.

Ayuso se siente cómoda en un modelo autonómico que le permite practicar el «dumping fiscal» mientras privatiza servicios públicos como las residencias o la sanidad

Ni el diferente desarrollo competencial ni el dumping fiscal aconsejan repetir la fórmula del “café para todos”, siendo necesario avanzar en un modelo de estado federal.
El Federalismo es una evolución del estado de las autonomías que puede permitir avance en la clarificación del Artº 2 de la Constitución y la pluralidad de pueblos que componen el Estado español , asegurando la solidaridad de los pueblos, y permitiendo que las diferentes regiones con voluntad de autogobierno puedan tener la financiación necesaria para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora.
Tanto el Estado de las Autonomías, como el hipotético Estado Federal tienen ese fundamento: los servicios públicos. Y son éstos los que vertebran la arquitectura del estado que es la estructura que los une. Si existen estas variantes o tipos de Estado son para acercar, racionalizar y mejorar los servicios que los ciudadanos hemos creado como sostén de la convivencia y la equidad social..

Ni el diferente desarrollo competencial ni el dumping fiscal aconsejan repetir la fórmula del “café para todos”, siendo necesario avanzar hacia un modelo de estado federal

Un estado federal debe establecer mecanismos para garantizar una sanidad pública, una educación pública, y unas pensiones y servicios públicos de calidad en todos los rincones del estado.
Un estado federal debe establecer los diferentes niveles de decisión política, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, y por tanto incluir el municipalismo, cuyas administraciones son las más cercanas a los problemas y necesidades de los ciudadanos.
Un estado federal debe establecer los mecanismos de coordinación necesarios. En este sentido, recordar que el Senado debería ser una cámara de representación autonómica, y no lo es.
Un estado federal debe organizar a las distintas regiones de forma que estén cosidas unas a otras por el principio de interdependencia, solidaridad y justicia social, y no por la guerra entre autonomías ni por la duplicidad competencial de las administraciones.

Un estado federal debe coser las distintas regiones bajo el principio de interdependencia, solidaridad y justicia social

Un estado federal debe saber conjugar la singularidad, la idiosincrasia cultural, lingüística, o de derecho, de las diferentes regiones, con los derechos sociales de la clase trabajadora. De hecho los derechos sociales y los derechos nacionales de los pueblos son indisolubles.
Los que suscribimos consideramos que el 41º congreso del PSOE no puede dejar pasar la ocasión de avanzar hacia una nueva organización federal del estado, un nuevo marco de relación entre los pueblos, que desde la convivencia fraternal y solidaridad, evite el dumping fiscal entre autonomías; que garantice los mismos derechos y oportunidades; que garantice una financiación suficiente de los servicios públicos, que evite la privatización de los mismos, y que evite la confrontación entre los trabajadores y los pueblos de las distintas regiones, mientras los ricos se continúan haciendo más ricos. En definitiva, se trata de de dar respuesta a una necesidad política de los ciudadanos y los pueblos.

Eduardo Hernández-Madrid
Baltasar Santos-Tarragona

Especial Congreso del PSOE. Defender la ley de amnistía esdefender la democracia.

La estrategia seguida por la derecha política, judicial y mediática desde las últimas elecciones al Congreso de los diputados ha sido la negación de la legitimidad del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero, por los acuerdos de investidura, luego por la ley de amnistía, las últimas semanas la financiación singular de Cataluña.

Efectivamente, la ley de amnistía ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha para cuestionar la legitimidad no solo del gobierno de Pedro Sánchez sino también de cualquier acuerdo que alcance la mayoría parlamentaria que le invistió.

Tras el fracaso de la investidura de Feijoo, al no reunir la mayoría parlamentaria necesaria, el PSOE comenzó a negociar con el resto de partidos del arco parlamentario con la intención de conseguir la investidura de Pedro Sánchez.

Desjudicializar la política, y devolver los conflictos políticos a la política, ha sido una constante del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero fue la constitución de una mesa de diálogo, luego la aprobación de los indultos, y después, la ley de amnistía, que forma parte de los acuerdos entre los partidos de la investidura. Justo, la estrategia opuesta a la que había practicado el PP, tanto bajo el liderazgo de Rajoy como con Casado, y ahora con Feijoo.

La derecha ha utilizado la ley de amnistía para cuestionar la legitimidad tanto del gobierno de Pedro Sánchez como de cualquier acuerdo que alcance la mayoría parlamentaria que le invistió

Digo que defender la ley de amnistía es defender la democracia, porque ha sido una ley aprobada por la mayoría de diputados y diputadas elegidos por el pueblo.
Por ende, oponerse a su aplicación es oponerse a la democracia parlamentaria, y en esa línea están alineados PP y VOX, pero también parte de los jueces que se niegan a aplicarla.
De hecho, de las 486 personas que podrían beneficiarse potencialmente la amnistía, según la Fiscalía General del Estado, solo se ha aplicado a 108 personas, la mayoría policías.

Defender la ley de amnistía es defender la democracia, porque ha sido una ley aprobada por la mayoría de diputados y diputadas elegidos por el pueblo

Se está dando una oposición radical de algunos jueces, como Llarena en la aplicación de la Ley de amnistía, aprobada por el Congreso de los diputados.

De las 486 personas que podrían beneficiarse potencialmente la amnistía, los jueces solo la han aplicado a 108 personas, la mayoría policías.

Paralelamente, el PP sigue atacando, presentando recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía por parte de sus gobiernos autonómicos, cuyo trámite ha sido suspendido por el TC por no considerar que se vulneren competencias autonómicas.
Llama la atención poderosamente, que junto a las 15 autonomías que han presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, también presentó recurso el gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, que de esta forma, contradice lo que los diputados y diputadas castellanomanchegos habían votado en Las Cortes.

García-Page se ha alienado con el PP para la presentación de recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, contraviniendo la decisión de los diputados y diputadas castellano-manchegos que la votaron a favor

Por ello, saludo con satisfacción el comunicado de izquierda socialista de Castilla la Mancha (publicado en la sección de Tribuna Abierta, en este número de Tribuna Socialista), posicionándose en favor de la Ley de Amnistía, en favor de sus diputados y diputadas, y exigiendo la retirada inmediata del recurso presentado por Page, y que augura un congreso regional tenso entre los que defienden la legitimidad democrática de lo aprobado en el congreso de los diputados, y Page, siempre alineado con los gobiernos del PP.
No me cabe duda, que el 41ºCongreso ha de cerrar filas en defensa de la convivencia entre los pueblos, en defensa de la ley de amnistía, en defensa de la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez, y en defensa de la democracia.

Baltasar Santos
1er Secretario PSC-el Vendrell
Comité de redacción de TS

Especial Congreso del PSOE. El negocio de las guerras empobrece a la clase trabajadora

Uno de los temas principales que los congresos sindicales y de partidos políticos deberían abordar es el del empobrecimiento de la clase trabajadora bajo economía de guerra. Introducimos el debate.

Solo hay que leer o ver las noticias de lo que pasa en el mundo, para darse cuenta del auge belicista existente a nivel internacional. Tanta información, tanta información sesgada que nos inmuniza ante la barbarie, máxime cuando no hay respuesta organizada para hacerle frente.
El genocidio del pueblo palestino y la escalada del conflicto en oriente medio son, hoy día, el principal foco, que tiene como protagonista al estado sionista de Israel, con el criminal Netanyahu a la cabeza, a los gobiernos islamistas de Hamas o Hizbulá (entre otros), pero sobretodo, alimentado por la desidia de los gobiernos occidentales con intereses no solo geopolíticos, sino más bien económicos tanto por el negocio en la venta de armamento, los intereses en la apropiación de los recursos naturales de los países destruídos, y los intereses en la «reconstrucción» de lo destruído.
La exigencia del fin al conflicto en oriente medio no puede constituir solo una declaración de buenas intenciones sino que debe materializarse en medidas concretas, como el fin del suministro de armamento a Israel, el fin inmediato del genocidio, el restablecimiento de los servicios básicos para la población palestina, sanitarios, educativos…; la ruptura de las relaciones bilaterales con el gobierno israelí…

La exigencia del fin al conflicto en oriente medio no puede ser solo una declaración de buenas intenciones, sino recoger medidas concretas

Aciertan los sindicatos británicos en su congreso del TUC, con la moción que añadimos en la sección de Tribuna Abierta de este numero de Tribuna Socialista.
Otro de los focos bélicos en el mundo es la guerra de Rusia y Ucrania. Muchos son los factores que inciden en el origen y continuidad de este conflicto. Guerra de imperialismos, guerra económica por el control del Mar Muerto, Guerra por la energía, por el control de la producción agrícola…siempre con Estados Unidos por detrás, alimentando la venta de armas, haciendo negocio con su gas licuado, exigiendo economías de guerra en Europa y favoreciendo el crecimiento de la OTAN a costa de la provocación al criminal Putin.
Las víctimas aquí no solo son el pueblo ruso y ucraniano, sino que los efectos de esta guerra que amenaza con convertirse en nuclear afectan a toda Europa y a África.

Las víctimas de la guerra de Ucrania no son solo el pueblo ruso y ucraniano, sino que afecta a toda Europa y África

La afectación de la guerra de Ucrania en Europa es bien sabida: aumento del coste de la energía, por tanto afectación a los hogares pero también a la industria, y a las economías de los países más industrializados (Alemania, Francia…).
Afectación en el coste y en el propio suministro de los alimentos, que afectan en el encaremiento del coste de la vida para los europeos, y en la falta de grano, principal alimento en muchos países de África.
Inflación, crisis energética, desindustrialización, desempleo, hambruna… en definitiva, destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora en el mundo.

La guerra de Ucrania está generando inflación, crisis energética, desindustrialización, desempleo, hambruna y en definitiva destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora

Todos estos efectos directos de la guerra no son sino un caldo de cultivo abonado para populismos, nacionalismos excluyentes y extrema derecha, con consecuencias también directas sobre los derechos y libertades de la clase trabajadora.
Y otro de los efectos del auge belicista que provoca pobreza son los movimientos migratorios, que ponen a prueba la solidaridad internacional y a los maltrechos servicios públicos de cada país, y que se retroalimentan con más racismo y xenofobia, y por tanto con más confrontación entre clase trabajadora.

Las guerras y las economía de guerra también generan movimientos migratorios y de refugiados, que ponen a prueba la solidaridad internacional y a los maltrechos servicios públicos de cada país.

Completar un análisis exhaustivo de los conflictos en el mundo es tarea imposible para este artículo, pero podemos citar la intromisión internacional en Venezuela, con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales; los conflictos bélicos en África alimentado por la corrupción de unos gobiernos al servicio de los intereses de las multinacionales que expolian sus recursos naturales (diamantes, Coltán, Platino..); o las guerras en Sudán, Birmania, Etiopía, el Sahel…o la escalada de conflictos en el Mar del Sur de China. Siempre, detrás de estas guerras que diezman la población o les les hace abandonar sus hogares, hay detrás intereses de los países historicamente imperialistas como Francia, Alemania, Rusia, China o Estados Unidos, que además hacen gran negocio con el comercio de armas.
Por ello, cuando decimos No a la Guerra, no es simplemente una declaración bienintencionada, pacifista y casi «hippy», sino que está cargada de razones materiales con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas, sobre el bienestar de la clase trabajadora, en España, en Europa y en todo el mundo.

«No a la Guerra», no es solo una declaración bienintencionada, pacifista y casi «hippy», sino que está cargada de razones materiales con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas, sobre el bienestar de la clase trabajadora, en España, en Europa y en todo el mundo.

Y desde un punto de vista local, en España nos sobran los motivos para posicionarnos en contra de las guerras, redefiniendo el papel de nuestros representantes. tanto en el gobierno como en las instituciones europeas y organismos internacionales bajo el paradigma del cuestionamiento de «¿a qué intereses sirven nuestros posicionamientos internacionales?»

En España, nos sobran los motivos para posicionarnos en contra de las guerras

La influencia de la economía de guerra sobre los salarios, sobre la cesta de la compra, sobre la energía, sobre los servicios públicos… todo ello debería ser objeto de resoluciones en los congresos de los partidos que se reclaman de la izquierda, y en particular, y por supuesto en el 31ª Congreso del PSOE, como principal partido de la clase trabajadora.

Baltasar Santos