Carta de la Asamblea de afiliadas y afiliaos de la Agrupación de Retiro PSOE-M al Comité Organizador del 41º Congreso del PSOE
Compañeros/as: Santos Cerdán León (presidente); María Jesús Montero Cuadrado (Coordinadora Adjunta), Esther Peña Camarero (Portavoz). Vocales: Juan Francisco Serrano Martínez, Ana María Fuentes Pacheco, Francisco Salazar Rodríguez, Emma López Araujo, Ion Antolín Llorente y Eladio Garzón Serrano.
Compañeros/as:
Según se puede leer en la Ponencia Marco en su punto 378: “El PSOE mejora cuando los militantes se sienten partícipes de sus decisiones y por ello abrimos las casas del pueblo y sus asambleas; ponemos la elección de los órganos internos y candidatos a decisión del voto de la militancia y facilitamos la relación entre los responsables públicos y orgánicos con las personas. Un ejemplo de ello ha sido la puesta en marcha del portal de las agrupaciones, que ha agilizado la comunicación y el trasvase de información con ellas. Si logramos estar tan conectados con cada rincón del país es porque reforzamos el papel de las agrupaciones y de cada militante, nuestro mayor capital”.
Coincidiendo con el espíritu que emana el texto, queremos mostrar nuestra disconformidad con el calendario establecido para la presentación de enmiendas por parte de la militancia.
Es muy contradictorio insistir, congreso, tras congreso, que el PSOE es el partido de los militantes, y restringir el tiempo para que estos mismos afiliados y afiliadas puedan aportar sus reflexiones a la Ponencia Marco.
Es de una obviedad aplastante que el margen temporal para poder leer, interiorizar y debatir en las agrupaciones no solo es insuficiente, sino prácticamente imposible. Tengamos en cuenta que la recepción de la Ponencia Marco a toda su afiliación se produjo el día 5 de noviembre, y como fecha máxima deben enviarse las enmiendas el día 9, sin olvidar que previamente deben convocarse las asambleas para su aprobación.
Este calendario habla por sí solo, por lo que parece obvio que el tiempo concedido a los/las militantes no permite ni la participación, ni motiva a los mismos a hacerlo, al contrario, parece ilustrar que se trata de una Ponencia blindada elaborada concienzudamente y por un Comité de expertos, que la militancia debe asumir por responsabilidad.
No ponemos en duda el trabajo realizado en la Ponencia, pero sí creemos que nuestro partido mejora cuando sus afiliados/as se sienten partícipes de sus decisiones, debemos rechazar cualquier proceso que limite el debate interno y la participación de sus afiliados/as. Salvo que queramos que “el partido de los militantes” sea una bonita frase, pero vacía de contenido.
Saludos socialistas
Carta aprobada por unanimidad por la asamblea de la Agrupación Socialista de Retiro.
Referencias al federalismo en la ponencia base del 41º congreso del PSOE
En el TS 158, Eduardo Hernández y Baltasar Santos, publicábamos en esta misma sección un artículo sobre federalismo: https://wordpress.com/post/tribunasocialista.com/5064 En él hacíamos un recorrido histórico del federalismo en nuestro país, y llamábamos la atención sobre la necesidad de avanzar en el federalismo, evitando el dumping fiscal y la deslealtad entre autonomías; la necesidad de avanzar en un modelo de financiación más justo; y la necesidad de avanzar en un modelo de país en el que se garanticen los derechos sociales y los servicios públicos. La ponencia base del 41º congreso del PSOE sitúa esos mismos temas en el texto. Analizamos
“Una España cohesionada en la diversidad
(…) España aún tiene mucho que hacer para convertirse en ese país territorialmente justo y cohesionado con el que soñamos todos y todas las socialistas.
Destacan cuatro grandes desafíos de aquí al 2030.
El primero y más urgente es lograr un sistema de financiación autonómica que sea más justo y sostenible. Cada reforma ha incrementado los recursos disponibles para todas las Comunidades Autónomas, ha profundizado en su autogobierno, ha mejorado la corresponsabilidad fiscal, y ha garantizado la solidaridad. Sin embargo, este modelo sigue presentando deficiencias en términos de equidad y eficiencia que deben ser corregidas. Persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado, lo que genera una redistribución donde las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios.
Además, el sistema actual tiene una fuerte descentralización del gasto, pero una corresponsabilidad limitada en los ingresos, lo que desincentiva una gestión tributaria responsable y permite que algunos gobiernos autonómicos jueguen al populismo fiscal, practicando el dumping y bajando los impuestos a sus élites económicas mientras solicitan más fondos al Gobierno central. Por último, el actual sistema tampoco resuelve adecuadamente el problema de las singularidades territoriales, y nos impide recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas y climáticas, que exigen mayores niveles de inversión en servicios básicos e infraestructuras.
El segundo desafío al que nos enfrentamos es profundizar la cohesión económica y social del territorio. La apertura comercial y la integración del Mercado Único europeo han permitido a las regiones y ciudades capitales explotar sus ventajas competitivas, mientras que los territorios menos industrializados y densamente poblados han comenzado a quedarse rezagados. Esta dinámica –que se da en toda Europa– ha generado la paradoja de que, mientras los Estados miembros han seguido un proceso de convergencia, internamente las diferencias entre Comunidades Autónomas han aumentado. Si queremos ser un país verdaderamente cohesionado que saca lo mejor de sí mismo y que trata a todos sus ciudadanos y ciudadanas por igual, tendremos que ser capaces de corregir esta tendencia y alcanzar un mejor equilibrio territorial. Para lograrlo, tendremos que ahondar en el proceso de federalización del Estado.
España es un caso de éxito en su proceso de descentralización. En muy poco tiempo, hemos pasado de ser un Estado fuertemente centralizado a ser considerado un país casi federal. Sin embargo, quedan pendientes de desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales que mejoren el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la co-gobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos. Es necesario mejorar la claridad del reparto competencial, el papel del Senado como cámara de representación territorial, o institucionalizar las relaciones entre comunidades autónomas. No es razonable, por ejemplo, que pacientes graves tengan que trasladarse cientos de kilómetros para recibir un tratamiento, cuando pueden hacerlo más cerca en la comunidad autónoma vecina.
Objetivos y medidas
Para responder a los desafíos mencionados, los y las socialistas pensamos que España debe avanzar en esa federalización justa y solidaria que recoge la Declaración de Granada y construir un modelo autonómico más descentralizado y con mayor capacidad de integrar su diversidad.
Reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada CCAA del sistema de financiación en el marco del nuevo modelo que se acuerde (hoy, la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada es del 30%).
Impulsar la convergencia de la renta per cápita entre todas las CCAA.
Estos objetivos son ambiciosos, pero podemos alcanzarlos si seguimos avanzando por la senda de los últimos años, redoblamos nuestra ambición y actuamos en tres frentes prioritarios.
I. Reforma de los Sistemas de Financiación Autonómica y Local.
Impulsaremos una reforma del sistema de financiación autonómico que 1) aumente los recursos disponibles de todas las Comunidades Autónomas para que todas dispongan de más recursos que en la actualidad; 2) revise la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF; 3) optimice el cálculo de los pagos a cuenta y retenciones de IRPF para que el impacto de las decisiones de las CCAA sea más inmediato; 4) modifique la fórmula de población ajustada para mejorar el cálculo de necesidades y de la capacidad fiscal normativa a competencias homogéneas; 5) negocie un alivio de la deuda pública de las Comunidades Autónomas generada durante la crisis financiera; 6) federalice la dirección de la AEAT para dar más capacidad de decisión a las Comunidades Autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas; y 7) compatibilice multilateralidad y bilateralidad con un común denominador del sistema perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades y el mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal.
Para mejorar la financiación de las Entidades Locales, 8) reequilibraremos los recursos disponibles entre Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos insulares; 9) determinaremos el mapa de sus competencias para mejorar la prestación de los servicios de proximidad; 10) modernizaremos sus fuentes de financiación locales y les dotaremos mayor previsibilidad para la elaboración de sus presupuestos; 11) avanzaremos en su corresponsabilidad fiscal, reduciendo la condicionalidad de sus recursos e incorporando de forma explícita el principio de lealtad institucional, y 12) apoyaremos el uso de inversiones financieramente sostenibles para la ejecución de proyectos de viviendas sociales y asequibles.
II. Impulso de un modelo menos centralista y más solidario, que ayude más a los territorios menos desarrollados. El centro de la Península es un motor clave del crecimiento económico de nuestro país, pero en modo alguno puede o debe ser el único. Los y las socialistas creemos en un país en el que las oportunidades se reparten por todo el territorio y la riqueza se genera de forma descentralizada, colaborativa y transversal, aprovechando las ventajas competitivas de cada Comunidad Autónoma. Por eso, 13) seguiremos usando los Fondos Europeos para generar industria y redinamizar el tejido productivo en todos los territorios más allá de la capital; 14) duplicaremos la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial; y 15) lo convertiremos en un verdadero Fondo de Desarrollo Autonómico, tan ambicioso como los PERTE, que compense la pérdida de fondos estructurales europeos por las Comunidades Autónomas menos desarrolladas, parta del diseño de planes de desarrollo regional holísticos, y adopte la perspectiva de las “políticas basadas en lugares” que recomiendan los principales estudios.
III. Más federalismo, autogobierno y co-gobierno.
Al mismo tiempo, seguiremos avanzando hacia la federalización del Estado 16) mejorando los mecanismos de cooperación vertical y horizontal, definiendo formalmente la Conferencia de Presidentes como órgano director de las actuaciones de co-gobernanza, creando nuevas vías para la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos estatales de su interés, y reforzando las comisiones bilaterales como órgano de resolución de desacuerdos. También 17) apostaremos por reformar el Senado y convertirlo en una Cámara de representación territorial que refleje de forma equilibrada la voluntad de las Comunidades Autónomas; 18) continuaremos transfiriendo competencias a aquellos gobiernos autonómicos que lo soliciten; 19) trabajaremos para actualizar los Estatutos de Autonomía pendientes de reformar; y 20) seguiremos apostando por la protección, el estudio y el uso de las lenguas co-oficiales en todos los ámbitos, dentro y fuera de nuestro territorio.
Si adoptamos estas medidas de aquí a 2030, tendremos una España más descentralizada y cohesionada, capaz de convertir la diversidad de sus territorios en su máxima fortaleza, y de armonizar las particularidades de cada Comunidad Autónoma con el interés colectivo de todas.”
(hasta aquí el texto de la ponencia)
Comentarios al texto de la Ponencia
Coincidiendo con algunos de los aspectos del diagnóstico sobre la situación actual, como el dumping fiscal, las consecuencias negativas de la integración europea para los territorios menos industrializados, o la necesidad de encontrar un sistema de financiación autonómica y local más justo… deberemos plantear algunas cuestiones sobre las que será necesario profundizar:
Defender lo público
La primera de las cuestiones es garantizar que tanto la recaudación de impuestos con una futura agencia tributaria descentralizada sirve al propósito de mejorar los servicios públicos para los ciudadanos, y no una nueva herramienta para bajar impuestos a los más ricos mientras que se privatizan los servicios públicos.
Tenemos experiencias sobradas de utilización indebida del dinero con el que los trabajadores contribuimos al Estado para fines que no son la mejora de los servicios públicos. Por ejemplo:
-La utilización de las cotizaciones a la seguridad social para fines espurios sigue pendiente de auditoría; mientras se duda continuamente de la no sostenibilidad del sistema de pensiones.
– En materia tributaria, hemos asistido a que el margen tributario sobre el que deciden las autonomías es utilizado para bajar impuestos a las rentas más altas y a las empresas, en una práctica conocida como dumping fiscal, mientras se privatizaban o eliminaban servicios públicos. Los casos más sangrantes son la privatización de la sanidad en la comunidad de Madrid (con influencia directa en la muerte de las personas mayores en la residencia), o la eliminación del servicio de emergencias en Valencia, que podría haber salvado decenas de vidas, ante desastres como la DANA.
Los servicios públicos son los garantes de la justicia social, y para su financiación son necesarios los impuestos.
Por tanto, estando de acuerdo en una federalización de la recaudación de impuestos, y en una clarificación de las competencias, no es menos cierto que es necesario garantizar que la gestión de los impuestos debe servir para financiar los servicios que la mayoría social necesita. Por tanto, deben introducirse principios como lealtad institucional y justicia social para que la reforma federal signifique una mejora para los derechos de la ciudadanía.
Defender la industria y los puestos de trabajo
El propio texto de la ponencia base reconoce dos cuestiones básicas:
– Que el mercado único europeo ha traído consecuencias negativas para las regiones menos industrializadas y más densamente pobladas.
– Que los Fondos Europeos se han utilizado para generar industria y redinamizar el tejido productivo, sobre todo en Madrid.
Dicho de otra manera, faltan planes de desarrollo regional que hagan llegar los fondos europeos a todas las regiones. Lo cual requiere una planificación de nuestro tejido productivo, no solo industrial, sino en todos los sectores: el campo, la extracción y el aprovechamiento de las materias primas, el abastecimiento energético, las infraestructuras… y que las inversiones públicas (el texto habla solo de los fondos europeos) se repartan equitativamente por todo el territorio, y déjenme decirlo: que dejen de ser inversiones que las empresas aprovechan para «modernizarse» automatizando procesos y despidiendo a los trabajadores.
Por tanto, una federalización del Estado ciertamente debe incidir en la cohesión territorial vía desarrollo de la actividad económica e industrial de forma coordinada, planificada y equilibrada territorialmente, pero también por la vía de que la inversión pública se dedique a un sistema productivo público que garantice el abastecimiento energético, el desarrollo sostenible y el mantenimiento y creación de empleo digno, bien retribuido y con derechos.
Semblanza: Juan Lobato pertenece, por edad, a la generación Millenial. Licenciado en ADE y Derecho, es miembro del Cuerpo de Técnicos de la Hacienda Pública. Comenzó su andadura política institucional en Soto del Real, Ayuntamiento en el que fue elegido concejal en las elecciones municipales de 2003, pasando a ser alcalde en el periodo 2015 a 2021. Ha sido diputado de la Asamblea de Madrid en distintas etapas. Lidera el Partido Socialista Obrero Español en Madrid (PSOE-M) desde que fue elegido Secretario General en el XIV Congreso, celebrado en noviembre de 2021.
Pregunta.- ¿En vísperas del 41º Congreso Federal del PSOE, qué tres asuntos consideras de mayor relevancia, que incluso sean merecedores de un resolución de urgencia del plenario?
Una respuesta clara para apuntalar los servicios públicos especialmente en Madrid donde su desmantelamiento es muy grave. Es la sanidad y la educación, pero también es la vivienda pública donde después de 30 años de gobiernos del PP, el parque público de vivienda de alquiler es solo el 1% mientras en Europa, en regiones similares a Madrid, es un 20%.
Pregunta.- Eres el líder del Partido Socialista en Madrid, por tanto, permíteme esta pregunta ¿Crees que el PSOE en Madrid tiene la suficiente conexión con su base natural de votantes en Madrid para sacar del poder a la populista Ayuso?
La tuvo, y necesitamos seguir trabajando para recuperar la transversalidad y la confianza de una mayoría de madrileños que se sienten e identifican como demócratas de convicciones sociales.
Pregunta.- ¿Qué necesitas y qué habría que hacer para llevar al PSOE a gobernar Madrid, tras casi 30 años fuera del Gobierno autonómico?
Seriedad, rigor y solvencia en las propuestas que hacemos. También poner en valor y como tarjeta de presentación el extraordinario trabajo y buena gestión que hacen los alcaldes/as socialistas que hay en la Comunidad de Madrid, así como el Gobierno de España.
Todo esto mientras a diario no dejar de pisar barrios, municipios, empresas, colectivos sociales, comercios, universidades… La alternancia democrática en Madrid después de 30 años va a llegar trabajando duro, no hay otro camino.
Pregunta.- Por lo que te he podido escuchar en redes y medios, eres partidario de la reforma del modelo de financiación autonómica, aunque es un tema muy complejo ¿Es hora de una reforma constitucional que iguale a todos los territorios, incluidos Euskadi y Navarra, de modo que sean los territorios los que aporten al Estado, en función de su capacidad económica?
Todo el mundo coincide en la necesidad de reformar y actualizar un modelo que es fundamental para abordar el futuro. El mayor coste es no reformarlo porque España y sus Comunidades Autónomas lo necesitan. Justicia social y fiscal junto a corresponsabilidad fiscal son los pilares sobre los que debe sustentarse esta reforma.
Pregunta.- Hay derechos como la Sanidad, las Pensiones o la Vivienda que en la Constitución no están en el paquete de “Derechos Fundamentales ¿Qué opinas de que esos derechos y algún otro más, en una reforma constitucional, cambien su ubicación en la Carta Magna para ser derechos fundamentales?
Veo complicado armar mayorías suficientes para reformar la CE en estos momentos, pero hay decisiones que pueden blindar servicios públicos esenciales que en mi opinión es mucho más efectivo e inmediato para garantizar derechos fundamentales.
Pregunta.- ¿No crees que la Constitución del 78 necesita una reforma de calado, por acumulación de reformas, que la adecúen al siglo XXI?, incluyendo el excesivo aforamiento del Rey en el artículo 56.3.
La CE después de 46 años de vida es lógico que haya asuntos que exijan su reforma y actualización. Otra cosa es que haya mayorías que lo permitan. No hay que tener miedo a reformar la CE.
Pregunta.- Con una guerra en Ucrania que va camino de su tercer año, un Genocidio en curso en Palestina y Trump como presidente electo de la primera potencia mundial, qué mensaje piensas que debería emitir el Congreso, para el socialismo y la socialdemocracia del mundo, recordando que Pedro Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista desde hace dos años.
El derecho internacional si no se respeta terminará por decaer. En eso debemos poner todos los esfuerzos políticos y diplomáticos. Condena total al recrudecimiento de bombardeos sobre población civil. La destrucción y la muerte tiene que parar en Oriente Medio, y debemos exigir un alto el fuego, el cumplimiento del Derecho Internacional y dejar claro que España está siempre con la paz y la protección de civiles.
El mayor órgano de decisión del PSOE se reunirá en Sevilla para establecer los liderazgos y las líneas políticas, cruciales para abordar las reformas que la clase trabajadora necesita.
Continuamos en este número de Tribuna Socialista la sección especial congreso del PSOE que se mantendrá activa hasta su celebración. Una sección en la que los socios y socias de ASTRADE así como los lectores de TRIBUNA SOCIALISTA podrán publicar aquellos contenidos de relevancia para mejorar los derechos y libertades de la clase trabajadora de este país.
Defendamos la Sanidad Pública
Nuestro partido puede decir bien alto que lleva en sus genes la defensa de la Sanidad Pública.
En nuestra historia no ha habido Ministerio de Sanidad hasta finales de 1936, con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que constituyó el Gobierno de Largo Caballero, cuya titularidad ocupó Federica Montseny.
Siempre hemos batallado contra la idea liberal, conservadora y decimonónica, anclada en la edad media, de que el individuo debe atender sus problemas de salud. Así pensaban y piensan quienes no entienden el servicio público y a lo más que están dispuestos es a llegar a un servicio de beneficencia, de mínimos, que deje su conciencia tranquila y sirva de dique de contención frente a las clases populares que no pueden costearse una sanidad privada, de calidad, ni una educación privada para sus hijos e hijas, ni disponer de un ahorro mensual para un fondo privado de jubilación, ni pueden llevar a sus mayores a residencias privadas.
Frente al anacronismo de quienes nos presentan la falsa idea de “libertad” de elección, defendimos en el pasado la responsabilidad del Estado en el reconocimiento de los derechos sociales, como: la asistencia a los enfermos y ancianos, la protección a la maternidad y la infancia; o el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la protección ante la enfermedad, los accidentes, el paro forzoso, la vejez, la invalidez y la muerte. Con una especial protección de mujeres y jóvenes. Derechos básicos que continuamos defendiendo hoy.
La Ley 14/86, General de Sanidad, siendo ministro el compañero Ernest Lluch, estableció la universalización de la Sanidad para todos los residentes en España, uno de los importantes logros de esta Ley.
La Ley 14/86 fue innovadora en muchos aspectos y, si la Salud fuese un derecho fundamental, como debería de ser, la Ley 14/86 sería una ley orgánica que desarrollaría el Artº. 43: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”
Sin embargo, en los artículos 66 y 67 de la Ley 14/86, se introduce la figura de los “…convenios singulares con hospitales generales del sector privado que lo soliciten…”. Y en el Artº. 90 se estableció la posibilidad de “conciertos” para la prestación de servicios sanitarios con centros privados. Estos artículos contenienen limitaciones, tales como “…cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen…”.
El 26 de abril de 1997 entró en vigor la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Esta Ley, contradictoriamente a lo que dice su enunciado, no introduce ninguna nueva forma de gestión, pues en su único artículo y en su Disposición adicional única viene a abrir el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”.
La ley 15/97 abrió el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”
La Sanidad Pública tiene objetivos distintos a los que tiene cualquier entidad privada. El Estado está obligado a garantizar la protección de la salud de todas y todos los ciudadanos y a adoptar medidas preventivas. Mientras que las entidades privadas solo se deben al interés lucrativo de sus accionistas o partícipes. Estas pasadas décadas han demostrado que estos intereses son contrapuestos y que en no pocas ocasiones constituyen una vía directa a la corrupción.
La experiencia demuestra que los intereses de la sanidad pública y de las entidades privadas son intereses contrapuestos y constituyen una vía directa a la corrupción
La experiencia acumulada demuestra que destinar más de 8.000 millones anuales, del presupuesto sanitario público, a las empresas privadas dedicadas a la salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública. Fomentar la sanidad privada desde la esfera de lo público es regresar al pasado; a que cada individuo tenga que atender sus problemas de salud, a condición de que pueda hacerlo económicamente.
Destinar más de 8.000 millones anuales del presupuesto sanitario público a las empresas privadas de salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública.
En momentos distintos de la reciente historia se han ido transfiriendo las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, pero el Estado no se ha desentendido de la labor de coordinación de los servicios sanitarios, por lo que el servicio público básico de la Sanidad es una materia que no es ajena a ningún poder del Estado, pues tienen la competencia de coordinar los servicios sanitarios.
Los mismos poderes públicos a los que la Constitución les mandata “…organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, en la pandemia de 2020 y 2021 las medidas preventivas fueron cuestionables o llegaron tarde y hubo poderes públicos autonómicos que no solo no prestaron los servicios necesarios, sino que se los negaron a los usuarios de las residencias de mayores.
Algunas autonomías no solo no han prestado los servicios necesarios sino que se les negara a los usuarios de las residencias de mayores
Dada la gravedad de las consecuencias que la privatización de la Sanidad Pública está teniendo:
Que el contenido del artículo 43 de la Constitución pase a formar parte de un nuevo artículo de Título I, en su Capítulo segundo, sección 1ª “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Derogación de la Ley 15/97, en su integridad, y de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86.
Texto aportado por Roberto Tornamira, Afiliado de la Agrupación de Arganzuela PSOE-PSM, a las propuestas que Izquierda Socialista-PSOE realizará al
41º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español
A nombre de la discrepancia no vale trabajar para el contrario
En época de congresos se produce un fenómeno como el de las “Lágrimas de San Lorenzo”, pero menos estelar, consistente en personas y grupos que reclaman “integración”, “renovación” o “combate de la exclusión”. Sería loable que la ausencia de renovación se denunciase siempre, pues es una clara deficiencia democrática; aunque siempre he pensado que lo que funciona es mejor no tocarlo. En el caso de la exclusión o la no integración ocurre lo mismo, si es que es producto de una impermeabilización del “aparato” dirigente.
También es recurrente que, a nombre de la integración, la renovación y la no exclusión, haya personas y grupos que lo que están reclamando es el viejo “quítate tú, que me pongo yo”. Incluso hay quienes, habiendo perdido un Congreso, con un proyecto distinto e incluso contrario, pretenden formar parte de la dirección por encima de todo y de la democracia.
Es preocupante la falta de respeto que algunos compañeros como Emiliano García Page o Javier Lambán, que no pierden ocasión para ejercer de corifeos de las doctrinas de Felipe González y otros y otras. En absoluto comparto el culto al líder, ni el silencio ante todo lo que llegue de la ejecutiva de turno o del gobierno cuando somos parte de él.
Es preocupante la falta de respeto que algunos compañeros como Emiliano García Page o Javier Lambán, que no pierden ocasión para ejercer de corifeos de las doctrinas de Felipe González y otros y otras.
Sin embargo, a nombre de la discrepancia no vale trabajar para el contrario, que es lo que se hace cuando una y otra vez se toman posiciones coincidentes con la derecha a pelando al derecho a disentir.
No se puede criticar los pactos del Gobierno con los nacionalismos vasco, catalán o gallego y practicar o reclamar para tu comunidad autónoma un nacionalismo a nombre de la socialdemocracia. En el caso del PP es tremendo escuchar a Díaz Ayuso clamar contra el nacionalismo y ver como en Madrid se aplica un nacionalismo cañí con tufo falangista.
A lo largo de mi vida he escuchado muchas veces la teoría de que si no se pueda ganar a la derecha hay que girar a la derecha. Viene a ser aquello que José Bono expresa con su recomendación de “ir a pescar a los caladeros de la derecha”.
Estas tendencias comprensivas con la derecha, los que acusan a Pedro de Sánchez de izquierdista, en realidad lo que están planteando, con bastante claridad, aunque sin la gallardía de explicitarlo, es que hay que romper con Sumar, con Podemos, con ERC… y pactar con el PP. Sería un grave error que. De hecho, si Pedro Sánchez hubiese escuchado los cantos de sirena en 2016 o tras las elecciones de julio de 2023, hoy estaría gobernando el PP, es más, el PP de M. Rajoy continuaría en Moncloa.
Cómo alguien que se dice socialista, ni tan siquiera socialdemócrata, puede valorar la necesidad de pactar una y otra vez con la derecha, con los que se abrazan con Netanyahu, con los que claman por aplicar las políticas antiinmigración nítidamente fascistas de Meloni, con las que otorgan medallas a Milei. Me resulta incomprensible que quienes son o fueron líderes del PSOE cierren los ojos e incluso secunden la permanente acción golpista de la derecha, cuando utiliza las instituciones del Estado como la Justicia o el Senado para derribar al Gobierno salido de la voluntad del pueblo soberano. Da grima verles y escucharles en los medios de la derecha torpedeando al Gobierno.
Ni un paso atrás, se decía en la lucha antifranquista. Ni un paso atrás en las sendas que el Gobierno ha abierto para recomponer la convivencia con el pueblo catalán. Ni un paso atrás en la línea de avanzar hacia el federalismo. “No es No” a pactar con el nacionalismo españolista, excluyente e imperativo, que apesta a nacionalcatolicismo.
Los congresos abren la posibilidad de establecer un debate sobre cualquier tema, pero el debate no queda cercenado tras los congresos, y es en este sentido en el que hago un llamado al necesario debate en el seno del socialismo, crítico y autocrítico, para buscar un proyecto ilusionante que ponga la convivencia fraternal entre los pueblos por encima de las banderas, en base a la defensa de los público: la Sanidad, la Educación y las Residencias de mayores…, por tanto, rechazando y oponiéndonos con fuerza a las leyes privatizadoras y los conciertos. Un proyecto que defienda el Sistema Público de Pensiones con hechos y no solo con palabras.
Ni un paso atrás en las sendas que el Gobierno ha abierto para recomponer la convivencia con el pueblo catalán. Ni un paso atrás en la línea de avanzar hacia el federalismo. “No es No” a pactar con el nacionalismo españolista, excluyente e imperativo, que apesta a nacionalcatolicismo.
Necesitamos abrir un debate político, no tecnócrata, sobre el federalismo, que abra la vía hacia avances democráticos que verdaderamente hagan de nuestra sociedad merecedora del término democracia, sin componendas institucionales con el pasado franquista.
Necesitamos recuperar el gen internacionalista sin el cual el socialismo no se entiende, trabajando contra la guerra y el genocidio, sea en Ucrania, sea en Palestina, o donde sea.
Son muchos los aspectos que están pendientes de abordar, en busca de un socialismo que cuente con la pluralidad de pueblos que nos componen como Estado, respetando su historia, su cultura, su lengua y sus tradiciones, incluso su derecho a determinar su futuro. Unos valores que nos enriquecerán a todos y todas, con independencia de dónde hayamos nacido o dónde nos toque vivir.
Roberto Tornamira
Afiliado del PSOE-M en la Agrupación de Arganzuela
España tiene una oportunidad de oro de avanzar hacia un modelo federal de España que por una parte permita un mejor encaje de los pueblos de España, y que por otra parte permita mejorar la infrafinanciación autonómica que sufren el conjunto de comunidades. La derecha y ultraderecha españolas se oponen sistemáticamente a cualquier iniciativa del gobierno. En el caso de la financiación singular de Cataluña no podía ser menos. De todos es sabido que negar cualquier iniciativa que salga de Cataluña representa un aumento del rédito electoral para el PP y VOX (también para García Page). Pero negar la mejora de la financiación de Cataluña es también negar la posibilidad de mejorar la financiación de Andalucía y Valencia, que tienen estatutos de autonomía calcados al de Cataluña, y negar la posibilidad de que a corto y medio plazo, el resto de autonomías pueden imitar el modelo si modifican sus estatutos. La llamada financiación singular de Cataluña no es otra cosa que un modelo de financiación federal como el que tienen en Alemania, sin que a nadie se le ocurra decir que «Alemania se rompe». De hecho, en España ya coexisten 2 régimenes diferenciados, el de la financiación singular de Navarra y el Pais Vasco, y el regimen común, en el que hasta ahora están el resto de comunidades autónomas. Nada pasará si a ese regimen especial o singular se suma Cataluña, Andalucía y Valencia, si así lo desean, y sigue existiendo el regimen común para el resto de autonomías. Como decía anteriormente, Alemania es quizás el país que tiene el modelo que más se parecería a la financiación singular propuesta para Cataluña. Los länder alemanes recaudan en nombre del Gobierno federal los principales impuestos del país y se quedan con la parte que corresponde a las regiones. Los länder recaudan directamente IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. Los gobiernos regionales se quedan con una parte de los impuestos y el resto va al Estado. El reparto es distinto al que existe en España ya que a la regiones les corresponde el 42,5% del IRPF y el 50% del impuesto de sociedades. Tras recaudar el 100% de los impuestos se quedan con ese dinero y el resto se envía al Gobierno federal. Posteriormente es el Estado el que transfiere los recursos a los municipios o a las regiones que lo necesitan para equilibrar la financiación entre territorios especialmente con las regiones más pobres del país.
El modelo alemán puede servir de ejemplo para mejorar la financiación de todas las comunidades autónomas y acabar con el dumping fiscal que ejerce la comunidad de Madrid
En Alemania aunque los länder gestionan la mayoría de los tributos no tienen capacidad normativa pero pueden ejercer sus derechos a través del Senado. En España, en cambio, las comunidades autónomas apenas tienen capacidad de influencia en la política fiscal en el Senado (a pesar de que la constitución establece que el Senado debería ser la cámara de representación autonómica) pero sí que tienen capacidad normativa, con algunas competencias compartidas y otras exclusivas. La falta de capacidad normativa provoca que los länder no pueden subir los impuestos o bajarlos en las regiones como sí sucede en España, creando Dumping fiscal, como es el caso de Madrid, que baja los impuestos a las rentas más altas y a las empresas con el objetivo de competir deslealmente con el resto de comunidades. De hecho, el último ejemplo de dumping fiscal lo hemos tenido este mismo mes, en el que Renault ha decidido trasladarse de Valladolid a Madrid para ahorrarse impuestos, y la comunidad de Castilla Leon dejará de ingresar 282 millones de euros. A Ayuso ya le va bien, está dispuesta a renunciar a los impuestos para seguir privatizando la sanidad y la educación, y dejar morir a más ancianos en las residencias. La misma «libertad» de Ayuso es la de Milei en Argentina. Para ellos, decir «viva la libertad, carajo» es renunciar a los servicios públicos. Volviendo al tema de la financiación, mientras en Alemania los länders no pueden competir fiscalmente entre sí, en España sí que se puede, y de hecho se hace dumping fiscal. El modelo que prevé el pacto PSC-ERC para Catalunya aunque es similar al vasco, puesto que prevé quedarse con la recaudación y hacer una aportación al Estado, cuenta con elementos de corrección y estabilización como la cuota de solidaridad al estilo del sistema alemán para que todas las comunidades tengan un nivel de prestaciones similar. Esa “factura” solo quedará limitada por el principio de ordinalidad. Ese mecanismo prevé que Catalunya mantenga su puesto en el ránking de recursos antes de aportar a la caja común y después de recibir las cuantías correspondientes. En conclusión, España podría establecer sin problema una financiación singular para aquellas comunidades que lo deseen, compatible con el modelo de regimen común para el resto de autonomías, y acabar de una vez con la competencia fiscal de algunas autonomías como la de Madrid. De hecho, este sería un avance importante en sentido federal, siguiendo como ejemplo el modelo alemán.
Baltasar Santos 1er secretario PSC el Vendrell Miembro del comité de redacción de TS
Uno de los temas principales que los congresos sindicales y de partidos políticos deberían abordar es el del empobrecimiento de la clase trabajadora bajo economía de guerra. Introducimos el debate.
Solo hay que leer o ver las noticias de lo que pasa en el mundo, para darse cuenta del auge belicista existente a nivel internacional. Tanta información, tanta información sesgada que nos inmuniza ante la barbarie, máxime cuando no hay respuesta organizada para hacerle frente. El genocidio del pueblo palestino y la escalada del conflicto en oriente medio son, hoy día, el principal foco, que tiene como protagonista al estado sionista de Israel, con el criminal Netanyahu a la cabeza, a los gobiernos islamistas de Hamas o Hizbulá (entre otros), pero sobretodo, alimentado por la desidia de los gobiernos occidentales con intereses no solo geopolíticos, sino más bien económicos tanto por el negocio en la venta de armamento, los intereses en la apropiación de los recursos naturales de los países destruídos, y los intereses en la «reconstrucción» de lo destruído. La exigencia del fin al conflicto en oriente medio no puede constituir solo una declaración de buenas intenciones sino que debe materializarse en medidas concretas, como el fin del suministro de armamento a Israel, el fin inmediato del genocidio, el restablecimiento de los servicios básicos para la población palestina, sanitarios, educativos…; la ruptura de las relaciones bilaterales con el gobierno israelí…
La exigencia del fin al conflicto en oriente medio no puede ser solo una declaración de buenas intenciones, sino recoger medidas concretas
Aciertan los sindicatos británicos en su congreso del TUC, con la moción que añadimos en la sección de Tribuna Abierta de este numero de Tribuna Socialista. Otro de los focos bélicos en el mundo es la guerra de Rusia y Ucrania. Muchos son los factores que inciden en el origen y continuidad de este conflicto. Guerra de imperialismos, guerra económica por el control del Mar Muerto, Guerra por la energía, por el control de la producción agrícola…siempre con Estados Unidos por detrás, alimentando la venta de armas, haciendo negocio con su gas licuado, exigiendo economías de guerra en Europa y favoreciendo el crecimiento de la OTAN a costa de la provocación al criminal Putin. Las víctimas aquí no solo son el pueblo ruso y ucraniano, sino que los efectos de esta guerra que amenaza con convertirse en nuclear afectan a toda Europa y a África.
Las víctimas de la guerra de Ucrania no son solo el pueblo ruso y ucraniano, sino que afecta a toda Europa y África
La afectación de la guerra de Ucrania en Europa es bien sabida: aumento del coste de la energía, por tanto afectación a los hogares pero también a la industria, y a las economías de los países más industrializados (Alemania, Francia…). Afectación en el coste y en el propio suministro de los alimentos, que afectan en el encaremiento del coste de la vida para los europeos, y en la falta de grano, principal alimento en muchos países de África. Inflación, crisis energética, desindustrialización, desempleo, hambruna… en definitiva, destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora en el mundo.
La guerra de Ucrania está generando inflación, crisis energética, desindustrialización, desempleo, hambruna y en definitiva destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora
Todos estos efectos directos de la guerra no son sino un caldo de cultivo abonado para populismos, nacionalismos excluyentes y extrema derecha, con consecuencias también directas sobre los derechos y libertades de la clase trabajadora. Y otro de los efectos del auge belicista que provoca pobreza son los movimientos migratorios, que ponen a prueba la solidaridad internacional y a los maltrechos servicios públicos de cada país, y que se retroalimentan con más racismo y xenofobia, y por tanto con más confrontación entre clase trabajadora.
Las guerras y las economía de guerra también generan movimientos migratorios y de refugiados, que ponen a prueba la solidaridad internacional y a los maltrechos servicios públicos de cada país.
Completar un análisis exhaustivo de los conflictos en el mundo es tarea imposible para este artículo, pero podemos citar la intromisión internacional en Venezuela, con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales; los conflictos bélicos en África alimentado por la corrupción de unos gobiernos al servicio de los intereses de las multinacionales que expolian sus recursos naturales (diamantes, Coltán, Platino..); o las guerras en Sudán, Birmania, Etiopía, el Sahel…o la escalada de conflictos en el Mar del Sur de China. Siempre, detrás de estas guerras que diezman la población o les les hace abandonar sus hogares, hay detrás intereses de los países historicamente imperialistas como Francia, Alemania, Rusia, China o Estados Unidos, que además hacen gran negocio con el comercio de armas. Por ello, cuando decimos No a la Guerra, no es simplemente una declaración bienintencionada, pacifista y casi «hippy», sino que está cargada de razones materiales con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas, sobre el bienestar de la clase trabajadora, en España, en Europa y en todo el mundo.
«No a la Guerra», no es solo una declaración bienintencionada, pacifista y casi «hippy», sino que está cargada de razones materiales con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas, sobre el bienestar de la clase trabajadora, en España, en Europa y en todo el mundo.
Y desde un punto de vista local, en España nos sobran los motivos para posicionarnos en contra de las guerras, redefiniendo el papel de nuestros representantes. tanto en el gobierno como en las instituciones europeas y organismos internacionales bajo el paradigma del cuestionamiento de «¿a qué intereses sirven nuestros posicionamientos internacionales?»
En España, nos sobran los motivos para posicionarnos en contra de las guerras
La influencia de la economía de guerra sobre los salarios, sobre la cesta de la compra, sobre la energía, sobre los servicios públicos… todo ello debería ser objeto de resoluciones en los congresos de los partidos que se reclaman de la izquierda, y en particular, y por supuesto en el 31ª Congreso del PSOE, como principal partido de la clase trabajadora.
En los congresos de las organizaciones de la izquierda se pone en marcha una especie de ceremonia, más de forma que efectiva. El resultado es el desistimiento de un importante número de afiliadas y afiliados que a lo largo del tiempo han afianzado la percepción de que el resultado del congreso es como la comida de catering, que está precocinada. Ante lo que dejan de participar o directamente abandonan la organización.
En mi reflexión no estoy pensando en las organizaciones de la derecha: partidos y asociaciones patronales, las cuales son presidencialistas por naturaleza, con unos parámetros empresariales, aunque hayan adquirido el formalismo democrático para salvar las apariencias y cumplir la ley.
Sin embargo, tanto en las organizaciones de izquierda como de derechas, en los procesos congresuales en los que se produce la confrontación por la dirección, si que se incrementa notablemente el desarrollo democrático del proceso, pues todos se exigen mutuamente el cumplimiento escrupuloso de los estatutos, aunque el grupo que ostenta la dirección, lo que se conoce como “el aparato”, tiene la capacidad de interpretar dichos estatutos. Esto ocurre cuando se desata la lucha por el control de la organización, normalmente en detrimento del debate de las ideas.
Importantes partidos y sindicatos de nuestro país tienen ya fechados sus congresos en un espacio temporal de ocho o nueve meses:
UGT celebra su 44º Congreso Confederal, en Barcelona, del 25 al 27 de noviembre de 2024
PSOE celebra su 41º Congreso Federal, en Sevilla, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2024
ERC celebra un Congreso de carácter extraordinario el 30 de noviembre de 2024.
CCOO celebrará su XIII Congreso Confederal, en Madrid, del 19 al 21 de junio de 2025.
Podemos tiene previsto celebrar su V Asamblea Ciudadana en junio de 2025.
Cada organización tiene sus normas estatutarias, incluso sus usos y costumbres, a la hora de desarrollar el proceso congresual. También varía el procedimiento, y esto es lógico, en función del tamaño de la organización, es decir, el proceso se hace más complejo y laborioso cuanto mayor es el número afiliados y afiliadas que componen la organización.
Un hecho diferencial entre Podemos y las demás organizaciones es que funcionan con el modelo de “democracia participativa”, de carácter asambleario y las demás adoptan la “democracia representativa”, vía congresos, de abajo arriba o de arriba abajo, para el desarrollo de sus procesos.
Hechas las consideraciones objetivas, paso a la crítica positiva; a modo de sugerencia para el debate entre militantes.
La democracia deja de ser efectiva desde el momento en el que se establecen porcentajes y dificultades para que cualquier militante pueda participar en el congreso de su organización. Esto ocurre porque no todos y todas las militantes tienen acceso a los documentos que establecen las bases de la convocatoria o no con el tiempo de antelación suficiente.
La democracia deja de ser efectiva desde el momento en el que se establecen porcentajes y dificultades para que cualquier militante pueda participar en el congreso de su organización
Se establecen plazos cortos para presentar avales, en el caso de querer optar a la secretaría general. O se condiciona un número de avales que puede parecer poco en términos relativos, pero que en números absolutos es superior a la población de más del 60% de los municipios del Estado español. Por ejemplo, si para presentar candidatura a la secretaría general, en una organización de unos 200.000 afiliadas y afiliados censados, se exige el 3% de avales, estamos hablando de 6.000 avales ¿disponen todos y todas las afiliadas del censo del Partido para poder dirigirse a todas y todos los afiliados para proponerles el acto del aval? No ¿Desde una agrupación de un barrio o un pueblo, un militante tiene capacidad para, efectivamente, alcanzar ese número mínimo de avales? No. Sin embargo, desde la Dirección del Partido se dispone dele-mail, teléfono, dirección, etc., de todas y todos los afiliados y afiliadas y se cuenta con la inestimable colaboración de las federaciones y/o agrupaciones territoriales y locales.
Lo mismo ocurre para la elección de las delegaciones a los congresos extraordinarios en los que serán elegidos y elegidas las delegadas al congreso superior, proceso en el que se establecen plazos de 6 o 7 días para presentar candidaturas y para presentar avales, etc. En este caso, en las candidaturas, como en las elecciones generales, autonómicas o municipales, se abre la cuestión de si las candidaturas son abiertas o cerradas; un debate que va más allá de las fronteras de una organización.
¿disponen todos y todas las afiliadas del censo del Partido para poder dirigirse a todas y todos los afiliados para proponerles el acto del aval?
La democracia no es efectiva no solo cuantitativamente, también ocurre en lo cualitativo. Por ejemplo, en lugar de que todas y todos los militantes pudiesen enviar sus propuestas de acción política o sindical -dependiendo de qué tipo de organización- y que esas propuestas fuesen refundidas en un documento Base en el que estuviesen contenidas todas las reivindicaciones y necesidades desde abajo, lo que habitualmente se hace es que la Dirección encarga a un grupo, normalmente de afines o como mínimo mayoritariamente de afines, para que redacte un documente Base. Documento que, bastante voluminoso, llegará a las bases un mes antes del congreso, se les dará unos días, pocos, para que lo lean y hagan enmiendas que tendrán que obtener un porcentaje, por ejemplo: del 30% de sus asambleas de agrupación, con el único compromiso de ser debatidas y estudiadas en el ámbito territorial superior, donde, con un nuevo porcentaje, serán aprobadas las que obtengan otro 30% de todo el ámbito territorial.
Todo este farragoso proceso, que a mi modo de ver vicia la democracia, pone a salvo las posiciones políticas de la Dirección, pues “la cadena de mando”, en los hechos y a lo largo del complejo procedimiento, ya se ocupa de que no lleguen al congreso federal o confederal propuestas con las que unos pocos (la dirección) no están de acuerdo.
En ocasiones ha ocurrido que se ha escapado una propuesta que a la dirección le resulta incómoda: república, defensa de lo público… ese tipo de cosas que se suelen caracterizar por los hombres y mujeres de Estado como posiciones “antisistema”. En estos casos entran en funcionamiento todo tipo de argucias, que suelen llevar a cabo los famosos “fontaneros”, con un alto grado de presión contra los proponentes para que desistan de llevar al plenario tal o cual enmienda que ha superado todos los filtros.
El farragoso proceso (redacción de ponencias y presentación de enmiendas), que a mi modo de ver vicia la democracia, pone a salvo las posiciones políticas de la Dirección
Este proceder lleva a que cada día sean más los y las militantes que se abstienen de participar en el proceso congresual, tanto de acudir como de escribir, quedan así las manos libres a quien ostenta el poder dentro de las organizaciones; grupos que se enquistan durante años y terminan apropiándose de una organización que por naturaleza es de los militantes y no de uno o varios.
Cada día son más los militantes que se abstienen de participar en el proceso congresual, tanto de acudir como de escribir, quedando así las manos libres para los que ostentan el poder dentro de las organizaciones
Si tal o cual dirección de una organización influyente en la vida democrática de una sociedad es cooptada por intereses espurios a la organización, pues terminamos entendiendo la brecha, cada vez mayor, que se ha abierto entre bases militantes y dirección y que el sentir de la mayoría social sea de rechazo a la política. Pero esto de la cooptación lo dejo para en próximo número, junto con lo de las listas abiertas o cerradas.
Abrimos en este número de Tribuna Socialista una sección especial congreso del PSOE que se mantendrá activa hasta su celebración. Una sección en la que los socios y socias de ASTRADE así como los lectores de TRIBUNA SOCIALISTA podrán publicar aquellos contenidos de relevancia para mejorar los derechos y libertades de la clase trabajadora de este país
El Partido Socialista afronta una nueva etapa con la convocatoria del 41º Congreso Federal Ordinario para los próximos días 29 y 30 de noviembre, y el 1 de diciembre, en Sevilla. Tribuna Socialista no es un órgano de comunicación del PSOE. Sin embargo, la difusión de TS tiene una amplia aceptación entre las agrupaciones socialistas, y entre la militancia socialista. Por ello, y habida cuenta de la importancia de este Congreso para la definición de las políticas y estrategias más necesarias para la clase trabajadora, y habida cuenta de que el PSOE es el partido de referencia para la mayoría de trabajadores de nuestro país, creemos que los debates que tengan lugar en este congreso son de interés para todos nuestros lectores. Un congreso que se celebra en otoño igual que los congresos de la UGT, de ERC de Junts, del PNV y de SUMAR. Por tanto, en pocos meses, los diferentes partidos políticos van a definir no solo sus políticas sino también los liderazgos y estrategias. Para la clase trabajadora en su conjunto, es fundamental que los liderazgos y políticas que se definan respondan al interés de la mayoría social y que, por tanto, sirvan para afianzar acuerdos entre los partidos que dieron apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y la conformación de un gobierno de progreso, con el objetivo de avanzar en el progreso colectivo de nuestro país. En el capítulo de liderazgos, el actual secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a presentar su candidatura a la reelección al cargo orgánico. Veremos en las próximas semanas si los barones críticos con la política de pactos del partido, y críticos con los indultos y la amnistía y, que en general, defienden posiciones más próximas a la derecha centralizadora, logran presentar sus alternativas a la deliberación del congreso. En cuanto al contenido del Congreso, el 25 de octubre se remitirá a todo el partido la ponencia marco y el informe de gestión de los órganos federales del partido. Las asambleas de las Agrupaciones Locales podrán proponer sus enmiendas hasta el 4 de noviembre. Estas aportaciones se recogerán en una memoria definitiva el 19 de noviembre. En definitiva, el congreso del PSOE llega en un momento crucial, de grandes desafíos para nuestra democracia: la apuesta federalista, la financiación autonómica, la mejora de los servicios públicos, el auge de la ultraderecha, la regeneración democrática, el cambio climático, la igualdad, la vivienda o la posición y papel de España en un contexto internacional, marcado por la escalada belicista, y por el genocidio del pueblo palestino a manos del infame Netanyahu.
La estrategia seguida por la derecha política, judicial y mediática desde las últimas elecciones al Congreso de los diputados ha sido la negación de la legitimidad del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero, por los acuerdos de investidura, luego por la ley de amnistía, las últimas semanas la financiación singular de Cataluña.
Efectivamente, la ley de amnistía ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha para cuestionar la legitimidad no solo del gobierno de Pedro Sánchez sino también de cualquier acuerdo que alcance la mayoría parlamentaria que le invistió.
Tras el fracaso de la investidura de Feijoo, al no reunir la mayoría parlamentaria necesaria, el PSOE comenzó a negociar con el resto de partidos del arco parlamentario con la intención de conseguir la investidura de Pedro Sánchez.
Desjudicializar la política, y devolver los conflictos políticos a la política, ha sido una constante del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero fue la constitución de una mesa de diálogo, luego la aprobación de los indultos, y después, la ley de amnistía, que forma parte de los acuerdos entre los partidos de la investidura. Justo, la estrategia opuesta a la que había practicado el PP, tanto bajo el liderazgo de Rajoy como con Casado, y ahora con Feijoo.
La derecha ha utilizado la ley de amnistía para cuestionar la legitimidad tanto del gobierno de Pedro Sánchez como de cualquier acuerdo que alcance la mayoría parlamentaria que le invistió
Digo que defender la ley de amnistía es defender la democracia, porque ha sido una ley aprobada por la mayoría de diputados y diputadas elegidos por el pueblo. Por ende, oponerse a su aplicación es oponerse a la democracia parlamentaria, y en esa línea están alineados PP y VOX, pero también parte de los jueces que se niegan a aplicarla. De hecho, de las 486 personas que podrían beneficiarse potencialmente la amnistía, según la Fiscalía General del Estado, solo se ha aplicado a 108 personas, la mayoría policías.
Defender la ley de amnistía es defender la democracia, porque ha sido una ley aprobada por la mayoría de diputados y diputadas elegidos por el pueblo
Se está dando una oposición radical de algunos jueces, como Llarena en la aplicación de la Ley de amnistía, aprobada por el Congreso de los diputados.
De las 486 personas que podrían beneficiarse potencialmente la amnistía, los jueces solo la han aplicado a 108 personas, la mayoría policías.
Paralelamente, el PP sigue atacando, presentando recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía por parte de sus gobiernos autonómicos, cuyo trámite ha sido suspendido por el TC por no considerar que se vulneren competencias autonómicas. Llama la atención poderosamente, que junto a las 15 autonomías que han presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, también presentó recurso el gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, que de esta forma, contradice lo que los diputados y diputadas castellanomanchegos habían votado en Las Cortes.
García-Page se ha alienado con el PP para la presentación de recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, contraviniendo la decisión de los diputados y diputadas castellano-manchegos que la votaron a favor
Por ello, saludo con satisfacción el comunicado de izquierda socialista de Castilla la Mancha (publicado en la sección de Tribuna Abierta, en este número de Tribuna Socialista), posicionándose en favor de la Ley de Amnistía, en favor de sus diputados y diputadas, y exigiendo la retirada inmediata del recurso presentado por Page, y que augura un congreso regional tenso entre los que defienden la legitimidad democrática de lo aprobado en el congreso de los diputados, y Page, siempre alineado con los gobiernos del PP. No me cabe duda, que el 41ºCongreso ha de cerrar filas en defensa de la convivencia entre los pueblos, en defensa de la ley de amnistía, en defensa de la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez, y en defensa de la democracia.
Baltasar Santos 1er Secretario PSC-el Vendrell Comité de redacción de TS
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