Declaración de ASTRADE sobre el mal llamado acuerdo de paz para Gaza


Tras el genocidio, llega el negocio

El mundo se ha dislocado. Los ataques contra la clase trabajadora y los derechos de los pueblos son más brutales que nunca. En esta declaración podíamos hablar de lo que está sucediendo en Francia o de la guerra de Ucrania, que también forman parte de esa dislocación, en la que el capital financiero no tiene otra salida que alimentar el negocio de la destrucción: destrucción de derechos laborales y sociales, como se pretende en una Francia, aun a riesgo de llevarse por medio a la mismísima V República; destrucción física de personas territorios, como sucede en Ucrania, con el “botín” de la energía, la agricultura y las tierras raras como telón de fondo; o como sucede en Palestina, donde se masacra al pueblo gazatí para después someterlo a la esclavitud y el apartheid en una zona franca, sin derechos, que se convertirá en la “nueva Gaza”, el sueño dorado de cualquier especulador o fondo buitre; y por encima de todo, el negocio de la destrucción que, en sí mismo, supone la industria del armamento.

Por la importancia y la solidaridad que el sufrimiento y la resistencia palestina tiene para la clase trabajadora del mundo entero, decidimos dedicar esta editorial al mal llamado “acuerdo de paz”, ratificado el lunes 13 de octubre en el show de Trump, presentado en Egipto.

El “plan de paz” que Trump ha diseñado junto a Netanyahu, no pasa de ser un alto el fuego, que veremos su duración. Israel obviamente ha escenificado que lo acepta y a Hamás no le ha quedado otra salida que firmarlo, para frenar el exterminio y parar la hambruna, a cambio de una serie de condiciones que someten un más, si cabe, al pueblo palestino.

Después del Genocidio cometido por el Estado sionista de Israel, llega Trump, para liderar las hordas de carroñeros del capital financiero que han puesto sus ojos en la “reconstrucción” de Gaza.

Como también pretender hacer en Ucrania, la propuesta de Trump supone la imposición de una capitulación total para el pueblo palestino, una bendición del genocidio perpetrado por el gobierno sionista de Israel y una vía abierta para los intereses especulativos del capital.

Sin duda alguna, la parte positiva es el fin de las bombas y la matanza indiscriminada de gazaties, a cambio de consolidar a Israel como un estado colonialista bajo la tutela de Estados Unidos y sus aliados en occidente negando el reconocimiento del Estado Palestino.

Veamos punto por punto, los acuerdos firmados el 13 de octubre:

  1. “Gaza será una zona libre de terrorismo, desradicalizada, que no representará una amenaza para sus vecinos”. Es decir, toda oposición al régimen de Apartheid del estado sionista de Israel será disueltos, y sus miembros tratados como terroristas.
  1. «Se reconstruirá Gaza en beneficio de su población, que ya ha sufrido más que suficiente«. Los palestinos serán mano de obra barata, al servicio del capital especulativo, muy probablemente para la construcción de los complejos turísticos anunciados por Trump. Quizá una zona franca libre de impuestos y de derechos laborales.
  1. «Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de manera inmediata. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes. Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y se congelarán las líneas de batalla hasta que se cumplan las condiciones para la retirada escalonada completa.» De momento, se ha producido un alto el fuego, pero las tropas israelís siguen presentes, sin compromiso cierto de retirada.
  1. «En un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente este acuerdo, serán devueltos todos los rehenes, vivos y fallecidos». Lo que es una buena noticia, aún lo es más para Netanyahu que estaba muy presionado por parte del propio pueblo israelí para liberar a los rehenes y poner fin al conflicto.
  1. «Cuando todos los rehenes sean puestos en libertad, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua más 1.700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a las mujeres y los niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean entregados, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos». Significa la liberación de todos los presos israelís, pero no de todos los presos palestinos, que llevan años en las cárceles israelís (años antes del 7 de octubre de 2023). Datos publicados por la BBC, aludiendo a fuentes del Ministerio de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos, a principios de este año había 10.200 palestinos y palestinas en cárceles israelitas; un tercio de ellos y ellas sin haber pasado por juicio alguno.
  1. «Una vez devueltos todos los rehenes, se les dará amnistía a los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a desmantelar sus armas. A los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza se les proporcionará un pasaje seguro a los países de acogida.», Desarme y exilio de los miembros de Hamás. Palestinos que se unirán a los 7,5 millones que han sido expulsados de su tierra a lo largo de 8 décadas, incluyendo los que sobreviven como pueden en los campos de refugiados de Líbano, Siria o Jordania, y en los campos de refugiados de la propia Gaza y Cisjordania.
  1. «Después de que se acepte este acuerdo, se enviará inmediatamente toda la ayuda a la franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán coherentes con lo comprometido en el acuerdo del 19 de enero de 2025 relativo a la ayuda humanitaria, incluida la rehabilitación de infraestructuras (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada del equipo necesario para retirar escombros y abrir caminos.». Ayuda humanitaria a cambio de la rendición de Hamás.
  1. «La entrada de la distribución y la ayuda en la franja de Gaza se realizará, sin interferencias de las dos partes, a través de las Naciones Unidas y sus agencias, y la Media Luna Roja, además de otras instituciones internacionales no asociadas en modo alguno con ninguna de las partes. La apertura del paso fronterizo de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo aplicado en virtud del acuerdo del 19 de enero de 2025». Más condiciones para la ayuda humanitaria.
  1. «Gaza se regirá bajo el gobierno transitorio temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable del funcionamiento cotidiano de los servicios públicos y los cuerpos de gobierno para la población de Gaza». Es decir, Gaza será gobernada de forma no democrática.
  1. “Este comité estará compuesto por palestinos calificados y expertos internacionales, con la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la “Junta de la Paz”, que estará encabezada y presidida por el presidente Donald J. Trump, con otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán, incluido el ex primer ministro Tony Blair”. Trump se proclama “amo y señor” de Gaza, y gobernará de facto, por encima de Blair, miembro del conocido «trío de las Azores» junto Bush y Aznar.
  1. «Este órgano establecerá el marco y se encargará de la financiación de la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas, tal como se esboza en diversas propuestas, incluido el plan de paz de la presidencia de Trump en 2020 y la propuesta saudita-francesa, y se pueda retomar el control de Gaza de forma segura y efectiva. Este organismo recurrirá a las mejores normas internacionales para crear una gobernanza moderna y eficaz que sirva a la población de Gaza y sea propicia para atraer inversiones«. Es decir, Trump será el responsable de la reconstrucción de Gaza y de atraer inversores, por lo que ha puesto al frente del “negocio” a su yerno, Jared Kushner, para la construcción de la zona franca comentada en el punto 2.
  1. «Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y darle energía a Gaza convocando a un grupo de expertos que han ayudado a crear algunas de las modernas y prósperas ciudades de Medio Oriente. Grupos internacionales bienintencionados han elaborado muchas propuestas de inversión meditadas e ideas de desarrollo apasionantes, que se tendrán en cuenta para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza que atraigan y faciliten estas inversiones que crearán empleo, oportunidades y esperanza para la Gaza del futuro». Por si no quedaba claro lo del negocio de Trump y su comparsa de carroñeros.
  1. «Se establecerá una zona económica especial con tarifas arancelarias y de acceso preferencial que se negociarán con los países participantes». Por si no quedaba claro lo de la zona franca libre de derecho laborales y aranceles. Para los incrédulos, recuerden la pretensión del inversor Sheldon Adelson de instalar una sucursal de Las Vegas en Europa, concretamente en Alcorcón (Madrid), cuyas condiciones era tan leoninas que ni Esperanza Aguirre fue capaz de implementarlas.
  1. «No se obligará a nadie a abandonar Gaza, y quien desee marcharse será libre de hacerlo y de regresar. Animaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor.» Lo que se suele decir «lentejas, sino te gustan las dejas» como si al pueblo palestino le quedara otra opción. El acuerdo nada dice de la posibilidad de regreso de más del 70% de la población palestina que, desde 1948 ha ido siendo expulsada de su tierra y que vive exiliada.
  1. «Hamás y otras facciones acuerdan no desempeñar ningún papel en el gobierno de Gaza, ni directa, ni indirectamente, ni de ninguna forma. Todas las infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, serán destruidas y no se reconstruirán. Habrá un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, el cual incluirá poner fuera de uso las armas de manera permanente mediante un proceso acordado de desmantelamiento, que será apoyado por un programa de recompra y reintegración con financiamiento internacional, todo ello verificado por los observadores independientes. Nueva Gaza se comprometerá plenamente a construir una economía próspera y a coexistir pacíficamente con sus vecinos.» Es decir, se cercena la capacidad de autodeterminación del pueblo palestino y se deja a los gazatíes indefensos ante las arbritrariedades de Trump, Netanyahu, Blair y sus secuaces.
  1. «Los socios regionales proporcionarán una garantía para asegurar que Hamás, y las facciones, cumplen sus obligaciones y que Nueva Gaza no representa ninguna amenaza para sus vecinos ni para su población.». Sin comentarios.
  1. «Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por su sigla en inglés) temporal que se desplegará inmediatamente en Gaza. La ISF entrenará y prestará apoyo a las fuerzas policiales palestinas de Gaza que hayan sido investigadas, y consultará con Jordania y Egipto, quienes tienen amplia experiencia en este campo. Esta fuerza será la solución de seguridad interna a largo plazo. La ISF colaborará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recién formadas. Es fundamental impedir que entren municiones en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo de desactivación de conflictos«. ¿No estaban para eso los cascos azules de la ONU? Pues parece ser, que no. Trump quiere asegurarse de que las tropas le obedezcan solo a él, y que colaboren con su fiel aliado, el ejército sionista.
  1. “Israel no ocupará ni se anexionará Gaza. A medida que la ISF establezca control y estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se retirarán basándose en normas, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las IDF, la ISF, los garantes y los Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto o sus ciudadanos. En la práctica, las IDF entregarán progresivamente el territorio de Gaza que ocupan a la ISF, de acuerdo con un acuerdo que alcanzarán con la autoridad de transición, hasta que se retiren completamente de Gaza, salvo por una presencia de perímetro de seguridad “. Es decir, que el ejército israelí seguirá ocupando parte de Gaza por tiempo indefinido, y no se retirará completamente. Además de garantizar que Gaza continuará siendo una cárcel a cielo abierto, de ahí el “perímetro de seguridad” -un eufemismo para no llamarlo cercado-.
  1. «En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, todo lo anterior, incluida la operación de ayuda ampliada, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo entregadas por las FDI a la ISF«. Israel tendrá la excusa perfecta para no retirarse si las tropas de Trump deciden que Hamás se retrasa o no colabora.
  1. «Se establecerá un proceso de diálogo interconfesional basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para intentar cambiar las mentalidades y las narrativas de palestinos e israelíes, haciendo hincapié en los beneficios que pueden derivarse de la paz». ¿Pueden imaginar lo que puede ser un proceso de mediación liderado por Trump, bajo la coacción y la amenaza permanente del pueblo palestino? ¿Mediación entre dos, pero sin contar con una de las partes?
  1. «Mientras avance la reconstrucción de Gaza y se lleve a cabo fielmente el programa de reforma de la AP, puede que por fin se den las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado de Palestina, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino.» No se reconoce el Estado palestino, más que como aspiración del pueblo palestino, y se niega cualquier posibilidad en el presente o en el futuro inmediato de reconocimiento del Estado palestino, aspiración que Netanyahu ya se ha encargo de negar.
  1. «Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera» ¿Quiénes son esos palestinos con los que se establecerá un diálogo, si están muertos, esclavizados o exiliados?

Como los lectores de Tribuna Socialista podrán apreciar, la detención, como mínimo temporal del genocidio del pueblo palestino, es un chantaje sin precedente que no augura ninguna paz duradera. Palestina ha sido sometida a su venta al mejor postor, que en este caso es Donald Trump, que se autoproclama Imperator vero del mundo y amo y señor de «nueva Gaza», condenando al pueblo palestino a la ocupación y la injusticia social, a cambio de que Israel deje de matar a los hijos de Palestina.

Es evidente que el fin de las muertes de palestinos es necesaria, aunque, tras el 13 de octubre, el Estado sionista de Israel continúa disparando impunemente contra palestinos desarmados. Son muchos los motivos que nos impiden llamar a este vodevil ideado por Trump «acuerdo de paz».

Animamos a la militancia socialista, y a todo aquel que se reclame del género humano, a seguir resistiendo y movilizándose, a organizarse para detener la barbarie de todos aquellos que se arrogan el poder de decidir sobre la vida o la muerte de inocentes.

No habrá justicia mientras los territorios ocupados ilegalmente desde 1948 sean devueltos al pueblo palestino, ni en tanto que no sean juzgados Netanyahu y todos los miembros de su Gobierno genocida.

La Junta Directiva
16 de octubre de 2025

Apoyo de ASTRADE a las movilizaciones del dia 3 de octubre en Berlín y Stuttgart


A: los organizadores de las movilizaciones en Alemania el 3 de octubre de 2025

19 de septiembre de 2025

Estimados compañeros y compañeras:

La Junta Directiva de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), a través del Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), hemos tenido noticia de la preparación de manifestaciones contra la guerra y contra la guerra social que sufrimos todos los pueblos, como derivada del conflicto bélico en Ucrania.

La guerra, como el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza desde hace dos años, es una agresión contra todos los pueblos. Es la manera que los poderosos tienen de dirimir sus conflictos, principalmente de carácter económico, con consecuencias de muerte, pobreza y destrucción de derechos para la gran mayoría social. Es un mensaje de hasta donde están dispuestos a llegar para defender sus privilegios.

Los acontecimientos del 14 de septiembre en Madrid, contra la participación del equipo ciclista de Israel en La Vuelta a España; en protesta por el genocidio en Palestina, demuestran que solo la movilización decidida y en unidad anima a los gobiernos a tomar acciones en la línea de las prioridades de los pueblos.

La vergonzante posición de las instituciones europeas y los gobiernos de los países miembros, con independencia de que unos se humillen más que otros ante el imperialismo estadounidense y el sionismo israelí, hace necesaria y urgente la respuesta de los pueblos y los trabajadores de Europa.

Celebramos y apoyamos por tanto las movilizaciones que: partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones estáis preparando para el 3 de octubre en Berlín y Stuttgart, contra la guerra y contra el genocidio. Os deseamos un gran éxito, pues vuestro éxito será parte de la victoria de todos los pueblos.

La Junta Directiva
ASTRADE

El blindaje de las pensiones

El 26 de mayo se celebró el acto que tuvo que ser suspendido el 28 de abril, con motivo del apagón sufrido en la península Ibérica. Acto organizado por ADEPPU, al que fui invitado en calidad de presidente de ASTRADE. Compartí debate con los compañeros y compañeras de cartel, sobre un tema tan importante y complejo como el Sistema Público de Pensiones.

El acto se celebró en el Centro de Mayores “Infante Don Juan”, en el distrito de Moncloa. Como quedó patente en el debate mantenido, las pensiones es un asunto que atañe de forma directa 31 millones de habitantes, más del 63% de la población: cotizantes + pensionistas, e indirectamente a las familias de todos ellos y ellas. El hecho haberse celebrado en un centro de Mayores no significa que este sea un asunto de la sola incumbencia de los y las pensionistas.

Los intervinientes coincidimos en la necesidad de blindar las pensiones como derecho; hubo quién planteó que el texto constitucional debe mencionar explícitamente que las pensiones públicas no se puedan privatizar, en concreto el compañero, de la MERP, aludiendo al caso de Chile y las AFP, un sistema de capitalización individual gestionado por fondos de inversión internacionales. Un modelo impuesto por la dictadura pinochetista al inicio de la década de los años 80 de pasado siglo. Curiosamente, cuando comenzaron a publicarse artículos y libros de “expertos” teorizando la insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Para quienes no creemos en las casualidades, esos “expertos” no pasan de ser asalariados al servicio de entidades financieras, aseguradoras y fondos de inversión. 45 años después, el pueblo chileno comprueba que aquello fue un atropello más de la dictadura; a la vista de la situación de las pensiones en Chile y la de otros sistemas como por ejemplo el español. Los análisis de dichos “expertos” han ido modificándose a medida que iban venciendo las fechas pronosticadas y se verificaban como falsas, pues los sistemas públicos de pensiones continúan sanos y son perfectamente viables. Por el contrario, los planes de pensiones privados están sufriendo los vaivenes de las bolsas, según sople la ventolera en la Casa Blanca o las crisis económicas periódicas intrínsecas al sistema económico liberal.

Continuando con la necesidad de blindar las Pensiones Públicas, en mi opinión, y así lo expuse en el acto, es necesario concretar y que esta voluntad política se plasme en una reforma constitucional que sitúe el derecho a la pensión en la sección 1ª del Capítulo Segundo, de manera que sea un derecho fundamental; reforma constitucional y en el mismo sentido que debería extenderse a derechos como la Sanidad, la Educación y la Dependencia, si queremos, de verdad que cada vez que cambiamos de gobierno no nos cambien la ley -en Educación es fácil de entender a qué me refiero-.

También plantee que se deberían blindar las pensiones culturalmente, es decir, haciendo una campaña desde donde corresponda: el Gobierno de España, el Ministerio de Seguridad Social o el de Educación, informando y formando a la sociedad en su conjunto, a los y las jóvenes en particular, sobre la naturaleza de las pensiones y como se nutren. Desgraciadamente, un elevado porcentaje de la sociedad tiene una gran confusión a este respecto. La campaña que sugiero, debería dejar claro que el sueldo de los trabajadores asalariados por cuenta ajena, y también las percepciones de los autónomos, tienen tres partes: el salario directo, el neto a percibir cada mes; el salario indirecto, el que recibimos cuando somos atendidos en un hospital, por nuestro médico de Atención Primaria o cuando el profesorado educa a nuestros hijos e hijas, servicios que son pagados con el IRFP y el ajuste anual en la campaña Renta, o sea, con los impuestos; y el salario diferido, que se compone de la cotización del trabajador y del empresario, detraídas ambas del salario mensual.

Si lo anterior quedase claro, al menos para 21.765.400 de ocupados (dato de la EPA del primer trimestre de 2025), quedarían blindadas las pensiones en el conocimiento colectivo.

Mantengo mi afirmación de que las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, son salario de los trabajadores, en nuestro sistema de solidaridad y reparto, del que los gobiernos solo tienen la competencia de gestionar, nunca de disponer de un dinero que es de las pensiones, es decir, de los y las cotizantes.

A partir de lo anterior, se abordó la necesidad de que el gobierno cumpla con el mandato establecido en la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021, de encargar un Informe de Auditoría, que debería de llevar a cabo el Tribunal de Cuentas del Estado, por ser una institución del Estado independiente de quién debe encargar el informe y por ser quien en 2020 hizo público un informe sobre la Seguridad Social en el que se determinaba que, del periodo 1989 – 2013, el Estado le debe a las pensiones más de 103.000 millones de euros, en concepto de gastos indebidos, concretamente porque los gobiernos de ese periodo utilizaron indebidamente el dinero de las pensiones de jubilación para pagar los complementos a mínimos, cuando esos complemento deben pagarse con dinero de los impuestos. Recordé que el ministro de Seguridad Social, en el periodo 2020-2023, el señor Escrivá, dijo en abril de 2023 que la deuda del Estado con las pensiones ascendía ya a 140.000 millones de euros.

El Secretario Federal del PSOE para el Pacto de Toledo, Iván Fernández, informó en este punto que el actual gobierno está poniendo 25.000 millones cada año para evitar la utilización indebida del dinero de las pensiones, información que todos los presentes celebramos. Sin embargo, y siendo importante que el actual gobierno no esté ampliando la deuda del Estado con la caja de las pensiones, recordé que la Ley 21/2021 establece que el informe de Auditoría, pendiente de encargar, abre el periodo de 1967 a 2020, por lo que cabe pensar, en buena lógica aritmética, que la deuda con el Sistema Público de Pensiones debe ser bastante más elevada que 140.000 millones de euros. Realizar la Auditoría es por tanto blindar las pensiones desde el punto de vista económico, siempre y cuando el Estado haga efectiva la devolución del dinero.

Por último, Elena Asensio, de MPM, criticó que el Gobierno haya abierto la ley a que las empresas puedan acordar Fondos Complementarios en los convenios colectivos; lo que siempre se ha conocido como “previsión social”, y que las empresas se puedan estar beneficiando de ello.

Todos estuvimos de acuerdo en que este es un asunto complejo, que daría para un debate en sí mismo. No obstante, como conocedor del tema, por haber sido representante sindical del sector financiero, además de trabajador de este sector, el cambio sustancial que ha aparecido es que, antaño los trabajadores de las grandes empresas, en sus convenios sectoriales, recibían aportaciones anuales a estos Fondos, mientras que ahora se está haciendo que los trabajadores aporten dos veces: una de forma directa, detrayendo del sueldo una cantidad mensual, y otra como siempre ha sido; haciendo la empresa la aportación al 100% siendo salario diferido, complementario a la cotización a la Seguridad Social.

Con esto se abre la puerta a posibles bonificaciones y/o exenciones en las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social, lo que equivaldría a decir que las empresas reciben dinero de las pensiones, lo cual es como poco una imprecisión, propia de un tema arduo.

Termino dando las gracias a los organizadores, y a la compañera Leonor Moggio en particular, por organizar estas reuniones de trabajo y por tener siempre en cuenta a la Asociación Trabajo y Democracia.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

Crónica del acto del 13 de mayo. ASTRADE

Guerra en Ucrania: antecedentes y consecuencias de la paz impuesta por los USA

ASTRADE organizó el día 13 de mayo un acto debate bajo el título que encabeza esta crónica. Participaron como ponentes: Manuel Pardo de Donlebún, Manuel Ruiz Robles y Baltasar Santos Fernández, quienes intervinieron en el orden en el que figuran en el cartel de la convocatoria.

El acto fue dirigido y moderado por Miguel Sagüés Navarro, socio fundador de ASTRADE y miembro de su Junta Directiva. Abogado laboralista de CCOO, jubilado.

Los ponentes coincidieron en la visión general de que Europa lleva más de tres años sufriendo una guerra en territorio ucraniano, de la que la opinión pública sabe poco y lo poco que sabe llega intoxicado por los intereses de los protagonistas reales de esta confrontación: Rusia y la OTAN, aunque los muertos los estén poniendo el los pueblos ruso y ucraniano.

Se hizo alusión a la historia de lo que es hoy la República de Ucrania, desde el s. IX con la Rus de Kiev, pasando por la invasión mongola del s. XIII, hasta su incorporación a la URSS en el s. XX, tras la Revolución proletaria de 1917. Su devenir histórico no es ajeno a su posición geoestratégica en la Europa oriental. Un territorio habitado por gran diversidad de poblaciones de distintos orígenes, que hablan distintas leguas de origen eslavo, siendo mayoritarios los hablantes de ucraniano (lengua oficial) y los ruso-parlantes muy mayoritarios en el este del país.

Igual que el resto de países de la esfera del extinto Pacto de Varsovia, Ucrania ha recibido presiones por parte de “occidente” desde los años 90 del pasado siglo, para que se desligase de la influencia rusa y que se acercase a la esfera de la Unión Europea. Se recordó que la OTAN comenzó su expansión hacia el Este europeo en 1990 pocos meses después de la caída del Muro de Berlín, empezando por la reunificación alemana y la incorporación de la Alemania unificada a la OTAN; la incorporación de Polonia, Hungría y la República Checa a la OTAN en 1999; de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia en 2004; Albania y Croacia en 2009; Montenegro en 2017; y Macedonia del Norte en 2020. Países a los que se han añadido Finlandia y Suecia en 2023 y 2024, respectivamente, ya iniciada la guerra en territorio ucraniano.

Esta expansión de la OTAN en dirección a la frontera rusa se ha producido a pesar del compromiso que el presidente de los EE.UU., George H.W. Bush alcanzó con Gorvachov; compromiso que quedó plasmado en el memorándum que Helmut Kold envió, en nombre de la OTAN, al líder soviético en febrero de 1990.

En paralelo a esta evolución histórica, las relaciones comerciales con Rusia se mantuvieron durante los tres primeros lustros del presente siglo, ya con Putin en el poder, desde diciembre de 1999.

Un punto de inflexión tuvo lugar en 2014, en paralelo a la expansión de la estructura militar (OTAN) hacia el Este, cuando se abrió el debate en Ucrania entre pro rusos y pro europeistas, y el gobierno de Yanukóvich (pro ruso) se negó a firmar el tratado de Asociación con la UE -tratado de carácter comercial que Putin intentó desactivar, por ejemplo, con la compra por parte de Rusia de 15.000 millones de dólares en eurobonos ucranianos y un precio especial en el gas ruso suministrado a Ucrania-, quedando claro que el trasfondo de este conflicto siempre ha sido económico.

Estos hechos desataron una espiral de acción reacción, con la participación de los interesados de una y otra parte: el imperialismo norteamericano (en diciembre de 2013, dos senadores estadounidenses: Christopher Murphy y John McCain alentaron a la multitud contra el gobierno ucraniano desde la tribuna de la manifestación. Dirigentes de las instituciones de la subordinada UE también se volcaron en presionar en favor de los intereses de las multinacionales de la energía. Enfrente, la oligarquía liderada por Putin.

En noviembre de 2013 comenzó la revuelta del Maidán: protestas animadas por los pro-UE, que duraron tres meses y costaron la vida a un centenar de personas, por el exceso represivo de la policía, aunque hay quién se lo imputa a francotiradores al servicio de los “pro europeos” para decantar el movimiento contra el gobierno ucraniano del momento.

La destitución de Yanukóvich en febrero de 2014 fue interpretada por los pro-rusos como un golpe de Estado. Sin entrar a tomar posición, a los participantes en el debate no se les ha escapado que la espontaneidad no es precisamente un elemento real en este tipo de hechos.

Tras la destitución del presidente, se desencadenó el conflicto armado entre el ejército ucraniano, con el gobierno en manos de los pro-UE: Truchínov (22 de febrero a 7 de junio de 2014), Poroshenko (7 de junio de 2014 a 21 de abril de 2021) y Zalenski (21 de abril de 2019 hasta la fecha). Y las milicias populares de Donetsk y Lugansk; conflicto que dejó más de 14.000 muertos, todos ellos ucranianos.

Por finalizar con los antecedentes, se hizo mención a la anexión de Crimea por parte de Rusia, tras las “también espontaneas” movilizaciones de la población ruso-parlante de Crimea, en marzo de 2014.

Europa abrió el debate de la necesidad de reducir su dependencia del gas y el petróleo ruso que venía consumiendo, mientras iba adoptando compromisos comerciales con los Estados Unidos de América para el suministro de Gas Licuado. Se recordó la voladura de los gaseoductos Nord Stream 1 y 2; sabotaje que nadie ha reivindicado, pero cuyo resultado fue el de la ruptura física del comercio de gas y petróleo de Rusia con Europa.

Sin entrar en el desarrollo de la guerra abierta que se inició en febrero de 2022 con la ocupación de territorio ucraniano, a lo que Rusia denomina “operaciones militares especiales”, el resultado es que el mercado de la energía en Europa se ha volteado en favor de los EE.UU. Un mercado de más de 40.000 millones de euros anuales. EE.UU., los mismos que ahora pretenden aparecer como mediadores para la paz imponiendo un acuerdo por el que los USA dispondrán de la explotación de las tierras raras ucranianas, fundamentales para el desarrollo tecnológico -es un contrasentido hablar de acuerdo cuando en realidad es una imposición, por lo que “acuerdo” no es más que un eufemismo-.

Es evidente que Ucrania tiene poca voz y voto en la necesaria paz. Así lo atestigua la grosera intervención de Trump y su chulesco propósito de parar la guerra a los dos días de llegar a la Casa Blanca. Las formas para imponer la paz y las humillaciones hechas a Zelenski, junto con el devenir de los acontecimientos, demuestran que esta es una guerra de la OTAN, teledirigida por los USA, frente a la Rusia atenazada por Putin y el puñado de oligarcas que se han hecho con la propiedad de las riquezas del pueblo ruso. Con un deplorable papel de los gobiernos de la UE y sus instituciones que, como dice el refrán: “Encima de puta, apaleada”, pues ha trabajado para los intereses su ¿aliado?, y este la paga con una guerra de aranceles y la dicta cuánto tienen que gastar en armamento; compras que en un 60% de la multimillonaria factura se paga en los EE.UU. Es evidentemente el “juego” con las cartas marcadas por parte de uno de los jugadores.

Los ponentes y las intervenciones de los asistentes fueron en línea de un compromiso con la paz, rememorando en este sentido Manuel Ruiz el artículo 6 de nuestra Constitución de 1931: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”.

Este acto ha pretendido y pretende contribuir al necesario debate contra la guerra, sabiendo que la sociedad solo es libre para comprender en ausencia de miedo, justo lo contrario a lo que estamos recibiendo a diario con las campañas gubernamentales, que buscan construir un enemigo que nos infunda terror, un método necesario para justificar el incremento de los presupuestos para la guerra. Esto no sería posible sin la participación necesaria de los medios de comunicación de masas. Mientras parece no importar la insoportable masacre, un genocidio brutal que, Israel; aliado prioritario de los USA, está cometiendo en Palestina, cebándose particularmente con la población de Gaza.

El debate, si es libre, ayudará sin duda a vislumbrar cual es el verdadero enemigo de los pueblos de Europa que sufren una guerra paralela de saqueo de sus salarios y pensiones, una guerra de destrucción de derechos sociales que amenaza de forma directa a los servicios públicos, levantados con el esfuerzo de generaciones de trabajadores y trabajadoras.

Decir ¡No a la Guerra! y ¡Ni Putin ni OTAN! No es una posición equidistante, pues desde ASTRADE no caemos en la trampa de lo malos que son unos u otros. Tomamos posición a favor de los pueblos, únicos perdedores en esta y en todas las guerras. Conscientes de que solo la movilización social puede traer la paz duradera y preservar los derechos.

El enemigo de los pueblos es el sistema económico que preserva los derechos de una minoría privilegiada frente a las necesidades la gran mayoría de la sociedad, acudiendo a la guerra y la destrucción para conseguir sus objetivos.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE

ASTRADE organiza: Acto/Debate

«Guerra de Ucrania: antecedentes y consecuencias
de la paz impuesta por los USA»

13 de MAYO
19:00

Solicitar enlace de conexión en este email: astrayde@gmail.com

Ponentes

Manuel Pardo de Donlebún

Oficial de la Armada, retirado.
Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista.
Presidente de la Asociación por la Memoria Democrática.

Manuel Ruiz Robles

Capitán de Navío de la Armada, retirado.
miembro de la clandestina Unión Militar Democrática (UMD).

Baltasar Santos Fernandez

Miembro de Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Presenta, modera y dirige el acto

Miguel Sagués Navarro

Socio fundador de ASTRADE y miembro de su Junta Directiva.

ASTRADE organiza: Acto/Debate

“Luchando por la Sanidad Pública»

17 de MARZO
19:00

Solicitar enlace de conexión en este email:

astrayde@gmail.com

Ponentes:

José Manuel Freire Campo

Médico especialista en Neumología.
Profesor Emerito de la Escuela Nacional de Sanidad.
Consejero de Sanidad en el Gobierno vasco (1987-1991).

Roberto Tornamira Sánchez

Presidente de ASTRADE
Secretario General de FeS-UGT-Mafrid (2009-2016
Miembro del espacio Vecinas y Vecinos de Barrios
y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública.

Presenta, modera y dirige el acto:

Gloria Mora Ridruejo

Vicepresidenta de ASTRADE

Organiza

“Solo con Educación ya no es suficiente”

Movilización frente a la Asamblea de Madrid, en defensa de la Educación Pública universitaria (19dic24)

El pasado 22 de enero de 2025 tuvo lugar el primer acto después de la fusión entre ASTRADE y Tribuna Socialista, marcando el comienzo de una nueva agenda de iniciativas y eventos sobre temas de carácter sociopolítico. El primer acto titulado “Solo con Educación ya no es suficiente” contó con dos ponentes: Eduardo Sabina (Ex Secretario General de FETE-UGT-Madrid) y Miguel Albalá (Profesor universitario, miembro de ASTRADE y autor del presente artículo), siendo moderada por Roberto Tornamira (presidente de ASTRADE).

El evento tuvo como principal objetivo contextualizar la situación que actualmente vive la educación pública en nuestro país, así como plantear las dificultades y nuevos horizontes para la transformación del sistema educativo.

Eduardo Sabina y Miguel Albalá analizaron la situación actual y plantearon las dificultades y retos para la transformación del sistema educativo

En primer lugar, Eduardo Sabina expuso, en base a su dilatada experiencia sindical y profesional, la evolución de la educación pública en las etapas de educación primaria, secundaria y bachillerato, y de una forma más detallada en la formación profesional (FP). Entre las principales barreras que actualmente enfrenta el sistema educativo público, según Sabina, se encuentran: la segregación del alumnado por clase social, origen y etnia, la desfinanciación de la modalidad pública en beneficio de la concertada, así como los intereses privados que entran en juego en la educación privada.

Entre las principales barreras que actualmente enfrenta el sistema educativo público se encuentra la desfinanciación de la modalidad pública en beneficio de la concertada

Entre las propuestas para revertir esta situación el Ex Secretario General de FETE-UGT-Madrid planteaba la necesidad de voluntad política por parte de todos los agentes y partidos políticos, incluyendo a aquellos progresistas. Con ello se podrían ofrecer medidas políticas dirigidas a fortalecer el sistema educativo público, garantizando unas condiciones laborales adecuadas de los profesionales, así como plantilla suficiente para afrontar las demandas que en la actualidad están dejando excluidos a miles de potenciales estudiantes (con insuficiente oferta de plazas por curso, imposibilidad de realización de prácticas, entre otras).

En segundo lugar, tuve la oportunidad de continuar con el análisis sobre la situación de la educación pública, particularmente en relación con la Universidad pública. El análisis de las últimas décadas permite evidenciar un aumento exponencial de creación de universidades privadas que contrasta con el ámbito público, en el cual desde 1998 no se ha creado ningún campus nuevo.

En las últimas décadas ha habido un aumento exponencial de creación de universidades privadas que contrasta con el nulo crecimiento del ámbito público

Los datos permiten también comprobar la desfinanciación producida por parte de las comunidades autónomas españolas, con presupuestos congelados y en retroceso desde el año 2008. Todo ello hace que en la actualidad las instalaciones, plantillas de trabajadores (docentes e investigadores, así como el personal técnico, de gestión y de administración y servicios) y el alumnado estén padeciendo una grave situación para poder cumplir con los parámetros de “excelencia universitaria” que se presuponen.

La falta de suficiente financiación pública provoca que tanto las instalaciones, como el personal docente y no docente así como el alumnado estén padeciendo una grave situación que impide cumplir con los mínimos estándares deseables de excelencia universitaria

Particularmente, se destacó la situación vivida en la Comunidad de Madrid los pasados meses de noviembre y diciembre de 2024 (con varias concentraciones de las comunidades universitarias y agentes sociales a las puertas de la Asamblea de Madrid), en la que el presupuesto aprobado por la CAM pese a tener una subida del 4,2% (47,3 millones) con respecto al año pasado, este continúa siendo a todas luces insuficiente (la CRUMA conformada por los/a rectores/a de los seis campus públicos reclamaban un incremento mínimo de 200 millones para poder subsistir sin recortes). Prueba de ello ha sido la prórroga de presupuestos aprobada por la Universidad Complutense, que además ha impuesto el recorte de hasta el 35% de los gastos de sus facultades y vicerrectorados, con medidas similares en el resto de campus públicos.

Ambos ponentes concluyen que ante la situación descrita “solo con educación ya no es suficiente”. Intentar cambiar el enfoque educativo desde adentro es muy loable e incluso puede tener un impacto en el alumnado y en la futura ciudadanía. Pero solo limitándonos al desarrollo de cambios en el ámbito educativo ya no es suficiente.

Es necesario reivindicar y reconstruir la educación pública en todas sus etapas. Es necesaria la voluntad política para evitar la privatización y mercantilización de la educación pública.

Es necesario reivindicar y reconstruir la educación pública en todas sus etapas. Una educación pública en la que las aulas no estén masificadas, en la que haya un acceso gratuito para todo el alumnado, en la que no llegue el mes de diciembre con una asignatura sin docente porque no se cubren las bajas laborales y en la que las instalaciones no tengan goteras y frio en invierno y un calor asfixiante en verano. Existen propuestas por parte de intelectuales y diferentes organizaciones que van en la línea reivindicar la voluntad política para evitar la privatización y mercantilización de la educación pública. Por lo tanto, los profesionales educativos, las organizaciones sociopolíticas, sindicales, así como la mayor parte de la sociedad civil debe sentirse interpelada por esta situación, ha de despertar para implicarse de forma activa en cualquiera de las esferas útiles (política, sindical, organización social (a través de colectivos como “¡La uni en la calle!”, “UAM por la pública”, así como otras asambleas, AMPAS, etc.)

Es imprescindible que la educación pública comience a ser un eje central en los programas y propuestas políticas de cualquier organización que se llame progresista.

Es imprescindible que la educación pública comience a ser un eje central en los programas y propuestas políticas de cualquier organización que se llame progresista. Sin embargo, la estrategia debe ser diferente a la mera defensa de la educación pública. Es imprescindible que apelemos a una reconstrucción y refundación profunda de la educación pública. Solo de esta manera podremos dar respuesta a los desafíos presentes y futuros que tenemos por delante: el debilitamiento creciente de las democracias, auge de lideres autócratas, la desinformación a través de las fakenews y un ámbito digital cada vez con más influencia en el pensamiento y comportamiento cotidiano de los más jóvenes.

Miguel Ángel Albalá Genol

Doctor en educación y profesor de universidad

La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) y Tribuna Socialista (TS)

¡Nos hemos integrado!

Tras años de colaboración, y compartiendo valores fundacionales, la revista de libre expresión política Tribuna Socialista y la Asociación Trabajo y Democracia, sus órganos de dirección y sus asociados y asociadas, hemos decidido unirnos, en la asamblea celebrada el pasado jueves 27 de junio.

                Tribuna Socialista inició su andadura el 16 de julio de 2005, en la localidad de Silla (Valencia), donde nos dimos cita militantes socialistas de distinta procedencia, para compartir:

“preocupaciones e inquietudes sobre la situación política en nuestro país, y como inciden en la mayoría social. Inquietudes y preocupaciones basadas en hechos como el intento de decretazo de 2002, contestado con una exitosa Huelga General (20-J), la gestión ignominiosa del accidente del Prestige, la antidemocrática involucración de España en una guerra genocida.”

“Dichas preocupaciones se han visto agravadas con el rumbo y la actitud que la derecha reaccionaria tomó tras los acontecimientos del 11 al 14 de marzo de 2004. Negando la democracia al pisotear las legítimas y soberanas decisiones y aspiraciones del Pueblo, como así está ocurriendo con las trabas que desde la derecha se están poniendo al proceso, esperemos que irreversible,de paz en Euskadi.”

“Es para facilitar el debate que tantos y tantas compañeros y compañeras socialistas reclaman por lo que se edita este Boletín.”

                Estos párrafos plasmados en el nº 1 de TS, en “Por qué y para qué”, reflejan muy bien el sentir y la necesidad de dar luz a las preocupaciones que teníamos hace 19 años, lo que hemos hecho a lo largo de los 155 números editados y de las decenas de declaraciones o números especiales de TS, cuando la relevancia de los acontecimientos así nos lo ha requerido. Unas inquietudes y preocupaciones que, desgraciadamente, continúan vigentes en su esencia.

“Crear un lugar de encuentro que sea plural, democrático, participativo y con afán de construir, con participación a título individual y/o como colectivo y abierto a todos y todas que quieran aportar al proyecto, entre otros, desde la Universidad y el mundo de la experiencia acumulada en el campo sindical, político y profesional para recuperar el valor del trabajo, tanto en la propia existencia, como en la política y en el espacio de la opinión pública y los medios de comunicación.”

El paralelismo en los objetivos queda plasmado nítidamente en los textos reproducidos. Coherentemente con lo expresado en los momentos constituyentes, durante estes último lustro, marcado por la pandemia, Tribuna Socialista y ASTRADE han venido colaborando y coincidiendo en distintas actividades, retroalimentándose.

                Auguramos que esta nueva etapa va a ser muy fructífera en el objetivo de contribuir a la unidad de la izquierda y a ayudar a la necesaria claridad de ideas para la consecución del bienestar de la mayoría social, fundamento de la democracia.

                La Junta Directiva y el Comité de Redacción elegidos en la Asamblea del día 27 está compuesta:

Junta Directiva

Presidente                        Roberto Tornamira Sánchez

Vicepresidenta                Gloria Mora Campos

Secretario                          Miguel Sagüés Navarro

Tesorero                             Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez

Vocal                                    María Iglesias Domínguez

Vocal                                    Baltasar Santos Fernández

Vocal                                    José Ignacio “Iñaki” Merino Montes

Vocal Eduardo Hernandez Oñate

Comité de Redacción

Roberto Tornamira Sánchez

Baltasar Santos Fernández

María Iglesias Domínguez

José Ignacio “Iñaki” Merino Montes

José Antonio Iniesta Martín

Eduardo Hernández Oñate

                Desde esta breve información damos las gracias a las asociadas y asociados de ASTRADE que han dado su apoyo a la Junta Directiva y al Comité de Redacción para iniciar este nueva e ilusionante etapa.

La Junta Directiva

Redoblar la lucha por la Amnistía

Getafe 8 de febrero

El debate sobre la Amnistía se ha instalado en la sociedad, sin que eso signifique que este sea un tema de máxima preocupación del conjunto de la ciudadanía. Según el barómetro del 17 de enero, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo al 2,3% de los encuestados sitúan la amnistía como uno de los tres principales problemas del país.

                En el acto que tuvo lugar en Getafe el pasado día 8, en el que tuve el honor de compartir mesa de debate con Gloria Elizo, Ana González y Jesús Béjar, pudimos debatir sobre a quién y por qué le preocupa la amnistía, y qué beneficios puede tener para el conjunto de la sociedad.

                Una cuestión previa que se planteó fueron los antecedentes del conflicto en Cataluña. Se señaló que no se puede olvidar que en septiembre de 2005 el Parlament de Catalunya aprobó democráticamente la reforma del Estatut. Este documento fue enviado a las Cortes para su aprobación, lo que ocurrió en marzo de 2006. Una vez aprobado, también democráticamente por el poder legislativo, se procedió a convocar un referéndum en Cataluña en junio de 2006, siendo aprobado por los y las votantes. Hasta aquí todo normal.

                Este proceso legítimo fue rechazado por la derecha españolista, el PP principalmente, y por los “hombres de Estado del PSOE”, esos que acompañan a la derecha siempre que tienen ocasión. El PP, judicializó el Estatut llevándolo al Tribunal Constitucional, alto tribunal que, en 2010, cercenó 14 y modificó 23 de los artículos de la ley aprobada por el legislativo autonómico y estatal.

                Este proceder, con prácticamente los mismos protagonistas: PP, Ciudadanos, VOX y la corte de Felipe González, la hemos visto en 2006 y 2007, cuando Zapatero aceleró el proceso de paz en el País Vasco, que devino en fin de la violencia, o cuando en 2021 Pedro Sánchez procedió a indultar a los presos políticos catalanes del “procés”.

                Tanto los protagonistas de la refracción como los contenidos refractados delatan a un nacionalismo hegemónico que lleva muchas décadas camuflado detrás de la rojigualda, a nombre de “salvar España”.

                Solo el 2,3% de la ciudadanía ve en este asunto una preocupación prioritaria. Porcentaje este que debe ser coincidente con quienes en 1978 se consignaron para dar continuidad al franquismo. Los que, en enero de 1977, por el real Decreto Ley 1/1977 le cambiaron el nombre al Tribunal de Orden Público y lo rebautizaron con el de Audiencia Nacional.

                Están preocupados muchos del estamento armado, quienes se consideran un Estado dentro del Estado, cuyo jefe en la cadena de mando es el jefe del Estado, como el dictador. Siempre han dicho que la institución monárquica es “decorativa”, pero se pongan como se pongan ostenta la jefatura del Estado, y así lo han demostrado los dos borbones de la democracia, la última en el discurso del 3 de octubre de 2017, en el que echó gasolina al fuego.

                A mi modo de ver, los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos que componen el Estado español, en su inmensa mayoría, no se consideran nacionalistas: ni vascos, ni catalanes ni gallegos, menos aún quienes hemos nacido en cualquiera de los demás territorios del Estado. Asistimos a la confrontación de intereses de las minorías privilegiadas que pugnan por controlar el dinero de los impuestos y los resortes del poder en los distintos territorios. De entre esos grupos destaca el nacionalismo español, heredero del nacionalcatolicismo franquista, que fue el nacionalismo imperante durante los cuarenta años de dictadura y que ahora continua siendo excluyente hacía los demás nacionalismos. En su pugna, estos grupos de interés, no dudan en utilizar los símbolos, como la bandera, o la lengua, como elementos de confrontación.

                Los ciudadanos y ciudadanas que componemos la pluralidad de pueblos del Estado español, necesitamos una convivencia pacífica y no de confrontación permanente, para avanzar en los retos comunes a todos los pueblos del Estado.

                Según el aludido último barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la sociedad son la Economía, la Sanidad y el Empleo.

                Efectivamente, necesitamos que el Gobierno gobierne para que la especulación inflacionaria deje de esquilmar sueldos y pensiones. Especulación que toma su forma concreta en el conflicto de los agricultores, con los diferenciales entre los precios en origen y los precios de venta a los consumidores.

                Necesitamos que los gobiernos: central, autonómicos y municipales, cumplan con lo establecido en el artº 43 de la Constitución:

                “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                La privatización de la Sanidad Pública ha llevado el sistema de salud a una situación que, lejos de “prevenir” asegura el caos cada vez que la situación se tensa. Esto fue brutal en la pandemia y acaba de ser nuevamente evidente en la epidemia anual de gripe invernal. Es por ello fundamental derogar los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, de 1986 y la ley 15/97, que habilitan a las comunidades autónomas a poner la Sanidad Pública en manos de las empresas privadas, trasladando el objetivo de “la Salud de los ciudadanos” a “los Beneficios de los accionistas”.

                Necesitamos que las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras deje de precarizarse, por lo que es preciso que el Gobierno derogue de verdad las reformas laborales de 2010 y 2012, las que han destruido y precarizado el empleo en este país, facilitando el despido, desregulando las condiciones laborales y abaratando los salarios.

                Por estos motivos, la amnistía debe servir para cerrar la brecha de convivencia que la política represiva del Gobierno de Rajoy abrió con Cataluña. No es una cuestión formal, es una necesidad democrática.

Roberto Tornamira
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE

Desde dónde nace esta amnistía y qué implica

Por Safira Cantos Salah

Esta amnistía no nace como plan de acción política del gobierno para mejorar la convivencia en Cataluña, sino de la estricta necesidad de reunir los votos necesarios para la investidura. Ante lo que cabe preguntarse: ¿acaso no es legítimo negociar y ceder en asuntos no contenidos en el programa electoral para reunir la mayoría necesaria para formar gobierno? Es evidente que la negociación política es legítima y signo de normalidad democrática, ahora bien ¿sin límite alguno? ¿Se pueden poner en juego en esta negociación principios esenciales de un Estado democrático de derecho?

Hemos asistido a un viraje radical en la postura sostenida por el PSOE hasta el mismo momento de las elecciones en que había negado de manera expresa, contundente e insistente la posibilidad de una amnistía. Esto no hace sino degradar aún más el valor de la palabra en política, la credibilidad de quienes deben generar confianza.

La amnistía es una medida excepcional en un Estado democrático y social de derecho porque supone: 1 ) una excepción al carácter general que debe tener la ley (es una ley a la medida para un determinado contexto); 2) una excepción al principio de igualdad (se deja de aplicar el marco jurídico general por razones ideológicas mientras esos mismos hechos para el común del resto de la ciudadanía siguen teniendo aparejadas sanciones penales o administrativas); 3) supone una excepción dentro de la separación de poderes: lo dictado por jueces y tribunales queda sin efecto. Es más, supone impedir la continuidad de cualquier investigación administrativa, contable (Tribunal de Cuentas) y penal, lo que impedirá por ej.: seguir investigando la malversación de fondos.

Las amnistías -como ya sabemos ni previstas ni prohibidas expresamente por nuestra Constitución-

están asociadas a contextos excepcionales de transición (por ej., de régimen político tras un conflicto armado) como medida para alcanzar normalidad democrática y social. ¿Se está entonces asumiendo, como defiende Junts, la inexistencia de normalidad democrática en la respuesta a los graves hechos relacionados con el procés? Respetando la aspiración territorial que podamos tener cada quien, lo cierto es que las autoridades catalanas decidieron actuar al margen absoluto del marco de un Estado democrático y de derecho; cuando precisamente una de las funciones de la ley debe ser hacer de dique de contención al abuso de poder.

Una amnistía que pretendiera contribuir a la convivencia buscaría el mayor consenso político, no se tramitaría en el Parlamento por el procedimiento de urgencia y se haría desde la honestidad de los diversos discursos políticos y no justificándola como si viviéramos “realidades paralelas”. Atender así las exigencias de un grupo político minoritario para contar con sus votos, es un riesgo claro de que devenga finalmente más como arma de chantaje que de consenso; pues ni siquiera ha existido desde quienes la exigen un compromiso para favorecer la convivencia, respetando también a quienes son catalanes no independentistas.

No menos preocupante es plantear la cuestión bajo el dilema de amnistía o derechos sociales; como si no pudiéramos -y debiéramos- aspirar a fortalecer la protección de los mismos al mismo tiempo que salvaguardamos nuestro sistema jurídico e institucional, que a la postre es el que debe garantizar en el futuro los derechos, incluidos los sociales.

En todo caso, está en nuestras manos, en las de cada persona, no contribuir a erosionar más la convivencia, sino ser capaces de dialogar sin concebir al discrepante como un adversario social. Ahí deseo seguir estando y dialogando.

Safira Cantos Salah
Directora General de la Fundación Hay Derecho