ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN TRABAJO Y DEMOCRACIA

ASTRADE

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CAPÍTULOI: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación

Con la denominación ASOCIACIÓN TRABAJO Y DEMOCRACIA se constituye una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

La Asociación girará bajo el acrónimo ASTRADE y se dotará, así mismo de un LOGO, identificativo de la Asociación.

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la citada Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y las disposiciones complementarias de desarrollo.

Artículo 2. Duración

Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3. Fines

La Asociación tiene como fines:

  • Configurar un espacio de pensamiento, debate y elaboración que aporte datos, criterios y análisis en relación con el derecho al trabajo y el mundo del trabajo y el desarrollo de todo lo que acontece en torno a la aplicación de los derechos laborales y sociales, con un enfoque socio-político y económico de izquierdas, desde los valores progresistas y el punto de vista laboral, como forma de entender la propia existencia social y política, frente a un modelo económico que todo lo fía al beneficio económico.
  • Crear un lugar de encuentro que sea plural, democrático, participativo y con afán de construir, con participación a título individual y/o como colectivo y abierto a todos y todas que quieran aportar al proyecto, entre otros, desde la Universidad y el mundo de la experiencia acumulada en el campo sindical, político y profesional para recuperar el valor del trabajo, tanto en la propia existencia, como en la política y en el espacio de la opinión pública y los medios de comunicación.
  • Ser un contrapeso a las ideas neoliberales que tienen su hábitat en el mundo de la empresa, el mercado, mediante el reforzamiento de los valores de izquierda y progresistas, tendente a que el derecho al trabajo, no sea una mera mención constitucional y a la mejora de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras.
  • Promocionar y producir herramientas y canales en el mundo del trabajo que establezcan criterios que no coinciden con el neoliberalismo y un mercado deshumanizado pues, por naturaleza, obedecen a intereses contrapuestos.
  • La integración en ASTRADE de la revista TRIBUNA SOCIALISTA, la edición, promoción, difusión y distribución de dicha revista TRIBUNA SOCIALISTA.
  • Colaborar con cuantas instituciones, sindicatos, partidos, asociaciones o fundaciones que persigan objetivos análogos.
  • Cualquier otro que persiga la mejora de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras y la democratización del mundo del trabajo. Un mundo que se encuentra en un momento de cambio acelerado por la aplicación de la tecnología al proceso productivo y por la concentración del capital en todos los sectores de la producción cuyas necesidades son vehiculizadas a través de los partidos de corte conservador y liberal buscando soluciones legislativas y acompañadas de una amplia panoplia de medios de comunicación que difunden sus ideas y objetivos, además de generar criterio favorable a sus intereses entre la opinión pública.

Artículo 4. Actividades

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

Promover, celebrar y apoyar toda clase de actos que sirvan a la consecución de los fines de la Asociación mediante conferencias, debates, publicaciones, etc.

Editar la revista TRIBUNA SOCIALISTA, que tendrá una periodicidad ordinaria mensual y tantas ediciones extraordinarias como consideren y decidan sus órganos rectores, es decir, la Junta Directiva y el Comité de Redacción.

Artículo 5. Domicilio social y ámbito territorial

La Asociación establece su domicilio social en calle Antracita 29 4º A 28045 Madrid, con e-mail: astrayde@gmail.com, teléfono 34 659451543 y el ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el territorio del Estado español.

CAPÍTULO II: ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 6.

Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la Asamblea General y la Junta directiva.

CAPÍTULO III: ASAMBLEA GENERAL

Artículo 7. Naturaleza y composición

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos los asociados.

Artículo 8. Reuniones

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez dos años dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del presidente/a, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito un tercio de los asociados.

Artículo 9. Convocatorias

Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria, habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera, la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora.

Por razones de urgencia, podrán reducirse los mencionados plazos, a propuesta de la Junta Directiva.

Artículo 10. Adopción de acuerdos

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.

Será necesaria la mayoría cualificada (2/3 de votos) de las personas presentes o representadas, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del presidente o de quien haga las veces en los supuestos de:

  1. Disolución de la entidad.
  2. Modificación de Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
  3. Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
  4. Aumentar o disminuir el número de miembros del Comité de Redacción de la revista Tribuna Socialista, nombrar o cesar a sus miembros y cualquier otra cuestión que pueda afectar a la composición o funcionamiento del Comité de Redacción de Tribuna Socialista, siempre y en todos los casos, a propuesta de la Junta Directiva, sin cuya propuesta y su visto bueno, la Asamblea no tendrá facultades para la adopción de acuerdos sobre dichos extremos.

Artículo 11. Facultades de la Asamblea General Son facultades de la Asamblea General:

  1. Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
  2. Examinar y aprobar las cuentas anuales.
  3. Decidir el plan de acción anual de la Asociación.
  4. Elegir a los miembros de la Junta Directiva.
  5. Ratificar la composición de la Comisión Permanente
  6. Ratificar la composición del Comité de Redacción de Tribuna Socialista, en los términos establecidos en el último párrafo del artículo anterior.
  7. Ratificar la composición del Consejo Asesor de la Asociación.
  8. Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
  9. Aprobar la disolución de la Asociación.
  10. Modificar los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
  11. Disponer o enajenar los bienes.
  12. Conocer de los recursos o reclamaciones, en su caso, de los socios sancionados.
  13. Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.

Artículo 12. Facultades de la Asamblea General Extraordinaria

Corresponde a la asamblea General extraordinaria la modificación de los estatutos y la disolución de la asociación, así como cualquier otro tema de carácter urgente o extraordinario, a propuesta de la Junta Directiva.

La Asamblea Extraordinaria tratará exclusivamente de los asuntos establecidos en el orden del día de la convocatoria.

CAPÍTULO IV: JUNTA DIRECTIVA

Artículo 13. Naturaleza y composición

La Junta directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.

Estará formada por un presidente/a, un vicepresidente/a, un secretario/a y un tesorero/a, pudiendo nombrarse un vicesecretario y un vicetesorero y los vocales que se determinen, en número de hasta 25 miembros, designados por la Asamblea General entre los asociados, siempre que sean mayores de edad, estén en pleno uso de los derechos civiles y no estén incursos en motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, así como al corriente de sus cuotas asociativas.

Iguales requisitos, excepto la condición de socio, deberán reunir las personas físicas que actúen en representación de los cargos que sean personas jurídicas.

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de dos años.

El presidente, vicepresidente y el secretario de la Junta Directiva, serán, asimismo, presidente, vicepresidente y secretario de la Asociación y de la Asamblea general.

Artículo 14. Procedimiento para la elección y sustitución de miembros

La elección de los miembros de la Junta Directiva por la asamblea General se realizará mediante la presentación de candidaturas, a las que se les permitirá la adecuada difusión, con una antelación de cinco días a la celebración de la correspondiente reunión.

En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la Junta Directiva, podrá ser suplido provisionalmente por otro de los componentes de ésta, previa designación por mayoría de sus miembros, salvo en el caso del presidente, que será sustituido por el vicepresidente

Artículo 15. Reuniones

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su presidente/a y a iniciativa o petición de 1/3 de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del presidente/a o de quien haga las veces será de calidad.

La votación será personal y directa, y secreta, cuando así lo pidan el diez por ciento de sus miembros.

Artículo 16. Facultades

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.

Son facultades particulares de la Junta Directiva:

  1. Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
  2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
  3. Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las cuentas anuales.
  4. Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, así como ratificar la decisión de las bajas por cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 28.
  5. Constituir entre sus miembros una Comisión Permanente en los términos que se establecen en los artículos siguientes.
  6. Nombrar al Comité de Redacción de Tribuna Socialista y proponerlo a la Asamblea General para su ratificación.
  7. Nombrar el Consejo Asesor de la Asociación
  8. Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
  9. Elaborar, en su caso, el Reglamento de Régimen Interior.
  10. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de socios.

Artículo 17. Presidente/a

El presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados y jurisdicción ordinaria convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva y cualquier otra que le encomiende de forma expresa la Asamblea General.

Artículo 18. Vicepresidente/a

El vicepresidente/a sustituirá al presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá sus mismas atribuciones.

Artículo 19. Secretario/a

El secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la Asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles en los Registros correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan.

En caso de nombrarse un vicesecretario, éste tendrá a su cargo las mismas obligaciones y atribuciones que el secretario.

Artículo 20. Tesorero/a

El tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el presidente/a.

En caso de nombrarse un vicetesorero, éste tendrá a su cargo las mismas obligaciones y atribuciones que el tesorero.

Artículo 21. Vocales

Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende.

Artículo 22. Régimen de bajas y suplencias

Los miembros podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva y por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas. Las vacantes que por estos motivos se produzcan serán cubiertas provisionalmente por los demás miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto.

También podrán causar baja por expiración del mandato. En este caso continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.

Artículo 23. Comité de Redacción.

Los miembros del Comité de Redacción de Tribuna Socialista actual, permanecerán en sus cargos y deberán ser ratificados en la Asamblea General que se realice, a propuesta del presidente de la Junta Directiva y en los términos establecidos en los artículos 10 y 11 de los presentes Estatutos.

Al Comité de Redacción de Tribuna Socialista, podrán pertenecer miembros que tengan cargo en la Junta Directiva, o personas ajenas a la misma, e incluso ajenas a la asociación, a propuesta de la Junta Directiva.

La duración de sus cargos será por el tiempo que el propio Comité de Redacción estime conveniente, pero deberá contar con el visto bueno del presidente de la Junta.

En caso de cese de la Junta Directiva, el Comité de Redacción de Tribuna Socialista permanecerá vigente hasta que se nombre una nueva Junta, que deberá, en su caso, proponer la continuidad del Comité de Redacción, o su renovación parcial o total, a la Asamblea General.

Del mismo modo, el Comité de Redacción tendrá libertad para establecer los contenidos, criterios de la editorial y demás cuestiones que afecten a su edición, pero no podrán ser contrarios a los fines, objetivos y espíritu que caracteriza la Asociación.

El Comité de Redacción tendrá autonomía para repartir entre sus miembros las funciones específicas y responsabilidades que deban asumirse para el buen fin de la edición, promoción, difusión y distribución de la revista.

La pertenencia al Comité de Redacción de Tribuna Socialista y su desempeño, será gratuita.

Artículo 24. Consejo Asesor de la Asociación

La Junta Directiva podrá nombrar un Consejo Asesor de la Asociación que estaría integrado por personas físicas y/o jurídicas que tengan una vinculación directa con el mundo del trabajo o por aquellas personas que considere, por su relevancia social, científica o académica en las disciplinas relacionadas con el trabajo y la democracia, o los fines y actividades propias de la Asociación.

Artículo 25 Comisión Permanente

La Junta Directiva elegida por la Asamblea elegirá, a su vez, una Comisión Permanente entre sus miembros, en número de 5 a 9, sin perjuicio de que la propia Junta Directiva pueda ampliar su número por razones de eficiencia o necesidad de establecer comisiones de trabajo.

Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero son miembros natos de la Comisión permanente, al igual que los cargos de vicesecretario y vicetesorero, caso de ser nombrados.

La Comisión Permanente gestiona y ejecuta las decisiones adoptadas por la Junta Directiva, pero carece de facultades decisorias.

Su mandato será de dos años, el mismo que el de la Junta Directiva.

Le serán de aplicación todas las normas establecidas en los presentes estatutos respecto de la Junta Directiva.

CAPITULO V: SOCIOS/AS

Artículo 26. Requisitos

Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas mayores de edad y/o colectivos con capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.

Artículo 27. Perfiles

Dentro de la Asociación existirán los siguientes perfiles de socios/as:

  1. Promotores o fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación.
  2. De número, que serán aquellas personas físicas o jurídicas que ingresen después de la constitución de la Asociación, debiendo estar al corriente de pago de las cuotas asociativas.
  3. De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores de tal distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva.

En el acto de inscripción, los socios rellenarán, además de la ficha de inscripción, el consentimiento explícito para tratamiento de datos personales con el objeto de que éstos puedan ser usados exclusivamente para los fines establecidos por la Asociación y únicamente serán guardados para la finalidad propia para la que se tratan, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría de la Asociación en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del D.N.I. todo ello de acuerdo a la legislación vigente en materia de la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos.

Artículo 28. Baja

Los socios/as causarán baja por alguna de las causas siguientes

  1. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
  2. Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer dos anualidades de cuotas.
  3. Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la asociación con hechos o palabras que perturben gravemente los actos organizados por la misma y la normal convivencia entre los asociados.

En el supuesto de sanción y separación de los asociados, se informará, en todo caso, al afectado de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas y se le oirá previamente, debiendo ser motivado el acuerdo que en tal sentido se adopte.

Artículo 29. Derechos

Los socios/as fundadores y de número tendrán los siguientes derechos:

  1. Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.
  2. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
  3. Participar en las Asambleas con voz y voto.
  4. Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
  5. Recibir los números que se editen de Tribuna Socialista sin coste alguno.
  6. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.
  7. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los fines de la Asociación.
  8. Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él.
  9. Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la ley o los estatutos.
  10. Ser informados de las cuentas de la Asociación.
  11. Poder expresarse por escrito a través de Tribuna Socialista.

Artículo 30. Deberes

Los socios/as fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:

  1. Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva.
  2. Abonar las cuotas que se fijen, con excepción de los socios de honor que no tendrán que abonar nada.
  3. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
  4. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

Artículo 31. Derechos y deberes de los socios de honor

Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior.

Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c) y d) del artículo 28, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto.

CAPÍTULO VI: RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 32. Recursos económicos

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación serán los siguientes:

  1. Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias.
  2. Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras personas.
  3. Cualquier otro recurso lícito.

Artículo 33. Patrimonio

La asociación, al momento de la constitución, carece de patrimonio.

Artículo 34. Duración del ejercicio

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.

CAPITULO VII: DISOLUCIÓN

Artículo 35. Disolución

La Asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de los presentes Estatutos.

Artículo 36. Liquidación y destino del remanente

En caso de disolución se nombrará una comisión liquidadora. Una vez extinguidas las deudas, el sobrante líquido, en su caso, se destinará para fines que no desvirtúen la naturaleza no lucrativa de la Asociación.

En Madrid, a 27 de junio de 2024

DILIGENCIA. – DON Miguel Sagüés Navarro DNI nº. 02189046K, secretario de la ASOCIACIÓN TRABAJO Y DEMOCRACIA (ASTRADE), con Número de Registro 61777819/2019 y NIF G-88423488,

CERTIFICA: Que los presentes Estatutos recogen las modificaciones aprobadas en la reunión de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día de mayo de 2024.

En Madrid, a 27 de junio de 2024

Redoblar la lucha por la Amnistía

Getafe 8 de febrero

El debate sobre la Amnistía se ha instalado en la sociedad, sin que eso signifique que este sea un tema de máxima preocupación del conjunto de la ciudadanía. Según el barómetro del 17 de enero, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo al 2,3% de los encuestados sitúan la amnistía como uno de los tres principales problemas del país.

                En el acto que tuvo lugar en Getafe el pasado día 8, en el que tuve el honor de compartir mesa de debate con Gloria Elizo, Ana González y Jesús Béjar, pudimos debatir sobre a quién y por qué le preocupa la amnistía, y qué beneficios puede tener para el conjunto de la sociedad.

                Una cuestión previa que se planteó fueron los antecedentes del conflicto en Cataluña. Se señaló que no se puede olvidar que en septiembre de 2005 el Parlament de Catalunya aprobó democráticamente la reforma del Estatut. Este documento fue enviado a las Cortes para su aprobación, lo que ocurrió en marzo de 2006. Una vez aprobado, también democráticamente por el poder legislativo, se procedió a convocar un referéndum en Cataluña en junio de 2006, siendo aprobado por los y las votantes. Hasta aquí todo normal.

                Este proceso legítimo fue rechazado por la derecha españolista, el PP principalmente, y por los “hombres de Estado del PSOE”, esos que acompañan a la derecha siempre que tienen ocasión. El PP, judicializó el Estatut llevándolo al Tribunal Constitucional, alto tribunal que, en 2010, cercenó 14 y modificó 23 de los artículos de la ley aprobada por el legislativo autonómico y estatal.

                Este proceder, con prácticamente los mismos protagonistas: PP, Ciudadanos, VOX y la corte de Felipe González, la hemos visto en 2006 y 2007, cuando Zapatero aceleró el proceso de paz en el País Vasco, que devino en fin de la violencia, o cuando en 2021 Pedro Sánchez procedió a indultar a los presos políticos catalanes del “procés”.

                Tanto los protagonistas de la refracción como los contenidos refractados delatan a un nacionalismo hegemónico que lleva muchas décadas camuflado detrás de la rojigualda, a nombre de “salvar España”.

                Solo el 2,3% de la ciudadanía ve en este asunto una preocupación prioritaria. Porcentaje este que debe ser coincidente con quienes en 1978 se consignaron para dar continuidad al franquismo. Los que, en enero de 1977, por el real Decreto Ley 1/1977 le cambiaron el nombre al Tribunal de Orden Público y lo rebautizaron con el de Audiencia Nacional.

                Están preocupados muchos del estamento armado, quienes se consideran un Estado dentro del Estado, cuyo jefe en la cadena de mando es el jefe del Estado, como el dictador. Siempre han dicho que la institución monárquica es “decorativa”, pero se pongan como se pongan ostenta la jefatura del Estado, y así lo han demostrado los dos borbones de la democracia, la última en el discurso del 3 de octubre de 2017, en el que echó gasolina al fuego.

                A mi modo de ver, los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos que componen el Estado español, en su inmensa mayoría, no se consideran nacionalistas: ni vascos, ni catalanes ni gallegos, menos aún quienes hemos nacido en cualquiera de los demás territorios del Estado. Asistimos a la confrontación de intereses de las minorías privilegiadas que pugnan por controlar el dinero de los impuestos y los resortes del poder en los distintos territorios. De entre esos grupos destaca el nacionalismo español, heredero del nacionalcatolicismo franquista, que fue el nacionalismo imperante durante los cuarenta años de dictadura y que ahora continua siendo excluyente hacía los demás nacionalismos. En su pugna, estos grupos de interés, no dudan en utilizar los símbolos, como la bandera, o la lengua, como elementos de confrontación.

                Los ciudadanos y ciudadanas que componemos la pluralidad de pueblos del Estado español, necesitamos una convivencia pacífica y no de confrontación permanente, para avanzar en los retos comunes a todos los pueblos del Estado.

                Según el aludido último barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la sociedad son la Economía, la Sanidad y el Empleo.

                Efectivamente, necesitamos que el Gobierno gobierne para que la especulación inflacionaria deje de esquilmar sueldos y pensiones. Especulación que toma su forma concreta en el conflicto de los agricultores, con los diferenciales entre los precios en origen y los precios de venta a los consumidores.

                Necesitamos que los gobiernos: central, autonómicos y municipales, cumplan con lo establecido en el artº 43 de la Constitución:

                “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                La privatización de la Sanidad Pública ha llevado el sistema de salud a una situación que, lejos de “prevenir” asegura el caos cada vez que la situación se tensa. Esto fue brutal en la pandemia y acaba de ser nuevamente evidente en la epidemia anual de gripe invernal. Es por ello fundamental derogar los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, de 1986 y la ley 15/97, que habilitan a las comunidades autónomas a poner la Sanidad Pública en manos de las empresas privadas, trasladando el objetivo de “la Salud de los ciudadanos” a “los Beneficios de los accionistas”.

                Necesitamos que las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras deje de precarizarse, por lo que es preciso que el Gobierno derogue de verdad las reformas laborales de 2010 y 2012, las que han destruido y precarizado el empleo en este país, facilitando el despido, desregulando las condiciones laborales y abaratando los salarios.

                Por estos motivos, la amnistía debe servir para cerrar la brecha de convivencia que la política represiva del Gobierno de Rajoy abrió con Cataluña. No es una cuestión formal, es una necesidad democrática.

Roberto Tornamira
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE

Desde dónde nace esta amnistía y qué implica

Por Safira Cantos Salah

Esta amnistía no nace como plan de acción política del gobierno para mejorar la convivencia en Cataluña, sino de la estricta necesidad de reunir los votos necesarios para la investidura. Ante lo que cabe preguntarse: ¿acaso no es legítimo negociar y ceder en asuntos no contenidos en el programa electoral para reunir la mayoría necesaria para formar gobierno? Es evidente que la negociación política es legítima y signo de normalidad democrática, ahora bien ¿sin límite alguno? ¿Se pueden poner en juego en esta negociación principios esenciales de un Estado democrático de derecho?

Hemos asistido a un viraje radical en la postura sostenida por el PSOE hasta el mismo momento de las elecciones en que había negado de manera expresa, contundente e insistente la posibilidad de una amnistía. Esto no hace sino degradar aún más el valor de la palabra en política, la credibilidad de quienes deben generar confianza.

La amnistía es una medida excepcional en un Estado democrático y social de derecho porque supone: 1 ) una excepción al carácter general que debe tener la ley (es una ley a la medida para un determinado contexto); 2) una excepción al principio de igualdad (se deja de aplicar el marco jurídico general por razones ideológicas mientras esos mismos hechos para el común del resto de la ciudadanía siguen teniendo aparejadas sanciones penales o administrativas); 3) supone una excepción dentro de la separación de poderes: lo dictado por jueces y tribunales queda sin efecto. Es más, supone impedir la continuidad de cualquier investigación administrativa, contable (Tribunal de Cuentas) y penal, lo que impedirá por ej.: seguir investigando la malversación de fondos.

Las amnistías -como ya sabemos ni previstas ni prohibidas expresamente por nuestra Constitución-

están asociadas a contextos excepcionales de transición (por ej., de régimen político tras un conflicto armado) como medida para alcanzar normalidad democrática y social. ¿Se está entonces asumiendo, como defiende Junts, la inexistencia de normalidad democrática en la respuesta a los graves hechos relacionados con el procés? Respetando la aspiración territorial que podamos tener cada quien, lo cierto es que las autoridades catalanas decidieron actuar al margen absoluto del marco de un Estado democrático y de derecho; cuando precisamente una de las funciones de la ley debe ser hacer de dique de contención al abuso de poder.

Una amnistía que pretendiera contribuir a la convivencia buscaría el mayor consenso político, no se tramitaría en el Parlamento por el procedimiento de urgencia y se haría desde la honestidad de los diversos discursos políticos y no justificándola como si viviéramos “realidades paralelas”. Atender así las exigencias de un grupo político minoritario para contar con sus votos, es un riesgo claro de que devenga finalmente más como arma de chantaje que de consenso; pues ni siquiera ha existido desde quienes la exigen un compromiso para favorecer la convivencia, respetando también a quienes son catalanes no independentistas.

No menos preocupante es plantear la cuestión bajo el dilema de amnistía o derechos sociales; como si no pudiéramos -y debiéramos- aspirar a fortalecer la protección de los mismos al mismo tiempo que salvaguardamos nuestro sistema jurídico e institucional, que a la postre es el que debe garantizar en el futuro los derechos, incluidos los sociales.

En todo caso, está en nuestras manos, en las de cada persona, no contribuir a erosionar más la convivencia, sino ser capaces de dialogar sin concebir al discrepante como un adversario social. Ahí deseo seguir estando y dialogando.

Safira Cantos Salah
Directora General de la Fundación Hay Derecho

Respondiendo a lo que este acto plantea

Creo que lo primero que tenemos es que contestar a la pregunta de la convocatoria, la amnistía que se está planteando es para el entendimiento o para la confrontación. No es un tema de juicio de intenciones, es compartir el sentido profundo de la misma palabra Amnistía y para ello vamos a la definición que hace María Moliner y la misma RAE que tiene el mismo sentido: “Perdón decretado por el Gobierno para ciertos delitos particularmente políticos”. Ahí están todas las claves, es un perdón sobre un delito. Ello anula parte del griterío mediático y político que se ha establecido alrededor de la amnistía. Por supuesto, toda amnistía se realiza sobre alguien que ha delinquido: Marcelino Camacho era un delincuente para el TOP, los evasores fiscales son delincuentes económicos, Menahet Begin era un terrorista sionista y yo mismo que soy un amnistiado del 77, era un convicto y confeso delincuente.

La segunda cuestión es que estamos impregnados de la concepción judeocristiana del castigo y del perdón, del ojo por ojo y diente por diente, que es algo totalmente ajeno a la convivencia democrática en un estado de Derecho y apela a los elementos viscerales más primarios.

Pero la discusión de la amnistía hace aflorar algunos problemas profundos de nuestro sistema político. ¿Por qué en 45 años no se ha podido avanzar seriamente en el encuentro entre comunidades nacionales diversas?, ¿por qué siempre que se ha intentado una vía de dialogo y de confraternización, siempre surge la cantinela del España se rompe? cuando no se manifiesta una evidente catalanofobia que pervive desde hace más de 150 años, recordar el ¡ ¡ A por ellos, oe, oe!!!. Y ahí surge otro tema fundamental: el inmovilismo de nuestro sistema constitucional, en 45 años sólo ha

habido 3 reformas constitucionales, una por adecuación a Europa, otra la más reciente por corregir una aberración social respecto a la denominación de las personas con discapacidad y la otra el 135 para introducir las exigencias neoliberales en la Carta Magna. Ello refleja una incapacidad de nuestro sistema institucional en irse adaptando a las nuevas exigencias de los tiempos, mientras los países de nuestro entorno han acometido algunas decenas de cambios constitucionales. Y una de las claves de esta esclerosis es el inmovilismo de una derecha que no quiere ningún avance en materia social y democrática y que han sido los mayores creadores de independentismo.

Es evidente que el crecimiento del independentismo ha venido determinado por la incapacidad para asumir la realidad plurinacional del Estado Español, en lugar de discutir y demostrar a la población que la independencia no es una buena solución para el conjunto de los pueblos, la respuesta ha sido desconocer la voluntad del pueblo catalán manifestada en el referéndum del Estatut del 2012, acompañada de campañas contra los productos catalanes y recogidas de formas, y recursos al Constitucional.

El proyecto de Ley de Amnistía ni fractura el Estado social y democrático de derecho, ni rompe la separación de poderes, ni afecta a la igualdad de los ciudadanos y se desarrolla bajo todos los cauces legales pertinentes. El resto es ruido y agitación contra el Gobierno de coalición progresista que hoy será el tema de la amnistía y mañana el que surja para deteriorar el avance social y democrático. Es un momento para que el conjunto de la ciudadanía avance en el entendimiento democrático y profundice en los derechos y libertades en todo el país.

Enrique del Olmo García
Sociólogo Presidente de la Fundación Andreu Nin

Regresar al futuro

Por Gloria Elizo Serrano

Deberíamos empezar diciendo que básicamente una amnistía es un procedimiento de naturaleza política para devolver al espacio de la acción pública a los actores políticos expulsados de su acceso a ella por mor de un procedimiento penal que ha considerado delictiva su actividad política.

Nuestra historia, lo sabemos, está llena de ejemplos de esa tendencia a expulsar y excluir otras visiones y otras formas de entender España a base de usar la Justicia para convertir en enemigos públicos a los que pensaban diferente ! los herejes, la antiespaña, los rojoseparatistas, los traidores a la patria! , pero también de ejemplos de reconciliación, de visiones integradoras que, desde un sistema constitucional abierto y garantista, devuelve al diálogo, a la negociación y a la democracia las diferencias políticas.

Y por eso, cada vez que en España se recobra la democracia, la Constitución y las libertades, es necesario empezar haciendo una amnistía.

En el caso en el que nos encontramos la situación no fue tan grave, pero si lo fue la tendencia, el haber iniciado un camino en el que el Código Penal, los tribunales, la policía política, los medios afines, etc. se usaron para colocar fuera de la Ley a un gran número de representantes y actores políticos y para enviar a la cárcel a algunos de ellos, iniciando una deriva muy peligrosa para nuestra democracia.

Desandar ese camino político, volver a la posición de la democracia integradora, restablecer el discurso político en y con Catalunya precisa, por desgracia, de una acción política absolutamente constitucional como es la amnistía.

Porque estos sucesos, esta Amnistía, no se pueden entender sin recordar la grave crisis económica del 2008 creada por la especulación financiera internacional, la sucesión de recortes unida a los casos de corrupción que asolaron Catalunya y toda España, así como grave Sentencia del Tribunal del Constitucional del 2010 que deslegitimó al pueblo catalán echando por tierra un Estatuto igual al de tantos otros lugares y ya ratificado en referéndum.

No se puede entender sin los intereses cruzados de los dirigentes políticos de la derecha en Catalunya y la dirección política de la derecha en el gobierno del Estado, empeñados ambos en “hablar de otra cosa” que no fueran los recortes, los abusos, la corrupción sistémica y las desviaciones de poder.

Luego vendrían las escuchas ilegales por parte del Estado, la fabricación de informes de la policía política, las mentiras de los periodistas mercenarios, la utilización del Tribunal Constitucional como si fuera un Juzgado de Instancia, el Tribunal Supremo fantaseando con el juez ad quo, los hechos y su encaje penal.

Y sobre todo se impuso el relato del nacionalismo excluyente, la conocida táctica de dibujar un enemigo interno al que hay que extirpar presentándose como adalid de la defensa de la verdadera nación… incluyendo de paso ! como siempre! las habituales políticas regresivas, la corrupción sistemática con los actores económicos cercanos y la restricción a las libertades de la gente.

Y por eso, por esa estrategia nefasta y cortoplacista es necesario ahora retroceder a la encrucijada donde nuestro sistema equivocó el camino de la democracia para dejarse arrastrar por el camino de la exclusión.

Puede parecer una exageración, un aviso o una tendencia. Pero hoy, al igual que en 1977, ante el avance de los discursos de la extrema derecha, tenemos que elegir en qué sistema político queremos vivir. Si en uno en el que los adversarios políticos son enemigos de la patria y hay que excluirlos penalmente, o en una democracia inclusiva y plural donde partidos que no comparten su visión política pueden firmar un acuerdo reconociéndose como existentes, diferentes y respetuosos de esas diferencias.

Y para eso es necesaria esta amnistía.

El Partido Popular está en su perfecto derecho de criticar los programas, las posiciones y los pactos para formar gobierno de Pedro Sánchez, de intentar incluso que olvidemos que son los mismos pactos que Feijoo no ha podido llevar a cabo por culpa de su mochila excluyente.

Pero la amnistía es incluso una oportunidad para que, andando el tiempo, el propio Partido Popular pueda volver al espacio constitucional y al dialogo con ese nacionalismo de derechas con el que ya Aznar hablaba en catalán en la intimidad.

Amnistía para el entendimientoo para la confrontación

El pasado día 9, en el Ateneo de Madrid, se celebró un acto bajo el título “Amnistía para el entendimiento o para la confrontación”, organizado por la Asociación Trabajo y Democracia. ASTRADE decidió iniciar el año sometiendo a debate la ley de Amnistía que propone el Gobierno de Pedro Sánchez, en continuidad con otras iniciativas habidas este pasado año, como el “Documento impulsado por Tribuna Socialista” firmado por 300 militantes del PSOE y dirigido al Grupo Parlamentario Socialista y a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, entregado a los destinatarios el 4 de octubre, coincidiendo en el tiempo con la feroz campaña de Felipe González, y otros, en contra de un proceso para la resolución del conflicto con Cataluña por la vía de una Amnistía. O el documento “Redoblar la lucha por la Amnistía”, producto del debate mantenido el 27 de noviembre en la librería Blanquerna, en Madrid, promovido por el Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), al que ya se han adherido más de 160 militantes políticos y sindicales de distintas organizaciones. El acto del Ateneo fue muy concurrido, llenando la sala Úbeda, y en él pudieron tomar la palabra los asistentes que así lo decidieron.

Quienes intervinieron desde la Mesa abordaron el tema desde una doble óptica: jurídica y política, exponiendo argumentos a favor y en contra del proceso de Amnistía, si bien, el sentir mayoritario, tanto entre los ponentes como entre los asistentes, fue de apoyo a la ley de Amnistía que está en su inicio del trámite parlamentario.

La Amnistía ha llegado como fórmula para desatascar la investidura. Feijóo no pudo convencer a Junts, ni a PNV para que lo apoyaran, pues en el paquete iba VOX amenazando con disolver los partidos nacionalistas y representando, tanto VOX como PP, a lo más profundo del franquismo no erradicado en nuestro país, buen ejemplo de ello es Manuel García- Castellón, juez de la Audiencia Nacional y digno heredero del TOP. Por su parte, Pedro Sánchez ha encontrado en la Amnistía una fórmula para poner de acuerdo al resto de partidos parlamentarios en iniciar la marcha de la legislatura e intentar resolver el conflicto derivado de las represivas políticas del PP en la década pasada, pues, parafraseando al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres: “El conflicto en Cataluña no surge de la nada”. No debemos olvidar la brutal campaña de la derecha contra el Estatut de Catalunya que aprobaron las Cortes, el Parlament y un referéndum en Cataluña, pero que fue truncado en 2010 por el Tribunal Constitucional. Esta es la antesala del conflicto de octubre de 2017, que se quiso resolver “echando gasolina al fuego”, alentando el “A por ellos”, sin decirlo expresamente, por Felipe VI en su lamentable discurso del 3 de octubre y con la respuesta policial del Gobierno de Rajoy, respuesta complementada por los magistrados afines a la derecha.

La Amnistía, por tanto, tiene que servir para reparar las tropelías democráticas del Gobierno del PP entre 2012 y 2018 contra miles de ciudadanos en Cataluña, no solo para los políticos catalanes que sufrieron cárcel o sobre los que aún pesan encausamientos judiciales.

Además, en mi opinión, es una puerta que se abre para avanzar en dar encaje y normalizar la pluralidad del Estado español en su composición y no un concepto cerrado de nación española, es decir un país sometido a una ideología nacionalista centralizadora y excluyente, anclada en el “España, Una Grande y Libre”, siendo la grandeza y la libertad más que discutibles, tal como las continúa interpretando la derecha de nuestro país.

La clausura del acto corrió a cargo del presidente de ASTRADE, Eduardo Hernández.

Roberto Tornamira
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE
En los siguientes enlaces, añadimos tres artículos que resumen la posición ante la amnistía, que a fecha de cierre de esta edición nos han hecho llegar tres de los intervinientes en el acto:

Gloria Elizo Serrano

Enrique del Olmo García

Safira Cantos Salah

¡Es una indecencia permanecer callados ante el exterminio que se está produciendo en Gaza!

ASOCIACIÓN TRABAJO Y DEMOCRACIA

Han pasado tres semanas desde las criminales incursiones de Hamás en territorio de Israel; asesinatos y secuestros contra población civil que no tienen justificación. La hipótesis que más lógica adquiere, de por qué Hamás llevó a cabo esta planificada acción, es la de que necesitasen que su causa tomase la relevancia que había perdido ante la pandemia, la guerra en Ucrania o los escarceos comerciales y militares de Estados Unidos y China, entre otros acontecimientos. Es posible. En todo caso, el precio en vidas humanas no justifica nada. Como el legítimo derecho a defenderse no legitima un genocidio.

El mundo se ha escandalizado con lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre, veremos cuánto duran estos deleznables hechos en las portadas de los periódicos.

Solo si nos desentendemos de un problema nos sorprendemos con las derivadas que dicho problema pueda tomar. Aceptar que Israel lleve, como mínimo, 75 años invadiendo territorio palestino, a pesar de las condenas y resoluciones de la ONU, tiene consecuencias terribles para el pueblo judío y palestino, fomentando una espiral de odio como la que se continúa fraguando en estos momentos, de manera acelerada, a un lado y otro de la valla que separa Gaza de Israel.

Son llamativos los apoyos y abrazos que está recibiendo el presidente de israelí, el Sr. Netanyahu, uno de los pirómanos de este incendio, sionista donde los haya. Apoyos de Joe Biden y Rishi Sunak, presidentes de USA y Gran Bretaña respectivamente, aunque no solo de ellos. Apoyos y comprensión incomprensible para con la masacre de víctimas inocentes en Gaza: 8000 muertos en Gaza (a 29 de octubre), de los que más de la mitad son niños y niñas.

Solo releyendo la historia y actualizando los hechos podemos encontrar alguna explicación, que no comprensión, a lo que está ocurriendo:

  • En 1922, la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, encargó a Reino Unido que administrase los territorios del Levante Mediterráneo: el Reino de Jordania, los Altos del Golán, Gaza, Cisjordania y lo hoy abarca Israel; a este encargó se le llamó “el mandato británico”; territorios que Gran Bretaña ya había ocupado en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. En esta década de los años 20 se comenzó a fomentar y financiar (por la Agencia Judía, entre otros) la migración de judíos a Palestina.
  • En noviembre de 1947, la ONU proponía dividir la parte occidental del Mandato en dos Estados, uno judío, (el 55% del territorio, antes, la población judía contaban con el 7% del territorio) y otro árabe-palestino, excepto Jerusalén y Belén que quedarían bajo control internacional. El rechazo del gobierno británico a llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia una guerra civil en el territorio del Mandato de Palestina que estalló al día siguiente de la votación del Plan, seguida de la guerra árabe-israelí de 1948.
  • En 1956 la Guerra del Sinaí, en 1967 la Guerra de los Seis Días y en 1973 la Guerra del Yom Kippur.

No profundizamos en los hechos y conflictos que han tenido lugar a lo largo de décadas, pues hay información sobrada para saber más sobre estos acontecimientos, pero nos parecía oportuno mencionarlos para establecer un hilo que ayude a entender el porqué de lo que hoy ocurre. Para ello, es necesario mencionar también las consecuencias de los mencionados hitos históricos:

  • Es difícil saber, en estos momentos, cuál es el porcentaje de territorio que Israel ha ocupado, muy por encima del 55% que se les concedió en 1947, saltándose las múltiples resoluciones de la ONU: 194, 242, 337, 3379, 446, 672, 3236, entre otras muchas, todas ellas son de interesante lectura.
  • Más de 5 millones de palestinos y palestinas sobreviven en campos de refugiados: 2,2 millones en Jordania, 500.000 en Líbano, más de 400.000 en Siria y más de 2 millones en distintos campamentos en su propia tierra, Cisjordania y Gaza.
  • Antes del 7 de octubre, el desempleo juvenil superaba el 50% y el desempleo medio se situaba en el 41%.

Son solo tres impunts de los muchos y desgarradores que se podrían dar, que se están viendo agravados hasta rebasar el límite de lo admisible con el asedio, bombardeos y ahora incursión terrestre en la franja de Gaza, por parte del Estado de Israel.

Con los antecedentes que hemos expuesto no esperamos de Reino Unido otra cosa que apoyo a Netanyahu. Tampoco esperamos que Estados Unidos abogue por la paz, tanto por la incidencia que el lobby israelí tiene en Washington, como por la nula fuerza moral de los USA; por cómo esa nación se fraguó, usurpando el territorio a las tribus nativas.

Entendemos como positiva la propuesta de una Conferencia de paz, para dentro de seis meses, que ha hecho nuestro presidente del Gobierno. Sin embargo, lo que urge es que los gobiernos de la UE y las instituciones internacionales se dejen de medias tintas y exijan a Israel un alto el fuego inmediato.

Tras siete décadas de abuso y muerte, es poco creíble que la solución pase por el establecimiento de dos estados, eso ya se propuso en 1947. La solución es muy difícil, pero desde luego no es solución continuar dando largas al conflicto. Lo deseable sería que se establecieses las condiciones para que palestinos y judíos puedan vivir en un solo Estado, laico y democrático, en el que no tenga cabida ni el supremacismo sionista ni el integrismo islámico.

El sentir manifestado en este comunicado, por la Junta Directiva de ASTRADE, sirve para cualquiera de los conflictos armados que hay hoy en el mundo, aunque no podamos precisar los hechos y circunstancias de cada uno de ellos.

Junta Directiva

República y Futuro

Bajo el título “Republica y Futuro”, el Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), con la colaboración de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), ha celebrado el 14 de abril, 92º Aniversario de la proclamación de la II República, en la sede central de la Unión General de Trabajadores (UGT), en Madrid.

Al acto asistieron una treintena de militantes republicanos, organizados en distintas asociaciones y colectivos, muchos de ellos y ellas vinculados al CATP. Desde la mesa, intervinieron en este orden: Xabier Arrizabalo, en nombre de Información Obrera (IO), profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Ángel Pasero, presidente de Unidad Cívica por la República (UCR); y Roberto Tornamira, en representación de Tribuna Socialista y portavoz del CATP. Los intervinientes abordaron la cuestión República desde distintas ópticas.

Recordaron que la proclamación de la República estuvo impregnada de ilusión y de satisfacción de los pueblos del Estado español, por el logro conseguido por el propio pueblo con su acción; sentimiento que se definía en el cántico “El Rey no se ha machao, que lo hemos echao”. Sabían y/o intuían que no se había resuelto nada definitivamente, pero eran conscientes de que se había derribado el obstáculo principal, el más visible, de la opresión de una clase favorecida y minoritaria sobre otra mayoritaria pero desfavorecida.

La caída de la Monarquía abría el camino a las aspiraciones de los pueblos, en materias como la Educación Pública; sólo en los dos primeros años de la II República se abrieron más escuelas que en toda la historia de España. Y se produjeron grandes avances en la igualdad de la mujer, avances que no se entenderían ni hubiesen sido posibles sin la movilización y el empuje de la clase trabajadora, en esos y en otros aspectos.

Aseveraron que es la hora de la República y la hora de pasar definitivamente la página del franquismo, que está presente en todas las instituciones; una situación anómala que vivimos desde hace 45 años, desde que se aprobó la Constitución que nos endosó al Rey que había instaurado el régimen de Franco.

Cada vez son más los ciudadanos que consideran la Monarquía una institución anacrónica y contraria a los principios de la democracia. Para evolucionar y alcanzar la República es necesario crear tejido republicano a partir del debate y la acción política de los partidos que se reclaman de la izquierda. No se trata de cambiar el Rey por un presidente de la República, se trata de dotarnos de un nuevo contrato social en el que la herencia no pueda ser el criterio para la elección del jefe del Estado.

Los hechos históricos constatables dejan al descubierto los nudos del “Atado y bien atado” del dictador y su régimen. El primero de esos nudos es la Ley de Sucesión del 6 de julio de 1947, tan sólo 8 años después de acabada la guerra: Esta Ley cumplía con el compromiso contraído por Franco y los generales golpistas con la dinastía de los Borbones y, a la vez, traicionaba ese compromiso, pues se establecía la instauración de la monarquía y al mismo tiempo se nombraba a Franco jefe vitalicio del Estado. El otro nudo se ató el la Ley de Sucesión del 22 de julio de 1969, en la que ya sí, se instauraba La Corona, en la persona de, en aquel entonces, el príncipe Juan Carlos de Borbón, a condición de que Franco muriese. La Constitución de 1978 asumió el testamento del régimen franquista, incluso en las prebendas más groseras de la institución monárquica, como es la inviolabilidad y la irresponsabilidad del Rey, impunidad de la que gozaba también Franco y sus afines.

Los hechos, 45 años después, constatan que la arquitectura institucional, de la que nos dicen e insisten que la “clave de bóveda es la Corona, está montada para los intereses de la minoría privilegiada que no soporta los avances en derechos y libertades. De la misma manera que no soportaron el esfuerzo educativo y cultural de la República, no soportan mantener hoy los servicios esenciales como la Sanidad, las Pensiones o la Educación. Los ataques a los presupuestos para los servicios públicos se producen en un momento en el que no se escatima en el incremento de los presupuestos para la guerra.

Sobre estas exposiciones giró el debate en el que intervinieron militantes socialistas del PSOE, de la UGT, y comunistas; todos ellos y ellas con el común denominador de ser firmantes del Manifiesto Internacional ¡Alto a la Guerra!

Se llamó a participar en la 2ª reunión de firmantes que se mantendrá telemáticamente el lunes 17 de abril y se invitó a participar en la reunión abierta que prepara el CATP para el 6 de mayo. En la reunión amplia del CATP se abordará la campaña internacional contra la guerra, la lucha por la defensa de la Sanidad Pública y la continuidad de la campaña por la Auditoría, para defender las Pensiones Públicas.

El acto terminó con todos los y las presentes en pie entonando La Internacional. Tras este acto se celebró una cena republicana.

Roberto Tornamira
Portavoz del CATP

Crónica del acto organizado por ASTRADE ¡Alto a la Guerra!

El jueves 23 de marzo, en la Agrupación Socialista de Buenavista, en Madrid, el acto/ debate sobre la Guerra de Ucrania, con el lema » Alto a la Guerra «.

Comenzó interviniendo Jesús Jaén, de la Asociación Leodile Bera, quien fijó un punto común, aceptado por todos, en torno a la deseada y necesaria PAZ. «Nosotros, además, partimos de fijar quien es el responsable de la agresión, y quien el agredido, y aquí tanto en 2014 como 2022 es claramente Putin«, » Ansiamos la paz, pero comprendiendo quién es el agresor y quién se defiende«, dijo.

Durante su intervención, recalcó que entendía los argumentos de la responsabilidad de la OTAN, en las circunstancias previas, pero mantiene que quien causa la guerra, ahora, es Rusia. Igualmente observó que la inclusión del relato de la guerra del Donbás podía más que esclarecer los precedentes, justificar con argumentos historicistas posiciones que no establecen responsabilidad, y si justificaciones de uno u otro bando.

Asimismo, comentó que observar el conflicto como una guerra de potencias, guerra geoestratégica, nos puede llevar a abstraernos de la evidente destrucción física de Ucrania, y del genocidio de su población; para él tiene el mismo rango que la invasión norteamericana de Vietnam, y por tanto asiste a Ucrania, a su Gobierno, su derecho a la defensa, y en su opinión a recibir ayuda tanto militar como humanitaria… Así, se asemeja a las consecuencias funestas que tuvieron las políticas de «no intervención» respecto de Inglaterra y Francia para con España durante la Segunda República.

En cuanto a la propuesta de China considera que habla de paz, pero se escora hacia Rusia, al no establecer responsabilidad en la culpa, y no reconoce la agresión. Rusia, dice, es imperialista, y Putin debe ser frenado.

Tras esta intervención, tomó la palabra Roberto Tornamira por la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE). Roberto es, además, miembro de la Coordinadora Estatal del Comité para la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), plataforma que en España está promoviendo el Manifiesto internacional ¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego sin condiciones!

Roberto establece también un principio irrenunciable: la paz y considera que para ello lo más urgente es que pare la guerra. Ve contradictorio que se busque la paz alimentando la guerra con el envío de armas.

En primer lugar, da algunos datos sobre la figura de Putin, para despejar cualquier duda sobre qué este individuo nada tiene que ver con la revolución de 1917, ni con la extinta URSS, ni siquiera con la etapa más degenerada del estalinismo. Putin fue un abogado del KGB, un burócrata, que en 2001 dio el relevo a Yeltsin y que lidera un partido, Rusia Unida, que se declara conservador, nacionalista y que está en la derecha de la actual Duma.

Putin es el líder de un Estado oligárquico, que defiende los intereses de los que se apropiaron de los sectores estratégicos de la URSS. Pone de ejemplo a Roman Abramovich, presidente de SIBNEFT (más conocido por haber sido dueño del Chelsea), a Igor Sechin, presidente de ROSNEFT, a Alesey Miller, presidente de GAZPROM, Alisher Usmanov, presidente de METALLOINVESTE y Nicolai Tokarev, presidente TRANSNEFT, entre otros muchos propietarios de empresas gasistas, petroleras, mineras o metalúrgicas.

Estamos ante una guerra que, al igual que la IGM, tras el atentado de Sarajevo, tenía tras de sí la lucha entre imperialismos por las colonias, para apropiarse de las materias primas, esta guerra tiene una trastienda en la que se dirime, desde antes de que se iniciase el conflicto, la lucha por el mercado de la energía y los combustibles y sus rutas de distribución. Dio algunas cifras que retratan esta teoría: En 2012, antes de la llamada revolución del Maidan, la UE compraba energía a Rusia por valor de 157.000 millones de euros, en 2021, esa cifra había caído un 31,2%. En enero de 2020, el 43% del Gas que se consumía en Europa llegaba de Rusia, en noviembre de 2023, sólo el 12,9%.

En julio de 2018, la UE cerró un acuerdo con los EE.UU, denominado “Área de Energía”. Este acuerdo fue firmado en Washington por el presidente de la UE, el Sr. Junker y el presidente de los USA, el Sr. Trump. En los nueve meses que transcurrieron desde la firma de ese acuerdo, de julio de 2018 a marzo de 2019, los EE.UU., incrementaron sus exportaciones de Gas licuado (GNL) a la UE en un 181%.

Las inversiones que se están haciendo en construcción de infraestructuras para la exportación de GNL, como el puerto que CHENIERE está construyendo en Texas, son macro inversiones a largo plazo para aumentar más aun las exportaciones de GNL desde los EE.UU. Estas inversiones son coherentes con la postura de la Administración Biden de mantener la guerra el tiempo que sea necesario. También son coherentes con la aprobación del mayor presupuesto de guerra de los USA para 2023, 858.000 millones de dólares, una cifra que, según la ONG World Beyond War; “Sólo con el 3% del gasto militar de los EE.UU., se acabaría con el hambre en el planeta”. A lo que Putin ha respondido con que el presupuesto para la guerra será ilimitado.

Es por tanto, en su opinión, una lucha de sectores energéticos que protegen «su petróleo», “su gas”… donde Estados Unidos pretende sustituir a Rusia como máximo suministrador de Europa, configurando una guerra económica con el pretexto de ayuda a un pueblo masacrado incluido.

Concluyó diciendo que la mejor manera de defender al pueblo ucraniano es parando la guerra de inmediato. Y no solo al pueblo ucraniano, a todos los pueblos de Europa, pues en paralelo se está desarrollando una guerra social, con el Tsunami inflacionario que está saqueando salarios y pensiones y con los ataques a los sistemas de protección pública: pensiones, sanidad, educación y dependencia.

Tras las exposiciones, tomaron la palabra algunos de los presentes:


Gloria Campos. Comparte lo expuesto por Jesús y Roberto, ambos tienen razones de peso. La guerra es un negocio próspero donde Rusia invade otro país, y acaba siendo un negocio, con no sólo la masacre de un pueblo por bombas, sino además un continente, África, desolado por la falta de alimentos.

Rusia da miedo, Zelenski es un actor, y China…??? Pero cree que es necesario seguir enviando armas.

Miguel Sagües: Está de acuerdo con Gloria respecto a que la guerra debe parar; pero expresa que tanto miedo le produce Rusia como Estados Unidos por su tradicional militarismo, y cree que la propuesta China no debe desdeñarse a pesar de las justificadas dudas…y no queremos enviar más armas, aunque, ¿qué hubiese hecho Putin sin tener enfrente esas armas?

Juan Fernando Martínez: Comparte la visión de Roberto, y pone el acento en la influencia de los Medios de Comunicación, que trasladan una visión parcial, utilizando el sufrimiento de las personas. Es como la representación de una obra de teatro, un drama.

Manuel Cusó: Manifiesta que su visión coincide con Roberto, porque ¿quién sufre? los pueblos, ucraniano, ruso… mientras que son los gobiernos quienes quieren la guerra. Son los trabajadores quienes se manifiestan contra la guerra.

Los pueblos son masacrados o perseguidos, mientras se financia la guerra con un esfuerzo económico que solo beneficia a unos pocos y a determinada Industria. Paz, sí, pero para las personas. Y, para ello, deben movilizarse los obreros europeos.

Jesús Jaén, comenta enfadado, que un debate debe fijar responsabilidad, y no convertirse en su opinión en un simple antiamericanismo. Debemos ver la agresión que sufre Ucrania, defender la Paz, y ayudar a quien sufre, humanitariamente, y con armas.

Roberto Tornamira: Desear la Paz, y exigir Alto a la Guerra, no hace que perdamos de vista cuales son las circunstancias, y de quienes es la responsabilidad, y si, ayudemos, pero sin cerrar los ojos a las consecuencias de no ver el problema en su conjunto, en toda su dimensión. La solución pasa por la movilización de masas. La paz debe exigirse, de lo contrario los gobiernos se mantendrán sordos.

Eduardo Hernández
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista