¿A quién beneficia una mega fusión de bancos?

La concentración bancaria en España continúa creciendo. Si la fusión de Caixabank y Bankía llega a su fin, a las cinco primeras entidades españolas actuales: Caixabank+Bankia, Santander, BBVA y Sabadell, se les sumará Bankinter y entre las nuevas cinco alcanzarán un sumatorio por volumen de activos equivalente a 1,5 veces el PIB del Estado español.

En el mundo político (al menos en la parte progresista y de izquierdas) se reflexiona con preocupación sobre la excesiva “influencia” del mercado en la política, y por ende en las decisiones que toman los poderes del Estado. Esa capacidad de “influencia” se debiera combatir y se puede medir, del mismo modo que se mide el exceso de sematotropina en el organismo para combatir el gigantismo.

La concentración de empresas no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del sector financiero. Tras muchas décadas en este proceso de concentración para ganar cuota de mercado, rentabilidad, productividad… está deviniendo en oligopolios en sectores estructurales de la economía: algo que a los gobiernos debiera preocupar, en lugar de dedicarse a alentar.

Esta mega fusión que se está gestando entre Caixabank y Bankia, dará como resultado una entidad financiera cuyo volumen de activos será equivalente al 60% del PIB. Los organismos de la competencia y el Banco Central Europeo (BCE), utilizan el índice Herfindahl, según el cual la concentración del mercado financiero en España es “moderada”: pero claro, qué van a decir quienes están dando alas a las fusiones de las entidades financieras en Europa.

Por otra parte, los contribuyentes tenemos derecho a pedir cuentas (nunca mejor dicho) sobre la ruinosa operación de saneamiento de las entidades financieras. De los 60.000 millones de euros públicos invertidos en sanear un buen número de entidades, al menos 27.000 millones de euros netos (descontados los 2.100 recuperados por el FROB vía venta de acciones y otros 1.000 recibidos en concepto de dividendos de Bankia) están en este binomio de entidades: Caixabank y Bankía. Recordemos con cuándo, cuánto y dónde:

2010.- Caja Madrid se fusiona con Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Operación apoyada con 4.465 millones de €.

Este mismo año se configura el Banco Mare Nostrum (BMN), compuesto por: Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra. Operación a la que el erario público aportó 1.645 millones de euros.

2011.- El Banco de España interviene el Banco de Valencia e inyecta 1.000 millones de euros de capital y le concede una línea de crédito de otros 2.000 millones.

2012.- El Banco Financiero y de Ahorros (BFA), marca bajo la que se agrupa Bankia, fue nacionalizado en su 100%. Nacionalización que conllevó una inyección de 17.959 millones de euros públicos.

En junio-12, el FROB aprueba una nueva inyección de 998 millones de euros públicos al Banco de Valencia. Entidad a la que en diciembre-12 se inyectan otros 4.500 millones de euros.

2013.-El Banco de Valencia se vende por 1 € a Caixabank, tras haber recibido un total de 6.498 millones de euros de los contribuyentes, sin contar los 2.000 de la línea de crédito de los cuales no tenemos constancia de su devolución o no.

2018.- Se integran Bankia y BMN, acumulando entre ambas entidades 24.069 millones aportados por el Estado.

En el caso concreto de Caixabank y Bankia, el Estado español pierde una gran oportunidad de dotarse de la Banca Pública que necesitamos: la Administración y la sociedad. Bankia, es aún es una entidad cuyas acciones son mayoritariamente (en un 60%) propiedad del Estado a través del FROB, lo que le da la posibilidad de orientar el servicio bancario que presta esta entidad a la sociedad. Por ejemplo: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que no es un banco, no tiene red para la distribución de las líneas de crédito que pone a disposición de pymes y autónomos; depende de las entidades privadas para distribuir esas las líneas de crédito del Estado. Por otra parte, el ICO soportó las quejas de los bancos por el atasco sufrido en el mes de abril, cuando en realidad el problema fue que las entidades financieras han reducido tanto sus plantillas que cualquier campaña extraordinaria las satura. El trabajo termina saliendo, pero claro, como siempre, a costa del sobre esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del sector financiero.

Los trabajadores del sector son los más perjudicados de este proceso de concentración bancaria: comparando los anuarios de AEB, CECA y UNACC de 2008 y los de 2019, se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo, el equivalente al 32% de la plantilla. Y se ha cerrado más del 40% de las sucursales.

Cada vez que se anuncia una fusión se da por descontado que habrá excedente de plantilla, pues como dijo el pasado miércoles día 16, en sede de la CEOE, el señor Pablo Fernández de Cos, Gobernador del Banco de España, entre otras muchas cosas: “las fusiones se hacen para ganar productividad”. Claro, pero la productividad no se gana solo recortando plantillas. No perdamos de vista que en los últimos cinco años, Caixabank y Bankia han recortado en torno a 10.000 puestos de trabajo.

Recortar constantemente plantillas y cerrar oficinas perjudica seriamente a los clientes. Recordemos que más del 50% de los 8.131 municipios que hay en España no tienen servicio bancario de ningún tipo. Además, en la España vaciada, no siempre es posible operar a través de la banca electrónica, pues las dificultades de conexión no son pocas.

La clientela de los bancos ha visto en los últimos años como ha caído en picado la calidad del servicio que recibían: se les fuerza a operar en los cajeros automáticos, en las web de las entidades o se les imponen bandas horarias restringidas para resolver sus gestiones. Por el contrario, se han orientado nuevos modelos de oficina con asesores financieros para los clientes con capacidad de ahorro e inversión. Sin embargo, no todos los afortunados que tienen capacidad de ahorro puede o quieren invertir en productos financieros, y no olvidemos que la gran mayoría de los españoles y españolas no tienen capacidad de ahorro.

El Estado debería dar una solución a estos problemas: tanto a la exclusión financiera que sufre una parte importante del territorio del Estado, como a las consecuencias del cambio de modelo bancario privado que abdica de la banca tradicional para orientarse casi en exclusiva a la inversión. Dos terrenos: el geográfico y el segmento de clientela que demanda servicios bancarios básicos, en los que no se haría competencia a la banca privada.

La conclusión es que con esta dinámica de concentración financiera no se benefician ni el Estado ni los clientes y mucho menos los trabajadores y trabajadoras del sector financiero (tremendamente perjudicados). Estamos a tiempo, luego no nos quejemos.

Roberto Tornamira Sánchez

Secretario Federal de FeSMC-UGT del Sector Financiero, Seguros y Oficinas