Documento leído en la Concentración del 6 de diciembre de 2025, frente a la sede del Tribunal Supremo en Madrid.
Hoy, 6 de diciembre, Día de la Constitución, no venimos a celebrar un texto que se incumple, sino a alzar nuestra voz como garantes de la Democracia y guardianes de la Ley. El pueblo se congrega ante este templo de la soberanía nacional para declarar una verdad ineludible: ¡Nuestra Democracia está en alto riesgo por la corrupción judicial!
Leonor Moggio da lectura al Manifiesto, en nombre de Adepu
I.LA DEFENSA DEL FISCAL ES LA DEFENSA DE LA CIUDADANÍA
Nos concentramos en defensa del Ministerio Fiscal, porque defender la labor del fiscal es defender la piedra angular de nuestro Estado de Derecho. ¡Es la defensa de que ningún ciudadano, ninguna ciudadana, pueda ser acusado, condenado o perseguido sin la existencia de pruebas firmes e irrefutables!
¡Defender al Fiscal es defender el derecho sagrado a la presunción de inocencia para todos y todas! Rechazamos que la acción penal se convierta en una herramienta de venganza o acoso político, utilizada por intereses oscuros al servicio de la corrupción.
II.LA INDIGNACIÓN ANTE UN SISTEMA CORROMPIDO
Es una vergüenza y una indecencia lo que hoy se atreve a llamarse «Justicia» en nuestro país. Denunciamos y señalamos a esos jueces y juezas al servicio de los corruptos del Partido Popular, que utilizan la toga no para impartir equidad, sino para tejer redes de impunidad.
Esta justicia indignante no nos representa. Estos jueces, para el pueblo, están corruptos y corrompen el mandato sagrado de la Ley. Incumplen, con sus acciones y omisiones, el mandato constitucional que les exige imparcialidad y servicio al bien común.
Y en este lodazal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es cómplice. Por su inacción, por su parálisis, y por su silencio frente a la evidencia, el CGPJ permite y ampara que la balanza de la justicia se incline siempre a favor del poderoso y el delincuente de cuello blanco.
III.EL CIRCO DE LA ULTRADERECHA Y LA SENTENCIA DECIDIDA
La paciencia del pueblo ha llegado a su fin. Hemos escuchado los audios indecentes que demuestran, sin lugar a dudas, que la sentencia ya estaba decidida mucho antes de que se celebrase el juicio.
¡El juicio ha sido un circo, una farsa vergonzosa montada por las ultraderechas de este país! El Partido Popular y Vox, mano a mano con esta casta judicial, han convertido la sala de vistas en un teatro político, mancillando la dignidad de las víctimas y de la propia Democracia.
¡Basta ya de sentencias prefabricadas! ¡Basta ya de jueces prevaricadores!
IV.COMPROMISO EN EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Hoy, Día de la Constitución, el pueblo soberano, que es la única fuente de legitimidad, se levanta para rechazar esta justicia que nos oprime.
Nuestra promesa en este día es no cejar en nuestro empeño hasta que se depuren todas las responsabilidades, se reforme el sistema de elección del CGPJ para garantizar su independencia real, y se devuelva la integridad a las instituciones.
¡Nuestra democracia es más fuerte que sus corruptelas!
¡El pueblo no olvida ni perdona!
¡Viva la Constitución! ¡Pero solo si se cumple en favor del pueblo y no de los corruptos!
Nadie duda de que la mayoría de jueces, magistrados y fiscales actúan con justicia conforme a la Ley en sus resoluciones y sentencias. Pero ningún observador de la actualidad política podrá negar que hay un grupo de ellos que no cumplen con ese principio y actúan con un sesgo ideológico: la derecha rancia y españolista de poso franquista. Nido de togados retrógrados que germinó y pervive porque no hubo transición democrática en la administración de justicia —ni en los Cuerpos de Seguridad del Estado— que la limpiara de franquistas que dictaron largas condenas de cárcel y sentencias de muerte contra los opositores al régimen de Franco en los Tribunales de Orden Público, los temibles TOP. Jueces que, instaurada la democracia, pasaron limpios de polvo y paja como titulares de juzgados y tribunales hasta su jubilación.
Aún hoy, ningún político de la época ha dado una explicación a esta anomalía democrática, lo que da pie a especulaciones de todo tipo, como el miedo a que se produjera una revuelta de jueces y magistrados para los que no había recambio por el inveterado sistema, caro y clasista, de acceso a la carrera judicial que convirtió la administración de justicia en un coto cerrado para los hijos de las clases adineradas, dando lugar a estirpes familiares presentes durante décadas en los niveles más altos de la judicatura.
Viene a cuento este recordatorio para entender la sorprendente sentencia, dictada en ocho días por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación sin una sola prueba que demuestre la culpabilidad por la que se le condena. Juicio que ha subvertido el principio básico del proceso judicial de que debe ser el juez instructor quién busque y presente las pruebas acusatorias, y no que el acusado tenga que demostrar su inocencia. Juicio basado en la instrucción del juez Hurtado plagada de errores y sin elementos probatorios —como han reconocido insignes jueces y magistrados—, que dejó fuera la declaración de los periodistas que tiraron por tierra la presunción del juez de que el acusado había filtrado el famoso correo en el que el abogado de González Amador, reconocía los fraudes cometidos y pedía un acuerdo con Hacienda.
Sentencia que no ha tomado en consideración el principio de in dubio pro reo que beneficia al acusado en caso de duda sobre su culpabilidad, pero da por buena la mentira que esparció Miguel Ángel Rodríguez, como él mismo reconoció en el juicio, y que utilizó González Amador para denunciar al Fiscal General por revelación de secretos de su vida personal. Datos que no figuran en la nota de prensa que emitió la Fiscalía General para desmentir la mentira del mentiroso confeso MAR. Pero a la Sala 2ª no le ha importado que su sentencia —que cuenta con dos votos particulares en contra— condene la verdad y deje sin sanción la mentira. Hechos que confirman que estaba dictada de antemano con el objetivo de hundir al Gobierno, a través del Fiscal General utilizado como peón de lo que se puede calificar de golpe de estado judicial promovido por un núcleo de jueces y magistrados de la derecha más rancia y tridentina, que ha contado con el apoyo de la derecha política y mediática.
Sentencia que huele a varapalo contra el Gobierno por los cambios y reformas que ha puesto sobre la mesa para acabar con sus privilegios, cuyo el objetivo es agilizar, reducir la burocracia y hacer el sistema judicial más operativo y funcional. Objetivos plasmados en la Ley Orgánica aprobada en enero de 2025, que reestructura el funcionamiento de los juzgados con la creación de Tribunales de Instancia en cada partido judicial que reemplaza a los juzgados unipersonales y centralizará la administración de justicia, con el objetivo de acabar con los reductos de poder en que algunos jueces han convertido sus juzgados en los que actúan como pequeños reyezuelos contraviniendo, incluso, resoluciones del Tribunal Supremo como la de que no se pueden abrir sumarios con titulares y noticias de prensa. El juez Peinado es un ejemplo palmario.
Cambios como la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios que no sean sede de un Tribunal de Instancia, o de las Oficinas Judiciales para unificar y equilibrar la carga de trabajo del citado Tribunal. O medidas para reducir el número de casos que llegan a los tribunales como impulsar los Medios para la Solución de Controversias (MASC), a los que será obligatorio acudir para resolver conflictos entre las partes antes de iniciar un proceso civil o mercantil. O ampliar a cinco años el mandato del Fiscal General del Estado, que no será renovable, para favorecer una mayor independencia del Gobierno de turno.
Reformas aprobadas que se irán implementando progresivamente, como la del sistema de acceso a la carrera judicial para hacerlo más práctico y menos memorístico, que amplía el número y la cuantía de las becas para que ciudadanos de toda condición puedan llegar a ser jueces, y reducir el carácter clasista del estamento judicial. Y otras contenidas en la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que cambiarán el tradicional sistema judicial al sustituir a los jueces por los fiscales en la instrucción de sumarios, para acabar con una anomalía que nos diferencia de los sistemas judiciales de los países de la UE, en los que el fiscal investiga e instruye el sumario, y el juez controla que no se vulnere la ley en ese proceso. Cambios que, de ser aprobados en el Congreso, entrarán en vigor en 2028, sin afectar a los procesos judiciales en curso.
Modificaciones que buscan eliminar las actuaciones libérrimas y vejatorias de algunos jueces en los interrogatorios a investigados y testigos. O que utilizan la instrucción como herramienta política estirándolos mediante una investigación prospectiva, para prolongar la condena mediática en los medios ideológicamente afines: el Low Faire. De ahí que la Reforma prohíba ejercer la acción popular a partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas, limitándola a los directamente afectados en el caso, para evitar la instrucción de sumarios con denuncias de claro interés político de organizaciones filo fascistas, tipo Hazte Oír o Manos Limpias, fundamentadas en recortes de prensa.
Estratagema que utiliza el brazo judicial de la derecha, para instruir sumarios al compás del acontecer político que más beneficie a los partidos de derecha, con el objetivo de degradar la imagen y tumbar a un Gobierno que detestan, porque quiere acabar con su parcela de poder que utilizan políticamente invistiéndose de un poder omnímodo. Sería largo para este artículo enumerar los casos que el brazo político judicial retuerce para apoyar la estrategia de la derecha, y a la ultraderecha, que llega al desiderátum insólito de manifestarse ante las sedes de sus Juzgados y Audiencias, contra el plan de reformas propuesto por el Gobierno que supone un cambio fundamental en la administración de justicia que pone fin al chiringuito de poder que han configurado a lo largo de los años. De ahí su beligerancia contra este Gobierno y su Presidente, porque representan todo lo que aborrecen: el progreso y el cambio necesario de un sistema judicial que han degradado y convertido en un reino de Taifas.
El adelanto del fallo de la sentencia, al ya ex Fiscal General de Estado, es inédito en la forma de proceder del Tribunal Supremo (TS). Como lo es también la rapidez: 7 días, en pronunciarse este alto Tribunal, en un país en el que la ¿Justicia? es lenta, muy lenta; solo hay que ver los 11 años que ha tardado en abrir juicio oral a la Familia Pujol.
A expensas de conocer la literalidad de la sentencia contra García Ortiz, incluidos los argumentos de los dos votos particulares, condenan sin pruebas rigurosas y dando valor a la suposición de la UCO de que el FGE borró sus mensajes de guasap para ocultar pruebas, dando más valor a lo que sin pruebas manifiesta la acusación, en contra de lo que ha defendido el Ministerio Fiscal.
Por ende, se han pasado los principios jurídicos y su propia doctrina por el forro de sus togas, pues la carga de la prueba en un proceso penal parte de la base del principio de presunción de inocencia, que se han cargado. En el caso contra el fiscal general del Estado se ha partido de la “presunción de culpabilidad”, exonerando a los demandantes de probar dicha culpabilidad.
Recordemos que el magistrado Eduardo Muñoz Baena, absolvió al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su propio Tesorero, apelando a la «doctrina Botín»: una interpretación del Tribunal Supremo de diciembre de 2007 que establece que una acusación popular por sí sola no es suficiente para llevar a una persona a juicio si la acusación particular y el Ministerio Fiscal no sostienen la acusación.
Esta forma de hacer, por parte de los magistrados de la Sala 2º del TS, evidencia la sincronización política de la ¿Justica?, al menos del 70% de judicatura, que es la proporción de magistrados -5 de 7- que avalan el fallo de la sentencia, con las necesidades del PP, quienes necesitaban tapar, intentarlo al menos, la situación en Valencia y la indignación que provoca su pacto con VOX para evitar convocar elecciones, en la pretensión de echar tierra encima de sus responsabilidades políticas respecto a las consecuencias de la Dana del 29 de octubre de 2024. Recordemos que con 229 muertos.
En las últimas semanas tampoco le ha ido bien al PP con el escándalo de la nefasta gestión de los cribados de cáncer en mama en Andalucía, ni que toda la cúpula del PP en la Diputación de Almería esté detenida o imputada por el juez, junto al alcalde de Tíjola. A lo que hay que sumar la detención del alcalde, también del PP, de Villar del Humo (Cuenca) por tenencia de una plantación de marihuana. Demasiadas cosas, y eso que no gobiernan el Estado.
La fecha elegida para adelantar el fallo de la sentencia ha sido el 20N, un mensaje claro de chulería franquista, al menos así lo percibimos en Tribuna Socialista y es un recordatorio de que es el Poder Judicial quien mantiene atada y bien atada la democracia y el Estado de Derecho.
No es la primera vez que ¿la Justicia? sale al quite de los problemas de la derecha y/o que envía mensajes ideológicos. Esto deja en agua de borrajas la separación de poderes, la pone al mismo nivel que el derecho al trabajo y el deber de trabajar de todos los españoles y españolas (Artº 35 de la CE) o el derecho a una vivienda digna y adecuada (Artº 37).
La instrucción del caso y el juicio contra el Fiscal General del Estado es una vuelta a los Tribunales de Orden Público y a los juicios sin derecho efectivo a la defensa. Esta fracción mayoritaria de la ¿Justicia? es la misma que está boicoteando la Ley de Amnistía, en una clara afrenta al Poder legislativo e incluso al Tribunal Constitucional.
Esta sentencia, con los cinco votos a favor, para condenar al FG supone una prevaricación con mayúsculas porque los magistrados saben y les consta que no ha existido la menor prueba inculpatoria. Han llenado el TS de deshonor e indignidad, se han cargado la poca confianza que restaba en el Sistema Judicial y supone una continuidad del golpe de Estado que se viene perpetrando, al menos desde la investidura del presidente del Gobierno, por parte de los conservadores y fascistas del CGPJ.
Los que llevan 50 años conmemorando con pena y nostalgia la muerte del criminal de masas y dictador, Franco, demuestran que para ellos la transición, los pactos de la Moncloa y la Constitución misma son una formalidad que había que hacer, pero no que cumplir. En los hechos, esto significa que vivimos en una farsa y en una realidad inversa; en la que los ladrones acusan a los fiscales y los jueces correligionarios de los chorizos les dan la razón. Mal vamos.
En este artículo quiero reflexionar sobre la situación y la calidad de la justicia en España, el grado de aceptación/satisfacción de los españoles sobre ella y sobre todo y fundamentalmente, sobre el grado de independencia de nuestros jueces y magistrados y su dependencia, muchas veces prevaricadora, de determinados partidos políticos.
Antes de entrar en el meollo de la cuestión, tenemos que reflexionar sobre las causas de esta situación. Y entre las causas, pues es un asunto multicausal, hay una que es la principal: “De aquellos barros vienen estos lodos” y me refiero fundamentalmente a que en el inicio de la, en absoluto modélica y tranquila, transición española, del paso de las Leyes Fundamentales del Dictador Franco a las leyes democráticas y la Constitución de 1978, no se renovaron ni se sustituyeron (no se purgaron) a los jueces y magistrados franquistas, (en connivencia los franquistas y partidos supuestamente progresistas, como PSOE y PCE que abdicó de todos sus postulados marxistas, pero no del estalinismo), cuya gran parte de su cúpula servía o había servido en el funesto TOP, que pasaron, en su gran mayoría, a las cúpulas de la pirámide judicial, arrastrando su ideología franquista, sus errores funcionales y sobre todo su prepotencia, siendo muchos ascendidos, condecorados y galardonados.
La falta de renovación de jueces y magistrados que procedían del Franquismo, del Movimiento Nacional y del ultracatolicismo conservador, no fueron sustituidos por jueces progresistas y demócratas (seguramente habría sido muy difícil encontrarlos en ese momento). Muchos jueces procedentes del TOP, pasaron a ocupar altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Presidencias de Salas de Audiencias Territoriales y luego Tribunales Superiores de Justicia e incluso Tribunal Constitucional, y a partir de ahí, la dependencia ideológica de nuestros jueces y su servilismo a partidos conservadores y de extrema derecha, está servida, sin que afirmemos que esa sea la generalidad, pero sí la nota más acusada y cada vez más abundante sumada a un corporativismo exacerbado.
A lo expuesto hasta aquí, se suma la acusada falta de jueces y magistrados lleva a una situación caótica de acumulación de asuntos sin resolver que ya es insostenible y puede llegar a ser inabordable. Es por ello, que, el aforismo “la justicia o es inmediata o no es” y que “la justicia tardía es justicia denegada”, tiene absoluta actualidad en España.
El CGPJ, aunque tras más de ocho años paralizado y aunque se consiguiera renovar finalmente, sigue sin funcionar y no se corrige sino todo lo contrario, a jueces que prevarican a sabiendas en asuntos de corrupción o claramente políticos, que favorecen a la extrema derecha, PP y VOX.
Los Juzgados españoles acumulan cada año cantidades ingentes de sumarios y asuntos sin resolver, y es que España cuenta solo con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17 y en países de alta tradición democrática, como los países nórdicos o Francia, se supera netamente esta cifra. Esta situación refleja una crisis estructural de la justicia española, que sufre retrasos crónicos y casi irrecuperables, protestas históricas y un órgano de gobierno paralizado por la política (Redacción El Diario de Madrid, 24/jun/25).
Sin embargo, cuando desde el Gobierno se presenta un proyecto de Ley de reforma del Poder Judicial, y acceso a la carrera judicial, además de regularizar la caótica situación de los jueces sustitutos, se encuentra con una férrea oposición de todas las asociaciones profesionales conservadoras y de extrema derecha de los jueces y una incomprensión, solo explicada, por su corporativismo y defensa acérrima de sus privilegios. Los jueces se creen y se sienten figuras intocables que pueden hacer lo que les viene en gana con absoluta impunidad, pero lo cierto y verdad es que los juecesno son más que nadie, habiendo protagonizado jornadas de huelga, cuando constitucional y legalmente les está vedado, eso sí, sin que se les descontara el sueldo por cada día de huelga, e incluso interrumpiendo juicios que se estaban celebrando, para acudir a las concentraciones, con toga, por supuesto.
Con datos del informe que emite el CGPJ, en el segundo trimestre de 2024, la justicia española cerró con 4.181.669 asuntos pendientes, sobre un total de asuntos de 7.799.166. Esto supone un incremento del 14,2% respecto al mismo periodo de 2023. Este dato marca un récord de casos sin resolver.
Lo que nos lleva a la conclusión de que hay un colapso estructural y una desconexión de la realidad, por parte de la justicia española.
En cuanto al grado de descontento y hartura de los españoles respecto de la justicia española, salvo los informes propios e intencionados del CGPJ y de sus medios acólitos, el rechazo es descomunal.
Según el HuffPost/EFE, nueve de cada diez españoles considera que la justicia no es igual para todos. El tercer estudio ‘Calidad de la Democracia’ realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge que el 78,5% de los ciudadanos considera que no se trata del mismo modo a ricos y pobres. (Redacción 08/05/2025).
La justicia, queda muy mal parada.
En las preguntas del CIS referidas al funcionamiento del sistema judicial, los encuestados se muestran muy críticos: una abrumadora mayoría del 89,9 % no comparte que trate igual a los políticos que a los ciudadanos y el 78 % tampoco está de acuerdo con que la justicia sea imparcial en los procesos que afectan a los partidos, especialmente en temas de corrupción y que afectan al PP y a VOX.
Según “El País”, dos de cada tres encuestados están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de los tribunales. La Administración de Justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio que menos satisfacción genera —la asistencia sanitaria en los centros de salud públicos—, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La agencia que dirige José Félix Tezanos ha retomado las encuestas sobre calidad de los servicios públicos que el organismo había dejado de hacer en 2018, justo tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez. Y la justicia sigue en la cola, como entonces, cinco años después. El sondeo muestra que el 66,2% de la población está totalmente en desacuerdo e insatisfechos con la justicia española.
Vayamos ahora con reflexiones sobre la tan denostada y presunta independencia de los jueces y magistrados en España. Vaya por delante que la democracia y el sentido de la responsabilidad y decencia, exige que los jueces sean rabiosamente independientes, a la hora de analizar hechos, enjuiciar asuntos y dictar sentencias, neutralidad que no deberá interferir en su integridad e independencia, a la hora de emitir sus Fallos en los asuntos de que conozcan.
Según Fernando Ull Barbat, “El ojo crítico”, 02/10/25, “por mucho que una gran parte de los jueces españoles se empeñen en hacernos creer que son poco menos que figuras intocables que pueden hacer lo que les venga en gana, la realidad constitucional de nuestro país les obliga a estar al servicio de los españoles”. Y yo añado, y si así no lo hicieren, prevaricarían dolosamente.
Los jueces tienen que aplicar la ley, lo que quiere decir que no pueden interpretar las leyes como les parezca, ni dictar las sentencias que quieran, sin que puedan ser objeto de la menor crítica. No pueden interpretar las leyes según su ideología y para favorecer y adaptarlas al ideario de un partido político, que es lo que muchos hacen. (Fernando Ull Barbat).
Fundación Sistema: Cae la confinza en la Justicia en España
El artículo 117 de la Constitución señala que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Pero, ¿qué ocurre cuando esa justicia pierde legitimidad ante los ciudadanos porque una parte de esta situada en puestos estratégicos, entra en conspiraciones para derribar gobiernos, intenta condicionar procesos electorales o aparecen noticias como: “El Tribunal Superior de Cataluña absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual”; “Un juez procesa al humorista Quequé por bromear con “dinamitar” el Valle de los Caídos y “apedrear” a curas pederastas”; “El TSJC permite que un padre pueda impedir la eutanasia del hijo (de 54 años) aunque no tengan relación”?
Ocurre, que la confianza en la justicia cae porque, parte de ella, en lugar de ser y actuar como un árbitro neutral, actúa y se comporta como un actor político más, saltándose la legalidad constitucional. Algo muy inquietante en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, porque la población interioriza que la justicia no es igual para todos.
“En una escala de valoración donde 1 representa la mínima confianza y 10 la máxima confianza, los españoles en el año 2021 valoraban la justicia con una media de 4,76. En el año 2024, esa valoración descendió hasta un 4,67. Este dato es una señal de advertencia sobre la situación institucional de España, máxime si tenemos en cuenta que la valoración de los partidos políticos, los sindicatos, el gobierno, el Parlamento y los medios de comunicación es aún menor, según las encuestas sobre Tendencias Sociales realizadas por el Centro de investigaciones Sociológicas entre 2021 y 2024.”
En definitiva, lo que nos dice entre líneas el artículo transcrito y que comparto, es que una parte importante y poderosa de los jueces y magistrados, no son independientes, sino que están y han estado al servicio del PP e incluso de VOX y prevarican, al hacer de sus juzgados y tribunales baluartes para, de la mano de la extrema derecha, descalificar y hacer caer al gobierno de la nación, al que ab initio, consideran ilegítimo, y sobre el que lanzan bulos, mentiras y todo tipo de basura, como hicieron con Pablo Iglesias y su familia. Van a por Pedro Sánchez, para hacer caer al gobierno, con el CGPJ a la cabeza, con jueces y magistrados significados, desde el TS, la AN y Salas de los TSJ, mediante la prevaricación, que impiden o atenúan el procesamiento de corruptos, como Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, M. Rajoy, Feijoo y el propio Aznar, y tantos otros, acosando al presidente del Gobierno, procesando a su hermano y a su mujer con delitos inventados y en instrucciones claramente prevaricadoras y falsas. Delitos gravísimos por los que tienen la más absoluta impunidad, pues se creen por encima del bien y del mal.
Lo que subyace es el ataque sostenido de la derecha extrema y la extrema derecha (en España no existe una derecha democrática), contra el actual Gobierno al que consideran, antes incluso de constituirse, como ilegítimo, sin que sigan sin asumir la democracia con todas sus consecuencias (Fernando Ull Barbat), porque piensan que España es solo suya y la quieren UNA GRANDE Y LIBRE constituyendo una UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL.
Compartiendo la tesis de Fernando Ull Barbat, se trata, de un golpe de estado mantenido y permanente, para conseguir el agotamiento y caída del gobierno y la convocatoria de elecciones generales, que, por supuesto, están convencidos de que ganarán, recuperando lo que consideran que es suyo por la gracia de dios y ab natura, el poder en todos los órdenes y España su cortijo.
Al juez Garzón, lo procesaron por enjuiciar al franquismo y lo expulsaron de la carrera. Se jactaban de manejar a la Segunda del TS por la puerta de atrás, en fin, todos tenemos en mente tantas cosas, que ratifican lo que vengo sosteniendo; que una parte significativa de jueces y magistrados no son independientes, prevarican impunemente y están al servicio de la extrema derecha del país, siendo las salas en las que sirven, poltronas para hacer política contra el Gobierno legítimo y hacerlo caer provocando nuevas elecciones generales.
Estoy convencido de que triunfará la democracia, que el Gobierno va a aguantar y va a agotar la legislatura y que los cambios legislativos sobre el nombramiento y elección de los vocales del CGPJ y jueces y magistrados, acceso a la carrera judicial, regularización del cuarto turno y cuarto turno para fiscales, regularización y estabilidad de los jueces sustitutos, harán que se sanee la justicia española, aumente el número de jueces independientes, se desatasque el atraso judicial y poco a poco, se normalice y se recupere la confianza en el sistema judicial, hoy tan justamente deteriorada.
El pasado 26 de junio, el Tribunal Constitucional dictó sentencia mediante la que se avala la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Una ley que desde Tribuna Socialista hemos defendido para ayudar a normalizar la vida política y desjudicializar conflictos que están en la esfera de lo político y no de lo penal. Un conflicto al que contribuyeron tanto el gobierno de Rajoy en España como los gobiernos independestistas de Cataluña.
A pesar de la aprobación inicial de la Ley hace un año, la derecha franquista y los gobiernos autónomicos gobernados por el PP y por Garcia Page, se encargaron de torpedear, con recursos de institucionalidad. al tiempo que algunos jueces se negaban a aplicar la ley en un acto de rebeldía institucional sin precedentes.
Especialmente grave fue el recurso presentado por García Page, a pesar de que los diputados socialistas castellano-manchegos en el Parlamento habían votado en favor de la ley.
Fiscales y jueces, por su parte, expresaron su rechazo en comunicados institucionales y declaraciones públicas.
Algunos magistrados de tribunales superiores plantearon objeciones de constitucionalidad incluso antes de que la Ley viera la luz, en una suerte de recurso preventivo, inaudito en la democracia.
El juez García-Castellón, ha mantenido una postura especialmente beligerante contra la aplicación de la ley.
Y en la calle, los socialistas vimos como nuestras sedes eran atacadas por los franquistas, banderas con el águila incluídas.
La sentencia del TC ha sido bienvenida por la mayoría del pacto de investidura. De hecho, minutos después de conocerse la resolución del Tribunal, el presidente de la Generalitat, Salvador llla, ha celebrado la decisión judicial. En una declaración institucional, Illa ha pedido que se respete la resolución, ya que «no tiene sentido obstaculizar su aplicación». Así mismo, ha pedido al Tribunal Supremo, «con respeto, pero con claridad, que se aplique esta ley con diligencia».
Igualmente, el Ministro de Presidencia, justicia y relaciones con las cortes. Félix Bolaños, también se pronunció a favor de la sentencia, añandiendo que «la amnistía ha logrado uno de los mayores éxitos de la sociedad española en democracia, al restaurar la convivencia en Cataluña, pero no será completa hasta que no se aplique a todos los protagonistas del proceso independentista».
Veremos si los jueces rebeldes aplican la ley o siguen obedeciendo al dictado de Aznar «el que pueda hacer que haga».
Baltasar Santos Primer secretario del PSC del Vendrell Miembro del comite de redacción de Tribuna Socialista.
El desprestigio de uno de los tres poderes del Estado, la Justicia, ha alcanzado cotas desconocidas en los últimos 46 años.
El hecho de que el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), haya estado sin renovarse casi cinco años cuantifica este problema democrático. Y el hecho de renovarlo no resuelve el descrédito de la Justicia.
Es impensable que el poder ejecutivo estuviese vigente durante nueve años, sin renovarse desde su constitución. O sería un escándalo mayúsculo que un delegado o delegada del gobierno en una región interpretase sus funciones como le diese la gana o se extralimitase en la aplicación de sus atribuciones. Lo normal sería que el Gobierno le destituyese ipso facto.
Bien, pues desde hace ya muchos años venimos asistiendo a una especie de vale todo en la interpretación y aplicación de las leyes para garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, que es la función principal de los jueces, fiscales y tribunales. Si estas opiniones las dejase aquí no serían más que opiniones de un ciudadano ajeno al Derecho y a lo Judicial. Sin embargo, es el Tribunal Constitucional (TC) el que acaba de decir cosas como: “…se ha invadido la separación de poderes al criminalizar actos legislativos de un gobierno regional”, o “supone incidir en un ámbito ajeno al control judicial, excediendo de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida” o “se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal”… Son algunas consideraciones, posiblemente no las más gruesas, que ha emitido el TC respecto a las sentencias dictadas por la Audiencia provincial de Sevilla en el caso de los EREs de Andalucía.
Es a todas luces evidente que este caso se utilizó para azuzar, en marzo de 2011, contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (las generales las ganó el PP en noviembre del mismo año): ojo, no por esto solamente. Un PP que estaba inmerso en una avalancha de casos de corrupción por toda España. Allí destacó la jueza Alaya cometiendo, a juicio del TC, toda clase de excesos y graves quiebras de la justicia.
Ahora tenemos al juez Peinado, que ha decidido mantener abierta una causa general contra el presidente del Gobierno, acompañando así el acoso y derribo que el PP puso en marcha tras la fracasada investidura de Feijóo. No es la primera vez que la derecha: PP, VOX y C´s todos o en parte, según las etapas, aplica la táctica de no reconocer la legitimidad del gobierno salido de las urnas.
El juez Peinado busca motivos para imputar a, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, aún a sabiendas de que dichos motivos no son punibles. Da lo mismo, el objetivo es mantener abierta un acusa que alimente el circo mediático en los canales de la derecha. Forman un tridente de ataque contra el presidente: judicial, mediático y político, para derribar al gobierno. No es un golpe de estado militar, pero busca el mismo fin.
Estas prácticas, conocidas con el anglicismo de “lawfare”, son parte de las consignas y formas de actuar de la extrema derecha y la derecha extrema, aunque vistan de “demócratas”.
El presidente de Brasil, Lula Da Silva, pasó 580 días en la cárcel y lo más importante para Bolsonaro; que no pudiese participar en las elecciones presidenciales de 2018. Hoy es nuevamente el presidente del Brasil, tras haber revocado la justicia brasileña las condenas orquestadas en la operación “Lava Jato”.
El presidente portugués Antonio Costa dimitió en noviembre de 2023, tras relacionarse su nombre en una investigación judicial. Después, tras las elecciones que le dieron el triunfo a la derecha, resultó que era otro Antonio Costa el investigado.
La instrumentación de la justicia para incidir en la política no afecta solo a presidentes de gobierno. Aquí se ha aplicado a políticos para desestabilizar grupos parlamentarios o gobiernos regionales. Es el caso de Alberto Rodríguez, quien perdió su acta de diputado en octubre de 2021, tras ser condenado por la Sala II del Tribunal Supremo, esa misma Sala sobre la que el portavoz del PP en 2018, Ignacio Cosidó, dijo “Controlaremos la Sala segunda desde atrás”. El TC ha revocado la sentencia y considera que fueron vulnerados los derechos fundamentales de Alberto Rodríguez. Y ocurrió en el País Valenciano, cuando Mónica Oltra tuvo que dimitir de su cargo de vicepresidenta del Gobierno autonómico al ser imputada en una causa que, dos años después, el juez dice que no hay ni “indicios de la comisión de delito alguno”.
Son muchos los casos que podría citar y no es la primera vez que desde los tribunales europeos y altas instancias judiciales e instituciones internacionales afean la arbitrariedad de la justicia española. Quizá, el caso que deja más nítida la tendencia política de estos jueces y juezas que practican el “lawfare” sea el del juez Baltasar Garzón, quien fue apartado de la carrera judicial por querer investigar los crímenes del franquismo y cuando ordenó escuchas para investigar el caso de corrupción “Gurtel”; caso que atravesaba y atraviesa al PP de abajo arriba y de un lado a otro.
El Comité de Derechos Humano de la ONU estimó que el Tribunal Supremo español vulneró el derecho del ex juez a la presunción de inocencia y el de revisión de condena, llegando a considerar que no había tenido acceso a un tribunal independiente e imparcial.
Queda mucho por hacer. La transición del franquismo a la democracia no será completa en tanto haya un poder del Estado que tiene tufo franquista. La llamada a la regeneración democrática no debería quedarse en medidas estéticas ni de traslación de directivas comunitarias; necesitamos medidas de calado, estructurales.
Los jueces deben ser independientes, claro que sí, pero no solo han de serlo, también deben parecerlo y en el caso abierto contra Begoña Gómez es evidente que no lo están siendo ¿Hasta cuándo el Gobierno de los jueces va a permitir esta tropelía?
El jueves 18 del presente mes, tomaron posesión los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) como si nada hubiese pasado. En menos de un mes ha quedado en el olvido la Comisión de Nombramientos del Congreso, donde el diputado socialista Odón Elorza puso en evidencia al juez Enrique Arnaldo, propuesto por el PP. Lo puso en evidencia por sus múltiples conexiones con casos de corrupción como el “Caso Palma Arena” o por la petición del juez al corrupto Ex ministro de Aznar, Jaume Matas: “Cuéntame lo de Panamá”.
También da la sensación de que ha pasado mucho tiempo de la bochornosa sesión plenaria del Congreso de los Diputados del día 11 de noviembre, 232 diputados, de los 350 posibles, votaron favorablemente. Tristemente se habló más de los votos disidentes, como el de Elorza, que de la vergüenza que debiera suponer elegir a ese señor como miembro del Tribunal Constitucional, sabiendo que no es ético y sí un vehemente defensor de postulados antidemocráticos que ha esgrimido desde FAES.
Tan rechazable es la elección de Enrique Arnaldo como lo es la de Concepción Espejel, también conocida en círculos judiciales como La Cospejel, por la amistad que une a la magistrada con una de las piezas claves del caso “kitchen”. Tanta es la afinidad de esta magistrada con miembros del PP que, en 2016, los propios magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional la obligaron a ella y al magistrado Enrique López (hoy miembro del Gobierno de Díaz Ayuso) a excluirse del tribunal que debía juzgar la primera etapa de la trama Gürtel; la de la visita del Papa a Valencia en 2006.
Estos dos jueces serían pura anécdota si no fuese por la cantidad de jueces y juezas que ejercen más como un destacamento del PP en la Justicia que como cualquier otra cosa: Francisco Pérez de los Cobos, tan afín al PP que estaba al corriente de pago de las cuotas de afiliado siendo presidente del Tribunal Constitucional; el mencionado Enrique López, el que intentó instrumentar el Caso Faisán, entre otras tropelías judiciales; o Manuel Marchena, quien al frente de la sala II del del Tribunal Supremo (la sala que el portavoz del PP en el Senado, el señor Ignacio Cosidó, se jactaba de tener controlada) acaba entrar, como caballo en cacharrería, en el poder legislativo, al utilizar vericuetos legales para despojar de su acta de diputado (elegido por el pueblo) a Alberto Rodríguez, por un asunto menor y con pruebas dudosas. La lista sería larga.
Además de una Ley de Memoria Democrática, habría que legislar una ley que garantice que este tipo de oprobios no se puedan dar en las instituciones del Estado. Ya sé que eso es muy difícil, pues partimos de la gran vergüenza que significa que el jefe del Estado que designó Franco como sucesor suyo el 22 de julio de 1969, hoy fugado en Abu Dabi, ha estado lucrándose y abusando de su cargo para construirse una fortuna que, según Forbes, ronda lo 2.000 millones de dólares.
Los golfos, tienen la teoría de que los escándalos en la prensa no duran más de 72 horas. Tristemente hay que darles la razón. En menos de un mes ya ha quedado en el olvido la catadura de estas nuevas perlas del TC. Siendo así, como vamos a recordar que el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista fue disuelto el 4 de enero de 1977, y ese mismo día se constituyó la Audiencia Nacional. Ni que decir tiene que la mayoría de los jueces del TOP pasaron a formar parte de la nueva Audiencia nacional y del Tribunal Supremo. De aquella fracción del franquismo en la “Justicia”, destacan joyas como Jaime Mariscal de Gante, que antes de ser juez instructor del TOP había sido comisario de la Brigada Político Social. Y después, magistrado de la Audiencia Nacional hasta que se jubiló en 1988.
Mariscal de Gante es un buen ejemplo de la extensión del franquismo en nuestra democracia, y quizá así se entienda mejor por qué el PP nunca a renegado del franquismo y de por qué se ponen de los nervios cuando se habla de Memoria Histórica. Su hija, Margarita Mariscal de Gante fue ministra de Justicia, en el primer Gobierno de Aznar, entre 1996 y 2000. Y su otro hijo, José Manuel Mariscal de Gante, es el comisario que en 2018 invitó a un acto oficial, con todos los honores, al torturador al servicio del franquismo: Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”.
El hijo del fugado participará en la apertura del año judicial una vez más el año que viene, y este no creo que lo haga con una pinza en la nariz. El desprestigio es merecido.
Tribuna Socialista 
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