Ley de culto en Euskadi

Desde Langileen Informazioa proponemos a los candidatos a las próximas elecciones municipales en Euskadi que saquen a debate en sus mítines y en sus programas el proyecto de ley que se está llevando adelante en el gobierno vasco llamado “Ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa”. Ley, que como denunciamos en nuestro documento, va más allá del pacto que ha firmado el gobierno con la religiones minoritarias, aquí lo que pretenden es que los ayuntamientos estén obligados a reservar terreno público para cualquier confesión religiosa.

Carta Abierta a los candidatos a las Elecciones Municipales 2023 en Euskadi

Suelo público para uso público. Basta de privilegios para las organizaciones religiosas

En este momento en que se acercan las elecciones municipales resulta sorprendente que un proyecto de ley a trámite en el Parlamento Vasco que afecta directamente a la economía y competencias de los municipios vascos no forme parte del debate político ni esté presente en los medios de comunicación. Nos referimos a la llamada “Ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa”. Ya en septiembre de 2021 la asociación Europa Laica

– Euskadi Laikoa publicaba una nota de prensa en que decía:

“El proyecto de Ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa del Gobierno Vasco es una amenaza para los derechos democráticos y los servicios públicos” Tras participar en la Comisión del Parlamento Vasco que trataba de esta ley y solicitar su retirada esta asociación dirigió una Carta Abierta a los grupos parlamentarios donde volvía a exigir que dicha ley fuera retirada

Uno de los argumentos más obvios de los aportados por dicha asociación decía lo siguiente:

(…) Nos mostramos contrarios a la obligatoriedad de los Ayuntamientos de cesión de suelo público para lugares de culto, artículos 5 y 6 del proyecto de ley, ya que el suelo y dinero público han de destinarse al uso público y no a entidades privadas (…) Este proyecto de ley somete a los Ayuntamientos a las Iglesias. Es decir, desaparece la autonomía municipal, la poca que se había podido recuperar tras la dictadura, y los Ayuntamientos se verán obligados a gobernar POR LEY para entes privados llamados iglesias.

Además de verse obligados a reservar suelo para construir sus locales tendrán que destinar locales públicos para fines pluriconfesionales en determinadas situaciones e incluso deberán renunciar al carácter sancionador en cuestiones técnicas, de la salud de las personas o del medio ambiente cuando se trate de locales de uso confesional. (…)

Es notable que una cuestión de este calado, con evidentes consecuencias económicas, de limitación de derechos para los propios Ayuntamientos y de claro retroceso en la separación Iglesia-estado no esté presente en los programas aparecidos al día de hoy en los medios de comunicación ni en las alocuciones de las propias candidaturas a las Elecciones Municipales.

Los firmantes de esta carta solicitamos no solamente que como candidatos propicien el debate público sobre esta ley, solicitamos que se pronuncien a favor de que sea retirada del Parlamento Vasco dado su carácter abiertamente antidemocrático trasladando un mensaje de rechazo que se extienda a otras autonomías o instituciones del estado.

Primeros firmantes

Mikel González, redacción de Información Obrera, Bilbao; Iñaki Merino, sindicalista, FeSMC-UGT, Barakaldo; Asier Muñoz, candidato por Elkarre- kin-Podemos, Erandio; Jose Antonio Novoa, sindicalista UJP-UGT, Vitoria-Gasteiz; Joseba Izaga Urrutia, sindicalista FeSP-UGT, Bilbao; Silvia Martinez Fernández, Colectivo “Republicanas”, Barakaldo; Iñigo Fernández Villasante, sindicalista UPTA-UGT, Portugalete; Amaia Castillo Hierro, Colectivo “Republicanas”, Barakaldo; Jessica Campó Pardiñas, Colectivo “Republicanas”, Barakaldo; Alfredo Martínez, Miembro de “Hemen, salida por la Izquier- da”, Portugalete; Joseba Estrade Arlucea, abogado, Bilbao; Aniceto Rubio, ciudadano, Vitoria-Gasteiz; Jesús María Pérez, portavoz “Plataforma UNIDAD en defensa del sistema público de pensiones-CATP”, Leioa; Eduardo López Valladolid, miembro de “Plataforma UNIDAD en defensa del sistema público de pensiones-CATP”, Leioa; Jose Andrés Blanco Rodríguez, miembro de “Plataforma UNIDAD en defensa del sistema público de pensiones-CATP”, Leioa; Sebastián Lagunas Lapoza, miembro de “Plataforma UNIDAD en defensa del sistema público de pensiones-CATP”, Leioa; Mª del Carmen Sanz, sindicalista UTO-UGT, Vitoria-Gasteiz; Francisco Javier Elvira, socio de Europa Laica, Hendaye (Francia); Iratxe Vicente Urkizu, delegada sindical de CGT Igurco Zorrozgoiti, Igorre (Bizkaia); Pedro Miguel Luque Díez de Ulzurrun, activista socio de Europa Laica, Muxica (Bizkaia); Luis Javier Martínez Goiriz, Pensionista, Barakaldo; Santiago Reyes, abogado, Durango (Bizkaia); Eduardo Markina Nagore, sindicalista, ex secretario general de FITAG-UGT Euskadi, Vitoria-Gasteiz; José Fernández Morán, Activista de la organización social-ecologista EGUZKI GETXO URIBE KOSTA, artista Plástico y Urbanista, Getxo (Bizkaia); Jorge Olarte Martínez, sindicalista UTO-UGT, Vitoria-Gasteiz; Rosalia Juanes Fernández, Personal Técnico UGT, Bilbao; Sergio Pérez, Personal Técnico UGT, Laudio (Araba); Jorge Barrón Fernández, miembro de Osalde (Asociación por el Derecho a la Salud), Getxo (Bizkaia); Juanma González Mosquera, Técnico UGT Lanbide, Getxo (Bizkaia); Gorka Larrinaga Santamaría, Técnico UGT Lanbide, Bilbao; Carlos Trevilla Acebo, sindicalista UGT jubilado, Bilbao; Alberto Quintana Aguirre, ciudadano, Goiain -Legutio.

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