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En estas semanas, en las que el gobierno de Pedro Sánchez ve cuestionada su legitimidad, vale la pena recordar que quienes la cuestionan son los mismos que la llevan cuestionando desde el primer día.
Recordemos: Pedro Sánchez no era la primera opción de nadie. Tampoco la segunda. Era un rostro joven, alto, elegante, con un currículum académico respetable y una trayectoria institucional discreta, casi anodina. Pero en 2014, cuando el PSOE agonizaba tras el derrumbe electoral en las europeas —un 23% de los votos y la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba—, Sánchez fue el hombre que emergió de entre la niebla. Ganó las primarias internas sin ser el favorito del aparato ni de las federaciones más poderosas. Fue una elección de las bases, no de las élites. Y esa ha venido siendo la constante de su biografía política: el conflicto entre la militancia y la mal llamada vieja guardia del PSOE.
Apenas dos años después, en 2016, Pedro Sánchez fue derribado por el comité federal. El problema de fondo fue que Sánchez se negó a facilitar un gobierno del Partido Popular, como pedía buena parte de la vieja guardia socialista, y prefirió mantener su “no es no” a Mariano Rajoy, incluso a costa de una repetición electoral. El Comité Federal del PSOE, tras una dura batalla interna, lo obligó a dimitir. Salió derrotado y humillado, mientras una gestora tomaba el control del partido y lo relegaba al ostracismo. Las bases socialistas se movilizaron en plataformas de apoyo a Pedro Sánchez (algunos de los miembros de TS participamos activamente) haciendo del «No es No» un lema bajo el que el partido se reconstruyó, con el liderazgo de Pedro Sánchez.
En mayo de 2017, ganó las primarias con una holgada mayoría frente a Susana Díaz, la candidata del aparato,(que hoy es la primera en pedir la dimisión de Pedro), apoyada por barones territoriales, expresidentes y casi toda la estructura tradicional (que hoy vuelven a pedir la cabeza de Pedro). Su victoria fue una insurrección interna: por primera vez, un líder caído regresaba al timón del partido impulsado por las bases, no por la élite.
Un año después, el 24 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia del caso Gürtel. La trama de corrupción que implicaba a altos cargos del Partido Popular —y que llevaba años manchando la política española— culminaba con una condena contundente: el PP había operado una estructura institucional para financiarse de forma ilegal. Por primera vez, una sentencia judicial establecía la existencia de una caja B en el partido que gobernaba España. Era un terremoto político. Pedro Sánchez, desde la oposición, supo leer la magnitud del momento.
Tan solo un día después, el PSOE presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy. Lo que parecía un gesto simbólico se convirtió en una jugada maestra. Sánchez logró, en menos de una semana, sumar el apoyo de Podemos, Compromís, PNV, ERC, PDeCAT y Bildu. Un bloque ideológicamente diverso, incluso contradictorio, pero unido por una causa común: la regeneración democrática tras años de corrupción sistémica.
El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con solo 84 diputados socialistas en el Congreso. En sus primeras palabras como presidente, Sánchez prometió “dignificar la vida pública” y “rescatar el diálogo institucional”.
Aunque logró aprobar decretos sociales (como la subida del salario mínimo o medidas feministas), fracasó en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La negativa de los partidos independentistas a apoyarlos —en un clima marcado por el juicio del procés y la crispación territorial— obligó al presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas.
Las elecciones generales del 28 de abril de 2019 marcaron un hito para Pedro Sánchez. El PSOE se impuso como primera fuerza con 123 diputados, una victoria clara pero insuficiente para gobernar en solitario. España entraba de lleno en el ciclo de la fragmentación política. A la izquierda, Unidas Podemos resistía con 42 escaños. A la derecha, el PP sufría un desplome histórico, y emergían con fuerza Ciudadanos y Vox, este último entrando por primera vez en el Congreso.
Sánchez rechazó de inicio un gobierno de coalición con Unidas Podemos —alegando falta de confianza y diferencias programáticas— y exploró una investidura en solitario, apelando a la “geometría variable” del Congreso. Pero la operación fracasó. En julio de 2019, la investidura fue rechazada, y las negociaciones se enquistaron durante meses.
La repetición electoral de noviembre de 2019 dió lugar a una estrategia diferente. En apenas 48 horas tras las elecciones, firmó un acuerdo con Pablo Iglesias para formar el primer gobierno de coalición en democracia desde la Segunda República. Fue un giro histórico. Dos líderes que meses antes no se soportaban, ahora compartían gabinete. Unidas Podemos obtenía cinco ministerios, incluida la vicepresidencia segunda para Derechos Sociales. El nuevo ejecutivo se autodefinía como “progresista, feminista y ecologista”.
El pacto no estuvo exento de tensiones. El propio PSOE vivía con recelo la entrada de Iglesias en el Consejo de Ministros. El establishment económico, judicial y mediático alertaba de una deriva radical. Pero Sánchez defendió su alianza como un ejemplo de responsabilidad institucional. “No hay dos gobiernos”, declaró, “sólo uno, el Gobierno de España”.
La coalición arrancó con la intención de inaugurar un nuevo ciclo reformista. Pero a los pocos meses, el mundo cambió. La pandemia del COVID­19 sumió a España en la mayor crisis sanitaria, económica y social desde la Guerra Civil. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma. El país quedó confinado, las calles en silencio, los hospitales desbordados, y el miedo se apoderó de la vida cotidiana.

Pedro Sánchez se convirtió en el rostro de la gestión de la pandemia: conferencias de prensa maratonianas, apelaciones a la unidad, decretos urgentes. El gobierno asumió una centralización sin precedentes, con competencias excepcionales en sanidad, transporte y seguridad., pero al mismo tiempo estrenó un mecanismo fedderal en la toma de decisiones, reuniendo a los presidentes autónomicos (con mayorìa del PP) para las decisiones importantes.
Durante esta etapa el gobierno logró importantes acuerdos con sindicatos y empresarios para implantar medidas sin precedentes: los ERTE el ingreso mínimo vital, moratorias de hipotecas y alquileres, blindaje de suministros básicos. Lo llamaron “escudo social”.
Se impulsaron medidas progresistas, como la subida del salario mínimo, el control de precios del alquiler y la protección de trabajadores precarios. Pero las tensiones eran constantes. Iglesias, más combativo, reclamaba mayor valentía política; Sánchez, más institucional, buscaba estabilidad y control. Las diferencias se hicieron insostenibles.
En marzo de 2021, Pablo Iglesias dejó el gobierno y su salida permitió el ascenso de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, dialogante, firme, feminista, con gran capacidad de negociación. Sánchez supo ver en ella una aliada estratégica. Juntos sacaron adelante una de las reformas clave de la legislatura: la reforma laboral de 2021, pactada con patronal y sindicatos, que eliminaba elementos lesivos de la legislación de 2012, reducía la temporalidad y apostaba por contratos fijos.
A la vez, el gobierno aprobaba leyes de gran calado:
­La Ley de Eutanasia, que convirtió a España en uno de los pocos países del mundo en legalizarla.
­La Ley de Educación (LOMLOE), que revertía aspectos de la LOMCE.
­La Ley Trans y LGTBI, impulsada por Irene Montero, con fuerte oposición interna y externa.
­El compromiso con la transición ecológica, con Teresa Ribera al frente. Sánchez también gestionó la llegada de los fondos europeos Next Generation EU, logrando más de 140.000 millones de euros para modernizar la economía española. Fue un éxito diplomático que elevó su perfil internacional.
Pero los intentos de desestabilización eran notables. La gestión de la pandemia fue utilizada políticamente por las comunidades autónomas del PP. El Tribunal Constitucional tumbó aspectos del estado de alarma. Los bulos y la desinformación aumentaron. La interpretación judicial de la aplicación de la ley del «solo sí es sí» redujo penas a agresores sexuales ya condenados. El escándalo fue mayúsculo. Por otra parte, el PP había bloqueado la renovación del CGPJ y utilizaba la justicia para rebatir las decisiones del gobierno y el parlamento.
La polarización se intensificaba, y el gobierno vivía bajo asedio constante. Mientras otros gobiernos europeos caían, el gobierno de Pedro Sánchez resistía, convocando elecciones generales para el 23 de julio de 2023.
Contra todo pronóstico, el PSOE resistió. Pedro Sánchez tenía, una vez más, la posibilidad de revalidar su mandato a través de pactos parlamentarios. En septiembre, Feijóo fracasó en su intento de investidura. En noviembre, Sánchez fue investido de nuevo presidente del Gobierno con el apoyo del bloque progresista, nacionalista e independentista. La clave de esta investidura fue el acuerdo para normalizar la vida institucional y política con la aprobación de la ley de amnistía que estos días, el Tribunal Constitucional ha aprobado.
La aprobación inicial de la ley de amnistia fue seguida de manifiestaciones de la derecha, la ultraderecha y la vieja guardia del PSOE.
Las sedes socialistas fueron atacadas, y los jueces y prensa franquista no cesaban de cuestionar la ley y se rebelaron contra su aplicaciòn.
Sánchez defendió la amnistía como un paso hacia la “reconciliación y la convivencia”.
Uno de los momentos culminantes fue la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Sánchez utilizó esta plataforma para impulsar tres ejes clave:
Reforma del Pacto de Estabilidad para hacer más flexible el gasto público tras la pandemia.
Autonomía estratégica europea en sectores como energía, defensa y tecnología.
Transición ecológica y digital, en línea con los fondos Next Generation EU.
América Latina y África: Sánchez ha reivindicado constantemente los lazos con América Latina. Ha visitado Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile, defendiendo una “alianza progresista global”. Durante la Cumbre UE­CELAC de 2023, impulsó acuerdos sobre inversión verde y cooperación cultural. También ha aumentado la proyección de España en África, con especial interés en Senegal, Mauritania y Guinea­Bissau, en parte por razones migratorias y energéticas.
Reconocimiento del Estado palestino: En mayo de 2024, en plena escalada del conflicto entre Israel y Gaza, el gobierno español reconoció oficialmente al Estado palestino, junto a Irlanda y Noruega. Fue una decisión valiente y simbólica, que colocó a España en el centro del debate internacional. El gobierno israelí llamó a consultas a su embajadora y acusó a Sánchez de “alinearse con el terrorismo”. El presidente respondió que “la paz no es posible sin justicia para el pueblo palestino”.
Este gesto consolidó el perfil internacional de Sánchez como líder comprometido con el derecho internacional, aunque también aumentó su aislamiento frente a gobiernos conservadores y a la derecha israelí y estadounidense.

Begoña Gómez: la figura silenciosa en el centro del huracán

Desde el inicio de su mandato, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido objeto de ataques políticos y mediáticos, especialmente por su actividad profesional en el ámbito universitario y empresarial. En 2024, una denuncia anónima presentada por el pseudocolectivo “Manos Limpias” desencadenó una investigación judicial contra Gómez por presunto tráfico de influencias, acusación que no fue acompañada por ninguna prueba pero que fue amplificada por ciertos medios y sectores políticos.
La situación alcanzó un punto límite cuando, el 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez publicó una carta a la ciudadanía, suspendiendo su agenda pública durante cinco días para “reflexionar” sobre su continuidad como presidente del Gobierno. Fue una decisión inédita en la historia democrática española. En esa misiva, Sánchez se preguntaba si “merecía la pena” continuar liderando un país mientras su familia era objeto de “acoso sin límites”.
Sánchez ha intentado mantener a sus hijas fuera de los focos. Siempre ha sido reservado con su vida personal. Pero a medida que el clima político se endurecía, esa barrera simbólica se fue debilitando. Las redes sociales se llenaron de ataques anónimos. La violencia verbal se naturalizó. La crispación dejó de ser un fenómeno institucional para volverse personal.
En la carta mencionada, el presidente hablaba de su “dolor íntimo” como ciudadano, como esposo y como padre. Ese tono humano, poco habitual en la política española, fue aplaudido por algunos y tachado de victimismo por otros. Pero mostraba algo real: el coste subjetivo del poder en una época de polarización brutal.
Sánchez ha sobrevivido a dimisiones, vetos internos, mociones de censura, elecciones fallidas, pandemias, crisis diplomáticas y campañas de difamación.
Y ahora, la traición que suponen los casos de corrupción de Ávalos y Santos Cerdán, más las actitudes misóginas y machistas que han salido a la luz tras la investigación de la Guardia Civil, ha dado rienda suelta para que los de siempre vuelvan a atacar.
Lo que más duele es que las Susana Díaz, Felipe González y García Page se vuelvan a poner del lado de la derecha y la ultraderecha, acompañando a PP, a VOX y a la Iglesia católica en su petición de dimisión y exigencia de convocatoria de elecciones.
Cegados por la gravedad de los hechos, algunos cuadros del partido vuelven a agitar las voces de petición de congreso extraordinario, y de convocatoria de elecciones.
Hace unos días manifesté públicamente que lo que sobra en este partido son lameculos cuando la cosa va bien y cobardes cuando las cosas van mal.
La corrupción hay que atajarla, desde el gobierno. ¿o alguien espera que un gobierno PP­VOX luche contra la corrupción?.
La lucha contra la corrupción y en favor de la regeneración democrática ha de ser una prioridad para el PSOE y para el gobierno de progreso. Se han de endurecer las penas contra los corruptos, pero se han de endurecer las penas contra los corruptores también.
¿Saben ustedes que Acciona y la familia Entrecanales se forraron con las obras y pantanos de Franco? ¿han leído algo sobre las alianzas y relaciones entre las familias Entrecanales Franco y la descendencia de Primo de Rivera y la propia monarquía?. Pues busquen.
¿Han investigado ustedes si la empresa Levantina Ingenieria y construcción (otra de las que pagan comisiones) fue perjudicada por el posicionamiento de España sobre el Sáhara y las tensiones con el gobierno de Argelia?. Pues así fué.
Por tanto, hay muchos intereses en acabar con la vida política de Pedro Sánchez y entregar el gobierno a la derecha franquista. Así que lo que necesita la mayoría social en este país no es un cambio de presidente ni de gobierno. Al menos, no ahora.
Lo que necesita la mayoría social de este país, es acabar con la corrupción, perseguir a los corruptos y corruptores, pero sobretodo acabar de aprobar la agenda social para la que este gobierno fue elegido.
Garantizar los servicios públicos, las pensiones, el poder adquisitivo de los salarios, la normalidad política e institucional, avanzar hacia el federalismo real, y sobre todo liderar un modelo diferente al que el mundo parece abocarse: el del rearme, la guerra, la especulación y la destrucción.
Hoy día, en el que los populismos y la extrema derecha se adueñan del mundo y promueven la guerra, a la socialdemocracia no nos sobran referentes que planten cara a Trump o a Netanyahu, aunque sea de forma tímida.
Hoy día, defender la socialdemocracia es defender al partido y al gobierno socialista de Pedro Sánchez frente a los que siempre le quisieron fuera de la ecuación.
Por ello, apelo a la movilización de las bases para defender la honestidad de sus militantes, para echar a los corruptos y a los que defienden la gran coalición con el PP y sus políticas antisociales.
Y apelo a las bases del resto de fuerzas políticas que dieron soporte a la investidura para que fuerzen a sus direcciones a mantener un gobierno que gobierne para la mayoría.