La propuesta de la CEOE, del pasado 23 de enero de 2026, de eliminar la cotización a la Seguridad Social durante las bajas médicas no es una medida técnica ni neutra: es una toma de posición ideológica. Una más. Y siempre en la misma dirección: reducir derechos cuando la clase trabajadora deja de ser rentable o suficientemente productiva para el empresario.
Bajo el argumento de aliviar cargas empresariales, la patronal plantea algo profundamente regresivo: que la enfermedad tenga consecuencias colectivas negativas, que el tiempo de baja sea también un tiempo de menor protección social para la persona trabajadora. Como si enfermar fuese una anomalía del sistema productivo y no una realidad humana inevitable, muchas veces vinculada a las propias condiciones de trabajo.
La Seguridad Social no es un gasto superfluo. Es el pilar que sostiene pensiones y prestaciones sociales (incluidas las bajas médicas) y uno de los principales mecanismos de cohesión social. Debilitarla abriendo “excepciones” en las cotizaciones supone erosionar el contrato social y el marco de las relaciones laborales por la puerta de atrás, siempre a costa de los mismos: trabajadores precarios, empleos físicamente exigentes y sectores con peor salud laboral.
El viejo mantra de que rebajar costes crea empleo vuelve a demostrar su falsedad. La precarización no ha generado trabajo digno; ha generado miedo, desigualdad y una clase trabajadora más vulnerable. Eliminar la cotización en las bajas médicas no incentiva la contratación: incentiva la desresponsabilización empresarial y traslada el riesgo al sistema público y al conjunto de la ciudadanía. Lejos de fomentar el empleo, esta medida externaliza el riesgo hacia el sistema público de Seguridad Social. El coste de las bajas (que en muchos casos están relacionadas con enfermedades profesionales, estrés laboral, sobrecarga física o precariedad) pasa a ser asumido colectivamente, mientras las empresas mantienen intactos sus beneficios y reducen sus obligaciones.
Además, se rompe un principio básico del sistema de protección social: la corresponsabilidad entre quienes generan el riesgo y quienes lo financian. Si la empresa deja de cotizar cuando una persona trabajadora enferma, se diluye el vínculo entre organización del trabajo y salud laboral, como si las bajas fuesen fenómenos aleatorios y no, en muchos casos, consecuencias directas del modelo productivo y del puesto de trabajo.
Eliminar la cotización durante las bajas médicas debilita, por tanto, el sistema público de protección social y normaliza la idea de que la enfermedad es un problema individual y no una cuestión colectiva ligada al trabajo. No se crea empleo de calidad; se abarata el incumplimiento de la responsabilidad empresarial y se traslada el coste al conjunto de la sociedad.
Por su parte, el reciente estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la incapacidad temporal, publicado este mes de febrero, ha puesto el foco en el aumento del gasto y en la necesidad de mejorar la gestión de esta prestación. Sin embargo, abordar este fenómeno exclusivamente desde la óptica del control presupuestario sería un error político y social.
El incremento de las bajas laborales no puede analizarse al margen del contexto: el envejecimiento de la población trabajadora, la precariedad, la intensificación de los ritmos productivos y el preocupante aumento de los problemas de salud mental, entre otros factores. Antes que sospechar de quienes enferman, conviene preguntarse qué está ocurriendo en nuestros centros de trabajo y en un sistema sanitario tensionado, especialmente en la atención primaria.
Desde una perspectiva progresista, la sostenibilidad del sistema no debe enfrentarse a la protección de derechos. Mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar el papel del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede ser positivo si el objetivo es agilizar procesos y evitar ineficiencias. Pero cualquier reforma debe partir de una premisa clara: la incapacidad temporal no es un privilegio, es un mecanismo de protección social que garantiza que nadie tenga que elegir entre su salud y su salario.
El debate no debería centrarse en endurecer controles, sino en fortalecer la prevención de riesgos laborales, invertir en salud pública y dignificar las condiciones de trabajo. Porque una sociedad que sospecha de quien enferma es una sociedad que ha perdido de vista el valor central del Estado del bienestar: cuidar a su gente.
Una sociedad decente no penaliza la enfermedad ni convierte la salud en una obligación productiva. Defender la cotización durante las bajas médicas no es radicalismo: es defender la dignidad, la solidaridad y la democracia social frente a una lógica que solo entiende de beneficios.
Jesús García Muñoz
Concejal – Portavoz PSOE de Quijorna
Tribuna Socialista 
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