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Cuando las sospechas se convierten en evidencia debería ser hora de decisiones políticas y judiciales contundentes. No vale poner paliativos ni parches. No hacerlo deriva en desconfianza y decepción. Esto vale para la corrupción y vale para la privatización; que en no pocas ocasiones van unidas.

Cuando se ha hecho evidente que la Casa Real era un nido de parásitos desenfrenados, no se ha actuado en ningún sentido: ni fiscal, ni judicial, ni político, ni tan siquiera mediático, dando lugar a la naturalización del comisionismo utilizando los cargos públicos. Si lo hace el jefe por qué no los demás.

Ahora se ha hecho evidente que la privatización de la sanidad es una hemorragia de dinero para el erario público, un riesgo para las y los pacientes y casi un axioma de corrupción. Es hora de actuar con contundencia contra esta lacra, derogando las leyes que hacen posible esta perversión: los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86 que establecen los contratos singulares y los conciertos con entidades privadas; y la Ley 15/97 en su totalidad -solo tiene un artículo- que hace posible que cualquier sablista, se haga rico a costa de los impuestos.

Quienes se dedican a distinguir entre privatización y colaboración público-privada mantienen una falacia, pues el crecimiento sostenido del beneficio es un principio al que las empresas no están dispuestas a renunciar. Por ende, lo que eufemísticamente llaman colaboración, no es más que negocio. El caso del Hospital de Torrejón de Ardoz solo tiene la peculiaridad de que un audio escuchemos las consignas dadas por el CEO de Rivera Salud a sus subordinados. Todas las empresas están inspiradas por criterios similares, para alcanzar el objetivo del incremento anual de beneficios. Este criterio es el que lleva a que las campañas de cribados de cáncer, por ejemplo; sean de mama, de cevix, de colon, etc., terminen siendo prácticamente estéticas, sin que las empresas que cobran por realizarlas dediquen los recursos necesarios para que tengan el rigor que deberían. ¿Acaso no cabe pensar que el hecho de que cada año no se tomen medidas preventivas que combatan las gripes estacionales, es una forma de alimentar el negocio por la vía de la saturación de las urgencias hospitalarias? El resultado es el colapso de las urgencias, en muchas ocasiones, con pacientes no adscritos por los que facturan aparte.

El alma liberal…

El problema político que sufrimos es que las empresas no podrían acceder a este gran nicho de negocio, lo público, si no contasen con la colaboración necesaria de una importante parte de la clase política. Hete aquí que esta enfermedad del liberalismo, la privatización, parece ser contagiosa, pues no son pocos los que, diciéndose progresistas, conviven con la enfermedad y no parecen dispuestos a aplicar tratamiento alguno.

Es indiscutible, y hasta coherente, que la derecha tiene en su ideario la jibarización del Estado, pues, si pudiesen, lo reducirían a la justicia, las fuerzas armadas y la policía, no para proteger a la sociedad, sino para protegerse asimismo del cabreo de la mayoría social: un ejemplo de esto es la “Ley Mordaza” que impuso el PP en 2015 y que ahí continúa sin derogar.

Esos que vociferan la palabra libertad, hablan de la libertad del individuo para hacer lo que le venga en gana, aunque eso perjudique a la mayoría social. El día que se explicó que sus derechos terminan donde comienzan los de sus congéneres no asistieron a clase.

… las consecuencias

El convencimiento refractario a la cosa pública los lleva a detraer dinero público para el establecimiento de universidades privadas, a la par que asfixian económicamente a las públicas y endurecen las condiciones de acceso a las titulaciones, empujando al alumnado hacia los negocios privados, donde, pagando, se puede acceder a cualquier titulación sin necesidad de tener una determinada nota, basta con que la familia pueda pagar, lo que solo puede hacer una minoría. Un negocio que en el curso 2024/2025 superó los 4.100 millones de euros.

La operativa es exactamente la misma en el mercado de la salud privada, con el agravante de que este negocio se nutre, además, de dinero público vía conciertos. A falta de datos estatales, decir que en Madrid se desviaron más de 3.000 millones de euros a los hospitales de gestión privada, un 30% del presupuesto total para sanidad en la Comunidad de Madrid. La presión de las listas de espera, el colapso de las urgencias, el déficit de médicos de familia y pediatras… lleva a que el 26% de la población en todo el Estado, en promedio, tenga una póliza privada de salud. En 2024, solamente los hospitales privados facturaron 13.900 millones de euros en todo el Estado.

Es un negocio sin miramientos. En el Hospital de Torrejón, presuntamente, el personal sanitario tenía orden de reutilizar los catéteres de electrofisiología que cuestan 2000 € cada uno. Un material que sólo puede reutilizarse tras enviarlos a una fábrica de Alemania, para su reciclaje.

En las residencias de mayores y en los colegios infantiles la comida es, en general, incomestible y escasa. El común denominador para toda la gestión privada es la escasez de plantilla, lo que deviene en una atención insuficiente para los usuarios, que se palía con el sobre esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, sometidos a sobrecargas de trabajo; una de las justas denuncias de los sindicatos médicos en la huelga que ha tenido lugar entre el 9 y el 12 de diciembre.

La educación primaria y secundaria públicas sufren el mismo acoso gubernamental en las comunidades autónomas, en favor de la educación concertada. Exactamente lo mismo que en las residencias de mayores. Nuevamente sin cifras estatales, en el presente curso 2025/2026 han sido 62.000 los alumnos y alumnas que se quedaron sin plaza en Madrid para cursar sus estudios en FP, donde casi el 50% del alumnado se ve empujado a un centro privado.

Esta misma dinámica, si bien con tecnicismos que lo hacen menos evidente, se está aplicando al Sistema Público de Pensiones, al que se le presiona con una gran carga mediática con el mantra de la insostenibilidad del sistema. Mientras que el Gobierno se niega a cumplir con la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021, por la que está obligado a encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

Al problema de la enfermiza privatización de lo público y del dinero que las empresas chupan de los contribuyentes, y sus derivaciones a la corrupción, hay que añadir las muertes y perjuicios a la salud que el liberalismo provoca con sus políticas.

Los 7.291 muertos en las residencias de Madrid, en 2020, fueron víctimas de la decisión política de la señora Ayuso, la protegida por la fracción TOP de la judicatura, para no obligar a las empresas que gestionan las residencias públicas a medicalizarse y para no trasladar a los hospitales a los enfermos, muchos de los cuales podrían haber salvado la vida. Eran esos enfermos que el CEO de Rivera Salud en el Hospital de Torrejón llama “pacientes no rentables”, a los que había que “reducir la atención para ajustar el servicio al presupuesto, aumentando las listas de espera y priorizando pacientes de fuera del área para mejorar beneficios”.

De igual modo, los 229 fallecidos en la DANA del 29 de octubre del pasado año en Valencia, son víctimas de esta orientación ideológica del PP y VOX, que lo primero que hicieron fue desmontar la Unidad de Emergencias de la Generalitat Valencià, porque no lo consideraban un servicio público necesario. Además del terrible desprecio por la vida de las personas que demostró Mazón y su gobierno.

Lo mismo podríamos decir de las 7 víctimas mortales, en los incendios forestales, entre enero y septiembre de este año, porque los gobernantes de Extremadura, Galicia, Castilla y León y Madrid externalizan los servicios de bomberos forestales a empresas privadas, mientras maltratan y precarizan a los bomberos forestales de TRAGSA -empresa pública-.

Mientras se desvían cada año miles de millones hacia las empresas privadas, que premian con obsequios millonarios y cargos en consejos de administración a sus secuaces en la política, se escatima en la construcción de vivienda pública; una necesidad urgente para hacer frente al drama social que sufren los hijos e hijas de la mayoría social, quienes no pueden emanciparse, ni puede pagarse una póliza privada de salud ni puede acceder a una universidad privada.

Desde Tribuna Socialista no nos situamos en la lógica de la derecha; a la que le da lo mismo cómo y por qué caiga el Gobierno, con tal de derribarlo. El presidente y su Consejo de Ministros están en su derecho de agotar la legislatura, pero solo merecerá la pena si lo hacen tomando decisiones que defiendan los servicios públicos y dando soluciones a las reivindicaciones de esa mayoría social.

El Comité de Redacción