El pasado lunes, 19 de junio tuvo lugar en la localidad de Sant Boi de Llobregat la presentación de la Comisión Internacional en Defensa de los 300. Se trata de una comisión formada por sindicalistas, abogados, trabajadores y trabajadoras que luchan por la abolición de la actual regulación en materia laboral que ataca gravemente sus derechos y libertades.
La degradación del Estado de bienestar y de derecho a partir del triunfo en las elecciones generales por parte del Partido Popular el 20 de noviembre del 2011 y posterior aplicación de sus consiguientes reformas de destrucción del mismo, siguiendo las directrices encomendadas previamente por la Troika, aún no ha llegado a su fin.
Una de las reformas más agresivas y que más atentan contra los derechos y libertades de los ciudadanos, la Reforma Laboral del año 2012, tenía y sigue teniendo como principal objetivo quebrar el modelo de relaciones laborales y el principio fundamental de las mismas, el principio de la negociación colectiva. Sin embargo, los ataques demoledores hacían los derechos de los trabajadores no pararon aquí.
El Gobierno y su ventanilla de actuación rápida, es decir, la Fiscalía, llevan a cabo desde hace años una persecución de quienes de forma legítima luchan por sus derechos y por los derechos de sus compañeros. Los ataques llevados a cabo y por los que más de 300 sindicalistas fueron sentenciados al pago de multas o penas de cárcel o están a la espera de juicio son diversos, desde el supuesto incumplimiento de los servicios mínimos en huelgas o en aplicación de la Ley Mordaza, hasta sentencias firmes por coacciones o lesiones haciendo uso de una regulación torticera del Real Decreto ley 17/1977, legislación preconstitucional, y del Código Penal artículos 315.3 y 172 que atacan el derecho fundamental a la libertad sindical estipulado en el artículo 28.2 de la Constitución Española como un derecho subjetivo, según las STC 137/1997 de 4 de marzo; STC 11/1981; STC 137/1997 llevan desde el año.
Respecto a dicha normativa actualmente hay una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que tiene como objetivo reformar la legislación anteriormente planteada y abolir la criminalización de los sindicalistas por defender sus derechos.
Un grupo de abogados pertenecientes a los sindicatos UGT y CCOO buscaron una estrategia común para defender a los compañeros que sufren tales ataques no sólo en el territorio español sino a nivel internacional, creando una Comisión Internacional que sirva como medida de presión que tenga como última consecuencia la abolición de tal regulación por falta de legitimación democrática. Este grupo de abogados cuenta con el apoyo expreso por parte del Centro de abogados de Atocha de Madrid y de Jueces para la Democracia.
Intervinieron en la presentación de la comisión la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret que denunció los ataques reiterados del Partido Popular hacia los derechos fundamentales, criminalizando y persiguiendo a los ciudadanos de forma vergonzosa tanto desde aspectos legislativos como aplicativos. El Secretario General del Sindicato CCOO del Baix Llobregat Josep María Romero y el Secretario Comarcal del Sindicato UGT del Baix Llobregat Carlos de Pablo.
Uno de los puntos más importantes que se trataron en la presentación fue el inminente juicio a dos compañeros sindicalistas, Ruben Ránz y José Manuel Nogales a los que, en aplicación de la regulación tratada, la fiscalía les solicita una pena de 7 años de cárcel por participar en piquetes de huelga.
En la presentación intervinieron también los partidos políticos ERC, PSC i En Comú Podem, mostrando su total apoyo a las 300 personas encausadas de manera ilegítima, dando apoyo a la presentación de la Comisión firmando el escrito de constitución y defensa de los 300 para dar a conocer a la comunidad internacional la baja calidad democrática del Estado español y su regulación en materia laboral.
Mihai I. Fodor
Tribuna Socialista 