Una vez culminada la formación del gobierno de Andalucía, los partidos políticos han comenzado de hecho la precampaña electoral, que finalizará en las próximas elecciones del 26 de mayo (municipales, CCAA y europeas) sin conocer aún la fecha de celebración de las próximas elecciones generales. En este contexto, el enfrentamiento político, que se ha producido en las elecciones andaluzas, seguirá previsiblemente siendo inevitablemente. La gran mayoría de los analistas políticos tienen asumido que el bloque de derechas (PP, Ciudadanos y Vox) no cejará en su demagogia política, en sus declaraciones populistas y tampoco en su estrategia de confrontación ideológica en su afán de conseguir el poder a cualquier precio y a todos los niveles.
Para ello no dudarán en continuar desprestigiando al gobierno socialista; si es preciso con mentiras, insultos y falsedades (“el PSOE destroza y rompe España” y, como consecuencia, se defiende “la épica de la reconquista”), a pesar de los estériles y nefastos años de Mariano Rajoy, prisionero de la corrupción, de su incapacidad para frenar a los independentistas catalanes y de la malísima gestión de la crisis basada en la aplicación de brutales políticas de austeridad. Cualquier observador ha podido comprobar que Pedro Sánchez, en sus pocos meses de gobierno, y en una situación de extrema debilidad parlamentaria, ha tomado decisiones de especial audacia, que han terminado con el mito de la imbatible capacidad de gestión de la derecha para gobernar. Sánchez ha desarrollado una frenética actividad en política internacional, ha reducido la tensión del conflicto catalán (muy a pesar de los independentistas), apostado decididamente por la igualdad de género y por la profundización de las libertades, desarrollado medidas bien valoradas en relación con la inmigración (aún con notables contradicciones) y, por último, tomado decisiones de especial relevancia en torno a la llamada Agenda Social.
El Plan de Empleo Juvenil (2019-2021), el fuerte incremento del SMI (900 euros por 14 pagas), la revalorización de las pensiones ligada al IPC (1,6%), el aumento de las pensiones más bajas (3%), la aplicación del Acuerdo sobre la retribución de los empleados públicos y el Acuerdo para mejorar la protección social de los trabajadores autónomos son ejemplos muy significativos. A ello hay que añadir la presentación de los PGE-2019 y sus previsiones de inversión pública y de aumento del gasto social financiados por un incremento fiscal muy moderado a los que más tienen (impuesto de Sociedades y con ingresos muy altos). En cualquier caso, hay que poner en valor estas medidas, al margen de los resultados que se obtengan en los próximos debates parlamentarios ante la incertidumbre del voto independentista catalán.
Estas decisiones sorprendentes- y a la vez positivas-, han tenido muy poco eco mediático y, por lo tanto, han carecido del reconocimiento esperado de la opinión pública. Desgraciadamente, el “Procés”, Andalucía, el fenómeno de la inmigración, las reacciones contrarias a la igualdad de género y la reiterada “Unidad de España” están prevaleciendo sobre “la identidad de clase”, las políticas sociales y los intereses reales de los ciudadanos- sobre todo de los más vulnerables-, lo que hace difícil mantener el protagonismo de las políticas redistributivas, además de la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Una realidad que el PSOE debe estudiar y corregir a fondo si pretende ganar las próximas elecciones, sobre todo cuando sabemos que la gran mayoría de los medios de comunicación, los poderes fácticos y las fuerzas conservadoras no van a facilitar las opciones de izquierda. En relación a este asunto, el PSOE no debe olvidar que su estructura partidaria debe defender sin fisuras las políticas del actual gobierno y, en segundo lugar, que las debe implementar a todos los niveles, lo que exige unidad y disciplina en todos los ámbitos de la organización, sobre todo cuando cuenta con lo más importante: el apoyo (condicionado) de Podemos y de los sindicatos.
En este marco, y a pesar de los importantes logros obtenidos, los sindicatos han acordado movilizarse en los próximos meses. La UGT y CCOO plantean al gobierno y a los empresarios acelerar la recuperación de los derechos perdidos y avanzar en la corrección de los efectos perniciosos producidos por la gestión de la crisis económica (deuda social). Los sindicatos plantean al gobierno y, en particular, a la ministra de trabajo, que presente sus proyectos y concrete las medidas a desarrollar de acuerdo con la ya mencionada Agenda Social. Resulta muy comprensible que los sindicatos sean mucho más exigentes con este gobierno socialista que con el de Mariano Rajoy y que, además, estén interesados en que se discutan a fondo las políticas sociales, por encima de las declaraciones tabernarias de la derecha: la “Unidad de España”, la bandera, la identidad de género, la inmigración, la reducción ficticia de impuestos…
Por eso, en primer lugar, exigen discutir sobre el fuerte desempleo a partir del Plan de Empleo Juvenil recientemente aprobado por el gobierno. Y, en concreto, reflexionar a fondo sobre las políticas activas de empleo y las subvenciones a la contratación (transferencia de dinero público a las empresas), que nunca se han justificado ni existe evidencia clara de que hayan servido para crear empleo en términos reales; garantizar la participación de los sindicatos en una formación profesional renovada; reformar las oficinas públicas de empleo en su tarea de intermediación; y, finalmente, supervisar y valorar el trabajo desarrollado por las empresas de trabajo temporal en la cesión de trabajadores y en la recolocación de trabajadores en paro. Todo ello acompañado de las propuestas de otros ministerios encaminadas a dimensionar el tamaño de las empresas, avanzar en el cambio de nuestro modelo productivo y fortalecer nuestro tejido industrial y su extensión a zonas despobladas, depauperadas y sin futuro aparente (industrializar el sector agrario).
En segundo lugar, el PSOE debe clarificar su posición en relación con el mercado de trabajo y, sobre todo, con la intolerable precariedad (contratación temporal (27,5%), a tiempo parcial no deseada, falsos autónomos, subcontratación…). En todo caso, esta es una de las reivindicaciones de los sindicatos que justifican las movilizaciones en curso y que tienen una relación directa con la derogación de la reforma laboral y la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El argumento esgrimido por el gobierno de que carece de relación de fuerzas en el parlamento, para abordar semejantes medidas, resulta insuficiente y, como se está demostrando, este argumento no es asumido actualmente por los sindicatos. Y eso lo debe tener en cuenta un gobierno que se califica de socialdemócrata, sobre todo después de haber presentado los PGE-2019.
En tercer lugar, hay que abordar la protección social. Los sindicatos exigen respuestas claras y precisas sobre las pensiones, la cobertura de desempleo y la dependencia. En relación con las pensiones sigue pendiente el eliminar el Factor de Sostenibilidad (derogar la reforma de Rajoy), blindar el poder adquisitivo de las pensiones y, por último, garantizar la viabilidad del Sistema Público de la Seguridad Social (SS), lo que requiere abordar prioritariamente la participación del Estado en el capítulo de los ingresos (recurso a la fiscalidad). En cuanto a la cobertura de desempleo (recuperar el subsidio para los mayores de 52 años) y la dependencia de nuestros mayores, se está a la espera de que se aprueben los PGE-2019 y, por lo tanto, las partidas correspondientes dedicadas a estos fines.
En cuarto lugar, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MTMSS) debe potenciar las políticas de seguridad y salud en el trabajo, fortalecer el combate contra los accidentes y enfermedades profesionales y supervisar las actuaciones y financiación de las Mutuas. En concreto, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) debe asumir un mayor protagonismo en la lucha contra esta lacra (según UGT, en los tres primeros trimestres de 2018 se registraron casi un millón de accidentes: 9.500 más que en el mismo periodo del año anterior), que generó cientos de muertes al año por accidentes de trabajo (583 fallecidos de enero a noviembre de 2018) y produjo incontables casos de enfermedades profesionales. En este sentido, el ejemplo (significativo) de la Dirección General de Tráfico (DGT) debe ser un estímulo para que el INSST asuma también el protagonismo y la creatividad que tiene la DGT en relación con los accidentes de carretera. Todo ello al margen de potenciar la necesaria coordinación entre los organismos encargados de aplicar la ley y las normas de Prevención de Riesgos Laborales (INSST, Fiscalía Especial, Inspección de trabajo, Ministerio de Sanidad…).
En quinto lugar, el MTMSS debe revisar los protocolos de actuación de la Inspección de Trabajo en su lucha contra la economía sumergida, el fraude en las cotizaciones a la SS, el abuso de la contratación temporal (sin causa que lo justifique) y la proliferación de falsos autónomos y plataformas digitales. La Inspección de Trabajo, bajo un gobierno socialista, debe desarrollar una política diferente a la practicada hasta ahora y, desde luego, debe ser más exigente y eficaz y, por lo tanto, mucho menos permisiva con la ilegalidad que vienen practicando algunos empresarios. Ello exige una clara voluntad política y un notable aumento de las plantillas coordinadas con la Inspección Fiscal.
En sexto lugar, hay que revisar a fondo el funcionamiento de los diversos institutos del MTMSS y, desde luego, del Consejo Económico y Social (CES), así como la participación de los sindicatos en la elaboración de los Planes de Actividades anuales y en las valoraciones posteriores que justifiquen su propia existencia.
Por último, y en séptimo lugar, el MTMSS debe asumir un mayor protagonismo en relación con la inmigración. En todo caso, el fenómeno de la inmigración no se puede reducir a un problema de orden público y, por lo tanto, esta política debe ser abordada, de una vez por todas, por el área social del gobierno en sus políticas encaminadas a regular los flujos migratorios, propiciar la integración social de los inmigrantes y fomentar la cooperación con los países emisores de inmigrantes.
La simple enumeración de estos puntos demuestra que los próximos meses van a ser decisivos para avanzar en la defensa de las ideas socialdemócratas, la aplicación de las políticas redistributivas y la igualdad de oportunidades, tanto en nuestro país como en el marco de la UE, donde España debe encabezar estas políticas. Por lo tanto, sólo queda manifestar que, para incrementar el empleo, mejorar los servicios públicos y superar las desigualdades sociales, es fundamental aumentar los ingresos fiscales a través de la lucha contra el fraude fiscal y la participación de los que más tienen, en coherencia con el camino emprendido hacia una fiscalidad más justa, eficiente y progresista. Con estas políticas, no lo olvidemos, se pueden ganar unas elecciones generales, sólo faltan partidos políticos que se lo crean y se afanen en conseguirlo movilizando a sus militantes y al conjunto de la ciudadanía. Todavía estamos a tiempo.
Antón Saracíbar.
Tribuna Socialista 