La fuerte polémica suscitada en torno a la formalización de las candidaturas para las próximas elecciones del 26 de mayo y, en particular, en las de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid ha alcanzado un gran protagonismo mediático en los últimos días. Los procedimientos de elección de candidatos de los partidos del bloque de derechas han permitido las nominaciones- sin grandes dificultades-, a pesar de que ello ha puesto de nuevo a prueba su democracia interna y, en el caso del PP, los candidatos resulten irrelevantes, por ser absolutamente desconocidos.
Por el contrario, en los partidos de izquierda se han suscitado serios problemas y muchas dificultades. En Podemos, en concreto, la fuerte división interna está presidiendo los debates, al margen de las propuestas que representan cada uno de los candidatos. En el PSOE, una vez cerrado desde hace años la nominación del candidato a la Comunidad (Ángel Gabilondo), el problema se ha planteado en el Ayuntamiento de la capital. El considerable retraso en la nominación de los candidatos, la pasiva y estéril actitud de la Agrupación Socialista Madrileña, así como la presentación libre y audaz de tres candidatos (Manolo de la Rocha, Chema Dávila y Marlis González) y, finalmente, el nombramiento de un independiente alejado de la política (“Pepu” Hernández), por la dirección federal (Pedro Sánchez), obligará a celebrar Primarias con varias opciones en el tablero y, por lo tanto, con el riesgo de que pierda el candidato “oficial” (sin ninguna tradición de partido) y con él el secretario general del partido y presidente del gobierno. En el mejor de los casos, y al margen de lo que ocurra en el proceso, un buen número de militantes ya considera que se ha roto la obligada neutralidad y, sobre todo, dado un golpe bajo a la credibilidad y al futuro de las Primarias.
En todo caso, el espectáculo de la izquierda está resultando lamentable y muy poco edificante, sobre todo porque se produce en unas circunstancias excepcionales y con grave riesgo de que la derecha extrema (PP, Ciudadanos y Vox) logre formar gobiernos en Ayuntamientos, CCAA y, posteriormente, pueda recuperar el gobierno de la Nación. Todo ello está coincidiendo plenamente con el debate de los PGE-2019, con las bochornosas críticas de la derecha al gobierno en relación con la política del Estado en el exterior (crisis de Venezuela), el juicio de los políticos catalanes presos y, por si esto fuera poco, con las movilizaciones sindicales convocadas en defensa de una serie de reivindicaciones encaminadas a recuperar derechos, salarios y protección social, con el propósito de superar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
En este contexto, mantener la unidad interna de los partidos de izquierda debe ser una exigencia de obligado cumplimiento. Por eso resultan intolerables y execrables las declaraciones de ex dirigentes del PSOE- y de algunos presidentes de CCAA- sobre asuntos internos y de política gubernamental (“toda crítica cabe dentro de la organización y ninguna fuera”). En menor medida, resultan también criticables las políticas de marketing vacías de contenido (cartón piedra), las ocurrencias imaginativas e incomprendidas por muchos militantes (históricamente fracasadas) y, por último, la escasa participación y movilización de los afiliados en la toma y defensa de las decisiones de los órganos de dirección del partido (democracia interna).
En todo caso, lo prioritario es que el gobierno responda a los problemas que preocupan al conjunto de la ciudadanía. El primer problema se refiere a cerrar los PGE-2019 que, sin duda, condicionarán las políticas a desarrollar en los próximos meses e, incluso, la fecha de las próximas elecciones generales. A pesar de sus carencias, en la actual coyuntura política, económica y social, los PGE-2019 se pueden considerar positivos para avanzar en la recuperación de las políticas sociales y de inversión pública. Por eso, al margen del resultado final del debate presupuestario, deben quedar nítidamente claras las razones de la izquierda y los argumentos que esgrime el bloque de derechas para oponerse, sobre todo cuando la UE ha dado el visto bueno a estos presupuestos y éstos mejoran la inversión y la financiación de las políticas sociales. Dando por hecho que el gobierno no debe, en ningún caso, asumir compromisos opacos e inconfesables con los independentistas- que no sean capaces de entender ni comprender los ciudadanos-, a cambio de que voten los PGE-2019.
En segundo lugar, el gobierno debe clarificar definitivamente su posición (por si no estuviera suficientemente clara) en relación con el debate territorial y, sobre todo, con el problema de Catalunya. Su aspiración y apuesta (compartida) por el diálogo y el acuerdo debe tener unos límites exigibles de dignidad, decoro y defensa del Estado de derecho y, en coherencia con ello, respetar íntegramente la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la independencia del poder judicial y la solidaridad interterritorial, en la perspectiva de un Estado Federal. Por ejemplo, en relación a este problema, resulta absurdo que se haya planteado, en algún momento, aunque sea como simple hipótesis, el indulto a los procesados sin que se haya emitido una resolución judicial firme. Sin olvidar la reacción montaraz e intempestiva de la oposición en este asunto, alimentando el odio y la confrontación: la derecha dispara a todo lo que se mueve…
En tercer lugar, el gobierno debe superar las contradicciones que se han producido en la gestión del fenómeno de la inmigración y combatir, con todos los medios a su alcance, que no son pocos, las políticas y declaraciones- populistas, falsas y vejatorias- de los partidos de la derecha relacionados con la inmigración. En todo caso, el fenómeno de la inmigración no se puede reducir a un problema de orden público y, por lo tanto, esta política debe ser acordada, con todas sus consecuencias, en el marco de la UE, dotando de un mayor protagonismo al área social del gobierno en sus políticas encaminadas a regular los flujos migratorios, propiciar la integración social de los inmigrantes y fomentar la cooperación con los países emisores de inmigrantes.
Una vez respondido a los grandes problemas enumerados con anterioridad, el gobierno debe reafirmar su voluntad de defender, sin fisuras, las políticas socialdemócratas (redistribución de la riqueza), que siguen vigentes en la actualidad, como lo demuestra el debate abierto actualmente en la socialdemocracia alemana. Con estas ideas se pueden ganar unas elecciones generales comprometiendo y movilizando a la izquierda sociológica y a los jóvenes, sin recurrir a políticas de centro siempre acomodaticias y nada ilusionantes. Sólo falta un partido fuerte que las defienda y las explique a todos los niveles de nuestro tejido social; simplemente porque son las ideas más apropiadas para responder a la crisis y a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en la actualidad. Y, desde luego, las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos que son, precisamente, a los que se debe dirigir una política de izquierdas diferenciada de las rancias recetas ya fracasadas que nos ofrece la derecha.
En este sentido, el PSOE y la izquierda en general deben ser sensibles a la creciente demanda de los ciudadanos. Los ciudadanos y la opinión pública exigen respuestas a sus problemas reales y, en coherencia con ello, aspiran a conocer y potenciar las políticas sociales a desarrollar en la UE; las alternativas para combatir el desempleo y la escandalosa precariedad de nuestro mercado de trabajo (es imprescindible derogar la reforma laboral); potenciar la política industrial que necesita nuestro país; determinar la necesaria protección social que queremos (pensiones, desempleo y dependencia); mejorar los servicios públicos (educación y sanidad); apostar claramente por la igualdad de género (brecha salarial, entre otras medidas); luchar contra el cambio climático; y, por último, abordar decididamente la necesaria reforma de la política fiscal, que dote de mayores ingresos al Estado y nos equipare en este sentido a la media europea (bajar impuestos, como propone la derecha, es pura demagogia electoral), a partir de la lucha contra el fraude fiscal, la eficiencia y la progresividad, única manera de mantener nuestro Estado de Bienestar Social.
Los ciudadanos más conscientes exigen que se asuman estos grandes asuntos y se den respuestas concretas a estas políticas en vísperas de las importantes elecciones del 26 de mayo: UE, ayuntamientos, CCAA y, cuando corresponda, del Estado. Todo lo demás son cortinas de humo (distracción y desinformación) y políticas espectáculo de marcado carácter populista, propiciadas por una derecha ultramontana y unos medios de comunicación a su servicio, al amparo de un pobre y escaso debate ideológico, una baja y cateta cultura política y, sobre todo, de la existencia de un número importante de ciudadanos indiferentes a la legítima defensa de sus derechos e, incluso, alejados de la compleja realidad social (falta de techo, abrigo, alimentos…)
Por otra parte, el gobierno no debe olvidar que las fuerzas del trabajo, organizadas en sindicatos, mantienen sus reivindicaciones, con el propósito de recuperar los derechos perdidos, mejorar la protección social y sus salarios, a pesar de la oposición de los empresarios, que defienden mantener la reforma laboral, que impuso unilateralmente Mariano Rajoy, al margen del diálogo, de la concertación social y de los sindicatos (es inadmisible que, en la práctica, la CEOE y CEPYME puedan tener capacidad de veto). Esto explica y justifica plenamente que miles de delegados sindicales se hayan concentrado recientemente en Madrid, ante “la pérdida de paciencia de los sindicatos y la demora en la recuperación de sus derechos” (Más hechos y menos palabras).
Debemos asumir que esta dura realidad social acrecienta la sensibilidad de las fuerzas progresistas y exige (aún más) del gobierno una política audaz y comprometida con la modernización del país, el respeto a las libertades y un mejor reparto de la riqueza (Agenda Social); pero, sobre todo, con la defensa de los trabajadores y de los ciudadanos más débiles situados actualmente en el umbral de la pobreza.
Antón Saracíbar.
Tribuna Socialista 