Sentencia ERE en Andalucía: ¿ajustada a derecho o Linchamiento Político?

Ha pasado un año desde  que terminase la vista oral del juicio que a lo largo  de 152  sesiones  declararon 120 testigos. La macrocausa, se  ha prolongado  durante una década y por el camino acabó con las carreras políticas de dos ex presidentes de la Junta de Andalucía  Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado finalmente a Griñán a 6 años de prisión por malversación, mientras que Chaves queda inhabilitado 9 años solo por delito de prevaricación. Solo han sido absueltos dos de los 21 acusados, el ex interventor general de la Junta y el exjefe de gabinete jurídico.

En el origen de la causa, añadir que se trataba de un procedimiento por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE).  Los dos ex presidentes se sentaron en el banquillo de los acusados para declarar sobre las irregularidades en la concesión de ayudas públicas a empresas en crisis en el periodo que va  entre 2001 y 2011. Para conocer los entresijos de una causa que ha ocupado diez años a los españoles con miles de titulares de tv, prensa escrita, tertulia…vamos a resumir en la medida de lo posible los principales ítems del procedimiento.

¿Quiénes son las personas a las que se ha condenado?

-José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013. 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por delito de malversación y prevaricación.

-Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009. 9 años de inhabilitación por delito de prevaricación.

Además de estos,  han sido condenados los exconsejeros:

– Empleo,  José Antonio Viera y Antonio Fernández, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación para ambos.

– Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

-Innovación, Francisco Vallejo, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

– Presidencia, Gaspar Zarrías. 6 años de inhabilitación por prevaricación.

-Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez. 9 años de inhabilitación por prevaricación.

Los ex directores generales de:

Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, 7 año de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación para ambos.

-Presupuestos, Antonio Vicente Lozano, 9 años de inhabilitación por prevaricación.

-IDEA, Miguel Ángel Serrano (6 años y 6 meses de prisión y 17 años de inhabilitación por prevaricación y malversación) y Jacinto Cañete (8 años y 6 meses de inhabilitación por  prevaricación).

Los exviceconsejeros de:

-Empleo, Agustín Barberá, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

-Innovación, Jesús María Rodríguez, 6 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

-Economía, José Salgueiro, 9 años de inhabilitación por prevaricación.

Por último:

-El exjefe del gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río. Absuelto.

-El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez. Absuelto.

-El ex secretario general de la Consejería de Empleo, Juan Francisco Sánchez García, 9 años de inhabilitación por prevaricación.

-Los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Aguado Hinojal (9 años de inhabilitación por prevaricación) y Lourdes Medina Varo (8 años y 6 meses de inhabilitación).

¿Qué ha juzgado el tribunal?

En el año 2001, pleno año de crisis en la que Andalucía se ve especialmente afectada,  la Dirección General de Trabajo firmó un convenio con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Han pasado más de diez años por eso es importante situarnos en la época en la que se estaban produciendo  miles de despidos causados por la crisis que asolaba nuestro país en general y de forma virulenta a Andalucía y  la Junta de Andalucía creó un fondo que respaldase económicamente a empresas con problemas económicos y evitar de esta forma por un lado que abandonasen Andalucía y por otro, los despidos de los trabajadores. El objetivo era otorgar subvenciones y prejubilaciones a trabajadores cuyas empresas entrasen en un ERE. Hasta el año 2011, el fondo estaba dotado con 741 millones de euros, pero el presupuesto final contemplaba 1.217 millones.

La mayor parte del desembolso fue a parar a unos 6.000 trabajadores, que accedieron a las ayudas de manera legal. 136 millones de euros que acabaron en los bolsillos de personas que nunca habían trabajado para esas empresas, los llamados intrusos,  además de intermediarios que operaban en el trasvase de las ayudas desde la agencia IDEA. Todo ello, según la sentencia contaría con la autorización de la Dirección General de Trabajo de la Junta.

¿Cuántos millones se investigaban en el caso de los ERE?

La derecha  política y los medios de Comunicación afines a la derecha, llevan años intoxicando con la cantidad total de los ERES adjudicados durante aquellos años como si la totalidad de los mismos se hubiera utilizado de forma fraudulenta, creando un clima que hace pensar,  que todo el sistema ha sido corrupto y entendemos como necesario añadir que la investigación de los  ERES  comienza con una denuncia del PP por el llamado caso MercaSevilla (que se ha cerrado sin condenas a altos cargos) y es justo una Jueza cercana al PP, la Jueza  Mercedes Alaya  quien toma el control de la macrocausa.

La duda de cuánto dinero se usó  surge, en que esta cifra variaba dependiendo de si se consideraban personas “legítimas beneficiarias” de las ayudas o no, pues para la Jueza  María Núñez Bolaños que llevará posteriormente la causa,  había algunos implicados que son “víctimas” de la macrocausa.

El Tribunal Supremo dijo que no todo el dinero concedido a cargo del programa económico de la Junta que sufragaba las ayudas tendría por qué haber sido defraudado, poniendo así en duda por primera vez la cifra de 855 millones que dio la jueza Alaya al soltar la instrucción.

En cuanto a las principales declaraciones de los acusados

“Yo no entraba en cómo se repartían las ayudas”, declaró  Chaves el 16 de abril de 2018 cuando prestó declaración ante el tribunal,  “Nunca conocí, nunca me reuní, nunca negocié, nunca vi, nunca actué y ningún miembro del Consejo de Gobierno pudo conocer”, repitió Griñán. Ambas declaraciones,  según juristas de reconocido prestigio como el profesor, Pérez Royo son perfectamente verosímiles es más, según el catedrático de Derecho Constitucional, lo contrario no ha podido ser demostrado.

Según Pérez Royo “En la Sentencia de los ERE se produce una quiebra entre el relato fáctico y la fundamentación jurídica. El Tribunal se esfuerza en argumentar que los hechos que figuran como probados son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación, pero no lo consigue. Y no lo consigue, porque no lo puede conseguir. Porque lo que no puede ser, no puede ser. Y en este asunto falta el presupuesto de hecho para que exista la calificación jurídica que el Tribunal pretende. En esos Presupuestos figuraba año tras año, desde 2000 hasta 2009, una partida de la que, en opinión del Tribunal, se hizo uso de manera irregular de forma generalizada. Ninguno de los expresidente participó directamente en el uso irregular de dicha partida. Ni una sola vez se indica en los “hechos probados” que lo hicieran; pero es obvio, dice la sentencia, que no podían desconocer dicho uso irregular y, en consecuencia, al elaborar uno el proyecto de Presupuestos y al aprobarlos ambos incluyendo esa partida año tras año, hay que concluir que  deliberadamente  organizaron una operación que se podría calificar de “fraude presupuestario”. Formalmente se aprobaba unos Presupuestos. Materialmente se daba vía libre en los mismos a un uso irregular del dinero público. Esto no se constata, porque no se puede constatar. Es un “juicio de intenciones”. Es imposible, dice la sentencia, que la inclusión de la partida presupuestaria de los “ERE” no se hiciera de forma fraudulenta. Y por tanto, los expresidente tienen que ser considerados responsables de su inclusión” según apunta el profesor en su artículo Una sentencia que raya en la ignorancia inexcusable publicado en ElDiario.es

El principal acusado según la sentencia recientemente publicada, es el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero que comenzó señalando a Chaves. Hace un año cambió su defensa para defender la legalidad de su actuación en la concesión de las ayudas, que estaban amparadas por una orden ministerial del año 1995.

La Fiscalía Anticorrupción decidió mantener su petición de cárcel para los imputados después de escuchar todas sus declaraciones.

Si el caso ha sido largo, los jueces del caso no han estado exentos de polémica…

La mayor controversia para conocer el fondo de la cuestión sin ornamentación política y mediática ha venido de la mano de los jueces del caso.

Desde que arrancase en 2011 la macrocausa de los ERE, por el Juzgado 6 de Sevilla han pasado hasta 7 magistrados dada  la gran carga de trabajo que soporta.

La primera titular del caso fue la jueza Mercedes Alaya, quien fue cuestionada por su manera de dirigir la investigación. Se dijo que Alaya hacía coincidir decisiones polémicas de la instrucción con fechas electorales “clave” y este es un dato que no se le escapa a ningún  observador

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó a la jueza Alaya por manifestar que entregar la instrucción de las causas judiciales a la Fiscalía pondría en cuestión la independencia judicial y en casos de corrupción sería como “tener al lobo metido dentro del gallinero”.

La magistrada fue apartada del caso en 2016 por un ascenso. Fue sustituida por María Núñez Bolaños, quien también cuestionó a su predecesora.

El juez de refuerzo del juzgado, José Ignacio Vilaplana, se había hecho cargo del caso hasta que Núñez Bolaños  de baja médica se recuperase.

Esta podría ser la crónica judicial de lo que ha sucedido en el caso de los ERE de Andalucía, pero conviene subrayar a quien piense que con esto termina el proceso que lejos de esto, así se podría decir que ni tan siquiera ha comenzado y no  sólo porque los abogados defensores, especialmente los de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, van a recurrir al Tribunal Supremo, sino porque el caso está dividido en un número todavía indeterminado de piezas, en torno a las 150, una por cada ayuda recibida, que deberán ser juzgadas en los próximos meses y años.

Este centenar largo de causas son, el principal argumento de las defensas que esgrimirán Chaves y Griñán ante el Tribunal Supremo y sostiene algo en consonancia a lo que apuntaba el Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo arriba citado que nunca se beneficiaron de la trama corrupta que en cambio regó de dinero, fuera de todo control, los bolsillos de otros, entre ellos, algunos de sus colaboradores más inmediatos en el gobierno de la Junta de Andalucía.

En la sucesión de juicios que se llevará a cabo en los próximos años, los magistrados deberán fallar acerca de algunas situaciones especialmente llamativas, como la presencia de más de 200 intrusos en los expedientes de regulación de empleo. Personas que se prejubilaron en el ERE de empresas en las que nunca habían trabajado, o personas que lo hicieron sin reunir los requisitos necesarios para ello.

¿En qué situación queda el PSOE de Andalucía después de esta sentencia?

El  PP confiaba  que la sentencia complicara  la investidura de Pedro Sánchez teniendo un impacto similar al que tuvo el caso Gürtel, con la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy. Sin embargo, el PSOE descarta los efectos negativos en Sánchez, puesto que de 2000 a 2009 el actual Secretario General no tenía responsabilidades en las filas socialistas. La situación es muy diferente para Susana Díaz, que llegó al Gobierno andaluz en 2012, de la mano de Griñán y con responsabilidades políticas en el partido durante el reparto de este fondo.

A diferencia del caso Gürtel, en el de los ERE no se investiga la financiación ilegal de un partido político y en la sentencia queda establecido de forma clara que se está condenando a personas y no la financiación ilegal del partido que soportaba la Junta de Andalucía que en este caso era el PSOE.

Todas las formas de corrupción merecen el más enérgico rechazo social porque merman la credibilidad de las instituciones y difuminan la obligación de usar con total transparencia y limpieza  los recursos que les aportan los contribuyentes y a pesar de ello, añadir que no es lo mismo malversar enriqueciéndose personalmente o beneficiando al propio partido al que pertenece el acusado que dilapidar sin control el dinero del contribuyente siendo consciente de ello, o sin serlo o crear mecanismos orientados a facilitar el fraude.

Conviene recordar que los dirigentes condenados abandonaron la vida y la militancia políticas hace muchos años y que no se les sanciona por llevarse dinero público a sus bolsillos ni para financiar a su partido. La Audiencia no ha condenado unas siglas políticas, sino unas conductas y redes clientelares.

¿Es este el final de Susana Díaz?

En este sentido conviene recordar que el final de Susana Díaz no ha empezado a escribirse ahora, tras la sentencia condenatoria de los ERE, sino el 3 de diciembre de 2018. Ahí comenzó todo, sin pausa pero sin prisa.

Susana Díaz lleva desde ese fatídico 3 de diciembre haciendo un ejercicio de transformismo para  intentar ganarse el favor de Pedro Sánchez, después de que este le ofreciera en una reunión en la Moncloa una salida airosa y ella la rechazara. La actitud presuntamente conciliadora en público del Secretario General del PSOE con ella, la hicieron suponer que había abandonado toda hostilidad con ella, jamás estuvo en el ánimo de Pedro Sánchez cambiar su forma de ver a su antigua adversaria.

A día de hoy la única prioridad del presidente en funciones, es la de sumar apoyos para gobernar en España, aún así todxs en Andalucía y en Madrid saben que  la renovación en el liderazgo de Andalucía es imprescindible y lo es por la pérdida de la Junta de Andalucía.

Tanto en el PSOE- A como el federal consideran  que el socialismo andaluz está ante un fin de etapa que acabará cuando Díaz salga de la secretaría general; algo que puede hacerse de forma voluntaria y facilitando el cambio o a la fuerza en este último caso, al que apuntan de manera mayoritaria en el PSOE- A tendrá unas consecuencias mucho más devastadoras pero no cabe ninguna duda de que se hará.

De momento, parece que  no hay un líder  federal claro por el que apostar para el relevo.

El al próximo congreso si fuera de forma ordinaria, tendría que celebrarse entre la primavera de 2020 y la de 2021.

A día de hoy, Susana Díaz no tiene el control sobre Huelva, Granada y Jaén y sólo controla una parte de Córdoba, Almería, Cádiz y Málaga y no toda Sevilla.

Se habla de varios candidatxs  principalmente de María Montero, es demasiado pronto para concluir en que será la candidata. Algunos socialistas andaluces también hablan del  alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

¿Cuál es el único dato que a día de hoy tenemos seguros? Que el cambio es imprescindible y que de ese cambio, Susana Díaz no formará parte.

María Iglesias Domínguez

Redacción Tribuna Socialista

Acerca de Baltasar Santos

Licenciado en Psicología, post grado en mediación, y máster en psicología forense. Curioso y en constante aprendizaje. Me encanta impartir clases, las TIC, pero sobretodo soy un apasionado de las personas. y disfruto aplicando psicología y formación para el desarrollo de personas y organizaciones.
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