La pandemia de COVID-19 ha dejado un efecto colateral y transversal que, como si de una lupa se tratase, ha aumentado los problemas que ya teníamos. Ha puesto en evidencia algunos que se venían camuflando e hiperbolizando otros que eran evidentes. Esto afecta a todos los órdenes: las instituciones del Estado, la política, índices económicos, situación del Estado de Bienestar…
Evidentemente los efectos más graves, gravísimos, de la pandemia han sido, por este orden: las casi treinta mil muertes y las secuelas económicas, consecuencia de parón obligado de la economía. Necesitamos reparar los daños, sin duda. Pero muchas de las reparacions habría que haberlas realizado en todo caso e incluso antes. Sería un error interpretar que en lo económico todo es culpa del coronavirus. Diagnosticar erróneamente el problema nos llevarà a aplicar un tratamiento desacertado.
En materia de empleo, uno de los factores que más nos preocupa, no sería la primera vez que se comete el error de un mal diagnóstico. Prueba de ello es que siendo uno de los países de la UE que en los últimos cuarenta años más reformas laborales ha llevado a cabo, si no el que más, mantenemos unas tasas de paro y temporalidad absolutamente inaceptables:
- España cerró 2019 con un 14,02% de desempleo -3.191.900 personas en paro, frente al 6,3% de media en la UE.
- La tasa de paro entre los menores de 25 años, a cierre de 2019, era 30,5%, mientras la media en los países de nuestro entorno era del 5,8%.
- La temporalidad, al cierre del cuanto trimestre de 2019, era del 26,1%. Casi el doble del 14,2 de tasa media en la UE.
Se atribuye a Einstein la frase «no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo». Parece lógico y razonable, pero no hacemos demasiado caso al genio de la física.
Es muy desesperanzador leer y escuchar las recetas que llegan desde los organismos internacionales como el FMI, la OCDE, entre otros. Se ve que los lobbies que trabajan para los
grupos de interés económico hacen bien su trabajo pues, como si de un coro se tratase, todos: el Gobernador del Banco de España, los portavoces de los partidos de la oposición, los empresarios en el cónclave que han tenido recientemente, etcétera, repiten las mismas consignas: reformar para flexibilizar, recortar el gasto social para equilibrar la cuentas…
Dicen flexibilizar como eufemismo para evitar decir: devaluar salarios, rebajar pensiones, precarizar condiciones de trabajo…Y así llevamos cuatro décadas.
Se afanan en presionar para que se mantenga la reforma laboral que impuso el Gobierno del señor Rajoy (PP) en 2012. Defienden que creó empleo, pero no explican que primero lo destruyó: la tasa de paro en España alcanzó el 26,94% -6,3 millones de desempleados y desempleadas- al cierre del primer trimestre de 2013, justo un año después de la entrada en vigor de la citada reforma. Se procedió a transformar empleo con derechos por empleo muy precario y se devaluaron los salarios un 7,1%; comparando el salario medio bruto anual de 2018 con el de 2008, tal como constataron los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Figuras como el descuelgue del convenio: que permite al empresario desdecirse de lo firmado, la hegemonía del convenio de empresa sobre el convenio del sector o la derogación del principio de ultractividad del convenio, han sido las principales fuentes de devaluación salarial. Estos agresivos cambios que introdujo aquella reforma, y para los que allanó el camino en alguno de estos casos la reforma de 2010, han facilitado que la parte empresarial haya podido aplicar incrementos salariales por debajo de la inflación de forma sostenida durante esa década.
El efecto social y económico que este erróneo método produjo queda reflejado en un amplio “álbum de fotos” que está a disposición en multitud de publicaciones. Veamos solo tres fotos fijas para cuantificar mal resultado del método:
- Según Eurostat, en el “Panel de Hogares de la Unión Europea”. Noviembre de 2003, señala que la tasa media de pobreza en España, entre 1998 y 2001, era del 18,5%. Y la misma fuente, Eurostat, a cierre de 2018 esa tasa había crecido 7,6 puntos, hasta alcanzar el 26,1%.
- La misma fuente, Eurostat, en el periodo 2008 – 2017, 40.000 millones de euros pasaron de las rentas salariales al excedente bruto de explotación (EBE), lo que es lo mismo que decir que un 4% del PIB pasó de las rentas del trabajo a las rentas del capital.
- Otra fuente, que tampoco es sospechosa de militar en el anticapitalismo, el Instituto de Investigación del banco suizo Credit Suisse, hizo público un estudio en octubre de 2019, según el cual entre 2010 y 2019, el número de millonarios en España pasó de 172.000 a 979.000, es decir su multiplicó por 5,69.
No podemos esperar que los representantes de las patronales o los líderes de los partidos conservadores, en cualquiera de sus versiones, pidan cambiar de método, pues es evidente que a sus representados les va bien. Pero si es de esperar que los representantes de: asalariados, desempleados, pensionistas, autónomos -los falsos y los reales-, tanto políticos como sindicales, exijan un cambio de método.
Otro de los aprendizajes que deberíamos extraer de la experiencia de la crisis inmobiliaria y financiera iniciada en 2008, debería ser cómo evaluamos la respuesta y el grado de solidaridad del empresariado a las ayudas del Estado. Hay que velar porque el dinero público sea rentable económicamente, pero en circunstancias como las que hemos vivido en la historia reciente y las que estamos viviendo ahora y viviremos en el próximo futuro, también y por encima de todo, hay que buscar la rentabilidad social. Pongo un ejemplo de lo anterior, con datos ya confirmados:
En junio de 2012, el mismo Gobierno que impuso la reforma laboral más agresiva de nuestra historia reciente, nos endeudó en 100.000 millones de euros para sanear la banca, a la que, solo en efectivo, inyectó más de 60.000 millones de euros. Si evaluamos qué consecuencias sociales tuvo aquella inversión, veremos que el sector financiero ganó 100.604 millones de euros entre 2009 y 2019 y en el mismo periodo ha destruido en torno a 100.000 empleos y ha generado una nueva exclusión social, al dejar al 50% de los municipios de España sin servicios bancarios básicos.
Hay que decir que solo una entidad: Bankia, compuesta por el conglomerado de cajas que dio lugar a Bankia –entre otras Caja Madrid- más la suma Banco Mare Nostrum, hoy conforma la actual Bankia, en la que el erario público metió 24.000 millones de euros y que mantiene el 60% de la propiedad de las acciones a través del FROB. En este caso, cabría la posibilidad de sacar rentabilidad social, si el Estado utilizase el Instituto de Crédito Oficial + Bankia para dotarse de un polo de banca pública que actuase en positivo para la sociedad, por ejemplo: dando servicios básicos de banca en las poblaciones abandonadas por las entidades privadas, siendo entidad de depósito para pequeños ahorradores sin que además de no remunerarles sus depósitos –dado el precio oficial del dinero- no les castiguen con oneroses comisiones, incluso sirviendo de red de distribución del crédito oficial, para no dependen de los bancos privados o estableciendo líneas de crédito para vivienda para rentas bajas, entre otras muchas posibilidades.
Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018.
El discurso de la intolerancia tiene su caldo de cultivo en el deterioro de la calidad de vida. No podemos continuar abordando crisis económicas cuyo resultado final sea el empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de sociedad.
Roberto Tornamira Sánchez
Portavoz y Responsable Institucional de la
Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE)
Tribuna Socialista 