Celebramos el 15º aniversario de la revista Tribuna Socialista, no hay mejor forma de hacerlo que contribuyendo a la discusión con nuestra visión de la situación política y las perspectivas que se abren a partir del análisis de la misma.
El gobierno de Sánchez se plantea la geometría variable como estrategia para aprobar los presupuestos de recuperación y conseguir la estabilidad necesaria que le permita acabar la legislatura
La patronal, en la reciente cumbre empresarial clausurada por Felipe VI, ha puesto sobre la mesa sus reivindicaciones, las de siempre. Recetas para salir de la crisis, basadas en teorías y paradigmas neoliberales: mantenimiento de la reforma del mercado laboral, rebajas en las cotizaciones sociales, modelos de gestión privada de los servicios públicos, nada de reforma fiscal, apoyo al turismo de masas (….). Nos dicen que éstas son las condiciones para que se puedan mantener y crear empleos. A la vista de sus exigencias plantean puestos de trabajo precarios y con pocos derechos, que además de no proporcionar una vida digna a los trabajadores, no contienen los requisitos que son necesarios de cara al tránsito a una estructura productiva que aporte mayor valor añadido. No se puede abandonar al sector turístico, pero hay que exigirle salarios y condiciones de trabajo de calidad. Las estrategias de recuperación basadas en la especulación urbanística y el turismo de masas tienen poco recorrido.
El informe FEDEA del Grupo de Trabajo Mixto Covid -19 propone medidas de apoyo en ciertos sectores clave por sus componentes tecnológicos y capaces de generar empleo: El sector inmobiliario y la construcción, el sector de la automoción y las TIC. Medidas relacionadas con la transición energética a las renovables y el freno a las emisiones de dióxido de carbono, la movilidad sostenible, la inversión viable en términos de ahorro energético en la reforma de viviendas,
Por su parte los sindicatos UGT y CCOO se han decantado por un cambio en el modelo de crecimiento y han apoyado la prórroga de los ERTE, pero todavía no conocemos con claridad ¿cuáles son sus planteamientos para defender un empleo estable con derechos?, ¿qué estatuto de los trabajadores quieren?, ¿qué plantean para las empresas en crisis y en que condiciones se les ayuda?,… ¿Cómo hacer frente a las consecuencias de la pandemia? Hay que decir, que ya se han producido las primeras movilizaciones de los trabajadores de NISAN y ALCOA para defender sus puestos de trabajo y buscando el apoyo del gobierno y de la población a sus demandas.
Ante la necesidad de conseguir apoyos para aprobar los presupuestos, pero sin un programa claro para la recuperación económica, el gobierno de Sánchez ha anunciado que pretende sostenerse utilizando la geometría variable. Todavía no sabemos cuáles van a ser los requisitos mínimos exigidos para mantener el programa de la coalición de gobierno. De momento, la vicepresidenta Calviño ha anunciado que se revocarán sólo los aspectos más lesivos de la reforma laboral, en aras de la seguridad jurídica en las relaciones laborales. Ciertamente en un contexto de elevada incertidumbre y de globalización económica, los aspectos normativos o de regulación de la actividad económica y un marco político consistente contribuyen a aumentar la confianza en la recuperación e incentivan la inversión productiva. Pero los resultados de la reforma laboral de Rajoy son la precariedad, los bajos salarios y la falta de libertades y derechos en la negociación colectiva.
Lo que hemos vivido de legislatura demuestra que la estabilidad y el éxito del gobierno está condicionado a la habilidad que tenga el Partido Socialista, para mantener los votos que le posibilitaron, primero, la moción de censura, apoyada por una amplia movilización sociopolítica contra los recortes sociales y las reformas autoritarias de Gobierno de Rajoy, – Moción de censura refrendada en los dos procesos electorales de 2019- y, después, la conformación del gobierno de coalición PSOE-UNIDAS PODEMOS.
La fortaleza de este gobierno se encuentra en la firmeza de sus bases sociales que revindican invertir en sanidad, educación y prestaciones sociales públicas. Solicitan el blindaje constitucional y la revalorización de las pensiones, garantías en el cuidado de nuestros mayores, un empleo digno, mejores condiciones de vida y trabajo,…, en definitiva, una salida progresista de la crisis que suponga una distribución justa y eficaz de los esfuerzos.
Así, el consenso de la ciudadanía en torno a una salida progresista y social de la crisis es elevado y ha quedado plasmado en los resultados de las últimas encuestas del CIS: el 86% de la población desea un fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas y un 67% apoya la subida de impuestos a los ricos y las grandes empresas. También la renta mínima obtiene un amplio respaldo social del un 83% de los encuestados. Estos apoyos deben servir para resistir a la fuerte presión de la CEOE, los grandes medios informativos y personajes del régimen de la transición – incluido un sector de las cúpulas del PSOE- y la corona, ahora muy desprestigiada, para que Ciudadanos y el PP negocien con el gobierno una salida neoliberal a la crisis.
El gobierno no puede alimentar la desconfianza y el rechazo en el seno de los sectores sociales que son, de lejos su principal baluarte electoral, la socialdemocracia conoce de primera mano estas experiencias, sólo hay que recordar la caída de la República de Weimar y las consecuencias que trajo consigo. Lo ocurrido en Francia en las municipales es un aviso de posibles desastres futuros.
Con todo, el gobierno de coalición ha estado enfrentándose continuamente a una política de acoso por parte de las tres derechas españolistas, incluido Ciudadanos, que se ofrece a pactos de gobierno -dado el fraccionamiento de las derechas que no suman-, siempre condicionados a la introducción de recetas neoliberales y exigencias centralizadoras.
Para la estabilidad del gobierno el siguiente obstáculo a superar será la aprobación de los presupuestos de la recuperación, en un contexto en el que la grave crisis del sistema capitalista a nivel mundial se superpone a la crisis territorial en España.
El procés, tras la sentencia del tribunal constitucional contra el estatuto aprobado tanto en el Parlament Catalán como en Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos de Cataluña, puso de manifiesto que esta nacionalidad no cabe en la constitución monárquica del 78. La existencia de presos independentistas aviva el conflicto y obstaculiza una salida negociada y democrática a la crisis territorial. Las exigencias de un referéndum de autodeterminación pactado, por parte del nacionalismo catalán, no son pasajeras y tampoco caben en la constitución monárquica.
Por otra parte, las actuaciones del Coronel de la guardia civil Pérez de los Cobos, respecto al delegado del Gobierno en Madrid, ponen en evidencia la poca fiabilidad y objetividad de sus declaraciones en los juicios del procés y son un punto más de apoyo a las exigencias de libertad para los presos independentistas. En esta situación, es evidente que la mesa de negociación acordada para facilitar el gobierno de coalición progresista sigue teniendo un papel central para sacar adelante unos presupuestos. No se puede gobernar España contra o prescindiendo de Cataluña, donde los partidos nacionalistas son reiteradamente mayoritarios y en las próximas elecciones se prevé un refuerzo de la mayoría independentista, sea cual sea su composición.
Tampoco hay que olvidar la irritación que ha provocado el comportamiento del gobierno de coalición por la falta de coordinación y cooperación con los gobiernos de las CCAA y locales.
La Comunidad Valenciana sigue teniendo un grave problema de financiación, sigue reclamando el pago de la deuda histórica y una financiación justa, que tenga en cuenta la densidad de población. Asimismo, ha provocado una gran indignación la sentencia que nos obliga a expresarnos en castellano con Cataluña y Baleares.
La pandemia no ha terminado y los rebrotes están apareciendo en los sectores con contratación más precarizada: Los inmigrantes, contratados como temporeros del campo, las empresas agropecuarias, las empresas de alimentación, allá donde se da hacinamiento y malas condiciones higiénicas. Tampoco se esta manteniendo el empleo de aquellos trabajadores que han sido esenciales para combatir la fase alta de la pandemia: Las limpiadoras, las barrenderas y barrenderos, los trabajadores y trabajadoras de las residencias, los sanitarios, los basureros, los de correos, los del sector de comercio, los transportistas. La crisis sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales de estos sectores.
Por otro lado, lo ocurrido en la Comunidad Autónoma de Madrid debe ser aclarado y las responsabilidades judiciales asumidas. La actuación de la oposición en la Asamblea no puede reducirse a la mera crítica. Debe exigirse la dimisión en bloque del gobierno mediante la presentación de una moción de censura.
No es posible servir a dos amos a la vez, los partidos nacionalistas periféricos y Ciudadanos son incompatibles. O se avanza hacia un Estado federal o hacia un estado autoritario centralista.
Se hace preciso abrir la discusión sobre el modelo de Estado. Los socialistas somos de tradición republicana desde nuestra fundación, que es la fórmula más racional y la que mejor se adapta a los principios democráticos. Estamos por un pacto federal de las distintas nacionalidades que conforman España, como la mejor manera de garantizar la solidaridad y la unidad de los trabajadores, el autogobierno y las libertades políticas y sindicales de los ciudadanos. Estamos a favor del reparto de la riqueza y por mejorar las condiciones materiales de los trabajadores. Revindicamos el socialismo democrático como forma de acabar con las relaciones de explotación.
Con todo, hay que constatar que la crisis del sistema capitalista a nivel mundial es muy profunda. El empobrecimiento será generalizado y el Reino de España se sitúa entre los países del G20, que más pueden verse afectados por esta crisis. En consecuencia, vamos a necesitar más servicios públicos y de mayor calidad. Más educación, más sanidad, más empleo público, más cotizaciones y prestaciones sociales y una mejor distribución de la renta y la riqueza y, por descontado, una reforma fiscal progresista para que contribuyan más los que más tienen.
Estamos de acuerdo en que ayudar a nuestra industria automovilística, aeronáutica, de transportes, …, sí, pero la inversión pública debe traducirse en participaciones del estado en el capital de las empresas, para controlar las decisiones y debe estar condicionada al cumplimiento de los objetivos que marque la administración, ser eficiente y garantizar empleos y salarios. Hay que sostener nuestro entramado productivo, apoyar a la pequeña empresa y fomentar la agricultura de proximidad, facilitar el acceso a la primera vivienda, aumentando el parque público de viviendas en alquiler, dar impulso a la rehabilitación y mejora de los edificios, fomentar los planes de regeneración urbana, fomentar la colaboración interadministrativa, diseñar políticas verdes para el mantenimiento, extensión y protección de nuestra masa forestal, regular adecuadamente los monopolios energéticos,…, la tarea es ardua y necesita una buena planificación y control de su ejecución y el apoyo de la mayoría de la ciudadanía progresista.
Pero para mantener y consolidar un pacto de legislatura es necesario un proyecto político, sólido y claro que refuerce la sanidad y la educación públicas, garantice la protección social y se implemente a través de la cooperación y la cogestión con los gobiernos autonómicos y locales, ampliando el marco de las libertades políticas y sindicales.
Marta Climent Viguer.
Trinidad Piquer Campos
Tribuna Socialista Valencia
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