Castilla y León es la primera comunidad en disolver los servicios de mediación laboral. Desde UGT y CCOO están convencidos de que se trata de una salida de Castilla y León del sistema español de resolución extrajudicial de conflictos laborales, lo que conlleva «el incumplimiento de varias normas esenciales». Entre ellas, los sindicatos destacan de rechos constitucionales tales como los recogidos en los artículos 24, 28, 37 y 149; lo recogido en el Real Decreto-Ley 17/1977, en el art. 7; el Estatuto de los Trabajadores, art. 83.3 y otros del mismo texto de remisión a la solución autónoma de conflictos laborales, entre otras normativas de carácter estatal.
Disolver el servicio de mediación es una muestra tangible del nulo reconocimiento a la legitimidad de la representatividad sindical por parte de PP y VOX y la nula importancia que conceden a los derechos laborales y sociales.
Baltasar Santos
Miembro del comité de redacción de TS
Tribuna Socialista 