República y Futuro

Bajo el título “Republica y Futuro”, el Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), con la colaboración de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), ha celebrado el 14 de abril, 92º Aniversario de la proclamación de la II República, en la sede central de la Unión General de Trabajadores (UGT), en Madrid.

Al acto asistieron una treintena de militantes republicanos, organizados en distintas asociaciones y colectivos, muchos de ellos y ellas vinculados al CATP. Desde la mesa, intervinieron en este orden: Xabier Arrizabalo, en nombre de Información Obrera (IO), profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Ángel Pasero, presidente de Unidad Cívica por la República (UCR); y Roberto Tornamira, en representación de Tribuna Socialista y portavoz del CATP. Los intervinientes abordaron la cuestión República desde distintas ópticas.

Recordaron que la proclamación de la República estuvo impregnada de ilusión y de satisfacción de los pueblos del Estado español, por el logro conseguido por el propio pueblo con su acción; sentimiento que se definía en el cántico “El Rey no se ha machao, que lo hemos echao”. Sabían y/o intuían que no se había resuelto nada definitivamente, pero eran conscientes de que se había derribado el obstáculo principal, el más visible, de la opresión de una clase favorecida y minoritaria sobre otra mayoritaria pero desfavorecida.

La caída de la Monarquía abría el camino a las aspiraciones de los pueblos, en materias como la Educación Pública; sólo en los dos primeros años de la II República se abrieron más escuelas que en toda la historia de España. Y se produjeron grandes avances en la igualdad de la mujer, avances que no se entenderían ni hubiesen sido posibles sin la movilización y el empuje de la clase trabajadora, en esos y en otros aspectos.

Aseveraron que es la hora de la República y la hora de pasar definitivamente la página del franquismo, que está presente en todas las instituciones; una situación anómala que vivimos desde hace 45 años, desde que se aprobó la Constitución que nos endosó al Rey que había instaurado el régimen de Franco.

Cada vez son más los ciudadanos que consideran la Monarquía una institución anacrónica y contraria a los principios de la democracia. Para evolucionar y alcanzar la República es necesario crear tejido republicano a partir del debate y la acción política de los partidos que se reclaman de la izquierda. No se trata de cambiar el Rey por un presidente de la República, se trata de dotarnos de un nuevo contrato social en el que la herencia no pueda ser el criterio para la elección del jefe del Estado.

Los hechos históricos constatables dejan al descubierto los nudos del “Atado y bien atado” del dictador y su régimen. El primero de esos nudos es la Ley de Sucesión del 6 de julio de 1947, tan sólo 8 años después de acabada la guerra: Esta Ley cumplía con el compromiso contraído por Franco y los generales golpistas con la dinastía de los Borbones y, a la vez, traicionaba ese compromiso, pues se establecía la instauración de la monarquía y al mismo tiempo se nombraba a Franco jefe vitalicio del Estado. El otro nudo se ató el la Ley de Sucesión del 22 de julio de 1969, en la que ya sí, se instauraba La Corona, en la persona de, en aquel entonces, el príncipe Juan Carlos de Borbón, a condición de que Franco muriese. La Constitución de 1978 asumió el testamento del régimen franquista, incluso en las prebendas más groseras de la institución monárquica, como es la inviolabilidad y la irresponsabilidad del Rey, impunidad de la que gozaba también Franco y sus afines.

Los hechos, 45 años después, constatan que la arquitectura institucional, de la que nos dicen e insisten que la “clave de bóveda es la Corona, está montada para los intereses de la minoría privilegiada que no soporta los avances en derechos y libertades. De la misma manera que no soportaron el esfuerzo educativo y cultural de la República, no soportan mantener hoy los servicios esenciales como la Sanidad, las Pensiones o la Educación. Los ataques a los presupuestos para los servicios públicos se producen en un momento en el que no se escatima en el incremento de los presupuestos para la guerra.

Sobre estas exposiciones giró el debate en el que intervinieron militantes socialistas del PSOE, de la UGT, y comunistas; todos ellos y ellas con el común denominador de ser firmantes del Manifiesto Internacional ¡Alto a la Guerra!

Se llamó a participar en la 2ª reunión de firmantes que se mantendrá telemáticamente el lunes 17 de abril y se invitó a participar en la reunión abierta que prepara el CATP para el 6 de mayo. En la reunión amplia del CATP se abordará la campaña internacional contra la guerra, la lucha por la defensa de la Sanidad Pública y la continuidad de la campaña por la Auditoría, para defender las Pensiones Públicas.

El acto terminó con todos los y las presentes en pie entonando La Internacional. Tras este acto se celebró una cena republicana.

Roberto Tornamira
Portavoz del CATP

1º de mayo de 1886: el movimiento obrero en el siglo XIX

Pero el hombre no es algo abstracto, un ser alejado del mundo. Quiendice: “el hombre”, dice el mundo del hombre. (Karl Marx, 1844, Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel).

Las revoluciones liberales que sacudieron los territorios de ambos lados del atlántico entre 1776-1848 pusieron fin al Antiguo Régimen, como lo denominó Alexis de Tocqueville. Estas revoluciones, mediadas por los ideales del liberalismo político y el nacionalismo, eran la otra cara de la revolución económica que se había desarrollado en Inglaterra medio siglo antes. La revolución industrial vino impulsada por una mentalidad abiertamente capitalista que sacudió los cimientos del modelo gremial. El poder que adquirieron los nuevos empresarios en las decisiones laborales con el fin de obtener el máximo beneficio, según el planteamiento del nuevo Homo oeconomicus, convirtió a los trabajadores de la industria en una mercancía más. Relegados de los derechos civiles propugnados en las revoluciones atlánticas, los nuevos individuos no propietarios no eran sujetos de derecho, sino más bien objetos de hecho. Un artículo del periódico británico el Gorgon, publicado el 26 de septiembre de 1818, relacionaba el progreso material de Inglaterra con la explotación de los nuevos trabajadores industriales: “el trabajo del tejedor, el hilandero, el tintorero, el herrero, el cuchillero y cincuenta más (…) constituye el principal artículo de circulación en este país. Nuestros comerciantes han extraído sus riquezas, y el país su gloria, comerciando con la sangre y los huesos de los oficiales y los braceros de Inglaterra.”

Las nuevas experiencias de clase en la industria y el campo fomentaron expresiones de rebeldía más allá de los motines del hambre característicos de los siglos del Antiguo Régimen. El movimiento obrero surgió en el siglo XIX como una respuesta al advenimiento de la industria capitalista, según E.P. Thompson (1963, La formación de la clase obrera en Inglaterra), como “resistencia a un cambio cultural profundo en las formas de vida de la clase trabajadora”. En este sentido, el movimiento ludita, fue una respuesta al fin del sistema gremial. El nuevo modelo industrial eliminaba la cualificación para los oficios, promoviendo la contratación de trabajadores no cualificados, mujeres y niños, a la vez que introducía maquinaria para aumentar la productividad y abaratar costes. Los luditas, que no eran otra cosa que artesanos agrupados en asociaciones de oficios, veían peligrar su forma de vida y optaron por la asociación y la acción directa, amenazando a comerciantes y fabricantes, asaltando fábricas y destruyendo máquinas, a la vez que demandaban un salario mínimo legal, prohibir la contratación de mujeres y niños y prohibir los productos de baja calidad. Con la extensión de la industrialización al continente europeo y Estados Unidos, la nueva experiencia de clase favoreció la creación de una nueva conciencia de clase. Mientras en Filadelfia, Estados Unidos, se constituía el primer Partido de los Trabajadores en 1828, en Inglaterra se creaban los primeros sindicatos de clase como la Gran National Consolidated Trade Union (1833) y la London Working Men´s Association (1836). Entre 1838-1848, el movimiento cartista inglés comenzó a demandar el sufragio universal y una mayor democratización del sistema liberal donde los trabajadores tuviesen representación y capacidad de elaborar leyes que defendiesen sus derechos, antecediendo así a los partidos socialdemócratas, los cuales surgirían con fuerza en el último tercio del siglo, como fueron el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania (1869), el Partido de los Trabajadores de Estados Unidos (1876) o el Partido Socialista Obrero Español (1879).

A mediados del siglo XIX, tras las revoluciones de 1848, el denominado socialismo científico –marxista- y el anarquismo comenzaron a irrumpir en los discursos de los movimientos obreros. Tanto socialistas como anarquistas fundarían en Londres (1861) la Asociación Internacional de los Trabajadores, una asociación que promovía la revolución social como forma de emancipación de la clase obrera. El discurso estaba cambiando. Ya no solo se reivindicaban mejoras laborales y la democratización del sistema liberal. El propio sistema liberal era el problema, había que cambiarlo mediante la revolución social. El conservador Alexis de Tocqueville, agudo analista por su parte, comenzó a verlo en las revoluciones desarrolladas en Europa en 1848, especialmente en Francia, donde se proclamó la II República. En sus Recuerdos de la Revolución de 1848, Tocqueville vio un cambio profundo producido en las reivindicaciones populares con respecto a revoluciones anteriores: “¿no ven ustedes que sus pasiones se han convertido, de políticas, en sociales? ¿No ven ustedes que, poco a poco, en su seno se extienden unas opiniones, unas ideas que no aspiran sólo a derribar tales leyes, tal misterio, incluso tal gobierno, sino la sociedad misma, quebrantándola en las propias bases sobre las cuales descansa hoy?” En realidad, los movimientos obreros franceses estaban recuperando algunas de las posturas formuladas durante la Convención Nacional (1792-1794) de la I República Francesa, en concreto las desarrolladas durante el gobierno jacobino.

Con el desmoronamiento del II Imperio de Napoleón III (1852-1871) tras la guerra franco-prusiana, mientras Guillermo II se proclamaba emperador del II Reich alemán en Versalles, en París un movimiento insurreccional popular acabó tomando el poder. En la mañana del 18 de marzo de 1871, París despertaba con gritos de ¡Viva la Comuna! Se había constituido el primer gobierno de la clase obrera de la historia, la primera experiencia real del socialismo autogestionario. Como bien señalaría Marx (1871, La guerra civil en Francia), lo que se había producido era un nuevo régimen con “anhelo de una República que no acabase sólo con la forma monárquica de la dominación de clase, sino con la propia dominación de clase”. La respuesta del liberalismo conservador tanto en Europa como en Estados Unidos fue la represión ante el miedo de la extensión de la revolución social auspiciada por la AIT.

1º de mayo de 1886. Se habían convocado huelgas en Estados Unidos pidiendo la consecución de la jornada laboral de ocho horas. La mayoría de los trabajadores dedican entre catorce y dieciséis horas al trabajo, desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la tarde. Gobernantes, grandes magnates, policía y prensa se organizan para tumbar cualquier reivindicación del movimiento obrero, procediendo, si es necesario, de la forma más brutal. Todavía muchos trabajadores tienen en su memoria la huelga del ferrocarril de 1877, una huelga realizada en el sector simbólico del nuevo capitalismo corporativo estadounidense. Con la crisis de 1873, como siempre, los grupos asalariados debían pagar el pato. Los salarios habían descendido y las condiciones laborales eran cada vez más duras. La reacción fue desmedida. Tropas federales y ejércitos privados de las empresas ferroviarias se cobraron cien muertos y cientos de heridos, listas negras y muchos detenidos, mientras los líderes empresariales aprovecharon para ejecutar reducciones salariales y despidos masivos, purgando a cualquier trabajador susceptible de pertenecer a algún partido o sindicato obrero. Tienen miedo de que se desarrolle una revolución como la Comuna de París de 1871, tienen miedo de la primera supuesta conspiración comunista que se cernía, como un fantasma, sobre Estados Unidos. La patronal se apoya cada vez más en el incipiente gansterismo, convertido en brazo paramilitar de la patronal para reprimir y boicotear manifestaciones, mítines y huelgas de los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores no reculan, no se achantan. Impulsados por la desesperación de sus condiciones de vida y de trabajo, cada vez son más los que se unen a sindicatos y partidos obreros.

1º de mayo de 1886, Chicago, la metrópoli del medio oeste estadounidense. Cincuenta mil trabajadores han abandonado el trabajo y han declarado la huelga general. Sorprende la serenidad de los obreros, firmes y pacíficos durante toda la jornada ante las provocaciones de la patronal. 2º de mayo de 1886. Esquiroles contratados por la patronal y amparados por la policía atacan a los piquetes que se encuentran en las puertas de la fábrica de maquinaria agrícola de McCormick. 3º de mayo. Los trabajadores en huelga organizados por los sindicatos reaccionan con un mitin en las cercanías de la fábrica. Cuando el anarcosindicalista August Spíes está hablando, salen de la fábrica cientos de esquiroles para cargar contras los manifestantes, a la vez que aparece la policía y comienza a disparar. Cuando el caos comienza a disiparse, yacen en el suelo decenas de heridos y seis muertos. 4º de mayo. Los anarquistas vinculados a la AIT y la Central de Sindicatos de Chicago convocan un mitin en Haymarket Square al que acuden más de quince mil trabajadores. En este mitin toma la palabra el anarcosindicalista Samuel Fielden. Aunque ha comenzado a llover, la mayoría de los trabajadores sigue en la plaza. Ciento ochenta policías hacen su aparición y avanzan para dispersar a los manifestantes. Un ruido atronador sacudió la plaza. Una bomba había sido tirada contra la policía, que reacciona disparando contra los trabajadores. Cuando termina el caótico y sangriento evento, yacen en el suelo sesenta personas entre muertos y heridos, tanto policías como manifestantes. ¿Quién tiró la bomba? No se sabe. La prensa amarilla, controlada por la oligarquía de Chicago, señala que es una respuesta de los trabajadores a los acontecimientos del 3 de mayo; los acusados, por su parte, defienden su inocencia y su actitud pacífica, señalan que ningún manifestante iba armado y que la bomba fue tirada seguramente por algún esquirol o policía infiltrado, pagado por la patronal para justificar la dura represión que vendría a continuación. ¿Quién tiró la bomba? Nunca se supo. Cientos de trabajadores fueron detenidos y el juicio a los mismos estuvo mediado por el amaño de pruebas, testigos falsos y miembros del jurado comprados. Quince anarquistas fueron acusados de asesinato: ocho fueron juzgados y siete condenados a muerte. Uno de los reos se suicidó en prisión, dos vieron sus sentencias conmutadas a cadena perpetua y el resto fueron ahorcados en noviembre de 1886.

En 1904, la II Internacional, excluidos ya los anarquistas tras las disputas internas en la I Internacional con los marxistas, reivindicó que todos los primeros de mayo se realizasen paralizaciones y huelgas con el fin de obtener la jornada laboral de ocho horas, como acto en memoria a la lucha de los trabajadores de Chicago en 1886. En España se consiguió tras la Huelga de la Canadiense en Barcelona, cuando el 3 de abril de 1919 el gobierno de Romanones decretó la jornada máxima legal de ocho horas. Se convertía así en el primer país europeo en reconocer dicho derecho, seguido por Francia apenas dos meses después. El 1º de mayo fue adoptándose a lo largo del siglo XX en varios países como día festivo, como Día Internacional de los Trabajadores. Es un día donde no solo no se trabaja, sino un día donde los trabajadores del siglo XXI deberíamos recordar que los derechos laborales han costado mucho sufrimiento, muertes y luchas, y que hoy más que nunca, en un contexto de capitalismo salvaje, es necesario salir a la calle a defenderlos y a cuestionar un modelo capitalista, que, aunque nos lo quieran hacer pensar, no es una consecuencia natural e inevitable de la naturaleza humana. Otro mundo es posible.

Rodrigo Muñoz Martínez
Docente y miembros de Tribuna Socialista en Coria (Cáceres)

Ley de Vivienda

El Congreso de los Diputados aprueba con 176 votosa favor la Ley de Vivienda. El resultado de la votación se ha conseguido gracias al voto favorable de PSOE, UP, ERC. Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe, una abstención del BNG y el voto en contra de 167 diputados de PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, UPN y el PNV.

Por 176 votos a favor y 167 en contra se ha aprobado la Ley de vivienda. El texto aprobado pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo.

El acceso a la vivienda sigui siendo uno de los principales escollos para la emancipación de los jóvenes, pero también es un gran problema para infinidad de familias que durante años han visto como la especulación de las viviendas pone en jaque permanente poder vivir en una vivienda digna, sea en regimen de alquiler o de compra.

Como muestra de esta especulación, en el municipio Tarragonense del Vendrell, hace unos años el Ayuntamiento puso a disposición de la Caixa un solar para hacer pisos de protección oficial, en la modalidad de alquiler social para jóvenes. 20 años después, una vez finalizado el periodo de protección oficial, Inmocaixa ha decidido dar por finalizados los contratos de alquiler social y proceder a la venta de los pisos a precio de mercado, iniciando los trámites de desahucio de todas las familias que no compren,

¿Podrá la nueva ley de vivienda acabar con esta especulación de un bien de primera necesidad como es la vivienda?

Me temo, que aunque la nueva Ley supone un avance importante respecto a la regulación anterior, no será posible acabar con la especulación, ni siquiera en viviendas que se beneficiaron de la protección oficial.

Según el candidato socialista a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, el acuerdo sobre la Ley de Vivienda permitirá paliar «una situación dramática por la espiral de subida de precios» y «contener esta subida enloquecida de las gran- des ciudades que están afectando sobre todo a la gente joven que se quiere emancipar y no puede», pero como dice el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, la Ley de vivienda «seguramente podría ser mejor» porque «siempre hay cosas que se quedan ahí pendientes».

Efectivamente, quedan cosas pendientes y muchas. A saber, evitar los deshaucios, garantizar la protección oficial permanente de la vivienda, limitar el precio del alquiler, no solo en el caso de zonas tensionadas, obligar a los grandes tenedores a poner en circulación las viviendas.

En mi opinión, la limitación de precios en zonas tensionadas por el alquiler, donde el precio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar, es una buena noticia, pero los especuladores prefieren no alquilar para poder vender. a precio de mercado.

Igualmente, la prórroga extraordinaria de 1 año para los contratos de alquiler vencidos en casos de vulnerabilidad acreditada, también es mejor que nada, pero qué pasará al cabo del año de prórroga?. Pues que se procederá al deshaucio.

El Estado, del que forman parte las comunidades autónomas con competencias en la materia, debería ejercitar el derecho de tanteo y retracto antes de que la propiedad, en especial grandes tenedores, fondos buitre y banca puedan vender los pisos en el mercado libre. De hecho, con la vivienda no se debería poder mercadear.

Los jóvenes, las familias trabajadoras, los pensionistas… en definitiva, la mayoría social deberíamos disponer de una ley que garantizara un techo digno, al margen del mercado.

Otra de las cuestiones a resolver en el tema de vivienda, son los pisos de la SAREB, que sirvió para que la banca se deshiciera de sus activos «malos», y que deberían cederse para constituir bolsas de alquiler social en todos los municipios.

Falta regular de una manera inequívoca la ocupación delincuencial, es decir la ocupación de pisos para actividades delictivas como la prostitución o el narcotráfico.

Y por último, falta establecer medidas para que los ayuntamientos, como administración más cercana a los problemas de los ciudadanos, pueda disponer de herramientas que permitan el alojamiento de las personas que necesiten de una vivienda, incluyendo en este caso pisos tutelados para ancianos, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental, vícitmas de violencia de género.

En definitiva, la nueva ley de vivienda es un pasito para adelante, pero queda mucho por hacer.

Baltasar Santos
TribunaSocialista

Editorial: ¡Alto a la Guerra social y militar!

La segunda quincena de abril está enmarcada por dos fechas muy simbólicas, si bien ese simbolismo no las quita ni un ápice de actualidad: 14 de abril y 1º de mayo.

Hemos celebrado el 92º aniversario de la proclamación de la II República, recordando que aquel breve espacio de tiempo fue una de las etapas más fecundas en derechos en la historia de nuestro país, hasta que los que no soportan que la mayoría de la sociedad avance en igualdad y bienestar dieron un golpe de Estado militar. Recordar la II República no como acto romántico o meramente conmemorativo, sino para aportar razones para trabajar por la tercera.

La monarquía, como otras instituciones, es herencia del franquismo. Lo afirmamos y lo razonamos, partiendo de los hechos:

Como bien establece Ángel Viñas en su libro “¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración” (Ed. Critica), los monárquicos conspiraron contra la II República desde su proclamación el 14 de abril de 1931. Fue el entorno de Alfonso XIII quién buscó la alianza con el fascismo italiano de Mussolini y quienes adquirieron aviones y material militar para preparar el golpe del 18 de julio. Otra cosa distinta es que Franco traicionase, como traicionó, a la Casa Borbón y a los monárquicos españoles; traición que ejecutó en la Ley de sucesión de julio de 1947, en la que decretó que “el Estado se constituye en Reino” (Artº 1), y condicionó “la proclamación de un Rey al fallecimiento del jefe del Estado” (Artº 7), es decir que en el Reino no habría Rey hasta la muerte del dictador(1).

Uno de los refrendos forzosos que Franco decretó fue para vestir la Ley de sucesión de julio de 1969, en cuyo artículo primero “instaura La Corona en la persona de (el hoy Emérito), Juan Carlos de Borbón(2), dejando claro en el mismo artículo que será Rey “cuando quede vacante la jefatura del Estado”, lo que no ocurriría hasta el 20 de noviembre de 1975. Ese mismo día, el 20-N, el Decreto Ley 16/1975(3) establece en su artículo primero:

Se promueve al empleo de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire a S. A. R. Don JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN, Príncipe de España, con todos los honores, privilegios y prerrogativas que a tan alta jerarquía corresponden.”

A la vista de esto, decir que el Rey heredó la gorra de plato antes que la Corona no es una exageración. Del mismo modo, los privilegios y prerrogativas que recibía de Franco se trasladarían tres años después al Título II de la actual Constitución.

Los compromisos adquiridos con los monárquicos, por parte del generalato franquista, no se cumplirían plenamente hasta 48 horas después de la muerte del dictador.

La secuencia es clara y no deja lugar a la duda del atado y bien atado. Otros nudos, como el referido a la constitución de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo; sucesión directa del Tribunal de Orden Público (TOP), ya han sido abordados en otras editoriales y artículos publicados en Tribuna Socialista.

Dentro de la minoría social privilegiada hay fracciones: monárquicos, militares, empresarios, clero… que se mezclan e interactúan para garantizar que la mayor parte de la riqueza y el control del país queda dentro de sus dominios. Por ello, cuando los hechos históricos sitúan a la cabeza del poder a un grupo ajeno a su corral no lo soportan, aunque los partidos acaten sus normas y leyes, y garanticen que se limitarán a ser gestores del sistema que les es favorable, aun así, los privilegiados y sus representantes apelan a lo que haya que apelar para recuperar el poder. Es lo que está ocurriendo con el Gobierno de coalición de partidos que se reclaman de la izquierda, que acatan las condiciones que las instituciones europeas le ponen en materia de Pensiones, que es timorato y comedido a la hora de atajar el saqueo de salarios y pensiones por la hemorragia de la inflación, que se disciplina a la OTAN en sus estrategias bélicas… y a pesar de ello, la fracción judicial de la derecha instalada en el CGPJ, la patronal y, por supuesto desde la derecha política y mediática, se le considera ilegítimo y lo atacan hasta más allá de los límites de su propia de democracia; este fue el caso el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional vetó el trámite legislativo para la reforma del propio TC. Y el Gobierno acató lo que debería haber desacatado.

Dicen los institucionalistas que la institución monárquica es la clave de bóveda de la arquitectura constitucional. El problema es que esa clave de bóveda y muchas de las dovelas de la cúpula están podridas y de su “enfermedad de la piedra” solo ellos son responsables. Muchas veces es más eficiente derribar y construir de nuevo que parchear sobre lo deteriorado.

La institución monárquica es por ende el palo mayor de la nave en la que navegan los privilegiados, y a la misma vez es el obstáculo principal para las aspiraciones de la mayoría social. Siendo conscientes de que cambiar al rey por un presidente de la República no resuelve los problemas automáticamente, estamos convencidos de que abre el camino a la solución. Al menos no estaría instalado en la impunidad que las instituciones heredadas del pasado parecen estar instaladas; véanse las fechorías cometidas por el Emérito a lo largo de su reinado, el secuestro del CGPJ (8 años desde su última renovación) o la colaboración del presidente de la Audiencia Nacional con los investigados en la trama “Kitchen”, se podrían poner muchos más ejemplos de impunidad.

El 1º de mayo concentra la lucha de los trabajadores y trabajadoras por sus reivindicaciones. A lo largo de la historia, los logros conseguidos por las organizaciones obreras han sido a costa de luchar y plantar cara a la minoría privilegiada; clase social minoritaria que sólo ha cedido ante el temor al estallido social. El 1º de mayo, como el 14 de abril, es un día de celebración y de reivindicación. Reivindicaciones que durante todo el año se concentran en la acción de los colectivos sociales que reclaman sus derechos: pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones, asociaciones vecinales y de barrios, y sanitarios en huelga, en Defensa de la Sanidad Pública, sectores de trabajadores sindicalizados que reclaman subidas salariales, como mínimo IPC, para prevenir la pobreza en sus familias…hombres, mujeres y jóvenes que pelean por recuperar lo perdido y/o por mantener los derechos que son atacados cada día a nombre de los distintas crisis: inmobiliaria, económica, pandemia, guerra…

La clase privilegiada siempre encuentra una excusa, y si no la inventa, para hacer prevalecer sus intereses, en detrimento de los intereses mayoritarios: España es el país europeo en el que mayor porcentaje de poder adquisitivo han perdido los salarios: un 5,3% en promedio, frente al 0,5% en Francia. Somos, entre las grandes economías de Europa, de los países que menos porcentaje del PIB destinan a Sanidad, un 7,8%, frente al 10,9 de Alemania o el 10,3 de Francia (datos de 2020). España ocupa el puesto 18 en el ranking de viviendas sociales, con un 2,5% frente al 9,5% de media en la UE (Fuente: observatorio de la vivienda y el suelo 2020). Sin embargo, no se escatima en incrementar los presupuestos para gastos militares.

Son parámetros que nos ponen frente al espejo. Malos datos que no se dan por causalidad. Son la consecuencia de las decisiones, muchas veces impuestas o, al menos, sin haber consultado al pueblo que dicen que es soberano, como el hecho de estar participando en una guerra -sea directa o indirectamente. Son las decisiones de los que permanentemente se niegan a la subida del SMI, los que niegan la subida de los salarios, mientras año tras año baten récords de beneficios, haya o no haya crisis. Y lo hacen porque tienen a su disposición esa arquitectura constitucional que los ampara y vela por sus intereses, los de esa minoría privilegiada.

Es por todo ello que reivindicar la República es la vía para cambiar una sociedad desigual e injusta. Es por eso que el pueblo trabajador tiene muchas reivindicaciones para sacar a la calle el 1º de mayo: Parar la guerra, la bélica y la social; defender la Sanidad Pública, parando la privatización y dotando a la Sanidad de los medios necesarios; o reivindicando la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, para que el Estado devuelva todo el dinero de las Pensiones públicas que ha utilizado para pagas gastos ajenos a las pensiones.

MANIFIESTO ¡¡ALTO A LA GUERRA!!

Si aún no eres firmante, súmate

Envía un mensaje con tu adhesión a:
manifiesto.altoalaguerra@gmail.com

Exito de la conferencia europea contra la guerra y la guerra social del 8 de julio.

CONSULTA NUESTRO BOLETIN NUMERO 13


Firmas de militantes políticos y sindicales de 17
países de Europa: Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña,
Grecia, Irlanda, Italia, Moldavia, Portugal, Rumanía,
Serbia, Suecia y Suiza


También hay firmantes de otros 18 países de
diferentes continentes: Argelia, Azania-Sudáfrica,
Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa de Marfil,
Ecuador, Estados Unidos, Ghana, Guadalupe, Líbano,
Mali, Méjixo, Niger, Togo, Senegal y Uruguay.

Apoya el Manifiesto 30 colectivos y organizaciones de
distintos países:

Estado español
  • Promueve: Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)
  • Asociación Civil, Milicia y Republica (ACMYR)
  • Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE)
  • Butroi Bizirik en Transición
  • Colectivo de militares demócratas “ANEMOI”
  • Colectivo de Mujeres Republicanas
  • Comissió Gent Gran 15M
  • III Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-Euskadi)
  • Hemen, salida por la izquierda.
  • Herriak Bizirik. Plataforma ciudadana en lucha contra las empresas altamente contaminantes en
  • el Polígono Industrial de Goiain (Álava)
  • Información Obrera
  • Munizipalistok Gasteiz
  • Orquesta y Coro “La Solfónica 15m”
  • Plataforma Galega por la Tercera República
  • Reunir Canarias
  • Reunir la Laguna
  • Reunir Santa Cruz de Tenerife
  • Tribuna Socialista
  • Unidad Cívica por la República
Colombia
  • Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC)
  • Grupo de investigación GIDPAD – UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Medellín
  • Grupo de Investigación y Editorial Kavilando
  • Fondo de Empleados Universidad de San Buenaventura Medellín
  • Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA)
  • Mesa Ecuménica por la Paz (MEP)
  • Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ
Italia
  • Collecttivo Autónomo del Porto di Génova
  • Unione di Base del Porto di Génova (USB).
Portugal
  • Colectivo Andorinha (Frente democrática brasileira em Lisboa)
  • Diáspora Sem Fronteiras

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