Mes: noviembre 2023

Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid lanza la campaña: En defensa de la sanidad pública ¡reclama!

Nota de prensa 28/11/2023

• El espacio que impulsó las grandes manifestaciones de noviembre de 2022 y febrero de 2023 en defensa de la sanidad pública, lanza ahora esta campaña.

• El objetivo central es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia y la necesidad de hacer reclamaciones en la Sanidad Pública de Madrid, con la vista puesta a denunciar la situación crítica que vive y presionar por su defensa.

Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid, el espacio impulsor de las dos grandes movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública y que aglutina a decenas de colectivos y plataformas de la Comunidad de Madrid, lanza ahora esta campaña. La deficiente inversión en la Sanidad Pública por parte de la Comunidad de Madrid y la grave desviación de recursos públicos hacia la sanidad privada, conlleva un peligroso deterioro de los servicios ofrecidos. En ese sentido, desde el espacio buscan con esta campaña “informar a los ciudadanos sobre su derecho a reclamar (derecho respaldado por una amplia normativa incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y proporcionar herramientas para ejercer dicho derecho”.

Salimos a la calle para enfatizar que, sin reclamaciones, no habrá mejoras ni soluciones visibles en la atención de la Sanidad Pública de Madrid. Las quejas de la ciudadanía se centran en el acceso al sistema, demoras en servicios y disfunciones en los centros de Atención Primaria, los servicios de urgencias extra hospitalarias y en los hospitales. Se destacan problemas como las citas en Atención Primaria, Centros de Urgencias sin médicos, y listas de espera hospitalarias que suman un millón de personas, proporcionando razones sólidas para la reclamación.

La campaña tiene dos objetivos: concienciar a la ciudadanía de la importancia y repercusión en nuestra salud del deterioro del sistema sanitario público, reclamando nuestro derecho a una sanidad pública de calidad, y denunciar ante la Consejería de Sanidad las áreas prioritarias de mejora a través de nuestras reclamaciones.

“Se dirige, por tanto, hacia la Consejería de Sanidad de Madrid, responsable de la gestión sanitaria y entendemos que, tanto la ciudadanía como l@s trabajador@s, somos víctimas del deterioro” dicen las impulsoras.

La campaña se llevará a cabo de manera continua en los próximos meses, buscando que los ciudadanos tomen conciencia del papel imprescindible que tienen en la defensa de su Sanidad Pública.

Se puede consultar más información de la campaña en este enlace


Contacto: Ana Encinas 630203505 / Ana Valiente 666776374
VECINAS Y VECINOS DE BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID

Las mujeres somos víctimas de todo conflicto armado, y también las primeras en movilizarnos en contra.

Desde el Colectivo de Mujeres Republicanas hemos tenido conocimiento del comunicado hecho público por el Sindicato de Trabajadores Árabes de Nazareth, por el que informan de la petición dirigida al Tribunal Supremo israelí, en la que se pide que la policía, la administración penitenciaria y el ejército israelíes den cuentas de la suerte de miles de trabajadores de la franja de Gaza que trabajaban en Israel. Concretamente, piden saber dónde están unos 7.000 trabajadores que se encuentran en paradero desconocido. Se conoce que el ejército israelí ha construido campos de detención para estos trabajadores, pero a pesar de las peticiones del Sindicato y de otras organizaciones de derechos humanos para que se diga dónde están, hasta el momento presente, las autoridades israelíes se han negado a responder .

El Colectivo de Mujeres Republicanas:

1.- Expresa su apoyo a la iniciativa de este sindicato y traslada nuestra disposición a realizar las acciones que estén en nuestras manos para conseguir que la denuncia llegue a cuantas más instancias mejor.

2.- Se suma a la indignación general por los bombardeos de la población civil en Palestina, por parte del Estado de Israel y a denunciar el genocidio que se está produciendo. La situación de acoso, de hostigamiento contra el pueblo palestino no es nueva ni de ahora. Se ha prolongado en el tiempo, desde que en 1948 se produjo la “Nakba”, nombre con el que se conoce la expulsión de palestinos de sus hogares, después de que fuera aprobado el Plan de Partición de la ONU y de la creación del Estado de Israel, origen de un conflicto que ha llevado a lo largo de los años, a cientos de miles de refugiados, a miles y miles de víctimas entre la población civil. Ya es suficiente.

3.- Hacemos nuestro el clamor que pide PARAR LA GUERRA Y EL GENOCIDIO, conscientes de que la única salida es un único estado democrático y por tanto laico en todo el territorio histórico de Palestina, tal como exige, desde hace años, un importante sector de la ciudadanía tanto palestina como judía. Apoyamos todas las iniciativas y movilizaciones que tengan como propósito establecer vínculos de fraternidad entre la comunidad judía y la comunidad árabe, contra los intereses del Estado sionista y de los Gobiernos que están al servicio de los promotores de guerras.

¡Alto el fuego inmediato, levantamiento del bloqueo de Gaza!

Resolución del CATP desolidaridad y apoyo a los trabajadores y pueblos de Palestina

ras el ataque de milicianos de Hamas y otras organizaciones, lanzado desde Gaza el pasado 7 de octubre, que provocó la muerte de cientos de israelíes y numerosos heridos y rehenes, el Gobierno de Israel ha respondido con bombardeos indiscriminados, que han causado la muerte de miles de ciudadanos, incluyendo más de 800 niños. El Gobierno sionista ha declarado el Estado de guerra y anuncia una próxima ocupación militar de Gaza. Al mismo tiempo ha privado a los dos millones de habitantes de la Franja de Gaza de agua, luz, alimentos y combustible, una medida de represalia contra la población que es considerada como un crimen de guerra.

Esta declaración de guerra del Gobierno de Netanyahu, convertido en Gobierno de “unidad nacional” con la entrada de los que hasta ayer se oponían a él, forma parte, en realidad, de una política de limpieza étnica contra el pueblo palestino que comenzó hace más de 75 años. El apartheid y la ocupación sionista, así como la complicidad de los Estados Unidos y con el apoyo o silencio cómplice de sus aliados europeos están en el base de esta escalada genocida, justificada en nombre de la supremacía judía y, posteriormente, de la lucha contra el terrorismo, y que emplea con total impunidad las expulsiones violentas, encarcelamientos, demoliciones de viviendas, asesinatos en masa, redadas militares en campos de refugiados, asedio implacable y humillaciones diarias a la población de toda Palestina.

Varios factores han conducido a esta situación, en particular la partición de Palestina decidida en 1948 por la ONU bajo la égida de Churchill, Stalin y Truman, justificada con la falsa suposición de que el establecimiento de un Estado sionista era la solución para no volver a ver nunca más los exterminios perpetrados bajo la égida del nazismo. La partición de 1948, seguida de la expulsión del territorio israelita de cientos de miles de árabes palestinos, fue continuada con una nueva expulsión masiva en 1967, tras la “guerra de los seis días”, y, en 1993, con los Acuerdos de Oslo, que proponen la creación de dos Estados, judío y palestino, sobre el territorio de Palestina, así como por numerosas resoluciones de la ONU que, en el mejor de los casos, nunca pasaron de ser “papel mojado”.

Pero, más allá de la impotencia (o de la hipocresía) de las resoluciones internacionales, los hechos se impone: la partición de Palestina de 1948 y el acuerdo de nueva partición de Oslo, no aportan, no pueden aportar, ninguna solución a la situación de Palestina. Los hechos, después de 70 años, demuestran que sólo pueden traer violencia y destrucción.

Porque, nadie puede ignorar que las amenazas y bombas del ejército israelí, que hoy siguen cayendo sobre Gaza y otros territorios cercanos, forman parte de una guerra más amplia entre la OTAN y los trabajadores y pueblos que resisten la dominación y el expolio imperialista. Una guerra, como sucede en Ucrania, que no es solo militar, es de rapiña de los recursos básicos y también social, de recortes presupuestarios y supresión de derechos a los trabajadores y pueblos de los propios países. Una guerra en la que están involucrados los Gobiernos europeos directamente, aunque haya diferencias entre ellos y, entre ellos el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Los trabajadores de Palestina y de Israel no quieren más crímenes, apartheid, ni explotación. No quieren más guerra genocida. Al igual que la gran mayoría de las poblaciones de ambos territorios, quieren unas condiciones dignas de vida y un futuro de paz y fraternidad.

Para ello no hay más salida que construir un estado único, libre y democrático, con igualdad de derechos para toda raza o religión, sin injerencias ni imposiciones externas.

De inmediato, hay que parar la escalada militar en curso, poner fin a los bombardeos, permitir el acceso de la población de Gaza a bienes de primera necesidad. Los trabajadores y los pueblos del Estado español llamamos a la movilización exigiendo el fin del bloqueo a Gaza y acabar con esta espiral de violencia mortífera en Palestina.

En esta difícil y sombría situación hay un destello de esperanza, la de esos palestinos y esos judíos israelíes que, juntos, lanzaron un llamamiento e impulsaron una «campaña por un solo Estado» en el que puedan vivir judíos y árabes en igualdad. Es el único camino para no caer definitivamente en el abismo de la barbarie.

Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)
18deoctubrede2023
conferencia.catp@gmail.com

Ganó la democracia

El pasado 23 de julio tuvieron lugar elecciones generales en España, con unos resultados que reflejan la pluralidad, la diversidad territorial y política de los ciudadanos y que han puesto de manifiesto su rechazo a un gobierno PP con VOX que suponía retroceso en libertades y conquistas sociales como así está ocurriendo donde ya gobiernan.

El encargo de formar gobierno al líder del PP resultó una investidura fallida, quedando demostrado que solo pueden pactar la derecha extrema con la ultra derecha, mimetizándose con ella, e igualmente fracasó en sus intentos de romper y corromper al PSOE.

El posterior encargo de formar gobierno al líder del PSOE ha supuesto que esa diversidad y pluralidad política, haya logrado acordar con la mayoría de fuerzas políticas, de nuestro parlamento.(SUMAR, EH BILDU, ERC, JUNTS, PNV, BNG y

C.CANARIA). Desde IS-PSOE nos congratulamos de que finalmente, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, haya sido elegido presidente del gobierno, dando paso a la continuidad de avances sociales, consolidación de derechos civiles y poniendo a los ciudadanos como eje de sus políticas.

La posibilidad de otros cuatro años de gobierno progresista ha enaltecido a las derechas, democráticas y no democráticas, que alimentan un ambiente de odio, crispación y mentiras, todo apoyado por distintos grupos de presión, desde empresariales, medios de información, posicionamientos de órganos judiciales caducados o cúpulas eclesiásticas. Basan su campaña en contra de la ley de amnistía, para enmascarar sus motivos reales: la no aceptación de la voluntad expresada por los ciudadanos con sus votos y sí el rechazo a

un gobierno de progreso PSOE-Sumar porque no responde a sus intereses. SE CREEN PROPIETARIOS DEL PODER.

Desde IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE instamos al PP, principal partido de la oposición, que asuma el resultado electoral, respete la democracia parlamentaria, donde reside la soberanía popular, tal y como recoge la Constitución del 78. Igualmente, exigimos que desde el PP rechacen firmemente y sin especulaciones los llamamientos a la algarada, revuelta y desobediencia de servidores del estado, los ataques a las sedes socialistas, como forma de hacer política, en un intento de suplantar los resultados electorales. No podemos dejar que la violencia política quede impune, una cosa es respetar los derechos a la libertad de expresión y manifestación recogidos en nuestra constitución y otra utilizarlos para socavar la democracia y atacar sus instituciones.

Por ello, desde IS-PSOE expresamos nuestra más absoluta y contundente repulsa a los ataques violentos a las CASAS DEL PUEBLO, sedes del PSOE, partido con 144 años de historia. Las casas del pueblo deben funcionar con total normalidad y esto debe estar garantizado a través de las medidas legales que correspondan en defensa de la democracia y las instituciones, frente a estos grupos neonazis y fascistas que están tomando las calles. Es inaceptable que grupos neofranquistas y de derecha extrema ataquen nuestras sedes y a nuestros militantes con señalamientos, agresiones y amenazas muy graves.

Los y las socialistas no daremos ningún paso atrás, seguiremos defendiendo la democracia y luchando contra las desigualdades y en pro de la justicia social.

ATACAR la democracia, NUNCA puede ser la forma de hacer política

Unidos contra el franquismo.

El pasado lunes 20N conmemoramos el aniversario de la muerte del dictador. Sin embargo, todos los militantes socialistas hemos visto como el franquismo sigue vivo. De hecho, se han trasladado de la plaza Oriente a la calle Ferraz en Madrid para asediar la sede socialista. Desde la muerte de Franco no se han vivido momentos de tanta tensión, protagonizados por la caye-borroka, los falangistas de toda la vida, los ultracatólicos, y grupos neonazis, todos convocados por VOX y PP para plantar cara al socialismo y animar a un golpe de estado al ritmo del cara al sol.

El debate de investidura de Pedro Sánchez fue el telón de fondo para evidenciar la existencia de un frente de partidos unidos contra el franquismo. Patxi López estuvo magistral en su defensa del socialismo y en sus ataques a la derecha y ultraderecha, pero también los representantes de los otros siete grupos que apoyaron la investidura de Pedro, dejaron bien claro lo que representan PP y VOX.

Gracias a ese acuerdo antifranquista podemos tener un presidente del gobierno socialista y un consejo de ministros progresistas que debe tirar adelante la difícil tarea del mandato de la mayoría social de este país: mejora de las pensiones, disminución de la jornada laboral, la amnistía que normalice la política, becas, freno al precio de los alimentos, y un largo etcétera de compromisos, que eso sí, deja algunas lagunas y trae algunos riesgos importantes: la necesaria auditoría a las cuentas de la seguridad social, el troceamiento de los servicios públicos (la gestión vasca de la Seguridad Social y la transferencia del servicio ferroviario de

cercanías a Catalunya, son buenos ejemplos que cuentan con la oposición de los empleados públicos), un nuevo estatuto de los trabajadores (a lo mejor con recuperar el que teníamos era suficiente).

No será una legislatura fácil para los socialistas. Tenemos la difícil tarea de tirar adelante reformas progresistas y mantener los servicios públicos revirtiendo las privatizaciones, y no cayendo en la trampa del troceamiento de los servicios públicos (más fácilmente privatizables), pero sobretodo, necesitamos garantizar la unidad de acción de la mayoría antifranquista y trumpista, no solo para pararles los pies en el terreno político, sino también en las calles, en la defensa de nuestras sedes.

La letra del himno de Catalunya dice «ahora es hora de estar alerta», y ciertamente, aunque no estamos en el 36, además de los cánticos fascistas y neonazis a los que no nos acostumbraremos nunca, se empieza a escuchar ruído de sables. Se han pronunciado algunos militares, se han pronunciado algunos colectivos de guardias civiles, y…

¡ cuidado!. La contención de la policía en las manifestaciones «ilegales» de los franquistas no tiene nada que ver con la represión de las manifestaciones obreras. ¿Recuerdan aquella tanqueta que sacaron a pasear con ocasión de la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz?. Ahora es hora de estar alerta.

Carlos Rodríguez
Militante socialista de Lleida

Acto público Pedro Sánchez en Madrid

Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, han intervenido en el primer acto de los socialistas tras la reciente conformación del Ejecutivo, en el pabellón principal de IFEMA, en Madrid, ante unos 10.000 militantes del partido.

Narbona ha agradecido a la militancia y a los trabajadores socialistas su esfuerzo ante las protestas frente a las sedes del partido. «Es el día de agradecer vuestro apoyo en los momentos tan complicados que hemos vivido. Y es también el día de lamentar los ataques sufridos en las sedes socialistas, y mandar un apoyo a todos nuestros trabajadores y trabajadoras, y en particular, en nuestra sede de Ferraz».

Zapatero ha ironizado con que el PP está «teniendo una digestión muy pesada» de que Sánchez sea presidente. El expresidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre la ley de amnistía, de la que ha dicho «Evidentemente, la ley de amnistía es un acto político en un contexto concreto. Pero tengo que decir que a la democracia le sienta bien la generosidad. Hay que ser valiente para hacer ciertas cosas, yo también tuve que hacerlo. Los cambios que se hacen con valentía, que reforman, que integran, son los que hacen avanzar un país. Y desde aquí quiero reconocer la valentía de Pedro Sánchez con esta ley de amnistía».

Por su parte, Pedro Sánchez ha comenzado su intervención reivindicando la formación del Ejecutivo y ha continuado hilando con lo que está previsto que sea uno de los principales desafíos de la nueva legislatura: la vivienda.

También se ha pronunciado sobre la situación en Israel y Palestina reiterando lo que ya dijo hace unos días en Jerusalén, donde definió de «insoportable» el elevado número de civiles palestinos muertos bajo los ataques israelíes, y señaló que era necesario trabajar en el reconocimiento del Estado palestino.

«Condenar los viles atentados de una banda terrorista como Hamás, y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles en Palestina, no es una cuestión de partidos, ni de ideología, ni de estar a favor o en contra de nadie, sino de humanidad. España siempre ha estado del lado de la paz», ha defendido.

Por último, Sánchez ha acabado su intervención reinvindicando la labor de gobierno, señalado que «su deber» es representar a toda la ciudadanía, especialmente a aquella que se «horroriza» ante los discursos de Vox: «Nuestro deber no es únicamente representar a las personas socialdemócratas y progresistas, sino también, a aquellas personas que aunque no comulguen del todo con nosotros, se horrorizan ante las barbaridades que dice Vox y ante la derecha que les ha comprado el relato y ha tolerado sus discursos».

«Nosotros fomentamos el bono cultural, ellos censuran la cultura. Nosotros luchamos activamente contra la violencia machista, y ellos la banalizan. Nosotros hemos subido un 47% el salario mínimo en la legislatura y ellos han votado constantemente en contra de cualquier avance social. O se tienen proyectos que defiendan la igualdad y el progreso, o todo lo que hay es ruido e insultos. Pero de momento, tendrán que esperar, porque lo que hay por delante son otros cuatro años de Gobierno progresista en España».

Corresponsal TS en Madrid

Defendamos lo público frente a la barbarie de lo privado.

Ayer fueron las pensiones, hoy las residencias, mañana volverá a ser la Sanidad.

Miles de personas han salido a las calles de Madrid, este 26 de noviembre, por segundo día consecutivo; ayer fueron miles quienes se manifestaron en contra de la violencia machista, hoy han sido miles quienes ha salido a denunciar que “no fueron muertes, que fueron asesinatos”, los 7291 fallecimientos que se produjeron en las residencias de Madrid, en los primeros meses de pandemia.

Familias de los y las fallecidas, y personas que en solidaridad se han sumado a la marcha, han recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (IDA), del PP, les negó la asistencia sanitaria hospitalaria, vulnerando de este modo la Constitución del 78 que tanto defienden, en sus artículos 15 y 43, pues, ¿acaso no fue se les negó “el derecho a la vida y a la integridad física”, cuando se les dejó abandonados a su suerte, sin medidas paliativas siquiera? ¿No fue “inhumano y degradante” dejar que se asfixiaran sin ningún acompañamiento ni intento de minimizar su agonía? ¿Tutelaron los “poderes públicos y organizaron la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”?

Una parte mayoritaria de los y las jueces y fiscales parece que ha decidido dedicarse más a hacer el quite a la derecha, su opción ideológica, que a servir a la justicia. Los vericuetos jurídicos y judiciales, dejan impunes a los malhechores y sus decisiones políticas criminales, no solo negligentes: fiscales que no han escuchado a las familias ni a las trabajadoras de las residencias; juzgados que archivan las causas sin abrir juicio oral… Solo la presión social de las familias de las víctimas, su presencia en algunos medios de comunicación, el hecho de haber llevado su justa causa a las instituciones europeas… esta haciendo que casi cuatro años después se abran causas con Ayuso y su Gobierno, por los protocolos de la vergüenza, los que negaron la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de residentes en las residencias de Madrid.

En la manifestación de hoy, no solo han reclamado “Verdad y Justicia”, han exigido una Ley marco estatal

que regule el funcionamiento de las residencias, que se ponga freno al negocio por el cual se maltrata a decenas de miles de ancianos y ancianas. Cuando un servicio público se pone en manos de la iniciativa privada, el objetivo deja de ser el bienestar de los ciudadanos y ocupan su lugar la avaricia y el lucro de los accionistas, de y los fondos buitre, a quienes la salud, el bienestar y la vida digna les trae sin cuidado.

La privatización de los servicios públicos se ha convertido en un verdadero cáncer de la sociedad actual: colegios, hospitales, residencias… donde el beneficio impone el recorte de personal y de las condiciones de trabajo, de la calidad de los alimentos y de su cantidad, entre otras cosas. Ciertos políticos ceden, vergonzosamente, ante los lobbies de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. Los hay más desvergonzados, si cabe, como la señora Ayuso, que van en busca de esos grupos de interés económico, que viajan a Estados Unidos y otros países, para ofertar al “mejor” postor hacerse cargo de servicios públicos que ella está predispuesta a privatizar.

Los ciudadanos y ciudadanas, como hoy, como en las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública, organizadas el espacio de Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid, o como las grandes manifestaciones organizadas por el movimiento estatal de pensionistas, tiene que echarse a la calle a defender lo que es suyo. Nadie debería olvidar que los servicios públicos se financian y construyen con nuestros impuestos directos, cada mes que nos descuentan el IRPF de la nómina; y de los indirectos, cada vez que compramos algo y nos aplican el IVA; además de otros impuestos y tasas, como el IBI, ese del que la Iglesia está exenta.

Reclamar justicia, como reclamar que lo público no se privatice y/o que se desprivatice lo privatizado, es hacer mejor esta sociedad bárbara.

Roberto Tornamira
Miembros del Comité de Redacción de TS

La amnistía: buena noticia, legal y conveniente.

Desde que empezó a hablarse de la posibilidad de un pacto del PSOE con Junts que posibilitara la investidura de Pedro Sánchez, la ley de amnistía ha acaparado la mayor parte de las críticas por parte de aquéllos que quieren impedir un nuevo gobierno de coalición, y que apuestan en cambio por un gobierno presidido por Feijóo, bien apoyado por VOX o bien apoyado por el propio PSOE. De entre las críticas más dolorosas, las recibidas desde dentro del propio partido socialista: Felipe, Guerra, García Page…incluso Borrell se han posicionado en contra.

Desde Tribuna Socialista fuímos claros desde el principio, tomando la iniciativa de recoger firmas de militantes del partido en favor de la amnistía, siendo los primeros en pronunciarnos públicamente al respecto, y enviando a nuestro grupo parlamentario y a la dirección del partido, las casi 300 firmas de militantes partidarios de un gobierno de progreso y de una ley de amnistía para devolver lo que es político a la política. El manifiesto de los cinco primeros secretarios del PSC de Cataluña, y el refrendo mayoritario de la militancia en la consulta realizada a la militancia, reflejan el sentir mayoritario del PSOE.

Si los lectores de Tribuna Socialista no pudieron ver en su momento la intervención del consultor político Nacho Corredor en la Sexta, pueden clicar sobre la imagen de cabecera de este artículo para acceder al video que refleja de forma sintética lo que muchos socialistas pensamos sobre los pactos entre el PSOE y Junts, y sobre la amnistía en concreto. Que es una buena noticia para la convivencia y la normalización de la política.

Para analizar la legalidad y encaje constitucional de la amnistía, recomiendo el hilo de twitter del magistrado Joaquin Bosch, que sintetizo seguidamente:

-La propia constitución en su artículo 62 i) habla de la posibilidad de “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley»

-El término “derecho de gracia” comprende el indulto y la amnistía. Lo ha dicho reiteradamente el Tribunal Constitucional. Lo han dicho nuestras constituciones a lo largo de la historia. Lo dice la propia RAE y cualquier manual de derecho.»

-Por tanto, la Constitución permite que se acuerden amnistías o que se concedan indultos, porque son “derecho de gracia”, en función de lo que establezca la ley. El texto constitucional solo efectúa una prohibición: no se pueden autorizar indultos generales.»

-«Esa prohibición se dirige al gobierno y resulta razonable: los indultos precisan de una motivación individualizada. Hay juristas que creen que, si no son posibles los indultos colectivos, tampoco debe ser posible la amnistía. Pero no son figuras idénticas»

-El indulto perdona la pena; la amnistía perdona el hecho delictivo, incluso aunque no haya pena. El indulto lo aprueba el Gobierno; la amnistía es acordada por ley en el parlamento. Es comprensible limitar la potestad del gobierno y ampliar la capacidad del parlamento.»

-No es aplicable la máxima ”quien no puede lo menos no puede lo más”. La prohibición de indultos generales afecta al gobierno y, efectivamente, no podrá aprobar amnistías. Pero la potestad de amnistiar es del parlamento. El TC ha marcado esa diferencia entre amnistía e indulto.»

– Esa distinción entre indulto y amnistía está en nuestras constituciones históricas. Por ejemplo, la Constitución de 1931 reguló la amnistía y prohibió los indultos generales. Todo ello desvirtúa la idea de que, si se prohíben indultos generales, no se pueden aprobar amnistías.»

– La Constitución actual también confirma implícitamente en otro artículo (87.3) que la ley puede aprobar amnistías. La Iniciativa Legislativa Popular no puede proponer determinadas materias, entre ellas el derecho de gracia: las propuestas de amnistía quedan reservadas al parlamento.»

-Algunas opiniones consideran que la amnistía no cabe en democracias y que solo es aceptable en el periodo transicional desde una dictadura. Más bien ocurre todo lo contrario: los países democráticos europeos contemplan la amnistía en sus ordenamientos.»

-Países vecinos como Francia o Portugal han aprobado amnistías en las últimas décadas. Y esta medida de gracia se ha aplicado o forma parte igualmente del ordenamiento jurídico de Alemania, Reino Unido, Suecia, Italia o Países Bajos, entre otros.»

-También se dice que una amnistía afecta a la actuación judicial, a la separación de poderes y a la igualdad en la aplicación de la ley. Eso es cierto. Exactamente igual que ocurre con los indultos. Es una excepcionalidad que deriva de la propia Constitución.»

-Esa desigualdad en la aplicación de la ley ha sido habitual en las últimas décadas: se ha indultado a miles de condenados por delitos graves, entre ellos golpistas, torturadores o corruptos. Es llamativo que ese trato desigual se descubra ahora con la amnistía.»

-Hay gente en contra y a favor de la amnistía, pero no resulta contraria al Estado de Derecho. Si la aprueban los representantes de la ciudadanía y se convalida por el Tribunal Constitucional, será simplemente el resultado del funcionamiento de nuestra democracia (fin)»

Baltasar Santos
TS Cataluña

La revuelta de las togas y los aguiluchos

Durante las semanas previas a la investidura, la derecha y la ultraderecha han intentado evitar por tierra, mar y aire, que los partidos antifranquistas llegaran a acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un gobierno de coalición y de progreso.

Se han pronunciado y movilizado la totalidad de los medios de comunicación de la derecha, la patronal CEOE, los guardia civiles, el CGPJ, el juez García Castellón de la Audiencia Nacional, el PP, VOX y los grupos de extrema derecha satélites de estos partidos.

Los ataques a la sede del PSOE, con la excusa de las protestas contra la ley de amnistía han sido lugar común para el encuentro de los grupúsculos de la ultraderecha («hazte oír», «Desokupa», «los Ultrasur» y grupos abiertamente franquistas, como la falange y VOX) y de la derecha más rancia con Aznar, Ayuso y Esperanza Aguirre como cabezas más visibles. En las movilizaciones de estos herederos del franquismo se coreaba el cara al sol, además de proclamas homófobas, racistas y ultracatólicas).

Si comparamos estas manifestaciones con las que normalmente convocan los trabajadores para defender sus derechos observaremos que en las manifestaciones obreras existe la obligación de comunicar el recorrido de las mismas a la delegación de gobierno, mientras que en estas convocadas por la ultraderecha no ha sido así. Ni que decir tiene que la dureza con la que la policía reprime las manifestaciones obreras no tiene nada que ver con la tibieza de la actuación policial de estos días, que incluso han llegado a escoltar a los grupos neonazis.

Sin embargo, pese a que el protagonismo se lo ha llevado las protestas en la calle, especialmente frente a la sede de Ferraz, estas han ido acompañadas, de forma «casualmente» sincronizada, por algunas resoluciones judiciales como la del caduco Consejo General del Poder Judicial.

La des-facha-tez no tiene límites: el CGPJ cuya función prinicipal es el gobierno de los jueces y garantizar su independencia sin emitir declaraciones institucionales de parte, y manteniendo, por tanto, una necesaria neutralidad política, emitió una declaración «preventiva» antes de que la ley de

amnistía fuera siquiera presentada, cuando menos promulgada. Los que tanto defienden la separación de poderes, se la pasan por el forro cuando lo que está en juego es garantizar un gobierno de progreso. A todo esto, el CGPJ hace 5 años que debería haberse renovado, y tiene en su composición una mayoría conservadora gracias al bloqueo del PP, incumpliendo el mandato constitucional.

Por otro lado, tampoco es casual que cuando se estaban a punto de cerrar los acuerdos entre el PSOE y Junts, el juez de la Audiencia Nacional, Garcías Castellón, anunciara el procesamiento de Carles Puigdemont, Marta Rovira, exsecretaria general de ERC, y otras diez personas relacionadas con el procès, por terrorismo. ¿otra casualidad?

Recordemos que la Audiencia Nacional es una instancia judicial heredera del Tribunal de Orden Público franquista. Cuando este Tribunal fue reemplazado por la Audiencia Nacional, en él se integraron 10 de los 16 jueces del extinto Tribunal.

Recordemos también que la Audiencia Nacional, ha protagonizado en los últimos años algunos de los escándalos más notables de nuestra democracia: no han sido capaces de determinar quién es el «M.Rajoy» de los papeles de Bárcenas; han lanzado 20 causas judiciales contra podemos, que han tenido que cerrarse al no encontrar delito alguno

Ojo con la guardia civil: la asociación de guardias civiles APROGC ha lanzado, casualmente, un comunicado en que se declaran dispuestos a “derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”. Otras cinco asociaciones, incluyendo la mayoritaria Jucil, se han pronunciado contra la amnistía y contra los acuerdos PSOE-Junts. ¿Organizaciones militares pronunciándose en cuestiones políticas?

Todo este cúmulo de coincidencias no es una casualidad, sino más bien obedecen a una causalidad. La causa a la que obedecen es la del movimiento nacional católico, la del franquismo, aún presente en nuestras instituciones, y que son un serio obstáculo para consolidar los derechos conquistados en los últimos años, avanzar en la convivencia y fraternidad de un estado plurinacional como España, y para conseguir nuevos derechos y conquistas sociales como aspira la mayoría social de nuestro país.

Mucho me temo, que este trumpismo franquista no va a parar de torpedear las aspiraciones de progreso que necesita la clase trabajadora de nuestro país.

Baltasar Santos
TS Cataluña.

Sí, estoy de acuerdo

Sí, estoy de acuerdo. Sé que muchos, muchas, no estáis de acuerdo con el pacto de investidura, donde se incorpora la amnistía a quienes propiciaron y participaron en el referéndum ilegal sobre la independencia catalana.

Quiero manifestar públicamente que yo sí estoy de acuerdo.

Para quien quiera entender mis razones, debo empezar diciendo que me siento Republicano y aspiro a recorrer el camino que analice la viabilidad de llegar a un Estado Federal, como puede ser el de Estados Unidos.

Por lo tanto, sí, me parece bien llegar a un acuerdo con fuerzas independentistas donde, desde el diálogo político, se pueda analizar el modelo de Estado más adecuado para el futuro de nuestro país.

Algunas, algunos, no creen en el diálogo, en lo único que creen es en la imposición del “Viva España”. Fueron cómplices del gran conflicto social del 1 de octubre de 2017 (donde incluso se proclamó la independencia catalana), por tal de defender lo que entienden que es una “patria”, en vez de dialogar y poder llegar a algún acuerdo con quienes se sienten diferentes a ellos.

Un primer efecto positivo en la normalización democrática y constitucional es que hace cuatro días, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts se han puesto de acuerdo, por primera vez, votando en contra de la propuesta de la CUP de impulsar otro referéndum ilegal en Cataluña. Parece claro que dejan de impulsar otro referéndum ilegal, acordando que “propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”.

Es decir, que siguen reclamando la celebración del referéndum, pero ahora en el marco de la Constitución… no como cuando gobernó Rajoy, que lo hicieron al margen de la Constitución y ninguno de los que salieron este domingo a las calles, salieron a manifestarse hace seis años a la sede del Partido Popular.

Ahora hay un candidato que se presentará a la investidura con el apoyo de todas las formaciones políticas, menos la del PP y VOX, es decir, con una amplia mayoría absoluta que recoge las distintas percepciones de convivencia existente en nuestro país.

Y una última reflexión, distintos gobiernos del Partido Popular han perdonado miles de años de penas a asesinos, a terroristas, a etarras, a delincuentes, a defraudadores… Estoy convencido que lo que de verdad les jode a los dirigentes del PP no es la amnistía, es que su país, que también es el mío, vuelva a tener un gobierno de izquierdas que siga haciendo verdaderas políticas progresistas.

Pues que se jodan, yo estoy encantado.

Rafel Fuentes
Militante socialista de Málaga