El resultado de las elecciones federales que se han celebrado el pasado día 23 de febrero en Alemania, confirma la teoría de que cuando económicamente las cosas van mal para la mayoría social, y no se da una salida de carácter socialista, de izquierdas, la derecha hace del cabreo general su caldo de cultivo.
Hablemos primero de los resultados:
La participación ha sido del 82,5%, la más alta de todos los comicios federales en lo que va de siglo, pero no más alta que el 91,1% de 1972, ni que el 90,7% de 1976. No obstante, una alta participación, para lo que estamos acostumbrados últimamente.
En el Parlamento alemán (Bundestag), la mayoría absoluta se sitúa en 316 diputados -sobre un total de 630 parlamentarios.
La CDU es el partido que agrupa democristianos y conservadores. En nuestro país hay quien lo compara con el PP, por el hecho de que comparten espacio en Europa en el PP-europeo, pero con la diferencia de que la CDU no tiene ningún vinculo histórico con el fascismo de Hitler, lo que no se puede decir del PP español y su genética franquista. Son los ganadores de las elecciones, al haber pasado de 197 a 208 diputados en el Busdestag, un incremento del 5,6%. En número de votos han pasado de los 11.178.298 de 2021 a los 14.158.432 de este mes de febrero, un incremento en votos del 26,66%.
La AfD (Alternativa para Alemania), partido que nace en 2013. Abiertamente de extrema derecha. Nace de una escisión de la CDU. Han pasado de 83 a 152 diputados, lo que significa un crecimiento del 81,93%. Han crecido en más de 5,5 millones de votos, al pasar de 4.803.902 a 10.327.148, un incremento del 115%.
El SPD (Partido Socialdemócrata Alemán), fue constituido en 1875. En su denominación define su ideología. Ha sido uno de los grandes perdedores de los recientes comicios. Ha perdido 86 diputados, lo que supone una caída del 41,26%, pasando de los 206 diputados de 2021 a 121 en la actualidad. Esto, en votos, significa que ha pasado de los 11.955.434 a los 8.148.284; una caída del 31,84%, al haberse dejado en esta legislatura pasada más de 3,8 millones de votos.
Alianza 90/Los Verdes, nace tras la unificación de las dos Alemanias, concretamente en 1993 por la alianza de Alianza 90, de la Alemania oriental y Los Verdes, de la Alemania occidental. Se define como de centroizquierda liberal, además de ecologista. Han perdido 1.090.730 votos, equivalente a un 15,92% de bajada en votos, lo que se ha traducido en pasar de 118 diputados a 85, una pérdida del 27,97% de peso parlamentario.
El FDP (Partido Democrático Libre), el partido liberal desde un punto de vista ideológico, aunque situado en el centro derecha, fue el socio de gobierno que provocó el adelanto electoral, aunque esto fuese decisión del canciller Scholz. Han desaparecido del Bundestag, al no alcanzar el mínimo requerido del 5%. Los liberales han perdido 3.171.074 votos de los 5.319.952 que obtuvieron en 2021, perdiendo la totalidad de los 92 escaños que tenían.
DIE LINKE (La Izquierda), Creado en 2007 por la unión del Partido Socialista Democrático (SED), proveniente de la Alemania oriental y Trabajo y Justicia Social-La Alternativa Electoral (WASG), una escisión del SPD. Die Linke ha resurgido, al pasar de 39 a 64 diputados, un crecimiento del 64,10%, pasando de 2.270.906 a 4.355.382 votos.
La primera y evidente conclusión es que el trompazo se lo han dado los tres partidos que formaban el Gobierno presidido por Olaf Scholz (SPD). Entre los tres han perdido el voto de 8 millones de electores.
Los socios de gobierno no se ponían de acuerdo en las cuestiones presupuestarias: los liberales del FDP proponían reducir el gasto público (menos servicios públicos) en paralelo a una negativa a subir impuestos, a lo que los otros dos socios de Gobierno (SPD y A90/LV) se oponían. Sin embargo, el Gobierno al completo ha estado de acuerdo con el incremento del gasto militar. Alemania destinó 54.500 millones de euros a defensa en 2022, incrementó esa cifra en el 20% para 2023 (1,52% del PIB) llegando a los 63.600. En 2024, Alemania acató las órdenes de la OTAN y destino a defensa el 2% de su PIB, gastando 90.600 millones de euros https://www.dw.com/es/gasto-en-defensa-c%C3%B3mo-se-financiar%C3%A1-la-seguridad-de-alemania/a-71550700 lo que supuso un incremento del 42,44% del gasto en esta partida.
Es difícil desvincular el rechazo de millones de alemanes y alemanas al incremento del gasto en defensa, por mucho que lo exija la OTAN o Trump, su verdadero comandante actual, particularmente si esto tiene como consecuencia el recorte de los gastos sociales que constituyen el Estado de Bienestar.
La encrucijada en la que las instituciones tienen metidos a los gobiernos, toma formas distintas, pero buscan el mismo objetivo en todos los países de la UE; España realizó una reforma constitucional express en 2011, al condicionar el gasto social al pago de la deuda del Estado (Artº. 135.3). En noviembre de 2023, el Tribunal Constitucional federal alemán dictaminó la inconstitucionalidad de una dotación presupuestaria de 60.000 millones de euros que hizo el Gobierno Scholz, bajo el principio de “freno al endeudamiento”.
Otro problema añadido es que los países de europeos se han desindustrializado, al haber deslocalizado gran parte de sus fábricas a países con mano de obra más barata, perdiendo los gobiernos el control de estas decisiones, incluso contribuyendo a ello. El resultado para Alemania es que además pierde peso industrial en relación al resto de países de Europa al haber pasado su industria sobre el conjunto de la UE del 40,5% en 2014 al 36% en 2023.
Y un tercer factor, consecuencia de la guerra en Ucrania, es el incremento del precio de los carburantes, al tener que pagar un 40% más caro el gas estadounidense frente al gas que compraba a Rusia.
Todo ello ha llegado a la economía real, a la clase trabajadora, que no percibe ni recibe criterios ni propuestas a sus problemas cotidianos. Es de la ausencia de políticas sociales, de izquierda, lo que está fomentando el auge de la extrema derecha, que se basa en identificar a supuestos culpables, como si los inmigrantes tuviesen culpa de que su gobierno decida gastar más en armamento y menos en sanidad, como si la inmigración hubiese decidido cambiar de proveedor de gas en el suministro al país.
Como se ve, estas circunstancias pueden ser aplicables a cualquier país en Europa. De modo que los partidos que se reclaman de la izquierda harían bien en dejar de competir en ver quién es el alumno más aplicado a la hora de gestionar la economía de mercado y dedicarse a recuperar los valores de la izquierda que nunca debieron abandonar.
Con cuatro décadas y media de historia, UGT Andalucía celebra su 45 aniversario como pilar esencial en la defensa de los derechos laborales y la construcción de una sociedad más justa. Desde sus inicios, el sindicato ha evolucionado con los cambios políticos, económicos y sociales, adaptándose para seguir siendo la voz de la clase trabajadora andaluza.
Los inicios de la lucha sindical
La historia de UGT Andalucía se enmarca en la transición democrática. Tras años de exilio, represión y clandestinidad, en 1976 UGT celebró su 30º Congreso en Madrid, el primero celebrado en España tras la Guerra Civil, bajo el lema “A la unidad sindical por la libertad”, marcando un paso decisivo hacia su reconocimiento oficial. En 1977, con la legalización de las centrales sindicales, UGT se consolidó como abanderada de la defensa de los derechos laborales en una España en plena apertura democrática.
Paralelamente, Andalucía vivía un periodo de profundas transformaciones, marcado por la consolidación de la democracia, la crisis económica y el avance del Estado de las Autonomías. En este escenario de incertidumbre y esperanza, se hizo patente la necesidad de contar con una organización sindical fuerte y autónoma, capaz de defender con voz propia los derechos de la clase trabajadora andaluza. Desde mediados de la década, un grupo de sindicalistas comenzó a articular una estructura regional de UGT, coordinando a las uniones provinciales para sentar las bases de un proyecto común que respondiera a las problemáticas específicas de la comunidad.
El 12 y 13 de enero de 1980, en la localidad malagueña de Fuengirola, se celebró el primer Congreso Regional de UGT Andalucía, bajo el lema “Nuestra lucha, Andalucía”, en el que se aprobaron los estatutos y las resoluciones que marcarían el rumbo del sindicato en los años venideros, estableciendo líneas de actuación claras en la lucha contra el desempleo, la precariedad laboral y la desigualdad social. Además, UGT Andalucía desempeñó un papel fundamental en el referéndum del 28 de febrero, promoviendo el voto favorable al Estatuto de Autonomía.
Consolidación en los años 80
Durante los 80, UGT Andalucía se consolidó como fuerza sindical de referencia. La aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 y la firma de los acuerdos como el Acuerdo Nacional sobre Empleo en 1981 y el Acuerdo Económico y Social en 1984 sentaron bases para relaciones laborales más justas. Además, el sindicato demostró su compromiso con la defensa de la democracia tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
La huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada junto a CCOO, evidenció la fuerza de la unidad sindical y obligó al Gobierno a retirar un plan que precarizaba el empleo juvenil. Este hito marcó un punto de inflexión en la acción sindical y reforzó la posición de UGT como actor clave en la defensa de los derechos laborales.
UGT Andalucía impulsó la igualdad de género con la creación del Departamento de la Mujer en 1986 y dio voz a la juventud trabajadora mediante el Departamento de Juventud, creado en 1983.
Desafíos de los años 90
Los 90 estuvieron marcados por movilizaciones y la consolidación de UGT Andalucía como la primera fuerza sindical de la región. La huelga general del 28 de mayo de 1992, en respuesta al “Decretazo”, reafirmó la capacidad de movilización del sindicato para defender los derechos laborales.
Durante esta década, UGT Andalucía también jugó un papel clave en la seguridad laboral, la igualdad de género y la protección de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Los acuerdos de concertación social entre sindicatos, administración autonómica y empresarios consolidaron un modelo de diálogo que garantizaba avances en empleo, formación y desarrollo económico.
Adaptación a los nuevos retos del siglo XXI
Desde el año 2000, el sindicato afrontó nuevos desafíos derivados de la globalización y la digitalización del mundo laboral. La concertación social siguió siendo clave, logrando avances en la regulación del empleo temporal, la reforma del PER y la integración de trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Hubo también momentos de fuerte movilización, como la huelga general de 2002 contra la reforma de la protección por desempleo.
UGT Andalucía reforzó su compromiso con la igualdad de género y la memoria histórica, y en 2002 creó la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) para conservar y difundir su patrimonio sindical.
Resiliencia ante la crisis de 2008
La crisis económica global de 2008 puso a prueba la capacidad de resistencia del sindicato. Con un desempleo creciente y recortes en derechos laborales, UGT Andalucía desplegó su capacidad de negociación y movilización para proteger a la clase trabajadora. Las huelgas generales de 2010 y 2012, bajo lemas como “Así, no” y “Nos dejan sin futuro”, fueron la respuesta del sindicato a reformas que facilitaban el despido y precarizaban el empleo.
A pesar de la difícil situación económica, el sindicato logró avances significativos, como la revalorización del salario mínimo, la firma de acuerdos para mejorar la estabilidad laboral y la promoción de la igualdad de género. Además, reforzó su compromiso con los servicios públicos, liderando movilizaciones en defensa de la sanidad, la educación y la protección social.
Renovación y compromiso social en la actualidad
En la última década, UGT Andalucía ha iniciado una etapa de modernización y adaptación a los nuevos retos del mundo laboral. La incorporación de una mujer a la Secretaría General en 2014 marcó un hito en la historia del sindicato, consolidando su apuesta por la igualdad de género. Durante este periodo, el sindicato ha reforzado su papel en la negociación colectiva, logrando mejoras en los salarios, las condiciones laborales y la protección social.
La pandemia de COVID-19 en 2020 fue un desafío sin precedentes. UGT Andalucía jugó un papel esencial en la defensa de los trabajadores y trabajadoras, promoviendo y negociando los ERTE para garantizar la protección social. También participó en el diseño del Ingreso Mínimo Vital para combatir la pobreza.
En 2024, la lucha sindical sigue avanzando y en julio se firma el Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional en Andalucía, reafirmando la importancia del diálogo social. El sindicato también ha intensificado su compromiso con la sostenibilidad, promoviendo empleos verdes y medidas para mitigar el cambio climático. Asimismo, defiende la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Hacia el futuro: desafíos y compromisos
UGT Andalucía afronta nuevos retos para garantizar el bienestar de la clase trabajadora y la sociedad andaluza en los próximos años. En el ámbito digital, busca adaptar la negociación colectiva al impacto de la inteligencia artificial, la robotización y las plataformas digitales. Ante la transición ecológica, reclama un Pacto de Estado contra el Cambio Climático que fomente las energías renovables y genere empleo de calidad en los sectores verdes.
La igualdad y la diversidad siguen siendo objetivos prioritarios. El sindicato trabaja para eliminar las barreras que dificultan la inclusión de jóvenes, mujeres, migrantes y colectivos vulnerables, promoviendo condiciones laborales justas. Asimismo, defiende el acceso a una vivienda asequible como un derecho social y laboral esencial para el bienestar de la clase trabajadora.
La protección de los servicios públicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, continúa siendo una de sus principales líneas de acción. En el ámbito del empleo juvenil, lucha contra la precariedad y la temporalidad mediante políticas de formación y fortalecimiento de los derechos laborales. Además, apuesta por un cambio en el modelo productivo, impulsando la innovación, la reindustrialización y el desarrollo tecnológico para crear empleo estable y de calidad.
En su compromiso con la Memoria Democrática, UGT Andalucía reivindica la verdad, la justicia y la reparación para quienes defendieron los derechos laborales y la democracia. A través de diversas iniciativas, mantiene viva la memoria de las personas represaliadas y refuerza los valores democráticos en la sociedad.
Con la mirada puesta en el futuro, el sindicato impulsa a una nueva generación de sindicalistas jóvenes, comprometidos con la justicia social, la sostenibilidad y la innovación. Tras 45 años de lucha y compromiso, UGT Andalucía continúa avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.
En los siguientes enlaces podéis ampliar la información:
Hace un año, el llamamiento al 8 de marzo del colectivo «Republicanas» comenzaba denunciando el asesinato de 8.190 mujeres y 12.000 niños en Palestina.
Hoy la cifra oficial proporcionada por el Ministerio de Sanidad de Gaza sobrepasa los 47.000 muertos, un 70% de los cuales eran mujeres y niños.
La actual tregua (que no alto el fuego) nos deja las terribles imágenes de miles y miles de familias avanzando a pie, con sus hijos y enseres a cuestas, hacia las ruinas de lo que fue su hogar.
Más aún que hace un año, no hay 8 de marzo sin apoyar a las mujeres palestinas, sin exigir el fin del genocidio, al alto el fuego permanente y la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno de nuestro país con el Estado sionista de Israel.
Hoy vivimos en todo el mundo bajo la amenaza de terribles retrocesos en los derechos y condiciones de vida de los trabajadores a todos los niveles. Y las mujeres trabajadoras, como sector especialmente explotado de la clase obrera, sufrirán con particular saña esos retrocesos si no los paramos.
El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque así lo decidió en marzo de 1911 la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, para honrar a las mujeres que lucharon y luchan por la emancipación de los trabajadores y, por tanto, por su propia liberación de la doble opresión que sufren.
En 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió hurtar el carácter obrero de esa fecha, eliminando la palabra «trabajadora», en aras de una supuesta transversalidad en los problemas que afectan al conjunto de las mujeres. Lamentablemente, las direcciones de las organizaciones sindicales y políticas en todo el mundo han aceptado ese disparate, que sitúa en un mismo plano a burguesas y proletarias. Y no, no estamos en un mismo plano. De hecho, estamos en planos opuestos en la batalla por la emancipación y por la igualdad.
En nuestro país hay un claro escollo en esa batalla: la Monarquía y las instituciones heredadas del dictador.
Baste repasar la actuación de la judicatura en todas aquellas cuestiones que afectan al derecho de las mujeres a la vida y a la protección. Burlas, humillaciones, cuando no directamente culpabilización de las víctimas.
La lucha por la República ha de formar parte de este 8 de marzo. Pero no solo por la flagrante negación de democracia que supone el sistema monárquico, aunque también por eso. La lucha por la República tiene un contenido muy concreto. Es la lucha por parar los gastos militares y dedicarlos a las necesidades sociales.
La lucha contra las reformas laborales que han hecho proliferar los contratos a tiempo parcial, que afecta en especial a las mujeres manteniendo y aumentando la brecha salarial.
La lucha por los convenios colectivos, por salarios que permitan cubrir las necesidades vitales dignamente, por convenios que recojan sin ardides el principio fundamental «a igual trabajo, igual salario».
La lucha por la defensa del sistema público de pensiones.
La lucha por el reconocimiento pleno de enfermedades profesionales en los sectores donde hay una mayoría de mujeres.
La lucha por servicios públicos que permitan liberarse de la esclavitud doméstica. La emancipación no será posible mientras no se aseguren los medios suficientes para acceder al mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Recordemos que las grandes luchas obreras consiguieron no solo guarderías públicas, sino también comedores y otros servicios incluso en los propios centros de trabajo.
La lucha por que se concrete en leyes el derecho a la vivienda, exigiendo, por ejemplo, la expropiación de las viviendas en manos de los fondos buitre. Prohibiendo los desahucios por imperativo legal. El derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad privada y a su explotación.
La lucha por mantener el derecho al libre uso del propio cuerpo, cuestionado hoy por las derechas franquistas (y conculcado en demasiados lugares del mundo). Por la salud reproductiva, por el aborto libre y gratuito sin restricciones y en centros públicos.
La lucha por la separación de Iglesia y Estado. Por la escuela pública y laica. Por una educación igualitaria, libre de prejuicios y estereotipos, con fondos suficientes, fondos públicos exclusivamente para la escuela pública, por una educación basada en el método científico, que incluya la educación para la libertad sexual.
La lucha en defensa de las libertades y derechos. Por la derogación de las leyes represivas, como la Ley Mordaza.
Por todo ello, en este régimen no cabe la emancipación de la mujer trabajadora, como no cabe el conjunto de reivindicaciones del movimiento obrero.
Los derechos duramente conquistados por la más que centenaria movilización de las mujeres nunca han estado asegurados. El capital y los gobiernos e instituciones a su servicio no cejan en su empeño por recortarlos, arrebatarlos incluso. Miramos con horror lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde peligra hasta lo más elemental. Pero no hay que mirar más allá de Europa para ver esa misma dinámica. El dinero que se gasta en más y más armas no sale de las piedras, sale de nuestros bolsillos, de lo que aportamos para mejorar nuestras condiciones de vida, no para promocionar la muerte.
Por eso, de nuevo este 8 de marzo, las mujeres trabajadoras estaremos en la calle por nuestras reivindicaciones y, para realizarlas, no hay otro camino que la lucha contra la guerra y contra la guerra social. En nuestro país, esa lucha pasa por la República.
Y la de España, la de Alemania, la de Europa. Cada sociedad se ve en este momento en riesgo de perder su identidad, sus certezas culturales, sus paradigmas centenarios. No descubre nada nuevo una afirmación de este tipo. Las izquierdas del sistema, y Bildu lo es sin duda alguna, son especialistas en ocultar las responsabilidades en las huidas multitudinarias de personas pertenecientes a países cuyos recursos naturales se ven arrebatados mediante bandas armadas organizadas por EEUU, Inglaterra, Francia, Israel con auxilio de la OTAN cuando es necesario. Todos hablan de los efectos de la inmigración, pero nadie habla de sus razones. Particularmente se distancian de las causas miles de oenegés a lo largo y ancho del mundo. Se ocultan las políticas de intromisión y golpes de estado desarrolladas en un buen número de países. Siempre están dispuestos a cumplir el papel de mercenarios de las multinacionales, de Blacwather, ahora denominada La Academia tras los crímenes contra la Humanidad desarrollados en Irak por sus bandas de matones, violaciones, asaltos a la reserva nacional de oro iraquí con mercenarios llevándose lingotes del botín que EEUU logró allí, callan las oenegés y las «organizaciones políticas» europeas acerca de las décadas de ataques de Ruanda como ejército proxy del mundo anglosajón, de 4 Jinetes del Apocalipsis contra la República del Congo, a la búsqueda del coltán y el resto de las riquezas del país.
Nadie tiene nada que decir sobre el criminal ataque de la OTAN encabezada por los eternos asaltantes de barcos contra Libia, al margen de la tortura infame a la que fue sometido Moammmar EL Gaddafi. Las benditas oenegés no nos contarán que África no emigraba a Europa porque el campo libio y su industria daban vivienda y trabajo a jornaleros y jornaleras de toda el África Negra, pero también a trabajadores del campo andaluz y probablemente, extremeño.
Pero había que robar la riqueza, el petróleo y las reservas de oro libias, aunque fuese al precio de que poner en el gobierno a bandas de delincuentes torturadores, saqueadores y violadores enfermizos abriese la única puerta de esperanza de salida con destino a Europa.
Y aquí estamos. Europa, con los cuatro Jinetes del Apocalipsis llevó la muerte, la ruina y la destrucción a Libia y hoy su territorio se ve asaltado por las multitudes que huyen de África, otros proceden de Siria, Afganistán, Sudán, Somalia, Nigeria, Senegal…, en fin, una buena parte de la población africana y asiática llega con traumas inenarrables a los que cada persona sobrevive o convive con ellos como puede.
Más los cientos de miles de latinoamericanos que salen a buscarse un futuro que en sus países les niegan.
Para hablar de inmigración, integración, común denominador cultural hay que fijar previamente un punto de conocimiento a fin de evitar que la prensa y los mass media creen el relato mercenario del «problema de la inmigración» y le den carta de naturaleza.
Nadie abandona su país, a los suyos, por el placer de hacerlo. Se sale de vacaciones, se sale por Erasmus, se sale a estudiar o trabajar con formación o contrato, pero nadie sale a morir en el Atlántico y en el Mediterráneo sin formación, con religiones no bien vistas en Europa por un gran segmento de su población, desconociendo el idioma con la intención de hacer fortuna.
Vienen para no ser asesinados. Vienen para no ser violadas.
¿Y la «izquierda wok» europea, en qué demonios se ha convertido? Es la punta de lanza de la estrategia Demócrata de EEUU, los cómplices del Genocidio que está perpetrando Netanyahu en Gaza. Y solo eso. La Unión Europea es a los pueblos de Europa lo que la «izquierda wok» a la izquierda: un formalismo.
Y así estamos acabando. Las ensoñaciones de grupo han llevado a esa pseudo izquierda wok
a remar en la dirección de los intereses del modelo Biden, de sus multinacionales. Será interesante si EEUU publica la lista de beneficiarios de los donativos de USAID a través de la inefable Fundación Soros, distribuidor oficial de la red de corrupción mundial de la CIA ahora que el nuevo gobierno de EE.UU., ha despedido a todos sus «empleados» o debiéramos llamarles, agentes provocadores de golpes de estado, para sustituirlos por otros que se plieguen a los deseos de la plutocracia presidida por Trump. Para sustituirlos por los suyos, obviamente.
Curiosamente, nadie habla en Europa de esto que ha pasado de ser un secreto a voces a ser una evidencia documentada. Aquí, en el ex primer mundo seguimos empeñados en tapar las causas señalando con el dedo a las consecuencias y somos también expertos en montar bucles alrededor de lo que más nos conviene creer y menos desestabiliza nuestro feliz y rutinario día a día
Pacem in Terris, por un tiempo.
Pues sí, esto es lo que no nos cuentan los mass media del BBVA, USAID, Vocento, y todas las publicaciones subvencionadas para crear una irrealidad cotidiana que impida cualquier conclusión de nuestras reflexiones que pueda marcar la responsabilidad de sus protectores interesados en que siga la barbarie que asola al mundo.
O las cadenas públicas y privadas de Tv comerciales. Donde hay capital y ordena el empresario. Es tiempo de dejar de leer memeces y buscar la información real en los medios que se impulsan desde abajo.
Hubo un tiempo en que Otegi, como toda la Izquierda Abertzale, suscribía estas reflexiones. La izquierda ha claudicado y se ha insertado en el campo institucional en el que es más cómodo sobrevivir acatando las reglas de los padrinos de la UE, la OTAN, los pactos municipales en los que, piensan, que el problema de la Cripta de Mola en Iruña se soluciona cambiando el letrero.
Se ha acabado el tiempo de las medias verdades. La causa del horror mundial es la voracidad incontenible de los Fondos de inversión, de los BlacRock, Vanguard, a los que los movimientos sociales intentan poner freno cada día, movilizándose contra la privatización de los servicios públicos.
Solo acabaremos con la inmigración de los desesperados acabando con aquello que lo provoca y eso significa señalar la responsabilidad de los destructores de sociedades por su lucro personal. Esto Otegi y EH Bildu lo saben, pero prefieren vivir adocenados y apostar por la comodidad de la política de defender sus puestos de acomodo como un componente más del proyecto europeo vasallo de las multinacionales que destruye la industria europea, el campo europeo, la pesca europea, el turismo canario o cualquier otro antojo de los asesinos de las personas, pueblos y culturas.
Se debe devolver a la clase trabajadora, a la juventud, al pueblo, su conciencia y eso requiere una desintoxicación severa de los paradigmas convertidos en certezas incuestionables por los mas media a los que se ha creído de manera acrítica y estos no han cesado de crear el relato del espejo, en el que lo que ves no es la realidad.
Vienen tiempos muy duros. Toca despertar en primera instancia, a aquellos que teniendo conciencia de clase se han distanciado estos años de la acción política en la creencia de que el sistema es imbatible.
La lucha por el control de algunas islas africanas de titularidad española y ricas en fondos marinos está ya en el punto de mira y pueden llegar a afectarnos directamente sin pasar demasiado tiempo y Uber, BlacRock no son nuestros amigos.
Los asesinatos de los Abogados de Atocha, fueron uno de los mas atroces atentados terroristas cometidos por la extrema derecha fascista, en el marco de la Transición Española hacia la democracia, iniciada tras la muerte del dictador, Franco, en noviembre de 1975.
Asesinados:
Enrique Valdevira Ibañez
Luis Javier Benavides Orgaz
Francisco Javier Sauquillo
Serafín Holgado
Angel rodriguez leal
Heridos de Gravedad:
Miguel Sarabia
Alejandro Ruiz Huertas
Luis Ramos
Dolores González Ruiz
De todos los heridos, solo vive Alejandro Ruiz Huertas, el último superviviente, habiendo fallecido los demás, por enfermedades directamente relacionadas con el atentado sufrido en enero de 1977, siendo la última en morir, Dolores González Ruiz, Lola, que lo hizo el 27 de febrero de 2015, de cáncer, aunque en realidad, Lola, que había muerto espiritualmente con su marido el día de los atentados, Francisco Javier Sauquillo. Llevó una vida de sufrimiento, habiendo padecido en enero de 1969 el asesinato por la Policía Social, del que fuera su novio, Enrique Ruano. Ambos hechos marcaron su vida para siempre y no pudo nunca reincorporarse a la normalidad de la vida.
Los Abogados de Atocha, maestros e inspiradores de todas las generaciones de abogados laboralistas, defensores de trabajadores, que hemos seguido sus pasos, no sólo son mártires de la Transición, sino auténticos valores de la Memoria Histórica de España, que murieron asesinados por ser luchadores por los derechos de los trabajadores y ciudadanos en general, pero, sobre todo, de las asociaciones de vecinos de barrio, y fueron luchadores por la libertad y la democracia.
A los abogados de Atocha los mataron porque eran del Partido Comunista de España, PCE y de CCOO, eran jóvenes y luchadores, comprometidos y convencidos que tenía que llegar la libertad y la democracia y creían firmemente en lo que hacían, porque defender a los trabajadores de los abusos del Sindicato Vertical y de la explotación de la Patronal, luchar contra los abusos de todo tipo, también los urbanísticos, que se hacían en los barrios y en las asociaciones de vecinales, era luchar por la libertad y la democracia.
Los asesinos iban buscando a Joaquín Navarro, sindicalista de CCOO de Madrid y secretario general del Transporte, que había organizado una huelga del transporte para la mejora de las condiciones del sector y acabar con la mafia del transporte del Sindicato Vertical. Al no encontrar a Navarro, que se había marchado muy poco antes, dispararon a muerte contra los que allí se encontraban, los abogados, un estudiante de derecho y un administrativo del despacho.
Tres fueron los asesinos, dos que dispararon a matar y otro que se dedicó a cortar los teléfonos y a registrar el despacho. Pero detrás de los asesinos materiales, había toda una trama civil, proveniente de la mafia del transporte, que cómo después veremos, el Juez Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar, pese a la petición de la acusación particular.
El Colegio de Abogados de Madrid, con su decano, Sr. Pedrol, al frente, se puso a disposición de los abogados supervivientes y de los abogados del PCE y de CCOO, para organizar un entierro que saliera del Colegio de Abogados.
El asesinato de los Abogados de Atocha ha sido uno de los eventos que más me ha influido e impresionado en mi vida, y lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Yo, ya era abogado, pero aún no ejercía porque estaba cumpliendo el servicio militar, y en esas fechas, me encontraba en Madrid de permiso.
El entierro fue una de las manifestaciones más poderosas organizadas por la izquierda, los militantes del PCE y todos los abogados de izquierda y demócratas, a cuyo evento asistieron más de cien mil personas, en un absoluto silencio y dando una lección de responsabilidad y civilidad.
Cien mil personas en sepulcral silencio y todos con el puño levantado, fue algo que llegaba al corazón de todos los asistentes y, probablemente, esta demostración de responsabilidad por parte del PCE, fue el detonante para que unos meses después, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, legalizara el PCE, el 9 de abril de 1977, con la colaboración y apoyo de su jefa de gabinete, Carmen Diez de Rivera, que fue la verdadera artífice de la legalización del Partido Comunista de España.
También pude asistir al juicio oral, gracias a José Bono Martínez, que en esa fecha aún militaba en el Partido Socialista Popular, PSP, de Tierno Galván.
El juicio oral me impresionó muchísimo y jamás se me podrán olvidar las caras de los asesinos, y la forma arrogante y chulesca en que respondían tanto a las preguntas de fiscal como de las acusaciones particulares.
Los asesinos materiales que dispararon fueron José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, Fernando Lerdo de Tejada se quedó en la puerta vigilando tras registrar el despacho.
Además, estaban procesados Francisco Albadalejo Corredera, vinculado con la mafia del transporte del Sindicato Vertical, Leocadio Jiménez Caravaca y Ramón Francisco Fernández Palacios, ex miembros de la División Azul, quienes proporcionaron las armas. También se procesó a Gloria Herguedas, que era la novia de Cerrá.
Sin embargo, todos los abogados de la acusación particular, estaban convencidos que había una trama mucho más amplia de personas vinculadas a la Falange y a Fuerza Nueva, y algunas pesquisas apuntaban a los Servicios Secretos. Como llegó a decir el abogado Sartorius, faltaban en el procesamiento “las cabezas pensantes”. Pero el juez Gómez Chaparro, se negó sistemáticamente a iniciar cualquier investigación y posibilitó, a sabiendas, la fuga de Lerdo de Tejada, con un permiso de Semana Santa, que huyó a Chile, hasta que en 2015, prescribió la orden de busca y captura, quedando libre. Más tarde se fugó Carlos García Juliá en 1991, con una libertad condicional, cuando le faltaban casi diez años de condena por cumplir.
Desde aquel luctuoso suceso, todos los 24 de enero se rinde merecido homenaje a los Abogados de Atocha, organizado por la Fundación que lleva su nombre, con asistencia de CCOO, PCE, Colegio de Abogados de Madrid y numerosos sindicalistas y abogados que los conocimos, homenaje que se realiza en Antón Martín, en la estatua del Abrazo, obra de Juan Genovés, y cuyo lugar ha sido declarado, en enero de este año, como “lugar de memoria histórica”.
Mantengamos siempre vivo el recuerdo del sacrificio de los Abogados de Atocha, que su muerte no sea en vano, porque “SI EL ECO DE SU VOZ SE DEBILITA, PERECEREMOS.”
Concentración homenaje a los “Abogados de Atocha”, 24 de enero de 2024 Plaza de Antón Martín (Madrid)
¡Ellos se lo han buscado! De tanto ir el cántaro a la fuente al final se ha roto. Estos asertos populares definen a la perfección el efecto de ponerse al descubierto, a ojos de todo el mundo y con descaro, actuaciones judiciales que confirman la existencia de un grupo de jueces, no menor en la judicatura española, que utiliza la justicia como herramienta acorde a su ideología para asediar al oponente político conforme a una estrategia planificada. Es lo que se viene denominando como el brazo judicial del PP, que lleva meses aflorando. Comando que no es nuevo ni sorprendente, sino conocido por quienes seguimos la actualidad desde la época de la transición democrática que no se produjo en el ámbito del poder judicial.
La llegada en 2020 del primer Gobierno de Coalición de PSOE y Unidas Podemos, merced a la abstención de ERC y Bildu, y el apoyo parlamentario del BNG, Más País-Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y PNV, puso en alerta a todos los sectores de la derecha y ultraderecha, incluido los más conservadores de la judicatura, que pusieron en marcha una estrategia de acoso y derribo que abrió una época —en la que seguimos— donde el discurso político comenzó a tejerse con mentiras y tergiversaciones falaces e hiperbólicas verbalizadas con agresividad y beligerancia impropias, y un lenguaje faltón y barriobajero plagado de epítetos que trajeron del pasado sustantivos lanzados contra el gobierno como invectivas oprobiosas de claro poso fascista: ¡Gobierno de comunistas bolivarianos y liberticidas!
Ahí comenzó la actuación del brazo judicial de la derecha y ultraderecha,cebándose con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Casos que quedaron en nada como el Neurona archivado en 2023 tras tres años de instrucción judicial, o la persecución a la jueza Victoria Rosell por ser diputada de Podemos y haber sido Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Como se archivó también el caso PISA, (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) fraguado fraudulentamente por la Policía Nacional para desacreditar al líder de Podemos por haber recibido financiación para su partido procedente de Venezuela, archivado por la Audiencia Nacional que lo calificó como un conjunto desordenado de recortes de prensa sin sustento documental.
Desaparecido Iglesias de la escena pública, las fuerzas de la reacción fijaron el foco en Pedro Sánchez y su entorno, del que quieren hacer el eje axial de todos los males, al que tienen una inquina especial por tener que aguantar otra legislatura de gobierno progre, comunista y bolivariano que pacta con los terroristas (Bildu) y los independentistas (ERC y JUNTS) para seguir en el Gobierno. Convertido en el demonio que rompe España, el arma judicial ha convertido en diana a su entorno familiar. Jueces que admiten querellas presentadas por asociaciones de ultraderecha —Manos Limpias y Hazte Oír— secundadas por Vox, y abren sumarios con retales de titulares de prensa que estiran como chicles para conseguir mantener la condena mediática de los investigados el mayor tiempo posible, contraviniendo la resolución del Tribunal Supremo de 2014, en la que señalaba que no se pueden abrir causas con titulares de prensa como elemento probatorio.
Los casos contra la esposa del Presidente y su hermano —que ha dimitido como director de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz, por no soportar la persecución mediática— demuestran que hay jueces que, aunque sepan que esos casos quedarán en nada por no haber ilícito penal que los justifique, siguen adelante con el castigo mediático acrecentando la sensación de que no buscan hacer justicia, sino justificar la decisión que tienen tomada de antemano. Charco donde chapotea el juez Peinado, como su conmilitón, el juez Hurtado se inunda de barro en el caso del Fiscal General cuando no da valor a las declaraciones de cuatro periodistas que confirmaron que tenían y publicaron los correos de la discordia muchas horas antes de que los tuviera la Fiscalía General, porque desmontan la instrucción del sumario. Ni quiere entrar en el meollo del caso: que la nota de prensa de la fiscalía desmentía el bulo, la mentira del inefable MAR, y no filtraba ninguna información que no fuera ya conocida. Así la pelota mediática contra el Fiscal General sigue engordando.
No son los únicos miembros de la judicatura a los que les interesa más hacer política que justicia en sus juzgados. En la mente de todos están nombres como los de García Castellón, Carretero, Marchena… o los que por una razón política se manifestaron en la calle delante de Audiencias y Tribunales Superiores, incluidos insignes fiscales —hecho insólito en cualquier democracia de nuestro entorno—, para expresar su oposición radical a la Ley de Amnistía. Acciones que ejemplifican la perversión del papel que deben desempeñar los jueces y magistrados como garantes del cumplimiento de la Ley. Papel que degradan cuando privilegian sus posiciones políticas o morales a la hora de impartir justicia.
Hechos que justifican la necesidad de una reforma de la carrera judicial que acabe con el poder omnímodo del que gozan los jueces, que les convierte en intocables, hagan lo que hagan. Reforma que debe servir para hacer efectiva la democratización del poder judicial —siempre pendiente por la oposición espuria de las asociaciones judiciales— como la planteada por el Ejecutivo, que abre el melón para el debate y la negociación parlamentaria de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la última que data de 1985. La medida sustancial para poner coto a la casta judicial propone cambiar el sistema de oposiciones de acceso a la carrera judicial y fiscal, para facilitar el acceso de estudiantes de cualquier nivel socioeconómico, mediante la creación de una Escuela Pública de Opositores y un sistema estable de becas que nunca podrán ser inferiores al salario mínimo interprofesional, que no dependerán del Gobierno de turno o de la disponibilidad presupuestaria. Todo con el objetivo de acabar con el sistema de preparadores, de jueces, que cobran en negro a quienes quieren opositar y que es una fuente de clientelismo.
Con el mismo objetivo, se suprime la decimonónica prueba memorística por una escrita sobre un caso práctico y anónima para que el tribunal valore la capacidad del aspirante sin atender a su linaje. Y para ampliar el número de jueces, la reforma propone consolidar la situación de 913 jueces, el 70% mujeres, que llevan más de dos décadas ejerciendo de jueces interinos. Y para acabar con el poder omnímodo de los jueces la reforma propone reglamentar la inadmisión de querellas basadas en recortes de prensa, la recusación de un juez o magistrado que se haya manifestado públicamente en relación al caso que instruye, y limitar la acusación popular a la formulación inicial de la querella y a la fase del juicio oral, para evitar filtraciones interesadas.
Medidas cuyo objetivo es acometer la reforma del Poder Judicial, eternamente aplazada desde la instauración de la democracia, que ponga fin a su utilización como herramienta del juego político judicializando la política, para favorecer determinados intereses y estrategias que desvirtúan, a ojos de la ciudadanía, el sentido y valor de la justicia manchado por quienes ejercen el cargo para ejecutar vendettas políticas o morales de poso religioso. La justicia española debe recuperar la imagen perdida de imparcialidad.
Europa -desde Tarifa a los montes Urales- es una pequeña península del gran continente euroasiático: una realidad material ineludible para cualquier proyecto político de largo alcance, con posibilidades razonables de éxito; como supo anticipar, con indudable visión estratégica, el general De Gaulle.
Necesitamos una Unión Europea capaz de fundamentar su estrategia en su evidente realidad continental; de lo contrario, tenderá a desgarrarse como consecuencia de sus contradicciones internas, focalizadas por su humillante subordinación al imperialismo USA, que la desprecia.
Europa es cuna de civilización, patria de la Ilustración y de la Revolución francesa, que nos legó los derechos del hombre y los valores de libertad, igualdad, fraternidad. Abrió el camino a la revolución industrial y cruzó el Atlántico llevando en su mochila la racionalidad del método científico. Más adelante, la Revolución rusa, liderada por Lenin e impulsada por el movimiento obrero, puso en práctica la ciencia política basada en los escritos del genial judío alemán Carlos Marx, que dio lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy extinta.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que, en cuatro décadas, logró sacar de la miseria y la ignorancia a decenas de millones de personas, transformando al pueblo ruso en uno de los más cultos y avanzados del planeta.
Rusia puso en órbita el primer satélite artificial de la historia en 1957 y en la primavera de 1961 llevó al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin; astronauta que, desde su atalaya en el cosmos, contempló estremecido la inmensa soledad del Universo, y nos informó cabalmente de que allí no había ningún Dios. Lo recuerdo bien porque en aquella primavera del 61 yo tenía 17 años y era alumno de primer curso en la Escuela Naval de Marín, con las inquietudes propias de mi generación.
También por aquellos días, como el sediento va a la fuente, recurrí insaciable a mis lecturas para dar respuesta a los interrogantes que mi percepción de joven adolescente se planteaba: de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y aplaqué en parte mi sed de conocimiento en un libro de historia natural escrito por Charles Darwin, “El origen de las especies”. Y en los versos del poeta Miguel Hernández, “Vientos del pueblo me llevan”, obtuve una respuesta certera a mis inquietudes: vamos de la vida a la nada.
Dos años después, en el verano del 63, Valentina Tereshcova se convertía en la primera mujer cosmonauta de la historia de la Humanidad. Lo recuerdo vivamente, porque en aquellos días conocí en Pontevedra a mi futura compañera de lucha, Rosa, una joven adolescente de 16 años, hoy madre de mis seis hijos, abuela de mis doce nietos y bisabuela de mi bisnieto Senda.
Rosa, mi compañera (1964)
Un año antes, en octubre de 1962, se producía la “crisis de los misiles”, cuando los despliegues estadounidenses en Italia y Turquía fueron respondidos por los despliegues soviéticos en Cuba, lo que llevó a la Humanidad al borde del abismo. La URSS retiró finalmente sus misiles, a fin de evitar una conflagración nuclear.
Extinta la antigua Unión Soviética en 1991, el imperialismo USA dominó la esfera internacional, impulsando la expansión de la OTAN hacia el Este de Europa, lo que incrementó peligrosamente la tensión, alcanzando un punto de ruptura con el golpe del Maidán, seguido de la persecución y asesinato de parte de la población rusófona de Ucrania.
La pretensión del presidente Zelensky de llevar la OTAN hasta las fronteras de la Federación de Rusia fue la gota que colmó el vaso.
En efecto, de haberse llevado a cabo tal pretensión, Rusia hubiese quedado al alcance de misiles nucleares hipersónicos, con tiempos de vuelo hacia Moscú de menos de 15 minutos, desestabilizando de ese modo el equilibrio estratégico, conocido como Destrucción Mutua Asegurada (DMA). Esa explosiva contradicción dio lugar a la “operación militar especial”, ordenada por el presidente Putin, que desencadenó la guerra de Ucrania.
Ante ese panorama desolador resulta indignante el recuerdo del “banderista” presidente Zelensky, admirador del colaboracionista nazi Stepán Bandera, aplaudido en pie por la inmensa mayoría de los representantes de la “soberanía europea”, hoy humillada por el “gran hermano” americano.
La humillante situación actual es evidente, los USA exigen ahora el final de la guerra de Ucrania y pretenden:
Que Ucrania pierda el 20 % de su territorio.
Que Ucrania ceda a los USA, para su explotación en exclusiva, la riqueza minera en tierras raras, elementos clave para la producción de nuevas tecnologías, en particular de microchips.
Que la Unión Europea asuma los costes de la guerra, en particular el coste económico de la reconstrucción.
Que la Unión Europea envíe tropas permanentes a Ucrania, que no estarían cubiertas por el artículo 5 de la OTAN: “las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas (…)”.
Esto último significaría el relevo del averiado ariete llamado “Ucrania” por el nuevo y más potente ariete llamado “Unión Europea”. Aunque, eso sí, sin la cobertura del citado artículo 5. Lo que posibilitaría a los USA instrumentalizar a la UE contra la Federación de Rusia, sin correr el riesgo de estar obligada a implicarse directamente en una posible guerra, que arrasaría Europa.
En efecto, no serían los USA quienes estarían en guerra con Rusia, sino la Unión Europea, incluida Ucrania; es decir, nuestros hijos y nietos, que serían carne de cañón de intereses foráneos.
La Unión Europea debe liberarse del humillante y peligroso vasallaje, haciendo avanzar un proceso constituyente capaz de dotar a la Unión Europea de una estructura federal, auténticamente democrática. Creada la base democrática de su unidad federal, lo demás se dará por añadidura; en particular, una industria pública de defensa, junto a una defensa unificada más eficaz y menos costosa, con capacidad de disuasión militar multi horizonte, potenciada por su enorme capacidad económica, cultural, científica y tecnológica.
Solo así será posible conjurar el peligro que para Europa representa la nueva oligarquía tecno-fascista que, amenazante, vocifera desde la otra orilla del Atlántico.
Una nueva gran manifestación ha recorrido las calles de Madrid el día 24, esta vez en defensa de la Educación pública. El día 9 de este mes de febrero las calles se llenaron para reivindicar que se cumpla el derecho a vivienda establecido en la Constitución. En los últimos años hemos visto macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública. Y periódicamente miles de personas se movilizan en defensa de las Pensiones Públicas.
El asociacionismo en colectivos, plataformas y espacios, apoyados en las luchas vecinales se han hecho cargo de la defensa de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, son la verdadera izquierda, en ausencia de los partidos tradicionales y los sindicatos de clase.
El ánimo para salir a las calles a reivindicar y defender derechos va más allá de los servicios públicos, sobre los que se está nucleando un movimiento sin dirección política, por el momento. En los últimos 17 meses han sido muchas las manifestaciones para rechazar el Genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Así mismo, las asociaciones de familiares de víctimas se movilizan para exigir responsabilidades a gobiernos autónomos como el de Madrid o Valencia, por las 7291 muertes en las residencias en los años de pandemia o por las habidas en la DANA en octubre del pasado año.
El hecho de que algunas de estas competencias, en todo o en parte, estén transferidas a las comunidades autónomas hace que la movilización no tome carácter estatal. Sin embargo, no es descartable que se tienda a la estatalización de estos movimientos, pues no es entendible que el problema del deterioro, incluso el desmantelamiento, de los servicios públicos esté troceado cuando en mayor o menor medida el problema existe en todas las comunidades autónomas.
No solo es que la privatización y la insuficiente financiación de la Sanidad o la Educación se den en toto el Estado, es que son leyes estatales, como la Ley 15/97, las que permiten y facilitan la privatización; en este caso de la Sanidad Pública.
El papel de las instituciones autonómicas ante los desastres naturales ha sido desastroso, incluso criminal, pues pudiendo haber evitado muertes las han provocado con sus decisiones, en el caso de Madrid, y sus indecisiones, en el caso de Valencia. Son hechos a los que no están ajenos los demás pueblos del Estado español.
La situación de la Comunidad de Madrid es especialmente grave, dada la acción de Gobierno ideológica ultraliberal del PP en esta Comunidad, pero que más allá de las formas aplican en todas las comunidades y ayuntamientos en los que gobiernan.
El estrangulamiento económico de las universidades públicas es evidente y grosero.
El Gobierno de Madrid ataca permanentemente a la enseñanza pública en un descarado apoyo institucional a la educación privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia segregacionista.
Las tasas de matriculación son cada día más altas y los presupuestos para becas cada vez menores. Dando como resultado que las familias trabajadoras comienzan a verse excluidas de la enseñanza superior.
Los estudiantes de la FP pública se ven en desventaja frente a los alumnos de la privada a la hora de realizar las obligatorias prácticas.
Las malas condiciones de trabajo están expulsando a los profesionales sanitarios de esta comunidad. Del mismo modo que la carga burocrática está asfixiando al profesorado.
Las listas de espera y el déficit de pediatras están deteriorando la red de Atención Primaria.
Estas reivindicaciones no pueden ser olas que llegan a los partidos al calor de las manifestaciones multitudinarias. En los hechos, las instituciones están negando derechos que están establecidos en la Constitución que nos dicen que hay que respetar, pero que las instituciones mismas incumplen.
Es inexplicable que los sindicatos de clase no estén volcados en convocar y organizar estas movilizaciones, pues ser una organización de clase es luchar por el derecho del trabajador a una sanidad, a una vivienda digna, a la educación…además de por los derechos laborales y salariales. No estar en estas luchas les reduce a meros sindicatos que prestan servicios de asesoría y negociación.
¡Cuidado! Con la exigencia de la OTAN, a las órdenes de Trump, de elevar sustancialmente los presupuestos en Defensa, pues lo que se aumente en gasto militar será detraído del en servicios públicos; otra excusa para el fomento de la privatización.
Por mucho que se autodenominen de izquierdas, el movimiento se demuestra andado y hoy, el movimiento está en la calle.
Cada día estamos más huérfanos de partidos y sindicatos que defiendan los derechos de la mayoría social.
Parafraseando el título de la novela de Alejo Carpentier, hoy, más que luces estamos en “el siglo de las crisis”. Un encadenamiento de hechos que no permiten atisbar un horizonte de próspera tranquilidad, sino más bien todo lo contrario.
Comenzamos el nuevo milenio con el cambio de moneda para doce países de la Unión Europea (UE). El 1 de enero de 2002 comenzó a circular el euro. Repentinamente, productos que costaban 100 pesetas pasaron a costar 1 euro, sin que muchas personas hubiesen tomado conciencia de que 1 euro era el equivalente a 166,386 pesetas.
Sorprendentemente, y solo explicable por el arte de los cocineros de la estadística, el año 2002 cerró con un incremento del IPC del 4%, mientras que los salarios de los 3.797 convenios colectivos que se negociaron aquel año se incrementaron, en promedio, un 3%, el SMI y las pensiones se revalorizaron en un 2%. La entrada en funcionamiento del euro no fue en sí misma una crisis, pero si provocó que el hecho ocasionase una pérdida de poder adquisitivo para las rentas del trabajo.
El principal objetivo era competir con el Dólar. Las consecuencias fueron, además de un fuerte incremento de los precios, que los países que se adaptaron al Euro tuvieron que realizar un proceso de recortes para reducir el déficit público. El resultado fue una mayor estabilidad para el capital, dado que se evitaba la fluctuación de la moneda, con sus periódicas devaluaciones; que afectan por igual a las rentas del capital que a las rentas del trabajo. A partir de entonces, las rentas del capital evitaron las devaluaciones, mientras las rentas del trabajo se devalúan por el alza de los precios.
La brutal crisis que comenzó a finales de 2007 fue la combinación de una crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las consecuencias: pérdida de empleo, cuyo techo se estableció en el primer trimestre de 2013, al alcanzar un 26,94% de paro (más de 6.200.000 desempleados); desahucios; en aquel mismo trimestre se produjeron más de 18.000 desahucios: 11.200 por impago de alquiler y 7.300 por impago de hipoteca. Entre 2008 y 2013 casi 500.000 autónomos perdieron sus negocios.
El origen de aquella crisis combinada estuvo en la Ley del Suelo de 1998, la que abrió la barra libre a la recalificación de terrenos, y la propaganda económica de que el crecimiento económico era poco menos que ilimitado, aunque la realidad era que se estaba en plena economía de engaño y casino, con las Hipotecas Subprime: créditos otorgados a clientes potencialmente insolventes, con fines especulativos, y que fueron mezcladas con otros productos financieros de alto riesgo, como los: CDO, MBS, CDS, ABS… siglas que esconden productos financieros especulativos que fueron comercializados de forma generalizada, muchas veces con engaño, llegando a la estafa en el caso del delincuente de las finanzas Bernard Madoff. En nuestro país tomó la forma de “acciones preferentes”.
Las medidas que se tomaron fueron brutales contra los derechos de la mayoría social: Las reformas laborales de 2010 y 2012 y la “Ley Mordaza de 2015”. Aún no derogadas en todo o en parte.
Paradójicamente, el PP, partido que impuso la Ley del Suelo que provocó la burbuja inmobiliaria fue premiado por los electores con una mayoría absoluta en las elecciones de 2011. Y a los especuladores se les prestaron más 100.000 millones de euros de dinero público que nunca han devuelto.
La crisis del COVID-19 casi se encadenó con los últimos años de la crisis económica en 2020 y 2021. En febrero de 2021 volvimos a rebasar los 4 millones de desempleados. En esos dos años, las pensiones se revalorizaron en un 1,8% y los salarios en el 3,22%, mientras que el IPC acumulado de aquellos 24 meses superó el 6%. Una nueva pérdida de poder de compra del 4,2 y del 2,8% respectivamente.
La crisis que desató el incio de la Guerra en Ucrania en febrero de 2022 ha tomado la forma de una ola inflacionaria que se va a encadenar con la guerra de aranceles que en estos momentos está tomando cuerpo, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
En el quinquenio 2020-2024, el IPC acumulado ha sido del 16,32%, las pensiones se han revalorizado el 16,10% y los salarios el 12,53%, en promedio. Estas diferencias son respecto al IPC general. Los precios de la vivienda, en el mismo periodo, han crecido el 26,9%. Datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), dicen que los precios de los alimentos subieron en promedio para el periodo 2020 a 2023, un 38%, destacando productos como el aceite de oliva virgen extra que llego a incrementarse hasta un 225% en esos tres años.
Los datos nos dicen que el común denominador de estas crisis consecutivas ha sido la pérdida de poder de compra de salarios y pensiones.
Ahora llega el alza en los aranceles, y esa alza no le quepa duda a nadie que se repercutirá en los precios de los productos afectados. Se está barajando una horquilla de entre el 10% de incremento en el caso de una situación negociada, hasta una imposición del 25% en caso de no acuerdo. Otra consecuencia potencial de esta guerra arancelaria es la pérdida de empleo.
Los estados, como con la introducción del euro, piensan en medidas económicas para salvaguardar los intereses de sus capitales, haciendo recaer las consecuencias en los consumidores finales, lo que supone un saqueo de las rentas del trabajo.
A esta crisis potencial de los aranceles se le suma otra amenaza que puede repercutir en los servicios públicos. Se trata del incremento del porcentaje del gasto en Defensa. En 2024, España destinó a gasto militar el 1,28% del PIB, que son 16.000 millones de euros. Esta cifra se ha duplicado en estos últimos años: en 2019 el presupuesto para Defensa fue de 8.401 millones de euros, que equivalía al 0,6% del PIB. Esto supone un crecimiento del 90,4%.
PIB en del Estado español ha crecido hasta los 1,593 billones, por lo que el 3% del PIB destinado a Defensa supondría destinar 47.790 millones de euros y si la cifra fuese la exigida por la Administración estadounidense, el 5%, la cantidad alcanzaría los 79.650 millones de euros, lo que supondría un incremento del 398% del gasto para la guerra.
No se trata de buscar un término medio. La disyuntiva no está en aplicar un 3% o un 5% del PIB a defensa. La verdadera cuestión es si estamos dispuestos a renunciar a los derechos que nuestra clase social han conseguido en décadas de lucha. La decisión es apostar por la paz o fomentar la guerra, tras la cual se esconden los intereses de oligarcas y multinacionales (animamos a leer la Declaración que emitió ASTRADE el pasado día 24, con motivo del tercer aniversario de la guerra en Ucrania).
En cualquier caso, se una u otra cifra, esa decisión nos llevaría a tener que recortar de otros gastos, y la experiencia nos señala que volveríamos a vivir un proceso de recorte en los presupuestos de Sanidad, Educación, Pensiones, Dependencia, Vivienda pública, infraestructura… bien de forma directa recortando las partidas de gasto en los presupuestos –como ha sugerido el secretario general de la OTAN, a las órdenes de Washington-, bien de forma indirecta si el gasto en defensa se realiza con deuda pública, aunque no compute en el déficit público -una posibilidad que ya valoran los economistas de la UE-, pues acto seguido nos recordarían que el artículo 135.3 de la Constitución nos obliga al pago de la deuda y sus intereses, sobre cualquier otros gasto.
Es de todo punto absurda la lógica de la política que sumisamente asume la UE, cuando, formalmente protesta y dice que dará respuesta a la agresión arancelaria de Trump, pero ya están asumiendo el incremento del gasto en defensa. Sabiendo que el gasto militar de los USA está en el 3,5% de su PIB, Trump tiene en ese entorno su objetivo, por tanto, es inaceptable el juego de “te exijo el 5 para que tragues con el 3”. Es aceptar de hecho, por mucho que se patalee, lo que Trump está exigiendo: incrementar el presupuesto en defensa y continuar enviando armas a Ucrania.
El despropósito sería el deterioro del gasto en Sanidad, y en otros servicios públicos, dejándonos desguarnecidos ante otra posible crisis sanitaria como la del COVID-19, desprotección y falta de previsión que ya quedó evidenciada en 2020, como la falta de inversión y previsión en infraestructuras ha dejado en evidencia a las instituciones con la tragedia de la DANA.
Esta situación nos llevaría a profundizar en el bucle: recorte del gasto en servicios públicos/privatización de los servicios públicos.
El horizonte temporal es muy negativo para los y las jóvenes, para los trabajadores y pensionistas, en definitiva, para la mayoría de la sociedad. Es necesario que las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda rompan con la lógica del mercado, lógica que nos lleva a la ruina y la barbarie y que vuelquen todos sus esfuerzos en la defensa de los intereses de la mayoría social. Hoy, esos intereses están siendo defendidos por los movimientos sociales que se manifiestan en las calles exigiendo respeto a los servicios públicos, el derecho a la vivienda y/o justicia para los crímenes cometidos por gobierno como el de Madrid con los 7291 ancianos muertos en las residencias y el de la Comunidad valenciana con 224 muertos y 3 desaparecidos.
El destino no está escrito, evitemos el peor de los destinos.
Taher es un palestino de segunda generación, nacido en el exilio. Militante de la causa por la Liberación Nacional Palestina.
Pregunta: ¿En qué ha cambiado la llegada de Trump a la Casa Blanca en relación con la administración Biden?
A fecha de hoy, los cambios son evidentes. En lo material el genocidio ha frenado en cuanto a su intensidad, un relativo Alto el fuego, intercambios de prisioneros, o más ayudas humanitarias mejoran parcialmente la muy deteriorada vida del pueblo palestino en la franja. En lo político ha habido también un gran cambio significativo, se habla de las soluciones genocidas con desparpajo, se ha roto con la hipocresía occidental liberal, y los portavoces de la industria de la matanza hablan sin tapujos ni maquillajes.
Por lo demás sigue la desposesión, la miseria, y la ayuda a todos los niveles al proyecto colonial llamado ‘Israel’.
Pregunta: Desde el 7 octubre del 2023 han muerto casi 48.000 gazaties más los miles de desaparecidos que muy probablemente se encuentran bajo los escombros ¿Pase lo que pase de aquí en adelante deben juzgarse estas muertes como genocidio?
Según fuentes como The Lancet podríamos estar hablando de cientos de miles de muertes. Es desde luego un genocidio, y si existiera algo así como el derecho internacional y humanitario serían juzgadas. Sin embargo, el único capaz de hacer pagar un precio a los genocidas es el pueblo Palestino con su resistencia.
Pregunta: ¿Qué debiera de ocurrir o que debieran de hacer las naciones que no son ni Israel ni EE.UU., frente a la pretensión de Trump y Netanyahu de expulsar a los gazatíes de su territorio para colonizarlo y /o reconvertirlo en zona turística?
Cualquier estado que quisiera aparentar una defensa de los derechos humanos debería cortar relaciones, e imponer sanciones. La pretensión no es de Trump y Netanyahu, ni el genocidio nazi fue un capricho en la locura de Hitler. El imperialismo genocida alemán era un hermano gemelo al del resto de potencias coloniales con la particularidad de que se desarrolló en Europa.
Trump y Netanyahu son meros personajes que responden a intereses imperialistas, capitalistas y coloniales concretos. Solo la desaparición de la colonia ‘Israel’ puede frenar la limpieza étnica de nativos palestinos. Igual que solo la desaparición del III Reich frenó el holocausto contra gitanos, eslavos, judíos, comunistas, disidencias sexuales, etc.
Lo de convertirlo en una zona turística es una bravuconada reflejo de que en año y medio de matanzas no han podido impedir que la resistencia palestina siga plantando cara al ejército colono.
Pregunta: El territorio palestino comenzó siendo ocupado por el imperialismo británico en 1915, con el apoyo de la Sociedad de Naciones. Tras la segunda guerra mundial la URSS, los USA y Gran Bretaña, con el aval de las Naciones Unidas -heredera de la Sociedad de Naciones- decidieron deslocalizar a los judíos del continente europeo y trasladarlos a Palestina. Desde la guerra de 1948 se ha venido intentando la opción de los dos estados ¿Cuál es tu opinión sobre esta opción de dos estados?
La cuestión es si se pueden construir ‘opciones’ sobre la desposesión de un territorio de personas nativas, y mantener una entidad colonial injertada a sangre y fuego. La respuesta histórica es que eso es imposible. Solo posteriormente al genocidio total o casi total de los pueblos nativos se han podido implantar colonias estables. Sin el exterminio de los pueblos originarios no hay colonia posible.
EEUU existe sobre este tipo de exterminio, por ejemplo, y aun así siguen temiendo y reprimiendo a los pueblos originarios sobrevivientes. Con todo, ellos fantasean con ser parte de América. Más bien de ser la mismísima América. La oligarquía está en manos euroamericanas y solo los burgueses que aceptan el Poder Blanco pueden prosperar. La entidad Sionista, está aún mucho más atrás de eso, ellos se sienten parte de Europa, no de Asia. Juegan la Eurocopa, cantan en Eurovisión, arrancan olivos (ni aunque medio Mediterráneo sea europeo se conforman), y plantan flora típica del centro europeo. Que es el origen real de la élite colonial.
Desde el inicio de la colonización, se han expuesto ideas sobre consentir unas reservas o bantustanes para nativos, de mayor o menor tamaño, ello revestido con todos los eufemismos habidos y por haber. Estás promesas suelen servir para cooptar a las élites nativas más cercanas al imperialismo, y para tratar de calmar a parte de las masas oprimidas con promesas y migajas, pero tiene corta duración. Tan pronto como pasa la sensación de peligro para los colonos la idea se esfuma. Y la comunidad internacional solo vuelve a acordarse del estado Palestino, cuando la resistencia emplea la lucha armada.
Quienes proponen soluciones en base a dos estados, y esto lo practica la izquierda que se conforma con ser gestora de los intereses del imperialismo, ocultan el significado real de sus palabras incluso aunque crean que tal disparate es posible. El significado real conlleva dos opciones:
El primero es la voluntad de violar el derecho natural de los refugiados y refugiadas palestinas a volver a sus lugares de origen (derechos también afirmados en múltiples declaraciones y resoluciones de las Naciones Unidas). Somos 14 millones de palestinos entre el interior y la diáspora, mientras que los colonos israelíes que realmente viven en la Palestina histórica (lo que llaman los poderosos territorios palestinos e ‘Israel’) apenas son 6 millones si descontamos los que viven fuera y quitamos también a los palestinos nativos con nacionalidad israelí. 14 millones frente a 6. No dan las cifras para que democráticamente pudiera mantenerse la Entidad Sionista.
La otra opción que obvian maliciosamente es arrebatar derechos políticos a los palestinos, perpetuar el régimen de apartheid y que así si pueda mantenerse algo llamado ‘Israel’.
Hay otra tercera opción aún más retorcida, y es que los palestinos viviéramos en los bantustanes de Gaza y Cisjordania aunque nuestros lugar de origen sean otros. Ahí trataríamos de tener que vivir sin derecho real al retorno, sin soberanía de fronteras, aguas, ni cielo, sin ejército, sin continuidad territorial que permitiera una economía y vida nacional y sujetos a los caprichos genocidas y expansionistas del ocupante.
Hoy en día el régimen colonial de Tel Aviv ocupa parte de Líbano y gran parte de Siria. Un régimen que además tiene un fuerte compromiso con el genocidio internacional, desde la participación en la operación Cóndor, el apoyo a la matanza de congoleños por diamantes y minerales en estos días, o también muy recientemente su apoyo incondicional al régimen de Bakú que ha perpetuado un genocidio contra el pueblo armenio en Nagorno Karabaj hace un par de años, ante la pasividad internacional. De esto sacamos dos lecciones: la primera es que no se trata de religión, pues sionistas judíos ayudan a azeríes musulmanes a realizar una limpieza étnica contra armenios cristianos. La segunda lección es que solo la lucha armada protege a los pueblos frente a la colonización y la limpieza étnica.
Pregunta: Partiendo del reconocimiento del Estado palestino, algo que han hecho en 2024 y por vez primera tres países de la UE: España, Irlanda y Noruega, además de otros 140 países, lo que significa el 81% de la Asamblea General de la ONU. Y aceptando que a los palestinos no se les puede recluir en bantustanes sin fronteras y sin continuidad territorial, sin derechos sobre su espacio aéreo y sobre sus aguas, etc., ¿piensas que es factible el planteamiento que, aunque minoritario, también existe de la convivencia en un solo Estado?
La única solución es una Palestina libre desde el Río hasta el mar y esto es incompatible con un estado colonial como ‘Israel’, efectivamente. Hablamos a de un solo estado democrático donde convivan todas las personas independientemente de su credo, y en igualdad. Debe haber justicia, memoria y reparación, y deben se desmantelar todas las estructuras de opresión colonial. Está ha sido la línea de la Resistencia Palestina históricamente. Palestina es un territorio árabe, mayoritariamente musulmán, y con una importante minoría cristiana que ha rondado el 21%. También hubo siempre una fracción mucho menor de judíos nativos. Cómo el militante judío del Frente Popular para la Liberación de Palestina Nader Sadaqa, que lleva encarcelado por la ocupación 23 años y que podría ser liberado al fin con los intercambios de rehenes.
Hoy en día todas las facciones incluyendo las más demonizadas tienen esta posición. No cabe la persecución religiosa, o la discriminación por ningún aspecto. Cuando digo que es la posición de todas las facciones incluyo a Hamás, pueden consultar sus estatutos de 2017 en internet, que modificó las posiciones anteriores con una visión acientífica e incluso eurocéntrica.
Tenemos el antecedente en la liberación de Argelia. La resistencia argelina no tomo París, ni venció al ejercito nuclear galo en una batalla total; hizo la colonización insostenible con resistencia integral en todos los ámbitos, sostenidos a su vez por la lucha armada. Cuando finalmente se liberaron, el Frente de Liberación Nacional argelino suplicó a los colonos que se quedarán, les reconocieron como compatriotas argelinos para construir la nueva república juntos. Sin embargo, la aplastante mayoría de franceses y franco-descendientes se fue, los conocidos como pied noires. Podían haber vivido e incluso nacido en Argelia, pero solo en tanto en cuanto lo hicieron en colonias blancas, con vecinos blancos, sí que los nativos fueran elevados a la categoría de humanos. No querían permanecer en un país en los que su voto valiera lo mismo que los indígenas. Es de suponer que en Palestina sucederá algo parecido.
Ser colono no es un pecado original, ni una cuestión genética. Ser colono es una posición política que se refrenda todos los días con acciones y omisiones. Todo colono tiene la posibilidad de serlo, tiene la obligación moral de hacerlo. Pero es su decisión.
En la Palestina libre habrá palestinos musulmanes, cristianos, judíos y ateos.
También es natural que una Palestina libre ponga en duda la separación artificial que franceses y británicos crearon en todo el levante árabe. Los libaneses en palestina eran considerados palestinos y viceversa. Se podía ir en tren a Siria sin aduanas. Tenemos la misma lengua, la misma cultura, y una historia muy parecida, y es natural que vayamos hacia nuestra unificación. Un solo estado, sí, pero uno que tienda los brazos y cosa los fragmentos que de su corazón fueron cercenados.
Pregunta: En los últimos 17 meses se han convocado concentraciones, manifestaciones y otros actos de protesta contra el genocidio. Sin embargo, parece que hay dos bloques de colectivos, al menos en Madrid, que dicen luchar por lo mismo, pero que no convocan las movilizaciones unitariamente ¿por qué crees que ocurre esto?
Hay muchos territorios en los que salen diferentes corrientes para apoyar al pueblo palestino. Las diferencias estriban en lo que a estos movimientos les parece táctico, pero también hay diferencias políticas de fondo.
Si acudimos a los lemas el bloque de Asambleas por la Resistencia, que se llama Madrid por Palestina en Madrid es el que tiene madurez política y un compromiso internacionalista explícito. Se habla de apoyar a la Resistencia, se la legítima explícitamente.
Algo similar se ha desarrollado en paralelo en el ámbito autónomo de Euskal Herria, donde Palestinarekin Elkartasuna también muestra madurez política y compromiso internacionalista al priorizar el derecho a la resistencia, o la desaparición del proyecto colonial sionista.
Los otros bloques, con menos presencia de organizaciones políticas palestinas, apoyados por sectores de la izquierda institucional y sobre todo por un el bloque de ONGs impone un discurso menos amenazante para el status quo. Hacen peticiones a sus gobiernos sobre la venta de armas y ruptura de relaciones en el mejor de los casos, como RESCOP, que va madurando poco a poco su línea política, o directamente hablan de paz en abstracto como Gernika-Palestina en Euskal Herria.
Todas las movilizaciones por Palestina son necesarias, aunque la situación requiere más valentía y más escucha a las organizaciones palestinas centradas en su propia liberación nacional.
Hay un marginal tercer grupo, que consiguen relevancia gracias a contactos y medios como la oscura organización Recortes Cero. Que consigue que famosos y organizaciones como UGT o CCOO se sumen a dañinas campañas de “ni genocidio ni terrorismo” que bajo la excusa de la oposición al genocidio y el apoyo a la colonización sionista equiparán a víctimas y verdugos, a terroristas sionistas que cometen un genocidio con la teórica resistencia que la enfrenta. Estos últimos los menciono para poner sobre aviso a los desinformados que quieran apoyar a Palestina sinceramente, porque solo benefician a la propaganda sionista.
Pregunta: ¿Qué futuro inmediato prevés en este conflicto por la ocupación del territorio palestino?
Es difícil hacer predicciones porque el orden mundial está teniendo movimientos sísmicos. EEUU declina y nuevos actores entran a jugar un papel en coaliciones o por separado en sus esferas de influencia. El fin del poderío absoluto estadounidense da pie a nuevos movimientos soberanos en aquello que se llamaba el Tercer Mundo. Varios movimientos de liberación nacional han desarrollado capacidades en la guerra asimétrica capaz de humillar a ejércitos ‘invencibles’, de paralizar parte del comercio mundial, y además se han legitimado ante las masas populares. Por el contrario, EEUU y sus satélites como la UE están en franca decadencia y sin ninguna credibilidad internacional.
No parece que la colonia israelí sea capaz de seguir existiendo mucho tiempo más. Intelectuales como Illan Pappe han reducido su existencia a dos años como mucho. El fin de la sensación de seguridad, el fin del mito de la invencibilidad, las rupturas internas entre castas colonas por origen racial, por laicismo o religiosidad, por liberalismo hipócrita o formas más evidentemente fascistas, hacen ingobernable el proyecto. En su caída las colonias suelen ser aún más sanguinarias, no lo podemos perder de vista. Además, el fin de la ocupación sionista no lleva automáticamente la liberación de Palestina si nos remontamos a la experiencia histórica por ejemplo de Vietnam. Después de expulsar a los colonos franceses tuvieron que sufrir y combatir a los EEUU. Las palabras de Trump sobre anexionarse Gaza han sido probablemente un sondeo sobre esta posibilidad.
Roberto Tornamira Sánchez, para Tribuna Socialista
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