El espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid vuelve a llamar a las y los madrileños a manifestarse en defensa de la Sanidad Pública, como lo viene haciendo en estos últimos años. La manifestación tendrá lugar el domingo 31 de mayo.
Todas las organizaciones, políticas, sindicales y asociaciones de toda naturaleza deberían llamar a participar y volcarse en promover y hacer que esta manifestación sea un estallido social, en defensa de uno de los servicios públicos fundamentales: el que está diseñado para atender la salud de todas las personas que habitan en nuestro país.
Las organizaciones sociales, los partidos políticos particularmente, tienen una oportunidad para dejar a un lado los eslóganes y promesas electorales, para pronunciarse nítidamente contra la privatización de la Sanidad Pública, sin eufemismos, sin medias tintas; la colaboración público-privada se ha demostrado que no es más que una coartada para trasvasar dinero público a las cuentas de beneficios de las empresas.
Si la izquierda política y sindical quiere recuperar el prestigio y la confianza de la mayoría social, debería asumir un compromiso, acompañado con hechos, para combatir lo que están haciendo las derechas, contrarias a que el Estado sea un elemento de equilibrio entre la clase pudiente y la clase trabajadora.
Es una vergüenza lo que la derecha lleva muchos años haciendo para destruir la sanidad pública; método que también aplican a la educación, las residencias de mayores y las pensiones. Están planificando el deterioro de los servicios públicos para justificar la privatización. Esto no es exclusivo de la Comunidad de Madrid, aunque en Madrid se esté produciendo de forma más agresiva.
Cómo lo hacen: No se contrata el personal necesario, ni con motivo del crecimiento de la población ni siquiera para dar cobertura a las jubilaciones que se producen cada año. La Comunidad de Madrid cerró 2025 con una población de 7.113.886, con unas ratios de personal sanitario por cada 1.000 habitantes muy por debajo de las europeas:
- Enfermeras. 6,54 por cada 1.000 habitantes, frente a 8,19 de media en la UE.
- Pediatras. 0,86 por cada 1.000 habitantes menores de 14 años, frente a 1,21 de media en el conjunto de las comunidades autónomas.
- Médicos de Familia. 0,77 por cada 1.000 habitantes, frente al 0,8 de la media en el Estado.
- Camas hospitalarias. 1,9 por cada 1.000 habitantes, frente a las 5,1 de media en la UE.
El déficit de personal sanitario provoca una carga de trabajo en las y los trabajadores de la Sanidad Pública que pone en riesgo la salud tanto de trabajadoras y trabajadores como de pacientes. Además, este déficit de personal sanitario, en la Atención Primaria, provoca que el tiempo de espera entre que el paciente solicita una cita en su Centro de Salud y que es recibido por su médico supere de media los 10 días de espera, frente a las 72 horas máximas recomendadas para la medicina de familia.
Una derivada de lo anterior es la saturación de las urgencias hospitalarias; con pasillos llenos de camas, salas de espera atestadas y horas en espera de ser atendidos.
Toda esta situación tiene una traducción económica, pues la Comunidad de Madrid lleva años siendo la que menos presupuesto por habitante destina a la Sanidad Pública. En 2024 se ejecutó un gasto de 1.424 €/hab., el 61,59% menos que la que más gasta (Asturias 2.301€) y un 31,2% menos que la media de las comunidades (1868 €/hab).
A todo lo anterior hay que añadir que en la Comunidad de Madrid las listas de espera superan el millón de pacientes, lo que significa que el 14 % de la población madrileña está esperando para ser atendida, sin contar la espera en la Atención Primaria:
- Consultas externas hospitalarias 730.322
- Intervenciones quirúrgicas 86.540
- Pruebas Diagnósticas 186.446
Hay que recordar que las competencias sobre la Sanidad Pública las posee la Comunidad de Madrid desde diciembre de 2001. Por lo que no cabe jugar con los ámbitos de responsabilidad.
Lo normal es que ese 26% de la población en España que tiene capacidad económica contrate una póliza de seguro de salud privado, cifra que en Madrid se ha disparado al 44,6%. Es de lo que se trata, de fomentar el negocio de las empresas privadas, empujando a las personas que económicamente pueden a caer en manos del negocio de la salud, aunque luego, debido al tratamiento o la complejidad en una intervención quirúrgica, sean devueltos a la Sanidad Pública.
La Ley 15/1997 y algunos artículos de la Ley 14/1986 es la legislación que permite, incluso anima, a la privatización de la sanidad. La falsa teoría de la bondad de la colaboración púbico-privada, en materia sanitaria, era que cuando el Estado no pudiese atender sus responsabilidades para con el derecho a la protección de la salud (Artículo 43 de la Constitución) se pudiese concertar con establecimientos de salud privados. Esto se ha convertido en que el Estado dimite de su responsabilidad, cada día más, para poner la salud de todas y todos en manos de especuladores que priman el beneficio de sus empresas y el dividendo a sus accionistas, en perjuicio de la mayoría social que no tiene capacidad económica para contratar servicios privados. Un mercado de casi 15.000 millones de euros anuales del que al menos un tercio es dinero de nuestros impuestos.
Espero que el día 31 de mayo sea un éxito de asistencia que contribuya a concienciar a toda la población para exigir de manera firme a los grupos parlamentarios que aprueben el proyecto de ley que frena la gestión privada de la sanidad pública; una pena que solo la pretenda frenar y no la elimine.
Roberto Tornamira
Militante del PSOE en Madrid
Tribuna Socialista 