Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Preparemos las marchas republicanas del 15 de junio

Abramos el camino a la III República

El 22 de marzo, en la sede de la Fundación Abogados de Atocha, en Madrid, ha tenido lugar el Encuentro de cargos públicos por la República, en el que también participaron cargos orgánicos de distintas organizaciones y partidos políticos.

La Junta Directiva de ASTRADE tomó la decisión de participar de la preparación de las marchas republicanas que se están organizando para el 15 de junio de este año, y es por ello que participamos en este evento preparatorio, en el que coincidimos con compañeros y compañeras del Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).

En las intervenciones que realizamos el compañero Miguel Sagüés, secretario y yo mismo en calidad de presidente de la Junta Directiva de ASTRADE, señalamos la importancia de que la República como modelo de Estado no quede en una mera celebración simbólica, de efeméride.

La Monarquía es una institución no democrática, en tanto que su titular no es elegido por las urnas; hoy, todas las personas menores de 64 años no votaron la Constitución, con independencia de lo que hubiesen votado de haber tenido la edad legal necesaria. Además, la monarquía española se asienta en las leyes de sucesión franquistas: Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, publicada en el Boletín Oficial del Estado» núm. 208, de 27 de julio de 1947, páginas 4238 a 4239 y en la Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado. Esta herencia de la dictadura cuestiona esta institución, que pervive con aspectos propios del pasado más oscuro, como la coincidencia de la jefatura del Estado con la jefatura de los tres ejércitos.

No son cuestiones menores, pues el hecho en sí mismo de que el rey sea una figura que se sucede por herencia consanguínea, al margen de la voluntad del pueblo, se contradice con el artículo 1.2. de la Constitución vigente: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” qué soberanía tiene un pueblo al que se le niega la elección del Jefe del Estado, pero que asienta su legalidad en las leyes del gobierno golpista y criminal que sometió a su pueblo a una dictadura.

Cuando los teóricos constitucionalistas analizan la estructura del Estado se refieren a La Corona como la “clave de bóveda de la arquitectura constitucional”. Tienen rezón, es la clave de bóveda de un Estado que fue diseñado en el periodo de 40 años en el que a la pluralidad de pueblos que componen el Estado español se le negó la más mínima libertad. Y es producto de aquel diseño que la judicatura se inspire mayoritariamente en aquellas antidemocráticas costumbres. Por tanto, Franco murió, pero el franquismo continúa vivo en las instituciones.

A la pluralidad de pueblos que componen el Estado español no se les pregunta, ni hay intención de hacerlo, sobre qué modelo de Estado prefieren. De los 206 países que hay en el mundo, solo 43 tienen monarquía, el 20%, frente al 80% cuya institución máxima del Estado tiene su origen en las urnas y se renueva periódicamente.

Es preciso hacer pedagogía en la sociedad, y esta acción política habrá de ser obra de las organizaciones que se reclaman del progresismo, la democracia y el avance social en favor de la mayoría, pues la minoría privilegiada no tiene interés alguno en dejar de conservar su acomodada forma de vida, solo posible de mantener sobre la base la explotación de la mayoría.

Somos conscientes de que la tarea no es sencilla. No se nos escapa que es la minoría social la que detenta el control de los grandes medios de comunicación, los medios de producción y el capital mismo. Sin embargo, las dificultades no hacen menos justa la necesidad de avanzar hacia un futuro más libre y democrático, en el que las prioridades las marque la voluntad mayoritaria; un futuro en el que los jóvenes puedan emanciparse y formar su proyecto de vida, y no que el acceso a la vivienda sea una traba insalvable. Un futuro en el que nadie muera antes de que la Sanidad Pública le realice la prueba diagnóstica, porque tardó tanto que el paciente no llegó vivo a la fecha de la cita.

República tiene que ser sinónimo de derechos como Sanidad, Educación, Vivienda, Pensiones, Dependencia, servicios públicos gestionados por el Estado y protegidos contra la carcoma del mercado, que ve en estas necesidades sociales una actividad lucrativa.

República tiene que ser sinónimo de convivencia entre los pueblos que componen el Estado, sin nacionalismos hegemónicos e imperativos. Un Estado en el que la riqueza histórica, cultural y lingüística se valore y no se combata.

República tiene que ser sinónimo de paz, en la que la soberanía del pueblo impere en las relaciones con otros pueblos, sin que la fraternidad entre países se vea truncada por los intereses de los grandes sectores de la actividad económica y sus corruptores lobbies que arrastran a guerras ajenas a los pueblos. Un Estado que tenga la dignidad de romper las relaciones con estados genocidas, como es el caso actual del Estado sionista de Israel.

República son derechos, igualdad y rechazo de la guerra.

Hoy más que nunca, Salud y República.

Miguel Sagüés Navarro
Roberto Tornamira Sánchez
Miembros de la Junta Directiva de ASTRADE

Caos en los trenes de cercanías

El transporte ferroviario de cercanías es un servicio público y una necesidad para millones de personas que se desplazan diariamente para ir al trabajo, al centro de estudio o al servicio médico. En Cataluña, en 2024 dio servicio a más de 130 millones de viajeros (400.000 usuarios diarios). Después de más de una década de nula inversión y de parálisis de los gobiernos independentistas, los trenes de cercanías han quedado obsoletos y la infraestructura ha colapsado. Los usuarios de cercanías se encuentran diariamente con fallos eléctricos en las catenarias, trenes en los que los usuarios van como «sardinas en lata» y retrasos continuados que afectan la vida laboral y académica de los mismos. Algunas de las líneas, además están afectadas por el creciente paso de trenes de mercancías por la misma vía que las cercanías, lo que agrava la situación. Para acabarlo de complicar, el gobierno de España y de Cataluña están ejecutando un plan de inversión que implica obras que provocan más incidencias en el servicio. El traspaso de las cercanías del Estado a la Generalitat de Catalunya, previsto para 2026 provoca muchos recelos entre los trabajadores/as ferroviarios, que ven en este traspaso una amenaza a sus derechos laborales. Tras diversas movilizaciones y huelgas, los sindicatos de clase han llegado a acuerdos que sin embargo no secundan ni CGT ni el Sindicato Ferroviario Intersindical, mayoritarios en el sector, que siguen con movilizaciones que afectan el funcionamiento del servicio.
La tormenta perfecta en las cercanías ha llevado a los usuarios al límite de la paciencia. De esta forma, el pasado 22 de marzo se organizaron protestas en diversas estaciones de Catalunya, en las que los miembros de Tribuna Socialista estuvimos presentes.
Una semana más tarde, el Pleno del Parlament de Catalunya ha reprobado a la consellera de la Generalitat Silvia Paneque, aunque Salvador Illa está dispuesto a aguantarla en el cargo.
Aunque el cinismo y el oportunismo de los partidos del procés no tiene límites, culpabilizando al actual govern de la Generalitat de un problema que ellos mismos no han sido capaces de arreglar en 10 años, lo cierto es que hay que buscar soluciones urgentes al problema que sufrimos los usuarios:

  • Mejorar los servicios de información
  • Medidas alternativas de transporte por carretera,
  • Inversión en vías alternativas para las mercancías.
  • Mejoras de la infraestructura (actualmente en ejecución)
  • Mejoras en la accesibilidad en los trenes y estaciones.
  • Garantizar los derechos laborales de los trabajadores del sector.


Somos conscientes, tal y como ha avisado la propia consellera, que el restablecimiento del servicio al 100% tardará al menos 2 años, tiempo estimado para ejecutar la mayor parte de las obras.
Sin embargo, no se puede pedir paciencia a los usuarios sino ofrecer soluciones alternativas como las enumeradas anteriormente.
El colapso de las cercanías es un claro ejemplo de lo que sucede cuando no se invierte en los servicios públicos. Lo mismo ocurre con la sanidad y la educación. Por ello, para evitar que los de la motosierra nos inunden con sus mensajes de eliminación de lo público, lo que hay que hacer es invertir en lo público.

Baltasar Santos
Tribuna Socialista Catalunya

8 de marzo: Día de la mujer trabajadora

Homenaje a Olga Tareeva

Olga Tareeva Paulova (Moscú, 1899-Nueva York, 1980), fue una militante marxista que se enfrentó al régimen de Stalin y que militó en la Internacional Sindical Roja y en el POUM. Aunque se la conoce por ser la viuda de Andreu Nin, no hay que referirse a él para destacar la prodigiosa fuerza de una mujer con una vida de lucha. Lucha por salir de Rusia y venir a Cataluña con Nin; lucha por encontrar los restos de su cuerpo, una vez asesinado y lucha por salvaguardar la legalidad del POUM de los ataques orquestados desde Rusia y lucha por la honorabilidad de los militantes del POUM.
Olga fue bailarina de El Bolshoi, militante bolchevique del soviet de Moscú y mecanógrafa en la Internacional Sindical Roja donde conoció a Andreu Nin. En 1922 se casaron en Moscú. Como militante obrera vivió de primera mano las complejidades de la Revolución Rusa, y las discrepancias y distanciamiento entre las ideas que defendían Lenin y Trotski, de las que se declaraba partidaria, y las de Stalin. Estas discrepancias de Nin y Tareeva hacia el régimen del miedo instaurado por Stalin, provocaron la expulsión de la URSS de Nin y una huelga de hambre de Olga y sus hijas, hasta que pudo marcharse de la URSS a reunirse con Nin.

un papel decisivo en el Proceso contra el POUM celebrado en Barcelona en 1938, poco antes de que Barcelona cayera en manos de las tropas franquistas.
Los dirigentes del POUM encarcelados comparecieron ante el Tribunal contra el Espionaje y Alta Traición. Entre los encausados estaba el propio Andreu Nin, que obviamente no podía estar presente porque había sido asesinado. Ocupando la silla vacía reservada a Andreu Nin, Olga puso un retrato suyo que nadie se atrevió a retirar. Finalmente, el Tribunal condenó a los dirigentes del POUM procesados como revolucionarios, no como fascistas como habían pretendido el PCE y el PSUC.
Olga se fue a vivir a Estados Unidos con sus hijas, y en 1970 ya anunció su deseo de volver a El Vendrell. Antes de su muerte, en Nueva York, dejó dicho que sus restos, una vez muerto, tenían que descansar en el cementerio de El Vendrell, donde algún día deseaba que si se podían recuperar los restos de Andreu Nin, pudieran reunirse. En el año 2013, los restos de Olga Tareeva vinieron al cementerio de El Vendrell, donde aún esperan a los de Nin.
El homenaje y reconocimiento que los y las socialistas hacemos a Olga Tareeva en este 8 de marzo, es un homenaje a todas las mujeres trabajadoras y a todas las mujeres que han contribuido y contribuyen a la democracia y a la lucha obrera.

Viva el día de la Mujer
Vivan las mujeres trabajadoras

Baltasar Santos
Primer secretario del PSC del Vendrell

ASTRADE organiza: Acto/Debate

“Luchando por la Sanidad Pública»

17 de MARZO
19:00

Solicitar enlace de conexión en este email:

astrayde@gmail.com

Ponentes:

José Manuel Freire Campo

Médico especialista en Neumología.
Profesor Emerito de la Escuela Nacional de Sanidad.
Consejero de Sanidad en el Gobierno vasco (1987-1991).

Roberto Tornamira Sánchez

Presidente de ASTRADE
Secretario General de FeS-UGT-Mafrid (2009-2016
Miembro del espacio Vecinas y Vecinos de Barrios
y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública.

Presenta, modera y dirige el acto:

Gloria Mora Ridruejo

Vicepresidenta de ASTRADE

Organiza

Editorial: El siglo de las crisis

Parafraseando el título de la novela de Alejo Carpentier, hoy, más que luces estamos en “el siglo de las crisis”. Un encadenamiento de hechos que no permiten atisbar un horizonte de próspera tranquilidad, sino más bien todo lo contrario.

Comenzamos el nuevo milenio con el cambio de moneda para doce países de la Unión Europea (UE). El 1 de enero de 2002 comenzó a circular el euro. Repentinamente, productos que costaban 100 pesetas pasaron a costar 1 euro, sin que muchas personas hubiesen tomado conciencia de que 1 euro era el equivalente a 166,386 pesetas.

Sorprendentemente, y solo explicable por el arte de los cocineros de la estadística, el año 2002 cerró con un incremento del IPC del 4%, mientras que los salarios de los 3.797 convenios colectivos que se negociaron aquel año se incrementaron, en promedio, un 3%, el SMI y las pensiones se revalorizaron en un 2%. La entrada en funcionamiento del euro no fue en sí misma una crisis, pero si provocó que el hecho ocasionase una pérdida de poder adquisitivo para las rentas del trabajo.

El principal objetivo era competir con el Dólar. Las consecuencias fueron, además de un fuerte incremento de los precios, que los países que se adaptaron al Euro tuvieron que realizar un proceso de recortes para reducir el déficit público. El resultado fue una mayor estabilidad para el capital, dado que se evitaba la fluctuación de la moneda, con sus periódicas devaluaciones; que afectan por igual a las rentas del capital que a las rentas del trabajo. A partir de entonces, las rentas del capital evitaron las devaluaciones, mientras las rentas del trabajo se devalúan por el alza de los precios.

La brutal crisis que comenzó a finales de 2007 fue la combinación de una crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las consecuencias: pérdida de empleo, cuyo techo se estableció en el primer trimestre de 2013, al alcanzar un 26,94% de paro (más de 6.200.000 desempleados); desahucios; en aquel mismo trimestre se produjeron más de 18.000 desahucios: 11.200 por impago de alquiler y 7.300 por impago de hipoteca. Entre 2008 y 2013 casi 500.000 autónomos perdieron sus negocios.

El origen de aquella crisis combinada estuvo en la Ley del Suelo de 1998, la que abrió la barra libre a la recalificación de terrenos, y la propaganda económica de que el crecimiento económico era poco menos que ilimitado, aunque la realidad era que se estaba en plena economía de engaño y casino, con las Hipotecas Subprime: créditos otorgados a clientes potencialmente insolventes, con fines especulativos, y que fueron mezcladas con otros productos financieros de alto riesgo, como los: CDO, MBS, CDS, ABS… siglas que esconden productos financieros especulativos que fueron comercializados de forma generalizada, muchas veces con engaño, llegando a la estafa en el caso del delincuente de las finanzas Bernard Madoff. En nuestro país tomó la forma de “acciones preferentes”.

Las medidas que se tomaron fueron brutales contra los derechos de la mayoría social: Las reformas laborales de 2010 y 2012 y la “Ley Mordaza de 2015”. Aún no derogadas en todo o en parte.

Paradójicamente, el PP, partido que impuso la Ley del Suelo que provocó la burbuja inmobiliaria fue premiado por los electores con una mayoría absoluta en las elecciones de 2011. Y a los especuladores se les prestaron más 100.000 millones de euros de dinero público que nunca han devuelto.

La crisis del COVID-19 casi se encadenó con los últimos años de la crisis económica en 2020 y 2021. En febrero de 2021 volvimos a rebasar los 4 millones de desempleados. En esos dos años, las pensiones se revalorizaron en un 1,8% y los salarios en el 3,22%, mientras que el IPC acumulado de aquellos 24 meses superó el 6%. Una nueva pérdida de poder de compra del 4,2 y del 2,8% respectivamente.

La crisis que desató el incio de la Guerra en Ucrania en febrero de 2022 ha tomado la forma de una ola inflacionaria que se va a encadenar con la guerra de aranceles que en estos momentos está tomando cuerpo, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En el quinquenio 2020-2024, el IPC acumulado ha sido del 16,32%, las pensiones se han revalorizado el 16,10% y los salarios el 12,53%, en promedio. Estas diferencias son respecto al IPC general. Los precios de la vivienda, en el mismo periodo, han crecido el 26,9%. Datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), dicen que los precios de los alimentos subieron en promedio para el periodo 2020 a 2023, un 38%, destacando productos como el aceite de oliva virgen extra que llego a incrementarse hasta un 225% en esos tres años.

Los datos nos dicen que el común denominador de estas crisis consecutivas ha sido la pérdida de poder de compra de salarios y pensiones.

Ahora llega el alza en los aranceles, y esa alza no le quepa duda a nadie que se repercutirá en los precios de los productos afectados. Se está barajando una horquilla de entre el 10% de incremento en el caso de una situación negociada, hasta una imposición del 25% en caso de no acuerdo. Otra consecuencia potencial de esta guerra arancelaria es la pérdida de empleo.

Los estados, como con la introducción del euro, piensan en medidas económicas para salvaguardar los intereses de sus capitales, haciendo recaer las consecuencias en los consumidores finales, lo que supone un saqueo de las rentas del trabajo.

A esta crisis potencial de los aranceles se le suma otra amenaza que puede repercutir en los servicios públicos. Se trata del incremento del porcentaje del gasto en Defensa. En 2024, España destinó a gasto militar el 1,28% del PIB, que son 16.000 millones de euros. Esta cifra se ha duplicado en estos últimos años: en 2019 el presupuesto para Defensa fue de 8.401 millones de euros, que equivalía al 0,6% del PIB. Esto supone un crecimiento del 90,4%.

PIB en del Estado español ha crecido hasta los 1,593 billones, por lo que el 3% del PIB destinado a Defensa supondría destinar 47.790 millones de euros y si la cifra fuese la exigida por la Administración estadounidense, el 5%, la cantidad alcanzaría los 79.650 millones de euros, lo que supondría un incremento del 398% del gasto para la guerra.

No se trata de buscar un término medio. La disyuntiva no está en aplicar un 3% o un 5% del PIB a defensa. La verdadera cuestión es si estamos dispuestos a renunciar a los derechos que nuestra clase social han conseguido en décadas de lucha. La decisión es apostar por la paz o fomentar la guerra, tras la cual se esconden los intereses de oligarcas y multinacionales (animamos a leer la Declaración que emitió ASTRADE el pasado día 24, con motivo del tercer aniversario de la guerra en Ucrania).

En cualquier caso, se una u otra cifra, esa decisión nos llevaría a tener que recortar de otros gastos, y la experiencia nos señala que volveríamos a vivir un proceso de recorte en los presupuestos de Sanidad, Educación, Pensiones, Dependencia, Vivienda pública, infraestructura… bien de forma directa recortando las partidas de gasto en los presupuestos –como ha sugerido el secretario general de la OTAN, a las órdenes de Washington-, bien de forma indirecta si el gasto en defensa se realiza con deuda pública, aunque no compute en el déficit público -una posibilidad que ya valoran los economistas de la UE-, pues acto seguido nos recordarían que el artículo 135.3 de la Constitución nos obliga al pago de la deuda y sus intereses, sobre cualquier otros gasto.

Es de todo punto absurda la lógica de la política que sumisamente asume la UE, cuando, formalmente protesta y dice que dará respuesta a la agresión arancelaria de Trump, pero ya están asumiendo el incremento del gasto en defensa. Sabiendo que el gasto militar de los USA está en el 3,5% de su PIB, Trump tiene en ese entorno su objetivo, por tanto, es inaceptable el juego de “te exijo el 5 para que tragues con el 3”. Es aceptar de hecho, por mucho que se patalee, lo que Trump está exigiendo: incrementar el presupuesto en defensa y continuar enviando armas a Ucrania.

El despropósito sería el deterioro del gasto en Sanidad, y en otros servicios públicos, dejándonos desguarnecidos ante otra posible crisis sanitaria como la del COVID-19, desprotección y falta de previsión que ya quedó evidenciada en 2020, como la falta de inversión y previsión en infraestructuras ha dejado en evidencia a las instituciones con la tragedia de la DANA.

Esta situación nos llevaría a profundizar en el bucle: recorte del gasto en servicios públicos/privatización de los servicios públicos.

El horizonte temporal es muy negativo para los y las jóvenes, para los trabajadores y pensionistas, en definitiva, para la mayoría de la sociedad. Es necesario que las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda rompan con la lógica del mercado, lógica que nos lleva a la ruina y la barbarie y que vuelquen todos sus esfuerzos en la defensa de los intereses de la mayoría social. Hoy, esos intereses están siendo defendidos por los movimientos sociales que se manifiestan en las calles exigiendo respeto a los servicios públicos, el derecho a la vivienda y/o justicia para los crímenes cometidos por gobierno como el de Madrid con los 7291 ancianos muertos en las residencias y el de la Comunidad valenciana con 224 muertos y 3 desaparecidos.

El destino no está escrito, evitemos el peor de los destinos.

El Comité de Redacción

Democratizar, por fin, la carrera judicial

¡Ellos se lo han buscado! De tanto ir el cántaro a la fuente al final se ha roto. Estos asertos populares definen a la perfección el efecto de ponerse al descubierto, a ojos de todo el mundo y con descaro, actuaciones judiciales que confirman la existencia de un grupo de jueces, no menor en la judicatura española, que utiliza la justicia como herramienta acorde a su ideología para asediar al oponente político conforme a una estrategia planificada. Es lo que se viene denominando como el brazo judicial del PP, que lleva meses aflorando. Comando que no es nuevo ni sorprendente, sino conocido por quienes seguimos la actualidad desde la época de la transición democrática que no se produjo en el ámbito del poder judicial.

La llegada en 2020 del primer Gobierno de Coalición de PSOE y Unidas Podemos, merced a la abstención de ERC y Bildu, y el apoyo parlamentario del BNG, Más País-Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y PNV, puso en alerta a todos los sectores de la derecha y ultraderecha, incluido los más conservadores de la judicatura, que pusieron en marcha una estrategia de acoso y derribo que abrió una época —en la que seguimos— donde el discurso político comenzó a tejerse con mentiras y tergiversaciones falaces e hiperbólicas verbalizadas con agresividad y beligerancia impropias, y un lenguaje faltón y barriobajero plagado de epítetos que trajeron del pasado sustantivos lanzados contra el gobierno como invectivas oprobiosas de claro poso fascista: ¡Gobierno de comunistas bolivarianos y liberticidas!

Ahí comenzó la actuación del brazo judicial de la derecha y ultraderecha, cebándose con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Casos que quedaron en nada como el Neurona archivado en 2023 tras tres años de instrucción judicial, o la persecución a la jueza Victoria Rosell por ser diputada de Podemos y haber sido Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Como se archivó también el caso PISA, (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) fraguado fraudulentamente por la Policía Nacional para desacreditar al líder de Podemos por haber recibido financiación para su partido procedente de Venezuela, archivado por la Audiencia Nacional que lo calificó como un conjunto desordenado de recortes de prensa sin sustento documental.

Desaparecido Iglesias de la escena pública, las fuerzas de la reacción fijaron el foco en Pedro Sánchez y su entorno, del que quieren hacer el eje axial de todos los males, al que tienen una inquina especial por tener que aguantar otra legislatura de gobierno progre, comunista y bolivariano que pacta con los terroristas (Bildu) y los independentistas (ERC y JUNTS) para seguir en el Gobierno. Convertido en el demonio que rompe España, el arma judicial ha convertido en diana a su entorno familiar. Jueces que admiten querellas presentadas por asociaciones de ultraderecha —Manos Limpias y Hazte Oír— secundadas por Vox, y abren sumarios con retales de titulares de prensa que estiran como chicles para conseguir mantener la condena mediática de los investigados el mayor tiempo posible, contraviniendo la resolución del Tribunal Supremo de 2014, en la que señalaba que no se pueden abrir causas con titulares de prensa como elemento probatorio.

Los casos contra la esposa del Presidente y su hermano —que ha dimitido como director de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz, por no soportar la persecución mediática— demuestran que hay jueces que, aunque sepan que esos casos quedarán en nada por no haber ilícito penal que los justifique, siguen adelante con el castigo mediático acrecentando la sensación de que no buscan hacer justicia, sino justificar la decisión que tienen tomada de antemano. Charco donde chapotea el juez Peinado, como su conmilitón, el juez Hurtado se inunda de barro en el caso del Fiscal General cuando no da valor a las declaraciones de cuatro periodistas que confirmaron que tenían y publicaron los correos de la discordia muchas horas antes de que los tuviera la Fiscalía General, porque desmontan la instrucción del sumario. Ni quiere entrar en el meollo del caso: que la nota de prensa de la fiscalía desmentía el bulo, la mentira del inefable MAR, y no filtraba ninguna información que no fuera ya conocida. Así la pelota mediática contra el Fiscal General sigue engordando.

No son los únicos miembros de la judicatura a los que les interesa más hacer política que justicia en sus juzgados. En la mente de todos están nombres como los de García Castellón, Carretero, Marchena… o los que por una razón política se manifestaron en la calle delante de Audiencias y Tribunales Superiores, incluidos insignes fiscales —hecho insólito en cualquier democracia de nuestro entorno—, para expresar su oposición radical a la Ley de Amnistía. Acciones que ejemplifican la perversión del papel que deben desempeñar los jueces y magistrados como garantes del cumplimiento de la Ley. Papel que degradan cuando privilegian sus posiciones políticas o morales a la hora de impartir justicia.

Hechos que justifican la necesidad de una reforma de la carrera judicial que acabe con el poder omnímodo del que gozan los jueces, que les convierte en intocables, hagan lo que hagan. Reforma que debe servir para hacer efectiva la democratización del poder judicial —siempre pendiente por la oposición espuria de las asociaciones judiciales— como la planteada por el Ejecutivo, que abre el melón para el debate y la negociación parlamentaria de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la última que data de 1985. La medida sustancial para poner coto a la casta judicial propone cambiar el sistema de oposiciones de acceso a la carrera judicial y fiscal, para facilitar el acceso de estudiantes de cualquier nivel socioeconómico, mediante la creación de una Escuela Pública de Opositores y un sistema estable de becas que nunca podrán ser inferiores al salario mínimo interprofesional, que no dependerán del Gobierno de turno o de la disponibilidad presupuestaria. Todo con el objetivo de acabar con el sistema de preparadores, de jueces, que cobran en negro a quienes quieren opositar y que es una fuente de clientelismo.

Con el mismo objetivo, se suprime la decimonónica prueba memorística por una escrita sobre un caso práctico y anónima para que el tribunal valore la capacidad del aspirante sin atender a su linaje. Y para ampliar el número de jueces, la reforma propone consolidar la situación de 913 jueces, el 70% mujeres, que llevan más de dos décadas ejerciendo de jueces interinos. Y para acabar con el poder omnímodo de los jueces la reforma propone reglamentar la inadmisión de querellas basadas en recortes de prensa, la recusación de un juez o magistrado que se haya manifestado públicamente en relación al caso que instruye, y limitar la acusación popular a la formulación inicial de la querella y a la fase del juicio oral, para evitar filtraciones interesadas.

Medidas cuyo objetivo es acometer la reforma del Poder Judicial, eternamente aplazada desde la instauración de la democracia, que ponga fin a su utilización como herramienta del juego político judicializando la política, para favorecer determinados intereses y estrategias que desvirtúan, a ojos de la ciudadanía, el sentido y valor de la justicia manchado por quienes ejercen el cargo para ejecutar vendettas políticas o morales de poso religioso. La justicia española debe recuperar la imagen perdida de imparcialidad.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor
en Teoría de la Comunicación de Masas

Los abogados de Atocha

Por Miguel Sagüés

Los asesinatos de los Abogados de Atocha, fueron uno de los mas atroces atentados terroristas cometidos por la extrema derecha fascista, en el marco de la Transición Española hacia la democracia, iniciada tras la muerte del dictador, Franco, en noviembre de 1975.

Asesinados:

  • Enrique Valdevira Ibañez
  • Luis Javier Benavides Orgaz
  • Francisco Javier Sauquillo
  • Serafín Holgado
  • Angel rodriguez leal

Heridos de Gravedad:

  • Miguel Sarabia
  • Alejandro Ruiz Huertas
  • Luis Ramos
  • Dolores González Ruiz

De todos los heridos, solo vive Alejandro Ruiz Huertas, el último superviviente, habiendo fallecido los demás, por enfermedades directamente relacionadas con el atentado sufrido en enero de 1977, siendo la última en morir, Dolores González Ruiz, Lola, que lo hizo el 27 de febrero de 2015, de cáncer, aunque en realidad, Lola, que había muerto espiritualmente con su marido el día de los atentados, Francisco Javier Sauquillo. Llevó una vida de sufrimiento, habiendo padecido en enero de 1969 el asesinato por la Policía Social, del que fuera su novio, Enrique Ruano. Ambos hechos marcaron su vida para siempre y no pudo nunca reincorporarse a la normalidad de la vida.

Los Abogados de Atocha, maestros e inspiradores de todas las generaciones de abogados laboralistas, defensores de trabajadores, que hemos seguido sus pasos, no sólo son mártires de la Transición, sino auténticos valores de la Memoria Histórica de España, que murieron asesinados por ser luchadores por los derechos de los trabajadores y ciudadanos en general, pero, sobre todo, de las asociaciones de vecinos de barrio, y fueron luchadores por la libertad y la democracia.

A los abogados de Atocha los mataron porque eran del Partido Comunista de España, PCE y de CCOO, eran jóvenes y luchadores, comprometidos y convencidos que tenía que llegar la libertad y la democracia y creían firmemente en lo que hacían, porque defender a los trabajadores de los abusos del Sindicato Vertical y de la explotación de la Patronal, luchar contra los abusos de todo tipo, también los urbanísticos, que se hacían en los barrios y en las asociaciones de vecinales, era luchar por la libertad y la democracia.

Los asesinos iban buscando a Joaquín Navarro, sindicalista de CCOO de Madrid y secretario general del Transporte, que había organizado una huelga del transporte para la mejora de las condiciones del sector y acabar con la mafia del transporte del Sindicato Vertical. Al no encontrar a Navarro, que se había marchado muy poco antes, dispararon a muerte contra los que allí se encontraban, los abogados, un estudiante de derecho y un administrativo del despacho.

Tres fueron los asesinos, dos que dispararon a matar y otro que se dedicó a cortar los teléfonos y a registrar el despacho. Pero detrás de los asesinos materiales, había toda una trama civil, proveniente de la mafia del transporte, que cómo después veremos, el Juez Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar, pese a la petición de la acusación particular.

El Colegio de Abogados de Madrid, con su decano, Sr. Pedrol, al frente, se puso a disposición de los abogados supervivientes y de los abogados del PCE y de CCOO, para organizar un entierro que saliera del Colegio de Abogados.

El asesinato de los Abogados de Atocha ha sido uno de los eventos que más me ha influido e impresionado en mi vida, y lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Yo, ya era abogado, pero aún no ejercía porque estaba cumpliendo el servicio militar, y en esas fechas, me encontraba en Madrid de permiso.

El entierro fue una de las manifestaciones más poderosas organizadas por la izquierda, los militantes del PCE y todos los abogados de izquierda y demócratas, a cuyo evento asistieron más de cien mil personas, en un absoluto silencio y dando una lección de responsabilidad y civilidad.

Cien mil personas en sepulcral silencio y todos con el puño levantado, fue algo que llegaba al corazón de todos los asistentes y, probablemente, esta demostración de responsabilidad por parte del PCE, fue el detonante para que unos meses después, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, legalizara el PCE, el 9 de abril de 1977, con la colaboración y apoyo de su jefa de gabinete, Carmen Diez de Rivera, que fue la verdadera artífice de la legalización del Partido Comunista de España.

También pude asistir al juicio oral, gracias a José Bono Martínez, que en esa fecha aún militaba en el Partido Socialista Popular, PSP, de Tierno Galván.

El juicio oral me impresionó muchísimo y jamás se me podrán olvidar las caras de los asesinos, y la forma arrogante y chulesca en que respondían tanto a las preguntas de fiscal como de las acusaciones particulares.

Los asesinos materiales que dispararon fueron José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, Fernando Lerdo de Tejada se quedó en la puerta vigilando tras registrar el despacho.

Además, estaban procesados Francisco Albadalejo Corredera, vinculado con la mafia del transporte del Sindicato Vertical, Leocadio Jiménez Caravaca y Ramón Francisco Fernández Palacios, ex miembros de la División Azul, quienes proporcionaron las armas. También se procesó a Gloria Herguedas, que era la novia de Cerrá.

Sin embargo, todos los abogados de la acusación particular, estaban convencidos que había una trama mucho más amplia de personas vinculadas a la Falange y a Fuerza Nueva, y algunas pesquisas apuntaban a los Servicios Secretos. Como llegó a decir el abogado Sartorius, faltaban en el procesamiento “las cabezas pensantes”. Pero el juez Gómez Chaparro, se negó sistemáticamente a iniciar cualquier investigación y posibilitó, a sabiendas, la fuga de Lerdo de Tejada, con un permiso de Semana Santa, que huyó a Chile, hasta que en 2015, prescribió la orden de busca y captura, quedando libre. Más tarde se fugó Carlos García Juliá en 1991, con una libertad condicional, cuando le faltaban casi diez años de condena por cumplir.

Desde aquel luctuoso suceso, todos los 24 de enero se rinde merecido homenaje a los Abogados de Atocha, organizado por la Fundación que lleva su nombre, con asistencia de CCOO, PCE, Colegio de Abogados de Madrid y numerosos sindicalistas y abogados que los conocimos, homenaje que se realiza en Antón Martín, en la estatua del Abrazo, obra de Juan Genovés, y cuyo lugar ha sido declarado, en enero de este año, como “lugar de memoria histórica”.

Mantengamos siempre vivo el recuerdo del sacrificio de los Abogados de Atocha, que su muerte no sea en vano, porque “SI EL ECO DE SU VOZ SE DEBILITA, PERECEREMOS.”

Concentración homenaje a los “Abogados de Atocha”, 24 de enero de 2024
Plaza de Antón Martín (Madrid)

Otegi: la inmigración pone en peligro la identidad de Euskal Herria.

Y la de España, la de Alemania, la de Europa. Cada sociedad se ve en este momento en riesgo de perder su identidad, sus certezas culturales, sus paradigmas centenarios. No descubre nada nuevo una afirmación de este tipo. Las izquierdas del sistema, y Bildu lo es sin duda alguna, son especialistas en ocultar las responsabilidades en las huidas multitudinarias de personas pertenecientes a países cuyos recursos naturales se ven arrebatados mediante bandas armadas organizadas por EEUU, Inglaterra, Francia, Israel con auxilio de la OTAN cuando es necesario. Todos hablan de los efectos de la inmigración, pero nadie habla de sus razones. Particularmente se distancian de las causas miles de oenegés a lo largo y ancho del mundo. Se ocultan las políticas de intromisión y golpes de estado desarrolladas en un buen número de países. Siempre están dispuestos a cumplir el papel de mercenarios de las multinacionales, de Blacwather, ahora denominada La Academia tras los crímenes contra la Humanidad desarrollados en Irak por sus bandas de matones, violaciones, asaltos a la reserva nacional de oro iraquí con mercenarios llevándose lingotes del botín que EEUU logró allí, callan las oenegés y las «organizaciones políticas» europeas acerca de las décadas de ataques de Ruanda como ejército proxy del mundo anglosajón, de 4 Jinetes del Apocalipsis contra la República del Congo, a la búsqueda del coltán y el resto de las riquezas del país.


Nadie tiene nada que decir sobre el criminal ataque de la OTAN encabezada por los eternos asaltantes de barcos contra Libia, al margen de la tortura infame a la que fue sometido Moammmar EL Gaddafi. Las benditas oenegés no nos contarán que África no emigraba a Europa porque el campo libio y su industria daban vivienda y trabajo a jornaleros y jornaleras de toda el África Negra, pero también a trabajadores del campo andaluz y probablemente, extremeño.

Pero había que robar la riqueza, el petróleo y las reservas de oro libias, aunque fuese al precio de que poner en el gobierno a bandas de delincuentes torturadores, saqueadores y violadores enfermizos abriese la única puerta de esperanza de salida con destino a Europa.


Y aquí estamos. Europa, con los cuatro Jinetes del Apocalipsis llevó la muerte, la ruina y la destrucción a Libia y hoy su territorio se ve asaltado por las multitudes que huyen de África, otros proceden de Siria, Afganistán, Sudán, Somalia, Nigeria, Senegal…, en fin, una buena parte de la población africana y asiática llega con traumas inenarrables a los que cada persona sobrevive o convive con ellos como puede.

Más los cientos de miles de latinoamericanos que salen a buscarse un futuro que en sus países les niegan.


Para hablar de inmigración, integración, común denominador cultural hay que fijar previamente un punto de conocimiento a fin de evitar que la prensa y los mass media creen el relato mercenario del «problema de la inmigración» y le den carta de naturaleza.

Nadie abandona su país, a los suyos, por el placer de hacerlo. Se sale de vacaciones, se sale por Erasmus, se sale a estudiar o trabajar con formación o contrato, pero nadie sale a morir en el Atlántico y en el Mediterráneo sin formación, con religiones no bien vistas en Europa por un gran segmento de su población, desconociendo el idioma con la intención de hacer fortuna.


Vienen para no ser asesinados. Vienen para no ser violadas.


¿Y la «izquierda wok» europea, en qué demonios se ha convertido? Es la punta de lanza de la estrategia Demócrata de EEUU, los cómplices del Genocidio que está perpetrando Netanyahu en Gaza. Y solo eso. La Unión Europea es a los pueblos de Europa lo que la «izquierda wok» a la izquierda: un formalismo.


Y así estamos acabando. Las ensoñaciones de grupo han llevado a esa pseudo izquierda wok

a remar en la dirección de los intereses del modelo Biden, de sus multinacionales. Será interesante si EEUU publica la lista de beneficiarios de los donativos de USAID a través de la inefable Fundación Soros, distribuidor oficial de la red de corrupción mundial de la CIA ahora que el nuevo gobierno de EE.UU., ha despedido a todos sus «empleados» o debiéramos llamarles, agentes provocadores de golpes de estado, para sustituirlos por otros que se plieguen a los deseos de la plutocracia presidida por Trump. Para sustituirlos por los suyos, obviamente.


Curiosamente, nadie habla en Europa de esto que ha pasado de ser un secreto a voces a ser una evidencia documentada. Aquí, en el ex primer mundo seguimos empeñados en tapar las causas señalando con el dedo a las consecuencias y somos también expertos en montar bucles alrededor de lo que más nos conviene creer y menos desestabiliza nuestro feliz y rutinario día a día


Pacem in Terris, por un tiempo.


Pues sí, esto es lo que no nos cuentan los mass media del BBVA, USAID, Vocento, y todas las publicaciones subvencionadas para crear una irrealidad cotidiana que impida cualquier conclusión de nuestras reflexiones que pueda marcar la responsabilidad de sus protectores interesados en que siga la barbarie que asola al mundo.


O las cadenas públicas y privadas de Tv comerciales. Donde hay capital y ordena el empresario. Es tiempo de dejar de leer memeces y buscar la información real en los medios que se impulsan desde abajo.


Hubo un tiempo en que Otegi, como toda la Izquierda Abertzale, suscribía estas reflexiones. La izquierda ha claudicado y se ha insertado en el campo institucional en el que es más cómodo sobrevivir acatando las reglas de los padrinos de la UE, la OTAN, los pactos municipales en los que, piensan, que el problema de la Cripta de Mola en Iruña se soluciona cambiando el letrero.


Se ha acabado el tiempo de las medias verdades. La causa del horror mundial es la voracidad incontenible de los Fondos de inversión, de los BlacRock, Vanguard, a los que los movimientos sociales intentan poner freno cada día, movilizándose contra la privatización de los servicios públicos.


Solo acabaremos con la inmigración de los desesperados acabando con aquello que lo provoca y eso significa señalar la responsabilidad de los destructores de sociedades por su lucro personal. Esto Otegi y EH Bildu lo saben, pero prefieren vivir adocenados y apostar por la comodidad de la política de defender sus puestos de acomodo como un componente más del proyecto europeo vasallo de las multinacionales que destruye la industria europea, el campo europeo, la pesca europea, el turismo canario o cualquier otro antojo de los asesinos de las personas, pueblos y culturas.


Se debe devolver a la clase trabajadora, a la juventud, al pueblo, su conciencia y eso requiere una desintoxicación severa de los paradigmas convertidos en certezas incuestionables por los mas media a los que se ha creído de manera acrítica y estos no han cesado de crear el relato del espejo, en el que lo que ves no es la realidad.


Vienen tiempos muy duros. Toca despertar en primera instancia, a aquellos que teniendo conciencia de clase se han distanciado estos años de la acción política en la creencia de que el sistema es imbatible.


La lucha por el control de algunas islas africanas de titularidad española y ricas en fondos marinos está ya en el punto de mira y pueden llegar a afectarnos directamente sin pasar demasiado tiempo y Uber, BlacRock no son nuestros amigos.

Dicho esto, hablemos de la inmigración, Arnaldo.

Joseba Izaga
Miembro de Hemen salida por la izquierda.

8 de marzo: Día de la mujer trabajadora

Hace un año, el llamamiento al 8 de marzo del colectivo «Republicanas» comenzaba denunciando el asesinato de 8.190 mujeres y 12.000 niños en Palestina.

Hoy la cifra oficial proporcionada por el Ministerio de Sanidad de Gaza sobrepasa los 47.000 muertos, un 70% de los cuales eran mujeres y niños.

La actual tregua (que no alto el fuego) nos deja las terribles imágenes de miles y miles de familias avanzando a pie, con sus hijos y enseres a cuestas, hacia las ruinas de lo que fue su hogar.

Más aún que hace un año, no hay 8 de marzo sin apoyar a las mujeres palestinas, sin exigir el fin del genocidio, al alto el fuego permanente y la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno de nuestro país con el Estado sionista de Israel.

Hoy vivimos en todo el mundo bajo la amenaza de terribles retrocesos en los derechos y condiciones de vida de los trabajadores a todos los niveles. Y las mujeres trabajadoras, como sector especialmente explotado de la clase obrera, sufrirán con particular saña esos retrocesos si no los paramos.

El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque así lo decidió en marzo de 1911 la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, para honrar a las mujeres que lucharon y luchan por la emancipación de los trabajadores y, por tanto, por su propia liberación de la doble opresión que sufren.

En 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió hurtar el carácter obrero de esa fecha, eliminando la palabra «trabajadora», en aras de una supuesta transversalidad en los problemas que afectan al conjunto de las mujeres. Lamentablemente, las direcciones de las organizaciones sindicales y políticas en todo el mundo han aceptado ese disparate, que sitúa en un mismo plano a burguesas y proletarias. Y no, no estamos en un mismo plano. De hecho, estamos en planos opuestos en la batalla por la emancipación y por la igualdad.

En nuestro país hay un claro escollo en esa batalla: la Monarquía y las instituciones heredadas del dictador.

Baste repasar la actuación de la judicatura en todas aquellas cuestiones que afectan al derecho de las mujeres a la vida y a la protección. Burlas, humillaciones, cuando no directamente culpabilización de las víctimas.

La lucha por la República ha de formar parte de este 8 de marzo. Pero no solo por la flagrante negación de democracia que supone el sistema monárquico, aunque también por eso. La lucha por la República tiene un contenido muy concreto. Es la lucha por parar los gastos militares y dedicarlos a las necesidades sociales.

La lucha contra las reformas laborales que han hecho proliferar los contratos a tiempo parcial, que afecta en especial a las mujeres manteniendo y aumentando la brecha salarial.

La lucha por los convenios colectivos, por salarios que permitan cubrir las necesidades vitales dignamente, por convenios que recojan sin ardides el principio fundamental «a igual trabajo, igual salario».

La lucha por la defensa del sistema público de pensiones.

La lucha por el reconocimiento pleno de enfermedades profesionales en los sectores donde hay una mayoría de mujeres.

La lucha por servicios públicos que permitan liberarse de la esclavitud doméstica. La emancipación no será posible mientras no se aseguren los medios suficientes para acceder al mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Recordemos que las grandes luchas obreras consiguieron no solo guarderías públicas, sino también comedores y otros servicios incluso en los propios centros de trabajo.

La lucha por que se concrete en leyes el derecho a la vivienda, exigiendo, por ejemplo, la expropiación de las viviendas en manos de los fondos buitre. Prohibiendo los desahucios por imperativo legal. El derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad privada y a su explotación.

La lucha por mantener el derecho al libre uso del propio cuerpo, cuestionado hoy por las derechas franquistas (y conculcado en demasiados lugares del mundo). Por la salud reproductiva, por el aborto libre y gratuito sin restricciones y en centros públicos.

La lucha por la separación de Iglesia y Estado. Por la escuela pública y laica. Por una educación igualitaria, libre de prejuicios y estereotipos, con fondos suficientes, fondos públicos exclusivamente para la escuela pública, por una educación basada en el método científico, que incluya la educación para la libertad sexual.

La lucha en defensa de las libertades y derechos. Por la derogación de las leyes represivas, como la Ley Mordaza.

Por todo ello, en este régimen no cabe la emancipación de la mujer trabajadora, como no cabe el conjunto de reivindicaciones del movimiento obrero.

Los derechos duramente conquistados por la más que centenaria movilización de las mujeres nunca han estado asegurados. El capital y los gobiernos e instituciones a su servicio no cejan en su empeño por recortarlos, arrebatarlos incluso. Miramos con horror lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde peligra hasta lo más elemental. Pero no hay que mirar más allá de Europa para ver esa misma dinámica. El dinero que se gasta en más y más armas no sale de las piedras, sale de nuestros bolsillos, de lo que aportamos para mejorar nuestras condiciones de vida, no para promocionar la muerte.

Por eso, de nuevo este 8 de marzo, las mujeres trabajadoras estaremos en la calle por nuestras reivindicaciones y, para realizarlas, no hay otro camino que la lucha contra la guerra y contra la guerra social. En nuestro país, esa lucha pasa por la República.

Silvia Martínez
Miembro del Colectivo Mujeres Republicanas

45 años de lucha y compromiso.

El legado de UGT Andalucía


Con cuatro décadas y media de historia, UGT Andalucía celebra su 45 aniversario como pilar esencial en la defensa de los derechos laborales y la construcción de una sociedad más justa. Desde sus inicios, el sindicato ha evolucionado con los cambios políticos, económicos y sociales, adaptándose para seguir siendo la voz de la clase trabajadora andaluza.

Los inicios de la lucha sindical

La historia de UGT Andalucía se enmarca en la transición democrática. Tras años de exilio, represión y clandestinidad, en 1976 UGT celebró su 30º Congreso en Madrid, el primero celebrado en España tras la Guerra Civil, bajo el lema “A la unidad sindical por la libertad”, marcando un paso decisivo hacia su reconocimiento oficial. En 1977, con la legalización de las centrales sindicales, UGT se consolidó como abanderada de la defensa de los derechos laborales en una España en plena apertura democrática.

Paralelamente, Andalucía vivía un periodo de profundas transformaciones, marcado por la consolidación de la democracia, la crisis económica y el avance del Estado de las Autonomías. En este escenario de incertidumbre y esperanza, se hizo patente la necesidad de contar con una organización sindical fuerte y autónoma, capaz de defender con voz propia los derechos de la clase trabajadora andaluza. Desde mediados de la década, un grupo de sindicalistas comenzó a articular una estructura regional de UGT, coordinando a las uniones provinciales para sentar las bases de un proyecto común que respondiera a las problemáticas específicas de la comunidad.

El 12 y 13 de enero de 1980, en la localidad malagueña de Fuengirola, se celebró el primer Congreso Regional de UGT Andalucía, bajo el lema “Nuestra lucha, Andalucía”, en el que se aprobaron los estatutos y las resoluciones que marcarían el rumbo del sindicato en los años venideros, estableciendo líneas de actuación claras en la lucha contra el desempleo, la precariedad laboral y la desigualdad social. Además, UGT Andalucía desempeñó un papel fundamental en el referéndum del 28 de febrero, promoviendo el voto favorable al Estatuto de Autonomía.

Consolidación en los años 80

Durante los 80, UGT Andalucía se consolidó como fuerza sindical de referencia. La aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 y la firma de los acuerdos como el Acuerdo Nacional sobre Empleo en 1981 y el Acuerdo Económico y Social en 1984 sentaron bases para relaciones laborales más justas. Además, el sindicato demostró su compromiso con la defensa de la democracia tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada junto a CCOO, evidenció la fuerza de la unidad sindical y obligó al Gobierno a retirar un plan que precarizaba el empleo juvenil. Este hito marcó un punto de inflexión en la acción sindical y reforzó la posición de UGT como actor clave en la defensa de los derechos laborales.

UGT Andalucía impulsó la igualdad de género con la creación del Departamento de la Mujer en 1986 y dio voz a la juventud trabajadora mediante el Departamento de Juventud, creado en 1983.

Desafíos de los años 90

Los 90 estuvieron marcados por movilizaciones y la consolidación de UGT Andalucía como la primera fuerza sindical de la región. La huelga general del 28 de mayo de 1992, en respuesta al “Decretazo”, reafirmó la capacidad de movilización del sindicato para defender los derechos laborales.

Durante esta década, UGT Andalucía también jugó un papel clave en la seguridad laboral, la igualdad de género y la protección de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Los acuerdos de concertación social entre sindicatos, administración autonómica y empresarios consolidaron un modelo de diálogo que garantizaba avances en empleo, formación y desarrollo económico.

Adaptación a los nuevos retos del siglo XXI

Desde el año 2000, el sindicato afrontó nuevos desafíos derivados de la globalización y la digitalización del mundo laboral. La concertación social siguió siendo clave, logrando avances en la regulación del empleo temporal, la reforma del PER y la integración de trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Hubo también momentos de fuerte movilización, como la huelga general de 2002 contra la reforma de la protección por desempleo.

UGT Andalucía reforzó su compromiso con la igualdad de género y la memoria histórica, y en 2002 creó la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) para conservar y difundir su patrimonio sindical.

Resiliencia ante la crisis de 2008

La crisis económica global de 2008 puso a prueba la capacidad de resistencia del sindicato. Con un desempleo creciente y recortes en derechos laborales, UGT Andalucía desplegó su capacidad de negociación y movilización para proteger a la clase trabajadora. Las huelgas generales de 2010 y 2012, bajo lemas como “Así, no” y “Nos dejan sin futuro”, fueron la respuesta del sindicato a reformas que facilitaban el despido y precarizaban el empleo.

A pesar de la difícil situación económica, el sindicato logró avances significativos, como la revalorización del salario mínimo, la firma de acuerdos para mejorar la estabilidad laboral y la promoción de la igualdad de género. Además, reforzó su compromiso con los servicios públicos, liderando movilizaciones en defensa de la sanidad, la educación y la protección social.

Renovación y compromiso social en la actualidad

En la última década, UGT Andalucía ha iniciado una etapa de modernización y adaptación a los nuevos retos del mundo laboral. La incorporación de una mujer a la Secretaría General en 2014 marcó un hito en la historia del sindicato, consolidando su apuesta por la igualdad de género. Durante este periodo, el sindicato ha reforzado su papel en la negociación colectiva, logrando mejoras en los salarios, las condiciones laborales y la protección social.

La pandemia de COVID-19 en 2020 fue un desafío sin precedentes. UGT Andalucía jugó un papel esencial en la defensa de los trabajadores y trabajadoras, promoviendo y negociando los ERTE para garantizar la protección social. También participó en el diseño del Ingreso Mínimo Vital para combatir la pobreza.

En 2024, la lucha sindical sigue avanzando y en julio se firma el Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional en Andalucía, reafirmando la importancia del diálogo social. El sindicato también ha intensificado su compromiso con la sostenibilidad, promoviendo empleos verdes y medidas para mitigar el cambio climático. Asimismo, defiende la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Hacia el futuro: desafíos y compromisos

UGT Andalucía afronta nuevos retos para garantizar el bienestar de la clase trabajadora y la sociedad andaluza en los próximos años. En el ámbito digital, busca adaptar la negociación colectiva al impacto de la inteligencia artificial, la robotización y las plataformas digitales. Ante la transición ecológica, reclama un Pacto de Estado contra el Cambio Climático que fomente las energías renovables y genere empleo de calidad en los sectores verdes.

La igualdad y la diversidad siguen siendo objetivos prioritarios. El sindicato trabaja para eliminar las barreras que dificultan la inclusión de jóvenes, mujeres, migrantes y colectivos vulnerables, promoviendo condiciones laborales justas. Asimismo, defiende el acceso a una vivienda asequible como un derecho social y laboral esencial para el bienestar de la clase trabajadora.

La protección de los servicios públicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, continúa siendo una de sus principales líneas de acción. En el ámbito del empleo juvenil, lucha contra la precariedad y la temporalidad mediante políticas de formación y fortalecimiento de los derechos laborales. Además, apuesta por un cambio en el modelo productivo, impulsando la innovación, la reindustrialización y el desarrollo tecnológico para crear empleo estable y de calidad.

En su compromiso con la Memoria Democrática, UGT Andalucía reivindica la verdad, la justicia y la reparación para quienes defendieron los derechos laborales y la democracia. A través de diversas iniciativas, mantiene viva la memoria de las personas represaliadas y refuerza los valores democráticos en la sociedad.

Con la mirada puesta en el futuro, el sindicato impulsa a una nueva generación de sindicalistas jóvenes, comprometidos con la justicia social, la sostenibilidad y la innovación. Tras 45 años de lucha y compromiso, UGT Andalucía continúa avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

En los siguientes enlaces podéis ampliar la información:

Video 45º Aniversario: https://www.youtube.com/watch?v=69KXrPWid64

Exposición: https://fudepa.org/principal/galeria/ugt-andalucia-45-anos-de-historia

Pepa Castillejo Martín
Gerente de la Fundación para el Desarrollo
de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA)