Tribuna Socialista

El pueblo francés ha parado el golpe

Estábamos pendientes de si Francia seguiría la senda de Italia y Hungría, de si veríamos un nuevo gobierno de ideología fascista, lo que hubiese sido un golpe muy duro para los pueblos de Europa, pues Francia es la segunda economía del continente europeo y la séptima a nivel mundial, pero el pueblo francés ha parado ese golpe.

Compartimos la alegría y la celebración de los y las francesas. No obstante, para no darle la razón a Marí Le Pen y que no sea cuestión de tiempo que la extrema derecha alcance el gobierno, hay que sacar lecturas de cómo y por qué se ha llegado a esta situación.

El primer responsable de los resultados de las elecciones del 9 de junio, desencadenante de las elecciones a dos vueltas que se cerraron el domingo, es el presidente de la República, el señor Macron, en el Elíseo desde mayo de 2017. Este tecnócrata liberal llegó a la política desde la banca francesa, parasitó como asesor y como ministro en el Partido Socialista francés, para dar el salto a la primera línea bien apoyado por el capital.

Él es el responsable de su pertinaz ataque al Sistema público de Pensiones, elevando la edad de jubilación de 62 a 64 años, en un país en el que se necesitan 43 años cotizados para optar a una pensión completa. Una reforma rechazada contundentemente por el movimiento sindical, con una ola de protestas y huelgas. Los sondeos dicen que 2/3 de la población la rechaza. A pesar de todo, Macron mantuvo su reforma contra la voluntad de su pueblo en una actitud ultraliberal. El coste social está ahí.

La otra gran ola de protestas surgió contra la subida de los precios de los carburantes, en 2018, no por la guerra -penúltima escusa del oligopolio de los carburantes-, sino por la utilización que la economía liberal está haciendo del cambio climático. Un impuesto sobre las emisiones de carbono desencadenó el movimiento de los chalecos amarillos, pues quien vive de la utilización de un vehículo recibe una penalización por algo de lo que no es responsable o su responsabilidad es muy limitada, mientras que la gran industria contaminante y las clases pudientes pagan, porque pueden permitírselo, y continúan contaminando.

Ante la respuesta reivindicativa y de protesta, Macron ha optado por adoptar una política xenófoba y represiva. Se pasea por el mundo alentando la Guerra en Ucrania, hablando incluso de enviar tropas, su apoyo al genocidio en Palestina… Es una huida hacia adelante, pero no para aportar soluciones sino para agrandar los problemas.

La experiencia demuestra que las movilizaciones sirven, incluso cuando el objetivo inmediato de las convocatorias no se consigue. La movilización contra las decisiones de los gobiernos que lesionan los derechos de los pueblos da un punto de apoyo para la democracia, mientras que la laxitud y el dejar pasar no solo no resuelve el problema, sino que engorda y fortalece la reacción, hábitat del fascismo.

Por tanto, el ascenso de la extrema derecha tiene su origen en las agresiones que el pueblo recibe en forma de decisiones económicas que sesudos asesores y técnicos diseñan en los despachos de instituciones económicas como el FMI, el Banco Central Europeo o la Comisión Europea. Todo esto: decisiones económicas que solo benefician a una minoría, a costa del sufrimiento de la mayoría, las instituciones económicas y no económicas al servicio de esa minoría, junto al poder económico y mediático, incluso judicial, está lanzando al neofascismo a la primera línea del poder político.

Lo positivo de esta “débacle” es la evidente capacidad de respuesta que tiene la izquierda, cuando deja de matarse entre sí misma y busca la unidad. El Nuevo Frente Popular (NFP) ha obtenido 182 diputados, el partido de Le Pen ha quedado en tercera posición con 143 y el partido de Macron ha quedado en medio con 168. Sabiendo que la mayoría absoluta se sitúa en 289 diputados, parece que lo razonable sería la conformación de un gobierno de coalición o un acuerdo de gobierno que siente las bases para frenar el ascenso del fascismo en Francia, con medidas sociales que favorezcan a la mayoría, o lo que es lo mismo que revierta las políticas antisociales que Macron ha venido aplicando, como por ejemplo derogando la reforma de las pensiones, políticas que han llevado a Francia a esta situación. Esperemos que no se produzca ninguna maniobra por parte de los liberales de Macron que rompa el NFP para continuar con más de lo mismo, porque el resultado será más de lo mismo, es decir, continuidad del ascenso de la ultraderecha de Le Pen y desafección de la mayoría social hacia la democracia.

De igual modo que la revolución francesa de 1789 cambió la historia, al echar el cerrojo al medievalismo, esperemos que estas elecciones en Francia sirvan para cambiar la tendencia de ascenso del ultraliberalismo. Motivos hay. El pueblo británico ha defendido su Sistema de Sanitario Público y los demás servicios públicos, con su voto. El pueblo francés ha puesto freno a la extrema derecha, pero para poner fin a las políticas económicas de Macron, no para que este continúe haciendo lo mismo.

Los pueblos de Europa estamos sufriendo un saqueo constante con la subida de los precios, con la privatización de nuestros sistemas públicos sanitarios, de pensiones y educativos. Todo para alimentar la avaricia que promueve un sistema económico desenfrenado en la búsqueda del beneficio, sin importarles los constes en vidas humanas ni el deterioro del planeta.

Estos problemas y sus soluciones no son de un barrio, un pueblo, una ciudad o un país, es cosa de la clase asalariada a nivel internacional.

Comité de Redacción

La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) y Tribuna Socialista (TS)

¡Nos hemos integrado!

Tras años de colaboración, y compartiendo valores fundacionales, la revista de libre expresión política Tribuna Socialista y la Asociación Trabajo y Democracia, sus órganos de dirección y sus asociados y asociadas, hemos decidido unirnos, en la asamblea celebrada el pasado jueves 27 de junio.

Tribuna Socialista inició su andadura el 16 de julio de 2005, en la localidad de Silla (Valencia), donde nos dimos cita militantes socialistas de distinta procedencia, para compartir:

“preocupaciones e inquietudes sobre la situación política en nuestro país, y como inciden en la mayoría social. Inquietudes y preocupaciones basadas en hechos como el intento de decretazo de 2002, contestado con una exitosa Huelga General (20-J), la gestión ignominiosa del accidente del Prestige, la antidemocrática involucración de España en una guerra genocida.”

“Dichas preocupaciones se han visto agravadas con el rumbo y la actitud que la derecha reaccionaria tomó tras los acontecimientos del 11 al 14 de marzo de 2004. Negando la democracia al pisotear las legítimas y soberanas decisiones y aspiraciones del Pueblo, como así está ocurriendo con las trabas que desde la derecha se están poniendo al proceso, esperemos que irreversible,de paz en Euskadi.”

“Es para facilitar el debate que tantos y tantas compañeros y compañeras socialistas reclaman por lo que se edita este Boletín.”

Estos párrafos plasmados en el nº 1 de TS, en “Por qué y para qué”, reflejan muy bien el sentir y la necesidad de dar luz a las preocupaciones que teníamos hace 19 años, lo que hemos hecho a lo largo de los 155 números editados y de las decenas de declaraciones o números especiales de TS, cuando la relevancia de los acontecimientos así nos lo ha requerido. Unas inquietudes y preocupaciones que, desgraciadamente, continúan vigentes en su esencia.

“Crear un lugar de encuentro que sea plural, democrático, participativo y con afán de construir, con participación a título individual y/o como colectivo y abierto a todos y todas que quieran aportar al proyecto, entre otros, desde la Universidad y el mundo de la experiencia acumulada en el campo sindical, político y profesional para recuperar el valor del trabajo, tanto en la propia existencia, como en la política y en el espacio de la opinión pública y los medios de comunicación.”

El paralelismo en los objetivos queda plasmado nítidamente en los textos reproducidos. Coherentemente con lo expresado en los momentos constituyentes, durante estes último lustro, marcado por la pandemia, Tribuna Socialista y ASTRADE han venido colaborando y coincidiendo en distintas actividades, retroalimentándose.

Auguramos que esta nueva etapa va a ser muy fructífera en el objetivo de contribuir a la unidad de la izquierda y a ayudar a la necesaria claridad de ideas para la consecución del bienestar de la mayoría social, fundamento de la democracia.

La Junta Directiva y el Comité de Redacción elegidos en la Asamblea del día 27 está compuesta:

Junta Directiva

Presidente Roberto Tornamira Sánchez

Vicepresidenta Gloria Mora Campos

Secretario Miguel Sagüés Navarro

Tesorero Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez

Vocal María Iglesias Domínguez

Vocal Baltasar Santos Fernández

Vocal José Ignacio “Iñaki” Merino Montes

Vocal Eduardo Hernandez Oñate

Comité de Redacción

Roberto Tornamira Sánchez

Baltasar Santos Fernández

María Iglesias Domínguez

José Ignacio “Iñaki” Merino Montes

José Antonio Iniesta Martín

Eduardo Hernández Oñate

Desde esta breve información damos las gracias a las asociadas y asociados de ASTRADE que han dado su apoyo a la Junta Directiva y al Comité de Redacción para iniciar este nueva e ilusionante etapa.

La Junta Directiva

Editorial: La mayoría quiere convivir en paz y no alimentar la guerra

El mes de junio ha culminado en nuestro país, de momento, con los procesos electorales que estaban fechados para el primer semestre. La lectura de los resultados en los tres procesos autonómicos y del europeo no es la misma. En Galicia (18/02/24) y Euskadi (21/04/24)no ha cambiado la composición del gobierno; en Galicia continua el PP gobernando con mayoría absoluta y en Euskadi se ha reeditado un gobierno PNV/PSE-PSOE. Estas dos comunidades tienen en común el importante ascenso cuantitativo de los partidos nacionalistas de izquierdas, BGN y EH-Bildu, en Galicia y Euskadi respectivamente.

Las elecciones en Catalunya (12/05/24), 21 años después, han vuelto a dar la victoria al PSC-PSOE, pues desde 2003 no había sido el partido más votado en esa Comunidad. A diferencia de Galicia y Euskadi, la izquierda nacionalista catalana ha retrocedido. A fecha de cerrar esta edición de TS continua incierto el futuro inmediato de la gobernabilidad de Catalunya: ¿habrá pacto progresista PSC+ERC-Comunes o habrá repetición electoral? Dado el avance de la ultraderecha, ultraliberalismo o de los herederos del franquismo en España, cada cual llámelos como quiera, y del filofascismo en Europa, es deseable que las fuerzas de izquierda en Catalunya se pongan de acuerdo para formar gobierno y no continuar dando oportunidades a la derecha en general.

Una conclusión que sacamos de este breve recordatorio electoral es que está claro que el Estado español es plurinacional, como irremediablemente se redactó en el Art.-2 de la Constitución del 78, aunque contradictoriamente se mezclase con el concepto de la “unidad de la nación española”. Es decir que somos plurales y una a la vez, “uno y trino” que dijo Tertuliano en el 215 d.C.

A la convivencia en paz, que es lo que la inmensa mayoría social desea, le convendría enfocar en positivo que somos un Estado plural, con diferentes ideas de nación: española, catalana, vasca y gallega, y con muchos y muchas ciudadanas que no somos nacionalistas y que hemos nacido en cualquiera de los distintos territorios que componen el Estado. Valoremos que tenemos una gran riqueza lingüística, histórica y cultural, en lugar de la uniformidad y la pretensión de imponer una sola visión de lo que es diferente.

Por su parte, las elecciones europeas que se celebraron el 9/6/24 han resultado ser un ciclón en Francia -con la 1ª vuelta de las elecciones generales para el 30 de este mes-, una gran tormenta en Alemania y, en general, una ola de ascenso de la extrema derecha. En España ha ganado la Abstención con el 51%, 11 puntos más que en 2019.

Interesadamente, en Francia,se ha ensalzado el avance del Partido de la señora Le Pen. Decir que se ensalza el resultado no pretende negar en hecho de que obtenido un crecimiento del 67%, al pasar de 18 a 30 diputados. Pero si cabe la crítica por comparación, pues muy poco se dice del crecimiento del parrido Socialista, que ha sido del 86%, al pasar de 7 a 13 diputados, poco y negativo se dice del incremento del 50% de los votos de La Francia Insumisa que lidera el Sr. Mélenchon, al pasar de 6 a 9 diputados. Por el contrario, se minimiza la abultada derrota del Partido de Macron que ha caído un 43% de los votos, de 23 a 10 diputados.

Lo anterior es lo cuantitativo. La otra lectura obligada es lo cualitativo y de ella nos quedamos con el avance en la unidad de la izquierda. Celebramos la configuración del Nuevo Frente Popular, en el que se han agrupado el Partido Socialista, La Francia Insumisa, el Partido Comunista, y otras fuerzas de izquierda y progresistas, un acuerdo de unidad que está ilusionando a los jóvenes franceses y otros colectivos de la mayoría social francesa.

A la derecha francesa: política, económica y mediática, le preocupa más la unidad de la izquierda que llegue la extrema derecha, aunque venga recuperando las ideas fascistas del pasado.Muy parecido a lo que ocurre en España y en otros países. Prueba de ello es el pánico que le entró al líder de Los Republicanos (Eric Ciotti), la derecha tradicional francesa, que salió corriendo a buscar un acuerdo con los fascistas de Le Pen. Nada extraño en el Estado español, donde el PP cogobierna en múltiples comunidades y ayuntamientos con el partido fascista VOX.

Los directivos de las grandes empresas francesasevitaban salir en fotos con los representantes de Reagrupamiento Nacional (RN) el partido de Le Pen, hasta el día 9 de junio. A Medef, la CEOE francesa, le faltótiempo para organizar un acto e invitar a Bardella, el candidato de RN. Los empresarios españoles, encabezados por el Sr. Garamedi, presidente de la CEOE, fueron mucho más rápidos, se hicieron una foto con Milei el 18 de mayo.

En lo que a Alemania respecta, nos hace ilusión mencionar el gran resultado que ha obtenido el nuevo Partido BSW (Alianza Sarah Wagenknecht) “Razón y Justicia”, con el que nos une la coparticipación, a través del Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), en el Manifiesto Internacional contra la Guerra en Ucrania que muchos y muchas firmamos bajo el lema “Ni Putin ni OTAN”. El BSW es una escisión de DIE LINKE, y en su primer proceso electoral ha sacado más diputados que DIE LINKE. En ocasiones hay que soltar lastre, única manera para que los globos aerostáticos asciendan.

El ascenso de la extrema derecha no es un fenómeno exclusivamente europeo, es internacional. Y como a nuestro modo de ver las casualidades no existen, esto obedece a un fomento de los nacionalismos y del imperialismo que confrontan por todo el planeta en defensa de los intereses de los oligopolios en manos de multinacionales y grupos inversores (fondos buitre) con los oligarcas que se apropian de las riquezas de sus pueblos. Ya no quedan territorios que colonizar, por lo que no dudan en acudir a la guerra como forma de apropiarse del negocio para continuar creciendo económicamente.

“No se inicia una guerra, o racionalmente no debería hacerse, sin preguntarse qué se pretende obtener mediante dicha confrontación y durante la misma.”Clausewitz.

Parece que los irracionales que gobiernan las grandes potencias y estructuras militares tienen muy claro qué quieren obtener de las guerras y del negocio del armamento que las alimenta.

La unidad de la izquierda, sin renunciar a la riqueza de su pluralidad, es la única vía para frenar a la extrema derecha y a la derecha de siempre; esa que tiene tentáculos en todas las instituciones para poner freno a leyes de concordia, como la Amnistía, o para dictar sentencias aberrantes que después son afeadas por los tribunales de justicia europeos. Esa unidad de la izquierda es necesaria para vacunar a la mayoría social con derechos, la mejor medicina para evitar el ascenso de cualquier tipo de derecha.

El Comité de Redacción

De acuerdo

«Nuestra capacidad para adaptarnos, y para aceptarlo todo,

es uno de los más grandes peligros que corremos.”

Stanislaw Lem

La carta nos puso los dientes largos.

Las posibilidades se abren de pronto, como pequeñas grietas por las que se suma el encantamiento, que decía Negri, y toda nuestra resignación se hace posibilidad, y los cierres de la costumbre se abren como oportunidades de avanzar democráticamente en un país que dejó tantas cosas por hacer, tantos sentidos democráticos silenciados y sin explorar, tantos agujeros negros que ha ido rellenando la costumbre, la institucionalización, el miedo, el mal menor, la inercia, la decepción…

La carta de Pedro Sánchez se entendió políticamente. Como esa voluntad de ruptura que asume el punto de vista subterráneo, que supera los liderazgos y sus hipotecas, las trayectorias y sus lindes, como quien se topa con el final abrupto de un camino, descubre la trampa en el juego o se da cuenta de que aquellos que te pasaron la mano por el lomo de la institucionalidad nunca han dejado de despreciarte.

No tenía otra explicación. Una decisión que es un momento, una certeza… y que luego se hace colectiva, aclaración, relato y ruptura, abriendo en el espacio público ese momento que cambia pequeñas cosas que lo cambian todo, que devuelve al espacio público esa posibilidad que es utopía, que permite pensar de nuevo desde nuestra pluralidad política múltiple y creadora rompiendo la dinámica, tediosa a veces, del acontecer público.

Porque nada es pequeño cuando es clave. Y qué duda cabe de que la carencia de una transición democrática en nuestro poder judicial y la elipsis profunda de nuestro mandato constitucional que afirma ufano que, del pueblo español “emanan los poderes del Estado” ha configurado un poder autónomo ─no el único, lamentablemente, de nuestro sistema político─ que se sabe actor y límite, arbitrio e influencia, agente y reparto. Y hay que recordarlo, y hay que ponerse un poco así, grandilocuente y nostálgica de lo que no ha ocurrido, aunque solo sea por contraste.

Y quizá así se entienda mejor que no fue que el Partido Popular secuestrara durante cinco años el órgano de los jueces mientras clamaba ─y clama─ por reforzar el corporativismo de este poder autónomo del Estado, sino que fue más bien un consorcio para la defensa de los intereses profesionales individuales y colectivos de sus asociados y militantes, en la que los unos acompañaban el discurso político de los otros y éstos correspondían con la continuidad en el manejo de uno de los poderes de última instancia del Estado.

Pactar hay que pactar, y siempre es bueno llegar a acuerdos. Pero cerrado el nombramiento del nuevo Consejo, asentado de nuevo el relato de la inanidad, la decepción, la cuota, el silencio y el hacerse perdonar por los que van a seguir mandando diga lo que diga el pueblo español, nos queda apenas, otra vez, volver al pozo de las oportunidades perdidas, al inútil plañidero del análisis de las disfuncionalidades democráticas y a la parálisis de la queja mientras el juego político avanza, dejando atrás los espacios de oportunidad que hacen a la gente protagonista de sus instituciones, como un reguero de decepción que, finalmente, habrá de traer al poder a los que entienden la política como un negocio societario, envueltos, eso sí, en banderas de colores y con su trampantojo de enemigos de la patria, como parapeto de esa corrupción estructural que los jueces adecuados nunca investigan adecuadamente.

Y ya no hará falta que los jueces elijan a los jueces, y ya no harán falta consensos para la imparcialidad sino cuotas para el agradecimiento, y ya no hará falta un parlamento que discuta ante la opinión pública la idoneidad de unos nombramientos sino que bastará el anuncio rápido de unos nombres previamente pactados por sus partidos (bajo la mirada condescendiente de Europa), y ya no hará falta que los jueces puedan o no puedan saltar de un lado al otro del estrado sino que simplemente se avengan a seguir negociando de parte de los poderes que no emanan del pueblo.

Y ya no hará falta legislar para que el bloqueo no vuelva a ser una herramienta posible y por lo tanto válida para surfear las reclamaciones democráticas de una ciudadanía a la que cada cierto tiempo hay que enseñarle que votar realmente tampoco cambia a todos los que realmente mandan.

Gloria Elizo Serrano

Directora del Instituto Clara Campoamor para el fortalecimiento de la Democracia

Fue vicepresidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados

Recuperar los valores de la izquierda

La tradicional reticencia, con un punto de apatía, de un sector de votantes de la izquierda para movilizarse e ir a votar, no cambia por el mero cumplimiento de un proyecto progresista que pone en marcha medidas que benefician a las clases populares y medias y reducen las desigualdades; pues requiere de un discurso que acabe con esa sensación derrotista de que la izquierda siempre está a la greña, mediante el recurso al componente simbólico, olvidado de manera incomprensible, que refuerce el sentimiento de pertenencia entorno a los valores de transformación social que son la seña de identidad histórica de la izquierda. Un relato más necesario que nunca, cuando la derecha, sin complejos ni vergüenza, se apropia de ellos con descaro por dejación de la propia izquierda política y cultural, que ha caído en la trampa de que con una buena gestión ya está todo ganado.

Que ha olvidado qué en política, y más en una sociedad que se mueve ala velocidad de la luz, nada está consolidado para siempre: ni el propio sistema democrático ni la adscripción de valores como el de libertad a la izquierda, siendo ésta, en sus múltiples facetas, la principal vitola de su ser político junto a los de igualdad y justicia social. La fijación del discurso progresista en las medidas positivas que se llevan a cabo, no es suficiente para movilizar a una parte esencial de su electorado, que ve con pasmo como los adalides más significados de la derecha sin complejos, por ejemplo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se apropia y hace bandera de esos valores, sin que nadie desde la izquierda la replique con contundencia y descubra la malignidad falsa de sus afirmaciones, con datos concretos que evidencien la perversidad de su concepto de libertad que beneficia a los ricos.

Desde la floración del discurso populista, fascista, parece que a los políticos e intelectuales de izquierda les produce reparo, repelús, meterse en ese jardín ideológico no vaya a ser que se arme la de San Quintín por recordar, con datos históricos —materia que los voceros del populismo desconocen casi por completo y por eso se la inventan con desparpajo torero—, que la libertad, igualdad y justicia social son esencia y patrimonio de la izquierda. Valores que siempre ha querido sojuzgar la derecha y la extrema derecha. Cierto que ese posible temor o dejación, pueda estar relacionado con la furia desatada por todas las fuerzas de la caverna ante la sensación de que les están cambiando su España, con medidas como la Ley de Memoria Democrática, sacar el cadáver del dictador del Valle de Cuelgamuros, el Impuesto Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones conforme al IPC, la reforma laboral, la Ley del solo Sí es Sí, o el impuesto a la banca y grandes energéticas por sus beneficios extraordinarios. Medidas que, entre otras, han supuesto un reconocimiento y ampliación de derechos para la ciudadanía que recortan zonas de privilegio y confort de los poderosos de siempre.

Pero, todo eso no basta sino va acompañado de un discurso, de un relato, del valor simbólico que inspira las medidas aprobadas, y las que vendrán, que las aúne y dé sentido colectivo, de izquierda, a la razón última por la que se adoptan. Sentido que no puede remitirse en exclusiva a los datos y las cifras; sino al efecto concreto que tienen en la vida de las personas y el beneficio que les procura, en línea con los valores clásicos de la izquierda: repartir y distribuir el poder y la riqueza que todavía acaparan determinados sectores y grupos sociales poderosos, en pos de una sociedad más justa.

En estos meses asistimos, como ejemplo palmario del cabreo de esos sectores, a la rebelión de los jueces y fiscales más conservadores del poder judicial, convertidos en una especie de Partido Judicial, que con desfachatez labora en favor de la estrategia del PP de acoso y derribo del presidente del Gobierno, amparados en el poder omnímodo del que gozan en sus juzgados. Ose encastillan contra la Constitución—como hace todo dictador— en las poltronas del CGPJ, para defender la mayoría conservadora que les permite seguir nombrando jueces conservadores en los más altos escalafones del poder judicial. El ultimátum del Presidente para que el PP se avenga en el plazo de un mes a la renovación o, de lo contrario, procederá a aprobar vía parlamentaria un recorte de su capacidad para seguir nombrando jueces en el Tribunal Supremo, es el recurso que queda ante la contumacia del PP a renovarlo con la connivencia de los vocales: incluidos los progresistas.

Pugna de sustancial calado democrático que, después de cinco años, no ha sido explicada, en su sentido y alcance público, al punto de que un sector de la izquierda la percibe como un foco más de ruido en el debate político, sin atisbar el valor trascendente que se esconde detrás, en cuanto a la mejora de la justicia y el propio sistema democrático, conforme a los valores de la izquierda. Igual sucede cuando el discurso progresista permanece inerme ante la estrategia de la derecha de acusar a la izquierda de los errores políticos que ella misma comete. Por ejemplo, nadie desde el Ejecutivo o los partidos que lo conforman, ha salido a rebatir, a desmentir, el mensaje genérico, sin pruebas y perverso, de la existencia de un foco de corrupción en el Gobierno y el entorno del Presidente, asentado en falsedades y sin pruebas. Resulta incomprensible que se pasen por alto estos mensajes, que dan verosimilitud a la máxima Goebeliana de que toda mentira repetida se convierte en verdad.

Establecer una relación regular de los partidos y organizaciones de izquierda con intelectuales, sindicatos, agrupaciones sociales, culturales y artistas progresistas con influencia social—como la hubo en los primeros años de la transición—, sin duda permitirá forjar un mensaje más sólido y nítidamente de izquierda. Igual de necesario es reforzar y coordinar los departamentos comunicación, en las distintas esferas de poder, para que los mensajes que se lanzan a la ciudadanía tengan un poso de pedagogía de izquierda, imprescindible, para aumentar el sentimiento de comunión fática entre la ciudadanía progresista que acabe con su orfandad discursiva, cuando se ven inmersos en debates políticos o sociales en su vida cotidiana. Solo así se sentirán integrados como agentes imprescindibles en la brega por una sociedad mejor que es necesario defender a diario y, en especial, los días señalados de elección de representantes políticos.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, Profesor Universitario y Doctor en Comunicación de Masas.

Hacer sindicalismo no es delito

En junio de 2023, una gran manifestación (más de 10.000 personas), recorría las calles de Madrid, desde San Bernardo hasta Atocha, (convocada por la CNT), al grito de «HACER SINDICALISMO NO ES DELITO».

El Juez de Instrucción Número 1 de Gijón había condenado a 6 sindicalistas de CNT (5 mujeres y 1 hombre) a 3,5 años de cárcel cada uno y al pago de 125.000€ de multa a su sindicato, la CNT. El Juez aplica estás condenas en base a dos delitos del Código Penal (obstrucción a la justicia y coacciones).

Condena a los sindicalistas a 3,5 años de cárcel, tratándoles como delincuentes comunes, desligando los hechos del ejercicio sindical a la vez que condena al sindicato al pago de 125.000€ de multa.

Hoy, el TRIBUNAL SUPREMO, ratifica la condena del Juez de Gijón y seis personas jóvenes verán truncadas sus vidas con un encarcelamiento de 3,5 años de prisión, porque son trabajadores que han tenido la osadía de defender los derechos de una compañera trabajadora de la pastelería «La Suiza» de Gijón, a la que se debían salarios a la vez que sufría acoso laboral por parte del jefe.

Con esta indignante noticia, pretendo zarandear las conciencias de toda la clase obrera de este país y de todas las organizaciones obreras, políticas y sindicales, para que se den cuenta de que en esta llamada democracia no hay ni Constitución ni leyes que nos protejan, siempre que cualquier juez conservador pueda retorcer los hechos para acomodarlos a su ideología.

Está sentencia es contra la clase trabajadora de este país y como tal debe entenderlo la clase trabajadora y sus organizaciones.

Ahora, los que pueden y deben hacer algo contra está ignominia, que hagan.

Yo me adhiero.

Carmen Alonso

Militante socialista (Trujillo-Cáceres)

Lo denuncia en su TikTok CGT Metal Madrid

¡No a la gran coalición!

El reciente acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del CGPJ ha despertado los viejos fantasmas sobre la «gran coalición», que provocó que las bases del partido, los y las militantes, se rebelaran contra una imposición de los «barones». Pedro Sánchez lideró entonces el «No es No» que le encumbró a la Secretaria General del PSOE, le permitió ganar la moción de censura al gobierno de M.Rajoy, y a alcanzar acuerdos de investidura para presidir el gobierno de España hasta el día de hoy.

Tras cinco años de incumplimiento constitucional del PP para la renovación del CGPJ, el PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo, con la mediación de Bruselas, para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, y para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Dicho acuerdo pone fin a más de 2000 días de bloqueo institucional, pero más allá de este hecho, el acuerdo ha sido saludado con estusiasmo por personajes como Aznar, Felipe González, o García Page, firmes defensores de la gran coalición. Empieza a correr la posibilidad de que PP y PSOE se pongan de acuerdo en otras cuestiones, ante las reticencias de los grupos que dieron apoyo a la investidura.

Los acuerdos son necesarios cuando hay partes enfrentadas…lo sabemos bien quienes hemos negociado en centros de trabajo…siempre que supongan un avance, pero ¿qué avance ha conseguido la mayoría social con este acuerdo? ¿qué nos jugamos si se materializara una gran coalición?

Los lectores de Tribuna Socialista podrán leer en la página siguiente los argumentos de valoración positiva que la dirección del PSOE ha emitido sobre el acuerdo de renovación del CGPJ. Sin embargo, el hecho de que la mitad de los vocales nombrados sean conservadores, no parece que refleje lo que la sociedad expresó en las urnas, y de hecho, el Tribunal Constitucional se refuerza con algunos de los jueces más contrarios a las resoluciones del gobierno de Pedro Sánchez, particularmente contra la ley de amnistía. Así pues, incumplir la constitución le sale muy rentable al PP que refuerza su peso en las instituciones del Estado.

Cuando en abril, Pedro Sánchez se retiró a reflexionar qué medidas tomar contra el lawfare, las difamaciones y la «máquina de fango» del PP y VOX, muchos militantes pensamos que se endurecerían las penas para los que intentaran alterar la democracia mediante falsedades o los que incurrieran en la utilización partidista de las instituciones del estado y que se promoverían medidas para inhabilitar a aquéllos jueces que incumplieran el mandato constitucional de neutralidad política. Nada de eso ha pasado, pero sin embargo se refuerza el peso político de derechas en los órganos de gobierno judicial.

Por tanto: ¡Alerta!. La gran cuestión no es este acuerdo puntual, sino la posible renuncia al «No, es no a la gran coalición» que Pedro Sánchez lideró para alcanzar la presidencia con el apoyo de la mayoría de grupos políticos antifranquistas.

Dejar fuera de juego a Vox no está mal, pero dejar fuera de juego a todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez tiene pinta de renuncia a la legislatura, o como mínimo, la renuncia a un gobierno de izquierda. Es decir, ¿que en aras a la estabilidad del Estado se renuncia a las políticas de izquierda? ¿Es que se está preparando una alternancia de gobierno?

La mayoría de la sociedad sigue necesitando medidas de progreso, de avance en derechos laborales y sociales, y de avances en materia de inversión en servicios públicos y en materia de calidad democrática y convivencia, y eso no nos lo va a proporcionar un acuerdo general con el PP,
Espero que no se materialice esta gran coalición tan negativa para el socialismo y para los intereses de la mayoría social. Toca estar alerta para reactivar el No es No, porque de lo contrario, el gobierno progresista se debilitaría hasta el punto de dejar morir la legislatura, ya veremos si poco a poco o de forma abrupta a partir del otoño.

Toca de nuevo apoyar a Pedro Sánchez frente a los franquistas, para que utilice su manual de resistencia, y se resista a la gran coalición y a las presiones que recibe para que se materialice.

Baltasar Santos
Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Acuerdo para la renovación del CGPJ y la reforma de la LOPJ y el Estatuto Fiscal

Bruselas, a 25 de junio de 2024

Con el fin de recuperar la normalidad institucional en el Consejo General del Poder Judicial y mejorar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes han llegado a los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se adjunta como Anexo I, donde:
(i) se refuerzan las garantías de independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional; (ii) se mejoran las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de la justicia; y (iii) se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.

Segundo.- Renovar el CGPJ conforme a una lista conjunta de candidatos de perfil profesional e independiente que se adjunta como Anexo II, que apoyarán los grupos parlamentarios firmantes en el Congreso y el Senado. También se incluye el candidato a la plaza vacante del Tribunal Constitucional que ha de nombrar el Senado. Las personas propuestas cumplirán ya los criterios de independencia e idoneidad establecidos en la Proposición de Ley Orgánica que se expone en el apartado anterior.

Tercero.- Ambos Grupos Parlamentarios se comprometen a presentar conjuntamente la Proposición de Ley adjunta como Anexo I y no tramitar ni apoyar ninguna enmienda a esa Proposición de Ley Orgánica que no vaya firmada conjuntamente.

Cuarto.- La Proposición de Ley Orgánica y los nombres de los candidatos propuestos al CGPJ se presentarán de forma conjunta en el registro de la cámara que corresponda.

Quinto.- Los grupos parlamentarios ordenarán el calendario de tal manera que la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica en el Congreso, los candidatos a vocales de Consejo General del Poder Judicial en el Congreso y en el Senado y el candidato a la vacante del Tribunal Constitucional se aprobarán en la misma semana del mes de julio, idealmente el mismo día.

Sexto.- El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquel que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley.

Félix Bolaños Diputado PSOE // Esteban González Pons Diputado PP

En representación de la Comisión Europea, que ha acompañado las conversaciones previas a este pacto, asiste a la firma de este acuerdo la Vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

Valoración del PSOE sobre el acuerdo para la renovación del CGPJ

PSOE y PP hemos alcanzado, con la mediación de la Comisión Europea, un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pone fin a una crisis constitucional de más de cinco años y que cumple con lo expuesto en el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, tal y como exigíamos los socialistas:

Se procederá a una renovación inmediata de los vocales del CGPJ y se tramitará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su independencia, estudiar posibles reformas y poner el mérito en el centro a la hora de realizar nombramientos.

En los próximos días el Congreso y el Senado procederán a elegir los veinte nuevos vocales del Consejo, restaurando así la Constitución en este órgano. Serán 20 vocales con una larga trayectoria y acreditado prestigio en el ámbito de la Justicia y el Derecho y con diferentes sensibilidades que representan a la sociedad española.

Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerzan valores esenciales de la Constitución: Desde ahora, se exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, como ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que mejorará el Servicio Público de Justicia y quitará incentivos para nuevos bloqueos como el que ha mantenido la derecha durante más de 2.000 días.

Se refuerza el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos. Y se encomienda al nuevo Consejo que elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado. Cualquier propuesta deberá partir de un amplio consenso, como el que tiene el modelo actual (aprobado en el año 2.000 por más del 90% del Congreso).

Esta renovación es buena para todos:

Para la ciudadanía:

Restaura la confianza en la Justicia después de la crisis constitucional de más de cinco años y que afectaba gravemente a la percepción de su independencia, como muestra el Barómetro de Justicia de la UE.
Por cada año que no se renovaba el CGPJ, el Tribunal Supremo acumulaba mil asuntos de retraso.

Para jueces y magistrados:

Porque permitirá cubrir las plazas pendientes: más de 25 en el Tribunal Supremo (estaban vacantes más del 30%) y más de 70 en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.
Y permite que se vuelvan a producir nombramientos y que los jueces y magistrados puedan progresar en sus carreras, como demandaban las asociaciones judiciales tanto progresistas como conservadoras.
Se crearán 1.000 plazas de jueces y fiscales en los próximos 5 años.

Y para la economía:

El coste anual del bloqueo suponía 12,5M€ para las arcas públicas. El Gobierno estaba reforzando el Tribunal Supremo para evitar su colapso.
Y la solución de una crisis constitucional contribuirá a la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en España.

El PSOE está plenamente satisfecho con este acuerdo. Hemos estado cinco años intentando que el PP cumpliese la Constitución y, más de 2.000 días y 35 excusas diferentes después, lo hemos logrado. Esperamos que este acuerdo contribuya además a mejorar el clima político del país al subrayar la utilidad de una política útil basada en el diálogo y los acuerdos totalmente opuesta a las formas y las estrategias de la ultraderecha.

Combatir el lawfare construyendo democracia desde la educación

En los últimos tiempos, la desinformación y las fakenews se han convertido en un problema importante para las democracias en el mundo. La situación se ha agravado particularmente desde la pandemia que vivimos por COVID-19, que supuso un cambio radical en la forma de entender y usar las redes sociales y los medios digitales.Todo ello ha dado lugar a que en la actualidad se hable cada vez más de fenómenos,no reconocidos masivamente hasta hace unos años, como el “lawfare”. El término está conformado por “law” (ley) y “warfare” (guerra) empezando a usarse a finales del siglo XX, y teniendo tintes claramente militaristas. Según recoge la FundéuRAE, el término lawfare en el ámbito político hace referencia al uso de procedimientos judiciales «con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».

En los tiempos actuales está teniendo una gran repercusión para la visibilización dellawfarela situación vivida porel presidente del gobierno, Pedro Sánchez, orquestada a través de múltiples medios de comunicación que han difundido informaciones poco contrastadas e incluso intencionadamente falsas. Sin embargo, esta situación no es excepcional ni tampoco limitada al contexto español. Han sido numerosos los líderes y formaciones políticas progresistas que han sido vilipendiadas por parte de los organismos judiciales y determinados medios digitales, con el posterior archivo de las causas en todos los casos. Mónica Oltra, Ada Colau, Victoria Rosell, Isabel Serra, Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Antonio Rodrigo Torrijos yÓscar Reina. Son solo algunos de los nombresque han sufrido lawfare, probablemente por el único motivo de formar parte de fuerzas como Compromís, Comuns, Podemos, Izquierda Unidao el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Las democracias liberales vivieron su auge desde los años 60 del pasado siglo XX, sorteando múltiples crisis y sufriendo un deterioro notable en los últimos años en toda Europa. El Estado del Bienestar se tambalea, muchos derechos básicos recogidos en la Constitución no se cumplen, el empleo para los más jóvenes no es de una calidad suficiente ni merecida y los mecanismos de justicia social de los Estados cada vez tienen menos margen en el ámbito redistributivo. En este contexto, los discursos de extrema derecha se han sentido cada vez más legitimados cambiando el sentido común en torno a los valores democráticos.

En este momento y en base al contexto descrito, es imprescindible que comencemos a reivindicar el valor de la educación en dos de sus vertientes: como arma para combatir las fakenews y la desinformación, pero también como principal mecanismo para la construcción y el fortalecimiento de las democracias en el siglo XXI. La educación debe ser uno de los pilares másrelevantes para la formación mediática de la infancia y de los jóveneshacia el desarrollo de un pensamiento crítico y la detección de las informaciones falsas. Es imprescindible el desarrollo de competencias digitales entre los más jóvenes, pero también de compromiso cívico y democrático. Las generaciones de “nativos digitales” (personas que han nacido en la era digital, en lugar de haber adquirido familiaridad con los sistemas digitales como adultos) acceden cotidianamente a informaciones con apariencia de “neutralidad” y que como sabemos siempre tienen detrás importantes intereses económicos y/o políticos.Los sistemas educativos han de fortalecer sus centros públicos y comprender que además de transmitir conocimientos académicos, está en juego que lasfuturas generaciones adquieran competencias para convivir en un entorno de consumo volátil de la información que les empuja a pensar rápido, sin diálogo y sin reflexión.

Para afrontar este gran desafío, la educación para el siglo XXI deberá transformarse de forma íntegra. Por un lado, el profesorado ha de formarse al respecto y los planes formativos iniciales y permanentes deben incluir esta temática como un eje docente central. Por otro lado, las familias también deberán formarse, a través de la propia educación pública, para comprender el alcance del desafío que estamos afrontando. Para todo ello es imprescindible dotar de recursos humanos y materiales a las instituciones educativas públicas.En este sentido, ya existen herramientas y profesionales que están trabajando en esta dirección: “Educar en el aula sobre fakenews” o “Con las fakenews no se juega”. Se trata de dos títulos diseñados por Jacqueline Sánchez y Enrique Martínez, que han editado sendos manuales con los que acercan a menores y docentes el concepto de las fakenews, su identificación y como defenderse de ellas.

Cada día que pasa se hace más prioritario que la educación pueda contribuira construir un nuevo modelo social para el futuro, en el cual se ponga en valor el papel de la ciudadanía para reivindicar y sostener los valores democráticos, de progreso y justicia social.Todo ello es incompatible con ciertas prácticas y dinámicas que han ido penetrando en el ámbito político, mediático y judicial, afectando a la convivencia, la opinión y el ejercicio de la ciudadanía en toda su plenitud. El lawfare ejercido sobre grandes líderes pertenecientes a ciertas formaciones políticas es un síntoma grave, pero que solo representa la “punta del iceberg” de un gran deterioro de las democracias liberales.Recientemente,tras las elecciones al Parlamento Europeo hemos acudido a otro alarmante hecho, evidenciándose que un “grupo elector” puede obtener 800.000 votos en nuestro país basando su discurso en la desinformación y el populismo ultraderechista más conspiranoico (valiéndose de unos aparentemente inofensivos canales de Telegram, Youtube y perfiles en otras redes sociales). Precisamente son estos canales de transmisión de contenidos, aparentemente independientes, los que más repercusión tienen en la socialización y adquisición de ideas por parte de los más jóvenes. Los nuevos y cada vez mayores desafíos y amenazas a la democracia, requieren de una educación pública que promueva en las futuras generaciones competencias cívicas para el ejercicio pleno de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Autor: Tribuna Socialista

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