Homenaje a Andreu Nin en el Vendrell con motivo del 132º aniversario de su nacimiento

El pasado 4 de febrero tuvo lugar en el Vendrell (Tarragona), una tertulia sobre la figura de Andreu Nin, y las diferentes facetas de su vida, desde la infancia, hasta su activismo político trotskista por el que fue asesinado.

La explicación fue a cargo de Ernest Benito (profesor, investigador de la figura de Andreu Nin y miembro de la Fundación Andreu Nin), que presentaba su libro «Qui era Andreu Nin” en el que se recogen artículos que con diferentes pseudónimos, publicó a la prensa el político e intelectual vendrellense.

La obra muestra un ámbito muy desconocido hasta ahora de Nin. Ernest Benito ha treballat anys en la recerca d’escrits d’Andreu Nin. Josep Mañé moderarà la tertúlia.

El campo de concentración de Sachsenhausen

Este mes de febrero, los jóvenes del Instituto Baix Penedés del Vendrell han visitado el campo de concentración de Sachsenhausen donde estuvo prisionero el lider socialista y expresidente de la II República Largo Caballero.

El campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado en la población de Oranienburg, en Brandeburgo, Alemania, fue construido por los nazis en 1936 para confinar o liquidar masivamente a opositores políticos, judíos, gitanos, homosexuales y también prisioneros de guerra. Los nazis explotaron en este campo a más de 140000 prisioneros. Entre ellos, al expresidente de la II República, Secretario general de la UGT y del PSOE, Francisco Largo Caballero. Unos 50.000 prisioneros fueron asesinados.

Las tropas soviéticas liberaron el campo el 22 de abril de 1945, exactamente a las 11:08 (hora que siempre marca el reloj actualmente en el campo de concentración en conmemoración a la liberación).

Más información sobre los republicanos retenidos en Sachsenhausen:
https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2021/03/Sachsenhausen.pdf

8M: Apoyar la resistencia palestina es preservar el significado del Dia Internacional de la Mujer Trabajadora

El exterminio en Palestina tiene rostro de mujer. Con los datos de febrero de 2024 se han asesinado 12.000 niños y niñas y 8.190 mujeres. De las 7000 personas desaparecidas, el 70% son mujeres, niños y niñas.

Mujeres que pierden a sus familiares, que son detenidas y víctimas de todo tipo de violencia. Muchas enviudan o pierden a sus hijos e hijas. Absolutamente todas enfrentan esta situación con actitud de resistencia activa. Su sufrimiento suele ser ignorado o directamente silenciado. Son detenidas e interrogadas, sometidas a violencia, tortura y vejaciones, lo que ha provocado hasta la muerte de algunas de ellas, trabajadoras de todos los ámbitos y sectores: periodistas, poetas, escritoras, artistas, médicas, deportistas, docentes… Mujeres de cuatro generaciones han sido asesinadas junto a sus hijas e hijos.

Mujeres a las que han tenido que practicar cesáreas sin anestesia, curar heridas con vinagre doméstico, realizar operaciones sin luz al amparo de teléfonos móviles, criaturas que nacen prematuras y con bajo peso, y mujeres que contraen infecciones y mueren por complicaciones. 60.000 embarazadas darán a luz en estas condiciones en los próximos meses.

Ya sea como enfermeras, cuidadoras, madres, hijas, espías o combatientes activas, las mujeres han sido parte de los conflictos a lo largo de la historia. Además de tener que velar por la alimentación y la supervivencia de sus familias, encontrando el sustento y la atención médica necesarias en una situación de pobreza, pérdida de trabajo y destrucción del hogar. Hoy 14.000 unidades familiares dependen de las mujeres palestinas.

Después de haber bombardeado las ambulancias, las escuelas, las panaderías, los lugares de culto, los tanques de agua y los paneles de energía, y luego de haber aislado a Gaza del mundo exterior cortando Internet y los medios de comunicación, 30 hospitales y 53 centros de salud quedaron fuera de servicio, 150 instituciones de salud fueron parcialmente atacadas por Israel, hoy en día los vemos bombardeando cualquier recurso de vida en Gaza.

Por otra parte está siendo atacado el sistema educativo, otro sector feminizado, por pertenecer al rol de cuidado atribuidos culturalmente a las mujeres, en el que están siendo asesinadas trabajadoras y que ha sido especial objeto del genocidio mediante la destrucción de todas las universidades, bombardeo de las escuelas e institutos asesinando centenares de docentes.

Las que tomaron la decisión de reunirse en los centros sindicales cuando miles de trabajadores fueron detenidos y enviados a campos de trabajo o asesinados directamente, fueron detenidas, torturadas, vejadas y asesinadas.

El día 8 de marzo se celebra el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA porque en marzo de 1911 la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas así lo decidió, para honrar a las mujeres que lucharon y luchan por la emancipación de los trabajadores y por tanto por su propia liberación de la doble opresión y explotación. Explotadas como cualquier trabajador y oprimidas por el hecho de ser mujeres.

Nos indignamos frente al silencio o al cinismo de la dirección de las organizaciones que dicen defender los derechos de las mujeres y participan en la política de genocidio.

HOY NO HAY 8 DE MARZO SIN APOYAR A LAS MUJERES PALESTINAS
EXIGIMOS EL FIN DE LA MASACRE Y EL EXTERMINIO

EXIGIMOS EL ALTO EL FUEGO INMEDIATO Y PERMANENTE
Y LA RUPTURA DE TODAS LAS RELACIONES CON ISRAEL

Elecciones autonómicas en Galicia 18 de febrero 2024

Las expectativas y esperanzas poco fundadas han llevado a una abultada decepción en la izquierda, en Galicia, en general y muy particularmente en el mundo socialista del PSOE. Estos son los datos de las elecciones del 18 de febrero, comparativos con las celebradas el 12 de julio de 2020:

El análisis cuantitativo deja claro que el PSdG ha caído en diputados (-5), porque ha caído en votos (-46.059), a pesar de que la participación ha sido 12 puntos superior.

El PP ha crecido en votos, pero, aún así, ha bajado en diputados, aunque esto no le hace perder la mayoría absoluta, que en la Xunta está en 38 diputados. Tendría que haber perdido 3 diputados más para no tener mayoría absoluta por quinta vez consecutiva: 38 diputados en 2009; 41 en 2012; 41 en 2016; 42 en 2020; y los 40 de ahora.

El único Partido que ha ganado sustancialmente, tanto en votos como en diputados, ha sido el BNG, que ha obtenido un crecimiento del 50% sobre los votos de los anteriores comicios, lo que le ha proporcionado 6 diputados más, si bien, a efectos prácticos de la aritmética parlamentaria gallega poco cambia.

Todas las elecciones territoriales tienen sus particularidades. Sin embargo, tanto en Madrid, como en Euskadi, como en Galicia, el PSOE no solo no gana las elecciones, sino que además ha dejado de ser la fuerza de izquierdas más representativa, en favor de Más Madrid, Bildu o BNG, respectivamente.

No olvidemos que estas elecciones han sido anticipadas 6 meses porque así lo decidió Feijóo. Posiblemente, porque tras su fracaso en la investidura en septiembre del año pasado necesitaba revalorizarse en el seno de su propio Partido, en el que las ambiciones personales están a flor de piel.

Desde nuestro punto de vista, el debate sobre la Ley de Amnistía no ha sido determinante en el resultado; el PP gana por mayoría absoluta desde 2009 y no llevamos 15 años discutiendo de amnistía. Además, si este fuese un asunto determinante para el electorado gallego, el BNG, que apoya la amnistía, no hubiese obtenido los resultados tan positivos que ha recibido en las urnas. Por mucho que el pueblo gallego tenga su idiosincrasia, como cada pueblo del Estado español, está incluido en el barómetro del CIS de enero que dice que la amnistía solo está entre las tres primeras preocupaciones para el 2,3% de la población.

Desde luego que toca pensar por qué el PSdG-PSOE ha caído de manera tan abultada.

Un hecho objetivo, que no ayuda, es el que en estos 15 años pasados el Partido Socialista en Galicia ha tenido 5 secretarios generales diferentes y 4 candidatos distintos. Es evidente que esto no es lo mejor para consolidar un proyecto en un territorio en el que, además, el nacionalismo se sitúa en el mismo espectro ideológico, la izquierda. Si a esto se le añade la forma en la que se quitan y se ponen los líderes en el PSOE, en general, por ungimiento del líder federal, tenemos otro factor que contribuye al fracaso, como es la desafección de las bases militantes hacia las decisiones de las direcciones. El PP no es más democrático a la hora de imponer a sus líderes, a quienes incluso fulmina.

Por otra parte, está la estrategia. Se dice que las elecciones en Galicia las ganan, para el PP, las y los alcaldes. A este respecto hay que saber que de las 146 alcaldía que tiene el PP, sobre 300, solo el 17% son alcaldesas, el 22% en el PSOE y el 34% en el BNG -sirva esta información añadida como mensaje de cara al cercano 8-M-.

Lo anterior, además del sesgo machista, nos dice que el PP tiene el 48,66% del poder municipal, una base muy sólida para optar a la mayoría absoluta en la Xunta y las diputaciones. Este poder municipal, los gallegos y gallegas lo conocen de cerca, se ejerce con un alto grado de caciquismo. En los concellos, a los jóvenes que aún quedan en la Galicia del interior, les es más fácil encontrar empleo en los ayuntamientos -en el mantenimiento de carreteras y cunetas, en las subcontratas municipales, etc- si dan garantías de votar al Partido del alcalde. Cada cual que saque sus conclusiones y/o contraste este hecho. Esto no pretende ser excusa justificativa de los malos resultados socialistas.

No debemos dejar de observar que el porrazo electoral no solo se lo ha dado el PSdG-PSOE, también lo han sufrido, más si cabe, Podemos y Sumar que, en 2020, los primeros se presentaron como Podemos IU ANOVA y parte de los hoy Sumar Galicia eran En Marea, entre ambos han perdido 54.513 votos. Hacemos mención a estos partidos, pues, junto al PSOE han conformado los gobiernos de coalición pasado y actual.

El contenido de los programas y las campañas puede explicar por qué, a pesar de que la participación a crecido un 12%, la abstención es del 39%. De los 500.000 gallegos y gallegas que viven en el extranjero, pero que están censados en Galicia, solo ha votado el 6%. Además, tanto el voto nulo y el blanco suman un 1% del censo y han crecido un 16% y un 9%, respectivamente. Volviendo al barómetro del CIS del mes de enero, la pregunta nº 8 decía: ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, el resultado no dejó lugar a la duda:

1º.- La crisis económica, los problemas de índole económica, con un 37%.

2º.- La sanidad, con un 17,6%

3º.- Los problemas relacionados con la calidad del empleo, con un 14,1%

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones que contrasta con los multimillonarios beneficios de las grandes empresas de la energía o del sector financiero. Los efectos de la privatización de la sanidad pública, y la precarización de las condiciones de vida y trabajo, por supuesto la ausencia de puesto de trabajo. Estas son las preocupaciones, que más bien poco han pesado en las propuestas de los partidos.

A lo anterior, hay que añadir los incumplimientos de promesas electorales, incluso legales, de los partidos mencionados que han formado y forman parte del Gobierno de coalición anterior y el actual. Incumplimientos tales como la no derogación de todos los elementos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012, de ahí que la precariedad y la inseguridad en el empleo esté cronificada. Estos partidos y sus socios parlamentarios de izquierdas han sido incapaces de derogar la “Ley Mordaza”. Y unos y otros, a fecha de hoy, mantienen el incumplimiento de la Ley 21/2021, en su Disposición Transitoria sexta, encargar una Auditoría a las Cuentas de la Seguridad Social.

Estas cuestiones, señaladas a modo de ejemplo, afectan al electorado en Galicia, en Murcia, en Cataluña en Huelva y en Madrid, así como en los demás territorios que componen este Estado plural.

Si las elecciones se dirimen en las acusaciones y las campañas de desprestigio del contario, es entendible, aunque no se comparta, por qué más de un tercio del electorado que el día 18-F se quedó en casa.

Si a las imposiciones desde arriba le sumamos que las bases de afiliados se sienten “pagacuotas”, meros costaleros a los que se les llama para ir a las mesas electorales y poco más, y le añadimos la falta de consolidación de proyectos y la desventaja en el poder municipal, pensamos que hay ingredientes suficientes como para que la Ejecutiva Federal del PSOE y los demás partidos de la izquierda no nacionalista se lo hagan mirar.

Recuperar las propuestas netamente de izquierdas es absolutamente imprescindible para recuperar la confianza de la mayoría social en cada región y que como clase trabajadora tengamos una referencia clara.

El Comité de Redacción

Desde dónde nace esta amnistía y qué implica

Por Safira Cantos Salah

Esta amnistía no nace como plan de acción política del gobierno para mejorar la convivencia en Cataluña, sino de la estricta necesidad de reunir los votos necesarios para la investidura. Ante lo que cabe preguntarse: ¿acaso no es legítimo negociar y ceder en asuntos no contenidos en el programa electoral para reunir la mayoría necesaria para formar gobierno? Es evidente que la negociación política es legítima y signo de normalidad democrática, ahora bien ¿sin límite alguno? ¿Se pueden poner en juego en esta negociación principios esenciales de un Estado democrático de derecho?

Hemos asistido a un viraje radical en la postura sostenida por el PSOE hasta el mismo momento de las elecciones en que había negado de manera expresa, contundente e insistente la posibilidad de una amnistía. Esto no hace sino degradar aún más el valor de la palabra en política, la credibilidad de quienes deben generar confianza.

La amnistía es una medida excepcional en un Estado democrático y social de derecho porque supone: 1 ) una excepción al carácter general que debe tener la ley (es una ley a la medida para un determinado contexto); 2) una excepción al principio de igualdad (se deja de aplicar el marco jurídico general por razones ideológicas mientras esos mismos hechos para el común del resto de la ciudadanía siguen teniendo aparejadas sanciones penales o administrativas); 3) supone una excepción dentro de la separación de poderes: lo dictado por jueces y tribunales queda sin efecto. Es más, supone impedir la continuidad de cualquier investigación administrativa, contable (Tribunal de Cuentas) y penal, lo que impedirá por ej.: seguir investigando la malversación de fondos.

Las amnistías -como ya sabemos ni previstas ni prohibidas expresamente por nuestra Constitución-

están asociadas a contextos excepcionales de transición (por ej., de régimen político tras un conflicto armado) como medida para alcanzar normalidad democrática y social. ¿Se está entonces asumiendo, como defiende Junts, la inexistencia de normalidad democrática en la respuesta a los graves hechos relacionados con el procés? Respetando la aspiración territorial que podamos tener cada quien, lo cierto es que las autoridades catalanas decidieron actuar al margen absoluto del marco de un Estado democrático y de derecho; cuando precisamente una de las funciones de la ley debe ser hacer de dique de contención al abuso de poder.

Una amnistía que pretendiera contribuir a la convivencia buscaría el mayor consenso político, no se tramitaría en el Parlamento por el procedimiento de urgencia y se haría desde la honestidad de los diversos discursos políticos y no justificándola como si viviéramos “realidades paralelas”. Atender así las exigencias de un grupo político minoritario para contar con sus votos, es un riesgo claro de que devenga finalmente más como arma de chantaje que de consenso; pues ni siquiera ha existido desde quienes la exigen un compromiso para favorecer la convivencia, respetando también a quienes son catalanes no independentistas.

No menos preocupante es plantear la cuestión bajo el dilema de amnistía o derechos sociales; como si no pudiéramos -y debiéramos- aspirar a fortalecer la protección de los mismos al mismo tiempo que salvaguardamos nuestro sistema jurídico e institucional, que a la postre es el que debe garantizar en el futuro los derechos, incluidos los sociales.

En todo caso, está en nuestras manos, en las de cada persona, no contribuir a erosionar más la convivencia, sino ser capaces de dialogar sin concebir al discrepante como un adversario social. Ahí deseo seguir estando y dialogando.

Safira Cantos Salah
Directora General de la Fundación Hay Derecho

Respondiendo a lo que este acto plantea

Creo que lo primero que tenemos es que contestar a la pregunta de la convocatoria, la amnistía que se está planteando es para el entendimiento o para la confrontación. No es un tema de juicio de intenciones, es compartir el sentido profundo de la misma palabra Amnistía y para ello vamos a la definición que hace María Moliner y la misma RAE que tiene el mismo sentido: “Perdón decretado por el Gobierno para ciertos delitos particularmente políticos”. Ahí están todas las claves, es un perdón sobre un delito. Ello anula parte del griterío mediático y político que se ha establecido alrededor de la amnistía. Por supuesto, toda amnistía se realiza sobre alguien que ha delinquido: Marcelino Camacho era un delincuente para el TOP, los evasores fiscales son delincuentes económicos, Menahet Begin era un terrorista sionista y yo mismo que soy un amnistiado del 77, era un convicto y confeso delincuente.

La segunda cuestión es que estamos impregnados de la concepción judeocristiana del castigo y del perdón, del ojo por ojo y diente por diente, que es algo totalmente ajeno a la convivencia democrática en un estado de Derecho y apela a los elementos viscerales más primarios.

Pero la discusión de la amnistía hace aflorar algunos problemas profundos de nuestro sistema político. ¿Por qué en 45 años no se ha podido avanzar seriamente en el encuentro entre comunidades nacionales diversas?, ¿por qué siempre que se ha intentado una vía de dialogo y de confraternización, siempre surge la cantinela del España se rompe? cuando no se manifiesta una evidente catalanofobia que pervive desde hace más de 150 años, recordar el ¡ ¡ A por ellos, oe, oe!!!. Y ahí surge otro tema fundamental: el inmovilismo de nuestro sistema constitucional, en 45 años sólo ha

habido 3 reformas constitucionales, una por adecuación a Europa, otra la más reciente por corregir una aberración social respecto a la denominación de las personas con discapacidad y la otra el 135 para introducir las exigencias neoliberales en la Carta Magna. Ello refleja una incapacidad de nuestro sistema institucional en irse adaptando a las nuevas exigencias de los tiempos, mientras los países de nuestro entorno han acometido algunas decenas de cambios constitucionales. Y una de las claves de esta esclerosis es el inmovilismo de una derecha que no quiere ningún avance en materia social y democrática y que han sido los mayores creadores de independentismo.

Es evidente que el crecimiento del independentismo ha venido determinado por la incapacidad para asumir la realidad plurinacional del Estado Español, en lugar de discutir y demostrar a la población que la independencia no es una buena solución para el conjunto de los pueblos, la respuesta ha sido desconocer la voluntad del pueblo catalán manifestada en el referéndum del Estatut del 2012, acompañada de campañas contra los productos catalanes y recogidas de formas, y recursos al Constitucional.

El proyecto de Ley de Amnistía ni fractura el Estado social y democrático de derecho, ni rompe la separación de poderes, ni afecta a la igualdad de los ciudadanos y se desarrolla bajo todos los cauces legales pertinentes. El resto es ruido y agitación contra el Gobierno de coalición progresista que hoy será el tema de la amnistía y mañana el que surja para deteriorar el avance social y democrático. Es un momento para que el conjunto de la ciudadanía avance en el entendimiento democrático y profundice en los derechos y libertades en todo el país.

Enrique del Olmo García
Sociólogo Presidente de la Fundación Andreu Nin

Regresar al futuro

Por Gloria Elizo Serrano

Deberíamos empezar diciendo que básicamente una amnistía es un procedimiento de naturaleza política para devolver al espacio de la acción pública a los actores políticos expulsados de su acceso a ella por mor de un procedimiento penal que ha considerado delictiva su actividad política.

Nuestra historia, lo sabemos, está llena de ejemplos de esa tendencia a expulsar y excluir otras visiones y otras formas de entender España a base de usar la Justicia para convertir en enemigos públicos a los que pensaban diferente ! los herejes, la antiespaña, los rojoseparatistas, los traidores a la patria! , pero también de ejemplos de reconciliación, de visiones integradoras que, desde un sistema constitucional abierto y garantista, devuelve al diálogo, a la negociación y a la democracia las diferencias políticas.

Y por eso, cada vez que en España se recobra la democracia, la Constitución y las libertades, es necesario empezar haciendo una amnistía.

En el caso en el que nos encontramos la situación no fue tan grave, pero si lo fue la tendencia, el haber iniciado un camino en el que el Código Penal, los tribunales, la policía política, los medios afines, etc. se usaron para colocar fuera de la Ley a un gran número de representantes y actores políticos y para enviar a la cárcel a algunos de ellos, iniciando una deriva muy peligrosa para nuestra democracia.

Desandar ese camino político, volver a la posición de la democracia integradora, restablecer el discurso político en y con Catalunya precisa, por desgracia, de una acción política absolutamente constitucional como es la amnistía.

Porque estos sucesos, esta Amnistía, no se pueden entender sin recordar la grave crisis económica del 2008 creada por la especulación financiera internacional, la sucesión de recortes unida a los casos de corrupción que asolaron Catalunya y toda España, así como grave Sentencia del Tribunal del Constitucional del 2010 que deslegitimó al pueblo catalán echando por tierra un Estatuto igual al de tantos otros lugares y ya ratificado en referéndum.

No se puede entender sin los intereses cruzados de los dirigentes políticos de la derecha en Catalunya y la dirección política de la derecha en el gobierno del Estado, empeñados ambos en “hablar de otra cosa” que no fueran los recortes, los abusos, la corrupción sistémica y las desviaciones de poder.

Luego vendrían las escuchas ilegales por parte del Estado, la fabricación de informes de la policía política, las mentiras de los periodistas mercenarios, la utilización del Tribunal Constitucional como si fuera un Juzgado de Instancia, el Tribunal Supremo fantaseando con el juez ad quo, los hechos y su encaje penal.

Y sobre todo se impuso el relato del nacionalismo excluyente, la conocida táctica de dibujar un enemigo interno al que hay que extirpar presentándose como adalid de la defensa de la verdadera nación… incluyendo de paso ! como siempre! las habituales políticas regresivas, la corrupción sistemática con los actores económicos cercanos y la restricción a las libertades de la gente.

Y por eso, por esa estrategia nefasta y cortoplacista es necesario ahora retroceder a la encrucijada donde nuestro sistema equivocó el camino de la democracia para dejarse arrastrar por el camino de la exclusión.

Puede parecer una exageración, un aviso o una tendencia. Pero hoy, al igual que en 1977, ante el avance de los discursos de la extrema derecha, tenemos que elegir en qué sistema político queremos vivir. Si en uno en el que los adversarios políticos son enemigos de la patria y hay que excluirlos penalmente, o en una democracia inclusiva y plural donde partidos que no comparten su visión política pueden firmar un acuerdo reconociéndose como existentes, diferentes y respetuosos de esas diferencias.

Y para eso es necesaria esta amnistía.

El Partido Popular está en su perfecto derecho de criticar los programas, las posiciones y los pactos para formar gobierno de Pedro Sánchez, de intentar incluso que olvidemos que son los mismos pactos que Feijoo no ha podido llevar a cabo por culpa de su mochila excluyente.

Pero la amnistía es incluso una oportunidad para que, andando el tiempo, el propio Partido Popular pueda volver al espacio constitucional y al dialogo con ese nacionalismo de derechas con el que ya Aznar hablaba en catalán en la intimidad.

Amnistía para el entendimientoo para la confrontación

El pasado día 9, en el Ateneo de Madrid, se celebró un acto bajo el título “Amnistía para el entendimiento o para la confrontación”, organizado por la Asociación Trabajo y Democracia. ASTRADE decidió iniciar el año sometiendo a debate la ley de Amnistía que propone el Gobierno de Pedro Sánchez, en continuidad con otras iniciativas habidas este pasado año, como el “Documento impulsado por Tribuna Socialista” firmado por 300 militantes del PSOE y dirigido al Grupo Parlamentario Socialista y a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, entregado a los destinatarios el 4 de octubre, coincidiendo en el tiempo con la feroz campaña de Felipe González, y otros, en contra de un proceso para la resolución del conflicto con Cataluña por la vía de una Amnistía. O el documento “Redoblar la lucha por la Amnistía”, producto del debate mantenido el 27 de noviembre en la librería Blanquerna, en Madrid, promovido por el Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), al que ya se han adherido más de 160 militantes políticos y sindicales de distintas organizaciones. El acto del Ateneo fue muy concurrido, llenando la sala Úbeda, y en él pudieron tomar la palabra los asistentes que así lo decidieron.

Quienes intervinieron desde la Mesa abordaron el tema desde una doble óptica: jurídica y política, exponiendo argumentos a favor y en contra del proceso de Amnistía, si bien, el sentir mayoritario, tanto entre los ponentes como entre los asistentes, fue de apoyo a la ley de Amnistía que está en su inicio del trámite parlamentario.

La Amnistía ha llegado como fórmula para desatascar la investidura. Feijóo no pudo convencer a Junts, ni a PNV para que lo apoyaran, pues en el paquete iba VOX amenazando con disolver los partidos nacionalistas y representando, tanto VOX como PP, a lo más profundo del franquismo no erradicado en nuestro país, buen ejemplo de ello es Manuel García- Castellón, juez de la Audiencia Nacional y digno heredero del TOP. Por su parte, Pedro Sánchez ha encontrado en la Amnistía una fórmula para poner de acuerdo al resto de partidos parlamentarios en iniciar la marcha de la legislatura e intentar resolver el conflicto derivado de las represivas políticas del PP en la década pasada, pues, parafraseando al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres: “El conflicto en Cataluña no surge de la nada”. No debemos olvidar la brutal campaña de la derecha contra el Estatut de Catalunya que aprobaron las Cortes, el Parlament y un referéndum en Cataluña, pero que fue truncado en 2010 por el Tribunal Constitucional. Esta es la antesala del conflicto de octubre de 2017, que se quiso resolver “echando gasolina al fuego”, alentando el “A por ellos”, sin decirlo expresamente, por Felipe VI en su lamentable discurso del 3 de octubre y con la respuesta policial del Gobierno de Rajoy, respuesta complementada por los magistrados afines a la derecha.

La Amnistía, por tanto, tiene que servir para reparar las tropelías democráticas del Gobierno del PP entre 2012 y 2018 contra miles de ciudadanos en Cataluña, no solo para los políticos catalanes que sufrieron cárcel o sobre los que aún pesan encausamientos judiciales.

Además, en mi opinión, es una puerta que se abre para avanzar en dar encaje y normalizar la pluralidad del Estado español en su composición y no un concepto cerrado de nación española, es decir un país sometido a una ideología nacionalista centralizadora y excluyente, anclada en el “España, Una Grande y Libre”, siendo la grandeza y la libertad más que discutibles, tal como las continúa interpretando la derecha de nuestro país.

La clausura del acto corrió a cargo del presidente de ASTRADE, Eduardo Hernández.

Roberto Tornamira
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE
En los siguientes enlaces, añadimos tres artículos que resumen la posición ante la amnistía, que a fecha de cierre de esta edición nos han hecho llegar tres de los intervinientes en el acto:

Gloria Elizo Serrano

Enrique del Olmo García

Safira Cantos Salah

La clase trabajadora argentina en lucha

Huelga general del 24 enero

La clase trabajadora de Argentina se defiende de los ataques neoliberales de Milei con su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley Ómnibus (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos). Estas brutales medidas, que ponen Argentina al servicio del capital financiero se están debatiendo en sede parlamentaria y por ello, los trabajadores argentinos, con la iniciativa de la CGT y la CTA convocaron movilizaciones y huelga general para el 24 de enero.

Las medidas del decreto atentan contra la economía popular, los derechos sociales y laborales, las privatizaciones y van acompañadas del intento de imponer un «régimen de excepción», que concentraría el poder en la presidencia de la República hasta 2025, que puede prorrogarse hasta el final del mandato de Milei. Por ello, decenas de organizacions políticas, sociales, culturales y de toda índole han secundado esta movilización y firmado un documento en el que además de la retirada del decreto se demanda:

  • Suspensión del pago de la deuda externa. Anulación del acuerdo con el FMI
  • Para derrotar a la inflación, congelación de precios y control a las grandes empresas formadoras de precios en la producción y la distribución de los productos de la canasta básica, de la energía y del transporte
  • Recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes, las vías navegables y el control del comercio exterior
  • Recuperación inmediata de salarios y jubilaciones. Contra los despidos. Contra la derogación de la Ley de Alquileres y los desalojos. Contra la represión y las detenciones que atacan las luchas populares

Desde Tribuna Socialista nos solidarizamos con la movilización de la clase trabajadora argentina y saludamos con satisfacció las concentraciones que el día 24 convocaron UGT y CCOO ante las embajadas argentinas en diversas ciudades de España.

Como ya hemos comentado en números anteriores, la «libertad» que venía proclamando Milei no es otra que la libertad para las empresas elevado a su grado máximo, con privatizaciones, la abolición de derechos, represión y recortes en políticas sociales. Al final, tal y como reza en la pancarta de la imagen, la «casta» es el pueblo.

En la fecha de redacción de este artículo, pocos medios de comunicación se han hecho eco de la movilización, pero la realidad es que el apoyo social a Milei merma día a día en Argentina, al tiempo que crece la oposición activa a sus políticas. Cerca de 1 ,5 millones de personas, a pesar de las amenazas represivas y de la fuerte presencia policial han participado en la huelga y en unas manifestaciones que son solo el inicio de la resistencia del pueblo argentino ante las atrocidades del gobierno Milei contra los derechos y las conquistas de la mayoría social en Argentina.

Montserrat Salvatierra
Militante PSC El Vendrell

¡Alto al Genocidio! ¡Alto el fuego inmediato!

Crónica de la movilización en Madrid, 27 de enero de 2024

A pesar del vergonzante silencio de los medios de comunicación, y de las trabas que la Manifestación del día 27 ha encontrado en su camino, ha sido un éxito rotundo. Decenas de miles de personas han salido a la calle para exigir que pare de una vez la matanza de palestinos en Gaza; se ha superado la cifra de 26.000 muertos, a los que en su momento habrá que añadir los miles de desaparecidos bajo los escombros.

Muchos y muchas manifestantes se han desplazado a Madrid desde Andalucía, País Valenciano, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León, Euskadi…, había gente de distintos territorios del Estado español.

Se han coreado lemas señalando a Netanyahu como criminal, denunciando la complicidad de los Estados Unidos y Reino Unido con los crímenes de guerra que se comenten cada día en la Franja de Gaza, desde hace tres meses. También se ha aludido al Gobierno español, exigiendo que se ponga fin al mercado de armas entre España e Israel, pidiendo la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado israelí por su acción asesina contra mujeres, niños y niñas y civiles en general, por la destrucción de la red hospitalaria que, aunque precaria, había en Gaza, por el crimen de lesa humanidad que se está cometiendo al cercenar los suministros de alimentos, agua y medicamentos.

Este éxito de convocatoria se debe al esfuerzo que han puesto en la organización y difusión las 192 organizaciones convocantes, colectivos diversos como el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), el espacio Vecinas y Vecinos de Pueblos y Barrios de Madrid, colectivos en Defensa de la Sanidad Pública, partidos, sindicatos, etc. Todos han colaborado con las asociaciones y colectivos palestinos, verdadero motor de esta gran movilización y de otras que se han realizado desde el mes de octubre pasado.

Se ha echado de menos a las grandes organizaciones políticas y sindicales de nuestro país, sin que haya ningún género de duda de que entre los manifestantes había militantes sindicales y de partidos que no se han involucrado en la manifestación de hoy. Es necesario que, si la agresión continua, y nada apunta a que vaya a terminar en breve, las confederaciones sindicales mayoritarias y los partidos que componen el Gobierno, así como los que lo apoyan, llamen a una macro Manifestación estatal y unitaria. Son las organizaciones de referencia para millones de trabajadores y trabajadoras, para millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el Estado español.

En los distintos cortejos se ha comentado la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia (CI), máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya, en la que la CI pide a Israel que evite los ”actos de genocidio”, como si no los hubiese cometido ya, y olvida, este alto tribunal, ordenar el alto el fuego. En positivo, la CI ordena a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El sentir percibido es que se queda corta la decisión de la Corte Internacional de Justicia, a la vista de las muertes, la destrucción y el desplazamiento masivo que la reacción de Israel está teniendo.

Lo más importante, políticamente, es que es la primera vez que un alto tribunal de justicia internacional llama la atención a Israel, Estado que lleva demasiado tiempo ejerciendo de Estado terrorista, en los hechos, gracias al apoyo incondicional que hasta ahora le han venido prestando las distintas administraciones estadounidenses y los gobiernos de su “graciosa” majestad británica.

Es inaceptable que un Estado cometa los crímenes que a todas luces está cometiendo Israel y que los gobiernos de la Unión Europea estén inactivos y en silencio, más allá de balbucear, de vez en cuando, palabras que apelan genéricamente al respeto de los Derechos Humanos.

Pascual Sánchez
Para Tribuna Socialista