Tribuna Socialista

Defendiendo las pensiones públicas

Un año más, el movimiento de pensionistas se ha echado a la calle para defender el Sistema Público de Pensiones, como lo lleva haciendo desde que el gobierno del PP, presidido por M. Rajoy, reformará la Ley General de la Seguridad Social de 2013 y comenzase a revalorizar las pensiones con un ridículo 0,25%, haciendo perder poder adquisitivo a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país.

El sábado 25 de octubre miles de pensionistas, y también jóvenes trabajadores y trabajadoras conscientes de que llegará un día en que vivirán de su salario diferido, se desplazaron a Madrid desde distintas comunidades autónomas, para exigir que:

El Gobierno encargue una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley 21/2021.
El Estado deje de fomentar la privatización de las pensiones.
El fin de la brecha de género en salarios y pensiones.
La elevación de la pensión mínima al SMI.

Además de los lemas de la convocatoria, fue muy general el rechazo de los manifestantes al incremento de los gastos militares, que nadie duda, excepto el Gobierno, que irán en detrimento de los gastos sociales, como la Sanidad, las Educación, la Dependencia y las Pensiones públicas. Para entender esta preocupación, basta con ver las consecuencias de la gestión público-privada de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la gestión de las residencias en pandemia en Madrid, o el déficit de plazas en FP.

**Manifestantes pasando por la puerta del Congreso de los Diputados**

El Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan aprobaron la Ley 21/2021, publicada en el BOE del 28 de diciembre de 2021, bajo el título “garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones”.

Esta Ley modificó la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 58 para garantizar que el importe de las pensiones contributivas y de la pensión mínima se revalorizan con el IPC medio interanual. Y que si el IPC fuese negativo, como ocurrió por ejemplo en 2020, el importe de las pensiones no se reducirá.

Esta medida está bien, pero no garantiza que el poder de compra verdadero no se vea perjudicado, algo que saben bien las y los pensionistas sin necesidad de estadísticas ni estudios técnicos, pues tienen una experiencia empírica cada día que tienen que hacer la compra de los alimentos.

Los técnicos y los defensores a ultranza del Pacto de Toledo dirán que la garantía es técnicamente correcta, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen otra cosa. Por ejemplo, en IPC acumulado desde 2021 a 2024, ambos inclusive, es del 16,85% pero la revalorización de las pensiones ha sido en el mismo periodo del 15,20%. Este no sería el problema si el índice de referencia para la revalorización de las pensiones fuese el IPC de los productos habituales en el consumo de la mayoría de los y las pensionistas, por ejemplo: los alimentos. El IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha crecido en el cuatrienio 2021 – 2024 un 25,57%, con lo que, frente a la revalorización de las pensiones, estas han perdido un 10,37% de poder adquisitivo.

Otro elemento importantísimo de la Ley 21/2021 es el recogido en la Disposición Adicional Sexta, en la que el Gobierno asumía la obligación de encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

“En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de Auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social […]”

“Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

Este incumplimiento de la Ley, por parte del Gobierno de Coalición, lleva cuatro años silenciado por toda la prensa y por todos los partidos parlamentarios, pues el periodo que mandata la ley para dicha auditoría (1967 – 2019), afecta a todos los gobiernos, incluidos los últimos 8 años del franquismo.

Es posible que este silencio obedezca a los mismos motivos por los que nadie parece hacer hincapié en la devolución por parte de la banca de los 65.000 millones de euros que el Estado puso para su saneamiento más los 35.000 que el Estado español ha tenido que computar como deuda pública, por mandato de la Unión Europea, correspondiente al coste de los pisos de las entidades financieras agrupados en la Sareb.

La auditoría de a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en la Ley 21/2021, obedece a que el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020, puso de manifiesto que el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros, al pagar con dinero de las cotizaciones los complemento a mínimos que el Estado está obligado a pagar con dinero procedente de los impuestos. Poco tiempo después, el actual Gobernador del Banco de España, en sus funciones de ministro de la Seguridad Social, concretamente en abril de 2023, reconocía en la prensa económica que la deuda del Estado ascendía a más de 140.000 millones de euros, por los mismos motivos que los señalados por el Tribunal de Cuentas.

Esa tremenda cantidad de dinero, que se generó en el periodo 2013 -2018, será mucho mayor si el periodo de análisis es el que fija la Ley 21/2021: 1967 – 2019.

Si el Estado devolviese a la caja de las pensiones el dinero que, en palabras del tribunal de Cuentas: se ha utilizado indebidamente, la falsa discusión de la insostenibilidad de las pensiones públicas quedaría resuelto.

Hay que celebrar que cada año el movimiento de pensionistas recuerde este incumplimiento y reivindique el avance en igualdad del Sistema Público de Pensiones.

Pascual Sánchez

Socialista no afiliado.

Isabel Díaz Ayuso, yo fui torturado en la DGS

Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la DGS

Hace ahora 53 y 54 años que tuve la desgracia de visitar durante días los calabozos que existían bajo tu despacho, Isabel Díaz Ayuso.

Allí fui interrogado y torturado por los canallas de la Brigada Político Social, entre ellos el famoso Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el niño”.

No te cuento lo que allí me hicieron para no herir tu sensibilidad, pero supongo que al menos fue lo mismo que a los de Venezuela que tanto te preocupan. Los de aquí, algunos, aún seguimos con vida y recordamos aquellos terribles momentos.

Cada vez que he pasado por allí lo he recordado, incluso cuando te veo en diferentes actos en aquel lúgubre lugar lo hago y siempre me ha dolido que no exista una placa conmemorativa recordándolo.

Fuimos cientos, miles, los que pasamos por esos calabozos, por esos despachos convertidos en salas de tortura.

¿Sabes por qué razón? Pues te lo aclaro para que lo entiendas: por pensar diferente y luchar porque en este país hubiera una democracia. Ese fue nuestro gran delito.

Gracias a esa lucha, o al menos ayudado por ella, hoy tú puedes decir lo que te venga en gana, incluso atacar e insultar a cada instante a nuestro gobierno y su presidente.

A ti no te bajarán a esos lugares para hostiarte, para hacerte la bolsa, la piscina, la barra hasta que casi no pudieras mantenerte en pie.

Quizás tampoco en aquella época, ya que pensando lo que piensas seguro que estarías al lado de los dictadores, de los torturadores.

¿Qué serías capaz de hacernos a las personas de izquierdas, a quienes apoyamos y defendemos al gobierno actual y su presidente Pedro Sánchez, si tuvieras el poder que tuvo Billy? ¿Nos torturarías con saña y sadismo? Al ver tu mirada creo sinceramente que sí.

Tampoco te recordarán que si se pasaban de rosca podrían hacer como con otro compañero de lucha, Enrique Ruano, tirarte por la ventana y asegurar después que te habías lanzado tú.

Aquellos canallas existieron, “Billy el niño” existió, doy fe de ello, aquellos malos tratos, torturas, largos interrogatorios crueles también.

Los que aún quedamos con vida aún podemos clamarlo y exigir que se conozca por las nuevas generaciones, para evitar la vergüenza de descubrir que un 21 % de ella añora a Franco y su dictadura.

Por eso ahora me indigna conocer la polémica que has provocado negándote a reconocer lo que la DGS fue.

Creo que llega tarde, pero llega y aunque muchos de los que lo sufrieron ya no están entre nosotros aún quedamos unos cuantos que lo exigimos con fuerza. Gracias Pedro Sánchez por hacerlo. Imponlo, oblígales a que pongan esa placa, nos lo debes, nos lo deben.

Me interrogo también del porqué de ese 21 %. Quizás y lo digo después de haberlo defendido a capa y espada en aquel tiempo como militante del PCE, por la teoría impuesta por Santiago Carrillo de la “reconciliación nacional”.

Entonces vi con claridad su necesidad, hoy lo veo bastante menos. Aquellos canallas, en la policía, en el ejército, en la justicia, en la política se nos fueron vivitos y coleando.

No planteo haberlos matado, no, pero sí que hubieran pagado por lo que hicieron, que fueran juzgados, condenados y encarcelados.

Mi torturador Billy, murió en la cama, se lo llevó un Covid justiciero, lo hizo, además, para vergüenza de la democracia, con las medallas que le concedieron. Ahora sus herederos resurgen con fuerza e impunidad. Como la citada Isabel Díaz Ayuso con su negativa a reconocer lo que en “su” edificio ocurrió.

Me entran ganas de gritarte alto y claro: te maldigo Ayuso, a ti y a tus cómplices. No lo hago porque gracias a la democracia por la que luché, por la que pasé por allí, ampara que no lo haga. Curiosa contradicción.

Manifestantes frente a lo que fue la DGS

Esta carta va dirigida a ella, pero acaba con una posdata para mi compañero Pedro Sánchez:

No lo consientas, que no se salga, que no se salgan con la suya, impón esa placa, con todo el peso de la fuerza que tienes como gobierno.

No deseo irme de este mundo sin poder pasar por Sol y verla puesta en aquella fachada.

Ese día al bajar la vista y ver las rejas de aquellos calabozos no volveré a revivir con dolor aquellos días. O al menos lo haré con el bálsamo de su reconocimiento.

Por cierto, Sánchez, hay que poner en marcha con carácter urgente una campaña didáctica para que los jóvenes conozcan lo que entonces allí ocurrió.

Llévanos a los supervivientes a colegios y universidades para que se escuche nuestro testimonio, que seguro será más enriquecedor que el del fascista Vito Quiles.

Veremos.

José Luis Úriz Iglesias (interrogado y torturado en la DGS)

Villava-Atarrabia 23 octubre 2025

Las movilizaciones por Palestina deben continuar

El 15 de octubre se llevó a cabo una jornada de lucha por Palestina en todo el Estado español. En esta ocasión, las confederaciones sindicales de UGT y CCOO se unieron a las movilizaciones convocando paros parciales de dos horas en cada turno de trabajo dando cobertura legal a las asambleas, concentraciones u otras acciones y actividades que se pudiesen desarrollar en los centros de trabajo y empresas.

Para muchos, esta movilización llega algo tarde y puede que incluso se la considere insuficiente. Tampoco cabe duda que esta convocatoria de huelga viene provocada por el empuje de los movimientos sociales y las organizaciones en apoyo a la resistencia Palestina, que llevan más de dos años organizando y movilizándose contra el genocidio, exigiendo al Gobierno el embargo de armas y la ruptura total de relaciones con el Estado sionista de Israel.

Es necesario valorar positivamente que se debata sobre la masacre que sufre el pueblo palestino entre los trabajadores y trabajadoras en sus empresas y centros de trabajo, en los comités y en las secciones sindicales, a pesar de la trampa tendida por Trump y Netanyahu con el eufemístico “acuerdo de paz”.

Hasta ahora, la paz y la tregua son inexistentes. Las muertes continúan y la ayuda humanitaria, bajo el control del ejército sionista, es claramente insuficiente. Lejos de un plan de reconstrucción y reparación para el pueblo palestino de lo que se habla es de si se anexiona Cisjordania al Estado de Israel y de la preparación de un gran negocio para la familia Trump y los oligarcas israelíes.

Sólo una salida basada en el derecho del pueblo palestino a decidir su futuro puede garantizar la paz y la reconstrucción. Esta jornada de lucha, no puede ser puntual o residual, sino el comienzo de muchas más. Las futuras movilizaciones deben tener consignas claras que favorezcan la unidad, que garanticen el derecho de los palestinos a la autodeterminación, configurando un Estado palestino real y no un reconocimiento sobre el papel que continúe bajo el yugo de los EE.UU. y la UE.

El movimiento obrero, con sus organizaciones sindicales a la cabeza, debe dar pasos adelante para poner fin al genocidio que el Estado de Israel está perpetrando sobre la población palestina; matando una generación de jóvenes y niños.

Es prioritario dirigirse de forma clara y contundente al Gobierno para que rompa todas las relaciones con Israel, para que aplique un embargo total de armas que sea real y definitivo. Y con la garantía de que no se aumentará el gasto militar con unos presupuestos de guerra en detrimento de las conquistas sociales por las que hemos luchado tantos años.

Juan Fernando

Sindicalista de la UGT, en Madrid

Un año después

Hoy hace un año de la barrancada de València, la conocida como Dana. En el ámbito social nos encontramos en el momento, o más bien en uno de los momentos más álgidos de indignación social, la manifestación del 25 de octubre fue la segunda más multitudinaria, y eso que no hemos faltado puntualmente a la cita cada mes.

Actualmente, Mazón está en un momento crítico, cambiado de versión, con la jueza requiriendo nuevas pruebas, y con su propia prensa afín publicando encuestas desfavorables a su continuidad, está más acorralado que nunca. Esto no quiere decir que vaya a dimitir, ojalá me equivoque. Lo que es innegable es que en estos momentos el descontento social es cada vez más amplio. Me siento orgullosa de pertenecer a un pueblo valiente, que le dice a la cara a sus gobernantes lo indignos que son. La calidad de una democracia se mide en parte por la libertad de expresión y las exigencias de cumplimiento de sus obligaciones a los cargos políticos.

La sociedad valenciana está cumpliendo con sus deberes democráticos, y la justicia a través de la jueza de Catarroja está instruyendo un expediente impecable, a la vez que se defiende de los ataques políticos, es bastante paradójico. Las y los valencianos confiamos en que se llegue hasta el final. El pueblo valenciano necesitamos, al igual que cualquier víctima de un acto delictivo, que los culpables paguen para poder continuar con el duelo y llorar en paz a nuestros muertos. Dignidad es lo que caracteriza a las asociaciones de víctimas que no quieren reuniones, si no exigir responsabilidades, que deben ser ejemplares.

Como dirigente sindical, quiero hablar de la clase trabajadora, y las secuelas, sobre todo psicológicas, que siguen padeciendo aquellas personas que han sido víctimas y que además prestaron ayuda como empleados públicos. Empatía, conciencia social y voluntad de ayudar son las palabras con las que se les puede definir. Un año después, hay personas que no han podido reincorporarse todavía a su puesto de trabajo, y otras que sufren ansiedad ante cada alerta meteorológica. Mención especialmente negativa para la mayoría de las empresas y administraciones, que aún no tienen claro como actuar ante fenómenos meteorológicos adversos, y siguen poniendo en peligro la integridad de las personas trabajadoras.

Finalmente, hay que recordar que una mala gestión política mata, ahora son 230 personas muertas por la barrancada y antes fueron 43 en el accidente del metro. Lo que está claro es que las políticas que priman el beneficio económico por encima de los derechos sociales, matan. El aviso de hace un año no se dio en València para no perjudicar al turismo y los muertos del metro sufrieron los recortes en los servicios públicos.

Todos y todas las valencianas esperamos que el LLADRE DE SOBRETAULA pague por su nefasta y criminal gestión.

#MAZÓNDIMISSIO #MAZÓNAPRESSÓ.

Mari Pau García

Secretaria General de UGT Serveis Públics

en la Comarca València Sud i Interior

Entrevista: Susana Huertas Moya

Secretaria General de UGT en Madrid

“Defender la Salud en el trabajo y los servicios públicos es una obligación moral, no una opción”
Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid, alerta del deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo y el riesgo de desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Reclama coherencia ante el genocidio en Gaza y más firmeza frente a la siniestralidad laboral.

Susana Huertas es Secretaria General de la UGT en Madrid desde el 29 de enero de este año, cuando fue elegida en el 16º Congreso del sindicato. Hasta entonces, había sido la responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente. Vecina de Alcalá de Henares, su carrera en la fábrica IVECO en 1999 y pronto se incorporó a la Sección Sindical de la UGT en la planta madrileña. Desde 2008 ha formado parte de la Comisión Ejecutiva de UGT Madrid, donde ha desempeñado durante más de tres lustros una intensa labor en defensa de la salud laboral, la prevención de riesgos y la sostenibilidad ambiental.

Pregunta.- Uno de los asuntos que tiene movilizados a los pueblos de medio mundo es el Genocidio que Israel ha perpetrado en GAZA, desde octubre de 2023 ¿Continuará UGT contribuyendo a esta movilización hasta que se haga justicia; con la devolución de todos los territorios ocupados a Palestina y que Netanyahu y los demás genocidas de su gobierno sean juzgados?

Respuesta.- Por supuesto. No se puede permanecer en silencio ante una masacre de esta magnitud. Lo que está ocurriendo en Gaza y Palestina es una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos. UGT ha estado siempre del lado de la paz y de los pueblos oprimidos, y lo seguiremos estando. Nuestra obligación moral es denunciar el genocidio y exigir que se juzgue a los responsables. No se trata de política exterior, se trata de humanidad. Mientras haya vidas destruidas por las bombas, seguiremos movilizándonos hasta que se haga justicia y Palestina recupere su libertad.

P.- ¿Qué opinión te merece que nuestro gobierno continúe manteniendo relaciones diplomáticas con Israel?

R.- España ha dado pasos importantes en la defensa de los derechos humanos y en el reconocimiento del Estado palestino, y desde UGT valoramos ese compromiso. Es fundamental que nuestro país mantenga una política exterior alineada con los principios de paz, legalidad internacional y solidaridad.

Entendemos que las relaciones diplomáticas tienen múltiples dimensiones, pero creemos que, ante situaciones tan graves como las que se viven en Gaza, es necesario seguir avanzando hacia una postura más firme y coherente con los valores que España defiende.

Desde UGT seguiremos colaborando con el Gobierno y con la sociedad civil para que nuestras acciones internacionales reflejen ese compromiso ético. La coherencia entre los principios y las decisiones políticas es clave para construir una política exterior verdaderamente comprometida con los derechos humanos.

“Cada muerte en el trabajo es un fracaso colectivo que podía haberse evitado” .- En nuestro país, en el periodo 2020-2024 murieron 3.410 trabajadores y trabajadoras en accidente laboral; de ellas, 423 (12,40%) perdieron la vida en la Comunidad de Madrid. Desde tu punto de vista, como experta en la materia, ¿cuál o cuáles son las causas de este número tan elevado de muertes?

R.- Las causas son múltiples, pero todas tienen un denominador común: la falta de prevención y de responsabilidad empresarial. Se han normalizado las jornadas largas, la subcontratación y la precariedad. Muchos trabajadores no reciben formación suficiente, ni disponen de medios adecuados para trabajar con seguridad. A eso se suma el estrés, la fatiga y la presión productiva. En Madrid, donde predominan sectores como la construcción o la logística, el riesgo es aún mayor. Cuando el beneficio se antepone a la vida, ocurren tragedias que no son accidentes, sino consecuencias de un modelo laboral injusto.

P.- ¿Qué plan de acción proponéis desde UGT-Madrid para combatir esta insoportable situación?

R.- Nuestra prioridad es situar la salud laboral en el centro de las políticas públicas. Pedimos un plan integral contra la siniestralidad laboral con más medios para la Inspección de Trabajo, sanciones ejemplares a las empresas que incumplen la ley y programas de formación y sensibilización en todos los sectores. Además, defendemos incluir la salud mental dentro de la prevención de riesgos laborales. Las depresiones, el agotamiento o la ansiedad también son consecuencias del trabajo y deben tratarse como tales. Ninguna persona debería jugarse la vida por ganársela.

P.- En relación con los tres tipos de salario que reciben los trabajadores y trabajadoras: el que reciben en nómina; el diferido, cuando se jubilan; y los servicios públicos pagados con sus impuestos ¿Qué diagnóstico haces?

R.- Son tres dimensiones inseparables del bienestar. No podemos analizar los salarios sin hablar de pensiones ni de servicios públicos, porque todo forma parte del mismo contrato social. Si se debilita una, se resienten las otras dos. Y eso es lo que estamos viendo.

P.- En el primero se ha perdido mucho poder adquisitivo, sobre todo si comparamos el crecimiento de los salarios con el IPC de la cesta de la compra o con el de la vivienda. Un dato preocupante es que el salario más frecuente en España se ha reducido un 15,72%, al pasar de los 18.480 € de 2020 a los 15.575 € actuales ¿No crees que habría que incrementar la exigencia de recuperar el poder adquisitivo perdido?

R.- Sí, absolutamente. La gente trabajadora ha soportado el peso de la inflación mientras los beneficios empresariales batían récords. Hay que subir los salarios para recuperar poder adquisitivo y dignidad. Los convenios colectivos deben garantizar cláusulas de revisión salarial vinculadas al coste de la vida. No se puede vivir dignamente con sueldos que no alcanzan para cubrir lo básico. Cuando el salario se estanca y los precios suben, como el de la vivienda, la desigualdad se dispara y la sociedad se rompe.

**Manifestación en Madrid 1º de mayo 2025**

P.- Las pensiones, también se han visto afectadas por el alza de los precios. Sin embargo, preocupa el constante soniquete sobre la inestabilidad del sistema, que llega desde los medios económicos vinculados a las rentas del capital. La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, establece la obligación de encargar una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Gobierno.

¿No crees que es necesario aclarar las cuentas de la Seguridad Social, es decir de las pensiones de jubilación, para que de una vez por todas se deje de meter miedo y de crear un clima de opinión contra las pensiones públicas, con la clara intencionalidad de inducir a la contratación de planes de jubilación privados?

R.- Totalmente. Ese discurso de que las pensiones públicas son inviables es falso y peligroso. Lo repiten quienes tienen intereses en los fondos privados. La Seguridad Social es perfectamente sostenible si se crea empleo estable y se cotiza de forma justa. Lo que necesitamos es transparencia. La auditoría de las cuentas, como establece la Ley 21/2021, debe hacerse y publicarse. Solo así se desmontará la manipulación que pretende debilitar el sistema público para favorecer el negocio privado. Las pensiones son un derecho, no un gasto.

P.- Una parte del salario va a sostener los servicios públicos. Es por eso que el sindicalismo de clase ha defendido siempre los pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia. El efecto de la privatización en los servicios públicos está causando graves perjuicios para la mayoría de nuestra sociedad.

¿Crees que habría que derogar leyes, como por ejemplo la Ley 15/97, que abre las puertas de par en par a la privatización de la Sanidad Pública?

R.- Sin duda. Esa ley abrió la puerta a un modelo que convierte la salud en un negocio. La sanidad pública debe ser universal, gratuita y de gestión directa. Cada vez que se privatiza un servicio, se pierden recursos, se deteriora la calidad y se genera desigualdad. Lo vemos en Madrid con hospitales saturados, listas de espera interminables y profesionales desbordados. Derogar la Ley 15/97 sería un paso fundamental para blindar el derecho a la salud. Lo público es garantía de igualdad, y sin igualdad no hay justicia social. No se trata de demonizar la sanidad privada, si no garantizar una sanidad pública, universal y de calidad.

P.- Para terminar, ¿cómo resumirías el compromiso de UGT Madrid?

R.- En tres palabras: vida, trabajo y derechos. Luchamos para que nadie muera por trabajar, para que cada persona cobre lo que merece y para que los servicios públicos sigan siendo un escudo frente a la desigualdad. Esa es nuestra razón de ser. Defender la dignidad de quienes levantan este país cada día no es una opción, es una obligación.

**Asamblea conjunta UGT y CCOO en Madrid. 22 de julio de 2025**

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

Anna Balletbó: Debate y curiosidad.¡La mujer que lo quería entender todo!

El pasado 24 de octubre nos dejaba Anna Balletbó a los 81 años. Periodista y política. Fue diputada en el Congreso de la I a a la VI legislatura por el Partido de los Socialistas de Cataluña. Muchos la recordarán como aquella diputada socialista que el 23F estando embarazada exigió salir del hemiciclo. El pasado mes de agosto participó en el tradicional «sopa d’estiu socialista» que organiza la agrupación del Vendrell desde hace más de 50 años. A sus 81 años, nos acompaño degustando los tradicionales «pies de cerdo» y demostrando una plena vitalidad y visión política. A las muestras de condolencia mostradas por la mayoría de personalidades políticas del PSC y del PSOE, se suma la de la agrupación del Vendrell, y especialmente, la del compañero Roger Caballero, militante nuestro, afincado en Canadá por motivos profesioanles y que mantenía una relación epistolar con Anna desde hacía años. DEP. (Nota de Redacción)

Curiosa, insistente para saber lo que necesitaba o quería conocer, abierta a hablar tanto con lo más popular como con lo más humilde, Anna siempre buscaba quien pudiera darle una respuesta para poder, como decía ella, “decidir su opinión” sobre un tema.

Conocí a Anna Balletbò en otoño del 2013, en un acto donde, rodeada de empresarios, políticos conocidos y de otros que se acercaban insistentemente a saludarla, vino a la mesa donde éramos un grupo de estudiantes becados y me dijo: «Escucha, tú quién eres? ¿A qué te? interesantes.” Dos preguntas que iniciaron una amistad que, pese a la distancia generacional y geográfica de los últimos diez años, ha perdurado.

Este verano tuve la suerte de compartir con ella una larga charla para repasar la actualidad política y, más concretamente, la geopolítica. Como era habitual, comprobé una vez más que era de aquellas personas que se atrevían a predecir lo que podía pasar en el futuro —una calidad al alcance de muy pocas personas.

nna tenía la capacidad de sentar en una misma mesa a políticos y personas que, sin su perseverancia, nunca lo habrían hecho. También sabía convencer a los expertos de las temáticas que le interesaban por mantener largas conversaciones, invitando a otros amigos igualmente curiosos, con el objetivo de hacer algo que no siempre es fácil: debatir.

Cuando el conferenciante había expuesto la cuestión que nos ocupaba, ella dirigía y lideraba la tertulia, haciendo participar —incluso sin querer— a muchos de los asistentes, para extraer aún más zumo de las charlas y seminarios que organizaba.

Anna fue respetada por sus contrincantes políticos gracias a su capacidad de escuchar a los demás, pero también por la virtud de decir, sin tapujos, cuando estaba o no de acuerdo sin dilaciones. Ha sido el alma de la Fundación Olof Palme durante más de treinta años, y su carácter la convirtió en un referente en nuestro país, tanto como mujer como miembro del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Militar hoy en un partido político no es fácil si no tienes la oportunidad de conocer a personas entregadas y motivadas para mejorar la sociedad. Ella transmitió esa motivación y ha dejado una huella.

La echaremos de menos.

Roger Caballero
Militante del PSC del Vendrell

La democracia debe fomentar el trabajo decente

El 7 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial por el Trabajo Decente, una jornada mundial impulsada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) desde 2008 que cada año moviliza a los trabajadores y las trabajadoras en torno a las reivindicaciones de empleo digno, democracia real y justicia social. El concepto de «trabajo decente» es más amplio que tener un empleo. Significa recibir un salario justo, contar con protección social, tener libertad sindical y trabajar en condiciones seguras y dignas. Sin embargo, la realidad global muestra un panorama preocupante: precarización, explotación, desempleo y pérdida de derechos laborales se han convertido en fenómenos estructurales.

La CSI viene denunciando el creciente poder de las multinacionales, que mediante su influencia económica y política están «acaparando las políticas públicas» y debilitando el rol de los Estados. “Hay un secuestro del interés público en favor de los intereses privados”, señala la organización en su informe Corporate Underminers of Democracy 2025. A la vez que se está produciendo el auge del autoritarismo, la crisis de la democracia también golpea el mundo del trabajo. En más de 8 de cada 10 países se han contabilizado violaciones graves a los derechos laborales, desde la represión sindical hasta la criminalización de la protesta social.

Esta situación se agrava en ámbitos donde las empresas gozan de total impunidad, y donde los gobiernos priorizan los intereses del capital por encima del bienestar colectivo. En la actualidad las 100 empresas más grandes del mundo controlan más poder económico que la mayoría de los países. Para la CSI sin libertad para organizarse sindicalmente, sin negociación colectiva y sin libertad de expresión para las y los trabajadores no existe la democracia. La concentración de riqueza en manos de una minoría contrasta con la falta de acceso a derechos básicos como salud, educación o vivienda para millones de personas. Según la CSI, los países que respetan los derechos laborales tienen mayor estabilidad democrática.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha presentado recientemente el informe La situación de la justicia social que recoge progresos importantes: la pobreza extrema ha bajado del 39 % al 10 % de la población mundial, el trabajo infantil entre menores de 14 años se ha reducido a la mitad, y por primera vez, más de la mitad de la población cuenta con algún tipo de protección social ante la enfermedad, la jubilación o el desempleo. Aunque las desigualdades siguen siendo profundas, pues más de 800 millones de personas sobreviven con menos de tres dólares al día. La Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están lejos de ser alcanzados.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que busca promover el trabajo decente y el crecimiento económico, se encuentra lejos de los compromisos fijados para 2030, pues solo ha alcanzado o está bien encaminado para apenas un tercio de sus indicadores, según los análisis de la OIT y de otros informes, evidenciando la distancia que persiste para alcanzar el pleno empleo, la erradicación de la economía sumergida y la reducción de la desigualdad. Es dramático que pese a tener empleo más de 266 millones de trabajadores vivan en la pobreza extrema o moderada.

La CSI ante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que se celebrará en noviembre en Doha (Qatar), demanda alcanzar compromisos vinculantes para un Nuevo Contrato Social basado en el empleo con derechos, la protección social, junto con el impulso de la igualdad y la inclusión. Por ello la CSI reivindica:

La reorientación del gasto militar para financiar la educación, el trabajo decente y la acción climática.
Una reforma fiscal global integral para garantizar que las personas y corporaciones más ricas paguen su parte justa.
Un nuevo marco de las Naciones Unidas para el desarme y la transición justa, que integre la paz y la sostenibilidad.
La plena aplicación de los derechos laborales y los salarios dignos en todos los países. Protección social universal.

Este año, el Día Mundial por el Trabajo Decente también se enmarca en un contexto de creciente violencia en Palestina. La CSI ha expresado su solidaridad con el pueblo palestino, exigiendo el fin de la ocupación desencadenada por Israel a raíz de los atentados de Hamás. Desde el movimiento sindical internacional se afirma: “El respeto al derecho internacional y el cese de la agresión contra civiles e infraestructuras laborales y sociales”. También se añade:” La paz no puede construirse sobre la base de la ocupación y el apartheid». Por ello se exige: “Es urgente un alto el fuego, y también una solución política justa y duradera que garantice los derechos del pueblo palestino».

Las confederaciones sindicales de CCOO y de UGT han convocado el próximo 15 de octubre una jornada de lucha, en los centros de trabajo privados y públicos de nuestro país, para denunciar el «genocidio del Estado israelí» y solidarizarse con la clase trabajadora palestina. Durante la jornada se realizarán paros con asambleas y concentraciones para denunciar que Palestina, y especialmente la población de Gaza, está siendo «víctima de un genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, deportaciones masivas y destrucción de sus viviendas e infraestructuras».

Toni Ferrer Sais

07/10/25

El Estado y sus dogmas

Respetemos la Constitución, pues sin ella no hay patria, pero reconozcamos asimismo que contiene artículos irracionales, sostenidos en creencias retrógradas y privilegios heredados de un pasado ominoso. Uno de los más escandalosos, a mi parecer, es la inviolabilidad del Rey, que lo hace impune incluso cuando delinque.

Ciencia frente a dogmas

Es sabido que el conocimiento científico es un conocimiento abierto al cambio, siempre en revisión, apoyado en la evidencia empírica y en el consenso de la comunidad científica.

Por otro lado, la ideología es, según la RAE, el «conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político».

Sin embargo, cuando un precepto ideológico se transforma en dogma -es decir, en una creencia de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión- puede llegar a ser contrario al conocimiento científico y, por tanto, a la evidencia empírica, constituyendo un obstáculo que debe ser removido.

Tales obstáculos ideológicos impiden a menudo el perfeccionamiento de las leyes y el avance en derechos sociales, como lo son, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos; en particular el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que debería estar blindado en la Constitución.

Estos dogmas -utilizados a menudo por el poder para mantener el statu quo- entorpecen el progreso y provocan enormes injusticias y sufrimientos.

Dogmas contra el progreso: la historia como advertencia

A lo largo de la historia, las sociedades han oscilado entre el deseo de avanzar en el conocimiento y la necesidad de preservar un orden establecido. En este conflicto constante, los dogmas -ya sean religiosos o ideológicos- han actuado con frecuencia como frenos al pensamiento crítico, la investigación libre, el progreso científico y las transformaciones sociales. Lejos de ser simples errores del pasado, estos episodios revelan cómo la imposición de un dogma, incuestionable y sancionado por la autoridad, ha tenido consecuencias profundas y duraderas en el desarrollo de las sociedades.

Uno de los casos más conocidos es el de Galileo Galilei, astrónomo y físico del siglo XVII, cuyo apoyo al heliocentrismo -la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, propuesta inicialmente por Copérnico- lo enfrentó con la Iglesia Católica. A pesar de contar con pruebas empíricas obtenidas mediante su telescopio, Galileo fue juzgado por la Inquisición, obligado a retractarse y condenado a arresto domiciliario de por vida. El problema no era la pretendida falsedad de sus descubrimientos, sino que contradecían la interpretación oficial de las Sagradas Escrituras. Este ejemplo no solo evidencia cómo un dogma religioso puede suprimir el conocimiento, sino también el miedo institucional a perder control sobre la narrativa del mundo.

Más trágico aún fue el destino de Miguel Servet, médico y teólogo aragonés del siglo XVI, que se atrevió a cuestionar tanto la Trinidad cristiana como algunas prácticas médicas de su tiempo. Perseguido por católicos y protestantes por igual, fue finalmente arrestado en Ginebra bajo órdenes de Juan Calvino y condenado a la hoguera. Además de sus ideas teológicas, Servet hizo importantes observaciones sobre la circulación pulmonar de la sangre, adelantándose a su tiempo. Pero su pensamiento científico fue considerado peligroso no por lo que decía de la medicina, sino por lo que implicaba en términos de autoridad religiosa. Su cruel e injusta ejecución, quemado vivo en la hoguera, prueba cómo el dogma puede matar tanto ideas como personas.

La Revolución Científica y el Movimiento Obrero

La Revolución Científica, iniciada en el siglo XVI, y la Ilustración, iniciada en el XVII, propiciaron el desarrollo de las fuerzas productivas y el despertar de las conciencias. Ambos movimientos priorizaron la razón y la lógica sobre la tradición y la superstición. La Ilustración, de hecho, se conoce como el «Siglo de las Luces» porque puso la razón en el centro de la búsqueda de la verdad.

En el siglo XVIII surge en Inglaterra el movimiento obrero debido a la Revolución Industrial y a la pavorosa explotación laboral, y, en Francia, ya a finales de siglo, la burguesía progresista, con el apoyo de las capas populares, impulsan su Revolución, proclamando la República francesa. En el siglo XIX, a medida que el proceso de industrialización se extendió, el movimiento obrero se expandió simultáneamente por Europa.

En el siglo XIX, pensadores tales como Karl Marx, Frederic Engels y Lenin, aportaron al movimiento obrero las bases teóricas y prácticas que posibilitaron la Revolución rusa a principios del siglo XX y la implantación del primer Estado obrero de la Historia.

Lejos de marcar una ruptura definitiva con la superstición y las creencias contrarias a la razón, trajo nuevas formas de dogmatismo, ahora bajo ropajes ideológicos.

Un caso paradigmático fue el del lisenkoismo en la extinta URSS. Trofim Denísovich Lysenko (1898-1976), un agrónomo sin formación científica sólida, promovió teorías pseudocientíficas que negaban la genética mendeliana.

Apoyado por Stalin, su doctrina se convirtió en política oficial del Estado. Los genetistas que se opusieron -muchos de ellos destacados científicos- fueron silenciados o encarcelados. Como resultado, la biología soviética sufrió un retraso de décadas, y las hambrunas causadas por políticas agrícolas fallidas se cobraron millones de vidas. En este caso, el dogma no era religioso, sino ideológico, pero el efecto fue el mismo: el pensamiento crítico fue suprimido en nombre de una verdad impuesta desde el poder.

Conclusión

Estos sucesos abominables nos recuerdan que el conocimiento florece solo en un ambiente donde se permite la duda, la crítica y la revisión constante de las ideas. Cuando se elevan ciertas creencias al rango de incuestionables -sean de origen divino o político-, se condena a la sociedad al estancamiento o incluso al retroceso.

La historia de Galileo, Servet o los científicos soviéticos perseguidos por Stalin -sin minimizar la aportación de este dirigente político al desarrollo tecnológico de la URSS y a la victoria europea sobre el nazismo- no es solo una lección del pasado: es una advertencia permanente sobre los peligros de subordinar la razón al dogma.

Manuel Ruiz Robles

Crisis política en Francia: Macron en primera linea

Este jueves 16 de octubre el primer ministro Sébastien Lecornu ha conseguido escaparse de las dos mociones de censura que tanto la Francia Insumisa como Agrupación Nacional habían presentado. Lecornu ha obtenido una tregua, gracias a la abstención del Partido Socialista Francés, prometiendo la suspensión temporal de la reforma de las pensiones y el compromiso de llevar el próximo presupuesto del Estado a debate en la Asamblea Nacional.

La crisis política que recorre Francia tiene un origen claro. Se encuentra en el corazón de la defensa de las conquistas de los trabajadores franceses, manifestada en las grandes movilizaciones que han protagonizado ante la llamada de las organizaciones sindicales durante 2023 contra los planes del presidente de la República, Emmanuel Macron, que fue claramente derrotado en las elecciones legislativas del verano de 2024. Según las encuestas Macron es rechazado por el 70% de la población

Macron fue reelegido presidente de la República en abril de 2022 en la segunda vuelta de las elecciones tras una campaña bajo de la amenaza de “que viene el lobo” contra Marine Le Pen. En enero de 2023 anunció que pediría una partida para Defensa de 400.000 millones de euros para modernizar el Ejército y prepararlo ante las múltiples amenazas. Paralelamente planteó la necesidad de una reforma de las pensiones retrasando la edad de jubilación, congelando su actualización y desindexando los años siguientes con el fin de reducir las pensiones en un 10%, además de suprimir más de 3.000 puestos de trabajo en la función pública. Lo que entra por lo que sale.

La inmediata respuesta sindical (CGT y FO) se tradujo en continuas movilizaciones y una huelga general. Para aprobar estas reformas el Gobierno utilizó el artículo 49.3 de la Constitución que permite evitar el debate en la Asamblea al tramitarse como decreto ley, pero ante la contestación social Macron se vio obligado a convocar elecciones legislativas que llevaron a la victoria de Nuevo Frente Popular por delante de la extrema derecha y del partido de Macron y sus apoyos.

El problema no es Barnier, ni Bayrou, ni Lecornu, es Macron

Durante 2024 un reguero de primeros ministros, Michel Barnier, François Bayrou y Sébastien Lecornu, han intentado mantener las contrarreformas anunciadas evitando el debate para aprobar los Presupuestos. Todos han sido censurados en la Asamblea Nacional, el último, Lecornu, dimitió el 6 de octubre.

La petición de la Francia Insumisa para que Macron renuncie ha sido tomada hasta ahora como un despropósito radical. Sin embargo, en la actualidad son sus propios aliados políticos y mediáticos los que cuestionan su continuidad. Por ejemplo, David Lisnard, vicepresidente de Los Republicanos, uno de los partidos de derecha que sostienen a Macron declaraba que este debía programar su dimisión para salvaguardar los intereses de Francia: “esta es la única manera de preservar nuestras instituciones y desbloquear una situación que se ha vuelto insostenible desde la disolución irresponsable de junio de 2024. El presidente de la República es el principal responsable de este caos”. Estos días son numerosas las declaraciones en este sentido.

Finalmente, Macron, en un intento desesperado, ha nombrado de nuevo a Lecornu para intentar una nueva táctica, romper la coalición de izquierda apoyándose en el Partido Socialista. Lecornu anunció: “No se producirá ningún aumento de la edad de jubilación, desde ahora hasta enero de 2028 […]. Además, la rebaja en la duración del seguro también se suspenderá y se mantendrá en 170 trimestres hasta enero de 2028”. Esta pausa de la reforma durante un año ha bastado para que el Partido Socialista se abstenga de la moción de censura y facilite la aplicación del programa de contrarreformas, traicionando el mandato por el que los diputados socialistas fueron elegidos dentro de la coalición del Nuevo Frente Popular. Y esto a pesar de que Lecornu declaró que “esta suspensión deberá ser compensada financieramente, incluso mediante la reducción de gastos”. Es decir, no se puede tocar el dinero contra la guerra y habrá que detraerlo de los derechos sociales.

Tanto la CGT como FO, organizaciones sindicales francesas, ya se han pronunciado en contra del nuevo intento.

La CGT en un comunicado declara: “la suspensión anunciada es en realidad un retraso de su aplicación de solo unos meses. Este simple desfase equivaldría a confirmar el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, a pesar de la movilización de millones de trabajadores. Para la CGT, la única suspensión que vale la pena es un bloqueo inmediato de la aplicación de la reforma de las pensiones a 62 años, 9 meses y 170 trimestres, … cambiar no es derogar”.

En la misma línea FO declaraba: “las principales medidas anunciadas retoman en gran medida las que el exprimer ministro François Bayrou presentó el 15 de julio. La factura presentada a los trabajadores activos o jubilados sigue siendo muy pesada. Las consecuencias de este nuevo plan de austeridad siguen siendo tan desastrosas para los trabajadores como para la economía francesa sin ingresos adicionales, condicionadas a las ayudas públicas pagadas a las empresas…”, y añaden, “Las reivindicaciones de FO no están suspendidas. ¡Para FO, siempre es la derogación!»

Por su parte, Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa declaró: “Él es la fuente del caos (Macron), porque convocó elecciones legislativas anticipadas cuyos resultados se negó a aceptar […] y luego decidir exactamente lo contrario de lo que las elecciones habían dicho, […] nadie obtuvo la mayoría absoluta al final de las elecciones, pero, al final, un bloque salió victorioso, […] no hubo respuesta a la movilización espontánea del 10 de septiembre. No hubo respuesta a la masiva movilización intersindical del 18 de septiembre. Ni a la del 2 de octubre. […] Cuanto más imaginemos combinaciones o acuerdos antinaturales para llegar a una solución gubernamental desconocida, más agravaremos la crisis […] nuestro deber, de acuerdo con el mandato que recibimos […], es unirnos para encontrar todos los medios para afrontar la nueva situación […] ninguna combinación, ninguna intriga, ningún acuerdo tras bambalinas puede sustituir la exigencia de que el pueblo se pronuncie”.

Se organiza la resistencia

Paralelamente a la crisis desatada, los días 4 y 5 de octubre se ha celebrado en París una conferencia en la que se reunieron 150 delegados de 18 países y un mitin, respectivamente, al que asistieron miles de personas. El eje de ambos eventos se ha centrado contra la guerra. En el mitin se pudieron oír los gritos de “Free Palestine” y “Macron dimisión”. Como en las numerosas manifestaciones que se producen estos días en muchas ciudades de Francia la oposición a los planes de austeridad del Gobierno se entremezclaban con el rechazo de la política armamentística y contra la guerra.

La conclusión común de los participantes señalaba la necesidad de unir todas las fuerzas europeas que luchan contra la guerra, que luchan contra los presupuestos que asfixian los servicios públicos y contra el suministro de armas en curso que alimenta las masacres en Ucrania y Gaza.

**Mitin contra la Guerra, en Le Dôme de París. 5 de octubre de 2025**

Enrique Dargallo

El fin de una fase, el comienzo de otra… y la necesaria revisión

La Campaña por un Solo Estado Democrático (ODSC) es impulsada por palestinos y judíos, como Ilan Pappé, historiador de la Universidad británica de Exeter.

El fracaso más sonado de Netanyahu sigue siendo haber resucitado la causa palestina y haberla devuelto al centro de la atención mundial, después de haber dedicado su vida política a intentar enterrarla. Porque, independientemente de los instrumentos de poder de que disponga Israel, ahora se encuentra impotente ante la revolución moral y cognitiva universal… Nadie puede negar que no estamos viviendo el final del conflicto en Palestina, sino el comienzo de una nueva etapa de esta lucha colonial sangrienta, que dura ya más de ciento veinte años.

Las conclusiones de la cumbre de Sharm el-Sheikh —o más bien su puesta en escena— demostraron que lo que se dirimía allí no era ni el fin de la guerra ni la limitación de la expansión y la dominación, sino una simple reorganización de sus herramientas y sus objetivos. Israel reanudó inmediatamente sus incursiones y agresiones dirigidas a puntos concretos del territorio, en nombre de una seguridad en la que ya nadie cree. En cuanto al emperador del exterminio, Donald Trump, en ningún momento mencionó el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación: una forma de sumir de nuevo al mundo árabe en un ciclo político o apolítico infinito en torno a un «proceso» sin fin. Así, el pueblo palestino y sus élites se enfrentan a errar nuevamente, pero quizá también a una rara oportunidad de recuperar el sentido común, el equilibrio y el camino correcto.

El acuerdo de alto el fuego no marca ni el fin de la estrategia de aniquilación, ni una ruptura en el pensamiento sionista. Cierra un capítulo de devastación de un salvajismo obsceno, que ha durado dos años, para abrir otro – el de una aniquilación, más lenta, menos estruendosa. La próxima aniquilación no será forzosamente colectiva ni física: el imperio estadounidense y sus aliados han comprendido que la banda de asesinos que gobiernan Israel es una rémora para su plan de reconstitución de la influencia externa.

El objetivo ahora pasa a ser político: dirigentes y militantes. Pero el sistema exterminador se enfrenta a un desafío aún más temible –la marea mundial anticolonial y los tribunales internacionales que comienzan a rodear Israel moral y jurídicamente.

La prioridad para Gaza, y para todo el pueblo, es hacer que cese la guerra de exterminio que ha devorado a niños y ancianos, y permitir que respiren los supervivientes, que lloren a sus muertos, sus moradas, sus sueños. No es solamente una pausa humanitaria tras el infierno, sino una victoria estratégica: impedir la implantación del plan de desplazamiento y desarraigo que constituía el objetivo declarado de la alianza estadounidense-israelí de destrucción. Y ese resultado es producto de la resistencia heroica y única de Gaza.

Sin embargo, esta secuencia, la más feroz de toda la historia de la confrontación palestino-sionista, no ha revertido la relación de fuerzas: ha consolidado la superioridad del sistema estadounidense –israelí sobre Palestina y la región-, sin obtener una verdadera victoria política. Israel ha fracasado en sus grandes objetivos, siendo el primero de ellos la destrucción del movimiento Hamás, que conserva autoridad y control del terreno.

Israel, en sus dos vertientes, gubernamental y opositora, sigue inquieta, nerviosa, ávida de nuevos pretextos para golpear Gaza, como ya lo ha hecho en Líbano y Siria.

Pero el mayor fracaso de Netanyahu sigue siendo haber llevado la cuestión palestina al centro del mundo. Ya que, a pesar de la fuerza bruta, Israel se viene abajo ante una revolución ética e intelectual global, que ha desvelado la realidad del proyecto sionista: una empresa colonial racial, una de las más feroces de la historia. Ha puesto en evidencia la profunda inmoralidad de los regímenes occidentales y de sus dirigentes. El barniz moral que protegía a Israel se ha desmoronado hasta desaparecer. El descrédito que golpea hoy a Israel en la escena internacional es irreversible –pérdida estratégica reconocida incluso por algunos de sus más fieles amigos. Y cualquier intento de restablecer su imagen y su prestigio es ahora vano.

Ante estas verdades, el intelectual palestino –junto con las élites política y culturales- permanece perplejo. ¿Cómo transformar este momento de sangre y fuego en oportunidad para la resistencia y la reconstrucción? La tarea es ardua, incierta, pese a los esfuerzos sinceros de algunas iniciativas independientes. A la dificultad se añade la división: no solo entre la Autoridad de Oslo y la Resistencia, sino también entre los propios intelectuales, divididos sobre el sentido del triunfo y la derrota, sobre la interpretación de los resultados de esta guerra. Hay que distinguir aquí la divergencia crítica, legítima y necesaria del odio ideológico, ciego, de ciertos pensadores contra la Resistencia, esas mismas voces que, en el apogeo de la masacre, azotaban a su propio pueblo respetando a la Autoridad de Oslo, pese a estar alineada en la práctica con la posición sionista y emiratí.

Las iniciativas nacionales independientes, emprendidas por patriotas sinceros, mantienen visiones reformadoras importantes; pero aún no han realizado un cambio decisivo. Los obstáculos son numerosos: objetivos, propiciados por un entorno represivo y una sociedad fragmentada por la división; o bien subjetivos, ligados a la debilidad de imaginación y eficacia política. Quizás el pueblo aspire a nuevos modelos de dirección –sensatos, creativos, capaces de despertar a las masas y hablar a los jóvenes marginados o retirados de la vida nacional. No es un sueño irrealizable.

En cuanto a la Autoridad, nada puede esperarse de ella. Tres decenios de un poder dedicado a su propia supervivencia la han dejado sorda a la voz de su pueblo. Se ha enfangado en la coordinación de la seguridad incluso durante la guerra de exterminio, denunciando públicamente a la resistencia, esperando «volver a Gaza».

Sin comprender que aquello por lo que apostaba, entre los dirigentes israelíes, han desaparecido para siempre, que Israel se ha metamorfoseado, gobernado hoy por una casta mesiánica ahogada en el fantasma exterminador, que ha arraigado incluso en la consciencia misma de la mayoría de la sociedad sionista. Por ello la liberación ya no puede medirse en un plazo corto: vuelve a ser una empresa histórica. He ahí una verdad esencial, de la que se desprende la necesidad de crear un camino de lucha sostenible basada en la resistencia popular civil, que permita a los palestinos soportar el peso del combate y a la vez el de la reconstrucción –edificación de escuelas, instituciones culturales y económicas, estructuras sindicales y profesionales, sustentadas todas en la democracia-.

No sobrevivirá ningún cuestionamiento real de la política de exterminio sin una creciente presión externa, pero esta presión solo prosperará a condición de que se produzca una reconstrucción interna palestina. El corpus político palestino, en todas sus componentes, oficiales y populares, precisa una revisión audaz y lúcida: Hamás, Fatah, las otras facciones, así como las élites independientes comprometidas en los esfuerzos de reforma, deben repensar sus medios, renovar sus filas, abrirse a la juventud y a la cultura. Sí, todos sin excepción –instituciones, movimientos, individuos- estamos emplazados al examen de la consciencia, a la revisión interior. Henos aquí, pues, en los albores de una nueva fase. Tan peligrosa como la que termina, pero portadora de una oportunidad en su seno: la de volver a dar aliento y legitimidad al proyecto nacional palestino de liberación, a condición de una valentía moral, intelectual y política a la medida del dolor, para aliviar los sufrimientos de nuestro pueblo, sobre todo de Gaza martirizada, contribuir a sanarlo, y esbozar el camino, más seguro, más sencillo, hacia el futuro.

Autor: Tribuna Socialista