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Preparemos las marchas republicanas del 15 de junio

Abramos el camino a la III República

El 22 de marzo, en la sede de la Fundación Abogados de Atocha, en Madrid, ha tenido lugar el Encuentro de cargos públicos por la República, en el que también participaron cargos orgánicos de distintas organizaciones y partidos políticos.

La Junta Directiva de ASTRADE tomó la decisión de participar de la preparación de las marchas republicanas que se están organizando para el 15 de junio de este año, y es por ello que participamos en este evento preparatorio, en el que coincidimos con compañeros y compañeras del Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).

En las intervenciones que realizamos el compañero Miguel Sagüés, secretario y yo mismo en calidad de presidente de la Junta Directiva de ASTRADE, señalamos la importancia de que la República como modelo de Estado no quede en una mera celebración simbólica, de efeméride.

La Monarquía es una institución no democrática, en tanto que su titular no es elegido por las urnas; hoy, todas las personas menores de 64 años no votaron la Constitución, con independencia de lo que hubiesen votado de haber tenido la edad legal necesaria. Además, la monarquía española se asienta en las leyes de sucesión franquistas: Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, publicada en el Boletín Oficial del Estado» núm. 208, de 27 de julio de 1947, páginas 4238 a 4239 y en la Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado. Esta herencia de la dictadura cuestiona esta institución, que pervive con aspectos propios del pasado más oscuro, como la coincidencia de la jefatura del Estado con la jefatura de los tres ejércitos.

No son cuestiones menores, pues el hecho en sí mismo de que el rey sea una figura que se sucede por herencia consanguínea, al margen de la voluntad del pueblo, se contradice con el artículo 1.2. de la Constitución vigente: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” qué soberanía tiene un pueblo al que se le niega la elección del Jefe del Estado, pero que asienta su legalidad en las leyes del gobierno golpista y criminal que sometió a su pueblo a una dictadura.

Cuando los teóricos constitucionalistas analizan la estructura del Estado se refieren a La Corona como la “clave de bóveda de la arquitectura constitucional”. Tienen rezón, es la clave de bóveda de un Estado que fue diseñado en el periodo de 40 años en el que a la pluralidad de pueblos que componen el Estado español se le negó la más mínima libertad. Y es producto de aquel diseño que la judicatura se inspire mayoritariamente en aquellas antidemocráticas costumbres. Por tanto, Franco murió, pero el franquismo continúa vivo en las instituciones.

A la pluralidad de pueblos que componen el Estado español no se les pregunta, ni hay intención de hacerlo, sobre qué modelo de Estado prefieren. De los 206 países que hay en el mundo, solo 43 tienen monarquía, el 20%, frente al 80% cuya institución máxima del Estado tiene su origen en las urnas y se renueva periódicamente.

Es preciso hacer pedagogía en la sociedad, y esta acción política habrá de ser obra de las organizaciones que se reclaman del progresismo, la democracia y el avance social en favor de la mayoría, pues la minoría privilegiada no tiene interés alguno en dejar de conservar su acomodada forma de vida, solo posible de mantener sobre la base la explotación de la mayoría.

Somos conscientes de que la tarea no es sencilla. No se nos escapa que es la minoría social la que detenta el control de los grandes medios de comunicación, los medios de producción y el capital mismo. Sin embargo, las dificultades no hacen menos justa la necesidad de avanzar hacia un futuro más libre y democrático, en el que las prioridades las marque la voluntad mayoritaria; un futuro en el que los jóvenes puedan emanciparse y formar su proyecto de vida, y no que el acceso a la vivienda sea una traba insalvable. Un futuro en el que nadie muera antes de que la Sanidad Pública le realice la prueba diagnóstica, porque tardó tanto que el paciente no llegó vivo a la fecha de la cita.

República tiene que ser sinónimo de derechos como Sanidad, Educación, Vivienda, Pensiones, Dependencia, servicios públicos gestionados por el Estado y protegidos contra la carcoma del mercado, que ve en estas necesidades sociales una actividad lucrativa.

República tiene que ser sinónimo de convivencia entre los pueblos que componen el Estado, sin nacionalismos hegemónicos e imperativos. Un Estado en el que la riqueza histórica, cultural y lingüística se valore y no se combata.

República tiene que ser sinónimo de paz, en la que la soberanía del pueblo impere en las relaciones con otros pueblos, sin que la fraternidad entre países se vea truncada por los intereses de los grandes sectores de la actividad económica y sus corruptores lobbies que arrastran a guerras ajenas a los pueblos. Un Estado que tenga la dignidad de romper las relaciones con estados genocidas, como es el caso actual del Estado sionista de Israel.

República son derechos, igualdad y rechazo de la guerra.

Hoy más que nunca, Salud y República.

Miguel Sagüés Navarro
Roberto Tornamira Sánchez
Miembros de la Junta Directiva de ASTRADE

Se cumplen tres años de guerra en Ucrania


Declaración de la Asociación Trabajo y Democracia “ASTRADE”

No se trata de celebrar ni rememorar. Nuestra intención es la de volver a tomar posición sobre una guerra que fue impuesta, por los mismos que ahora pretenden imponer la paz a Ucrania, incluso sin contar con ella, y cobrándole a un alto precio la ayuda recibida y haciendo negocio también con la reconstrucción.

En nuestra participación en el Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), venimos compartiendo el rechazo a esta guerra bajo el lema “Ni Putin ni OTAN”. En estos tres años nos hemos sumado a manifiestos contrarios a la guerra en general y a esta en concreto, hemos participado en actos y, en Tribuna Socialista, se han publicado editoriales y artículos argumentando nuestra posición. En los debates públicos y en los comentarios en redes hemos escuchado cosas como que teníamos una posición de equidistancia. No somos equidistantes. Nos situamos con el pueblo ruso y el pueblo ucraniano que rechazan esta guerra. Nos oponemos a tomar partido por la oligarquía rusa que defiende Putin o por los intereses de las multinacionales de la energía que defienden Trump, Zelensky y la Comisión Europea.

Suponemos que hoy, viendo la jugada de los USA y la salida que quiere darle al conflicto, es más fácil entender que no es lo mismo equidistancia ante una situación de guerra que el rechazo a unos y otros.

También hemos recibido opiniones de quienes tomaban partido: unos, en pro de Putin, manteniendo que es continuador de la Revolución de 1917 y, por ende, que poco menos que pretende reconstituir la URSS. Otros en contra, con un argumento similar, que Putin representa el neo comunismo y que quiere invadir Europa y que Ucrania es un primer paso.

“Ni Putin ni OTAN” significa que no asumimos la propaganda, ni de unos ni de otros; conscientes de que la primera víctima de la guerra es la verdad.

Se acaba de cumplir un mes de la toma de posesión de Trump como presidente de los Estados Unidos. Treinta días en los que la ola de exabruptos y provocaciones pretende establecer una ceguera colectiva, de hecho, para eso es la polvareda. Sin embargo, hay cosas que se ven claras, a poco que nos fijemos. Una es que Trump es continuador de las administraciones estadounidenses que le han precedido. Veamos.

Trump no es el iniciador en la presión a los países miembros de la OTAN para que incrementen sus presupuestos en Defensa. Fue Obama, en abril de 2016, en una reunión que mantuvo con Ángela Merkel, en Hannover (Alemania), previa y preparatoria de la cumbre de la OTAN de aquel año, cuando fijó el objetivo de destinar el 2% del PIB para gastos militares. Con esto no pretendemos blanquear a Trump ni ofender a Obama, sencillamente queremos establecer que esto es una estrategia del aparato de Estado de los USA, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.

Esto sería lo de menos, pues cada nación tiene el derecho, o debería tenerlo, a organizar sus presupuestos como mejor convenga a las necesidades y prioridades de su pueblo. La cuestión que nos debemos plantear es ¿por qué Estados Unidos propone esto?, al margen de que Obama y Biden lo proponían con palabras educadas y Trump lo exige con chantajes incluidos.

No obstante, no podemos dejar pasar que elevar del 2 al 3% la partida en Defensa significa para el Estado español destinar 48.000 millones de euros a gastos militares, y que de hacer caso al incremento del 5% que propone el actual Secretario General de la OTAN, portavoceando los deseos de Trump, sería destinar 80.000 millones de euros cada año. Dinero que habría que restar de los ya de por sí recortados presupuestos de Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia.

Para no quedarnos en meras opiniones, establezcamos algunos datos que nos pueden ayudar a entenderlo:

En junio de 2007 del Real Instituto El Cano, informaba que las importaciones de gas ruso de los países de Europa, variaba entre el 15% y el 50%:

– Un 15%: Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Gran Bretaña.

– Entre un 20 y un 40%: Francia (23,5%), Italia (31,7%) y Alemania (40,3%).

– Más de un 50%: Austria, la República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovenia y Turquía.

En agosto de 2016, el Observatorio Económico del BBVA para los Estados Unidos, emitía un informe de “Análisis Sectorial”, en el que decía:

“Esta situación está provocando que los exportadores estadounidenses diversifiquen y busquen más allá de los mercados asiáticos. En este contexto, Europa se ve como una alternativa viable, dado el tamaño de su mercado, interés en la diversificación y su relativamente bien distribuido sistema de terminales de importación. En 2014, el gas natural suministró 21% del total de las necesidades energéticas de los 28 países de la UE. Cerca del 66% del consumo interno tuvo que importarse y ocho países europeos importaron el 100% del gas consumido. Asimismo, existían 23 terminales de importación en el continente con una capacidad de procesamiento de 7.1 Tcf. Estas terminales operan con una capacidad muy baja (25% en 2014), lo que sugiere que existe margen para absorber el GNL estadounidense”.

A cierre de 2023, la situación ya se había dado la vuelta. Las compras de gas ruso de los países europeos, en los dos primeros años del conflicto cayeron al 8%, en promedio. Mientras que las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) desde Estados Unidos pasaron del 18,9% de 2021 al 56,2% de 2023 (Fuente: Comisión Europea a partir de ENTSO-G y Refinitiv). -a pesar de ser extraído por la técnica del “Fraking”, recordemos el “drill baby, drill” de Trump- triplicándose en estos últimos tres años. A esto hay que añadir que el gas estadounidense se ha comprado un 40% más caro que el gas ruso, siendo en buena medida lo que inició la ola inflacionaria que ha afectado a todos los países del continente europeo desde el inicio de las hostilidades, lo que por ha provocado la grave crisis que sufre la industria alemana, con repercusiones en toda Europa.

Más allá de lo que nos cuentan las partes interesadas, lo que es evidente es que la confrontación por el suministro de GNL y petróleo a Europa viene planificándose desde hace años. Las tremendas inversiones de los EE.UU., en las infraestructuras portuarias que hacen posible el transporte de Gas licuado a Europa no se han hecho en dos días. Y parece obvio que a Putin y a los oligarcas que él protege, lo que les preocupa es la pérdida de ese mercado, y no tanto la apropiación de territorio ucraniano.

Desde que comenzó el conflicto, la UE ha facilitado más de 134.000 millones de euros a Ucrania https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-solidarity-ukraine/#economic Estados Unidos por su parte, por las cifras que aportó Zelensky el 19 de febrero, ha aportado unos 66.000 millones de dólares en ayuda militar. Las cifras de gasto en GNL que dan las webs de los principales operadores, dicen que EE.UU., facturó unos 44.000 millones de euros a la UE en 2024. Es decir, que en tan solo un ejercicio y medio la Administración estadounidense ha amortizado su “inversión”.

Estos son los datos de los negocios, al servicio de los cuales está la política. El problema es que, como dijo Clausewitz: “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios”.

El problema para la humanidad y para la democracia es que la guerra, y por tanto esta política, tiene consecuencias nefastas para los pueblos y las personas que los componemos: Se habla de un millón de muertos entre ambos bandos, algún día sobremos las cifras concretas. A ello hay que sumar los millones de desplazados de sus hogares, dentro y fuera del territorio en conflicto. Y no podemos olvidar que esta guerra ha desatado una guerra social, a base de especulación de precios, que está empobreciendo a las sociedades europeas. Además de la desestabilización política que sufren países como Alemania, sin duda, producto de toda esta situación.

Los datos ayudan a entender el shock que ha supuesto para las instituciones europeas que Trump pretenda dar carpetazo a la Guerra, dejando fuera a quien acató las órdenes de los USA, dictadas a través de la OTAN,; a los gobiernos europeos que se han mostrado sumisos al imperialismo estadounidense y han colaborado alimentando la guerra. Y por supuesto se entiende el disloque que sufre Zelensky, al que se le pretende imponer una paz leonina.

Para Putin, la propuesta de Trump es una salida a una guerra que se le está atragantando; consigue territorio, aunque no fuese su prioridad, salva, de momento, que la OTAN se asume a su frontera oeste, y se frota las manos con la guerra arancelaria que abre Trump.

Lo único positivo de la situación actual es la posibilidad cierta de que acabe la guerra y con ello que se ponga fin a la barbarie que está desangrando a la juventud rusa y ucraniana.

Nos reafirmamos:

“Ni Putin ni OTAN”, “Ni Trump ni Putin”,

“No a la Guerra”.

La Junta Directiva
24 de febrero de 2025

La dimisión de Mazón es una necesidad democrática y por salud pública


Delegación de ASTRADE a la manifestación del 29 de diciembre en Valencia

El pasado mes de diciembre, ante el anuncio de las asociaciones y colectivos valencianos de convocar una nueva manifestación en Valencia para el día 29, la Junta Directiva de ASTRADE tomó la decisión de facilitar la participación de una delegación de miembros de nuestra Asociación en esta manifestación. Nos pareció una forma de solidaridad con el pueblo valenciano que, además de la DANA, ha sufrido las consecuencias de unas instituciones contrarias a los intereses de la mayoría social.

El inicio de la manifestación estaba fijado para las 18:00, por lo que nos dio tiempo a participar en una comida/reunión que los compañeros del CATP en Valencia tenían prevista, a la que nos sumamos junto a otra delegación que había viajado desde Cataluña. Pudimos hablar con compañeras y compañeros de Valencia, algunas de ellas afectadas directamente por las consecuencias de la DANA. La puesta en común y presencia allí de militantes que nos habíamos desplazado para participar codo con codo en la reivindicación abrió la posibilidad de que, en estos meses venideros, se organice un encuentro estatal en Valencia para abordar el deterioro de los servicios públicos y los derechos; situaciones que nos afectan por igual en Valencia, Andalucía, Cataluña, Madrid o en cualquier otro lugar del Estado español, como es el caso de la Sanidad, la Vivienda, la Educación, las Pensiones, las Residencias o la ineficacia, la negligencia y la contribución de las instituciones al agravamiento de los problemas naturales, como ha ocurrido en Valencia con la DANA y como ocurrió en Madrid con el COVID.

En el inicio de la manifestación me acordaba las movilizaciones contra la guerra de Irak que tuvieron lugar en Madrid en 2003 o las convocadas en estos últimos años en defensa de la Sanidad Pública: esas manifestaciones que no arrancan por el colapso que se produce cuando es tan masiva la asistencia que las calles se quedan pequeñas. La asistencia a esta manifestación del 29 de diciembre, como en otras que han tenido lugar desde la catástrofe del 29 de octubre, se calcula que fue de unos 200.000 manifestantes; teniendo en cuenta que la población de Valencia es de unos 790.000 habitantes, es comparable cuando en Madrid salimos a la calle 800.000 personas a manifestarnos. Esas cifras que marean y que tanto gusta minimizar a las delegaciones de gobierno y policías municipales.

Las 224 víctimas mortales, los 3 desaparecidos y los dos trabajadores muertos en las labores de limpieza y reconstrucción, son cifras escalofriantes que permiten entender la rabia y la indignación del pueblo valenciano. No obstante, la manifestación se desarrolló con absoluta normalidad canalizando los manifestantes su sentir en los cánticos: “El president a Picassent”, “El dinero del Borbón para la reconstrucción” o “No son muertes, son asesinatos”, entre otros. Lemas que reflejan el sentir de un pueblo que ha visto de cerca y con brutalidad que las prioridades del Gobierno de la Generalitat valenciana no son coincidentes con las necesidades de las personas. Una brutalidad palmaria cuando se piensa en la cantidad de vidas que podrían haber salvado si se hubiesen dado las alarmas a lo largo de la mañana del 29 de octubre y no a las 20:11 de la tarde. O si la Unidad Valenciana de Emergencias no hubiese sido disuelta por el Gobierno de Mazón, en noviembre de 2023. O si se hubiesen acometido las obras que estaban proyectadas desde 2006 en el barranco del Poyo y Pozalet-Saleta. Entre otras actuaciones e inversiones preventivas que deberían haberse realizado desde hace años.

El sentir del pueblo valenciano expresado a lo largo de la Manifestación es coincidente con el sentimiento de miles de madrileñas y madrileños cuando piensan en los 7.291 ancianos y ancianas que murieron en las residencias de Madrid, abandonados a la enfermedad por el COVID. El mismo sentir de la mayoría de los pueblos de nuestro país cuando recuerdan los 193 muertos y más de 2.000 heridos en los atentados de Atocha el 11 de marzo de 2004, que se habrían evitado si el Gobierno de Aznar no nos hubiese involucrado en la Guerra de Irak.

No me dedico al bulo ni a la hipérbole, pero tampoco a quitar hierro o dulcificar la realidad, por eso no diré que la culpa de las catástrofes naturales la tengan los gobiernos. Lo que nadie puede negar es que no actuar, actuar tarde o tomar decisiones que añaden pérdidas de vidas humanas es algo intolerable.

Los políticos, los jueces, el propio rey, tienen que responder por sus extralimitaciones e irresponsabilidades. La impunidad es una grave enfermedad para la democracia, por eso gente como Ayuso o Mazón deben dimitir y ser juzgados.

Animo al pueblo valenciano a perseverar en la exigencia de dimisiones y responsabilidades públicas y judiciales. El 1 de febrero y todos los días que hagan falta hasta que se hagan justicia.

Roberto Tornamira Sánchez

Presidente de ASTRADE

Manifestación contra el Genocidio en Gaza: 15D


La última del año, pero no será la última

Con un recorrido muy coherente; desde la Embajada de los Estados Unidos hasta el Ministerio de Defensa, miles de personas nos manifestamos en la mañana del domingo 15 de diciembre, convocados por la Asamblea de Madrid con Palestina, en la que el CATP participa.

Desgraciadamente, no será la última vez que tengamos que salir a las calles a decir que en nuestro nombre no se tienen que mantener relaciones diplomáticas con un Estado que está llevando a cabo el exterminio de un pueblo, que es lo que el Estado sionista de Israel está cometiendo con la población palestina de Gaza.

Ya son más de 45.000 los asesinatos que el Gobierno de Netanyahu ha cometido en los últimos quince meses, a los que hay que sumar las decenas de miles de personas que yacen bajo los escombros de los hospitales, las escuelas y las viviendas derribadas por las bombas. Muertes que han afectado particularmente a niñas y niños, además de a mujeres y civiles en general.

Avergüenza conocer que nuestro Gobierno vende y/o autoriza la venta de armas para países que vulneran los Derechos Humanos, pero ya se sabe que, según la “ley del embudo”, única ley que se aplica en plenitud en este mundo, depende de quién sea el malhechor se le aplican sanciones o no.

El Centro Delás de Estudios para la paz informó, en julio de 2024, que España vendió armas a Israel en noviembre de 2023, a pesar de que el Gobierno decía ya en aquellas fechas que se había suspendido la venta de armas a Israel desde octubre del mismo año. Las armas son fabricadas en Palencia, en la empresa noruega Nammo AS, que suministra: bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y otras municiones y proyectiles.

El problema es que tampoco hemos dejado de comparar armas y tecnología a Israel. Ante la masacre que llevamos viendo desde hace meses, habría que romper todo tipo de relaciones con un Estado criminal.

Lo que Israel está haciendo en Palestina es la continuidad de la ocupación de un territorio a sangre y fuego, desde hace 76 años. Cuando Israel apela a su derecho a defenderse, “olvida” que es Israel el atacante, el agresor, el ocupante. Si acaso será el pueblo palestino quién tenga derecho a la autodefensa. Con esto no justifico las muertes de judíos indefensos el 7 de octubre del pasado año, ni la muerte de ningún judío inocente, pero como dijo Antonio Guterres: los del 7 de octubre no viene de la nada.

Tampoco se debe confundir el rechazo del sionismo con el antisemitismo. En primer lugar, porque tan semita es un judío como un árabe, y en segundo lugar porque el crimen que el Gobierno de Israel está cometiendo la hace en contra de la voluntad de su propio pueblo; en particular de las familias de los rehenes judíos en poder de Hamás, de los que continúan vivos y de los que han muerto bajo las bombas de su propio Gobierno.

Los gobiernos no miraron hacia otro lado ante los crímenes masivos de Hitler, resulta repugnante la actitud cínica de los gobiernos de la UE, y aún más la actitud colaboracionista de la presidenta de la Comisión Europea, a la que viene a sumarse Kaja Kallas, quien ha sustituido a Borrell al frente de la Diplomacia Europa, nombramiento que ha sido aplaudido en la prensa israelita.

Todo esto no sería posible sin la complicidad indisimulada de la Administración Biden, complicidad que, sustancialmente no va a cambiar con Trump, al menos no para el pueblo palestino.

Que los gobernantes nos lleven al abismo de la guerra y la locura no significa que guardemos silencio y consintamos.

Roberto Tornamira
Militante Socialista

Por España contra el Rey

Toma este breve artículo, de crítica y denuncia, el título de la obra “Por España contra el Rey”, del genial escritor valenciano Blasco Ibáñez (1867-1928), autor de “Cañas y barro” fundador del periódico “El pueblo”, que sobrevivió a su muerte, editado en Valencia con el subtítulo de “Diario republicano de la mañana”.

El diario “El pueblo”, desde su fundación por Blasco Ibáñez hasta su último número en 1939, incautado por la Falange, trató de aunar siempre, desde su primer número, a todas las fuerzas antimonárquicas, tratando fraternalmente a todo aquel que se identificara como republicano.

Autor de obras universales, tales como “La barraca”, “Una nación secuestrada” y “Los cuatro jinetes del apocalipsis”, publicada esta última en 1916, en pleno horror de la Gran Guerra, en donde la muerte y la desolación cabalgaron por primera vez, a una escala nunca vista, en una Europa devastada.

A juicio de no pocos analistas existe un riesgo cierto de que se repita por tercera vez una Gran Guerra. Son múltiples la señales que la anuncian: la guerra proxy de los USA contra la Federación de Rusia, utilizando a Ucrania como cebo; el genocidio que el gobierno sionista de Netanyahu está perpetrando en los territorios históricos del pueblo palestino, con imágenes diarias de un horror difícil de soportar sin sentir nauseas; además de otras numerosas regiones del planeta, incendiadas por Occidente y castigadas por los espantosos males que, irracionalmente, la especie humana se inflige a sí misma.

Rusia, gobernada por un régimen no menos oligárquico, alienante y criminal que el capitalismo global de Occidente, es una potencia nuclear de primera magnitud, con el consiguiente riesgo de una respuesta suicida al humillante cerco de la OTAN, que arrasaría países que, como España, tienen bases militares estratégicas de los USA instaladas en su territorio.

Siendo Rusia el país más extenso de la Tierra es obvio que no aceptará ver amenazada su supervivencia por la entrada de Ucrania en la OTAN, o la instalación junto a su frontera de misiles que porten armas nucleares, con tiempos de vuelo hacia Moscú de escasos minutos, que neutralizarían toda posibilidad de una respuesta efectiva.

Guerra de Ucrania apoyada irresponsablemente por Felipe VI. Un rey cuya persona es inviolable, aunque delinca. Un rey que mantiene secuestrada esta “democracia modélica” del Reino de España; en realidad un reino heredado de Franco, “atado y bien atado” mediante la falsa ley de Amnistía de 1977, una ley electoral preconstitucional y su candado constitucional. Lo que impone de hecho un nuevo bipartidismo en esta segunda restauración borbónica, análogo al turnismo de Cánovas y Sagasta a finales del siglo XIX, fundamentados en el poder de las oligarquías y el caciquismo.

La reciente tragedia en el levante español, causada por el cambio climático y la tradicional corrupción urbanística, agravada por evidentes negligencias, han provocado un aterrador balance de muertos y heridos, incluida una gigantesca devastación, nunca vistos.

Tras el desplome de agua, cañas, y barro por el barranco del Poyo, con su rastro de muerte y desolación, se ha escenificado, con seis días de retraso, una indignante comitiva real a la zona cero de la tragedia.

Un postureo real, o quizás algo más, que ha entorpecido, en un escenario dantesco, las tareas de rescate de cadáveres y de limpieza, acabando la farsa como el rosario de la aurora.

Farsa promovida por una iniciativa del rey Felipe VI, ansioso por limpiar la imagen de su corona, en otro intento oportunista de proyectar un perfil de “rey salvador”, análogo a su discurso a la Nación televisado en directo por TVE, retransmito en directo por todas las cadenas el 3 de octubre de 2017, de funesta memoria en los Països Catalans.

Esta segunda debacle de Felipe VI ha sido un burdo intento de limpiar y de afianzar su corona, análoga a la actuación de Juan Carlos I durante el autogolpe del 23-F de 1981; un Borbón “rey salvador” que, además de defraudar a la Hacienda pública, ha trasladado su domicilio fiscal a Abu Dabi, poniendo a buen recaudo su oculta fortuna familiar.

Alguien debería aclarar el porqué de tan burda comedia, además de identificar quién o quiénes han movido los hilos de una tramoya tan inquietante.

¿Fue una decisión del Rey Felipe VI? ¿Entonces, por qué tardó seis días en aparecer en Paiporta, la zona cero de la tragedia? ¿Fue casual la agresión al Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, que acompañaba al Rey? ¿Por qué el Rey se quedó allí tras la evacuación del Presidente Sánchez, y no abandonó inmediatamente el lugar? ¿Por qué Felipe VI no prestó tampoco la menor atención a la Reina Leticia, embarrada y desamparada? ¿Acaso sabían ciertos servicios del Estado que la violencia iba a ir dirigida exclusivamente contra el Presidente del Gobierno de España y la Reina Leticia, y no contra el Rey? ¿Fue casual? ¿Fue planeado? ¿Con qué finalidad? ¿Fue una actitud “valerosa” la del Rey y “cobarde” la del Presidente? ¿Hubo una conspiración para agredir al Presidente del Gobierno de España forzando su evacuación? ¿Se buscó dar una falsa apariencia de “huida precipitada” del Presidente Sánchez? ¿Por qué medios afines a la monarquía apoyan la imagen de un “Rey salvador”, que nadie ha votado, protagonista de una comedia tan burda, y, en cambio, enfangan la del legítimo Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, votado en las urnas?

La cruda realidad es que la juventud trabajadora está siendo enviada a despedazarse y morir en las trincheras, a ambos lados de los frentes de batalla entre Oriente y Occidente, mientras los oligarcas promotores de guerras, siguen acrecentando sus beneficios a costa de los muertos de la clase trabajadora: nuestros muertos.

No nos callarán.

Manuel Ruiz Robles
Capitán de Navío de la Armada (retirado).
Portavoz del colectivo ANEMOI
Fue miembro de la Unión Militar Democrática (UMD)

Marcha republicana 16J

El 16 de junio, tal y como estaba previsto y organizado, miles de republicanas y republicanos, llegados de diversos puntos del Estado, nos dimos cita en las calles de Madrid, no menos de 15.000, muchos más de los 4.000 que dijo Delegación de Gobierno, quien debería comprarse unas gafas nuevas de contar manifestantes o dejar de dar por válidas las cifras que le dictan los agentes de la “fachipol”.

                La pluralidad de las organizaciones y colectivos convocantes hizo muy variados los lemas que se corearon:

                -España mañana será republicana.

                -Ni uno más, Felipe “El último”.

Estos, entre otros muchos lemas y canciones. Las conversaciones, los carteles y las pancartas hacía alusión a la necesidad de avanzar en la Democracia, considerando la República como un medio para el avance en derechos y a la Monarquía como una institución anclada en el pasado: el más distante, por ser una institución proveniente de la Edad Media; y el más cercano, ya que La Corona actual se asienta en la herencia que las leyes de sucesión del dictador impusieron a la llamada transición.

                No se trata de cambiar un rey por un presidente, eso, dicho así, es una simpleza. Se trata de que el jefe del Estado pueda ser elegido por el pueblo soberano, en lugar de un relevo por genética. Es una cuestión básica en democracia y para que la democracia pueda deshacerse los lastres del pasado.

                Se trata de que el concepto de jefe del Estado, en paralelo con la jefatura de los tres ejecitos, es el contenido de esa herencia del franquismo. Los republicanos y republicanas no queremos un jefe del Estado militar, ya lo sufrimos desde 1939 a 1975, y continúa con la misma gorra de plato desde 1975, heredada claro está.

                Para avanzar en democracia es necesario que la estructura del Estado, sus tres poderes, no sean súbditos de un o una monarca, tanto da el género, que tiene sus raíces donde las tiene la Casa Borbón.

                República no es cuestión de símbolos, banderas, conmemoraciones…siendo estas muy importantes para garantizar la memoria histórica, es cuestión de derechos:

– Derecho de los pueblos a vivir en paz, sin constantes provocaciones para la confrontación, sean estas políticas, judiciales o del tipo que sean.

– Derecho a la libertad de expresión y movilización sin ser criminalizados por leyes como la “Ley Morzada” que tan ávidamente aplican jueces y fiscales.

– Derecho a vivir con dignidad, sin que más del 26% de la población viva en la pobreza y donde el 50% de los asalariados y asalariadas viven con menos de 1.500 € netos al mes en 12 pagas.

– Derecho a una red de servicios públicos bien dotada en medios y profesionales:

  • Con facultativos en todas las urgencias extrahospitalarias.
  • Con condicionales laborales para los profesionales de la Sanidad Pública que no les obligue a migrar.
  • Con una Educación pública de calidad, en lugar de financiar con dinero público educación segregacionista y de doctrina religiosa.
  • Con un Sistema Público de Pensiones que no sea sangrado por el Estado, para justificar su pretendida privatización. Cumplimiento de la Ley 21/2021 “Auditoría”.
  • Con una red de residencia para mayores en las que no se les ponga en riesgo por subordinar el bienestar de los y las residentes a los intereses económicos de las empresas.

                Son muchos los avances pendientes en derechos, pero esos avances difícilmente se van a conseguir en un Estado cuyo modelo esta enlazado con el franquismo.

Pascual Sánchez
Militante socialista de Madrid

Nace Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores

La asociación recién creada está constituida por familiares de fallecidos y activistas en defensa de la Sanidad Pública y los Derechos Humanos.

Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), se constituye exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma.

DJRM promoverá la existencia de una trama comunitaria con un conjunto de organizaciones, colectivos sociales, asociaciones de familias de víctimas y vecinales y ciudadanos y ciudadanas conectados entre sí, que compartan una perspectiva común en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que 41.174 personas murieron en Residencias de mayores, en 2021, en todo el Estado, según datos publicados en https://es.statista.com/estadisticas/1201589/fallecidos-residencias-a-causa-de-covid-19-por-region-espana/

Cuatro años después, todos gobiernos de los territorios, han cerrado el escenario de sus responsabilidades. En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias a los que se les negó la atención médica hospitalaria, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan. Queda un resquicio de esperanza con las “Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid”.

En Catalunya, el Parlament aprobó unas conclusiones en las que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que “se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado“. Estas conclusiones las rechazan las familias de las víctimas, que piensan que ha habido un pacto político para minimizar la tragedia. Y deberían rechazarlas el conjunto de la sociedad, pues la falta de previsión, por parte de los poderes públicos, nos pone en riesgo a todas y a todos en materia de Salud y Dependencia.

Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no disponían de información respecto de las causas. En Asturias, Baleares, Murcia y Navarra aportaron los datos, sin explicar las causas.

En la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año.

DJRM no sólo no cierra las puertas de las instituciones políticas y jurídicas europeas, sino que organizará y canalizará acciones contundentes que permitan sensibilizar a la sociedad civil de la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido con todas sus consecuencias.

Desde DJRM nos proponemos promover, con los familiares de los residentes, una nueva Ley de Residencias, con mínimos exigibles de obligado cumplimiento comunes para todas las CC.AA.

DJRM, hace un llamamiento a la ciudadanía comprometida con la defensa de valores públicos a participar en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia.

Mercedes Huertas
Presidenta de DJRM
I Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial

Encuentro Estatal del CATP: Madrid 27 de abril 2024

El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial, con compañeras y compañeros llegados de distintos puntos del Estado español: Catalunya, Andalucía, Euskadi, País Valencià, Castilla La Mancha, Castilla y León, Canarias…y también de Madrid.

Las intervenciones han analizado la catastrófica senda por la que el capitalismo arrastra a la sociedad: Genocidio contra el pueblo palestino, caos en la Sanidad Pública, saqueo de los sistema públicos de pensiones por parte de los gobiernos, precariedad en el empleo y pobreza de los trabajadores apalancada por las reformas laborales, represión de los movimientos sociales y de la resistencia de la clase trabajadora apoyándose en leyes como la “Ley Mordaza”, jibarización de la industria en España y en el conjunto de los países de Europa, guerra en Ucrania que está desangrando a la juventud ucraniana y rusa en una guerra de oligarcas e imperialistas por el reparto de los mercados de la energía, y un largo etcétera de situaciones que conforman un oscuro presente y futuro.

                Sin que fuese un punto previsto para el debate, la situación que se vive en estos momentos en el Estado español ha estado presente en las palabras de los y las intervinientes. El lavado de cara del franquismo y el disfraz de “demócratas” que supuso la transición se cae a trozos cada día más. Las instituciones del Estado apestan a fascismo. Lo que venimos viendo en otros países, como Brasil, con el encarcelamiento de Lula y el derrocamiento de Dilma Rousseff; lo visto en Peru, con el encarcelamiento de Pedro Castillo; lo recientemente visto en Portugal, con la operación mediático-judicial, para hacer dimitir a Antonio Costa…ahora lo estamos viendo en España con la acción de boicot legislativo y permanente “lawfare” desde el poder judicial y la judicatura prevaricadora, combinada con la pléyade de medios de comunicación que maneja la derecha política y económica.

                Los hechos señalados y constatables marcan la agenda del CATP, con el objetivo inequívoco de ser una herramienta útil para apoyar la resistencia de la mayoría social: trabajadores y trabajadoras, pensionistas, agricultores y campesinos, autónomos, desempleados y desempleadas, y la juventud que son hijas e hijos de las familias trabajadoras.

                La manera de salir del pozo en el que el capital financiero nos está metiendo es luchar por la República. Por eso se ha adoptado en el Encuentro el firme compromiso de trabajar en favor de la marcha republicana a Madrid que se prepara pare el día 16 de junio, 10º aniversario de la abdicación del huido a Abu Dabi.

                El Encuentro ha puesto en el frontispicio de los compromisos la lucha con el Genocidio que se está cometiendo en Gaza desde hace más de 7 meses, que se ha cobrado la vida de más de 34.000 palestinos y palestinos, la mayoría de ellas mujeres y niños. En manos de los pueblos que componen el Estado español está la exigencia de la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con el Estado sionista israelí. No se puede decir que se va a reconocer el Estado palestino y que se están vulnerando los derechos humanos y a la par continuar con la compra-venta de armas entre España e Israel.

                Como ya se ha dicho, muchos han sido los asuntos tratados en este Encuentro. Resaltar la campaña que el CATP tiene iniciada para dirigirnos a la Ministra de Sanidad, Mónica García. Campaña que ha tomado la forma de una carta colectiva, que a la celebración del encuentro ya cuenta con más de 600 adhesiones.

Roberto Tornamira
Miembro de Tribuna Socialista

Reproducimos la carta y la aportación escrita que se presentó al Encuentro explicativa de por qué es necesario derogar la Ley 15/97, así como los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86, entre otras normativas.

Carta a Mónica García, ministra de sanidad

                Sra. Ministra:

                En todo el Estado, y bajo formas diversas en las distintas autonomías, la Sanidad Pública vive una situación muy difícil. Los servicios de salud no se han recuperado de los durísimos recortes que sufrieron en el periodo 2010-2018. El deterioro de las condiciones de trabajo ha llevado a una fuga de profesionales. Las listas de espera se hacen insoportables, y han aparecido importantes demoras en los centros de Atención Primaria, lo que origina la saturación de las urgencias hospitalarias. En todas partes, los procesos de privatización avanzan, amparándose en un marco legal que lo permite.

                Aunque las competencias de gestión están en manos de las comunidades autónomas, eso no significa que el ministerio que usted dirige no tenga posibilidades de actuar para cambiar la situación, pues hablamos de legislación de ámbito estatal.

                Le pedimos que actúe de inmediato en tres terrenos:

  • Derogación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, de los artículos 66,67 y 90 de la Ley 14/1986 General de Sanidad y de todas las disposiciones que permiten la privatización de la sanidad.
  • Derogación de las normas que permiten la intromisión de las mutuas en el control de las bajas laborales por contingencias comunes.
  • Aprobación de un presupuesto de urgencia finalista para la sanidad, que permita a los distintos servicios de salud recuperarse de los recortes sufridos y mejorar su funcionamiento y condiciones de trabajo para frenar y revertir la fuga de profesionales.

                Nos parece que son propuestas en sintonía con su posición, manifestada en distintos momentos. Le solicitamos que, desde su Ministerio, ponga en marcha las medidas necesarias para aplicarlas.

                Quedando a su entera disposición para poder abundar sobre estos asuntos, en una reunión con usted o con quien usted determine.

Aportación al Encuentro del CATP 27-Abr

Defendamos la Sanidad Pública

“Derogación de las leyes que hacen posible la privatización sanitaria”

                En muchos territorios del Estado se han desarrollado movimientos sociales en defensa de los servicios públicos: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia. Movimientos encabezados y configurados por las y los militantes que se resisten al saqueo de lo público por parte del libre mercado.

                Sabiendo que en comunidades como Andalucía, Cantabria o Cataluña, entre otras, hay una importante respuesta ciudadana contra la destrucción de la Sanidad Pública, en Madrid ha fraguado un movimiento consolidado en torno al espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, en el que se agrupan decenas de asociaciones vecinales y colectivos en defensa de la Sanidad Pública, coordinados en plataformas de distrito y organizados por una asamblea representativa del conjunto de organizaciones. Es el espacio que lideró las grandes manifestaciones de noviembre de 2022 y febrero de 2023.

                La lucha en defensa de la Sanidad Pública no se da solo en los fogonazos de macro manifestaciones; son las concentraciones semanales, los encierros, las campañas de sensibilización que se llevan a cabo lo que hace posible las grandes manifestaciones. Pero toda esta lucha será baldía si no tiene un reflejo político.

                Incomprensiblemente, las grandes organizaciones políticas y sindicales asisten como espectadoras de esta confrontación, entre quienes se apropian de los sistemas públicos para incrementar su negocio y quienes resisten en defensa de lo que tantas generaciones se han esforzado por construir.

                El tremendo esfuerzo de tantas y tantos militantes, esfuerzo sostenido en el tiempo, tiene que tener un resultado, como lo ha tenido la perseverancia del movimiento de Pensionistas forzando la Ley 21/2021, a pesar de que, sorprendentemente, el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

                La determinación de la ciudadanía, a lo largo de todo el Estado español, por defender la Sanidad Pública tiene que verse reflejado en la coherente derogación de las leyes que hacen posible la privatización de la Sanidad Pública:

  • Los artículos 66 y 67 de la Ley 14/1986 Ley General de Sanidad, establecieron los “convenios singulares”, para abrir la puerta a la colaboración con hospitales privados.
  • El artículo 90 de la misma Ley, establece los “conciertos para la prestación de servicios sanitarios” con medios ajenos a los públicos.
  • La Ley 15/1997 amplió los convenios y conciertos a “cualesquiera entidades admitidas en derecho, así como a través de la constitución de consorcios, fundaciones…pudiéndose, además, establecer acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas”.

                Han pasado 23 años desde el traspaso de las competencias del INSALUD a las últimas comunidades autónomas que recibieron esta competencia, pero los artículos de la Ley 14/86 y la Ley 15/97 en su totalidad continúan siendo el cimiento sobre el que se asienta el trasvase de dinero y servicios públicos hacia las empresas privadas de la salud. Siendo la corrupción entorno al negocio de la Sanidad una de las consecuencias más nefastas.

                Siendo, la actual ministra de Sanidad, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), decía en 2013: “La rentabilidad en sanidad es un concepto peligroso. Solo puedes aumentar en rentabilidad si disminuyes en dar salud, no hay otra fórmula”. Y tenía razón.

                Congruentemente con lo expuesto, animamos a continuar con la campaña de adhesiones a una carta a la Ministra de Sanidad, Mónica García, para que se abra en el Consejo de Ministros y en el Poder Legislativo el debate necesario para la derogación de la Ley 15/97 y los preceptos señalados de la Ley 14/86.

Apoyan esta resolución:

Roberto Tornamira, miembro del CATP y de la Asociación Vecinal “Nudo Sur” (Madrid).- Carol Ruiz White, miembro del Espacio Vecinal Fuencarral-El Pardo por la Sanidad Pública.- José Manuel Martín, activista de la Plataforma de Rivas con la Sanidad Pública.- Luis Páramo, miembro de la Unión Ciudadana por la Mejora en las Residencias (U.C.M.R.) y Ana Pérez Fernández, portavoz de Coespe-Madrid.

8M. Solidaridad con las mujeres palestinas

En la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del «Día de la Mujer Trabajadora», que se comenzó a celebrar al año siguiente. Desde entonces, esta fecha, hoy llamada “día de la mujer” sirve para reivindicar la igualdad en todas las esferas de la vida, el fin de patriarcado y para denunciar la violencia y discriminación que todavía hoy sufrimos las mujeres.

Pero hoy, 8 de marzo de 2024 nuestra reivindicación se dirige al mundo para exigir el fin del genocidio en Palestina. Desde su inicio, el estado israelí ha asesinado a más 12.000 niños y niñas y 8.190 mujeres. De las 7000 personas desaparecidas, el 70% son mujeres, niños y niñas.

Nuestra solidaridad con las mujeres palestinas:

  • Mujeres que están siendo detenidas, vejadas o asesinadas.
  • Mujeres a las que han tenido que practicar cesáreas sin anestesia, curar heridas con vinagre doméstico, realizar operaciones sin luz al amparo de teléfonos móviles, mujeres que contraen infecciones y mueren por complicaciones. 60.000 embarazadas darán a luz en estas condiciones en los próximos meses.
  • Mujeres que trabajaban en un sistema educativo que está siendo bombardeado y que ha causado ya centenares de víctimas entre las mujeres docentes de universidades, escuelas e institutos.

Exigimos el alto el fuego inmediato y fin del genocidio.

Exigimos que cese la destrucción de cualquier recurso vital para el pueblo palestino: ambulancias, escuelas, hospitales, centros de salud, panaderías, tanques de agua, paneles de energía.

Las mujeres socialistas del Vendrell y el Baix Penedès mostramos nuestra solidaridad con la resistencia activa de las mujeres palestinas.

Su sufrimiento no debe seguir siendo ni ignorado ni silenciado.

Exigimos el alto el fuego inmediato y permanente y la ruptura de todas las relaciones con Israel.

Hoy no hay 8 de marzo sin apoyar a las mujeres palestinas.

Montse Salvatierra
Militante PSC el Vendrell
Mujeres socialistas del Penedés

Reportaje: Jornada de lucha 14 de febrero de 2024

“Atención Primaria desmantelada, urgencias colapsadas«

El espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid ha llevado a cabo una nueva jornada de lucha en defensa de la Sanidad Pública. Esta vez, en forma de concentraciones en cinco de los principales centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid: La Paz, el Clínico, el Sureste (Arganda), el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón.

La pandemia de los años 2020 y 2021 puso en evidencia el deterioro de la Sanidad Público, deterioro provocado por la combinación de dos ejes de actuación de los distintos gobiernos: la privatización y la descapitalización.

La privatización no sería posible sin tres puntos de apoyo legislativos:

  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los artículos 66 y 67 (convenios de colaboración y 90 (conciertos), sentó las bases de la colaboración público-privada.
  • Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley, basada en el “informe de Abril Martorell, de 1991, abría las puertas a la privatización de la Sanidad Pública, dejándole a las empresas las manos libres para lucrarse, pues desaparecía la capacidad de supervisión del servicio prestado, entre otras cosas.
  • Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre el traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud.

Dos años después de esta secuencia legislativa, en 2003, se producía el “Tamayazo”, un hecho de corrupción nunca aclarado, y la privatización en bloque de 7 hospitales en Madrid. El trabajo de los lobbies es “lento, pero seguro”.

La descapitalización se viene aplicando cada año, con la no reposición del personal facultativo y sanitario que causa baja por jubilación: en 2016 había en Madrid un 9,43% menos de médicos de familia y un 22,16% menos de personal de enfermería que en 2007.

La descapitalización, también se aplica en el dinero presupuestado; Madrid lleva años siendo la comunidad autónoma que menor renta por habitante dedica a la Sanidad: en 2022, Madrid destinó 1.280 euros por habitante, frente a los 1.996 de Asturias (la que más), siendo el presupuesto medio por habitante en las comunidades de 1.662 euros, Madrid se sitúa un 30% por debajo de media.

El recorte de personal y la reducción de medios es una decisión que, gobierno tras gobierno autonómico, han llevado a cabo mientras la población de Madrid se ha pasado de los 5,33 millones de habitantes en el años 2000, a los 6,91 millones a junio de 2023, es decir, que ante un incremento de la población del 30%, se destinan menos medios.

Este deterioro ha entrado en bucle, provocando el desprestigio del sistema de salud pública de Madrid, al que los nuevos médicos no quieren venir cuando terminan sus estudios y su MIR, y donde el personal sanitario migra en cuanto puede, a territorios y/o países en los que se les trate con dignidad, salarial y profesionalmente.

A lo anterior, hay que añadir el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias, los SUAP y los servicios de Atención Rural en los pueblos, los SAR, dando el criminal esperpento de centros sin médico.

Esta dinámica de legislación y política económica ha desprotegido a la población, lo sufrimos en pandemia y lo acabamos de vivir con la saturación de la Atención Primaria, que ha llevado al colapso de las urgencias hospitalarias en la anual epidemia de gripe.

Las asociaciones vecinales y las plataformas que las agrupan, organizados y coordinados en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid han dado una nueva respuesta contundente en Defensa de la Sanidad Pública, con la convocatoria de estas cinco concentraciones, a las que se han sumado no menos de 2000 personas, en el conjunto de la movilización.

Roberto Tornamira
Es miembro de Tribuna Socialista y participa del movimiento en defensa de la Sanidad Pública en Madrid

Tribuna Socialista da la voz a quienes hacen realidad esta lucha por un bien común, la Sanidad Pública:

Hospital Universitario del Sureste (Arganda)

Javier Tavares

Plataforma de Rivas por la Sanidad Pública

El pasado 14 febrero, a las 11:30 y convocados por el espacio Vecinas y Vecinos de los pueblos y barrios de Madrid, nos concentramos más de 300 personas (según los medios de comunicación que cubrieron la noticia) a favor de la Sanidad Pública, ante el desmantelamiento de la Atención Primaria y el colapso de las urgencias hospitalarias.

Se incidió en la idea de que la sanidad pública no es de derechas o de izquierdas sino un derecho para todos y todas.

Nuestros mensajes fueron:

  • Sin contratación de personal sanitario es imposible dar un servicio con un mínimo de calidad
  • Hay que reclamar, reclamar y reclamar.
  • Se está dejando caer a la Atención Primaria,no hay equipos completos de personal sanitario en las urgencias y los servicios rurales están desmantelados.
  • Es un plan perfectamente calculado para hundir la Sanidad Pública y así poder seguir alimentando a la Privada con dinero público.

El Hospital Universitario del Sureste, atiende a 190.833 pacientes, procedentes de 21 poblaciones del sureste de la Comunidad de Madrid.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 75.562 a 123.370 pacientes, un 63%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 7,40% al 5,36%.

Hospital La Paz

Montse Toll

Plataforma en defensa de la Sanidad Pública “Sierra de Guadarrama”

El manifiesto lo leyeron Raquel, de Manzanares el Real, Vicente, de Soto del Real y una chica joven y comprometida que había acudido a la concentración y se ofreció voluntaria para hacerlo.

Cuando llegaron lxs compañerxs de las urgencias extrahospitalarias desmanteladas, se nos abrió el corazón por el empuje que tienen en su lucha imparable. María cogió el megáfono y no paramos de gritar consignas y cantar con ella en defensa de la Sanidad Pública: qué queremos, universal y de calidad, con las urgencias extrahospitalarias con equipos completos y la Atención Primaria con todas las plazas cubiertas.

En la concentración de La Paz estuvimos unas 200 personas, aunque es difícil precisar porque muchas se unían un rato, cuando salían de sus consultas, y el personal sanitario aprovechó su descanso o bajó a propósito para unirse a la concentración.Como un bonito ejemplo de una bella mujer que nos dijo que tenía 90 años y gritó como la que más.

Veníamos de los pueblos y barrios del norte de Madrid.El ambiente fue magnífico. La gente se identificaba cuando los colectivos empezamos a poner las pancartas.

Nuestra compañera Ana Encinas, médica de Atención Primaria y nuestro compañero Guilléndel Barrio, enfermero de urgencias de La Paz, atendieron a los medios.

Pusimos una mesa para recoger reclamaciones y fue emocionante la cola que se formó. No tuvieron un momento de descanso hasta que acabó la concentración sobre las 13:30, cuando recogimos todo y nos fuimos más que satisfechxs.

El Hospital General La Paz, atiende a 536.448 pacientes, procedentes de las poblaciones del norte de la Comunidad de Madrid.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 180.412 a 249.483 pacientes, un 38%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 14,86% al 10,99%.

Hospital Universitario Clínico

José Luis Yugero

Asamblea Vecinal por la Sanidad Pública Puerta del Ángel-RSP Latina-Carabanchel

Desde el 2012 no se había hecho ninguna concentración en el Clínico, la duda de si iba ha ser secundada por las vecinas y vecinos del área de integración del Clínico era grande, pero nos sorprendió la gente acudiendo de manera importante; unas 250 personas según los medios que acudieron allí.

Al margen de la afluencia, lo más significativo fue con la combatividad y alegría que la gente demostró la hora que estuvimos allí y las trabajadoras y trabajadores del Hospital que se unieron a la concentración.

Cuando confías en la gente y realmente es la protagonista de sus acciones, todo fluye y crece.

Seguiremos hasta conseguirlo. Sanidad 100X 100 pública y de calidad.

El Hospital Universitario Clínico, atiende a 375.451 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Chamberí o Latina.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 105.763 a 145.819 pacientes, un 38%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 19,07% al 13,09%.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Julio Fernández

“Moratalaz por lo Público”

Respondiendo a la convocatoria de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, los diferentes colectivos que defendemos la Sanidad Pública de los distritos del ámbito del Gregorio Marañón, organizamos en su entrada una concentración en la que se dieron cita más de 300 personas, a las que se fueron añadiendo, con salidas esporádicas, l@strabajador@s del centro hospitalario, que nos apoyaron y compartieron nuestras reivindicaciones.

Los concentrados se colocaron en la larga escalinata que está en la entrada del hospital, y como cada colectivo llevó sus propias pancartas junto a una de las más emblemáticas de Vecinas y Vecinos que tiene la leyenda “LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE”, que se puso al pie de la escalera, se consiguió un marco escénico espléndido.

Durante más de una hora, estuvimos coreando los lemas en defensa de la Sanidad Pública, de Calidad y Universal y donde el eslogan más destacado fue el reflejado en el cartel de la convocatoria: “PRIMARIA DESMANTELADA, URGENCIAS COLAPSADAS”.

Finalizamosleyendo el manifiesto común a los cinco hospitales donde se celebró este acto, recibiendo el comentario satisfactorio de los asistentes y animándonos a seguir haciendo movilizaciones como esta.

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón atiende a 321.591 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Moratalaz, Vicálvaro o Retiro.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 183.663 a 270.319 pacientes, un 47%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 14,91% al 10,04%.

Hospital Universitario 12 de Octubre

Luis López

Villaverde MATS

La concentración del 12 de octubre, al igual que las que tuvieron lugar en los otros cuatro hospitales fue un éxito, con una asistencia no menor a 400 ciudadanos y ciudadanas que acudieron a aportar su esfuerzo para defender la Sanidad que es de todos, la Pública. Hay que tener en cuenta que las concentraciones se convocaron por la mañana, en día de diario, momento en el que mucha gente que hubiese acudido estaba trabajando. Aún así, contamos con la presencia y participación de bastantes trabajadores y trabajadoras del Hospital 12 de Octubre.

Desde el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid se está siguiendo la misma pauta que la llevada a cabo para organizar las grandes manifestaciones de años anteriores. Es una respuesta a la política privatizadora del partido que gobierna desde hace décadas en Madrid, el PP, empeñado en cerrar centros de salud, en precarizar el trabajo de los y las profesionales de la Sanidad Pública, con el consiguiente deterioro de la Atención Primaria, lo que a su vez satura las urgencias hospitalarias. Están privatizando incluso servicios como el mantenimiento, la esterilización, todo, para que finalmente, el deterioro de lo público empuje a los ciudadanos a suscribir pólizas en la Sanidad privada, aunque terminen dándose cuenta de que las pólizas que su poder adquisitivo les permite realizar, prácticamente no les sirve para nada, porque tienen que abonar copagos por casi todo.

Vamos a seguir trabajando y movilizando a los vecinos y vecinas desde los barrios. No dudo que en estos próximos meses continuaremos con las movilizaciones hasta volver masivamente a la calle.

El Hospital Universitario 12 de Octubre atiende a 451.200 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Villaverde, Carabanchel o Usera.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 206.741 a 305.650 pacientes, un 48%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 13,50% al 8,32%.

Fuente de datos para los cinco hospitales: Memoria del Servicio Madrileño de Salud de 2020.