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La amnistía y el referéndum en Catalunya son un avance democrático para los trabajadores y los pueblos del Estado.

Estos días, de nuevo se concentra toda la atención política vinculada a la posibilidad de investidura de Pedro Sánchez, en torno al debate sobre la amnistía a los procesados y condenados por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Fueron casi 3.000 personas las encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por organizar el referéndum del 1‐O, también como consecuencia de la represión impuesta en general al movimiento independentista durante el período posterior. Se pone, intencionadamente, el énfasis en los responsables políticos procesados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, en especial, jóvenes, procesados por
el referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones contra el juicio y condena a los dirigentes republicanos catalanes.
Ese número desorbitado de perseguidos y procesados es el resultado de la campaña emprendida por el aparato policial y judicial contra el pueblo catalán tras el infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, y la consigna de ¡A por ellos! ¿Qué futuro de progreso puede establecerse en este país sobre la base de la persecución y condena de miles de ciudadanos? ¿Cómo puede
establecerse una relación de fraternidad ente los pueblos del Estado sobre esta base?

Desde el CATP, convencidos de que todo avance social en este país necesita de la alianza de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de estos procesados y detenidos, sin cortapisas o condiciones. Un ejemplo de pasos en positivo es la recogida de firmas que nuestros compañeros de Tribuna Socialista han puesto en marcha y que ha tenido una buena acogida entre la militancia socialista, una iniciativa que merece el apoyo del CATP.
Apoyamos la amnistía y este derecho, incluso, al margen de que haya o no investidura de Pedro Sánchez y de los acuerdos desarrollados finalmente con Junts y ERC. Porque consideramos que el único “delito” de los procesados fue tratar de defender y de ejercer unos derechos democráticos, lo que fue respondido por una represión policial brutal, por la violación flagrante de la legalidad por parte del sistema judicial español y por una respuesta del aparato de Estado y de los partidos que se autodefinen como “constitucionalistas”, de cierre de filas con la monarquía centralista impuesta por el franquismo y heredada de aquel régimen criminal.

Hoy, de nuevo, las fuerzas del viejo régimen se han agrupado contra esta exigencia de amnistía y de libertades. Desde la Corona, los aparatos del Estado y la derecha en las instituciones (incluidos los restos del felipismo en el PSOE), así como los poderes oligárquicos y los medios de comunicación a su servicio. Esta oposición cerrada no resulta casual. En 2017 estimaron igual que estiman ahora el peligro real de un cambio del régimen constitucional del 78, por lo que utilizaron y utilizarán todos los mecanismos para impedir todo avance en este sentido.

El CATP entiende, sin embargo, que, aunque en 2017 se pusieron los focos sobre el Govern de Puigdemont, sus consellers, el Parlament y los alcaldes independentistas, quienes realmente dieron viabilidad y defendieron el referéndum del 1‐O fue la población trabajadora catalana, y, en especial,
la juventud, que nunca renunció a ejercer sus derechos a la libertad y a decidir libremente su destino.
Unos derechos, compartidos fraternalmente con los trabajadores y los pueblos de todo el Estado español, que hoy siguen “conculcados”.
Defender la amnistía de los represaliados políticos catalanes, sin renunciar al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro y a la realización de un referéndum con garantías forma parte, en consecuencia, de la misma lucha de la clase trabajadora de todo el Estado. Supone un avance importante para que, sea cual sea el gobierno que se forme, podamos seguir defendiendo nuestras
reivindicaciones más urgentes y unos derechos y garantías democráticas que el actual régimen monárquico se ha mostrado incapaz de satisfacer.
La exigencia de amnistía es incondicional, al mismo tiempo para los trabajadores, los jóvenes, todos los sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos, hacer frente a las consecuencias de la crisis económica es esencial. Hacer frente al nuevo impuesto para los trabajadores que significa la
inflación, que permite ganancias astronómicas para el gran capital, exigir aumentos de salarios y pensiones según el IPC real, medidas para controlar los precios derogar lo que falta de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y los bajos salarios, hundiendo en la miseria a la clase
trabajadora. Hay que derogar las disposiciones represivas como la “Ley Mordaza”, acabar con los gastos militares que alimentan la muerte, la destrucción en Ucrania y menoscaban los servicios públicos: la Sanidad la Enseñanza, las Pensiones, etc.
Hoy, exigir la amnistía de los y las represaliados en Catalunya por defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conlleva también defender una salida republicana para la población trabajadora y los pueblos del Estado español.
Llamamos a todos los demócratas a apoyar estas exigencias elementales y proponemos realizar, donde sea posible, actos y reuniones con este objetivo.

Coordinadora Estatal
Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos
6 de octubre de 2023

Como sindicalistas, llamamos a trabajadores y trabajadoras en activo o pensionistas, a participar masivamente en la manisfestacion de 28 de octubre en Madrid.

Las organizaciones de pensionistas convocan, de nuevo, una manifestación estatal el 28 de octubre en Madrid, en defensa del sistema público de pensiones y con la exigencia de la realización de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social en el centro de sus reivindicaciones.
Estamos hartos de que se nos repita, una y otra vez, que las pensiones futuras no son sostenibles” y que hay que aceptar nuevos recortes nuevos retrasos de la edad de jubilación, cuando el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en unos años, los gobiernos de turno sacaron más de 100.000 millones de euros de la caja de la Seguridad Social para “gastos impropios” (es decir, para pagar cosas que no son pensiones contributivas). Por eso necesitamos la auditoría para eliminar este argumento de los que quieren destruir nuestro sistema público de pensiones basado en el mecanismo solidario de reparto.
Recordamos que la auditoria es una reivindicación del movimiento pensionista, lanzada por la COESPE, que con el apoyo de un grupo de diputados por la transparencia de las cuentas públicas consiguieron que fuera incluida en la ley 21/2021 de reforma del sistema público de pensiones. Y también la auditoria es una demanda que fue aprobada en el Congreso Confederal de UGT y en
muchos congresos de Uniones Territoriales y Federaciones de CCOO.
Es inaceptable que el gobierno que se dice “progresista” incumpla este mandato parlamentario.
Desconfiamos de la última reforma de pensiones que abre la vía a la privatización de nuestra Seguridad Social a través de los fondos de pensiones de empresa y que, aunque mantiene la actualización de las pensiones según el IPC medio, deja en manos de la AIReF el futuro de esta medida. Recordamos que la AIReF es un organismo de control fiscal, creado por exigencias de la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, y no los derechos de la población trabajadora y los y las pensionistas.
Somos conscientes de que sin salarios dignos no puede haber pensiones dignas.
Proponemos dirigirnos a las federaciones de pensionistas de organizaciones sindicales de toda Europa para explicar el combate en defensa de las pensiones en el Estado Español y, en particular, la movilización del 28 de octubre.
Por todo ello llamamos a sindicalistas, pensionistas, jóvenes, trabajadores y trabajadoras en activo a preparar la manifestación del 28 de octubre y a participar en ella. Porque, gobierne quien gobierne, el derecho a las pensiones públicas se defiende.

Sindicalistas por la auditoria es un colectivo de militantes sindicales de UGT, CCOO y otras organizaciones, creado en 2021 para apoyar las movilizaciones del movimiento independiente de pensionistas y, en particular, la exigencia de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social: sindicalistasxauditoria@gmail.com

22 de octubre

Solidaridad con Palestina

Las imágenes hacen innecesarias demasiadas palabras, fueron decenas de miles las personas que se manifestaron el domingo 29 de octubre en Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid, bastión de la derecha, ajenos al sentir mayoritario de la ciudadanía, el mismo lunes 30 y sin ningún pudor, con los votos de PP y VOX, concede la “Medalla de Honor” a Israel. Cabe preguntarse ¿cuál es el “honor” para los herederos del franquismo? Quizás el dudoso honor de que el Gobierno de Netanyahu haya sido capaz de emular los bombardeos fascistas
en Guernica, solo que el número de horas de bombardeo sobre gaza es 200 veces superior al que emplearon la “Legión Condor” alemana y la “Aviación Legionaria”.

Los manifestantes, entre los que había muchos jóvenes, coreaban “No es una guerra, es un genocidio”. Es una buena matización, pues en la Franja de Gaza no hay dos ejércitos combatiendo, lo que hay es un ejército demoliendo edificios, escuelas y hospitales, con sus ciudadanos dentro. Están machacando literalmente ese territorio, ejecutando una invasión. Los medios de comunicación
internacionales ya hablan de que, en Gaza, han muerto en estos 23 días de bombardeos más niños y niñas que en todos los conflictos bélicos del mundo, en lo que va de 2023. Pero aún se escucha decir a los gobiernos, en ese lenguaje cínico que utiliza la diplomacia, que “Israel tiene derecho a defenderse” y haciendo timoratos llamados a respetar los derechos humanos.

La indignación en los países occidentales está llevando a masas de ciudadanos y ciudadanas a salir a la calle para exigir el alto el fuego y señalar la acción criminal del Gobierno sionista de Netanyahu: Berlín, Bruselas, Londres, Viena, Roma, Sídney, Madrid y Barcelona, entre otras muchas.
También en los países del mundo árabe e islámico, como en Jordania, Egipto, Turkía, Bosnia y Herzegovina, Malasia… Pero en estos países el carácter no es solamente solidario con el pueblo palestino, es también de rabia contra sus gobernantes por no hacer nada, en su supeditación a los Estados Unidos, en muchos de los casos. Quizás esta situación derive en una nueva ola de alzamientos de los pueblos. En todo caso, dejar que Israel continúe con su política criminal de ocupación y muerte solo puede llevar a generar más odio y conflictos.
Alcemos nuestra voz contra las guerras, levantemos un movimiento contra la guerra en cada barrio, en cada pueblo, en cada país y continente, para pararle los pies a los intrigantes que se esconden tras los conflictos, con el único objetivo de la acumulación de capital.

Pascual Sánchez
Militantes socialista de Madrid (No afiliado al PSOE)

Movilización de pensionistas

Otro año más, el movimiento de Pensionistas se ha movilizado por el centro de Madrid, para exigir que el Gobierno encargue, de una vez por todas, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como exige la Ley 21/2021 en su Disposición Adicional Sexta, para que se garantice por Ley, y no por decreto año a año, que el incremento de las pensiones sea igual o superior al IPC, y para que la pensión mínima se equipare al Salario Mínimo Interprofesional.
Recodemos que el movimiento de pensionistas viene defendiendo el mantenimiento del poder de compra de las pensiones desde que el gobierno de Rajoy (PP), aplicase una ripia subida del 0,25% entre los años 2013 y 2018, ambos inclusive, como puede verse en la siguiente tabla:

acumulado del índice general de precios al consumo (IPC), ha sido en estos 16 años de crisis concatenadas, del 26,9% mientras que las pensiones se han revalorizado 24,1%, por lo que la pérdida acumulada es del -2,8%.

Por otra parte, parece razonable que la pensión mínima se equipare con el SMI, establecido en 1.080 euros por 14 pagas A día de hoy, la pensión mínima para un o una pensionista, sin cónyuge a cargo, es de 783,10€ por 14 pagas, mientras que, si la pensión está destinada a una persona con cónyuge a cargo, la cuantía asciende a 966,20€ por 14 pagas. En cualquiera de los casos es insuficiente para vivir, si lo comparamos con los 1.584€ del precio medio en España para una vivienda en alquiler o con los incrementos de precio de los alimentos en los últimos 12 meses: +75% el aceite de oliva, el 44,9% del azúcar, el 21,9% del arroz o el incremento general del precio de los alimentos, que en los primeros
meses del año alcanzó un +16,7%.
Para Tribuna Socialista, la reivindicación con mayor contenido es la necesidad de auditar las cuentas de la Seguridad Social. Esta es una reivindicación que el movimiento de pensionistas sumó a su lucha a partir de los informes del Tribuna de Cuentas del Estado, en particular el de 2020, cuando se hizo público que todos los gobiernos han venido utilizando indebidamente decenas de miles de millones de euros de las pensiones para el pago de otras partidas, más de 103.000 millones de euros exactamente. Esta cifra corresponde tan solo al periodo 1989 a 2018.
En la Ley 21/2021 el gobierno se comprometió a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, algo que tendría que haber hecho en febrero de 2022. De la misma manera, esa misma Ley exige que el Gobierno presentase el informe de la Auditoría en el plazo de seis meses, es decir, que tenía hasta mediados de 2022 para presentar dicho informe. A fecha de hoy no hay noticias
del encargo de esta Auditoría que debía abarcar el periodo 1967 a 2019.
La realización de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por un organismo oficial no dependiente del Gobierno, con los datos de los que ya se disponen, dejaría claro de una vez por todas que el Sistema Público de Pensiones, que se dota con el salario diferido de los trabajadores y trabajadoras, es perfectamente sostenible y que no precisa de reformas que lo ponen a los pies de bancos y aseguradoras con fórmulas variopintas, cuyo único objetivo es la privatización del Sistema Público.
En el Acuerdo para formar gobierno, PSOE y Sumar nada han dicho a este respecto, como nada han dicho de otras reivindicaciones sociales que piden la desprivatización de la Sanidad Pública o que se deje de financiar a la Iglesia, la católica y cualquiera otra.
Como dicen los pensionistas en sus movilizaciones, “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

¡Es una indecencia permanecer callados ante el exterminio que se está produciendo en Gaza!

ASOCIACIÓN TRABAJO Y DEMOCRACIA

Han pasado tres semanas desde las criminales incursiones de Hamás en territorio de Israel; asesinatos y secuestros contra población civil que no tienen justificación. La hipótesis que más lógica adquiere, de por qué Hamás llevó a cabo esta planificada acción, es la de que necesitasen que su causa tomase la relevancia que había perdido ante la pandemia, la guerra en Ucrania o los escarceos comerciales y militares de Estados Unidos y China, entre otros acontecimientos. Es posible. En todo caso, el precio en vidas humanas no justifica nada. Como el legítimo derecho a defenderse no legitima un genocidio.

El mundo se ha escandalizado con lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre, veremos cuánto duran estos deleznables hechos en las portadas de los periódicos.

Solo si nos desentendemos de un problema nos sorprendemos con las derivadas que dicho problema pueda tomar. Aceptar que Israel lleve, como mínimo, 75 años invadiendo territorio palestino, a pesar de las condenas y resoluciones de la ONU, tiene consecuencias terribles para el pueblo judío y palestino, fomentando una espiral de odio como la que se continúa fraguando en estos momentos, de manera acelerada, a un lado y otro de la valla que separa Gaza de Israel.

Son llamativos los apoyos y abrazos que está recibiendo el presidente de israelí, el Sr. Netanyahu, uno de los pirómanos de este incendio, sionista donde los haya. Apoyos de Joe Biden y Rishi Sunak, presidentes de USA y Gran Bretaña respectivamente, aunque no solo de ellos. Apoyos y comprensión incomprensible para con la masacre de víctimas inocentes en Gaza: 8000 muertos en Gaza (a 29 de octubre), de los que más de la mitad son niños y niñas.

Solo releyendo la historia y actualizando los hechos podemos encontrar alguna explicación, que no comprensión, a lo que está ocurriendo:

  • En 1922, la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, encargó a Reino Unido que administrase los territorios del Levante Mediterráneo: el Reino de Jordania, los Altos del Golán, Gaza, Cisjordania y lo hoy abarca Israel; a este encargó se le llamó “el mandato británico”; territorios que Gran Bretaña ya había ocupado en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. En esta década de los años 20 se comenzó a fomentar y financiar (por la Agencia Judía, entre otros) la migración de judíos a Palestina.
  • En noviembre de 1947, la ONU proponía dividir la parte occidental del Mandato en dos Estados, uno judío, (el 55% del territorio, antes, la población judía contaban con el 7% del territorio) y otro árabe-palestino, excepto Jerusalén y Belén que quedarían bajo control internacional. El rechazo del gobierno británico a llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia una guerra civil en el territorio del Mandato de Palestina que estalló al día siguiente de la votación del Plan, seguida de la guerra árabe-israelí de 1948.
  • En 1956 la Guerra del Sinaí, en 1967 la Guerra de los Seis Días y en 1973 la Guerra del Yom Kippur.

No profundizamos en los hechos y conflictos que han tenido lugar a lo largo de décadas, pues hay información sobrada para saber más sobre estos acontecimientos, pero nos parecía oportuno mencionarlos para establecer un hilo que ayude a entender el porqué de lo que hoy ocurre. Para ello, es necesario mencionar también las consecuencias de los mencionados hitos históricos:

  • Es difícil saber, en estos momentos, cuál es el porcentaje de territorio que Israel ha ocupado, muy por encima del 55% que se les concedió en 1947, saltándose las múltiples resoluciones de la ONU: 194, 242, 337, 3379, 446, 672, 3236, entre otras muchas, todas ellas son de interesante lectura.
  • Más de 5 millones de palestinos y palestinas sobreviven en campos de refugiados: 2,2 millones en Jordania, 500.000 en Líbano, más de 400.000 en Siria y más de 2 millones en distintos campamentos en su propia tierra, Cisjordania y Gaza.
  • Antes del 7 de octubre, el desempleo juvenil superaba el 50% y el desempleo medio se situaba en el 41%.

Son solo tres impunts de los muchos y desgarradores que se podrían dar, que se están viendo agravados hasta rebasar el límite de lo admisible con el asedio, bombardeos y ahora incursión terrestre en la franja de Gaza, por parte del Estado de Israel.

Con los antecedentes que hemos expuesto no esperamos de Reino Unido otra cosa que apoyo a Netanyahu. Tampoco esperamos que Estados Unidos abogue por la paz, tanto por la incidencia que el lobby israelí tiene en Washington, como por la nula fuerza moral de los USA; por cómo esa nación se fraguó, usurpando el territorio a las tribus nativas.

Entendemos como positiva la propuesta de una Conferencia de paz, para dentro de seis meses, que ha hecho nuestro presidente del Gobierno. Sin embargo, lo que urge es que los gobiernos de la UE y las instituciones internacionales se dejen de medias tintas y exijan a Israel un alto el fuego inmediato.

Tras siete décadas de abuso y muerte, es poco creíble que la solución pase por el establecimiento de dos estados, eso ya se propuso en 1947. La solución es muy difícil, pero desde luego no es solución continuar dando largas al conflicto. Lo deseable sería que se establecieses las condiciones para que palestinos y judíos puedan vivir en un solo Estado, laico y democrático, en el que no tenga cabida ni el supremacismo sionista ni el integrismo islámico.

El sentir manifestado en este comunicado, por la Junta Directiva de ASTRADE, sirve para cualquiera de los conflictos armados que hay hoy en el mundo, aunque no podamos precisar los hechos y circunstancias de cada uno de ellos.

Junta Directiva

La amnistia y el referéndum en Catalunya son un avance democrático para los trabajadores y los pueblos del estado 

Estos días, de nuevo se concentra toda la atención política vinculada a la posibilidad de investidura de Pedro Sánchez, en torno al debate sobre la amnistía a los procesados y condenados por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Fueron casi 3.000 personas las encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por organizar el referéndum del 1-O, también como consecuencia de la represión impuesta en general al movimiento independentista durante el período posterior. Se pone, intencionadamente, el énfasis en los responsables políticos procesados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, en especial, jóvenes, procesados por el referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones contra el juicio y condena a los dirigentes republicanos catalanes.  

Ese número desorbitado de perseguidos y procesados es el resultado de la campaña emprendida por el aparato policial y judicial contra el pueblo catalán tras el infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, y la consigna de ¡A por ellos!  

¿Qué futuro de progreso puede establecerse en este país sobre la base de la persecución y condena de miles de ciudadanos? ¿Cómo puede establecerse una relación de fraternidad ente los pueblos del Estado sobre esta base?  

Desde el CATP, convencidos de que todo avance social en este país necesita de la alianza de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de estos procesados y detenidos, sin cortapisas o condiciones. Un ejemplo de pasos en positivo es la recogida de firmas que nuestros compañeros de Tribuna Socialista han puesto en marcha y que ha tenido una buena acogida entre la militancia socialista, una iniciativa que merece el apoyo del CATP. 

Apoyamos la amnistía y este derecho, incluso, al margen de que haya o no investidura de Pedro Sánchez y de los acuerdos desarrollados finalmente con Junts y ERC. Porque consideramos que el único “delito” de los procesados fue tratar de defender y de ejercer unos derechos democráticos, lo que fue respondido por una represión policial brutal, por la violación flagrante de la legalidad por parte del sistema judicial español y por una respuesta del aparato de Estado y de los partidos que se autodefinen como “constitucionalistas”, de cierre de filas con la monarquía centralista impuesta por el franquismo y heredada de aquel régimen criminal. 

Hoy, de nuevo, las fuerzas del viejo régimen se han agrupado contra esta exigencia de amnistía y de libertades. Desde la Corona, los aparatos del Estado y la derecha en las instituciones (incluidos los restos del felipismo en el PSOE), así como los poderes oligárquicos y los medios de comunicación a su servicio. Esta oposición cerrada no resulta casual. En 2017 estimaron igual que estiman ahora el peligro real de un cambio del régimen constitucional del 78, por lo que utilizaron y utilizarán todos los mecanismos para impedir todo avance en este sentido.  

El CATP entiende, sin embargo, que, aunque en 2017 se pusieron los focos sobre el Govern de Puigdemont, sus consellers, el Parlament y los alcaldes independentistas, quienes realmente dieron viabilidad y defendieron el referéndum del 1-O fue la población trabajadora catalana, y, en especial, la juventud, que nunca renunció a ejercer sus derechos a la libertad y a decidir libremente su destino. Unos derechos, compartidos fraternalmente con los trabajadores y los pueblos de todo el Estado español, que hoy siguen “conculcados”. 

Defender la amnistía de los represaliados políticos catalanes, sin renunciar al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro y a la realización de un referéndum con garantías forma parte, en consecuencia, de la misma lucha de la clase trabajadora de todo el Estado. Supone un avance importante para que, sea cual sea el gobierno que se forme, podamos seguir defendiendo nuestras reivindicaciones más urgentes y unos derechos y garantías democráticas que el actual régimen monárquico se ha mostrado incapaz de satisfacer.  

La exigencia de amnistía es incondicional, al mismo tiempo para los trabajadores, los jóvenes, todos los sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos, hacer frente a las consecuencias de la crisis económica es esencial. Hacer frente al nuevo impuesto para los trabajadores que significa la inflación, que permite ganancias astronómicas para el gran capital, exigir aumentos de salarios y pensiones según el IPC real, medidas para controlar los precios derogar lo que falta de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y los bajos salarios, hundiendo en la miseria a la clase trabajadora. Hay que derogar las disposiciones represivas como la “Ley Mordaza”, acabar con los gastos militares que alimentan la muerte, la destrucción en Ucrania y menoscaban los servicios públicos: la Sanidad la Enseñanza, las Pensiones, etc. 

Hoy, exigir la amnistía de los y las represaliados en Catalunya por defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conlleva también defender una salida republicana para la población trabajadora y los pueblos del Estado español. 

Llamamos a todos los demócratas a apoyar estas exigencias elementales y proponemos realizar, donde sea posible, actos y reuniones con este objetivo.  

Noticias de la campaña internacional

¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!

Próximos actos:
  • 31 de mayo, en Madrid, el Club de Amigos de la Unesco (CAUM) organiza una Mesa Redonda sobre la necesidad de alcanzar la paz y el desarme nuclear, en relación con la guerra de Ucrania. A las 19:00 en C/ San Bernardo, 20 – 2ª planta (Puerta 5). Habrá una participación de Tribuna Socialista. Acto pendiente de concretar.
  • 8 de junio, el CATP de Madrid y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, organizamos un acto de presentación del Manifiesto internacional ¡Alto a la Guerra! Acto pendiente de concretar.

Otras noticias:

El manifiesto por la paz lanzada por Sahra Wagenknecht y Alice Schwarcer, publicado en el Boletín Informativo de la campaña internacional ¡Alto a la Guerra!, ha superado las 800.000 adhesiones.

La lucha en defensa de las Pensiones Públicas continua

El 25 de mayo ha tenido lugar una concentración de pensionistas frente al Congreso de los Diputados. Una movilización más de las muchas que se han llevado a cabo desde 2013, cuando el Gobierno de Rajoy impuso la devaluación de las Pensiones Públicas, al revalorizarlas durante años con un ridículo 0,25%.

Las movilizaciones de pensionistas han motivado algunos avances para las pensiones públicas, como la revalorización del 8,5% que el actual Gobierno decidió para este año 2023 (decisión que se tomó una semana antes de la gran manifestación de pensionistas del 16 de octubre de 2022, en Madrid). Las movilizaciones de los pensionistas también han conseguido que la Ley 21/2021 obligue al Gobierno a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social:

La exigencia de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social comenzó siendo una reivindicación del movimiento de Pensionistas, a partir del informe que en 2020 hizo público el Tribunal de Cuentas del Estado en el que, tras estudiar el periodo 1989 a 2013, se establecía que el Estado ha utilizado de manera sistemática e indebida más de 103.000 millones de euros. Recientemente, el ministro Escrivá ha dicho en la prensa que la deuda del Estado con las Pensiones Públicas asciende a 140.000 millones de euros.

La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, obliga al Gobierno a encargar una Auditoría que estudie el periodo 1967 a 2021. El Gobierno debería haber encargado la Auditoría en enero de 2022 y haber presentado el Informe de Auditoría antes de final de junio de 2022. El Gobierno no ha cumplido aún con esta obligación legal, mientras que sí ha cumplido con la condición que le imponía la UE de realizar una nueva reforma de las Pensiones Públicas.

Si el Gobierno admite que el Estado le debe, como mínimo, 140.000 millones de euros a la caja de las Pensiones ¿qué necesidad había de realizar una nueva reforma de las Pensiones, aunque fuese para incrementar los ingresos?

Si el Tribunal de Cuentas del Estado ha detallado en su informe de 2020 que los distintos gobiernos, en el periodo 1989 a 2013, han utilizado indebidamente más de 103.000 millones, y ahora el ministro de Seguridad Social admite que ya son 140.000 ¿cuántas decenas de miles de millones le debe el Estado al Sistema Público de Pensiones para el periodo 1967 a 2021?

¿Por qué se insiste en la falsedad de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?

Basta de alimentar los beneficios de las grandes corporaciones privadas con los derechos fundamentales: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.

En la concentración estaba convocada para exigir, entre otras, las siguientes reivindicaciones:

  • Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, ¡Ya!
  • Pensión mínima igual al SMI: 1.080 € (La pensión mínima en 2023 se sitúa en 783 €).
  • Pensión de viudedad al 100% de la Base Reguladora del finado/a (hoy es del 52%).
  • Revalorización de las pensiones con el IPC, por ley, para todos los años.

Las intervenciones en el cierre de la concentración de pensionistas de esta mañana han dejado claro que la lucha por la Defensa del Sistema Público de Pensiones continuará tras el verano de este año.

Gobierne quien gobierne, las Pensiones se defienden.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Derechos sociales. Servicios Públicos y de calidad

Bajo este lema tuvo lugar el pasado día 20 de mayo otra gran manifestación en Madrid, a una semana de las elecciones municipales y autonómicas. Una Manifestación convocada por distintos colectivos vecinales, pensionistas… a la que nos sumamos como Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).

Una vez más, miles de personas recorrieron las calles de Madrid para pedir respeto a los servicios públicos y exigir:

  • que se deje de privatizar la Sanidad Pública, dotándola de recursos económicos que eviten la precariedad y la infra remuneración del personal sanitario.

Que se termine con la colaboración público-privada, vía por la que se trasvasa dinero público al negocio de la salud y se deteriora lo público.

Que se dé marcha atrás a todas las políticas privatizadoras hospitalarias y que se reabran todos los centros de Atención Primaria, con personal suficiente.

El desastre de la gestión sanitaria del Gobierno del PP en Madrid ha llevado a que los nuevos médicos que terminan su periodo de formación (MIR) no quieran trabajar en Madrid en la Atención Primaria, concretamente en las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría. Ya son dos años consecutivos en los que la Comunidad, que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), no consigue cubrir el 16% de las plazas ofertadas.

  • una Educación Pública de calidad a la que se destinen todos los recursos económicos que hoy se desvían a la educación concertada (en un 80% en manos de la Iglesia, en muchos casos para segregar a niños y niñas). Que se acabe con la Educación concertada, un negocio en el que predomina el beneficio sobre la enseñanza.

La Educación Pública está siendo “descapitalizada”: los fondos públicos para la educación concertada crecieron diez veces más que los destinados a la educación pública en el decenio 2010 a 2020. Esta descapitalización provoca que no haya profesorado suficiente para cubrir bajas, con la consecuente pérdida de horas lectivas para el alumnado en los centros públicos.

  • la desprivatización de las Residencias, para que el dinero público vaya a una alimentación digna para nuestros mayores y la dotación de personal profesional suficiente, en lugar de a la cuenta de beneficios de las empresas y fondos buitre que las gestionan.

Los manifestantes no olvidaron a los 7.291 fallecidos en las Residencias de Madrid, como consecuencia del protocolo criminal del Gobierno de Ayuso; por el que se les negó la asistencia hospitalaria en la pandemia.

  • la realización de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para el periodo 1967 a 2021, cumpliendo de una vez con la Ley 21/2021 que hasta hoy está incumpliendo el Gobierno.

Hay que terminar con la utilización indebida del dinero de las Pensiones Públicas. Las Pensiones son sostenibles, lo insostenible es su saqueo. El Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe en 2020 en el que asentaba que el Estado ha estado haciendo un uso indebido del dinero de las pensiones públicas, por lo que la deuda del Estado con la caja de las Pensiones ascendía a más de 103.000 millones de euros (para el periodo 1989 a 2013). Recientemente, el ministro Escrivá elevaba esa deuda a los 140.000 millones de euros. Por tanto, las pensiones sí son sostenibles, lo insostenible es el saqueo al que el Sistema Público de Pensiones viene siendo sometido, por todos los gobiernos, desde los franquistas años 60 de siglo XX.

Basta de incrementar los presupuestos para alimentar la Guerra; dinero para matar, mientras se escatima en los presupuestos para curar, para educar y para vivir con dignidad.

Tras las elecciones del 28 de mayo continuará la lucha por la defensa de la Sanidad, la Educación, las Residencias, las Pensiones y de todos los servicios públicos.

Gobierne quien gobierne los servicios públicos se defienden
Crónica de Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista