Categoría: economia

Ley de reducción de la jornada laboral, avances y vetos

En la actual situación de inestabilidad política y con una correlación de fuerzas parlamentarias completamente abierta se está tramitando en el Congreso uno de los compromisos más importantes del Gobierno del PSOE y Sumar para esta legislatura,la reducción la jornada laboral máxima de 40 horas semanales, vigente desde 1983, a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. El pasado mes de mayo el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Se prevé que en el mes de julio se voten en el pleno del Congreso las enmiendas a totalidad presentadas por PP, Vox y Junts per Catalunya.

La mesa de diálogo social para la reducción de la jornada laboral, formada por del Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, se estuvo reuniendo para negociar prácticamente durante todo 2024 y a finales del mes diciembre se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales, que fue rechazado por las organizaciones empresariales. Según las previsiones del Ministerio de Trabajo y Economía Social esta medida beneficiará a unos 12 millones de personas trabajadoras, especialmente en los sectores con menor cobertura de los convenios colectivos. Actualmente la jornada máxima en cómputo anual es de 1.826 horas y 27 minutos y con la reducción prevista pasaría a ser unas 1.712 horas anuales. Por lo tanto, es una reducción moderada, pues serian 114 horas anuales, un 6,24% del total de horas efectivas de trabajo.

Para el Gobierno la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales beneficiará el incremento de la productividad y la creación de empleo. Resalta que esta medida que se enmarca en los estándares europeos mejorará la calidad de vida de las personas trabajadoras y favorecerá la conciliación personal, familiar y laboral. En el Anteproyecto se recogían medidas de apoyo a las pymes, que las patronales rechazaron y que se podrían recuperar en las negociaciones con los grupos parlamentarios. Se valora la mejora de las condiciones de trabajo por la instauración del registro horario digital e interoperable, con acceso desde Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y con sanciones cuantificadas por empleado y no por empresa y también por el derecho a la desconexión digital, prohibiendo respuestas fuera del horario laboral.

Tanto CCOO como UGT, que representan a más 67% del total de delegados y delegadas elegidas en todo el país, valoran positivamente el Proyecto de Ley, pues recoge el acuerdo del diálogo social alcanzado con el Gobierno y consideran que la reducción de jornada supone un avance social junto a las mejoras en los derechos laborales del registro horario y la desconexión. Estiman que la medida fomentará la igualdad y la conciliación, por la menor carga de horas de trabajo que puede ayudar a redistribuir las tareas domésticas. Reducirá la brecha de género, especialmente en el trabajo a tiempo parcial, en el que trabajan mayoritariamente mujeres, porque en muchos casos su jornada pasará ser a tiempo completo. También defienden los efectos positivos para la productividad y la creación de empleo.

En cambio, las organizaciones empresariales califican el Proyecto de Ley de intromisión en las competencias propias de la negociación colectiva y lo califican de inconstitucional, cuando en 1990 el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la Ley de 1983 de reducción de la jornada máxima a 40 horas semanales. Tachan al proceso de diálogo social de una ficción y acusan al Gobierno de no buscar el consenso entre las distintas posiciones expresadas en la mesa. En algunas estimaciones sectoriales, sobre el impacto de la reducción de jornada, se alerta de que los costes laborales aumentarán de forma desorbitada para poder cubrir las necesidades de nuevo personal, y entre otras consideraciones, afirman que la productividad es insuficiente. Por todo ello las patronales han solicitado a los grupos parlamentarios a que veten el Proyecto de Ley.

Los grupos parlamentarios del PP y Vox ya habían anunciado su decisión de vetar el Proyecto de Ley, y ahora se les ha unido el grupo parlamentario de Junts per Catalunya con las enmiendas a la totalidad registradas en el Congreso. Las derechas y las patronales coinciden en los argumentos, pues denuncian que la medida presentada por el Gobierno supone una injerencia del Estado, que vulnera el diálogo social y la negociación colectiva, pues consideran que la reducción de la jornada máxima debe negociarse en el marco de los convenios colectivos y no establecerse por ley. Reiteran de nuevo, ya lo decían del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que la subida de los costes laborales pondrá en riesgo la competitividad empresarial, cuando en realidad han subido los márgenes empresariales de forma relevante. Alertan de las enormes dificultades que la ley provocará en las pymes, autónomos y en los sectores con márgenes más ajustados. Desde Junts per Cataluña alegan que la medida llega sin consenso territorial ni sectorial y critican que ha sido negociada solo con los sindicatos estatales, cuando en Cataluña CCOO y UGT tienen una representatividad superior al 75%.

No deja de sorprender la denuncia de las derechas acusando de injerencia del Estado en las relaciones laborales y el diálogo social con este Proyecto de Ley, cuando es el resultado de la mesa del diálogo social y está siendo debatido por todos los grupos parlamentarios. Por el contrario, el Gobierno del PP, con mayoría absoluta, en el 2012 impuso mediante un decreto ley su reforma laboral, sin contar con el diálogo social ni el debate parlamentario. El PP impuso de forma autoritaria un conjunto arbitrario de medidas regresivas y lesivas que recortaron los derechos laborales, incrementaron la precariedad laboral y la desigualdad, aumentaron los poderes empresariales en la negociación colectiva y provocaron la destrucción de empleo, al facilitar y abaratar los despidos.

Parece que los promotores de los vetos quieren ocultar que nuestro sistema legislativo establece que las leyes marcan los mínimos y la negociación colectiva en todos los ámbitos (tanto en las empresas como en los sectores) pueden mejorarlos sin contradecir la ley. De hecho, en la actualidad la ley fija como jornada máxima 40 horas semanales y según el registro de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social hay 3.512 convenios con jornada laboral inferior a la máxima legal, con 38,3 horas semanales de media. A su vez, la legislación faculta a la negociación colectiva a implementar la flexibilidad necesaria en cada sector o empresa, entre otras materias, para determinar la duración, ordenación y distribución del tiempo de trabajo.

Desde Gobierno, ante la posición de confrontación permanente de PP y Vox, se quiere negociar con Junts per Catalunya su apoyo al Proyecto de Ley, pues si prosperan las enmiendas a la totalidad el texto volvería al Gobierno, lo que retrasaría o podría impedir la entrada en vigor de la ley este año. Los sindicatos anuncian que van a presionar con movilizaciones y llaman a los grupos parlamentarios a facilitar la tramitación para despejar la incertidumbre de cara a los convenios colectivos que se tienen que negociar en 2026 e invocan el respaldo que la gran mayoría de la ciudadanía expresa en las encuestas y otros estudios sobre la implantación de la jornada laboral a 37,5 horas sin disminución del salario.

Toni Ferrer

¡Con ustedes: la guerra de los aranceles!

En el mes de febrero, Tribuna Socialista tituló su editorial en TS-163: “El siglo de las crisis”. Se desglosaron las cuatro crisis sufridas desde 2002 comenzando por la entrada del euro, hasta 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania y la onda expansiva en forma de ola inflacionaria que ha recorrido Europa. Finalizando con la guerra de aranceles que Trump anunció en su toma de posesión el 20 de enero.

Una secuencia de crisis encadenadas, de naturaleza distinta, pero con un común denominador: el alza de los precios, y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de sueldos y pensiones. Una crisis por lustro en lo que llevamos de siglo XXI. Y ahora, como si se tratase una función circense, pero con payasos sin gracia, el líder del imperialismo estadounidense anuncia una imposición arancelaria que nos arrastra a una guerra comercial mundial.

No deberíamos ver esta situación como el producto de un loco impresentable, por muy deplorable que nos parezca y sea Donald Trump y la “troupe” que lo acompaña y adula. Esta es una situación lógica; teniendo en cuenta la deriva del sistema económico hegemónico que rige el mundo, llámese liberalismo económico, capitalismo o libre mercado.

El imperialismo estadounidense no está actuando de forma distinta a como ya actuó en el pasado, al imponer a la brava sus condiciones, en favor de sus capitalistas. Ya lo hizo Nixon, otro “glorioso” presidente yanki cuando en 1971 impuso el dólar como moneda de referencia, abandonando el patrón oro. Por qué lo hicieron, porque la guerra de Vietnam metió a los EE.UU., en una dinámica en la que se priorizó la industria militar y en consecuencia le llevó a un gran endeudamiento y a un déficit comercial al tener que importar (comprar a otros) en lugar de exportar (vender a otros). Hoy, la deuda externa de los EE.UU., asciende a 32,9 billones de dólares y un déficit comercial (diferencia entre importaciones y exportaciones) de 1,2 billones de dólares anuales.

La economía capitalista es un campo plagado de contradicciones:

  • Estados Unidos se aplica con fuerza en garantizar que el dólar sea una moneda fuerte, a ser posible la más fuerte; de eso se trataba cuando Nixon impuso el dólar como patrón de cambio, en lugar del oro. Esto provoca que los productos y servicios que se producen fuera de los USA resulten más económicos que los que se producen en Estados Unidos y, por ende, los consumidores prefieren comprar coches alemanes y/o japoneses que estadounidenses.
  • Para paliar la reducción de ventas, muchas fábricas estadounidenses, incluidas las automovilísticas, optaron hace décadas por deslocalizarse a países con mano de obra barata. La consecuencia en Estados Unidos fue la caída brutal de la antes floreciente Detroit.
  • Estados Unidos se comporta como un Estado matón, rol que ha adoptado Israel. Un rol propio de países que gastan en armamento cifras astronómicas: EE.UU., dedicó a gasto militar 861.633 millones de dólares en 2023 (un 9,06% de su gasto público, que no es lo mismo que el PIB).

Llegados a este punto, Estados Unidos comete los mismos errores del pasado, alienta y alimenta un sistema económico contradictorio- aceptado por casi todos los países; incluidas Rusia y China- y ahora quiere cargar sobre las demás economías sus problemas económicos.

Las consecuencias materiales las vamos a pagar los de siempre, los consumidores; y cuanto menor sea la capacidad de compra mayor será el empobrecimiento, pues el litro de aceite y la barra de pan cuestan lo mismo a un trabajar que cobra el SMI que a la presidenta del Banco Santander.

Otra consecuencia puede ser el debilitamiento de las redes públicas de protección social: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, ya ni hablemos del desarrollo de planes de construcción de vivienda protegida.

Estados Unidos, en su búsqueda de negocio para reducir el déficit público, nos ha empujado a una guerra en Europa. Ha presionado por todas las vías: económicas y militares, y ha conseguido apropiarse del negocio energético que Rusia tenía hasta 2022, un negocio de 40.000 millones de euros anuales en gas y petróleo. Ahora, una vez consolidado el negocio, se retira del conflicto, y no conforme con el botín (ser el mayor proveedor de Europa de gas natural licuado), pretende apropiarse de los minerales ucranianos y de su energía nuclear.

La Unión Europea se equivocará si se deja arrastrar al incremento del gasto en Defensa, tal y como exige Trump. Pondrá en riesgo la estabilidad social de los pueblos del continente europeo y no será más que un títere de los EE.UU., en su guerra, de momento comercial, con China: país que se ha convertido en el taller del mundo, cuyo sector industrial ha crecido hasta representar más del 40% de su PIB, gracias a la deslocalización de las grandes multinacionales industriales y a que produce sobre explotando a su pueblo.

La guerra arancelaria no va a impedir que Levi Strauss & Co deje de comprar el algodón a China ni que deje de confeccionar en India o en Méjico. Puede que las empresas que se deslocalizaron a China, buscando sueldos bajos, se trasladen a países como Vietnam o a Bangladesh, pero difícilmente trasladarán su producción a Estados Unidos, más que nada porque la clase trabajadora estadounidense no aceptará trabajar por salarios anuales de entre 6.000 y 18.000 dólares anuales, que es la horquilla salarial en Vietnam, para la mal denominada clase media: el sueldo mínimo en Vietnam es 360 dólares mensuales.

Esta lógica vale para el empresariado estadounidense y para el empresariado español, pues esta guerra comercial no va a llevar a Inditex a traer a España sus fábricas de Pakistán, China o Marruecos. Tendrían que cumplir con los convenios colectivos del textil en nuestro país, y por ahí D. Amancio si que no pasa.

Este sistema económico, nos llevó a la primera guerra mundial por la competencia por las materias primas de los países colonizados. Nos llevó a la segunda guerra mundial porque una serie de criminales como Hitler y Mussolini quisieron arrebatar el control colonial a las potencias hegemónicas y ahora, el gran imperialismo norteamericano, en manos de un fascista, nos está empujando hacia una tercera conflagración, porque para resolver sus problemas tiene que hacerse con mercados que controla Rusia, un país en manos del jefe de un grupo de oligarcas que se ha apropiado de los bienes y riquezas de su propio pueblo, y de China, un país en manos de un partido que dice que es comunista pero que explota a su propio pueblo.

En esta “lógica” criminal se mueve Netanyahu, que ha decidido apropiarse de la franja de Gaza, animado por el anormal de la Casa Blanca, y antes animado por Biden.

La guerra no es de los pueblos, ni la bélica ni la económica, es contra los pueblos.

La Junta Directiva

Especial Congreso del PSOE

Encuentro Nuevo modelo de financiación autonómica

El jueves 17 de octubre de 2024 Izquierda Socialista, IS-PSOE, celebramos un encuentro sobre NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA con el secretario general del PSOE-M Juan Lobato- Dicho encuentro lo celebramos en la agrupación socialista de Centro, moderado por su secretario General Roberto González y con una nutrida asistencia de compañeros y compañeras para escuchar, compartir, conversar y debatir sobre un tema tan importante en estos momentos. Encuentro que coincidió en un día especial, pues un 17 de octubre de 1850, nació en Ferrol, nuestro fundador Pablo Iglesias Pose.

Desde izquierda socialista entendemos que es muy necesario hablar y escucharnos y, sobre todo, recabar cuantas más opiniones mejor para contribuir a las más acertadas resoluciones en nuestro próximo congreso federal, como en nuestro apoyo al gobierno progresista en el desarrollo de los acuerdos con todos los territorios del Estado.

Como siempre, en izquierda socialista, estamos a disposición de nuestro partido, de nuestra ejecutiva y del secretario general, para aportar, apoyar, trabajar y colaborar en todos los ámbitos, como corriente de opinión crítica y lo hacemos desde nuestras ideas y reivindicaciones históricas: defensa de la república, estado federal, estado laico, defensa de la igualdad, del feminismo, los derechos humanos, los servicios públicos, la justicia fiscal, y contra la guerra y a favor de la PAZ, elementos imprescindibles para que haya solidaridad, equidad y justicia social.

En este tema, y en relación al acuerdo del PSC con ERC, en Izquierda Socialista Federal estamos a favor del mismo.

Dentro del PSOE, nuestro partido, desde hace tiempo y no solo en el PSC, hablar de identidad nacional de Catalunya no es nuevo, ya se hizo en la Declaración de Granada de 2013, en la declaración de Barcelona 2017, en el 39 Congreso Federal al “hablar del carácter plurinacional” de España, o como “nación de naciones”.

En todos ellos se reitera la propuesta de un modelo federal, bajo el principio de que la única nación soberana es España para garantizar desde el Estado la igualdad de derechos de todas las españolas y españoles, vivan en el territorio que vivan (como cita y explica muy bien Manuel de la Rocha, en un artículo publicado el pasado 24 de septiembre en ElDiario.es y que recomiendo).

Al ser una responsabilidad competencial autonómica la VIVIENDA, también en este encuentro NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, hablamos de vivienda, en base al art. 47 de nuestra CE, que entre otras cosas dice “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna” y “los poderes públicos promoverán” … y “establecerán las normas”, etc.

Estos días estamos viviendo y asistiendo a movilizaciones y manifestaciones muy importantes, sobre el derecho a vivienda. Por ello, en la presentación del acto lancé una cuestión para reflexión de todos los asistentes.¿Creemos que es necesario hacer un parque público de vivienda en alquiler para los jóvenes y trabajadores y que el alquiler no supere más del 30% del salario mínimo interprofesional para alquileres sociales?

Agrupación Madrid-Centro PSOE-M 17 de octubre de 2024

Quienes llenan las manifestaciones, jóvenes, trabajadores, como quienes las convocan y quienes las apoyamos necesitamos dar y tener respuestas para atajar este gran problema de manera inmediata.

Tanto de la magnifica intervención de nuestro secretario general, didáctica, aclaratoria y muy útil para el más del centenar de compañeros y compañeras que llenamos la agrupación, así como las aportaciones de las múltiples intervenciones, señalaré a modo resumen algunas de las expresada en este encuentro.

El acuerdo sobre financiación acordado entre PSC y ERC es una oportunidad para abordar algo que llevamos más de 12 años pendiente de resolver, como es la Financiación Autonómica y puede servir porque abre el debate para su desarrollo.

La política fiscal es recaudar y distribuir.

Dependiendo del desarrollo que se haga del documento acordado entre PSC y ERC se podrán aplicar nuestros principios ideológicos y políticos, porque ese documento permite ese desarrollo de nuestros principios de justicia territorial y que cada uno reciba en función de sus necesidades, dando más a quien más lo necesite.

Porque las necesidades van en función del marco competencial de cada comunidad autónoma.

Es muy importante la igualdad en la prestación de servicios como la sanidad y la educación… Porque son derechos que se tienen vivas donde vivas.

Como aportamos fondos al “fondo de justicia territorial “. Tiene que haber Corresponsabilidad fiscal.

Ejemplo: si una Comunidad pone en marcha una infraestructura, para que el gobierno central le de financiación tiene primero que comprometerse esa comunidad en poner parte de la financiación subiendo impuestos a los que más tienen.

Hay dos temas en el documento que tienen que ser acordados; la Ordinalidad y la Agencia Tributaria.

Este 41ºcongreso Federal es una oportunidad que no se nos puede escapar para que los socialistas debatamos y acordemos un posicionamiento sobre financiación autonómica que sea válido para todas las comunidades basado en el principio de que cada cual reciba según sus necesidades.

Isabel Andaluz Andaluz
Portavoz Federal de Izquierda Socialista
Ex Diputada Asamblea de Madrid (2015-2019)