Las políticas liberales son el caldo de cultivo para la extrema derecha

Elecciones en Alemania

El resultado de las elecciones federales que se han celebrado el pasado día 23 de febrero en Alemania, confirma la teoría de que cuando económicamente las cosas van mal para la mayoría social, y no se da una salida de carácter socialista, de izquierdas, la derecha hace del cabreo general su caldo de cultivo.

Hablemos primero de los resultados:

La participación ha sido del 82,5%, la más alta de todos los comicios federales en lo que va de siglo, pero no más alta que el 91,1% de 1972, ni que el 90,7% de 1976. No obstante, una alta participación, para lo que estamos acostumbrados últimamente.

En el Parlamento alemán (Bundestag), la mayoría absoluta se sitúa en 316 diputados -sobre un total de 630 parlamentarios.

La CDU es el partido que agrupa democristianos y conservadores. En nuestro país hay quien lo compara con el PP, por el hecho de que comparten espacio en Europa en el PP-europeo, pero con la diferencia de que la CDU no tiene ningún vinculo histórico con el fascismo de Hitler, lo que no se puede decir del PP español y su genética franquista. Son los ganadores de las elecciones, al haber pasado de 197 a 208 diputados en el Busdestag, un incremento del 5,6%. En número de votos han pasado de los 11.178.298 de 2021 a los 14.158.432 de este mes de febrero, un incremento en votos del 26,66%.

La AfD (Alternativa para Alemania), partido que nace en 2013. Abiertamente de extrema derecha. Nace de una escisión de la CDU. Han pasado de 83 a 152 diputados, lo que significa un crecimiento del 81,93%. Han crecido en más de 5,5 millones de votos, al pasar de 4.803.902 a 10.327.148, un incremento del 115%.

El SPD (Partido Socialdemócrata Alemán), fue constituido en 1875. En su denominación define su ideología. Ha sido uno de los grandes perdedores de los recientes comicios. Ha perdido 86 diputados, lo que supone una caída del 41,26%, pasando de los 206 diputados de 2021 a 121 en la actualidad. Esto, en votos, significa que ha pasado de los 11.955.434 a los 8.148.284; una caída del 31,84%, al haberse dejado en esta legislatura pasada más de 3,8 millones de votos.

Alianza 90/Los Verdes, nace tras la unificación de las dos Alemanias, concretamente en 1993 por la alianza de Alianza 90, de la Alemania oriental y Los Verdes, de la Alemania occidental. Se define como de centroizquierda liberal, además de ecologista. Han perdido 1.090.730 votos, equivalente a un 15,92% de bajada en votos, lo que se ha traducido en pasar de 118 diputados a 85, una pérdida del 27,97% de peso parlamentario.

El FDP (Partido Democrático Libre), el partido liberal desde un punto de vista ideológico, aunque situado en el centro derecha, fue el socio de gobierno que provocó el adelanto electoral, aunque esto fuese decisión del canciller Scholz. Han desaparecido del Bundestag, al no alcanzar el mínimo requerido del 5%. Los liberales han perdido 3.171.074 votos de los 5.319.952 que obtuvieron en 2021, perdiendo la totalidad de los 92 escaños que tenían.

DIE LINKE (La Izquierda), Creado en 2007 por la unión del Partido Socialista Democrático (SED), proveniente de la Alemania oriental y Trabajo y Justicia Social-La Alternativa Electoral (WASG), una escisión del SPD. Die Linke ha resurgido, al pasar de 39 a 64 diputados, un crecimiento del 64,10%, pasando de 2.270.906 a 4.355.382 votos.

La primera y evidente conclusión es que el trompazo se lo han dado los tres partidos que formaban el Gobierno presidido por Olaf Scholz (SPD). Entre los tres han perdido el voto de 8 millones de electores.

Los socios de gobierno no se ponían de acuerdo en las cuestiones presupuestarias: los liberales del FDP proponían reducir el gasto público (menos servicios públicos) en paralelo a una negativa a subir impuestos, a lo que los otros dos socios de Gobierno (SPD y A90/LV) se oponían. Sin embargo, el Gobierno al completo ha estado de acuerdo con el incremento del gasto militar. Alemania destinó 54.500 millones de euros a defensa en 2022, incrementó esa cifra en el 20% para 2023 (1,52% del PIB) llegando a los 63.600. En 2024, Alemania acató las órdenes de la OTAN y destino a defensa el 2% de su PIB, gastando 90.600 millones de euros https://www.dw.com/es/gasto-en-defensa-c%C3%B3mo-se-financiar%C3%A1-la-seguridad-de-alemania/a-71550700 lo que supuso un incremento del 42,44% del gasto en esta partida.

Es difícil desvincular el rechazo de millones de alemanes y alemanas al incremento del gasto en defensa, por mucho que lo exija la OTAN o Trump, su verdadero comandante actual, particularmente si esto tiene como consecuencia el recorte de los gastos sociales que constituyen el Estado de Bienestar.

La encrucijada en la que las instituciones tienen metidos a los gobiernos, toma formas distintas, pero buscan el mismo objetivo en todos los países de la UE; España realizó una reforma constitucional express en 2011, al condicionar el gasto social al pago de la deuda del Estado (Artº. 135.3). En noviembre de 2023, el Tribunal Constitucional federal alemán dictaminó la inconstitucionalidad de una dotación presupuestaria de 60.000 millones de euros que hizo el Gobierno Scholz, bajo el principio de “freno al endeudamiento”.

Otro problema añadido es que los países de europeos se han desindustrializado, al haber deslocalizado gran parte de sus fábricas a países con mano de obra más barata, perdiendo los gobiernos el control de estas decisiones, incluso contribuyendo a ello. El resultado para Alemania es que además pierde peso industrial en relación al resto de países de Europa al haber pasado su industria sobre el conjunto de la UE del 40,5% en 2014 al 36% en 2023.

Y un tercer factor, consecuencia de la guerra en Ucrania, es el incremento del precio de los carburantes, al tener que pagar un 40% más caro el gas estadounidense frente al gas que compraba a Rusia.

Todo ello ha llegado a la economía real, a la clase trabajadora, que no percibe ni recibe criterios ni propuestas a sus problemas cotidianos. Es de la ausencia de políticas sociales, de izquierda, lo que está fomentando el auge de la extrema derecha, que se basa en identificar a supuestos culpables, como si los inmigrantes tuviesen culpa de que su gobierno decida gastar más en armamento y menos en sanidad, como si la inmigración hubiese decidido cambiar de proveedor de gas en el suministro al país.

Como se ve, estas circunstancias pueden ser aplicables a cualquier país en Europa. De modo que los partidos que se reclaman de la izquierda harían bien en dejar de competir en ver quién es el alumno más aplicado a la hora de gestionar la economía de mercado y dedicarse a recuperar los valores de la izquierda que nunca debieron abandonar.

Roberto Tornamira Sánchez
Militante socialista del PSOE en Madrid

DECLARACION ESPECIAL: ELECCIONES USA


Por si el mundo estaba poco enloquecido, va Trump y gana la presidencia

Si y cuantas veces deben volar las balas de cañón
Yes, and how many times must the cannonballs fly

¿Antes de que estén prohibidos para siempre?
Before they’re forever banned?”


Versos de la canción de Bob Dylan “La respuesta está en viento”

Lo primero que hay que dejar claro es que ha ganado el Partido Republicano, pero no por sus méritos, sino por el fracaso del Partido Demócrata. Cuantitativamente: Trump triunfa con menos votos que los que sacó en 2020, pero Harris pierde más de 13 millones de votos frente a los conseguidos por Biden en 2020. Hay que añadir que en estas elecciones se han inscrito casi 40 millones de electores menos que hace cuatro años -cada Estado fija la fecha previa en la que se debe estar inscrito para poder votar: por ejemplo, en Alabama se fijó el 21 de octubre-.

Los datos y el reconocimiento de la victoria no corrigen que Trump es un delincuente, aunque la ¿justicia?, como parte del aparato del Estado, en cualquier Estado, sea ciega e inoperante cuando se trata de juzgar a “uno de los suyos”, ni que es un machista, mentiroso embustero, mal educado, grosero, racista…

Había señales que indicaban que no iba a ser suficiente con que los Demócratas cambiasen de candidato, Biden, por una mujer afroamericana, Harris. Y no es cuestión de error en la candidata, podrían haber elegido a un joven de origen latino o a un señor maduro héroe de guerra. El resultado tampoco tiene toda su explicación en el hecho mismo del cambio de candidato a pocos meses vista de las elecciones. El error viene de la política practicada por la Administración Biden, apoyada por el Partido Demócrata. Antes del cambio táctico de Biden por Harris, había más de medio millón de votantes demócratas inscritos que anunciaban que no votarían Demócrata; lo que no implica que fuesen a votar Republicano. El hecho de que Trump haya conseguido menos votos que cuando perdió frente a Biden indica que no ha habido trasvase de votos, al menos no significativamente.

El Partido Demócrata ha pagado la factura de esa política que se practica en muchos lugares, consistente en decir una cosa en los programas electorales y en los congresos y convenciones de partido para después practicar la misma política que el adversario, en lo esencial, aunque se aplique con buenas maneras y una sonrisa en la boca, o se maquille con estadísticas y campañas publicitarias.

La Administración Biden ha fracasado en la “destrumpización” de la política migratoria, generando frustración entre su electorado.

La mayoría de la sociedad ha visto como en estos últimos años han perdido capacidad de compra -eso incluye el mandato Trump 2016 – 2020-. Como en tantos y tantos países, los salarios de los y las asalariadas estadounidenses han crecido menos que los precios. Y esto, Biden, no ha sido capaz de enmendarlo.

Como en tantos y tantos países, sus gobiernos e instituciones, demostraron frente a la pandemia de COVID que no están preparados para defender a su sociedad debidamente. En palabras de Eric Schckler, profesor de Ciencia Política y codirector del Instituto de Estudios de Gobierno de la Universidad de Berkeley, en declaraciones a la BBC: “La Administración Biden sobreestimó la eficacia de las campañas de vacunación”. En los USA, fallecieron por COVID en torno a 1,2 millones de personas entre abri-2020 y julio 2024 (Fuente: Datosmacro.com / Our World in Data / CSSE (JHU).

La Administración Biden, de la que ha formado parte la señora Harris, ha sido cómplice y colaborador necesario del Genocidio que se viene cometiendo en Gaza desde octubre de 2023. No son los votantes del Partido de Trump quienes se han echado a la calle a protestar y a exigir el ¡Alto el Fuego! Y ¡Alto al Genocidio sionista! Manifestaciones y acampadas que partieron de la iniciativa de los y las estudiantes universitarias, muchas de ellas y ellos semitas, pero no sionistas. La respuesta fue una represión inusitadamente más violenta que la empleada contra los asaltantes del Capitolio el 6 de enero de 2021.

¿Y ahora qué? Pues veremos como la cuadrilla de millonarios que se va a hacer cargo de la Casa Blanca toma decisiones pensando en sus intereses económicos y de clase, la suya. Que nadie espere que un país que dedica a la guerra casi un billón de dólares anuales deje de hacerlo para desarrollar un sistema público sanitario, por ejemplo.

Que nadie espere que las empresas y fábricas que se deslocalizaron regresen a los Estados Unidos de América y que renuncien a fabricar sus productos con mano de obra un 75% más barata que en USA.

¿Es posible que Trump imponga el alto en la guerra en Ucrania?, es posible. Pero sabiendo que los EE.UU., ya han obtenido el botín que busca, todo o parte del botín, cuando comenzaron a presionar a Rusia utilizando la OTAN. Ya han conseguido quedarse con buena parte del mercado de Gas licuado y petróleo que se distribuye en Europa.

Puede que Trump quiera apuntarse el tanto de aparecer como el que consigue que Netanyahu para el exterminio que ha segado la vida de 44.000 palestinos y palestinas en Gaza, la mayoría menores de edad, fundamentalmente niños y niñas, o puede que le amplíe la “barra libre” de armas y apoyo. Veremos, pero el Genocidio ya está perpetrado y, si es por Trump, quedará impune.

La respuesta al ¿y ahora qué? está en qué hará la Comisión Europea y los gobiernos de la UE. De momento ha saltado la crisis en el Gobierno de Scholz en Alemania, no como consecuencia de los resultados electorales en EE.UU., pero sí por la presión que el Gobierno alemán se ha autoimpuesto al seguir las órdenes de incrementos presupuestarios para gastos de defensa. Trump ha prometido aplicar el ultranacionalismo económico, protegiendo los productos estadounidenses e imponiendo aranceles a los productos procedentes de la UE, lo que tendrá, sin duda, consecuencias en las exportaciones de los productos españoles y de otros países europeos. Por tanto, nos preguntamos: ¿Dejará la Unión Europea de ser la “grupi” de los USA? ¿Seguirá España y el resto de miembros europeos de la OTAN a las órdenes de una estructura militar comandada por un multimillonario, nacido rentista, ególatra y fascista como Trump?

No tenemos respuestas para estas preguntas. Nos reafirmamos en nuestro posicionamiento contrario a que el Estado español siga siendo miembro de esa anacrónica estructura militar, que genera más conflictos de los que resuelve y que da continuidad a los acuerdos de Franco con las administraciones norteamericanas, por los que se mantiene la presencia militar extrajera en nuestro territorio, con el único fin de sustentar y apoyar la política belicista de Estados Unidos.

No cabe duda de que el capital necesita a la derecha y a su prima hermana, la ultra derecha fascista, para llevar adelante sus planes, ni de que el capital necesita hacer beneficio, lo que cada día es más difícil por la saturación de los mercados que la cultura del consumo ha generado. Ya solo se ganan mercados arrebatándoselos unos a otros; sea mediante una guerra, sea mediante una OPA hostil.

La cuestión está en el viento, que diría Dylan: ¿la izquierda va a seguir adocenada siendo los buenos chicos y chicas que gestionan el capital con una cara amable?

8 de Noviembre de 2024
El Comité de Redacción

Declaración Especial elecciones 12M en Cataluña

Por un gobierno catalán que le sirva a la mayoría social

A falta de conocer los resultados definitivos en detalle, en el momento de escribir esta declaración el PSC es el claro ganador de estas elecciones, con 42 diputados (nueve más que en las elecciones de 2021) por delante de Junts con 35 diputados; 20 diputados para ERC (-13) que se convierte en tercera fuerza y pierde la batalla independentista con respecto a Junts. ERC ha sido la principal castigada por el desgobierno de Catalunya. La bajada de En Comú Sumar y la CUP contrastan con la vuelta del PP (15) y la consolidación de VOX (11) y la irrupción de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana.
Este crecimiento de los movimientos de ultraderecha es una consecuencia típica en situaciones de confusión política donde se refugian aquellos sectores de la sociedad menos formados cuando no se ven atendidas su necesidades sociales. El cuadro de las elecciones se completa con la desaparición de C’S del Parlament de Catalunya, cuyos votos han vuelto al PP mayoritariamente.
Tiempo habrá de analizar en profundidad los resultados, pero una de las primeras conclusiones es que la mayoría social de este país ha votado opciones políticas que han defendido la amnistía y que apuestan por no judicializar conflictos que nuca debieron estar judicializados. Un mínimo de 107/135 diputados electos están en esta posición.
Una segunda conclusión es que la mayoría de los votos ha ido a partidos de izquierda y deberían entenderse buscando aquello que nos une, sin que lo que nos diferencia sea un obstáculo insalvable.
Otra de las conclusiones es que la independencia ha perdido fuelle, lo que no es óbice para obviar las razones por las que una gran parte de la población no se siente atada a la monarquía española (indepes y no indepes).
La apuesta por los indultos, la amnistía y la vía del diálogo han recibido el respaldo mayoritario de la sociedad, y por ello deben establecerse acuerdos con el resto de fuerzas políticas no solo para gobernar Cataluña sino también para tejer alianzas con el gobierno de Pedro Sánchez que permita sacar a los franquistas de las instituciones y abordar la agenda social que necesita la clase trabajadora en el conjunto del Estado.
Es decir, el PSC vuelve a ganar las elecciones en Catalunya pero para formar gobierno tendrá que llegar a acuerdos que permitan mejorar los servicios públicos, las infraestructuras que la región necesita, y para que los derechos sociales vayan acompañados de los derechos nacionales

Por un gobierno de izquierdas que defienda y mejore los servicios públicos
Por un gobierno que defienda y avance en el autogobierno de Catalunya
Por un gobierno que mejore el empleo y potencie la industria
Por un gobierno que atienda las reivindicaciones de los agricultores
Por un gobierno que apueste por el diálogo y la convivencia
Por un gobierno que gobierne para que derechos sociales y derechos nacionales vayan de la mano.
Por un gobierno que haga todo lo posible por saca a los franquistas de las instituciones
Por un gobierno que se pronuncie por romper relaciones con Israel, por un alto el fuego indefinido, y que ponga todos los medios a su alcance para que el pueblo palestino pueda vivir en paz y dignamente en su tierra.

Alerta en Galicia

El voto a la izquierda aumenta pero el PSdG deja de ser su referencia

Los resultados de las elecciones gallegas han permitido que el PP renueve la mayoría absoluta aún perdiendo 2 diputados, ante una izquierda que en su conjunto suma casi tantos votos como la derecha, pero con una aportación muy desigual de los distintos partidos.

Mientras el BNG consigue el mayor número de escaños de su historia (25), los 9 diputados/as del PSdG representan el peor resultado de su historia. Podemos desaparece (solo votan su 2500 militantes y 1000 personas más), y SUMAR solo es capaz de recoger una parte del voto que cede el partido socialista.

Con una participación más de un 18% superior a la del 2020, el PSOE pierde 46059 votos, obteniendo 207691 (poco más de un 14% del electorado).

La culpa no es de la amnistía como algunos medios de comunicación pretenden, ya que el BNG también es partidario. La culpa no es de los acuerdos con Bildu. El BNG también tiene importantes coincidencias programáticas. Posiblemente, la pérdida de apoyo al PSdG se deba a la combinación de una serie de factores: el liderazgo, el programa, los problemas internos del PSdG o la influencia de la política estatal.

En cualquier caso, en 2020 hubo un retroceso importante del PSOE y de los partidos a la izquierda del PSOE.

En 2024 se alcanza el peor resultado de la historia del PSdG, la práctica desaparición de Podemos y un SUMAR que no ha sumado. Los nacionalistas de izquierdas del BNG cogen el testigo de convertirse en la referencia de izquierdas, alternativa al PP.

Probablemente, los problemas internos del PSdG sean una de las claves de la devacle. La gente queremos liderazgos naturales, basados en valores socialistas y de progreso y capaces de catalizar una respuesta clara a las necesidades de la mayoría social, y la participación de las bases del partido para debatir propuestas y elegir candidatos ha brillado por su ausencia.

La historia se repite. En Madrid, el PSOE sufrió el sorpaso de Mas Madrid. En Euskadi, Bildu concentra el voto de izquierda por encima del PSE;

La cuestión no es qué le pasa al PSdG, sino ¿qué le pasa al PSOE en estas regiones, dónde no solo no gana, sino dónde además hemos dejado de ser la referencia de izquierdas?


Xose Revestido. Ourense

Elecciones autonómicas en Galicia 18 de febrero 2024

Las expectativas y esperanzas poco fundadas han llevado a una abultada decepción en la izquierda, en Galicia, en general y muy particularmente en el mundo socialista del PSOE. Estos son los datos de las elecciones del 18 de febrero, comparativos con las celebradas el 12 de julio de 2020:

El análisis cuantitativo deja claro que el PSdG ha caído en diputados (-5), porque ha caído en votos (-46.059), a pesar de que la participación ha sido 12 puntos superior.

El PP ha crecido en votos, pero, aún así, ha bajado en diputados, aunque esto no le hace perder la mayoría absoluta, que en la Xunta está en 38 diputados. Tendría que haber perdido 3 diputados más para no tener mayoría absoluta por quinta vez consecutiva: 38 diputados en 2009; 41 en 2012; 41 en 2016; 42 en 2020; y los 40 de ahora.

El único Partido que ha ganado sustancialmente, tanto en votos como en diputados, ha sido el BNG, que ha obtenido un crecimiento del 50% sobre los votos de los anteriores comicios, lo que le ha proporcionado 6 diputados más, si bien, a efectos prácticos de la aritmética parlamentaria gallega poco cambia.

Todas las elecciones territoriales tienen sus particularidades. Sin embargo, tanto en Madrid, como en Euskadi, como en Galicia, el PSOE no solo no gana las elecciones, sino que además ha dejado de ser la fuerza de izquierdas más representativa, en favor de Más Madrid, Bildu o BNG, respectivamente.

No olvidemos que estas elecciones han sido anticipadas 6 meses porque así lo decidió Feijóo. Posiblemente, porque tras su fracaso en la investidura en septiembre del año pasado necesitaba revalorizarse en el seno de su propio Partido, en el que las ambiciones personales están a flor de piel.

Desde nuestro punto de vista, el debate sobre la Ley de Amnistía no ha sido determinante en el resultado; el PP gana por mayoría absoluta desde 2009 y no llevamos 15 años discutiendo de amnistía. Además, si este fuese un asunto determinante para el electorado gallego, el BNG, que apoya la amnistía, no hubiese obtenido los resultados tan positivos que ha recibido en las urnas. Por mucho que el pueblo gallego tenga su idiosincrasia, como cada pueblo del Estado español, está incluido en el barómetro del CIS de enero que dice que la amnistía solo está entre las tres primeras preocupaciones para el 2,3% de la población.

Desde luego que toca pensar por qué el PSdG-PSOE ha caído de manera tan abultada.

Un hecho objetivo, que no ayuda, es el que en estos 15 años pasados el Partido Socialista en Galicia ha tenido 5 secretarios generales diferentes y 4 candidatos distintos. Es evidente que esto no es lo mejor para consolidar un proyecto en un territorio en el que, además, el nacionalismo se sitúa en el mismo espectro ideológico, la izquierda. Si a esto se le añade la forma en la que se quitan y se ponen los líderes en el PSOE, en general, por ungimiento del líder federal, tenemos otro factor que contribuye al fracaso, como es la desafección de las bases militantes hacia las decisiones de las direcciones. El PP no es más democrático a la hora de imponer a sus líderes, a quienes incluso fulmina.

Por otra parte, está la estrategia. Se dice que las elecciones en Galicia las ganan, para el PP, las y los alcaldes. A este respecto hay que saber que de las 146 alcaldía que tiene el PP, sobre 300, solo el 17% son alcaldesas, el 22% en el PSOE y el 34% en el BNG -sirva esta información añadida como mensaje de cara al cercano 8-M-.

Lo anterior, además del sesgo machista, nos dice que el PP tiene el 48,66% del poder municipal, una base muy sólida para optar a la mayoría absoluta en la Xunta y las diputaciones. Este poder municipal, los gallegos y gallegas lo conocen de cerca, se ejerce con un alto grado de caciquismo. En los concellos, a los jóvenes que aún quedan en la Galicia del interior, les es más fácil encontrar empleo en los ayuntamientos -en el mantenimiento de carreteras y cunetas, en las subcontratas municipales, etc- si dan garantías de votar al Partido del alcalde. Cada cual que saque sus conclusiones y/o contraste este hecho. Esto no pretende ser excusa justificativa de los malos resultados socialistas.

No debemos dejar de observar que el porrazo electoral no solo se lo ha dado el PSdG-PSOE, también lo han sufrido, más si cabe, Podemos y Sumar que, en 2020, los primeros se presentaron como Podemos IU ANOVA y parte de los hoy Sumar Galicia eran En Marea, entre ambos han perdido 54.513 votos. Hacemos mención a estos partidos, pues, junto al PSOE han conformado los gobiernos de coalición pasado y actual.

El contenido de los programas y las campañas puede explicar por qué, a pesar de que la participación a crecido un 12%, la abstención es del 39%. De los 500.000 gallegos y gallegas que viven en el extranjero, pero que están censados en Galicia, solo ha votado el 6%. Además, tanto el voto nulo y el blanco suman un 1% del censo y han crecido un 16% y un 9%, respectivamente. Volviendo al barómetro del CIS del mes de enero, la pregunta nº 8 decía: ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, el resultado no dejó lugar a la duda:

1º.- La crisis económica, los problemas de índole económica, con un 37%.

2º.- La sanidad, con un 17,6%

3º.- Los problemas relacionados con la calidad del empleo, con un 14,1%

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones que contrasta con los multimillonarios beneficios de las grandes empresas de la energía o del sector financiero. Los efectos de la privatización de la sanidad pública, y la precarización de las condiciones de vida y trabajo, por supuesto la ausencia de puesto de trabajo. Estas son las preocupaciones, que más bien poco han pesado en las propuestas de los partidos.

A lo anterior, hay que añadir los incumplimientos de promesas electorales, incluso legales, de los partidos mencionados que han formado y forman parte del Gobierno de coalición anterior y el actual. Incumplimientos tales como la no derogación de todos los elementos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012, de ahí que la precariedad y la inseguridad en el empleo esté cronificada. Estos partidos y sus socios parlamentarios de izquierdas han sido incapaces de derogar la “Ley Mordaza”. Y unos y otros, a fecha de hoy, mantienen el incumplimiento de la Ley 21/2021, en su Disposición Transitoria sexta, encargar una Auditoría a las Cuentas de la Seguridad Social.

Estas cuestiones, señaladas a modo de ejemplo, afectan al electorado en Galicia, en Murcia, en Cataluña en Huelva y en Madrid, así como en los demás territorios que componen este Estado plural.

Si las elecciones se dirimen en las acusaciones y las campañas de desprestigio del contario, es entendible, aunque no se comparta, por qué más de un tercio del electorado que el día 18-F se quedó en casa.

Si a las imposiciones desde arriba le sumamos que las bases de afiliados se sienten “pagacuotas”, meros costaleros a los que se les llama para ir a las mesas electorales y poco más, y le añadimos la falta de consolidación de proyectos y la desventaja en el poder municipal, pensamos que hay ingredientes suficientes como para que la Ejecutiva Federal del PSOE y los demás partidos de la izquierda no nacionalista se lo hagan mirar.

Recuperar las propuestas netamente de izquierdas es absolutamente imprescindible para recuperar la confianza de la mayoría social en cada región y que como clase trabajadora tengamos una referencia clara.

El Comité de Redacción

La revuelta de las togas y los aguiluchos

Durante las semanas previas a la investidura, la derecha y la ultraderecha han intentado evitar por tierra, mar y aire, que los partidos antifranquistas llegaran a acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un gobierno de coalición y de progreso.

Se han pronunciado y movilizado la totalidad de los medios de comunicación de la derecha, la patronal CEOE, los guardia civiles, el CGPJ, el juez García Castellón de la Audiencia Nacional, el PP, VOX y los grupos de extrema derecha satélites de estos partidos.

Los ataques a la sede del PSOE, con la excusa de las protestas contra la ley de amnistía han sido lugar común para el encuentro de los grupúsculos de la ultraderecha («hazte oír», «Desokupa», «los Ultrasur» y grupos abiertamente franquistas, como la falange y VOX) y de la derecha más rancia con Aznar, Ayuso y Esperanza Aguirre como cabezas más visibles. En las movilizaciones de estos herederos del franquismo se coreaba el cara al sol, además de proclamas homófobas, racistas y ultracatólicas).

Si comparamos estas manifestaciones con las que normalmente convocan los trabajadores para defender sus derechos observaremos que en las manifestaciones obreras existe la obligación de comunicar el recorrido de las mismas a la delegación de gobierno, mientras que en estas convocadas por la ultraderecha no ha sido así. Ni que decir tiene que la dureza con la que la policía reprime las manifestaciones obreras no tiene nada que ver con la tibieza de la actuación policial de estos días, que incluso han llegado a escoltar a los grupos neonazis.

Sin embargo, pese a que el protagonismo se lo ha llevado las protestas en la calle, especialmente frente a la sede de Ferraz, estas han ido acompañadas, de forma «casualmente» sincronizada, por algunas resoluciones judiciales como la del caduco Consejo General del Poder Judicial.

La des-facha-tez no tiene límites: el CGPJ cuya función prinicipal es el gobierno de los jueces y garantizar su independencia sin emitir declaraciones institucionales de parte, y manteniendo, por tanto, una necesaria neutralidad política, emitió una declaración «preventiva» antes de que la ley de

amnistía fuera siquiera presentada, cuando menos promulgada. Los que tanto defienden la separación de poderes, se la pasan por el forro cuando lo que está en juego es garantizar un gobierno de progreso. A todo esto, el CGPJ hace 5 años que debería haberse renovado, y tiene en su composición una mayoría conservadora gracias al bloqueo del PP, incumpliendo el mandato constitucional.

Por otro lado, tampoco es casual que cuando se estaban a punto de cerrar los acuerdos entre el PSOE y Junts, el juez de la Audiencia Nacional, Garcías Castellón, anunciara el procesamiento de Carles Puigdemont, Marta Rovira, exsecretaria general de ERC, y otras diez personas relacionadas con el procès, por terrorismo. ¿otra casualidad?

Recordemos que la Audiencia Nacional es una instancia judicial heredera del Tribunal de Orden Público franquista. Cuando este Tribunal fue reemplazado por la Audiencia Nacional, en él se integraron 10 de los 16 jueces del extinto Tribunal.

Recordemos también que la Audiencia Nacional, ha protagonizado en los últimos años algunos de los escándalos más notables de nuestra democracia: no han sido capaces de determinar quién es el «M.Rajoy» de los papeles de Bárcenas; han lanzado 20 causas judiciales contra podemos, que han tenido que cerrarse al no encontrar delito alguno

Ojo con la guardia civil: la asociación de guardias civiles APROGC ha lanzado, casualmente, un comunicado en que se declaran dispuestos a “derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”. Otras cinco asociaciones, incluyendo la mayoritaria Jucil, se han pronunciado contra la amnistía y contra los acuerdos PSOE-Junts. ¿Organizaciones militares pronunciándose en cuestiones políticas?

Todo este cúmulo de coincidencias no es una casualidad, sino más bien obedecen a una causalidad. La causa a la que obedecen es la del movimiento nacional católico, la del franquismo, aún presente en nuestras instituciones, y que son un serio obstáculo para consolidar los derechos conquistados en los últimos años, avanzar en la convivencia y fraternidad de un estado plurinacional como España, y para conseguir nuevos derechos y conquistas sociales como aspira la mayoría social de nuestro país.

Mucho me temo, que este trumpismo franquista no va a parar de torpedear las aspiraciones de progreso que necesita la clase trabajadora de nuestro país.

Baltasar Santos
TS Cataluña.

La sociedad tiene derecho a no quedarse anclada

A los políticos se les debería recordar por lo que hacen y no por lo que dicen. En este país, ha habido gobiernos que han tomado decisiones dignas de recordar por su determinación, incluso contra la opinión de los “suyos”.

Es de justicia mencionar a Adolfo Suarez, cuando en abril de 1977 legalizó al Partido Comunista de España (PCE), máxime viendo de donde venía Suarez: desde 1958 formó parte de la Secretaría General del Movimiento Nacional, entre otros altos cargos en la etapa franquista.

Cómo no reconocer la Ley General de Sanidad de 1986, conocida como “Ley de Sanidad Universal”, sacada adelante por el primer Gobierno de Felipe González. Ley fraguada por el Ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch (asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000). Una ley rechazada ferozmente por Alianza Popular, hoy PP.

Del primer Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero hay que resaltar la valentía en el proceso de negociación con ETA, de 2005 a 2007, a pesar de las posiciones refractarias que encontró fuera y dentro del PSOE. Así como la firmeza que demostró cuando dio la orden de retirar las tropas de Irak, en 2004, no subordinándose a la Administración Bush.

Claro que estos presidentes y sus gobiernos cometieron errores y tomaron decisiones impopulares, pero hay que hacer balance de los hechos concretos: ¿no es el Estado español más plural con libertad de partidos?, ¿no hemos alcanzado altas cotas de calidad sanitaria? -a pesar de que la Sanidad Pública sufre un franco deterioro- ¿no es mejor la discrepancia de algunos de los posicionamientos de la izquierda abertzale que los atentados?

Contra estas y otras medidas del gobierno de turno se han organizado manifestaciones, se ha votado en contra en el Congreso y el Senado y se ha despotricado en los medios por parte de la derecha.

Hoy vemos lo mismo, con un actor que antes no estaba o no estaba emancipado del PP: la extrema derecha: VOX, nace en diciembre de 2013 de la mano de Abascal al que se suma formalmente, un mes después, Vidal Cuadras -presidente del PP de Cataluña de 1991 a 1996-.

El común denominador del rechazo ideológico contra las medidas de progreso, ha sido el “Se rompe España”. Lo que nunca terminan de decir es qué España es la que se rompe: ¿la que muere o la que bosteza? (Antonio Machado); ¿la de los comisionistas?; ¿la de los millonarios cuyas fortunas no paran de crecer?: ¿la que sale a la calle a exigir el Alto el fuego en Palestina o la que otorga medallas de “honor” al genocida?…

El PP defiende a su España, y lo hace con muy poca vergüenza. Es el mismo partido que en 1996, Aznar, quien hoy alienta al tumulto callejero “quien pueda hacer que haga”, pactó un acuerdo de legislatura con la CIU del corrupto Pujol. Juns, heredero de CIU, es el mismo Partido del que, en el mes de agosto pasado, Feijóo decía que “es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, claro que en esos momentos optaba a que le prestasen sus votos para su investidura.

Como socialistas, no estamos de acuerdo con los nacionalismos. Pero no con unos sí y con otros no o ahora sí y ahora no, con ninguno y siempre; con el nacionalismo español tampoco. La derecha de siempre confunde España con sus intereses, como lo hacen el nacionalismo vasco y el catalán, como lo han hecho siempre las minorías sociales privilegiadas (la clase burguesa) frente a las mayorías sociales que solo cuentan con el esfuerzo de su trabajo para vivir (la clase trabajadora).

Ya veremos, con el paso del tiempo, el desarrollo de la Ley de Amnistía y de esta legislatura que se acerca, pero desde ya valoramos muy en positivo la determinación de Pedro Sánchez en alcanzar un acuerdo con todos los partidos antifranquistas, sean de izquierdas o de derechas, como es el caso de PNV y Juns.

Ojalá que esta actitud se mantenga en el gobierno que se forme en las próximas fechas, pues de la legislatura que termina quedan muchas cuestiones por resolver. Cuestiones sentidas y reivindicadas por la mayoría social que apoyó a la izquierda en las elecciones del 23 de julio: derogación de todos los aspectos lesivos para los trabajadores y trabajadoras, introducidos por las reformas laborales de 2010 y 2012; derogación de la “Ley Mordaza”, impuesta por la mayoría absoluta del PP para reprimir la respuesta de la mayoría social a sus políticas sociales y económicas; encargo de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como mandata la Ley 21/2021; implicarse en la coordinación y solución del deterioro y destrucción de la Sanidad Pública, producto de la desinversión y privatización de la Sanidad; legislación estatal de las Residencias de mayores… Esperamos que todos estos asuntos, y otros no enumerados, sean abordados por el nuevo gobierno.

De la misma manera, y en línea con la determinación mostrada en estos momentos, esperamos una reorientación de la política del Gobierno respecto a los conflictos bélicos.

Resulta insoportable que llevemos un mes de bombardeos y exterminio de la población civil de la Franja de Gaza, por parte del ejército de Netanyahu, y que, desde los gobiernos de la UE, incluido el nuestro, solo escuchemos “prudentes” palabras de parar la mal llamada guerra -en este conflicto solo hay un ejército, el israelí- y una propuesta de Conferencia de paz para dentro de 6 meses.

Este sometimiento a la posición de la Administración Biden está en línea con la exigencia permanente de la OTAN de incremento de gasto para la guerra en Ucrania; una manera directa de alimentar la guerra, sin que esto signifique compartir la invasión del Este de Ucrania por parte de las tropas de Putin -Vease el Manifiesto internacional contra la Guerra que ha sido publicado en diversas ocasiones en las páginas de Tribuna Socialista-. Una guerra que está desangrando a la juventud ucraniana y también a la rusa. Y de paso está empobreciendo a los pueblos de Europa y arrasando con derechos y servicios públicos.

De la misma manera, es insoportable la posición xenófoba y racista de la derecha contra la llegada de inmigrantes, los que llegan, y que nadie señale la situación neocolonial que el Estado francés, mantiene en los países de Sahel.

Sabemos que avanzar no es fácil, requiere esfuerzo. Lo comodón, sobre todo para quienes viven confortablemente, es quedarse como estamos. Pero la sociedad, su mayoría, tiene derecho a no quedar anclada.

Los hechos vividos en estos meses, en relación con el proceso para reeditar un gobierno de progreso, nos enseñan, una vez más en la historia, que lo que permite avanzar es la voluntad política de llevar a cabo decisiones en favor de los intereses de la mayoría: es el mejor antídoto contra el fascismo.

El Comité de Redacción

IZQUIERDA SOCIALISTA–PSOE ante proceso gobierno de España PSOE-SUMAR

Consulta a la militancia sobre el acuerdo con SUMAR y las negociaciones con el resto de partidos.

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez intervino en el máximo órgano entre congresos del PSOE, el comité federal, para hacer una defensa del pacto al que se ha llegado con SUMAR, y también para defender, sin tapujos, la amnistía de los delitos del procés que permitirían, supuestamente, alcanzar el número necesario de apoyos para conseguir la investidura como presidente del gobierno. Inmediatamente, se convocaba a los militantes de las distintas formaciones políticas federadas en el PSOE a una consulta popular para expresar el apoyo o rechazo de la militancia a estos acuerdos y negociaciones.

Como primer secretario de la agrupación socialista del Vendrell he defendido la amnistía y la necesidad de llegar a acuerdos con todas las fuerzas antifranquistas, desde el primer momento. Las negociaciones con todos los grupos excepto PP y VOX porque es necesario una reedición del gobierno de progreso que permita consolidar los avances de los últimos años, y sobre todo, porque es necesario profundizar en esos avances, que aunque avances no han sido tampoco para tirar cohetes.

Es necesario un gobierno de progreso que permita el acceso a una vivienda digna, para fortalecer la calidad del empleo, para asegurar una educación pública y de calidad en todas las fases del proceso educativo, para revertir la privatización de la sanidad y asegurar una sanidad pública y de calidad, para que haya más becas, para recuperar el poder adquisitivo de los salarios frente a los beneficios de las multinacionales, la banca, y el poder economico-financiero, para abolir la ley mordaza, para asegurar las pensiones presentes y futuras y para impulsar un nuevo marco institucional de relación entre los distintos pueblos de España, que bajo mi punto de vista pasa por un federalismo republicano.

Así lo he defendido también en el consejo de federación de Tarragona, debatiendo con algunos compañeros y compañeras que mostraban sus reticencias a pactar con Puigdemon y escépticos de que cualquier pacto con Junts sirva para normalizar la vida política en Catalunya.

Sea como fuere, el apoyo a la consulta debería arrojar un resultado afirmativo, de apoyo a las negociaciones, porque de otra manera, nos veremos abocados a unas nuevas elecciones con incierto resultado, que podrían dar alas a los que apuestan por la gran coalición PP-PSOE en el estado.

Como decía Salvador Illa en campaña, hemos de pasar página, y pasar página significa también reconducir y normalizar la política en Catalunya con los actores que el pueblo catalán ha elegido. Pasar página significa que hemos de poner encima de la mesa los argumentos y necesidades expresadas por

la gente. Sin miedo a que se rompa nada, porque nada se ha de romper. De hecho, rompe más España que se amnistíe fiscalmente a los que defraudan impidiendo la financiación correcta de la sanidad y de nuestras pensiones, que cualquier referendum por muy ilegal que se pretenda.

No soy partidario ni de Puigdemont ni del independentismo nacionalista, tampoco lo soy del centralismo aferrado a una «grande y libre». Soy partidario de los acuerdos para el progreso colectivo y de la consolidación y el avance efectivo en los derechos y en las reivindicaciones de la clase trabajadora de este país plurinacional llamado España. Creo que eso es lo que nos define como socialistas, o como mínimo, uno de los factores que nos hace sentirnos y definirnos como socialistas, y es por ello, que creo que debemos defender la amnistía y los acuerdos de progreso, sin tapujos y sin miedo al precio electoral que pueda suponer (algo que ya hemos comprobado con los indultos, por otra parte).

Ahora bien, mi defensa de los acuerdos y las negociaciones no me impiden ser constructivamene crítico con los acuerdos alcanzados que me parecen sumamente timoratos, ya que no incluímos en los mismos la laicidad (recordemos que los acuerdos con la iglesia se llevan miles de millones de euros que podrían ser dedicados a políticas educativas, sanitarias y sociales). No incluímos en los acuerdos ningún aspecto relacionado con la necesaria y legal auditoría a las cuentas de la seguridad social, que nos permitirían comprobar quién ha saqueado la caja únca de la seguridad social poniendo en peligro las pensiones. No se habla del fin al apoyo belicista y armamentístico alentado por la OTAN y que sirve para promover una guerra sin cuartel en Ucrania, con efectos negativos no solo en el número de muertos y refugiados, sino también efectos económicos negativos en relación al precio de la energía y los alimentos. No se habla del genocidio al pueblo palestino. Se habla de avanzar hacia las 37,5 horas laborales pero no a las 35h. No se especifican las medidas para luchar contra el aumento de los precios, y así podía seguir unas cuantos párrafos más.

En defintiva, todo el apoyo a los acuerdos. Sí a la amnistía. Sí a un avance en el encaje institucional de los diferentes pueblos de España y sí a profundizar en acuerdos con todos los grupos para conseguir una transformación de nuestra legislación que permita satisfacer las necesidades de la mayoría social de nuestro país.

Baltasar Santos
Primer Secretario PSC el Vendrell
Miembro del Comité de Redacción de TS

La amnistía y el referéndum en Catalunya son un avance democrático para los trabajadores y los pueblos del Estado.

Estos días, de nuevo se concentra toda la atención política vinculada a la posibilidad de investidura de Pedro Sánchez, en torno al debate sobre la amnistía a los procesados y condenados por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Fueron casi 3.000 personas las encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por organizar el referéndum del 1‐O, también como consecuencia de la represión impuesta en general al movimiento independentista durante el período posterior. Se pone, intencionadamente, el énfasis en los responsables políticos procesados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, en especial, jóvenes, procesados por
el referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones contra el juicio y condena a los dirigentes republicanos catalanes.
Ese número desorbitado de perseguidos y procesados es el resultado de la campaña emprendida por el aparato policial y judicial contra el pueblo catalán tras el infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, y la consigna de ¡A por ellos! ¿Qué futuro de progreso puede establecerse en este país sobre la base de la persecución y condena de miles de ciudadanos? ¿Cómo puede
establecerse una relación de fraternidad ente los pueblos del Estado sobre esta base?

Desde el CATP, convencidos de que todo avance social en este país necesita de la alianza de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de estos procesados y detenidos, sin cortapisas o condiciones. Un ejemplo de pasos en positivo es la recogida de firmas que nuestros compañeros de Tribuna Socialista han puesto en marcha y que ha tenido una buena acogida entre la militancia socialista, una iniciativa que merece el apoyo del CATP.
Apoyamos la amnistía y este derecho, incluso, al margen de que haya o no investidura de Pedro Sánchez y de los acuerdos desarrollados finalmente con Junts y ERC. Porque consideramos que el único “delito” de los procesados fue tratar de defender y de ejercer unos derechos democráticos, lo que fue respondido por una represión policial brutal, por la violación flagrante de la legalidad por parte del sistema judicial español y por una respuesta del aparato de Estado y de los partidos que se autodefinen como “constitucionalistas”, de cierre de filas con la monarquía centralista impuesta por el franquismo y heredada de aquel régimen criminal.

Hoy, de nuevo, las fuerzas del viejo régimen se han agrupado contra esta exigencia de amnistía y de libertades. Desde la Corona, los aparatos del Estado y la derecha en las instituciones (incluidos los restos del felipismo en el PSOE), así como los poderes oligárquicos y los medios de comunicación a su servicio. Esta oposición cerrada no resulta casual. En 2017 estimaron igual que estiman ahora el peligro real de un cambio del régimen constitucional del 78, por lo que utilizaron y utilizarán todos los mecanismos para impedir todo avance en este sentido.

El CATP entiende, sin embargo, que, aunque en 2017 se pusieron los focos sobre el Govern de Puigdemont, sus consellers, el Parlament y los alcaldes independentistas, quienes realmente dieron viabilidad y defendieron el referéndum del 1‐O fue la población trabajadora catalana, y, en especial,
la juventud, que nunca renunció a ejercer sus derechos a la libertad y a decidir libremente su destino.
Unos derechos, compartidos fraternalmente con los trabajadores y los pueblos de todo el Estado español, que hoy siguen “conculcados”.
Defender la amnistía de los represaliados políticos catalanes, sin renunciar al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro y a la realización de un referéndum con garantías forma parte, en consecuencia, de la misma lucha de la clase trabajadora de todo el Estado. Supone un avance importante para que, sea cual sea el gobierno que se forme, podamos seguir defendiendo nuestras
reivindicaciones más urgentes y unos derechos y garantías democráticas que el actual régimen monárquico se ha mostrado incapaz de satisfacer.
La exigencia de amnistía es incondicional, al mismo tiempo para los trabajadores, los jóvenes, todos los sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos, hacer frente a las consecuencias de la crisis económica es esencial. Hacer frente al nuevo impuesto para los trabajadores que significa la
inflación, que permite ganancias astronómicas para el gran capital, exigir aumentos de salarios y pensiones según el IPC real, medidas para controlar los precios derogar lo que falta de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y los bajos salarios, hundiendo en la miseria a la clase
trabajadora. Hay que derogar las disposiciones represivas como la “Ley Mordaza”, acabar con los gastos militares que alimentan la muerte, la destrucción en Ucrania y menoscaban los servicios públicos: la Sanidad la Enseñanza, las Pensiones, etc.
Hoy, exigir la amnistía de los y las represaliados en Catalunya por defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conlleva también defender una salida republicana para la población trabajadora y los pueblos del Estado español.
Llamamos a todos los demócratas a apoyar estas exigencias elementales y proponemos realizar, donde sea posible, actos y reuniones con este objetivo.

Coordinadora Estatal
Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos
6 de octubre de 2023