Categoría: politica económica

Vasallaje de Europa

“Estás volando hacia otro gran éxito en La Haya esta tarde. No fue fácil, pero conseguimos que todos firmaran el 5%. Donald, has impulsado un momento realmente importante para América, Europa y el mundo… Vas a lograr algo que NINGÚN presidente estadounidense en décadas ha conseguido lograr” “Europa va a pagar, y de una forma GRANDE, como debe ser, y será tu victoria. Buen viaje y te veo en la cena de Su Majestad. Mark Rutte.”

El neerlandés secretario general de la OTAN, entiende su responsabilidad al frente de la organización militar oficiando de bufón ante el envanecido Emperador del Mundo, riéndole bravuconadas y alimentando la tendencia pendenciera del neurótico presidente de los Estados Unidos –“Felicidades y gracias por tu decisiva acción en Irán”, le reconoció–, también, y sobre todo, mostrándole un sumiso agradecimiento a quien inició su mandato al frente de la potencia norteamericana amenazando e insultando a Europa y a los europeos y situando al mundo contra las cuerdas.

Las frases pronunciadas por el conservador Mark Rutte en el curso de la cumbre atlántica, aparte de que debiera avergonzar a quien tan servilmente las ha pronunciado y a todos los que lo han consentido desde la sumisa alianza militar, muestran la espectacular pérdida de identidad de la Unión Europea y el bochornoso vasallaje que rinde a Estados Unidos al aceptar no sólo chantajes inadmisibles por la aplicación arbitraria de series de aranceles, cambiantes en su dimensión y efectos en las economías nacionales según el humor con el que se levante el vaquero matón, sino por la razón esencial de que el aumento del 2% al 5% del gasto en defensa exigido sin más preámbulos es inaceptable dada la dura repercusión en las condiciones de la ciudadanía.

Es por ello que los socialistas españoles, militantes y simpatizantes hoy vilipendiados por una derecha infame y tan pendenciera como Donald Trump, el sujeto en el que se miran, tenemos que sentirnos muy orgullosos –junto a todos aquellos ciudadanos que así lo conciban– por la dignidad mantenida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la defensa de nuestros intereses y en la no claudicación ante una cumbre militar que va mucho más allá de la necesidad occidental de defensa conjunta, marcada por la chulesca e insolente pirueta de Trump sobre que el aumento del presupuesto militar impuesto servirá para sanear su industria bélica, que le permita así continuar en su papel de cherif matón con el aplauso de los súbditos.

FERNANDO RUIZ CERRATO
Militante del PSOE-Madrid en la Agrupación de Fuencarral

La paradoja del estulto

Cuando se actúa al albur de la última ocurrencia que se viene a la cabeza o se articula una estrategia para poner en práctica una idea peregrina sin razonar y evaluar los efectos, solo para mantener el papel auto atribuido de histrión —en este caso planetario—, suele suceder que el resultado sea el contrario al que se pretende lo que obliga a recular y a replantear la actuación que siempre será circense, porque quién así actúa tiene un déficit claro de neuronas que propicien sinapsis con sentido: racionales y lógicas.

Este afán, el ansia viva, por ser el protagonista del acontecer mundial es el que lleva a Trump a encerrarse en su laberinto, con el efecto pernicioso, perverso, de poner patas arriba lo consuetudinario no para abrir puertas al conocimiento y al futuro, sino para cerrarlas; porque lo que busca es aumentar sus caudales sin importarle un comino a quien se lleve por delante o la destrucción que produce en el mínimo estado del bienestar o lo que les pueda ocurrir a las decenas de miles de despedidos de la administración pública. Por eso su mantra de <<America First>> es un engaña bobos que perderá su efecto en cuanto quienes le votaron sufran en sus carnes los efectos de su estrategia que se alimenta de ocurrencias de ida vuelta, como sucede con los famosos aranceles, para mantenerse en el centro de la pista central del circo global.

«El mantra de Donald Trump «American First» es un engaña bobos que perderá su efecto en cuanto sus votantes empiezen a sufrir los efectos de su estrategia»

En solo cuatro meses de gestión ya ha conseguido lo nunca visto en las últimas décadas en EEUU, las manifestaciones de protesta de centenares de miles de norteamericanos contra sus recortes en las principales ciudades del país (Washington, New York, Chicago, Los Ángeles, Boston, etc.), y cómo los superricos que formaron su escolta para llegar de nuevo al despacho Oval, han comenzado a darle la espalda al ver como se vacían a un ritmo vertiginoso sus cuentas milmillonarias, hasta el punto de romper su hasta hace nada relación fraternal con Elon Musk —otro histrión superlativo que ha salido escaldado—; sumado al aumento del paro y el coste de la vida para la clase media que ha tenido que reducir su consumo: piedra angular del estilo de vida los estadounidenses.

«Centenares de miles de norteamericanos se manifiestan en las calles de las principales ciudades, e incluso los superricos has comenzado a darle la espalda al comprobar cómo se vacían sus cuentas milmillonarias»

En el contexto internacional el matonismo amenazante con el que actúa solo le ha servido para que China y Europa, sus dos enemigos claros por su potencia económica, le hayan salido respondonas y no se hayan plegado a sus dictados de manera servil como esperaba; sino que han mostrado su disposición a responder con la misma moneda, lo que le ha obligado a estar dispuesto a negociar, aunque ya veremos si desde el chantaje que es su vitola en toda negociación. En todo caso, hasta ahora su política económica solo ha empobrecido a sus propios ciudadanos, ha devaluado el dólar un 4,5%, ha bajado el valor de los bonos USA y ha agitado el tablero financiero, que solo es un referente para los ricos con capacidad para invertir y no para el ciudadano medio.

«El matonismo amenazante de Trump solo le ha servido para que China y Europa, sus dos enemigos claros por su potencia económica, le hayan salido respondones y no se hayan plegado a sus dictados de manera servil como esperaba»

Precisamente el temor a que China ponga a la venta en el mercado financiero los 759.000 millones de dólares que tiene en bonos USA, supondría el hundimiento de su economía y la entrada en recesión por mucho tiempo. Este es el miedo que ha impulsado a Trump a modular la espiral de aumento, casi cada día, de los aranceles impuestos a China y a abrirse a una negociación. En todo caso, comienza a cuajar la idea de que, con su política errática, en lugar de mantener el poder económico e influencia cultural en el mundo, está devaluando la imagen de USA en el plano global y acelerando la que, para muchos economistas y politólogos, es el inapelable ascenso de China como nuevo referente mundial: económico, político y cultural.

«Si China pone a la venta en el mercado financiero los 759.000 millones de dólares que tiene en bonos USA, supondría el hundimiento económico de Estados Unidos y la entrada en recesión por mucho tiempo»

Por eso los bandazos de Trump a quién más sorprenden es a sus propios seguidores por la incerteza de no saber nunca que va a hacer o decir cada día, cada hora, cada minuto. De ahí que los países y gobiernos que le vienen defendiendo se mantienen —ellos y sus políticas— en situación de espera, atentos a lo que diga el sheriff que no tiene, ni tendrá nunca, un plan, un objetivo, una estrategia definida que apunte a otra cosa que no sea la de hacer negocio, mover y acaparar dinero, a costa de lo que sea.

Quién parece haber atisbado esta circunstancia es el Gobierno de España, el primero de la UE en tener un plan de contingencia dotado con 14.000 millones de euros para proteger a las empresas y sectores afectados por la pugna arancelaria desatada por Donald Trump; al que no ha gustado nada que el presidente Pedro Sánchez, haya visitado al líder chino Xi Yinping para ampliar el comercio entre España y China y mejorar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Al final, como siempre pasa con los matones la fuerza se les va por la boca, a juzgar por el buen trato recibido por el ministro de economía, Carlos Cuerpo, por parte de su homólogo estadounidense, Scott Bessent, el que dijo que acercarse a China era como cortarse el cuello, al hilo de la entrevista del presidente Pedro Sánchez con el líder chino Xi Yinping.

«El Gobierno de España ha sido el primero de la UE en tener un plan de contingencia dotado con 14.000 millones de euros para proteger a las empresas y sectores afectados por la pugna arancelaria desatada por Donald Trump»

El positivo resultado del encuentro del Ministro y el Secretario del Tesoro estadounidense, de cara a la negociación de los aranceles, no solo desmiente que se hayan roto las relaciones históricas entre ambos países, y que Carlos Cuerpo viajara corriendo a Washington para restañar no se sabe qué heridas, y pedir perdón por la visita a China del Presidente, como afirma la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en la línea constante de su partido de hacer daño al Ejecutivo como sea y por lo que sea; al punto de darle igual evidenciar un servilismo indecente ante la nueva administración USA.

«El PP, en su línea de hacer daño al Ejecutivo como sea y por lo que sea, evidencia un servilismo indecente ante la nueva administración USA»

Cuca Gamarra miente con saña, a sabiendas, cuando oculta que la visita de Cuerpo a Washington estaba programada hace tres meses, pero le da lo mismo, el caso es desviar el foco de la contradicción en que la guerra arancelaria de Trump ha colocado al PP, que se ve entre la espada y la pared, por tener que apoyar las medidas del Gobierno para amparar a las empresas afectadas por la imposición de aranceles, y la estrategia perenne que se ha auto impuesto de distanciarse y no apoyar nada que venga del Ejecutivo.

«El PP se debate entre apoyar las medidas del Gobierno para amparar las empresas afectadas por la imposición de aranceles o seguir en su estrategia de distanciamiento y no apoyar nada que venga del Ejecutivo»

Por eso los portavoces del PP, buscan y rebuscan a diario excusas para torpedear un plan que se ha negociado con ellos y saben que tendrán que apoyar, aunque sea a regañadientes, si o si, si no quieren cubrirse de gloria anti española y que los empresarios se les echen encima y les pinten la cara. En este si es no es, Feijóo, como siempre, sigue aislado en su papel de don Tancredo abducido en su mantra, que repite hasta la náusea, de quiero elecciones ya, que le sumerge en la irrealidad de pensar que el Gobierno está punto de caer porque él lo dice. Esta vez, debería tener claro que ésta es la ocasión para demostrar que el PP es un partido de estado como repite cada vez que tiene oportunidad. Veremos.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario
y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Cuando les interesa…la derecha se junta

PP, VOX, PNV y JUNTS se unen para impedir el aumento de las pensiones y el escudo social para las familias más vulnerables

UGT y CCOO convocan movilizaciones el próximo 2 de febrero

El pasado miércoles 22 de enero tuvo lugar la derrota del gobierno en la votación para la aprobación de la Ley Ómnibus gracias a la alianza de PP, VOX, PNV y Junts, es decir, la derecha franquista y la derecha nacionalista y carlista.

Más allá de las estrategias de gobierno y oposición, y más allá de la posibilidad de aprobar a golpe de decreto ley gran parte de las medidas derogadas con la no aprobación de la Ley Omnibus, lo que queda claro es una cosa: a las derechas patrióticas (cada una con su bandera) le interesan bien poco los ciudadanos y ciudadanas, y les interesa muy mucho echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Unos, la derecha franquista, porque nunca reconocieron la voluntad mayoritaria del pueblo de conformar un gobierno de progreso. Los otros, la derecha nacionalista, con sus diferencias, porque siempre antepusieron el interés del mercado a los derechos sociales.

La alianza de la derecha franquista y la derecha nacionalista ha impedido la aprobación del paquete de medidas recogidas en la Ley Omnibus, demostrando que cuando les interesa se unen

Sea como sea, los efectos del No de Junts, PNV, PP y VOX a la Ley Omnibus no se han hecho esperar. Entre otros:

  • A la mañana siguiente de la no aprobación de la ley, RENFE comenzaba anunciar en la megafonía de todas las estaciones, el final de la validez de los abonos gratuitos de transporte que sobre todo utilizan estudiantes y trabajadores.
  • 9,26 millones de pensionistas en toda España verán esfumarse el aumento del 2’8% de las pensiones contributivas (de hasta el 6% en muchos casos) y del 9% de las no contributivas
  • Desaparecen también los incrementos del Ingreso Mínimo Vital dirigidos a la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social y que en noviembre de 2024 afectaba a más de 2 millones de personas que conviven en 665000 hogares.
  • Desaparece momentáneamente el SMI hasta una previsible nueva regulación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que en España hay entre 2,2 y 2,5 millones de personas que cobran el salario mínimo interprofesional según los sindicatos.
  • Desaparece la prohibición de cortar la luz, el gas o el agua a los consumidores en situación de vulnerabilidad econòmica.
  • Desaparece la prohibición de deshaucios a familias en situación de vulnerabilidad y sin solución habitacional.
  • Desaparece la norma que permite agilizar la construcción de vivienda social.

Es necesaria una gran movilización social, política y sindical para defender las pensiones y derechos sociales negados por la derecha franquista y nacionalista

En definitiva, las derechas (las nacionalistas periféricas y centralista) unen sus fuerzas para negar a la mayoría social de nuestro país algunas de las medidas sociales que más impacto tienen sobre los ciudadanos. Como ha anunciado el secretario general de la UGT el Parlamento no puede secuestrar los derechos de la clase trabajadora, y por ello, han convocado movilizaciones el 2 de febrero para reclamar al Gobierno la aprobación de un nuevo paquete de medidas mediante un real decreto ley.

Se impone un nuevo escenario para revertir las consecuencias del NO de las derechas a la ley Omnibus que pasa por la aprobación por Decreto Ley del aumento de las pensiones y de aquellas medidas que pueden conseguir un consenso más amplio, pero también para iniciar una gran movilización social, política y sindical para parar los pies a la derecha.

Baltasar Santos
1r Secretario del PSC el Vendrell

«El pueblo salva al pueblo»…sobre todo con los impuestos

El que espere en este artículo una crítica feroz contra la política ya puede dejar de leer, y que se dedique a ver los programas de Iker Jiménez, o los de la iglesia, que se documente en los videos y noticias que aparecen en su móvil o que se dedique a escuchar las emisoras de radio oportunistas y antipolíticas de la derecha.
La política es el arte del diálogo y la colaboración entre posiciones diferentes para conseguir objetivos comunes para el bien general de la sociedad. Por tanto, la política es necesaria.
Otra cosa es que determinadas ideologías aplicadas a la política matan personas.
El neoliberalismo que preconizan Milei en Argentina o los sectores más conservadores, mayoritarios hoy día en el PP, suponen una reducción del Estado y, por tanto, una reducción de los servicios públicos, y una flexibilización extrema para favorecer la entrada del sector privado en la gestión de los servicios que son del interés general.
En EE. UU., paradigma en declive de este modelo, no solo la sanidad y la educación son mayoritariamente privados (la parte pública es residual e infradotada económicamente), sino que incluso muchas prisiones son privadas, y claro, hay que llenarlas para favorecer el negocio.

El liberalismo económico que predica la derecha supone eliminación de servicios públicos y mata personas

Normalmente, la gestión pública garantiza la equidad del sistema y la ausencia de discriminación racial, social o de cualquier otro índole. La gestión privada, en cambio, persigue valores lo más altos posible en su cuenta de resultados. Cuando se habla despectivamente de lo público se suelen encontrar motivos basados en la tardanza o en la excesiva (en ocasiones) burocratización del sistema. Pero los servicios públicos son necesarios. Dos ejemplos:
La gestión de las riadas de l’Horta en Valencia causado por la DANA
Las DANAS, anteriormente conocidas como gotas frías, son fenómenos meteorológicos que nos sacuden con crudeza periódicamente. Los temporales seguramente serán más devastadores y frecuentes por el cambio climático. No tengo datos para sostener esta afirmación, pero me baso en lo que leo en medios reputados donde escriben expertos científicos. Sea como fuere, la descarga brusca de lluvia torrencial no parece evitable, pero sus consecuencias sí. Recordemos que las consecuencias son la muerte de decenas de personas (220 muertes en la DANA de Valencia contabilizadas en el momento de escribir estas líneas), la pérdida de bienes y patrimonio (personal y colectivo), el colapso o desabastecimiento de servicios básicos (agua, luz, gas, telecomunicaciones, movilidad), el cierre de la actividad económica y productiva y el esfuerzo físico, psicológico y económico (personal y colectivo) que conlleva la reparación del daño acaecido. Estas consecuencias sí que son evitables.

La descarga brusca de lluvia torrencial no parece evitable, pero sus consecuencias sí

Una de las primeras decisiones políticas ultraliberales que tomó el gobierno valenciano (2023. PP y VOX) fue acabar con la Unidad de Emergencias de Valencia. Era un servicio público calificado como «chiringuito» y como una «carga burocrática excesiva». Es decir, se cargan un servicio público esencial que hoy podría haber salvado vidas.

El gobierno de Valencia desmontó la Unidad de Emergencias porque decían que era un chinguito y una carga burocrática excesiva. Hoy podría haber salvado vidas.

No hablaré de las prioridades del gobierno valenciano, cuyo presidente, transmitió su desinformación como si fuera información veraz, cuando no lo era, pero recuerden como se intentaba evitar la llegada de voluntarios de toda España diciendo más o menos que eran un estorbo. Y recuerden que el Presidente (todavía hoy) de la Comunidad Valenciana prefería estar en una comida de 4 horas con una periodista a la que quería enchufar para que dirigiera la televisión valenciana de una determinada manera, que llegar a tiempo a la reunión de coordinación de la emergencia que se estaba dando en ese mismo momento, con las consecuencias que ya sabemos

Un determinado tipo de políticas tienen la culpa. Eliminar los servicios públicos tienen consecuencias, sin entrar a valorar la capacidad de gestión de algunos políticos como los que integran el gobierno valenciano.
Las políticas de defensa de lo público salvan vidas. Ahí están los ejemplos de la creación en 2005 de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por parte del Gobierno de España (2004-2008). Ahí están los recursos públicos invertidos para recuperar los servicios básicos o para rescatar personas, y en el peor de los casos, recuperar los cuerpos de las personas fallecidas. Ahí están las ayudas económicas que salen de nuestros impuestos para intentar aliviar los problemas de los damnificados. Todo eso se mantiene con dinero público, es decir, con el dinero que todos aportamos con nuestros impuestos.
Cuando alguien dice voy a rebajar impuestos hay que responderle «qué servicio público quieres reducir o quitar». Por ello, y sin desmerecer ni un ápice a los miles de voluntarios que solidariamente están colaborando en las tareas de reparación, rescate y reconstrucción de la catástrofe, «el pueblo salva al pueblo, también con los impuestos».

Cuando alguien diga que quiere rebajar impuestos hay que preguntarle qué servicio público quiere quitar, y por qué.

La gestión de las residencias de personas mayores en la CA de Madrid en época del COVID
Para el segundo ejemplo no me extenderé tanto. Basta una imagen para recordar que los recortes en sanidad realizados por Ayuso (PP) en Madrid han causado que 7291 personas mayores hayan fallecido en las residencias de mayores sin recibir asistencia sanitaria.
Las políticas neoliberales de eliminación de lo público unido a la infame gestión política de las derechas de los recursos públicos provocan muerte y destrucción que eran evitables. Qué tiempos aquellos en que algunos partidos políticos solo amparaban la corrupción, robaban y conspiraban. Sus políticas también matan.

Las políticas neoliberales de eliminación de lo público unido a la infame gestión política de las derechas de los recursos públicos provocan muerte y destrucción que eran evitables.

Los ciudadanos y ciudadanas debemos apostar por políticos y políticas responsables, competentes y que antepongan el bien colectivo al bien propio.
Las políticas que apuestan por la recaudación justa de impuestos para financiar los servicios públicos que nos ayudan a todos son más que nunca necesarias.

¡Qué tiempos aquellos en que el PP solo era una partido corrupto, mafioso, y conspirador. Ahora sus políticas también matan.

Exigir que nuestros impuestos se aprovechen para lo prioritario es tarea de cada uno de nosotros individualmente y de nuestras organizaciones vecinales, y fundamentalmente sindicales y políticas, en las que la mayoría social debería organizarse más para empoderarse colectivamente.


Baltasar Santos
1r Secretario PSC el Vendrell
Comité de Redacción de TS

La financiación singular de Cataluña

Uno de los caballos de batalla de las derechas para desgastar al gobierno de Pedro Sánchez es el acuerdo para una financiación singular de Cataluña. Se han vertido ríos de tinta interesados en criticar el acuerdo alcanzado entre PSC y ERC en esta materia. Se acusa al PSOE de dividir España, de insolidaridad, de que el acuerdo provocará mayor desigualdad entre españoles. Algunos barones llamados socialistas compran el discurso de la derecha. Por ello, ofrecemos a los lectores de Tribuna Socialista el texto literal del acuerdo, y las razones para un nuevo marco de financiación singular para Catalunya y federal para el conjunto de regiones de este estado Plurinacional llamado España

¿Qué dice el acuerdo sobre la financiación singular?

A. ANTECEDENTES
Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios. Los distintos modelos de financiación autonómica han comportado graves deficiencias para Cataluña, que se traducen en una insuficiencia financiera crónica que limita enormemente el gasto en políticas públicas como la salud, los servicios sociales, la vivienda o las infraestructuras.
Estas deficiencias tienen un impacto directo en los servicios públicos y en la capacidad de Cataluña para hacer frente a los retos de futuro, y se generan y perpetúan gracias a un modelo de financiación de régimen común caducado, poco transparente e insuficiente. Un modelo de financiación cuyo resultado es una distribución poco justa de los recursos entre los territorios del Estado y que acaba limitando la capacidad de crecimiento económico de Cataluña.
Todos los intentos previos de construir un modelo de financiación basado en el paradigma actual y la gestión centralizada desde la Administración del Estado no han hecho sino estructuralizar unas insuficiencias que han sido un lastre sistemático al crecimiento económico de Cataluña y a la prosperidad de su ciudadanía.
No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad. Si queremos alcanzar los estándares europeos en lo que se refiere a recursos destinados al estado del bienestar y a la dinamización del tejido productivo, es indispensable un nuevo sistema de financiación basado en una relación bilateral con el Estado y un incremento sustancial de la capacidad normativa y de la capacidad de gestión que garantice la suficiencia financiera y la soberanía fiscal de la Generalidad.
Por este motivo, es necesario un aumento sustancial y progresivo de la capacidad normativa en todos los tributos generados en Cataluña para adaptar el sistema fiscal a las necesidades del país y disponer de la cesión de los rendimientos de estos tributos.
Una financiación justa y singular es compatible con la contribución equitativa al sostenimiento del gasto del Estado, que redunda en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos de Cataluña y en la solidaridad entre territorios.
Una financiación singular necesita un modelo bilateral de relación con el Estado compatible con la participación en órganos multilaterales cuando la naturaleza o ámbito de los acuerdos así lo exija.
De la misma forma, la profundización en el autogobierno y de la autonomía fiscal y financiera necesita fijar como prioridad una hacienda catalana compatible con el hecho de avanzar hacia un modelo tributario federal con una mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección, así como con una gobernanza de las inversiones públicas desde Cataluña y para Cataluña.

A fin de reencontrar puntos de acuerdo, ambas partes se han inspirado en el amplio consenso del Parlament de Catalunya en 2005, especialmente en los apartados de financiación, cuando se aprobó la propuesta de reforma del Estatut . Éste marcaba un camino para avanzar hacia un modelo de financiación basado en la autonomía financiera, la coordinación, la solidaridad y la transparencia en las relaciones fiscales y financieras entre las administraciones públicas, así como los principios de suficiencia de recursos, responsabilidad fiscal, equidad y lealtad institucional entre las citadas administraciones


B. EL MODELO DE FINANCIACIÓN SINGULAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La concreción de todos estos principios pasa, necesariamente, por el establecimiento de un nuevo modelo de financiación para la Generalitat de Catalunya basado en la negociación bilateral con el Estado. En este sentido, los partidos abajo firmantes acuerdan:
• Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea.
La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local.
• La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la solidaridad.
La aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos.
La aportación a la solidaridad debe ser explícita y debe reflejarse de forma transparente. La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar.
Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad.


C. HACIENDA CATALANA
Con el objetivo de implementar este nuevo modelo, es imprescindible que el desarrollo de la hacienda catalana sea una prioridad para el próximo Gobierno de la Generalidad de Cataluña con el objetivo de que esta administración alcance plena autonomía en la recaudación, gestión, liquidación y inspección de todos los tributos que se generen en Cataluña.
La hacienda catalana debe instrumentalizarse a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña por medio del ejercicio de las potestades y funciones administrativas de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos, con el uso, cuando corresponda, de los mecanismos previstos por la ley.
La asunción de estas competencias requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos.


D. IMPLEMENTACIÓN
Con el objetivo de implementar este nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, será necesario formalizar el presente acuerdo durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado en relación al modelo de financiación .
En 2025 será necesario impulsar los acuerdos a los que se llegue en la comisión mencionada anteriormente, a través de las modificaciones legislativas necesarias y, cuando corresponda, se trasladarán a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat a fin de que se puedan aprobar.
Los objetivos serán:
a) La asunción progresiva, por parte de la Agencia tributaria de Cataluña, de la gestión, recaudación, liquidación, inspección y disponibilidad de todos los impuestos soportados en Cataluña.
b) El aumento sustancial, por parte de la Generalitat de Cataluña, de la capacidad normativa tributaria con coordinación con el Estado y la Unión Europea.
c) El despliegue calendarizado del nuevo modelo de financiación, comenzando por los pasos que se citan en el apartado siguiente.
d) El impulso de las modificaciones que correspondan de la LOFCA, de la Ley de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley de cesión de tributos a Cataluña que sean necesarias para la implementación de estos objetivos.


Mayor autonomía de gestión y espacio fiscal propio :
Tal y como establece el artículo 204 y 205 del EAC, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) puede asumir la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los impuestos recaudados en Cataluña y que actualmente gestionan desde la AEAT .


La ATC, creada en 2007 y en funcionamiento desde 2008, cuenta con más de 16 años de experiencia que le avalan para asumir nuevas competencias tributarias. El primer tributo en el que se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF.
Las comisiones mencionadas anteriormente tomarán los acuerdos correspondientes para asegurar su ejecución a lo largo del año 2026.
Adicionalmente, en relación con el espacio fiscal propio de Cataluña, durante el año 2025 se llevarán a cabo los trabajos en las dos comisiones mencionadas anteriormente para llevar a cabo propuestas, como mínimo, sobre:


1.- IVA PYMES.Atribución de la recaudación del IVA PYMES en función de su domicilio en lugar de la estadística de consumo y análisis de la extensión de este mecanismo a otros tributos.

2.- IVA arrendamientos turísticos: Cuando se apruebe la Directiva europea, se establecerá en la Ley del IVA un sistema de opción para que Cataluña pueda decidir la aplicación del impuesto a los arrendamientos turísticos en su territorio o en parte, lo que permitirá determinar cuál es el régimen de atribución de la recaudación más oportuno.

E. TRANSITORIEDAD
Mientras se produzca el despliegue del nuevo modelo de financiación descrito en este documento se llevarán a cabo las siguientes acciones:
Incremento sustancial de recursos: incrementar los recursos derivados de la evolución de las necesidades del Estado del Bienestar y compensar los desequilibrios que se han producido en la vigencia del actual modelo.
Ordinalidad según la capacidad fiscal: Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de un cambio estructural en el sistema de financiación, que en caso de no adoptarse durante 2025, requerirá medidas compensatorias.
Solidaridad: Cataluña seguirá aportando a la solidaridad territorial. La aportación debe ser explícita, y debe reflejar de forma transparente cuánto aporta y cuánto recibe, de modo que la contribución a la solidaridad de Cataluña sea conocida y reconocida.
Competencias no homogéneas: Cataluña ejerce un conjunto de competencias singulares que no tienen otros territorios. En el cálculo de las necesidades de gasto a financiar en Cataluña deben tenerse en cuenta todas las variables relevantes, como el aumento de la población en edad escolar o el factor envejecimiento, para reflejar adecuadamente las singularidades propias de Cataluña.
Es necesario actualizar su financiación atendiendo a sus costes reales ya las nuevas necesidades y funciones que se han generado en su entorno.
Consorcio para las inversiones: Para hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y la baja ejecución de las inversiones previstas, se constituirá un Consorcio paritario Estado-Generalitat. Su objeto será la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña.
Se definirá un marco plurianual de financiación en el Convenio de creación del Consorcio en el que se tenga como referencia, para dotarlo presupuestariamente, a la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado. Es decir, se establecerá la financiación para el Consorcio en una cifra equivalente a la aplicación de la ratio sobre el PIB que se presupuesta.

Como los lectores de Tribuna Socialista podrán comprobar tras la lectura del acuerdo, hay varias afirmaciones que van corriendo para atacar el acuerdo que no son ciertas.
Primero.- El modelo planteado no rompe con la solidaridad con el resto de comunidades, pero sí que plantea que existe una competencia desleal entre comunidades autónomas en cuanto a la fiscalidad que se aplica pero no a la hora de percibir ingresos. El acuerdo, en cambio plantea «Una financiación justa y singular es compatible con la contribución equitativa al sostenimiento del gasto del Estado, que redunda en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos de Cataluña y en la solidaridad entre territorios».
Segundo.- El modelo de financiación catalana no es ni el modelo vasco ni el navarro. De hecho, es el modelo catalán que se basa en recaudar progresivamente los impuestos que se pagan en Catalunya a través de la Agencia catalana que funciona desde el año 2007, amparada en el Estatut de Catalunya (aprobado por el parlamento catalán, por el español y refrendado por el pueblo de Catalunya).
Tercero.- La soberanía fiscal es un avance en el autogobierno de Catalunya que defendemos los socialistas dentro de un marco federal. Por tanto, este modelo es un paso hacia un federalismo que permita no solo ejercer las competencias que cada comunidad se ha asignado de común acuerdo con el Estado, sino también evolucionar de un Estado de las Autonomías que se crearon artificiosamente a un Estado federal que recoja la singularidad y voluntad de autogobierno de cada región.
Cuarto.- El modelo de financiación catalán puede ser aplicable al resto de comunidades, aunque en estos momentos no tiene sentido puesto que ni la fiscalidad propia ni las competencias que cada comunidad autónoma tiene asumidas en sus respectivos estatutos son iguales.
Que todas las comunidades quieren mejorar su financiación es algo que parece claro. Lo que no parece tan claro es el cómo, porque mientras unas comunidades quieren percibir ingresos por la población que tienen, otras prefieren percibir ingresos por la población que tienen ajustada a las necesidades.
Por ello, parece probable que en los próximos meses se plantee una revisión del modelo de financiación autonómico, aunque no existe consenso entre las CCAA sobre los criterios a aplicar.
Otra de las cuestiones es ¿para qué ingresar más? porque mientras Salvador Illa tiene claro que hemos de mejorar los servicios públicos, otras comunidades van renunciando a cobrar impuestos porque no creen en los servicios públicos y sí en la liberalización y privatización de todo lo privatizable.
En definitiva, el modelo de financiación singular de Catalunya no rompe con ningún principio de solidaridad, ni va contra nadie, pero sí que permite avanzar en el sostenimiento de los servicios públicos y en la mejora de las infraestructuras para conseguir que Catalunya vuelva a ser la locomotora de España.
Las críticas vertidas por la derecha no son sino un intento más de atacar al gobierno de Pedro Sánchez y a los socios de investidura, con el objeto de crear fisuras entre los grupos que permiten que el gobierno gobierne. Para los socialistas, apoyar el acuerdo alcanzado en materia de financiación es perfectamente compatible con mejorar el marco común de financiación autonómica, aunque realmente al PP no le interesan las soluciones sino el ruído mediático y el ataque constante a cualquier acuerdo que refuerze al gobierno de coalición.

Baltasar Santos
Primer Secretario PSC El Vendrell
Miembro del comité de Redacción de TS

Uno más uno, no son dos

Mediante las siguientes líneas espero entendáis un poco mejor la visión que existe desde dentro de una de las partes que forman la compraventa de Air Europa por Iberia.

Estamos en la recta final de la venta de Air Europa al grupo IAG al cual pertenece Iberia. Es pronto para poder saber si es una “unión” positiva o negativa. Normalmente la Empresa absorbida tiene todas las de perder, y es en este punto donde se encuentra Air Europa. La incertidumbre que tiene la inmensa mayoría de la plantilla está plenamente justificada. Después de llevar décadas trabajando en la misma Empresa, nos encontramos con que no sabemos qué ocurrirá con los derechos adquiridos, qué será de nuestros puestos de trabajo, cómo se afrontarán las duplicidades y un largo etcétera que nos lleva a la conclusión, de que en una fusión o compra uno más uno, no son dos.

Un entorno tan cambiante y competitivo como el aéreo, nos hace temer por las pérdidas que vamos a tener en nuestros empleos y condiciones. Necesitamos certezas, y el apoyo de nuestros gobernantes para defender que no se pierda nadie en el camino ni los derechos conseguidos. Detrás de cada trabajador, hay una historia, una familia, una vida… Que nuestros gobernantes no se dejen seducir por lo que otros verán… unos simples números sin alma ni vida.

Empresarialmente, la compra puede resultar muy atractiva. Es una manera de crecer y de tener una marca más potente, con más destinos y perspectiva internacional. De hecho, los planes de IAG pasan por potenciar el aeropuerto de Madrid creando un gran nudo de conexiones. Esta fortaleza no puede ser entendida con la merma de condiciones laborales de una y otra Empresa. No caigamos y no permitamos caer en un regateo de condiciones que lo único que harán será perjudicar a los trabajadores de uno y otro lado por ver quién impone las condiciones más baratas y ventajosas para operar las rutas que sin duda serán utilizadas para rebajar nuestras condiciones.

Pero tanto Air Europa como Iberia son algo más que el aeropuerto de Madrid. Son el resto de aeropuertos españoles, son trabajadores de oficinas, de mantenimiento, de handling, tripulaciones… y un amplio abanico de trabajadores trabajadoras que está con una gran incertidumbre.

El desenlace está próximo y aunque se confirme la venta después vendrá un duro trabajo sindical en un terreno desconocido, y tras las garantías que se puedan imponer en un principio vendrá la dura realidad. Uno más uno, no son dos.

Una solución que podría ayudar al colectivo de Tripulación de Cabina de Pasajeros (TCP), sería la inclusión de nuestra profesión en el Real Decreto de trabajos penosos, para poder acceder antes a nuestra jubilación. De la mano de un gobierno progresista, esta discriminación que sufrimos ha de ser corregida. De sobra son conocidos los intentos de rejuvenecer plantillas para abaratar costes por parte de todas las Empresas. Estos intentos deben partir del consenso y voluntariedad de los trabajadores afectados. Tengamos en cuenta que complicar el final de la andadura profesional de un trabajador tendrá unas consecuencias irreparables en su jubilación, y en el resto de su vida, tras una carrera dedicada a su empresa. En medio de esta compra tenemos que tener alma y sentido de estar a la altura de las circunstancias.

Somos muchos trabajadores los que componemos ambas plantillas, y tenemos que apostar por nuestros empleos que son nuestro medio de vida. Por eso pedimos al gobierno su apoyo sin fisuras, que esté vigilante para que nada ni nadie se quede en el camino.

Como trabajador de Air Europa desde hace más de dos décadas miro al futuro con incertidumbre, con recelo, ya que no sabemos hacia dónde caminamos ni qué ocurrirá después de que las imposiciones protectoras desaparezcan, pero a la vez esperanzado por formar parte de un gran grupo aéreo que puede consolidar a España como uno de los referentes mundiales en aviación.

No hagamos realidad el uno más uno, no son dos. Hagamos que todo sume y todo sea imprescindible.

Raúl Sepúlveda Abad.
Trabajador de Air Europa y delegado de USO
Concejal del PSOE en Guadalest-Alicante.

¡Tractoradas!, separando el grano de la paja

Las movilizaciones del campo que han paralizado las grandes ciudades del Estado y de toda Europa son movilizaciones del empresariado del sector agrícola, y ganadero, entre ellos, pequeños agricultores, pero también grandes latifundistas, sin la participación de los trabajadores del campo, sin la participación de los sindicatos de clase, y con algunas reivindicaciones justas y razonables y otras que no tanto (Unai Sordo dixit). Separemos el grano de la paja.

¿Qué es la Política Agraria Común?

La Política Agraria Común (PAC) es la politica europea más antigua, ya que data de 1962 y su principal objetivo, según explica el Consejo de Europa en su página web, es «unificar criterios en materia de producción y distribución agrícola, centrando su atención en proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad a los consumidores, conservar los recursos naturales y garantizar el nivel de vida de los trabajadores del sector». A priori, encomiable.

Las ayudas provinientes de la UE destinadas a agricultores y ganaderos son una tercera parte del presupuesto de la UE. Hay tres tipos de ayudas:

-La ayuda a la renta mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneran a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente y por prestar servicios públicos que los mercados no suelen recompensar, como el cuidado del campo;

-Las medidas de mercado para abordar situaciones difíciles, tales como una repentina caída de la demanda a causa de una alarma sanitaria o una caída de precios debido a exceso de oferta temporal en el mercado;
-Las medidas de desarrollo rural consistentes en programas nacionales y regionales para atender a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales.

Para España, la PAC prevé destinar más de 47.724 millones de euros a agricultores, ganaderos e iniciativas de desarrollo rural en el periodo 2023-2027. Sin embargo, la concesión de las ayudas se supedita a la puesta en marcha de prácticas medioambientales que condicionan la concesión de parte de las ayudas de la PAC, más cargas burocráticas y el cumplimiento de directrices que van dirigidas a la sostenibilidad medioambiental pero que reducen la productividad de las explotaciones (una de ellas, por ejemplo, es dejar parte de la tierra en barbecho).

Estas medidas se unen a una difícil situación del sector, causada, entre otros factores, por la bajada de la producción generalizada debido a la grave sequía, al encarecimiento de los costes de producción (sobre todos fertilizantes), y una burocracia excesiva que implica tiempo y aumento de gastos para agricultores y ganaderos.

Entre las reivindicaciones del campo se encuentra la eliminación o flexibilización de las medidas medioambientales, a las cuales la UE ya ha accedido, la regulación de un gasóleo profesional agrario que tenga el descuento en el lugar de abastecimiento, como se había hecho en la época poscovid para toda la ciudadanía, en lugar del sistema actual, que consiste en una desgravación de impuestos a fin de año, cuando se presentan los gastos anuales, y que se tomen medidas para erradicar la competencia de las importaciones de países que no cumplen las mismas condiciones exigidas en las producciones de los países miembros de la Unión Europea, compartiendo la petición de diseñar un nuevo marco en las negociaciones de libre comercio con el Mercosur o con terceros países para que no tengan tan fácil vender sus productos en la Unión, como sucede con la entrada de productos ucranianos, que antes de la guerra tenían una política arancelaria más fuerte o los que llegan de países del norte de África,

¿Cuál es la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez?

El mensaje compartido es que al campo se le escucha y no se le da la espalda. De momento, se han tomado algunas medidas y se han prometido más. Pedro Sánchez ha asegurado en una entrevista en La Sexta que “estamos con el campo, con los agricultores, los ganaderos y el sector pesquero”. El presidente del gobierno reconoce que el sector del campo ha sido muy castigado por la evolución de los costes y ha recordado que en los últimos dos años, el Ejecutivo ha aprobado ayudas por valor de 4.000 millones.

Por su parte, el ministro de Agricultura ha prometido defender los intereses del campo en Bruselas, por ejemplo, a la hora de modificar la exigencia de un 4% de tierras en barbecho, disminuir la burocracia, dar voz al sector en Bruselas o mejorar la Ley de la Cadena alimentaria.

Queda por ver si cambiarán los términos de las negociaciones comerciales con terceros países o el Mercosur y cómo será la futura Ley de la Agricultura Familiar, que tiene que ver la luz en esta legislatura.

¿Qué dice el PSOE?

Mi partido (y el de muchos de nuestros lectores) reconoce que los sectores agrario y pesquero constituyen uno de los principales pilares de la economía española y sostienen la balanza comercial de nuestro país. En los últimos 12 meses, las exportaciones agroalimentarias superaron los 70.000 millones de euros.

Sin embargo, como consecuencia de situaciones como la guerra en Ucrania o la prolongada sequía (más de dos años) y la elevación de las temperaturas, atraviesan una difícil situación, que compromete las producciones y la rentabilidad, y de la que el Gobierno es plenamente consciente.

El Gobierno está firmemente comprometido con los sectores agrario y lo demuestra con hechos:

Entre los años 2022 y 2023 ha habilitado ayudas extraordinarias por un valor superior a los 4.000 millones de euros. Nunca hasta ahora se habían movilizado tantos fondos públicos del Estado en apoyo al sector primario.

Además de ayudas directas extraordinarias (unos 1.400 millones de euros para agricultores y ganaderos), se han arbitrado medidas de apoyo fiscal, laboral, social, financiero y de ayuda a la contratación de seguros agrarios, entre otras.

Estas ayudas han beneficiado sobre todo a los sectores ganaderos, tanto de leche como de carne, que se han mostrado más vulnerables a las dificultades de la situación (casi 700 millones de euros), así como para el sector citrícola (38,7 millones de euros).

También se habilitaron 300 millones de euros destinados a paliar los efectos del incremento del coste de los fertilizantes; así como 5 millones de euros para el sector apícola.

Los agricultores de cultivos herbáceos de secano y de determinados cultivos industriales (tomate de industria y arroz) contarán con 268,7 millones de euros para apoyarles por la sequía.

Otros 8 millones de euros han ido a los productores de la cereza del Valle del Jerte (Cáceres), mientras que otros 81 millones de euros procedentes de la reserva agrícola -concedidos a España por la Comisión Europea- irán a los productores de determinados cultivos leñosos (frutales de pepita, de hueso, tropicales, cítricos y frutos de cáscara).

Además, se han arbitrado medidas de alcance en materia fiscal, como rebajas en el rendimiento neto del IRPF, exenciones en el IBI rústico para las explotaciones con pérdida de rendimiento, entre otras.

En materia de ayuda a la financiación se han ampliado los presupuestos para los préstamos bonificados de la línea ICO-MAPA-SAECA y para las subvenciones de avales.

También se ha ampliado el apoyo a la contratación de seguros agrarios. Para este 2024 las ayudas suman 284,5 millones de euros y eleva de forma considerable el presupuesto con el que se encontró en 2018.

En el ámbito laboral se aprobaron aplazamientos en los pagos de las cuotas a la Seguridad Social y reducciones en los dos ejercicios en el número de jornales necesarios para acceder al subsidio por desempleo.

En materia hidráulica, se han adoptado medidas de exenciones de cánones de agua y reducción de precio de agua desalada para el uso agrario.

Y como anunció el ministro Planas en el Congreso, durante la presente legislatura se mantendrá la devolución del impuesto sobre hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola.

La propiedad de la tierra

Hasta ahora he hablado de qué es la PAC? qué objetivos tiene? qué reivindican los agricultores y ganaderos? y qué respuesta damos desde el gobierno y desde el PSOE. Sin embargo, hay cuestiones importantes que no se abordan y que son importantes para el campo, y para tener una provisión de alimentos saludables y variados.

La primera de esas cuestiones es la propiedad de la tierra, que en muchas ocasiones no es de quién la trabaja, sino de latifundistas y grandes corporaciones del sector alimentario que configuran un oligopolio.

El ejemplo de Alemania: En Alemania, como en toda Europa, se está dando una especulación inmobiliaria con las tierras agrícolas. Entre otros inversores privados, están la Fundación Aldi-Nord o «Deutsche Wohnen», uno de los mayores propietarios de tierras de Alemania. Pero eso no es todo. Estas empresas dictan los precios y reducen los ingresos de los agricultores. En Alemania, cuatro grandes grupos se reparten el mercado de la alimentación: los grupos Edeka, Rewe, Aldi y Schwarz. Su participación ha aumentado constantemente en los últimos veinte años, y en 2021 el cuarteto representó más del 85 por ciento de las ventas en el comercio minorista de alimentos, un total de más de 218 000 millones de euros.

El mercado es un oligopolio de facto. Los pequeños agricultores se enfrentan al gran comercio de la alimentación. Debido a su poder de mercado, Edeka, Rewe, Aldi y Lidl pueden dictar los términos y condiciones de los proveedores más pequeños, igual que Mercadona hace en España.

Lo que está en juego es la concentración de la propiedad de la tierra en manos de los grandes monopolios internacionales. Esa es una de esas cuestiones de las que casi nadie habla.

La competencia desleal y la especulación de precios

Una de las quejas de los agricultores es la competencia desleal de productos provinientes de países externos a la UE. En Alemania y en los países del este de la UE se señala directamente al libre comercio con Ucrania, con la que se ha relajado la política arancelaria desde la guerra. En España, se señala a los productos marroquies y a los procedentes de libre comercio con Australia o latinoamerica.

Pero esta competencia «desleal» tiene, al menos, dos componentes. El primero de ellos es que ciertamente, los requisitos de entrada de productos de fuera de la UE son menores que los que se exigen a productores de la UE. Reforzar la trazabilidad de los productos y los controles sanitarios es una necesidad. El segudo de los factores es que esos productos «desleales» son introducidos en el mercado por las mismas multinacionales del sector de la distribución.

También algunos fabricantes de alimentos que procesan productos agrícolas deciden los precios a los que van a comprar los productos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Dr. Oetker, Tönnies, Ferrero, Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble, Tchibo, Unilever, Mars y Danone. Ellos marcan los precios.

Entonces…las ayudas a los agricultores y ganaderos sirven en gran medida para compensar la política de fijación de precios de las grandes distribuidoras y fabricantes multinacionales; pero esas mismas ayudas no atacan el problema de raíz: la especulación de la tierra y sus productos que el capital financiero promueve a través de las multinacionales del sector.

El oposicionismo a la transición verde

Es bien conocido que las tractoradas en la UE están sirviendo a los negacionistas del cambio climático a cargar contra las políticas medioambientales, a la par que suman adeptos para la causa negacionista que lidera la extrema derecha.

Una de los objetivos a conseguir es que se debe hacer un uso racional de la tierra y de los recursos naturales, así como de los procesos utilizados en la agricultura y en la ganadería para que nuestra sociedad disponga de productos alimentarios saludables y variados. Por tanto, la solución para agricultores y ganaderos europeos no debería pasar por relajar las medidas medioambientales para competir con terceros países, sino impedir que se comercialicen productos que no cumplan con las normas medioambientales y sanitarias.
Por ejemplo, la apuesta por la ganadería extensiva e intensiva es muy productiva…para su empresariado, pero muy nociva tanto para el medio ambiente como para la calidad alimentaria de sus productos. Lo mismo podemos decir de los productos agrarios manipulados genéticamente, con grandes corporaciones como Monsanto (hoy Bayer) que incluso fabrican semillas estériles, para que una vez den lugar a una cosecha, se tenga que volver obligariamente a comprar semillas. O el uso de pesticidas y fertilizantes nocivos para la salud animal y humana.

La apuesta por los pequeños productores, por los sistemas de producción cooperativa respetuosa con el medio ambiente y que vele por la calidad alimentaria de los productos debería imponerse a las políticas especulativas de las grandes multinacionales.

El socialismo debe ofrecer alternativas transnacionales a la libertad de mercado

En toda Europa, la extrema derecha ha tratado -y está tratando- de capitalizar este malestar, sobre todo en países como Francia, Alemania o también España. Pura demagogia y oportunismo. Ya sabemos que lo que quiere la ultraderecha es sembrar el caos, destruir el medio ambiente y la libertad…de empresa y del capital financiero (y si no que se lo pregunten a los argentinos)

Por ello, es más necesario que nunca, una alternativa socialista para el campo para proteger a los que trabajan la tierra, para poner fin a la especulación del capital financiero, para acabar con el oligopolio de la distribución y las grandes marcas de fabricantes que fijan los precios, sobreexplotan la tierra y la ganadería y someten a los trabajadores de la tierra a condiciones de trabajo precarias; y para acabar con la guerra de ucrania que favorece esa especulación y los intereses espúreos de las grandes corporaciones.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de T.S

Más claro que el agua: lo que dicen los agricultores de verdad

(Clica sobre la imagen para reproducir el video)

La paja: la ultraderecha intoxica las justas demandas agrarias

Algunas de las reivindicaciones del sector agrario son justas y el socialismo le debe dar respuesta. Ese es el grano. La paja es que la ultraderecha y los grandes empresarios que forman parte del problema del campo y de la especulación alimentaria están intentando intoxicar la campaña. Echarlos de las manifestaciones es el mejor favor que se puede hacer a los que realmente trabajan la tierra.

Cada vez es más clara la necesidad de Banca Pública

Por tercer año consecutivo, los bancos españoles han batido récord de beneficios. Solo eloligopolio que concentra más del 70% del mercado financiero, compuesto por: Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter, ha ganado más de 26.000 millones de € en 2023.

Un incremento medio del 18,22% en 2022 y del 26,71% en 2023, en tanto que sus plantillas, como muchos otros trabajadores, tienen una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 9% y el 12%. Es más que comprensible que los sindicatos del sector financiero se estén movilizando y que hayan convocado una huelga para el 22 de marzo.

                Los banqueros, en las juntas de accionistas venderán que los resultados obedecen a la magnífica labor de los equipos directivos y los consejos de administración, justificando así que la presidenta del Santander gane 11,7 millones de euros, que el presidente del BBVA 8,29 millones de euros o que el presidente de Caixabank 2,2 millones de euros al año (datos de 2022, pues aún no se han publicado las retribuciones de 2023).

                Nada dirán de las horas de trabajo no pagadas a sus trabajadores y trabajadoras, ni de los procesos de ansiedad que hacen padecer a sus plantillas por la carga de trabajo y la consecución de objetivos. No cuantificarán los recortes de personal o los obtenidos por cierre de miles de sucursales. Ni explicarán que los beneficios proceden de las comisiones abusivas a los clientes. Mucho menos pondrán el acento en que por un préstamo personal están cobrando entre un 5% y un 12% TAE, según la entidad y la cuantía.Como no han dudado a la hora de subir el coste de las hipotecas, llevando al límite a muchos de los hipotecados.

                Estos emperifollados banqueros viven en su burbuja de avaricia, pues por un lado saquean a sus clientes y cada día les dan un peor servicio, y por otro se hacen los remolones para pagar intereses por los depósitos. Cómo será de escandaloso que, hasta el Banco Central Europeo (BCE), llama la atención a los bancos españoles por “quedarse atrás a la hora de retribuir los depósitos”.

                Frente a esta orgía de beneficios económicos, los banqueros lloran lágrimas de caimán porque el Gobierno les ha hecho pagar 637 millones de euros, – las compañías energéticas han pagado 817- del gravamen extraordinario.Pero no recuerdan que para obtener esos beneficios fueron dopados con más de 100.000 millones de euros de dinero público; entre el dinero para el saneamiento bancario, 65.000 millones, más los 35.000 de la Sareb que la Comisión Europea obligó a que el Estado lo cubriese con deuda pública, de esa que pagamos todos.

                Si a lo expresado hasta aquí añado la exclusión financiera que el cierre de oficinas bancarias ha ocasionado en la “España vaciada”, a lo largo de los tres últimos lustros, la conclusión es que se hace más necesario que nunca que el Estado se dote de Banca Pública. Una prueba cuantitativa de ello es que los ahorradores se están llevando el dinero de los depósitos a los productos de ahorro que ofrece el Banco de España: desde noviembre de 2022 a noviembre de 2023 se ha pasado de 950 millones en Letras del Tesoro, a 23.977, es decir, que se ha experimentado un crecimiento del 2.424%. Los pequeños ahorradores, los que necesitan un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, los que necesitan banca básica, requieren que el Estado les dé una solución.

                Incluso el propio Estado necesita una solución para no depender de las entidades privadas, a la hora de hacer llegar a sus destinatarios las campañas de ayuda que lanza el Instituto de Crédito oficial (ICO). Esto ya ocurrió en la etapa de pandemia, cuando el Gobierno lanzó las líneas de avales para facilitar liquidez a empresas y autónomos. Más de 91.000 millones de euros que se gestionaron a través de las entidades financieras. Los bancos aprovecharon para colocar sus productos condicionando a los beneficiarios de las ayudas públicas. Ocurre otro tanto de lo mismo ahora, con la línea de 2.500 millones de euros en avales que el Gobierno ha lanzado para la adquisición de vivienda para jóvenes menores de 35 años; las entidades pretenderán colocar los seguros de protección hogar de sus aseguradoras.

                Este país tiene muchos problemas y retos pendientes de resolver: política de vivienda, que no decaiga aún más la industria, apostar decididamente por la investigación… además de blindar los pilares básicos del Estado de Bienestar: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.

                Una herramienta fundamental para las necesidades del Estado y para las de los ciudadanos de a pie es tener una Banca Pública que no compita con la privada, que no entre en su lógica.

                No vale decir que en Europa no hay banca pública. Países como Alemania, Francia, Italia o Finlandia la tienen. Es tan solo un problema de valentía política para apostar por fortalecer el Estado. Ya sé que eso no gusta a los de siempre, a los que pretenden jibarizar el Estado hasta su mínima expresión, ni gustará a los banqueros que incrementan insultantemente sus fortunas cada año. Pero que le vamos a hacer, la democracia consiste en respetar las decisiones de la mayoría del pueblo soberano, si no es así, entonces no le llamemos democracia.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario General de FeS-UGT-Madrid

2024: un año para luchar contra la desigualdad creciente en todo el mundo.

El banco mundial, fiel representante del capital financiero, cerraba el año 2023 con una afirmación devastadora:

«Si 2022 fue un año de incertidumbres, 2023 es el año de la desigualdad. Para los países que esperan recuperarse de las devastadoras pérdidas provocadas por la pandemia de COVID-19, la batalla se ha vuelto más difícil debido a las amenazas combinadas del cambio climático; la fragilidad, los conflictos y la violencia, o la inseguridad alimentaria, por nombrar solo algunas, que dificultan la plena recuperación de todas las economías»

Un año en el que ha crecido la desigualdad y que ha afectado a la clase trabajadora en el mundo entero. Una clase trabajadora que aspira a vivir de un trabajo digno, a disponer de una alimentación saludable, a tener acceso a vivienda, a sanidad, a la educación, a la cultura, al transporte, al ocio…nada que no se pueda financiar si el beneficio de la fuerza del trabajo repercutiera en las fuerza del trabajo y no fuera a engrosar (más) el beneficio del capital financiero.

La realidad muestra el panorama de la desigualdad: más de 800 millones de personas padecen hambruna; más de 200 millones de personas están sin empleo; más de 2000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de agua y saneamiento; se calcula que unos 1800 millones de personas no tienen techo o viven en infraviviendas; casi 800 millones de personas adultas carecen de competencias básicas de lectoescritura.

Hablamos de la desigualdad en el mundo entero. No solo en las economías subdesarrolladas, También en occidente, también en España, donde hay 2,7 millones de personas sin trabajo, por no hablar del subempleo y

de la pobreza laboral. Según UGT, la parcialidad involuntaria en la contratación asciende al 47,9% de los contratos. Es decir, que hay una buena parte de la población trabajadora que está empleada a tiempo parcial únicamente porque no encuentra un trabajo a tiempo completo. UGT señala que esto se traduce en un sueldo inferior, que en la mayoría de casos se sitúa por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y que es una de las principales razones para que en España haya un 11 ,6% de personas trabajadoras en riesgo de pobreza o con pobreza laboral (ingresos por debajo del 60% de la mediana).

Por su parte, la empresa Bloomberg anunciaba que el patrimonio neto de los 500 mayores multimillonarios aumentó 1 ,5 billones de dólares en 2023, es decir, que se apropian del equivalente a un 1 ,5% más de toda la producción mundial. Según UBS, el 1 % más rico de la población mundial dispone del 44,5% de toda la riqueza .

El crecimiento de la desigualdad en el mundo busca culpables. La clase trabajadora desinformada cae en las redes demagógicas de los Milei del mundo, que reclaman «libertad» para hacer frente a la desigualdad. Libertad que para ellos no es otra cosa que liberalizar todos los sectores, reducir el papel del estado a su mínima expresión, eliminar todo aquello que permita tener un mínimo colchón para las personas que atraviesan más dificultades. Libertad para el capital financiero pero no para la clase trabajadora.

Pero además de las tesis de la extrema derecha en el mundo, la desigualdad se acrecenta cuando se nos rebaja el poder adquisitivo de los salarios por mor del aumento de precios; la desigualdad se acrecenta cuando se debilita la negociación colectiva de los convenios; cuando se detraen fondos de las partidas para educación, para sanidad, para pensiones o para seguros de desempleo.

Y esa es la lucha que los socialistas en todo el mundo tenemos más vigente que nunca. La lucha por defender los derechos y conquistas laborales en todos los países del mundo, la lucha por el salario, la lucha por las pensiones, la lucha por una educación y una sanidad públicas, la lucha contra la guerra y el comercio de armas, la lucha por una democracia plena, en España, en occidente y en el mundo entero.

No existe un capitalismo bueno y un capitalismo salvaje. El capitalismo conlleva la acumulación de la riqueza, y esa guerra la estamos perdiendo la clase trabajadora. Toca remontar. Toca socialismo.

Por un 2024 sin guerras, con mayor justicia social, libertad, fraternidad entre los pueblos y democracia.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS