Que los jueces cumplan la ley

El pasado 26 de junio, el Tribunal Constitucional dictó sentencia mediante la que se avala la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Una ley que desde Tribuna Socialista hemos defendido para ayudar a normalizar la vida política y desjudicializar conflictos que están en la esfera de lo político y no de lo penal. Un conflicto al que contribuyeron tanto el gobierno de Rajoy en España como los gobiernos independestistas de Cataluña.

A pesar de la aprobación inicial de la Ley hace un año, la derecha franquista y los gobiernos autónomicos gobernados por el PP y por Garcia Page, se encargaron de torpedear, con recursos de institucionalidad. al tiempo que algunos jueces se negaban a aplicar la ley en un acto de rebeldía institucional sin precedentes.

Especialmente grave fue el recurso presentado por García Page, a pesar de que los diputados socialistas castellano-manchegos en el Parlamento habían votado en favor de la ley.

Fiscales y jueces, por su parte, expresaron su rechazo en comunicados institucionales y declaraciones públicas.

Algunos magistrados de tribunales superiores plantearon objeciones de constitucionalidad incluso antes de que la Ley viera la luz, en una suerte de recurso preventivo, inaudito en la democracia.

El juez García-Castellón, ha mantenido una postura especialmente beligerante contra la aplicación de la ley.

Y en la calle, los socialistas vimos como nuestras sedes eran atacadas por los franquistas, banderas con el águila incluídas.

La sentencia del TC ha sido bienvenida por la mayoría del pacto de investidura. De hecho, minutos después de conocerse la resolución del Tribunal, el presidente de la Generalitat, Salvador llla, ha celebrado la decisión judicial. En una declaración institucional, Illa ha pedido que se respete la resolución, ya que «no tiene sentido obstaculizar su aplicación». Así mismo, ha pedido al Tribunal Supremo, «con respeto, pero con claridad, que se aplique esta ley con diligencia».

Igualmente, el Ministro de Presidencia, justicia y relaciones con las cortes. Félix Bolaños, también se pronunció a favor de la sentencia, añandiendo que «la amnistía ha logrado uno de los mayores éxitos de la sociedad española en democracia, al restaurar la convivencia en Cataluña, pero no será completa hasta que no se aplique a todos los protagonistas del proceso independentista».

Veremos si los jueces rebeldes aplican la ley o siguen obedeciendo al dictado de Aznar «el que pueda hacer que haga».

Baltasar Santos
Primer secretario del PSC del Vendrell
Miembro del comite de redacción de Tribuna Socialista.

Los de siempre vuelven a atacar al PSOE

En estas semanas, en las que el gobierno de Pedro Sánchez ve cuestionada su legitimidad, vale la pena recordar que quienes la cuestionan son los mismos que la llevan cuestionando desde el primer día.
Recordemos: Pedro Sánchez no era la primera opción de nadie. Tampoco la segunda. Era un rostro joven, alto, elegante, con un currículum académico respetable y una trayectoria institucional discreta, casi anodina. Pero en 2014, cuando el PSOE agonizaba tras el derrumbe electoral en las europeas —un 23% de los votos y la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba—, Sánchez fue el hombre que emergió de entre la niebla. Ganó las primarias internas sin ser el favorito del aparato ni de las federaciones más poderosas. Fue una elección de las bases, no de las élites. Y esa ha venido siendo la constante de su biografía política: el conflicto entre la militancia y la mal llamada vieja guardia del PSOE.
Apenas dos años después, en 2016, Pedro Sánchez fue derribado por el comité federal. El problema de fondo fue que Sánchez se negó a facilitar un gobierno del Partido Popular, como pedía buena parte de la vieja guardia socialista, y prefirió mantener su “no es no” a Mariano Rajoy, incluso a costa de una repetición electoral. El Comité Federal del PSOE, tras una dura batalla interna, lo obligó a dimitir. Salió derrotado y humillado, mientras una gestora tomaba el control del partido y lo relegaba al ostracismo. Las bases socialistas se movilizaron en plataformas de apoyo a Pedro Sánchez (algunos de los miembros de TS participamos activamente) haciendo del «No es No» un lema bajo el que el partido se reconstruyó, con el liderazgo de Pedro Sánchez.
En mayo de 2017, ganó las primarias con una holgada mayoría frente a Susana Díaz, la candidata del aparato,(que hoy es la primera en pedir la dimisión de Pedro), apoyada por barones territoriales, expresidentes y casi toda la estructura tradicional (que hoy vuelven a pedir la cabeza de Pedro). Su victoria fue una insurrección interna: por primera vez, un líder caído regresaba al timón del partido impulsado por las bases, no por la élite.
Un año después, el 24 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia del caso Gürtel. La trama de corrupción que implicaba a altos cargos del Partido Popular —y que llevaba años manchando la política española— culminaba con una condena contundente: el PP había operado una estructura institucional para financiarse de forma ilegal. Por primera vez, una sentencia judicial establecía la existencia de una caja B en el partido que gobernaba España. Era un terremoto político. Pedro Sánchez, desde la oposición, supo leer la magnitud del momento.
Tan solo un día después, el PSOE presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy. Lo que parecía un gesto simbólico se convirtió en una jugada maestra. Sánchez logró, en menos de una semana, sumar el apoyo de Podemos, Compromís, PNV, ERC, PDeCAT y Bildu. Un bloque ideológicamente diverso, incluso contradictorio, pero unido por una causa común: la regeneración democrática tras años de corrupción sistémica.
El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con solo 84 diputados socialistas en el Congreso. En sus primeras palabras como presidente, Sánchez prometió “dignificar la vida pública” y “rescatar el diálogo institucional”.
Aunque logró aprobar decretos sociales (como la subida del salario mínimo o medidas feministas), fracasó en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La negativa de los partidos independentistas a apoyarlos —en un clima marcado por el juicio del procés y la crispación territorial— obligó al presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas.
Las elecciones generales del 28 de abril de 2019 marcaron un hito para Pedro Sánchez. El PSOE se impuso como primera fuerza con 123 diputados, una victoria clara pero insuficiente para gobernar en solitario. España entraba de lleno en el ciclo de la fragmentación política. A la izquierda, Unidas Podemos resistía con 42 escaños. A la derecha, el PP sufría un desplome histórico, y emergían con fuerza Ciudadanos y Vox, este último entrando por primera vez en el Congreso.
Sánchez rechazó de inicio un gobierno de coalición con Unidas Podemos —alegando falta de confianza y diferencias programáticas— y exploró una investidura en solitario, apelando a la “geometría variable” del Congreso. Pero la operación fracasó. En julio de 2019, la investidura fue rechazada, y las negociaciones se enquistaron durante meses.
La repetición electoral de noviembre de 2019 dió lugar a una estrategia diferente. En apenas 48 horas tras las elecciones, firmó un acuerdo con Pablo Iglesias para formar el primer gobierno de coalición en democracia desde la Segunda República. Fue un giro histórico. Dos líderes que meses antes no se soportaban, ahora compartían gabinete. Unidas Podemos obtenía cinco ministerios, incluida la vicepresidencia segunda para Derechos Sociales. El nuevo ejecutivo se autodefinía como “progresista, feminista y ecologista”.
El pacto no estuvo exento de tensiones. El propio PSOE vivía con recelo la entrada de Iglesias en el Consejo de Ministros. El establishment económico, judicial y mediático alertaba de una deriva radical. Pero Sánchez defendió su alianza como un ejemplo de responsabilidad institucional. “No hay dos gobiernos”, declaró, “sólo uno, el Gobierno de España”.
La coalición arrancó con la intención de inaugurar un nuevo ciclo reformista. Pero a los pocos meses, el mundo cambió. La pandemia del COVID­19 sumió a España en la mayor crisis sanitaria, económica y social desde la Guerra Civil. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma. El país quedó confinado, las calles en silencio, los hospitales desbordados, y el miedo se apoderó de la vida cotidiana.

Pedro Sánchez se convirtió en el rostro de la gestión de la pandemia: conferencias de prensa maratonianas, apelaciones a la unidad, decretos urgentes. El gobierno asumió una centralización sin precedentes, con competencias excepcionales en sanidad, transporte y seguridad., pero al mismo tiempo estrenó un mecanismo fedderal en la toma de decisiones, reuniendo a los presidentes autónomicos (con mayorìa del PP) para las decisiones importantes.
Durante esta etapa el gobierno logró importantes acuerdos con sindicatos y empresarios para implantar medidas sin precedentes: los ERTE el ingreso mínimo vital, moratorias de hipotecas y alquileres, blindaje de suministros básicos. Lo llamaron “escudo social”.
Se impulsaron medidas progresistas, como la subida del salario mínimo, el control de precios del alquiler y la protección de trabajadores precarios. Pero las tensiones eran constantes. Iglesias, más combativo, reclamaba mayor valentía política; Sánchez, más institucional, buscaba estabilidad y control. Las diferencias se hicieron insostenibles.
En marzo de 2021, Pablo Iglesias dejó el gobierno y su salida permitió el ascenso de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, dialogante, firme, feminista, con gran capacidad de negociación. Sánchez supo ver en ella una aliada estratégica. Juntos sacaron adelante una de las reformas clave de la legislatura: la reforma laboral de 2021, pactada con patronal y sindicatos, que eliminaba elementos lesivos de la legislación de 2012, reducía la temporalidad y apostaba por contratos fijos.
A la vez, el gobierno aprobaba leyes de gran calado:
­La Ley de Eutanasia, que convirtió a España en uno de los pocos países del mundo en legalizarla.
­La Ley de Educación (LOMLOE), que revertía aspectos de la LOMCE.
­La Ley Trans y LGTBI, impulsada por Irene Montero, con fuerte oposición interna y externa.
­El compromiso con la transición ecológica, con Teresa Ribera al frente. Sánchez también gestionó la llegada de los fondos europeos Next Generation EU, logrando más de 140.000 millones de euros para modernizar la economía española. Fue un éxito diplomático que elevó su perfil internacional.
Pero los intentos de desestabilización eran notables. La gestión de la pandemia fue utilizada políticamente por las comunidades autónomas del PP. El Tribunal Constitucional tumbó aspectos del estado de alarma. Los bulos y la desinformación aumentaron. La interpretación judicial de la aplicación de la ley del «solo sí es sí» redujo penas a agresores sexuales ya condenados. El escándalo fue mayúsculo. Por otra parte, el PP había bloqueado la renovación del CGPJ y utilizaba la justicia para rebatir las decisiones del gobierno y el parlamento.
La polarización se intensificaba, y el gobierno vivía bajo asedio constante. Mientras otros gobiernos europeos caían, el gobierno de Pedro Sánchez resistía, convocando elecciones generales para el 23 de julio de 2023.
Contra todo pronóstico, el PSOE resistió. Pedro Sánchez tenía, una vez más, la posibilidad de revalidar su mandato a través de pactos parlamentarios. En septiembre, Feijóo fracasó en su intento de investidura. En noviembre, Sánchez fue investido de nuevo presidente del Gobierno con el apoyo del bloque progresista, nacionalista e independentista. La clave de esta investidura fue el acuerdo para normalizar la vida institucional y política con la aprobación de la ley de amnistía que estos días, el Tribunal Constitucional ha aprobado.
La aprobación inicial de la ley de amnistia fue seguida de manifiestaciones de la derecha, la ultraderecha y la vieja guardia del PSOE.
Las sedes socialistas fueron atacadas, y los jueces y prensa franquista no cesaban de cuestionar la ley y se rebelaron contra su aplicaciòn.
Sánchez defendió la amnistía como un paso hacia la “reconciliación y la convivencia”.
Uno de los momentos culminantes fue la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Sánchez utilizó esta plataforma para impulsar tres ejes clave:
Reforma del Pacto de Estabilidad para hacer más flexible el gasto público tras la pandemia.
Autonomía estratégica europea en sectores como energía, defensa y tecnología.
Transición ecológica y digital, en línea con los fondos Next Generation EU.
América Latina y África: Sánchez ha reivindicado constantemente los lazos con América Latina. Ha visitado Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile, defendiendo una “alianza progresista global”. Durante la Cumbre UE­CELAC de 2023, impulsó acuerdos sobre inversión verde y cooperación cultural. También ha aumentado la proyección de España en África, con especial interés en Senegal, Mauritania y Guinea­Bissau, en parte por razones migratorias y energéticas.
Reconocimiento del Estado palestino: En mayo de 2024, en plena escalada del conflicto entre Israel y Gaza, el gobierno español reconoció oficialmente al Estado palestino, junto a Irlanda y Noruega. Fue una decisión valiente y simbólica, que colocó a España en el centro del debate internacional. El gobierno israelí llamó a consultas a su embajadora y acusó a Sánchez de “alinearse con el terrorismo”. El presidente respondió que “la paz no es posible sin justicia para el pueblo palestino”.
Este gesto consolidó el perfil internacional de Sánchez como líder comprometido con el derecho internacional, aunque también aumentó su aislamiento frente a gobiernos conservadores y a la derecha israelí y estadounidense.

Begoña Gómez: la figura silenciosa en el centro del huracán

Desde el inicio de su mandato, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido objeto de ataques políticos y mediáticos, especialmente por su actividad profesional en el ámbito universitario y empresarial. En 2024, una denuncia anónima presentada por el pseudocolectivo “Manos Limpias” desencadenó una investigación judicial contra Gómez por presunto tráfico de influencias, acusación que no fue acompañada por ninguna prueba pero que fue amplificada por ciertos medios y sectores políticos.
La situación alcanzó un punto límite cuando, el 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez publicó una carta a la ciudadanía, suspendiendo su agenda pública durante cinco días para “reflexionar” sobre su continuidad como presidente del Gobierno. Fue una decisión inédita en la historia democrática española. En esa misiva, Sánchez se preguntaba si “merecía la pena” continuar liderando un país mientras su familia era objeto de “acoso sin límites”.
Sánchez ha intentado mantener a sus hijas fuera de los focos. Siempre ha sido reservado con su vida personal. Pero a medida que el clima político se endurecía, esa barrera simbólica se fue debilitando. Las redes sociales se llenaron de ataques anónimos. La violencia verbal se naturalizó. La crispación dejó de ser un fenómeno institucional para volverse personal.
En la carta mencionada, el presidente hablaba de su “dolor íntimo” como ciudadano, como esposo y como padre. Ese tono humano, poco habitual en la política española, fue aplaudido por algunos y tachado de victimismo por otros. Pero mostraba algo real: el coste subjetivo del poder en una época de polarización brutal.
Sánchez ha sobrevivido a dimisiones, vetos internos, mociones de censura, elecciones fallidas, pandemias, crisis diplomáticas y campañas de difamación.
Y ahora, la traición que suponen los casos de corrupción de Ávalos y Santos Cerdán, más las actitudes misóginas y machistas que han salido a la luz tras la investigación de la Guardia Civil, ha dado rienda suelta para que los de siempre vuelvan a atacar.
Lo que más duele es que las Susana Díaz, Felipe González y García Page se vuelvan a poner del lado de la derecha y la ultraderecha, acompañando a PP, a VOX y a la Iglesia católica en su petición de dimisión y exigencia de convocatoria de elecciones.
Cegados por la gravedad de los hechos, algunos cuadros del partido vuelven a agitar las voces de petición de congreso extraordinario, y de convocatoria de elecciones.
Hace unos días manifesté públicamente que lo que sobra en este partido son lameculos cuando la cosa va bien y cobardes cuando las cosas van mal.
La corrupción hay que atajarla, desde el gobierno. ¿o alguien espera que un gobierno PP­VOX luche contra la corrupción?.
La lucha contra la corrupción y en favor de la regeneración democrática ha de ser una prioridad para el PSOE y para el gobierno de progreso. Se han de endurecer las penas contra los corruptos, pero se han de endurecer las penas contra los corruptores también.
¿Saben ustedes que Acciona y la familia Entrecanales se forraron con las obras y pantanos de Franco? ¿han leído algo sobre las alianzas y relaciones entre las familias Entrecanales Franco y la descendencia de Primo de Rivera y la propia monarquía?. Pues busquen.
¿Han investigado ustedes si la empresa Levantina Ingenieria y construcción (otra de las que pagan comisiones) fue perjudicada por el posicionamiento de España sobre el Sáhara y las tensiones con el gobierno de Argelia?. Pues así fué.
Por tanto, hay muchos intereses en acabar con la vida política de Pedro Sánchez y entregar el gobierno a la derecha franquista. Así que lo que necesita la mayoría social en este país no es un cambio de presidente ni de gobierno. Al menos, no ahora.
Lo que necesita la mayoría social de este país, es acabar con la corrupción, perseguir a los corruptos y corruptores, pero sobretodo acabar de aprobar la agenda social para la que este gobierno fue elegido.
Garantizar los servicios públicos, las pensiones, el poder adquisitivo de los salarios, la normalidad política e institucional, avanzar hacia el federalismo real, y sobre todo liderar un modelo diferente al que el mundo parece abocarse: el del rearme, la guerra, la especulación y la destrucción.
Hoy día, en el que los populismos y la extrema derecha se adueñan del mundo y promueven la guerra, a la socialdemocracia no nos sobran referentes que planten cara a Trump o a Netanyahu, aunque sea de forma tímida.
Hoy día, defender la socialdemocracia es defender al partido y al gobierno socialista de Pedro Sánchez frente a los que siempre le quisieron fuera de la ecuación.
Por ello, apelo a la movilización de las bases para defender la honestidad de sus militantes, para echar a los corruptos y a los que defienden la gran coalición con el PP y sus políticas antisociales.
Y apelo a las bases del resto de fuerzas políticas que dieron soporte a la investidura para que fuerzen a sus direcciones a mantener un gobierno que gobierne para la mayoría.

Baltasar Santos
Primer Secretario PSC el Vendrell
Miembro del Comité de redacción de TS

Manifiesto del Consejo Político del PSOE de Salamanca en apoyo a Pedro Sánchez

El Consejo Político del PSOE de Salamanca ha aprobado, por unanimidad, un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez y a las políticas sociales y económicas progresistas que desde el Gobierno se están ejecutando.
El Consejo Político del que forman parte:
Francisco Alonso Rincón, Felipe Canillas Martín, Carmen García Rosado, Andrés A. Gómez Pérez, Cipriano González Hernández, Jesús M. González Rivas, Concepción Hernández Vicente, Jesús Málaga Guerrero, Inocencio Martín Clemente, Francisco Martín del Molino, Julia Pareja Corzo, Concepción Pérez Escamilla, Toribio Plaza Galán, María Luisa Puente Canosa, Francisco Javier Rodríguez Ruiz y José Miguel Sánchez Estévez.
Manifiestan su firme apoyo a Pedro Sánchez y su contundencia en defensa de las políticas de igualdad, solidaridad y bienestar.
«Nuestro deseo de seguir avanzando en la justicia social, derechos de los más desfavorecidos y el compromiso firme en defensa de las libertades y la democracia.
Estamos muy orgullosos de pertenecer al PSOE, defender sus políticas nacionales e internacionales y a su Secretario General.
Criticamos con contundencia los comportamientos corruptos, que en absoluto nos representan, a la vez que alabamos la contundencia, rapidez y firmeza en la respuesta dada desde la Comisión Ejecutiva Federal.
Señalar que el PSOE, su Gobierno y la Comisión Ejecutiva Federal cuentan con todo nuestro apoyo y deseo que sigan trabajando con eficacia por la igualdad, libertad y mejora de vida de todos los ciudadanos y muy especialmente de los más desfavorecidos», concluye el comunicado oficial.

La asamblea de militantes del Vendrell (Tarragona) resuelve apoyar a Pedro Sánchez

El pasado 17 de junio, la asamblea de militantes del PSC del Vendrell (Tarragona), reunida en convocatoria extraordinaria, analizó los acontecimientos acaecidos y publicitados a través del informe de la UCO, y resolvió:
Primero. Mostrar la desolación colectiva de los militantes del partido tanto por los casos de corrupción detectados como por los audios machistas y misóginos incompatibles con los valores del partido.
Segundo.- Mostrar el apoyo a Pedro Sánchez para seguir al frente del gobierno del país con medidas de lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática, así como completar la agenda social.
Tercero.- Apoyar las medidas tomadas para depurar responsabilidades internas y reforzar los mecanismos de control internos y externos de los cargos electos y los cargos de confianza.
Cuarto.- Abordar la separación de responsabilidades orgánicas e institucionales.
Quinto.-Reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción a nivel legal, tanto contra los corruptos como contra los corruptores.
Sexto.- Instar a que se convoque una conferencia socialista de lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática.
Séptimo.- Instar a que se investigue la independencia de los informes de la UCO con respecto a los intereses partidistas de los partidos politicos de la derecha franquista.

Carta el presidente

Introducción:

El espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid ha enviado al presidente del Gobierno la carta que reproducimos íntegramente. Este espacio vecinal tiene pendiente una reunión con la Ministra de Sanidad, que estaba fechada para el 25 de octubre y anulada ese mismo día por parte del Ministerio, en la que se la expondrán 26 posicionamientos y propuestas, entre ellas la derogación de la Ley 15/97. También está decidido el envío de una carta a la Ministra de Seguridad Social, rechazando el acuerdo interconfederal, alcanzado el pasado mes de septiembre con patronal y sindicatos, por el que la Sanidad Pública derivará a las Mutuas patronales las bajas traumatológicas cuando la Sanidad esté saturada, es decir, siempre.

El espacio que organiza las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, solicitó hace ya meses una reunión con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de quien no se ha obtenido respuesta.

Roberto Tornamira
Participa en el espacio VV ByP de Madrid en representación de Nudo Sur

Complejo de la Moncloa

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente del Gobierno

Avenida de Puerta de Hierro, S/N

28071 Madrid

11 de Noviembre de 2024

Sr. Presidente:

Nos dirigimos a usted desde el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, espacio que agrupa a los colectivos vecinales que impulsaron las grandes manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública de los años 2022 y 2023, organizados en asociaciones y plataformas de la práctica totalidad de la geografía de esta comunidad autónoma.

Llevamos años luchando y movilizándonos por la Sanidad Pública, servicio esencial que, como bien sabe, está sufriendo un deterioro galopante en todas las comunidades, pero con un plus destructivo en la de Madrid. Los dos ejes fundamentales que provocan este deterioro paulatino son: la privatización y los recortes económicos aplicados a los servicios públicos y, por ende, a la Sanidad Pública, derivados de la deuda acumulada en la crisis financiera del 2008.

El recorte económico repercute en la calidad del empleo de las y los profesionales sanitarios, así como en su número y en los medios a su disposición. Fruto de esta situación, el número de estas y estos profesionales que, después de recibir una excelente formación financiada con los impuestos de todos, se ven obligados a marchar a países de nuestro entorno en busca de un empleo digno, va en aumento.

Entendemos que no es preciso mencionarle las nocivas consecuencias que esto está teniendo para la ciudadanía, en forma de listas de espera, ausencia de facultativos en las urgencias extrahospitalarias, saturación de las hospitalarias, centros de salud sin pediatra, centros de salud con mínimo personal…

El 27 de septiembre de 2011 se publicó en el BOE la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Concretamente, en su punto 3 se lee: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA». Es decir, en nombre de la «estabilidad presupuestaria» y la «consolidación fiscal», se subordina, literalmente, cualquier gasto social, incluida la Sanidad Pública, al pago de la deuda y sus intereses.

Quienes llevaron a cabo esta reforma en 2011 argumentaron que era un imperativo producto de la crisis económica que sufrimos en aquellos años. El tiempo ha demostrado que aquellas políticas de recortes que derivaron de esa reforma fueron un fracaso. Usted mismo ya señaló en noviembre de 2014 que «aquella reforma fue un error».

La Sanidad Pública necesita un plan de choque, que entre otras medidas que haremos llegar a la ministra de Sanidad, debería contemplar un presupuesto finalista, es decir, dotaciones presupuestarias para cubrir los déficits que se han generado en las distintas comunidades autónomas, por el abandono progresivo de lo público en manos de las empresas privadas y fondos buitre que estrangulan la sanidad y todos los servicios públicos. Si no se destinan a cubrir esos déficits, no se reciben.

Consideramos que el bienestar de las personas y el derecho a la protección de la salud que recoge el artículo 43 de la Constitución, es uno de los más importantes y es responsabilidad del Estado, por tanto, de su gobierno y suya, tomar las medidas para evitar las consecuencias negativas que tiene en la población el deterioro de la Sanidad Pública.

Hay entidades muy solventes, como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, que hablan de que una parte de la deuda a la que hemos de hacer frente y cuyo pago es prioritario por mandato del artículo 135, es DEUDA ILEGÍTIMA y creemos que este aspecto debe ser contemplado por su gobierno. El dinero destinado a pagar esa deuda ilegítima se podría destinar a mejorar los servicios públicos y conseguir una Sanidad Pública de Calidad y Universal.

Por todo lo anterior, le pedimos que usted y su gobierno tomen en consideración abrir el debate en el Congreso de los Diputados para la derogación del artículo 135.3 de la Constitución y que, en la misma reforma, el precepto que establece el artículo 43, el derecho a la salud, pase a formar parte del Título I (De los derechos y deberes fundamentales), concretamente en la Sección 1ª de su Capítulo Segundo. Esto último, sería un gran paso de credibilidad hacia el blindaje constitucional de la salud.

Quedamos a su entera disposición y a la de los miembros de su Gabinete y del Gobierno para abordar y ahondar en cualquier cuestión relativa a las peticiones y propuestas realizadas.

Muchas gracias por su tiempo.

A la espera de su respuesta, reciba un atento saludo de

VECINAS Y VECINOS DE LOS BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID

Especial Congreso del PSOE


Carta de la Asamblea de afiliadas y afiliaos de la Agrupación de Retiro PSOE-M al Comité Organizador del 41º Congreso del PSOE


Compañeros/as: Santos Cerdán León (presidente); María Jesús Montero Cuadrado (Coordinadora Adjunta), Esther Peña Camarero (Portavoz). Vocales: Juan Francisco Serrano Martínez, Ana María Fuentes Pacheco, Francisco Salazar Rodríguez, Emma López Araujo, Ion Antolín Llorente y Eladio Garzón Serrano.

Compañeros/as:

Según se puede leer en la Ponencia Marco en su punto 378: “El PSOE mejora cuando los militantes se sienten partícipes de sus decisiones y por ello abrimos las casas del pueblo y sus asambleas; ponemos la elección de los órganos internos y candidatos a decisión del voto de la militancia y facilitamos la relación entre los responsables públicos y orgánicos con las personas. Un ejemplo de ello ha sido la puesta en marcha del portal de las agrupaciones, que ha agilizado la comunicación y el trasvase de información con ellas. Si logramos estar tan conectados con cada rincón del país es porque reforzamos el papel de las agrupaciones y de cada militante, nuestro mayor capital”.

Coincidiendo con el espíritu que emana el texto, queremos mostrar nuestra disconformidad con el calendario establecido para la presentación de enmiendas por parte de la militancia.

Es muy contradictorio insistir, congreso, tras congreso, que el PSOE es el partido de los militantes, y restringir el tiempo para que estos mismos afiliados y afiliadas puedan aportar sus reflexiones a la Ponencia Marco.

Es de una obviedad aplastante que el margen temporal para poder leer, interiorizar y debatir en las agrupaciones no solo es insuficiente, sino prácticamente imposible. Tengamos en cuenta que la recepción de la Ponencia Marco a toda su afiliación se produjo el día 5 de noviembre, y como fecha máxima deben enviarse las enmiendas el día 9, sin olvidar que previamente deben convocarse las asambleas para su aprobación.

Este calendario habla por sí solo, por lo que parece obvio que el tiempo concedido a los/las militantes no permite ni la participación, ni motiva a los mismos a hacerlo, al contrario, parece ilustrar que se trata de una Ponencia blindada elaborada concienzudamente y por un Comité de expertos, que la militancia debe asumir por responsabilidad.

No ponemos en duda el trabajo realizado en la Ponencia, pero sí creemos que nuestro partido mejora cuando sus afiliados/as se sienten partícipes de sus decisiones, debemos rechazar cualquier proceso que limite el debate interno y la participación de sus afiliados/as. Salvo que queramos que “el partido de los militantes” sea una bonita frase, pero vacía de contenido.

Saludos socialistas
Carta aprobada por unanimidad por la asamblea de la Agrupación Socialista de Retiro.
Madrid, 8 de noviembre del 2024

Especial Congreso del PSOE


Avanzar hacia el federalismo


Referencias al federalismo en la ponencia base del 41º congreso del PSOE

En el TS 158, Eduardo Hernández y Baltasar Santos, publicábamos en esta misma sección un artículo sobre federalismo: https://wordpress.com/post/tribunasocialista.com/5064 En él hacíamos un recorrido histórico del federalismo en nuestro país, y llamábamos la atención sobre la necesidad de avanzar en el federalismo, evitando el dumping fiscal y la deslealtad entre autonomías; la necesidad de avanzar en un modelo de financiación más justo; y la necesidad de avanzar en un modelo de país en el que se garanticen los derechos sociales y los servicios públicos. La ponencia base del 41º congreso del PSOE sitúa esos mismos temas en el texto. Analizamos

Una España cohesionada en la diversidad

(…) España aún tiene mucho que hacer para convertirse en ese país territorialmente justo y cohesionado con el que soñamos todos y todas las socialistas.

Destacan cuatro grandes desafíos de aquí al 2030.

El primero y más urgente es lograr un sistema de financiación autonómica que sea más justo y sostenible. Cada reforma ha incrementado los recursos disponibles para todas las Comunidades Autónomas, ha profundizado en su autogobierno, ha mejorado la corresponsabilidad fiscal, y ha garantizado la solidaridad. Sin embargo, este modelo sigue presentando deficiencias en términos de equidad y eficiencia que deben ser corregidas. Persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado, lo que genera una redistribución donde las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios.

Además, el sistema actual tiene una fuerte descentralización del gasto, pero una corresponsabilidad limitada en los ingresos, lo que desincentiva una gestión tributaria responsable y permite que algunos gobiernos autonómicos jueguen al populismo fiscal, practicando el dumping y bajando los impuestos a sus élites económicas mientras solicitan más fondos al Gobierno central. Por último, el actual sistema tampoco resuelve adecuadamente el problema de las singularidades territoriales, y nos impide recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas y climáticas, que exigen mayores niveles de inversión en servicios básicos e infraestructuras.

El segundo desafío al que nos enfrentamos es profundizar la cohesión económica y social del territorio. La apertura comercial y la integración del Mercado Único europeo han permitido a las regiones y ciudades capitales explotar sus ventajas competitivas, mientras que los territorios menos industrializados y densamente poblados han comenzado a quedarse rezagados. Esta dinámica –que se da en toda Europa– ha generado la paradoja de que, mientras los Estados miembros han seguido un proceso de convergencia, internamente las diferencias entre Comunidades Autónomas han aumentado. Si queremos ser un país verdaderamente cohesionado que saca lo mejor de sí mismo y que trata a todos sus ciudadanos y ciudadanas por igual, tendremos que ser capaces de corregir esta tendencia y alcanzar un mejor equilibrio territorial. Para lograrlo, tendremos que ahondar en el proceso de federalización del Estado.

España es un caso de éxito en su proceso de descentralización. En muy poco tiempo, hemos pasado de ser un Estado fuertemente centralizado a ser considerado un país casi federal. Sin embargo, quedan pendientes de desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales que mejoren el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la co-gobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos. Es necesario mejorar la claridad del reparto competencial, el papel del Senado como cámara de representación territorial, o institucionalizar las relaciones entre comunidades autónomas. No es razonable, por ejemplo, que pacientes graves tengan que trasladarse cientos de kilómetros para recibir un tratamiento, cuando pueden hacerlo más cerca en la comunidad autónoma vecina.

Objetivos y medidas

Para responder a los desafíos mencionados, los y las socialistas pensamos que España debe avanzar en esa federalización justa y solidaria que recoge la Declaración de Granada y construir un modelo autonómico más descentralizado y con mayor capacidad de integrar su diversidad.

Reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada CCAA del sistema de financiación en el marco del nuevo modelo que se acuerde (hoy, la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada es del 30%).

Impulsar la convergencia de la renta per cápita entre todas las CCAA.

Estos objetivos son ambiciosos, pero podemos alcanzarlos si seguimos avanzando por la senda de los últimos años, redoblamos nuestra ambición y actuamos en tres frentes prioritarios.

I. Reforma de los Sistemas de Financiación Autonómica y Local.

Impulsaremos una reforma del sistema de financiación autonómico que 1) aumente los recursos disponibles de todas las Comunidades Autónomas para que todas dispongan de más recursos que en la actualidad; 2) revise la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF; 3) optimice el cálculo de los pagos a cuenta y retenciones de IRPF para que el impacto de las decisiones de las CCAA sea más inmediato; 4) modifique la fórmula de población ajustada para mejorar el cálculo de necesidades y de la capacidad fiscal normativa a competencias homogéneas; 5) negocie un alivio de la deuda pública de las Comunidades Autónomas generada durante la crisis financiera; 6) federalice la dirección de la AEAT para dar más capacidad de decisión a las Comunidades Autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas; y 7) compatibilice multilateralidad y bilateralidad con un común denominador del sistema perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades y el mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal.

Para mejorar la financiación de las Entidades Locales, 8) reequilibraremos los recursos disponibles entre Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos insulares; 9) determinaremos el mapa de sus competencias para mejorar la prestación de los servicios de proximidad; 10) modernizaremos sus fuentes de financiación locales y les dotaremos mayor previsibilidad para la elaboración de sus presupuestos; 11) avanzaremos en su corresponsabilidad fiscal, reduciendo la condicionalidad de sus recursos e incorporando de forma explícita el principio de lealtad institucional, y 12) apoyaremos el uso de inversiones financieramente sostenibles para la ejecución de proyectos de viviendas sociales y asequibles.

II. Impulso de un modelo menos centralista y más solidario, que ayude más a los territorios menos desarrollados. El centro de la Península es un motor clave del crecimiento económico de nuestro país, pero en modo alguno puede o debe ser el único. Los y las socialistas creemos en un país en el que las oportunidades se reparten por todo el territorio y la riqueza se genera de forma descentralizada, colaborativa y transversal, aprovechando las ventajas competitivas de cada Comunidad Autónoma. Por eso, 13) seguiremos usando los Fondos Europeos para generar industria y redinamizar el tejido productivo en todos los territorios más allá de la capital; 14) duplicaremos la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial; y 15) lo convertiremos en un verdadero Fondo de Desarrollo Autonómico, tan ambicioso como los PERTE, que compense la pérdida de fondos estructurales europeos por las Comunidades Autónomas menos desarrolladas, parta del diseño de planes de desarrollo regional holísticos, y adopte la perspectiva de las “políticas basadas en lugares” que recomiendan los principales estudios.

III. Más federalismo, autogobierno y co-gobierno.

Al mismo tiempo, seguiremos avanzando hacia la federalización del Estado 16) mejorando los mecanismos de cooperación vertical y horizontal, definiendo formalmente la Conferencia de Presidentes como órgano director de las actuaciones de co-gobernanza, creando nuevas vías para la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos estatales de su interés, y reforzando las comisiones bilaterales como órgano de resolución de desacuerdos. También 17) apostaremos por reformar el Senado y convertirlo en una Cámara de representación territorial que refleje de forma equilibrada la voluntad de las Comunidades Autónomas; 18) continuaremos transfiriendo competencias a aquellos gobiernos autonómicos que lo soliciten; 19) trabajaremos para actualizar los Estatutos de Autonomía pendientes de reformar; y 20) seguiremos apostando por la protección, el estudio y el uso de las lenguas co-oficiales en todos los ámbitos, dentro y fuera de nuestro territorio.

Si adoptamos estas medidas de aquí a 2030, tendremos una España más descentralizada y cohesionada, capaz de convertir la diversidad de sus territorios en su máxima fortaleza, y de armonizar las particularidades de cada Comunidad Autónoma con el interés colectivo de todas.”

(hasta aquí el texto de la ponencia)

Comentarios al texto de la Ponencia

Coincidiendo con algunos de los aspectos del diagnóstico sobre la situación actual, como el dumping fiscal, las consecuencias negativas de la integración europea para los territorios menos industrializados, o la necesidad de encontrar un sistema de financiación autonómica y local más justo… deberemos plantear algunas cuestiones sobre las que será necesario profundizar:

Defender lo público

La primera de las cuestiones es garantizar que tanto la recaudación de impuestos con una futura agencia tributaria descentralizada sirve al propósito de mejorar los servicios públicos para los ciudadanos, y no una nueva herramienta para bajar impuestos a los más ricos mientras que se privatizan los servicios públicos.

Tenemos experiencias sobradas de utilización indebida del dinero con el que los trabajadores contribuimos al Estado para fines que no son la mejora de los servicios públicos. Por ejemplo:

-La utilización de las cotizaciones a la seguridad social para fines espurios sigue pendiente de auditoría; mientras se duda continuamente de la no sostenibilidad del sistema de pensiones.

– En materia tributaria, hemos asistido a que el margen tributario sobre el que deciden las autonomías es utilizado para bajar impuestos a las rentas más altas y a las empresas, en una práctica conocida como dumping fiscal, mientras se privatizaban o eliminaban servicios públicos. Los casos más sangrantes son la privatización de la sanidad en la comunidad de Madrid (con influencia directa en la muerte de las personas mayores en la residencia), o la eliminación del servicio de emergencias en Valencia, que podría haber salvado decenas de vidas, ante desastres como la DANA.

Los servicios públicos son los garantes de la justicia social, y para su financiación son necesarios los impuestos.

Por tanto, estando de acuerdo en una federalización de la recaudación de impuestos, y en una clarificación de las competencias, no es menos cierto que es necesario garantizar que la gestión de los impuestos debe servir para financiar los servicios que la mayoría social necesita. Por tanto, deben introducirse principios como lealtad institucional y justicia social para que la reforma federal signifique una mejora para los derechos de la ciudadanía.

Defender la industria y los puestos de trabajo

El propio texto de la ponencia base reconoce dos cuestiones básicas:

– Que el mercado único europeo ha traído consecuencias negativas para las regiones menos industrializadas y más densamente pobladas.

– Que los Fondos Europeos se han utilizado para generar industria y redinamizar el tejido productivo, sobre todo en Madrid.

Dicho de otra manera, faltan planes de desarrollo regional que hagan llegar los fondos europeos a todas las regiones. Lo cual requiere una planificación de nuestro tejido productivo, no solo industrial, sino en todos los sectores: el campo, la extracción y el aprovechamiento de las materias primas, el abastecimiento energético, las infraestructuras… y que las inversiones públicas (el texto habla solo de los fondos europeos) se repartan equitativamente por todo el territorio, y déjenme decirlo: que dejen de ser inversiones que las empresas aprovechan para «modernizarse» automatizando procesos y despidiendo a los trabajadores.

Por tanto, una federalización del Estado ciertamente debe incidir en la cohesión territorial vía desarrollo de la actividad económica e industrial de forma coordinada, planificada y equilibrada territorialmente, pero también por la vía de que la inversión pública se dedique a un sistema productivo público que garantice el abastecimiento energético, el desarrollo sostenible y el mantenimiento y creación de empleo digno, bien retribuido y con derechos.

Baltasar Santos
1r Secretario PSC el Vendrell
Comité de Redacción de TS

Especial Congreso del PSOE

El mayor órgano de decisión del PSOE se reunirá en Sevilla para establecer los liderazgos y las líneas políticas, cruciales para abordar las reformas que la clase trabajadora necesita.

Continuamos en este número de Tribuna Socialista la sección especial congreso del PSOE que se mantendrá activa hasta su celebración. Una sección en la que los socios y socias de ASTRADE así como los lectores de TRIBUNA SOCIALISTA podrán publicar aquellos contenidos de relevancia para mejorar los derechos y libertades de la clase trabajadora de este país.

Defendamos la Sanidad Pública

Nuestro partido puede decir bien alto que lleva en sus genes la defensa de la Sanidad Pública.

En nuestra historia no ha habido Ministerio de Sanidad hasta finales de 1936, con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que constituyó el Gobierno de Largo Caballero, cuya titularidad ocupó Federica Montseny.

Siempre hemos batallado contra la idea liberal, conservadora y decimonónica, anclada en la edad media, de que el individuo debe atender sus problemas de salud. Así pensaban y piensan quienes no entienden el servicio público y a lo más que están dispuestos es a llegar a un servicio de beneficencia, de mínimos, que deje su conciencia tranquila y sirva de dique de contención frente a las clases populares que no pueden costearse una sanidad privada, de calidad, ni una educación privada para sus hijos e hijas, ni disponer de un ahorro mensual para un fondo privado de jubilación, ni pueden llevar a sus mayores a residencias privadas.

Frente al anacronismo de quienes nos presentan la falsa idea de “libertad” de elección, defendimos en el pasado la responsabilidad del Estado en el reconocimiento de los derechos sociales, como: la asistencia a los enfermos y ancianos, la protección a la maternidad y la infancia; o el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la protección ante la enfermedad, los accidentes, el paro forzoso, la vejez, la invalidez y la muerte. Con una especial protección de mujeres y jóvenes. Derechos básicos que continuamos defendiendo hoy.

La Ley 14/86, General de Sanidad, siendo ministro el compañero Ernest Lluch, estableció la universalización de la Sanidad para todos los residentes en España, uno de los importantes logros de esta Ley.

La Ley 14/86 fue innovadora en muchos aspectos y, si la Salud fuese un derecho fundamental, como debería de ser, la Ley 14/86 sería una ley orgánica que desarrollaría el Artº. 43: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”

Sin embargo, en los artículos 66 y 67 de la Ley 14/86, se introduce la figura de los “…convenios singulares con hospitales generales del sector privado que lo soliciten…”. Y en el Artº. 90 se estableció la posibilidad de “conciertos” para la prestación de servicios sanitarios con centros privados. Estos artículos contenienen limitaciones, tales como “…cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen…”.

El 26 de abril de 1997 entró en vigor la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Esta Ley, contradictoriamente a lo que dice su enunciado, no introduce ninguna nueva forma de gestión, pues en su único artículo y en su Disposición adicional única viene a abrir el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”.

La ley 15/97 abrió el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”

La Sanidad Pública tiene objetivos distintos a los que tiene cualquier entidad privada. El Estado está obligado a garantizar la protección de la salud de todas y todos los ciudadanos y a adoptar medidas preventivas. Mientras que las entidades privadas solo se deben al interés lucrativo de sus accionistas o partícipes. Estas pasadas décadas han demostrado que estos intereses son contrapuestos y que en no pocas ocasiones constituyen una vía directa a la corrupción.

La experiencia demuestra que los intereses de la sanidad pública y de las entidades privadas son intereses contrapuestos y constituyen una vía directa a la corrupción

La experiencia acumulada demuestra que destinar más de 8.000 millones anuales, del presupuesto sanitario público, a las empresas privadas dedicadas a la salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública. Fomentar la sanidad privada desde la esfera de lo público es regresar al pasado; a que cada individuo tenga que atender sus problemas de salud, a condición de que pueda hacerlo económicamente.

Destinar más de 8.000 millones anuales del presupuesto sanitario público a las empresas privadas de salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública.

En momentos distintos de la reciente historia se han ido transfiriendo las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, pero el Estado no se ha desentendido de la labor de coordinación de los servicios sanitarios, por lo que el servicio público básico de la Sanidad es una materia que no es ajena a ningún poder del Estado, pues tienen la competencia de coordinar los servicios sanitarios.

Los mismos poderes públicos a los que la Constitución les mandata “…organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, en la pandemia de 2020 y 2021 las medidas preventivas fueron cuestionables o llegaron tarde y hubo poderes públicos autonómicos que no solo no prestaron los servicios necesarios, sino que se los negaron a los usuarios de las residencias de mayores.

Algunas autonomías no solo no han prestado los servicios necesarios sino que se les negara a los usuarios de las residencias de mayores

Dada la gravedad de las consecuencias que la privatización de la Sanidad Pública está teniendo:

  • Que el contenido del artículo 43 de la Constitución pase a formar parte de un nuevo artículo de Título I, en su Capítulo segundo, sección 1ª “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
  • Derogación de la Ley 15/97, en su integridad, y de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86.
Texto aportado por Roberto Tornamira, Afiliado de la Agrupación de Arganzuela PSOE-PSM, a las propuestas que Izquierda Socialista-PSOE realizará al
41º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español

Especial Congreso del PSOE

A nombre de la discrepancia no vale trabajar para el contrario

En época de congresos se produce un fenómeno como el de las “Lágrimas de San Lorenzo”, pero menos estelar, consistente en personas y grupos que reclaman “integración”, “renovación” o “combate de la exclusión”. Sería loable que la ausencia de renovación se denunciase siempre, pues es una clara deficiencia democrática; aunque siempre he pensado que lo que funciona es mejor no tocarlo. En el caso de la exclusión o la no integración ocurre lo mismo, si es que es producto de una impermeabilización del “aparato” dirigente.

También es recurrente que, a nombre de la integración, la renovación y la no exclusión, haya personas y grupos que lo que están reclamando es el viejo “quítate tú, que me pongo yo”. Incluso hay quienes, habiendo perdido un Congreso, con un proyecto distinto e incluso contrario, pretenden formar parte de la dirección por encima de todo y de la democracia.

Es preocupante la falta de respeto que algunos compañeros como Emiliano García Page o Javier Lambán, que no pierden ocasión para ejercer de corifeos de las doctrinas de Felipe González y otros y otras. En absoluto comparto el culto al líder, ni el silencio ante todo lo que llegue de la ejecutiva de turno o del gobierno cuando somos parte de él.

Es preocupante la falta de respeto que algunos compañeros como Emiliano García Page o Javier Lambán, que no pierden ocasión para ejercer de corifeos de las doctrinas de Felipe González y otros y otras.

Sin embargo, a nombre de la discrepancia no vale trabajar para el contrario, que es lo que se hace cuando una y otra vez se toman posiciones coincidentes con la derecha a pelando al derecho a disentir.

No se puede criticar los pactos del Gobierno con los nacionalismos vasco, catalán o gallego y practicar o reclamar para tu comunidad autónoma un nacionalismo a nombre de la socialdemocracia. En el caso del PP es tremendo escuchar a Díaz Ayuso clamar contra el nacionalismo y ver como en Madrid se aplica un nacionalismo cañí con tufo falangista.

A lo largo de mi vida he escuchado muchas veces la teoría de que si no se pueda ganar a la derecha hay que girar a la derecha. Viene a ser aquello que José Bono expresa con su recomendación de “ir a pescar a los caladeros de la derecha”.

Estas tendencias comprensivas con la derecha, los que acusan a Pedro de Sánchez de izquierdista, en realidad lo que están planteando, con bastante claridad, aunque sin la gallardía de explicitarlo, es que hay que romper con Sumar, con Podemos, con ERC… y pactar con el PP. Sería un grave error que. De hecho, si Pedro Sánchez hubiese escuchado los cantos de sirena en 2016 o tras las elecciones de julio de 2023, hoy estaría gobernando el PP, es más, el PP de M. Rajoy continuaría en Moncloa.

Cómo alguien que se dice socialista, ni tan siquiera socialdemócrata, puede valorar la necesidad de pactar una y otra vez con la derecha, con los que se abrazan con Netanyahu, con los que claman por aplicar las políticas antiinmigración nítidamente fascistas de Meloni, con las que otorgan medallas a Milei. Me resulta incomprensible que quienes son o fueron líderes del PSOE cierren los ojos e incluso secunden la permanente acción golpista de la derecha, cuando utiliza las instituciones del Estado como la Justicia o el Senado para derribar al Gobierno salido de la voluntad del pueblo soberano. Da grima verles y escucharles en los medios de la derecha torpedeando al Gobierno.

Ni un paso atrás, se decía en la lucha antifranquista. Ni un paso atrás en las sendas que el Gobierno ha abierto para recomponer la convivencia con el pueblo catalán. Ni un paso atrás en la línea de avanzar hacia el federalismo. “No es No” a pactar con el nacionalismo españolista, excluyente e imperativo, que apesta a nacionalcatolicismo.

Los congresos abren la posibilidad de establecer un debate sobre cualquier tema, pero el debate no queda cercenado tras los congresos, y es en este sentido en el que hago un llamado al necesario debate en el seno del socialismo, crítico y autocrítico, para buscar un proyecto ilusionante que ponga la convivencia fraternal entre los pueblos por encima de las banderas, en base a la defensa de los público: la Sanidad, la Educación y las Residencias de mayores…, por tanto, rechazando y oponiéndonos con fuerza a las leyes privatizadoras y los conciertos. Un proyecto que defienda el Sistema Público de Pensiones con hechos y no solo con palabras.

Ni un paso atrás en las sendas que el Gobierno ha abierto para recomponer la convivencia con el pueblo catalán. Ni un paso atrás en la línea de avanzar hacia el federalismo. “No es No” a pactar con el nacionalismo españolista, excluyente e imperativo, que apesta a nacionalcatolicismo.

Necesitamos abrir un debate político, no tecnócrata, sobre el federalismo, que abra la vía hacia avances democráticos que verdaderamente hagan de nuestra sociedad merecedora del término democracia, sin componendas institucionales con el pasado franquista.

Necesitamos recuperar el gen internacionalista sin el cual el socialismo no se entiende, trabajando contra la guerra y el genocidio, sea en Ucrania, sea en Palestina, o donde sea.

Son muchos los aspectos que están pendientes de abordar, en busca de un socialismo que cuente con la pluralidad de pueblos que nos componen como Estado, respetando su historia, su cultura, su lengua y sus tradiciones, incluso su derecho a determinar su futuro. Unos valores que nos enriquecerán a todos y todas, con independencia de dónde hayamos nacido o dónde nos toque vivir.

Roberto Tornamira
Afiliado del PSOE-M en la Agrupación de Arganzuela

Especial Congreso del PSOE

La financiación federal de España

España tiene una oportunidad de oro de avanzar hacia un modelo federal de España que por una parte permita un mejor encaje de los pueblos de España, y que por otra parte permita mejorar la infrafinanciación autonómica que sufren el conjunto de comunidades.
La derecha y ultraderecha españolas se oponen sistemáticamente a cualquier iniciativa del gobierno. En el caso de la financiación singular de Cataluña no podía ser menos. De todos es sabido que negar cualquier iniciativa que salga de Cataluña representa un aumento del rédito electoral para el PP y VOX (también para García Page). Pero negar la mejora de la financiación de Cataluña es también negar la posibilidad de mejorar la financiación de Andalucía y Valencia, que tienen estatutos de autonomía calcados al de Cataluña, y negar la posibilidad de que a corto y medio plazo, el resto de autonomías pueden imitar el modelo si modifican sus estatutos.
La llamada financiación singular de Cataluña no es otra cosa que un modelo de financiación federal como el que tienen en Alemania, sin que a nadie se le ocurra decir que «Alemania se rompe». De hecho, en España ya coexisten 2 régimenes diferenciados, el de la financiación singular de Navarra y el Pais Vasco, y el regimen común, en el que hasta ahora están el resto de comunidades autónomas. Nada pasará si a ese regimen especial o singular se suma Cataluña, Andalucía y Valencia, si así lo desean, y sigue existiendo el regimen común para el resto de autonomías.
Como decía anteriormente, Alemania es quizás el país que tiene el modelo que más se parecería a la financiación singular propuesta para Cataluña. Los länder alemanes recaudan en nombre del Gobierno federal los principales impuestos del país y se quedan con la parte que corresponde a las regiones. Los länder recaudan directamente IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades.
Los gobiernos regionales se quedan con una parte de los impuestos y el resto va al Estado. El reparto es distinto al que existe en España ya que a la regiones les corresponde el 42,5% del IRPF y el 50% del impuesto de sociedades. Tras recaudar el 100% de los impuestos se quedan con ese dinero y el resto se envía al Gobierno federal. Posteriormente es el Estado el que transfiere los recursos a los municipios o a las regiones que lo necesitan para equilibrar la financiación entre territorios especialmente con las regiones más pobres del país.

El modelo alemán puede servir de ejemplo para mejorar la financiación de todas las comunidades autónomas y acabar con el dumping fiscal que ejerce la comunidad de Madrid

En Alemania aunque los länder gestionan la mayoría de los tributos no tienen capacidad normativa pero pueden ejercer sus derechos a través del Senado. En España, en cambio, las comunidades autónomas apenas tienen capacidad de influencia en la política fiscal en el Senado (a pesar de que la constitución establece que el Senado debería ser la cámara de representación autonómica) pero sí que tienen capacidad normativa, con algunas competencias compartidas y otras exclusivas.
La falta de capacidad normativa provoca que los länder no pueden subir los impuestos o bajarlos en las regiones como sí sucede en España, creando Dumping fiscal, como es el caso de Madrid, que baja los impuestos a las rentas más altas y a las empresas con el objetivo de competir deslealmente con el resto de comunidades. De hecho, el último ejemplo de dumping fiscal lo hemos tenido este mismo mes, en el que Renault ha decidido trasladarse de Valladolid a Madrid para ahorrarse impuestos, y la comunidad de Castilla Leon dejará de ingresar 282 millones de euros. A Ayuso ya le va bien, está dispuesta a renunciar a los impuestos para seguir privatizando la sanidad y la educación, y dejar morir a más ancianos en las residencias. La misma «libertad» de Ayuso es la de Milei en Argentina. Para ellos, decir «viva la libertad, carajo» es renunciar a los servicios públicos.
Volviendo al tema de la financiación, mientras en Alemania los länders no pueden competir fiscalmente entre sí, en España sí que se puede, y de hecho se hace dumping fiscal. El modelo que prevé el pacto PSC-ERC para Catalunya aunque es similar al vasco, puesto que prevé quedarse con la recaudación y hacer una aportación al Estado, cuenta con elementos de corrección y estabilización como la cuota de solidaridad al estilo del sistema alemán para que todas las comunidades tengan un nivel de prestaciones similar. Esa “factura” solo quedará limitada por el principio de ordinalidad. Ese mecanismo prevé que Catalunya mantenga su puesto en el ránking de recursos antes de aportar a la caja común y después de recibir las cuantías correspondientes.
En conclusión, España podría establecer sin problema una financiación singular para aquellas comunidades que lo deseen, compatible con el modelo de regimen común para el resto de autonomías, y acabar de una vez con la competencia fiscal de algunas autonomías como la de Madrid. De hecho, este sería un avance importante en sentido federal, siguiendo como ejemplo el modelo alemán.

Baltasar Santos
1er secretario PSC el Vendrell
Miembro del comité de redacción de TS