Categoría: Socialismo

Democracia a la carta

El 28 de julio se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, a penas 72 horas después Washington declaró presidente a Edmundo González.

                Desconozco el escrutinio real, pues, efectivamente, las instituciones venezolanas no han publicado las actas electorales. Lo único que han dicho los observadores internacionales es que el gobierno de Maduro debería hacer públicas las actas; lo que no significa que desmientan los datos del gobierno venezolano, ni que los avalen.

                Sé que no es comparable, pero no me resisto a mencionar que, en Madrid, el Gobierno del PP presidido por la señora Ayuso se ha negado a publicar las actas de la policía, referidas a las inspecciones en las residencias de mayores en las murieron en abandono 7.291 personas, al menos, a las que se les negó su derecho de asistencia hospitalaria. Aún no he visto ni oído a ninguna instancia internacional que recrimine esta barbarie ¿Es más grave el tejemaneje de un Estado, en este caso Venezuela, que miles de muertes en condiciones infrahumanas? Parece que la “democracia” se dicta a la carta, en función de los intereses ocultos en la trastienda política.

«Ayuso se ha negado a publicar las actas de la policía, referidas a las inspecciones en las residencias de mayores en las murieron en abandono 7.291 personas, al menos, a las que se les negó su derecho de asistencia hospitalaria. Aún no he visto ni oído a ninguna instancia internacional que recrimine esta barbarie»

                Eso que llaman “la Comunidad Internacional”, para hablar por todos nosotros y nosotras, ha rechazado la orientación bolivariana desde el primer momento, incluso tras haber ganado Hugo Chávez las presidenciales de 1998 por abrumadora mayoría, pero esa democracia no tuvo el aval de Washington y a partir de ahí comenzaron las sanciones y el boicot a la economía venezolana. Pondré un ejemplo de esto como muestra del doble rasero “democrático”:

                En septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio orden de congelar cualquier cuenta bancaria o bienes del exministro de Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal, y Henry Rangel Silva; cuentas que pudiesen estar bajo jurisdicción estadounidense, bajo la acusación de apoyo a las FARC en sus actividades de narcotráfico.

                Sin embargo, los USA no impusieron ninguna sanción a nadie de la Administración Reagan, ni disolvieron el Partido Republicano, por uno de los mayores escándalos que han protagonizado en su historia; en este caso me refiero a cuando tras las elecciones nicaragüenses de 1984 la CIA, con el conocimiento de la Casa Blanca, financió al grupo paramilitar y terrorista “Contra nicaragüense” con dinero de los cárteles de la droga.

                No me identifico con el “socialismo bolivariano” ni con el “socialismo del s. XXI” instaurado por Chávez y heredado por Maduro, lo que no me impide ver con claridad que lo que a la “comunidad internacional”, liderada por los Estados Unidos, le molesta es que se cuestione la propiedad privada de los medios de producción y de las materias primas. No es un problema de respeto o no de los derechos humanos; de hecho, en Venezuela hay mayor respeto a los derechos humanos que en Arabia Saudí, donde la compañía Aramco es propiedad del Gobierno saudí y el gobierno saudí es, a su vez, propiedad de la familia Saúd ¿Alguien cuestiona las relaciones económicas y diplomáticas con Arabia Saudí? ¿Algún organismo internacional está preocupado por los resultados electorales en Arabia Saudí?

«Lo que a la comunidad internacional liderada por los Estados Unidos le molesta no son los derechos humanos sino que se cuestione la propiedad privada de los medios de producción y las materias primas»

                Con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a fecha de 2022, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, más que Arabia Saudí y que Irán; segundo y tercero en el ranking, respectivamente. Venezuela tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo. La riqueza petrolera, de gas y carbón venezolanos la gestiona el Estado a través de PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), de la que es propietario mayoritario desde 2007.

                Conoco Phillips es la tercera mayor empresa norteamericana de petróleo, con sede en Houston (Texas) y mantiene un contencioso multimillonario contra Venezuela, pues, antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, la empresa tejana explotaba y exportaba enormes cantidades de crudo venezolano. Este no es el único conflicto que Venezuela mantiene en el mundo del petróleo, ya que desde la creación de PDVSA en los años 70 (s. XX) fueron muchos los intereses cruzados que se establecieron con compañías de diferentes países.

«Petróleos de Venezuela (PDVSA) es el verdadero objetivo y preocupación de la hipócrita Comunidad Internacional»

                Hago alusión a PDVSA porque concentra la gran riqueza energética, aunque no sea la única riqueza venezolana, y porque es el verdadero objetivo y preocupación de la hipócrita “comunidad internacional”. El bienestar del pueblo venezolano les importa más o menos lo mismo que la libertad de las mujeres sauditas, de las afganas o las de cualquiera de los emiratos árabes. Los derechos humanos en Venezuela les importan lo mismo que los derechos humanos en Palestina. En Venezuela lo que se disputa es si se liberaliza o no el petróleo o si es propiedad del Estado. Otra cosa es cómo lo gestiona el Estado venezolano, incluidas todas las trabas y boicots a los que su economía está sometida.

                El señor Edmundo González es un viejo diplomático que siempre ha estado al servicio del aparato del Estado venezolano, pero quién verdaderamente representa los intereses espurios que se dirimen en Venezuela es la señora María Corina Machado, un producto del programa World Fellows para la formación de líderes impartido por la Universidad de Yale (2009). Esta señora se declara cristiana y liberal, y comparte con el Sr. Milei la ambición por la privatización de las empresas estatales -aunque, de momento, Milei no podrá privatizar YPF-.

«La señora es un producto del programa World Fellows para la formación de líderes impartido por la Universidad de Yale»

                Los datos y los hechos se imponen a los dichos y las manipulaciones mediáticas. Washington ya intentó imponer a Juan Guaidó en 2019; se llegaron a inventar el título de “presidente interino”. Ahora utilizan a un septuagenario como pantalla para su verdadera apuesta. Todos y todas al servicio de los intereses económicos de las grandes multinacionales, protegidas a su vez por el todo poderoso aparato de Estado estadounidense.

«el bienestar del pueblo venezolano les importa lo mismo que la libertad de las mujeres sauditas, las afganas o los derechos humanos en Palestina»

El septuagenario Edmundo González es la pantalla que utiliza María Corina Machado para poner Venezuela al servicio de los intereses económicos de las grandes multinacionales

«Maria Corina Machado comparte con Milei la ambición por la privatización de las empresas estatales»

«Los datos y los hechos se imponen a los dichos y las manipulaciones mediáticas. Washington ya intentó imponer a Juan Guaidó en 2019 nombrándolo Presidente interino»

                Dejen que los pueblos decidan libremente su destino. Dejen de usurpar las riquezas de esos pueblos, así no tendrán que rechazar la inmigración que tanto les molesta.

Roberto Tornamira Sánchez
Presidente de ASTRADE

La necesidad de ampliar el alcance de la política de vivienda

La crisis no se resuelve por medio de proyectos masivos de construcción

En materia de vivienda y suelo se puede hablar de fallo de mercado. Este último informa de la demanda satisfecha, pero no aporta información sobre quienes no pueden acceder a una vivienda, en propiedad o en alquiler, por falta de recursos. La insuficiente oferta de viviendas a un coste moderado puede considerarse como el principal fracaso del capitalismo democrático. Existe en España una situación de difícil acceso ala vivienda para la mayor parte de la población.

                El evidente fallo de mercado en el caso de la vivienda y del suelo hace necesaria la intervención de las administraciones públicas. Se trata de ayudar a que dispongan de vivienda los colectivos más vulnerables, entre los que destacan los jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda. La actuación de las administraciones públicas en España resulta un tanto complicada. Suelo y vivienda son competencias exclusivas delas comunidades autónomas, pero la mayor parte de los recursos aportados proceden del gobierno estatal.

                La proporción de hogares en los que el esfuerzo de acceso supera la tercera parte de los ingresos en España está por encima del 40%. La asequibilidad es el esfuerzo económico y financiero que han de realizar los hogares para hacer frente al precio y acceder así a la vivienda. La actual es una crisis de asequibilidad. El grado de cobertura de las necesidades de vivienda resulta en España inferior a los niveles alcanzados en otros componentes del estado bienestar, como la educación, la sanidad y las pensiones. La actual crisis de la vivienda aumenta las desigualdades y puede terminar afectando negativamente al resto del estado bienestar.

                Los precios y los alquileres de la vivienda están desacoplados respecto de los niveles de ingresos de los hogares, por la condición de activo que tiene la vivienda. Más de la mitad delas ventas de 2023 se pagaron al contado, sin necesidad de acudir a una hipoteca, lo que revela que numerosos adquirentes son inversores. Tras la crisis de 2008 los precios disminuyeron, pero permanecieron elevados, lo que desvió la demanda hacia el alquiler, ante la escasez de oferta de vivienda en propiedad deprecio asequible. En este contexto la política de vivienda es más que necesaria y debe de orientarse a resolver el problema de acceso. Numerosos hogares alquilan habitaciones en lugar de pisos completos ante la carestía de los alquileres.

                El exiguo parque de viviendas sociales de alquiler acentúa el desequilibrio. En 2020 suponía el 2,5% de las viviendas principales. En el conjunto de la UE la proporción ascendía al9,3%. El incremento de la vivienda turística reduce la oferta de alquiler y acentúa el desequilibrio. La aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha sido la actuación más destacada del actual Gobierno en la materia. La ley ha creado instrumentos para aumentar la oferta de viviendas sociales de alquiler y también ha abierto la puerta al establecimiento de controles de los alquileres. La defensa de los parques públicos de vivienda es, más que una política, una promesa de política.

                Se trata ahora de cumplirla, desarrollando actuaciones que palien la grave emergencia nacional que caracteriza el momento actual de la vivienda.

                La crisis de la vivienda no se resuelve por medio de proyectos masivos de construcción, algo negativo desde el punto de vista ecológico. La construcción de viviendas protegidas, para el alquiler, puede ser un instrumento útil, creando así un parque de viviendas sociales más significativo que el existente. Los precios del alquiler resultarían más asequibles que los que ahora arrasan los ingresos de los hogares más vulnerables. La construcción de viviendas protegidas se ha situado en niveles reducidos en los últimos años. La desaparición de la garantía de financiación de las viviendas protegidas desde 2013 ha sido paralela al descenso de la construcción de dichas viviendas.

                El primer bloque de actuaciones se refiere al aumento de la oferta de viviendas protegidas de alquiler y en venta. Se debe fomentar dicho aumento garantizando un flujo continuo de financiación crediticia. Los fondos europeos han “maquillado” los presupuestos estatales de vivienda en 2022-2023. Después de 2024 no habrá fondos para financiar la construcción de nuevas viviendas protegidas. En 2024 son trascendentes los4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, pendientes de un convenio entre Vivienda y el ICO, para financiar la construcción de unas 43.000 viviendas sociales de alquiler. El ICO debe de asumir un papel directo. Después de2024 se debe de garantizar la financiación de unas 50.000viviendas protegidas al año. Se firmarían acuerdos o convenios bilaterales con las CC AA y Ayuntamientos para la construcción de las viviendas y también para la compra. El Estado asumiría la amortización y costes financieros de los bonos emitidos contra los ingresos de los alquileres. Además, el gasto público en vivienda debe de reforzar las ayudas directas a los arrendatarios, aproximando el gasto público en vivienda al promedio de la Unión Europea, el 0,43% del PIB.

                Las restantes herramientas estatales, Sareb, Sepes y los suelos de titularidad pública deberán de contribuir al aumento del parque de viviendas sociales de alquiler. Deberá de crearse una agencia para la construcción (o compra o rehabilitación) y gestión de viviendas protegidas. Se debe de avanzar en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda aplazo inferior al año. Es necesario controlar el aumento de los pisos turísticos.

                El segundo bloque de actuaciones es el de los controles de alquiler para contrarrestar los elevados precios alcanzados, en la línea establecida en la Ley 12/2023 a través de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). Desde marzo de2024 se ha implantado el sistema estatal de índices de precios de referencia, que descansa en la información tributaria contenida en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta delas Personas Físicas. El sistema de control permite establecer topes a los alquileres de los “grandes tenedores de vivienda” en las Zonas citadas, así como a los propietarios que no sean gran tenedor. Las declaraciones de ZMRT corresponden a las autoridades competentes en materia de vivienda, que son las comunidades autónomas. En las autonomías gobernadas por el Partido Popular no se aplicará el control de alquileres comentado, lo que reducirá el alcance de dichos controles y acentuará la trascendencia del aumento de la oferta de vivienda protegida.

Julio Rodríguez López
Es vocal del Consejo Superior deEstadística del INE,
y expresidente del Banco Hipotecario deEspaña y de Caja Granada

La ineludible regeneración democrática

La democracia es el sistema de organización social y política que distribuye el poder que emana de los ciudadanos, sujeta a los vaivenes que se producen en la sociedad, que requiere de una defensa continua de los principios que la inspiran. Más cuando son atacados, cual martillo pilón, por la derecha extrema y la ultra derecha favorecidas por un sistema comunicativo que propicia la circulación masiva de desinformación, con el objetivo espurio de deslegitimar las instituciones democráticas, cuando el Gobierno elegido democráticamente, por los ciudadanos, cae en manos del oponente político. Modelo comunicativo que articula en cada momento histórico la manera en que las personas comunican entre sí, y reciben información de los poderes públicos y de los encargados de gestionar el derecho a la información: los medios de comunicación.

Modelo que evoluciona conforme al avance técnico y tecnológico que ha producido la sustitución del sistema analógico, vertical, en el que la distribución de la información a la sociedad era potestad de unas pocas personas o grupos empresariales y el receptor un sujeto pasivo (uno para todos); por lahorizontalidad del sistema digital (entre todos) que trasforma al destinatario en un nodo de comunicación con capacidad para recibir información de múltiples fuentes, con las que crea su propio mensaje que difundea cualquier hora, desde y para cualquier lugar del planeta, a través de los canales que él mismo establece en la red planetaria que es internet, en la que nadie controla lo que se difunde y su veracidad.

Cambio tecnológico que ha supuesto un giro radical en la manera de comunicar cuyo aspecto positivo es expandir y compartir conocimiento de manera global, y el negativo de generar la circulación de información masiva donde el control de la veracidad de los mensajes que circulan se difumina, con el efecto de degradar el sentido del periodismo como garante del derecho a una información veraz, debido al uso interesado y mendaz de algunos medios digitales y redes sociales por los propagadores del populismo disruptivo difundiendo bulos, noticias falsas, tergiversaciones y mentiras, que ponen en duda la credibilidad de las instituciones democráticas, y la honorabilidad de determinadas personas públicas. O, peor aún, expandiendo el miedo al futuro para retrotraer las mentes al pasado de ordeno y mando: del atado y bien atado.

Panorama de descontrol desarrollado al amparo de una interpretación tergiversada de los derechos a la información y de libertad de expresión, que da por bueno que ambos carecen de límites, en la idea de que cualquier límite que se quiera establecer supone imponer la censura. Planteamiento maniqueo porque el derecho a la información viene referido a garantizar el acceso y la veracidad de los contenidos que se difunden; mientras que la libertad de expresión no es el libertinaje de acusar sin pruebas de delitos o faltas administrativas a personas, instituciones públicas o empresas privadas. Descontrol que degrada la democracia y al que la UE ha puesto coto, que no censura, con el recientemente aprobado —con el apoyo del grupo popular europeo donde se encuadra el PP—,Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación que recoge una serie de medidas que deben ser adoptadas por los países de la unión. Medidas que fueron expuestas por el Presidente del Gobierno en el Congreso, como parte del anunciado Proyecto de Regeneración Democrática. Propuesta abierta que no establece ninguna censura a los medios, que acaba de comenzar su andadura con un proceso de negociación con los grupos parlamentarios –menos Vox— encabezado por el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y el de cultura, Ernest Urtasum.

Medidas centradas en los medios de comunicación de las que el Presidente dejó fuera, no sabemos si deliberadamente o para abrir la negociación a las propuestas de los grupos políticos, la reforma del CGPJ y de la potestad de los jueces que acabe con la politización de la justicia (lawfare o guerra legal);de la ley de secretos oficiales vigente desde el franquismo; y la ley mordaza que limita la libertad de expresión y protesta de los ciudadanos. Reformas imprescindibles para una verdadera regeneración democrática. Veremos si el Gobierno está dispuesto a abordarlas.

De momento, la negociación propuesta por el Ejecutivo se centra en una traslación del Reglamento aprobado en el Parlamento Europeo, relativas a la transparencia para obligar a los medios a publicar con detalle quiénes son sus propietarios, sus accionistas, sus fuentes de financiación y sus cifras de audiencia. Todo con el objetivo de evitar fraudes como aumentar el número de visitas al medio digital mediante el uso de bots (algoritmos que aumentan electrónicamente el número de visitas) para captar más inversión publicitaria pública que lectores; o evitar que los partidos políticos compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes, mediante la reforma de la ley de publicidad institucional para que todos los gobiernos, el nacional, y los autonómicos y locales, publiquen con detalle cómo y cuánto dinero público gastan en publicidad institucional en los medios digitales y convencionales.

Propuestas para garantizar la independencia y pluralismo mediático, que sancionen las presiones políticas y empresariales sobre los periodistas, como las amenazas lanzadas contra el Diario.es por el asesor de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, por informar sobre las negociaciones del novio de la Presidenta con Hacienda, para evitar la condena por fraude fiscal. Y para reforzar la defensa de los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos, si se vierten calumnias contra ellos. Y, si atendemos a lo dicho por su socio de Gobierno, Sumar, para reformar la ley mordaza eliminando los delitos de opinión contra la Corona y los sentimientos religiosos; además de cambios en la ley electoral para hacer obligatorios los debates políticos, y en la ley de administración pública y gobierno abierto para aumentar y mejorar la calidad de la información que el Ejecutivo suministra a los ciudadanos.

Reformas que no solo se deben negociar con los partidos políticos, sino con otros agentes sociales implicados como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que agrupa a la parte sustancial de profesionales en ejercicio, que debe jugar un papel fundamental en el control del cumplimiento de las medidas que se aprueben, como le sugirió su Junta Directiva al Presidente del Gobierno, en una reunión reciente mantenida en Moncloa. Encuentro en el que le presentaron varias propuestas como crear una Comisión de Monitorización y Seguimiento para denunciar la vulneración de los principios deontológicos de profesionales y medios, en línea con lo que viene haciendo la Comisión Deontológica de la FAPE con sumo acierto. Comisión de Monitorización, en la que propusieron que se incluya a los propietarios de los medios —como sucede en Bélgica—, si quieren tener financiación pública. 

En paralelo, treinta y cinco organizaciones de la sociedad civil —entre ellas la Fundación Alternativas o Greenpeace— registraron en la Cámara diversas propuestas para la regeneración democrática durante el debate en el Congreso relativas, por ejemplo, a la regulación de los grupos de presión o lobbies para que su agenda y reuniones con cargos públicos se publiciten, o facilitar la consulta pública de las iniciativas legislativas que lleguen al Congreso.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y
Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Video del debate en el parlamento sobre las medidas de regeneración democrática

El imposible precio de la vivienda.

Uno de los grandes problemas no resueltos en nuestra sociedad es la vivienda. Como señala Julio Rodríguez López en el capítulo XII del libro «Economía, Política y ciudadanía» (Ed Catarata. 2023) entre el año 2014 y 2022 la vivienda subió un 56,2% mientras que los salarios subieron el 13,9%. Llueve sobre Mojado.

Mi amigo Kebir malvive en una habitación compartida de Badalona pagando 550€ mensuales de alquiler, con un salario de 900€ euros netos. A Óscar, que vive con su mujer en un piso de Sant Feliu de Llobregat y están esperando un bebé, el alquiler les ha subido a 900€. El incremento de los precios de la vivienda de alquiler y las frágiles economías domésticas tienen consecuencias
dramáticas como el suicidio de un hombre de 70 años del barrio de Sant Andreu en Barcelona, o el suicidio de dos hermanas, también en Barcelona, el mismo día en que iban a ser desalojadas de su vivienda por no poder hacer frente al pago de la renta.

Jovenes, mayores, inmigrantes, todos y todas…la clase trabajadora es la que sufre la desregulación del precio de la vivienda y su especulación.

Parece que no existe fin al incremento del precio de la vivienda. El último estudio del portal inmobiliario FOTOCASA arroja datos devastadores. El precio medio de una vivienda de 80 m2 en España es de 1012€, teniendo ciudades
como Barcelona con un precio medio de alquiler de 1775€ o Madrid con un precio de 1682€. Los datos son claros. Si comparamos el precio de la vivienda con el salario mínimo interprofesional (1323 € brutos), es imposible pagar una vivienda.

Y como el precio de la vivienda es más alto en las grandes ciudades, se está expulsando a las economías domésticas más precarias hacia los extraradios, municipios y comarcas alejadas a 60- 70 km, contagiando a esos municipios y comarcas de la tensión inmobiliaria y la especulación.

Pero eso no es todo. Como quiera que son las personas y familias menos pudientes las que se tienen que buscar la vida en las zonas más alejadas de las grandes ciudades (y de los puestos de trabajo), se produce un fenómeno de
dislocación de jóvenes, inmigrantes, personas mayores, personas que viven solas… . Poblaciones donde hasta ahora se podían buscar soluciones
habitacionales en los pocos casos que se daban, ven ahora como el número de personas sin hogar aumenta, a la vez que la mendicidad, la ocupación de viviendas e infraviviendas, la demanda de servicios sociales y la alarma social se dispara en esos municipios que carecen de los recursos para ayudar a la pobreza expulsada de las grandes urbes. Un caldo de cultivo estupendo para los
populismos, los racistas y la extrema derecha. Acabar con la especulación de la vivienda es necesario para la clase trabajadora y urgente para la clase política que se reclama de izquierdas. Es necesario para la clase trabajadora porque todo el mundo tiene derecho a un techo y un hogar. Es urgente para la clase política porque la convivencia está en peligro y la situación actual empieza a ser un polvorín a punto de estallar.

Necesitamos parar los deshaucios.

Se necesita poner en circulación las 50.000 viviendas de la SAREB que en su día
fueron activos considerados tóxicos para la Banca y que el siempre amable Estado compró para sanear las cuentas de los bancos.

Se necesita poner freno a la epidemia de pisos turísticos, que no hacen sino agravar el problema.

Se necesita topar el precio de la vivienda tanto de alquiler como de compra ajustándo el precio a las posibilidades de cada cual.

Se necesitan ayudas fiscales tanto para el alquiler como la compra de vivienda, recuperando la deducción del gasto en vivienda de primera residencia en la declaración del IRPF (eliminada para viviendas adquiridas con posterioridad al
2015).

Necesitamos promover el empleo digno y aumentar los salarios. Pero fundamentalmente, necesitamos un parque público de vivienda en nuestro país. En España, el parque de vivienda social es de 450.000. mientras que la media
europea de viviendas sociales es de 2 millones.

Por tanto, España tiene un déficit de vivienda social de 1 .550.000 viviendas, por lo que parece razonable exigir que se produzca una iniciativa
pública con la participación de comunidades autónomas y ayuntamientos para la construcción de vivienda.


Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

De acuerdo

«Nuestra capacidad para adaptarnos, y para aceptarlo todo,

es uno de los más grandes peligros que corremos.”

Stanislaw Lem

La carta nos puso los dientes largos.

                Las posibilidades se abren de pronto, como pequeñas grietas por las que se suma el encantamiento, que decía Negri, y toda nuestra resignación se hace posibilidad, y los cierres de la costumbre se abren como oportunidades de avanzar democráticamente en un país que dejó tantas cosas por hacer, tantos sentidos democráticos silenciados y sin explorar, tantos agujeros negros que ha ido rellenando la costumbre, la institucionalización, el miedo, el mal menor, la inercia, la decepción…

                La carta de Pedro Sánchez se entendió políticamente. Como esa voluntad de ruptura que asume el punto de vista subterráneo, que supera los liderazgos y sus hipotecas, las trayectorias y sus lindes, como quien se topa con el final abrupto de un camino, descubre la trampa en el juego o se da cuenta de que aquellos que te pasaron la mano por el lomo de la institucionalidad nunca han dejado de despreciarte.

                No tenía otra explicación. Una decisión que es un momento, una certeza… y que luego se hace colectiva, aclaración, relato y ruptura, abriendo en el espacio público ese momento que cambia pequeñas cosas que lo cambian todo, que devuelve al espacio público esa posibilidad que es utopía, que permite pensar de nuevo desde nuestra pluralidad política múltiple y creadora rompiendo la dinámica, tediosa a veces, del acontecer público.

                Porque nada es pequeño cuando es clave. Y qué duda cabe de que la carencia de una transición democrática en nuestro poder judicial y la elipsis profunda de nuestro mandato constitucional que afirma ufano que, del pueblo español “emanan los poderes del Estado” ha configurado un poder autónomo ─no el único, lamentablemente, de nuestro sistema político─ que se sabe actor y límite, arbitrio e influencia, agente y reparto. Y hay que recordarlo, y hay que ponerse un poco así, grandilocuente y nostálgica de lo que no ha ocurrido, aunque solo sea por contraste.

                Y quizá así se entienda mejor que no fue que el Partido Popular secuestrara durante cinco años el órgano de los jueces mientras clamaba ─y clama─ por reforzar el corporativismo de este poder autónomo del Estado, sino que fue más bien un consorcio para la defensa de los intereses profesionales individuales y colectivos de sus asociados y militantes, en la que los unos acompañaban el discurso político de los otros y éstos correspondían con la continuidad en el manejo de uno de los poderes de última instancia del Estado.

                Pactar hay que pactar, y siempre es bueno llegar a acuerdos. Pero cerrado el nombramiento del nuevo Consejo, asentado de nuevo el relato de la inanidad, la decepción, la cuota, el silencio y el hacerse perdonar por los que van a seguir mandando diga lo que diga el pueblo español, nos queda apenas, otra vez, volver al pozo de las oportunidades perdidas, al inútil plañidero del análisis de las disfuncionalidades democráticas y a la parálisis de la queja mientras el juego político avanza, dejando atrás los espacios de oportunidad que hacen a la gente protagonista de sus instituciones, como un reguero de decepción que, finalmente, habrá de traer al poder a los que entienden la política como un negocio societario, envueltos, eso sí, en banderas de colores y con su trampantojo de enemigos de la patria, como parapeto de esa corrupción estructural que los jueces adecuados nunca investigan adecuadamente.

                Y ya no hará falta que los jueces elijan a los jueces, y ya no harán falta consensos para la imparcialidad sino cuotas para el agradecimiento, y ya no hará falta un parlamento que discuta ante la opinión pública la idoneidad de unos nombramientos sino que bastará el anuncio rápido de unos nombres previamente pactados por sus partidos (bajo la mirada condescendiente de Europa), y ya no hará falta que los jueces puedan o no puedan saltar de un lado al otro del estrado sino que simplemente se avengan a seguir negociando de parte de los poderes que no emanan del pueblo.

                Y ya no hará falta legislar para que el bloqueo no vuelva a ser una herramienta posible y por lo tanto válida para surfear las reclamaciones democráticas de una ciudadanía a la que cada cierto tiempo hay que enseñarle que votar realmente tampoco cambia a todos los que realmente mandan.

Gloria Elizo Serrano

Directora del Instituto Clara Campoamor para el fortalecimiento de la Democracia

Fue vicepresidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados

Recuperar los valores de la izquierda

La tradicional reticencia, con un punto de apatía, de un sector de votantes de la izquierda para movilizarse e ir a votar, no cambia por el mero cumplimiento de un proyecto progresista que pone en marcha medidas que benefician a las clases populares y medias y reducen las desigualdades; pues requiere de un discurso que acabe con esa sensación derrotista de que la izquierda siempre está a la greña, mediante el recurso al componente simbólico, olvidado de manera incomprensible, que refuerce el sentimiento de pertenencia entorno a los valores de transformación social que son la seña de identidad histórica de la izquierda. Un relato más necesario que nunca, cuando la derecha, sin complejos ni vergüenza, se apropia de ellos con descaro por dejación de la propia izquierda política y cultural, que ha caído en la trampa de que con una buena gestión ya está todo ganado.

                Que ha olvidado qué en política, y más en una sociedad que se mueve ala velocidad de la luz, nada está consolidado para siempre: ni el propio sistema democrático ni la adscripción de valores como el de libertad a la izquierda, siendo ésta, en sus múltiples facetas, la principal vitola de su ser político junto a los de igualdad y justicia social. La fijación del discurso progresista en las medidas positivas que se llevan a cabo, no es suficiente para movilizar a una parte esencial de su electorado, que ve con pasmo como los adalides más significados de la derecha sin complejos, por ejemplo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se apropia y hace bandera de esos valores, sin que nadie desde la izquierda la replique con contundencia y descubra la malignidad falsa de sus afirmaciones, con datos concretos que evidencien la perversidad de su concepto de libertad que beneficia a los ricos.

                Desde la floración del discurso populista, fascista, parece que a los políticos e intelectuales de izquierda les produce reparo, repelús, meterse en ese jardín ideológico no vaya a ser que se arme la de San Quintín por recordar, con datos históricos —materia que los voceros del populismo desconocen casi por completo y por eso se la inventan con desparpajo torero—, que la libertad, igualdad y justicia social son esencia y patrimonio de la izquierda. Valores que siempre ha querido sojuzgar la derecha y la extrema derecha. Cierto que ese posible temor o dejación, pueda estar relacionado con la furia desatada por todas las fuerzas de la caverna ante la sensación de que les están cambiando su España, con medidas como la Ley de Memoria Democrática, sacar el cadáver del dictador del Valle de Cuelgamuros, el Impuesto Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones conforme al IPC, la reforma laboral, la Ley del solo Sí es Sí, o el impuesto a la banca y grandes energéticas por sus beneficios extraordinarios. Medidas que, entre otras, han supuesto un reconocimiento y ampliación de derechos para la ciudadanía que recortan zonas de privilegio y confort de los poderosos de siempre.

                Pero, todo eso no basta sino va acompañado de un discurso, de un relato, del valor simbólico que inspira las medidas aprobadas, y las que vendrán, que las aúne y dé sentido colectivo, de izquierda, a la razón última por la que se adoptan. Sentido que no puede remitirse en exclusiva a los datos y las cifras; sino al efecto concreto que tienen en la vida de las personas y el beneficio que les procura, en línea con los valores clásicos de la izquierda: repartir y distribuir el poder y la riqueza que todavía acaparan determinados sectores y grupos sociales poderosos, en pos de una sociedad más justa.

                En estos meses asistimos, como ejemplo palmario del cabreo de esos sectores, a la rebelión de los jueces y fiscales más conservadores del poder judicial, convertidos en una especie de Partido Judicial, que con desfachatez labora en favor de la estrategia del PP de acoso y derribo del presidente del Gobierno, amparados en el poder omnímodo del que gozan en sus juzgados. Ose encastillan contra la Constitución—como hace todo dictador— en las poltronas del CGPJ, para defender la mayoría conservadora que les permite seguir nombrando jueces conservadores en los más altos escalafones del poder judicial. El ultimátum del Presidente para que el PP se avenga en el plazo de un mes a la renovación o, de lo contrario, procederá a aprobar vía parlamentaria un recorte de su capacidad para seguir nombrando jueces en el Tribunal Supremo, es el recurso que queda ante la contumacia del PP a renovarlo con la connivencia de los vocales: incluidos los progresistas.

                Pugna de sustancial calado democrático que, después de cinco años, no ha sido explicada, en su sentido y alcance público, al punto de que un sector de la izquierda la percibe como un foco más de ruido en el debate político, sin atisbar el valor trascendente que se esconde detrás, en cuanto a la mejora de la justicia y el propio sistema democrático, conforme a los valores de la izquierda. Igual sucede cuando el discurso progresista permanece inerme ante la estrategia de la derecha de acusar a la izquierda de los errores políticos que ella misma comete. Por ejemplo, nadie desde el Ejecutivo o los partidos que lo conforman, ha salido a rebatir, a desmentir, el mensaje genérico, sin pruebas y perverso, de la existencia de un foco de corrupción en el Gobierno y el entorno del Presidente, asentado en falsedades y sin pruebas. Resulta incomprensible que se pasen por alto estos mensajes, que dan verosimilitud a la máxima Goebeliana de que toda mentira repetida se convierte en verdad.

                Establecer una relación regular de los partidos y organizaciones de izquierda con intelectuales, sindicatos, agrupaciones sociales, culturales y artistas progresistas con influencia social—como la hubo en los primeros años de la transición—, sin duda permitirá forjar un mensaje más sólido y nítidamente de izquierda. Igual de necesario es reforzar y coordinar los departamentos comunicación, en las distintas esferas de poder, para que los mensajes que se lanzan a la ciudadanía tengan un poso de pedagogía de izquierda, imprescindible, para aumentar el sentimiento de comunión fática entre la ciudadanía progresista que acabe con su orfandad discursiva, cuando se ven inmersos en debates políticos o sociales en su vida cotidiana. Solo así se sentirán integrados como agentes imprescindibles en la brega por una sociedad mejor que es necesario defender a diario y, en especial, los días señalados de elección de representantes políticos.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, Profesor Universitario y Doctor en Comunicación de Masas.

Hacer sindicalismo no es delito

En junio de 2023, una gran manifestación (más de 10.000 personas), recorría las calles de Madrid, desde San Bernardo hasta Atocha, (convocada por la CNT), al grito de «HACER SINDICALISMO NO ES DELITO».

                El Juez de Instrucción Número 1 de Gijón había condenado a 6 sindicalistas de CNT (5 mujeres y 1 hombre) a 3,5 años de cárcel cada uno y al pago de 125.000€ de multa a su sindicato, la CNT. El Juez aplica estás condenas en base a dos delitos del Código Penal (obstrucción a la justicia y coacciones).

                Condena a los sindicalistas a 3,5 años de cárcel, tratándoles como delincuentes comunes, desligando los hechos del ejercicio sindical a la vez que condena al sindicato al pago de 125.000€ de multa.

                Hoy, el TRIBUNAL SUPREMO, ratifica la condena del Juez de Gijón y seis personas jóvenes verán truncadas sus vidas con un encarcelamiento de 3,5 años de prisión, porque son trabajadores que han tenido la osadía de defender los derechos de una compañera trabajadora de la pastelería «La Suiza» de Gijón, a la que se debían salarios a la vez que sufría acoso laboral por parte del jefe.

                Con esta indignante noticia, pretendo zarandear las conciencias de toda la clase obrera de este país y de todas las organizaciones obreras, políticas y sindicales, para que se den cuenta de que en esta llamada democracia no hay ni Constitución ni leyes que nos protejan, siempre que cualquier juez conservador pueda retorcer los hechos para acomodarlos a su ideología.


                Está sentencia es contra la clase trabajadora de este país y como tal debe entenderlo la clase trabajadora y sus organizaciones.

                Ahora, los que pueden y deben hacer algo contra está ignominia, que hagan.

Yo me adhiero.

Carmen Alonso
Militante socialista (Trujillo-Cáceres)

Lo denuncia en su TikTok CGT Metal Madrid

Editorial: 1º de Mayo, lo que nos preocupa y lo que nos debería preocupar

Balance de situación de las condiciones de vida y trabajo         

                El día internacional de los trabajadores y trabajadoras, el 1º de Mayo, es buen momento para realizar un balance de situación de las condiciones de vida y trabajo de las asalariadas y los asalariados.

                El primer cuarto s. XXI es un periodo que pasará a la historia como el de las calamidades en cadena: crisis financiera e inmobiliaria (2008-2018), pandemia COVID (2020 y 2021), Guerra de Ucrania (2022-…) y Genocidio en Gaza (2023-…). Veremos que nos depara el futuro inmediato.

                El común denominador de esta secuencia de hechos históricos es el empobrecimiento de la clase trabajadora, producto del austericidio al que fuimos sometidos para paliar la crisis que provocó el capital financiero y especulativo con sus políticas económicas e inmobiliarias, pasado por los largos meses de parón económico que la imprevisión e indecisión de los gobiernos, que aumentó los efectos sociales de la pandemia; por ejemplo,quedó retratada la política de recortes económicos y privatización en la Sanidad Pública y en las Residencias de mayores, finalizando el periodo con dos conflictos armados, a nombre de los cuales los especuladores de los oligopolios más potentes: banca, energía, telecomunicaciones, alimentación, etc., ha decidido incrementar sus fortunas brutalmente, a costa de restar poder adquisitivo a los salarios y las pensiones.

AñoIPC medioPensionesSalarios
20102,99%1%1,30%
20112,38%0%1,59%
20122,87%1%1,31%
20130,25%1%0,57%
2014-1,04%0,25%0,57%
20150,02%0,25%0,74%
20161,57%0,25%1,06%
20171,11%0,25%1,43%
20181,18%1,60%1,72%
20190,79%1,60%2,24%
2020-0,53%0,90%1,75%
20216,55%0,90%1,47%
20225,70%3,00%2,78%
20233,10%8,50%3,46%
26,94%20.50%21,99%
Fuente: INE, Elaboración propia para TS

               

La inflación en los últimos 13 años provoca que las pensiones acumulen una pérdida de poder de compra del 6,5%, en buena medida por los años en los que el Gobierno del PP aplicó las ridículas subidas de pensiones del 0,25%, y por los desfases entre IPC e incremento de las pensiones en los años 2021 y 2022. Los mismos datos nos dicen que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5%. Si la comparativa la hiciésemos con el incremento del precio de los alimentos la pérdida de capacidad de compra es mucho mayor, pues ha sido del 4,9% en 2021, 15,7 en 2022 y del 11,8% en 2023; un acumulado en tres años del 32,4%. Por su parte, la vivienda, se ha incrementado un 29% en los diez últimos años.

                El resultado es que en el Estado español hay casi 13 millones de personas que son pobres o están en riesgo de exclusión social, el 26,5% de la población.

                Es de esto de lo que habría que hablar en los procesos electorales y en las sesiones parlamentarias. De esto y del profundo deterioro de la Sanidad Pública y del derroche de dinero público que supone la privatización que lleva aparejada la corrupción. Lo mismo podemos decir de la situación de la Educación Pública y del pernicioso efecto que el adoctrinamiento religioso tiene para la formación de las futuras generaciones, directamente con la asignatura de religión en los programas educativos e íntegramente en la enseñanza concertada que, a la par que resulta un negocio para las órdenes religiosas, supone una hemorragia para el presupuesto público educativo.

Lo que preocupa a la mayoría social

                Los resultados de las elecciones en el País Vasco han estado parejos a las previsiones que hizo el CIS a primeros de mes. Las urnas han precisado lo que el electorado vasco quiere: El PNV ha obtenido 27 diputados, por lo que ha perdido 4 respecto a los comicios de 2020; Bildu también ha obtenido 27 diputados, 6 más que en las anteriores elecciones; PSE-PSOE ha conseguido 12 diputados, sube 2, lejos de los 25 que tuvo en las elecciones de 2009, aunque en ascenso desde 2016 en las que cayó a 9; PP sube 1 diputado, al pasar de 6 a 7; Sumar consigue 1 diputado, al igual que VOX.Salvo por la desaparición de Podemos, que tenía 6 diputados en la legislatura anterior, la composición del Parlamento vasco no ha cambiado demasiado, por lo que no cabe esperar grandes cambios en la relación de los partidos vascos que vienen apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez. Así que, todos contentos.

                La campaña si se ha centrado en los asuntos sociales que más preocupan a la sociedad vasca, con la salvedad del intento de intoxicación al introducir la cuestión de ETA. Según la demoscopia, lo que más preocupa a la sociedad vasca es: el Empleo, la Sanidad y la Vivienda. La cuestión es si al votar al PNV, de ideología conservadora, ¿estaría el PNV a favor de la derogación de la Ley 15/97, ley que abre puertas y ventanas a la privatización de la Sanidad Pública?

                La misma pregunta, sobre la necesidad de defender la Sanidad Pública desprivatizándola, habría que hacérsela a Junts de cara a las elecciones en Cataluña para el 12 de mayo.

Lo que nos debiera preocupar a las trabajadoras y a los trabajadores

                Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud se define como: “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

                Es muy difícil tener un buen estado de “bienestar físico, mental y social”con salarios o pensiones de miseria. Cuando tienes que echar cuentas de a qué renuncias para llegar a final de mes. Es muy complicado gozar de buena salud mental, cuando tienes un trabajo precario, oa tiempo parcial y tienes que buscar cómo complementar los ingresos, cuando tu empresa te aplica un ERE o un ERTE porque prevé no ganar tanto como el año anterior, etc. Es difícil tener Salud.La Confederación de Salud Mental en España, en su informe de 2023, llegaba a conclusiones como las siguientes:

                “El 44,9% de la población afronta la situación actual con preocupación. Este sentimiento está más presente en          las personas adultas mayores de 55 años.”

                “Un 47,5% y un 39% de las personas están muy o bastante preocupadas por no poder hacer frente al pago de          sus facturas y el de su alquiler o hipoteca, respectivamente.”

                La falta de un futuro claro; precariedad en el empleo combinada con el excesivo precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, hacen que las y los jóvenes no vean a su alcance la emancipación, con la ansiedad que esa oscura perspectiva provoca.

                La sociedad está sometida a una barbarie que no es teórica.Cada vez son más los conflictos armados y más brutales. Lejos de trabajar por evitar la barbarie, vemos como los gobiernos y los partidos políticos se alinean con las posturas militaristas, en nuestro caso con los dictados de la OTAN y los USA, que es quien mueve los hilos en esa estructura militar.

                Observamos con preocupación que por parte del Gobierno no se verbaliza lo que es una evidencia, el Genocidio que se está perpetrando en Gaza contra el pueblo palestino. Las organizaciones sindicales tampoco parecen dar el paso de nombrar a las cosas por su nombre, Genocidio. Y ya de volcarse en la movilización ni hablemos. Se está tan pegado a la lógica del imperialismo hegemónico que nadie quiere verdaderamente ponerse al frente de la lucha contra la barbarie, la lucha contra la Guerra.

                Muchas son las preocupaciones de los trabajadores y a buen seguro serán reflejadas en la pancartas y lemas de las manifestaciones del 1º de mayo. El problema es que la mayoría social, la clase trabajadora, no parece tener las organizaciones políticas que defiendan sus intereses ni que estén dispuestos a luchar por ellos.

El Comité de Redacción

El Ataque Fascista de PP y VOX, Contra las leyes de la “Memoria Democrática e Histórica”

La primera Ley de Memoria Histórica, se hizo con Zapatero. Fue la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, en la que se reconocieron y ampliaron derechos, además de establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

La memoria histórica siempre ha existido, incluso durante los años oscuros de silencio y miedo que impuso la Dictadura.

La Ley de Zapatero y su Gobierno, corregía la inteligencia ocultista que se conformó con la Transición, que ocultó hechos reales sobre la Segunda República, el golpe de Estado de los fascistas que provocó la Guerra Civil, el Franquismo y sobre la propia Transición, sin olvidar que durante la dictadura se cultivó el olvido a base de represión y el único relato permitido fue el de los vencedores, pasando los vencidos a ser los nadies.

Fue una ley controvertida y atacada por el PP desde el primer momento, quien siempre ha tenido entre sus proyectos, la derogación de esa ley y la persecución de la memoria histórica, que, como se verá, ya están ejecutando mediante la derogación de las leyes autonómicas sobre Memoria Histórica, siendo sustituidas por supuestas Leyes de “Concordia”, que no persiguen sino mantener la impunidad del franquismo y reescribir la Historia.

La segunda Ley de Memoria Histórica, ahora llamada Ley de Memoria Democrática, se ha publicado y entrado en vigor con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y es la Ley 20/22 de 19 de octubre.

Son muchos y necesarios los objetivos que persigue esta ley, siendo prioritarios, el fomento del conocimiento de las etapas anteriores a la Dictadura, acaecidas con la II República Española, el golpe de Estado militar y fascista, la Guerra Civil que provocó y las cuatro largas décadas de oscuridad de la Dictadura de Franco. Es decir, el conocimiento de la verdad como un derecho de las víctimas y sus descendientes, la promoción de la justicia y el fomento de la reparación, con el más exquisito respeto a los Derechos Humanos, debiendo hacer suyos esos objetivos, esa Memoria Histórica, los Poderes Públicos, para evitar que hechos de violencia y represión política, puedan repetirse, ya que “El Pueblo que olvida su Historia, está condenado a repetirla”, frase que da la bienvenida a los visitantes en el Campo de Concentración nazi de Auschwitz.

Como expresa el Preámbulo de la Ley, la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la Dictadura, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede escribirse desde los vencedores con el olvido y el silencio de los vencidos.

Como en la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, desde el principio, los partidos herederos ideológicos del fascismo, PP y VOX, han estado contraviniendo la Ley y poniendo toda suerte de obstáculos e incluso, obviándola en sus actuaciones oficiales desde los poderes de las CCAA y los Ayuntamientos en manos de la extrema derecha, recuérdese, la lucha mantenida para mantener el nombre fascista de muchas calles, o la innoble retirada de los nombres de los asesinados por fusilamiento, en el mausoleo del cementerio del Este, hoy, de la Almudena de Madrid, realizada por el alcalde de Madrid que, como todos sabemos es del PP y mantiene excelentes relaciones con los fascistas de VOX.

Desde las CCAA donde derecha y ultra derecha gobiernan en coalición, han comenzado una ofensiva para derogar las Leyes de Memoria Democrática y cualquier avance legislativo para el reconocimiento de las víctimas del franquismo, lo que ya iniciara el PP en la época de Zapatero, y ahora, reforzado y estimulado por los fascistas de VOX, ofensiva que, paralelamente, conlleva la aprobación de leyes, mal llamadas de “Concordia”.

En efecto, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Mallorca y País Valenciano, son las Comunidades Autónomas que han derogado sus leyes de Memoria Democrática y están siendo sustituidas por leyes de “Concordia”.

La realidad es que esa pretendida concordia que dicen perseguir populares y extrema derecha, no significa sino preservar la impunidad de los crímenes franquistas, no contar la historia de quiénes eran los golpistas y mantener, sobre todo, ignorar gravísimos hechos cometidos por los golpistas en el pasado, siendo así que la legislación sobre esa supuesta concordia, no son sino leyes de impunidad del franquismo.

Como escribe Adrián Parrondo, en el periódico digital, “Los Replicantes”, el 7 de abril del corriente, “uno de los casos más llamativos, en relación con las leyes de “Concordia” que pretenden sustituir las leyes de Memoria Democrática, ocurre en Castilla y León, una autonomía que aprobó una norma sobre memoria histórica durante el mandato del representante del PP, Juan Vicente Herrera y de la que hizo gala porque se apartaba de la línea establecida por la Ley de Memoria Histórica Nacional”.

“Las leyes de Concordia diseñadas por PP y VOX equiparan el franquismo con todo el período de la II República y entiende el período incluido dentro de sus legislaciones hasta 1931, mientras que la Memoria Democrática se centra en la reparación de la Dictadura y la Guerra de España. Y es curioso cómo en todo el texto de la Ley, en Castilla Y León, no se menciona ni una sola vez la palabra dictadura, refiriéndose a este período como una extensión de la Guerra Civil, aseverando que la Constitución de 1978 puso fin al enfrentamiento civil y consagró la concordia entre los españoles.”

En definitiva, se pretende blanquear todo lo ocurrido durante la Dictadura y reescribir la historia, que, en realidad, les importa un pito, de lo que se trata es de que la Segunda República, sea la culpable de todos los males que le han pasado a este País desde el 12 de abril de 1931, hasta nuestros días.

En la Comunidad Valenciana, por otra parte, causa auténtica vergüenza el desconocimiento que tienen de la historia. Han considerado que tiene que ser desde 1931 para que se incluyan, si existieran, las víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular, lo que demuestra que son unos auténticos ignorantes, porque el Frente Popular arranca en 1936 y lo de 1931 es la proclamación de la Segunda República Española.

Alfons Cervera, en Infolibre de 17 de abril del corriente, expresa que “la Ley de Concordia es un homenaje al golpismo,”.

Desde 1931, los fascistas, hoy los sucesores de aquellos, PP y VOX, vienen enredando e intoxicando la Sociedad “para acabar con todo lo que huela a democracia”, y de ahí, las derogaciones de las leyes de Memoria Democrática y su sustitución por leyes de “Concordia”, que sólo persiguen “el regreso a los tiempos oscuros del franquismo”.

Afortunadamente, todo lo que se derogue por tales leyes, será asumido por el Gobierno de la Nación, y desde luego, nuestro presidente Pedro Sánchez, ya ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional tales agresiones y sus derogaciones, a las Leyes de Memoria Democrática.

Termino recordando que, durante la Dictadura, los hijos de Caído, no pagaban matrícula de estudios y que, jocosamente, se decía que había dos categorías de caballeros, el Caballero Mutilado y el jodío rojo.

Miguel Sagüés
Militante socialista de Madrid

Apoyo a Sanchez

UGT ante el anuncio efectuado por el Presidente del Gobierno de la nación, en el que manifiesta abrir un periodo de reflexión sobre su continuidad al frente del ejecutivo sin apenas un año de legislatura quiere manifestar lo siguiente:

Entendemos el lado humano que recoge Pedro Sánchez en su carta a la ciudadanía, por lo que queremos trasladar nuestra solidaridad personal. Los ataques injustificados que desbordan el ámbito político y tratan de aniquilar al hombre y a su familia, llevan demasiado tiempo anclados en el panorama político. Es necesario erradicar este tipo de comportamientos que han convertido el debate entre diferentes en una ciénaga, con un aire absolutamente irrespirable que puede terminar dinamitando la propia democracia. Hay límites que no se deberían franquear. En beneficio de la propia sociedad española, debemos recuperar el lado humano de las relaciones personales en la política. Las campañas de acoso basadas en datos que ni la propia denunciante reconoce deben desaparecer de inmediato.

Mostramosnuestra preocupación porque maniobras fraudulentas e ilegitimas puedan subvertir el veredicto democrático de los ciudadanos y ciudadanas. Los Gobiernos democráticos son elegidos por la ciudadanía. Debemos impedir confabulaciones que son demasiado parecidas a la que consiguió hacer caer al primer ministro socialista portugués, y que ponen en juego la pervivencia de nuestra democracia.

Reivindicamos la agenda social de los gobiernos de coalición, que están mejorando la vida de la gente, especialmente de las clases trabajadoras, de nuestro país. Las importantes conquistas alcanzadas durante la gestión de Pedro Sánchez nos obligan a defender su conservación y mejora, manteniendo el gobierno sustentado por la mayoría parlamentaria que lo posibilitó. Pensamos que estas conquistas sociales han sido el germen de este ataque a la arquitectura básica del Estado Social y Democrático de Derecho.

Por último, consideramosque se ha tornado imprescindible la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado durante más de 5 años, y cuyo actual sistema de elección fue promulgado en tiempos de mayoría absoluta de los que ahora, con la excusa de su cambio, impiden el cumplimiento de nuestro texto Constitucional.

Conscientes de que muchos cuadros y afiliados y afiliadas a nuestra organización, han traslado su deseo de trasladar al presidente su apoyo y solidaridad habilitamos el correo electrónico animopedrosanchez@colabora.ugt.org

Unión General de Trabajadoras y Trabajadores

Avda. de América, 25 – 28002 Madrid – Tel.: +34 915 897 100

www.ugt.es