¡Lo que está ocurriendo en Gaza es un Genocidio!

El 27 de enero, Manifestación estatal en Madrid 

En el mes de octubre pasado, siendo presidente semestral del Consejo Europeo de la UE, Pedro Sánchez apostaba por una Conferencia de paz, para dentro de seis meses, dijo. Se han superado los tres meses desde que el Estado israelí reaccionase a los ataques del 7 de octubre, llevados a cabo por Hamás, ataques que, en palabras del Secretario General de la ONU, “no surgieron de la nada”. 

En estos tres meses, el ejército de Netanyahu está masacrando la Franja de Gaza matando a casi 25.000 palestinos; una mayoría de las victimas son mujeres y niños. Si aún faltan tres meses para esa hipotética conferencia de paz, ¿significa que hay que llegar a los 50.000 muertos para que cese el exterminio? Es inaceptable ver como el mundo occidental está mirando para otro lado, dejando que se cometa esta atrocidad, guardando silencio y/o balbuceando, de vez en cuando, tímidos llamamientos infructuosos de Alto el Fuego. 

Alguien puede pensar que qué puede hacer nuestro Gobierno (PSOE y Sumar) y los partidos parlamentarios que lo apoyan. Ciertamente no está en manos del gobierno de Pedro Sánchez parar la masacre, máxime cuando Estados Unidos y Reino Unido están dando cobertura militar y la UE apoya sin rubor el acto criminal del Estado de Israel. Pero hay cosas que sí se pueden hacer, que solo dependen de la voluntad política de cada Estado: 

  • Se pueden romper relaciones diplomáticas con Israel, ante la salvajada que están cometiendo contra el pueblo palestino. 
  • Se puede dejar de vender y comprar armamento: en 2023, España aprobó la venta de armas por valor de 9,3 millones de euros a Israel. Y, en la década 2011 a 2021, nuestro país ha comprado armamento a Israel por valor de 268 millones de euros, una media de 27 millones anuales. 
  • Nuestro Gobierno, podría adherirse o apoyar la demanda que Sudáfrica ha interpuesto contra Israel, por Genocidio, ante la Corte Penal Internacional.  

Se pueden hacer muchas cosas antes que seguir en silencio ante un crimen de lesa humanidad. 

Es probable que todos y todas seamos un poco cómplices -particularmente las organizaciones que dicen defender los intereses de la mayoría social, los trabajadores-, aquellos que nunca se hayan pronunciado o preocupado por lo que llaman “el conflicto en Palestina”. La palabra conflicto resulta neutra. La realidad es que hace más de 100 años el colonialismo británico, con la colaboración de la Sociedad de Naciones, decidieron ocupar Palestina. En 1947, impusieron la partición de Palestina en dos Estados; imposición que solo ha generado muerte, destrucción y exilio para el pueblo Palestino. 

Conferencias de paz, acuerdos, declaraciones… son palabrería para que todo siga igual. Palestinos e israelíes deberían poder tener la oportunidad de vivir en paz en un solo Estado, laico y democrático. 

Apoyamos la Manifestación estatal en Madrid

27 de enero, a las 16:00, de Atocha a Plaza de España 

Todos unidos contra el Genocidio 

Comité de Redacción

Asociación Trabajo y Democracia

Os convocamos al acto debate:
“Amnistía para el entendimiento
o para la confrontación”

9 de enero de 2024, 19:00
Sala ciudad de Úbeda. Ateneo de Madrid

Contaremos con la participación de:

Manuel de la Rocha Rubí
Ex diputado socialista en el Congreso
Gloria Elizo Serrano
Jurista y ex vicepresidenta del Congreso de los Diputados
Safira Cantos Salah
Directora General de la Fundación Hay Derecho
Enrique del Olmo García
Sociólogo

Modera:

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE

¡Alto el fuego inmediato, levantamiento del bloqueo de Gaza!

Resolución del CATP desolidaridad y apoyo a los trabajadores y pueblos de Palestina

ras el ataque de milicianos de Hamas y otras organizaciones, lanzado desde Gaza el pasado 7 de octubre, que provocó la muerte de cientos de israelíes y numerosos heridos y rehenes, el Gobierno de Israel ha respondido con bombardeos indiscriminados, que han causado la muerte de miles de ciudadanos, incluyendo más de 800 niños. El Gobierno sionista ha declarado el Estado de guerra y anuncia una próxima ocupación militar de Gaza. Al mismo tiempo ha privado a los dos millones de habitantes de la Franja de Gaza de agua, luz, alimentos y combustible, una medida de represalia contra la población que es considerada como un crimen de guerra.

Esta declaración de guerra del Gobierno de Netanyahu, convertido en Gobierno de “unidad nacional” con la entrada de los que hasta ayer se oponían a él, forma parte, en realidad, de una política de limpieza étnica contra el pueblo palestino que comenzó hace más de 75 años. El apartheid y la ocupación sionista, así como la complicidad de los Estados Unidos y con el apoyo o silencio cómplice de sus aliados europeos están en el base de esta escalada genocida, justificada en nombre de la supremacía judía y, posteriormente, de la lucha contra el terrorismo, y que emplea con total impunidad las expulsiones violentas, encarcelamientos, demoliciones de viviendas, asesinatos en masa, redadas militares en campos de refugiados, asedio implacable y humillaciones diarias a la población de toda Palestina.

Varios factores han conducido a esta situación, en particular la partición de Palestina decidida en 1948 por la ONU bajo la égida de Churchill, Stalin y Truman, justificada con la falsa suposición de que el establecimiento de un Estado sionista era la solución para no volver a ver nunca más los exterminios perpetrados bajo la égida del nazismo. La partición de 1948, seguida de la expulsión del territorio israelita de cientos de miles de árabes palestinos, fue continuada con una nueva expulsión masiva en 1967, tras la “guerra de los seis días”, y, en 1993, con los Acuerdos de Oslo, que proponen la creación de dos Estados, judío y palestino, sobre el territorio de Palestina, así como por numerosas resoluciones de la ONU que, en el mejor de los casos, nunca pasaron de ser “papel mojado”.

Pero, más allá de la impotencia (o de la hipocresía) de las resoluciones internacionales, los hechos se impone: la partición de Palestina de 1948 y el acuerdo de nueva partición de Oslo, no aportan, no pueden aportar, ninguna solución a la situación de Palestina. Los hechos, después de 70 años, demuestran que sólo pueden traer violencia y destrucción.

Porque, nadie puede ignorar que las amenazas y bombas del ejército israelí, que hoy siguen cayendo sobre Gaza y otros territorios cercanos, forman parte de una guerra más amplia entre la OTAN y los trabajadores y pueblos que resisten la dominación y el expolio imperialista. Una guerra, como sucede en Ucrania, que no es solo militar, es de rapiña de los recursos básicos y también social, de recortes presupuestarios y supresión de derechos a los trabajadores y pueblos de los propios países. Una guerra en la que están involucrados los Gobiernos europeos directamente, aunque haya diferencias entre ellos y, entre ellos el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Los trabajadores de Palestina y de Israel no quieren más crímenes, apartheid, ni explotación. No quieren más guerra genocida. Al igual que la gran mayoría de las poblaciones de ambos territorios, quieren unas condiciones dignas de vida y un futuro de paz y fraternidad.

Para ello no hay más salida que construir un estado único, libre y democrático, con igualdad de derechos para toda raza o religión, sin injerencias ni imposiciones externas.

De inmediato, hay que parar la escalada militar en curso, poner fin a los bombardeos, permitir el acceso de la población de Gaza a bienes de primera necesidad. Los trabajadores y los pueblos del Estado español llamamos a la movilización exigiendo el fin del bloqueo a Gaza y acabar con esta espiral de violencia mortífera en Palestina.

En esta difícil y sombría situación hay un destello de esperanza, la de esos palestinos y esos judíos israelíes que, juntos, lanzaron un llamamiento e impulsaron una «campaña por un solo Estado» en el que puedan vivir judíos y árabes en igualdad. Es el único camino para no caer definitivamente en el abismo de la barbarie.

Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)
18deoctubrede2023
conferencia.catp@gmail.com

Ganó la democracia

El pasado 23 de julio tuvieron lugar elecciones generales en España, con unos resultados que reflejan la pluralidad, la diversidad territorial y política de los ciudadanos y que han puesto de manifiesto su rechazo a un gobierno PP con VOX que suponía retroceso en libertades y conquistas sociales como así está ocurriendo donde ya gobiernan.

El encargo de formar gobierno al líder del PP resultó una investidura fallida, quedando demostrado que solo pueden pactar la derecha extrema con la ultra derecha, mimetizándose con ella, e igualmente fracasó en sus intentos de romper y corromper al PSOE.

El posterior encargo de formar gobierno al líder del PSOE ha supuesto que esa diversidad y pluralidad política, haya logrado acordar con la mayoría de fuerzas políticas, de nuestro parlamento.(SUMAR, EH BILDU, ERC, JUNTS, PNV, BNG y

C.CANARIA). Desde IS-PSOE nos congratulamos de que finalmente, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, haya sido elegido presidente del gobierno, dando paso a la continuidad de avances sociales, consolidación de derechos civiles y poniendo a los ciudadanos como eje de sus políticas.

La posibilidad de otros cuatro años de gobierno progresista ha enaltecido a las derechas, democráticas y no democráticas, que alimentan un ambiente de odio, crispación y mentiras, todo apoyado por distintos grupos de presión, desde empresariales, medios de información, posicionamientos de órganos judiciales caducados o cúpulas eclesiásticas. Basan su campaña en contra de la ley de amnistía, para enmascarar sus motivos reales: la no aceptación de la voluntad expresada por los ciudadanos con sus votos y sí el rechazo a

un gobierno de progreso PSOE-Sumar porque no responde a sus intereses. SE CREEN PROPIETARIOS DEL PODER.

Desde IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE instamos al PP, principal partido de la oposición, que asuma el resultado electoral, respete la democracia parlamentaria, donde reside la soberanía popular, tal y como recoge la Constitución del 78. Igualmente, exigimos que desde el PP rechacen firmemente y sin especulaciones los llamamientos a la algarada, revuelta y desobediencia de servidores del estado, los ataques a las sedes socialistas, como forma de hacer política, en un intento de suplantar los resultados electorales. No podemos dejar que la violencia política quede impune, una cosa es respetar los derechos a la libertad de expresión y manifestación recogidos en nuestra constitución y otra utilizarlos para socavar la democracia y atacar sus instituciones.

Por ello, desde IS-PSOE expresamos nuestra más absoluta y contundente repulsa a los ataques violentos a las CASAS DEL PUEBLO, sedes del PSOE, partido con 144 años de historia. Las casas del pueblo deben funcionar con total normalidad y esto debe estar garantizado a través de las medidas legales que correspondan en defensa de la democracia y las instituciones, frente a estos grupos neonazis y fascistas que están tomando las calles. Es inaceptable que grupos neofranquistas y de derecha extrema ataquen nuestras sedes y a nuestros militantes con señalamientos, agresiones y amenazas muy graves.

Los y las socialistas no daremos ningún paso atrás, seguiremos defendiendo la democracia y luchando contra las desigualdades y en pro de la justicia social.

ATACAR la democracia, NUNCA puede ser la forma de hacer política

Unidos contra el franquismo.

El pasado lunes 20N conmemoramos el aniversario de la muerte del dictador. Sin embargo, todos los militantes socialistas hemos visto como el franquismo sigue vivo. De hecho, se han trasladado de la plaza Oriente a la calle Ferraz en Madrid para asediar la sede socialista. Desde la muerte de Franco no se han vivido momentos de tanta tensión, protagonizados por la caye-borroka, los falangistas de toda la vida, los ultracatólicos, y grupos neonazis, todos convocados por VOX y PP para plantar cara al socialismo y animar a un golpe de estado al ritmo del cara al sol.

El debate de investidura de Pedro Sánchez fue el telón de fondo para evidenciar la existencia de un frente de partidos unidos contra el franquismo. Patxi López estuvo magistral en su defensa del socialismo y en sus ataques a la derecha y ultraderecha, pero también los representantes de los otros siete grupos que apoyaron la investidura de Pedro, dejaron bien claro lo que representan PP y VOX.

Gracias a ese acuerdo antifranquista podemos tener un presidente del gobierno socialista y un consejo de ministros progresistas que debe tirar adelante la difícil tarea del mandato de la mayoría social de este país: mejora de las pensiones, disminución de la jornada laboral, la amnistía que normalice la política, becas, freno al precio de los alimentos, y un largo etcétera de compromisos, que eso sí, deja algunas lagunas y trae algunos riesgos importantes: la necesaria auditoría a las cuentas de la seguridad social, el troceamiento de los servicios públicos (la gestión vasca de la Seguridad Social y la transferencia del servicio ferroviario de

cercanías a Catalunya, son buenos ejemplos que cuentan con la oposición de los empleados públicos), un nuevo estatuto de los trabajadores (a lo mejor con recuperar el que teníamos era suficiente).

No será una legislatura fácil para los socialistas. Tenemos la difícil tarea de tirar adelante reformas progresistas y mantener los servicios públicos revirtiendo las privatizaciones, y no cayendo en la trampa del troceamiento de los servicios públicos (más fácilmente privatizables), pero sobretodo, necesitamos garantizar la unidad de acción de la mayoría antifranquista y trumpista, no solo para pararles los pies en el terreno político, sino también en las calles, en la defensa de nuestras sedes.

La letra del himno de Catalunya dice «ahora es hora de estar alerta», y ciertamente, aunque no estamos en el 36, además de los cánticos fascistas y neonazis a los que no nos acostumbraremos nunca, se empieza a escuchar ruído de sables. Se han pronunciado algunos militares, se han pronunciado algunos colectivos de guardias civiles, y…

¡ cuidado!. La contención de la policía en las manifestaciones «ilegales» de los franquistas no tiene nada que ver con la represión de las manifestaciones obreras. ¿Recuerdan aquella tanqueta que sacaron a pasear con ocasión de la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz?. Ahora es hora de estar alerta.

Carlos Rodríguez
Militante socialista de Lleida

Acto público Pedro Sánchez en Madrid

Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, han intervenido en el primer acto de los socialistas tras la reciente conformación del Ejecutivo, en el pabellón principal de IFEMA, en Madrid, ante unos 10.000 militantes del partido.

Narbona ha agradecido a la militancia y a los trabajadores socialistas su esfuerzo ante las protestas frente a las sedes del partido. «Es el día de agradecer vuestro apoyo en los momentos tan complicados que hemos vivido. Y es también el día de lamentar los ataques sufridos en las sedes socialistas, y mandar un apoyo a todos nuestros trabajadores y trabajadoras, y en particular, en nuestra sede de Ferraz».

Zapatero ha ironizado con que el PP está «teniendo una digestión muy pesada» de que Sánchez sea presidente. El expresidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre la ley de amnistía, de la que ha dicho «Evidentemente, la ley de amnistía es un acto político en un contexto concreto. Pero tengo que decir que a la democracia le sienta bien la generosidad. Hay que ser valiente para hacer ciertas cosas, yo también tuve que hacerlo. Los cambios que se hacen con valentía, que reforman, que integran, son los que hacen avanzar un país. Y desde aquí quiero reconocer la valentía de Pedro Sánchez con esta ley de amnistía».

Por su parte, Pedro Sánchez ha comenzado su intervención reivindicando la formación del Ejecutivo y ha continuado hilando con lo que está previsto que sea uno de los principales desafíos de la nueva legislatura: la vivienda.

También se ha pronunciado sobre la situación en Israel y Palestina reiterando lo que ya dijo hace unos días en Jerusalén, donde definió de «insoportable» el elevado número de civiles palestinos muertos bajo los ataques israelíes, y señaló que era necesario trabajar en el reconocimiento del Estado palestino.

«Condenar los viles atentados de una banda terrorista como Hamás, y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles en Palestina, no es una cuestión de partidos, ni de ideología, ni de estar a favor o en contra de nadie, sino de humanidad. España siempre ha estado del lado de la paz», ha defendido.

Por último, Sánchez ha acabado su intervención reinvindicando la labor de gobierno, señalado que «su deber» es representar a toda la ciudadanía, especialmente a aquella que se «horroriza» ante los discursos de Vox: «Nuestro deber no es únicamente representar a las personas socialdemócratas y progresistas, sino también, a aquellas personas que aunque no comulguen del todo con nosotros, se horrorizan ante las barbaridades que dice Vox y ante la derecha que les ha comprado el relato y ha tolerado sus discursos».

«Nosotros fomentamos el bono cultural, ellos censuran la cultura. Nosotros luchamos activamente contra la violencia machista, y ellos la banalizan. Nosotros hemos subido un 47% el salario mínimo en la legislatura y ellos han votado constantemente en contra de cualquier avance social. O se tienen proyectos que defiendan la igualdad y el progreso, o todo lo que hay es ruido e insultos. Pero de momento, tendrán que esperar, porque lo que hay por delante son otros cuatro años de Gobierno progresista en España».

Corresponsal TS en Madrid

La revuelta de las togas y los aguiluchos

Durante las semanas previas a la investidura, la derecha y la ultraderecha han intentado evitar por tierra, mar y aire, que los partidos antifranquistas llegaran a acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez y la conformación de un gobierno de coalición y de progreso.

Se han pronunciado y movilizado la totalidad de los medios de comunicación de la derecha, la patronal CEOE, los guardia civiles, el CGPJ, el juez García Castellón de la Audiencia Nacional, el PP, VOX y los grupos de extrema derecha satélites de estos partidos.

Los ataques a la sede del PSOE, con la excusa de las protestas contra la ley de amnistía han sido lugar común para el encuentro de los grupúsculos de la ultraderecha («hazte oír», «Desokupa», «los Ultrasur» y grupos abiertamente franquistas, como la falange y VOX) y de la derecha más rancia con Aznar, Ayuso y Esperanza Aguirre como cabezas más visibles. En las movilizaciones de estos herederos del franquismo se coreaba el cara al sol, además de proclamas homófobas, racistas y ultracatólicas).

Si comparamos estas manifestaciones con las que normalmente convocan los trabajadores para defender sus derechos observaremos que en las manifestaciones obreras existe la obligación de comunicar el recorrido de las mismas a la delegación de gobierno, mientras que en estas convocadas por la ultraderecha no ha sido así. Ni que decir tiene que la dureza con la que la policía reprime las manifestaciones obreras no tiene nada que ver con la tibieza de la actuación policial de estos días, que incluso han llegado a escoltar a los grupos neonazis.

Sin embargo, pese a que el protagonismo se lo ha llevado las protestas en la calle, especialmente frente a la sede de Ferraz, estas han ido acompañadas, de forma «casualmente» sincronizada, por algunas resoluciones judiciales como la del caduco Consejo General del Poder Judicial.

La des-facha-tez no tiene límites: el CGPJ cuya función prinicipal es el gobierno de los jueces y garantizar su independencia sin emitir declaraciones institucionales de parte, y manteniendo, por tanto, una necesaria neutralidad política, emitió una declaración «preventiva» antes de que la ley de

amnistía fuera siquiera presentada, cuando menos promulgada. Los que tanto defienden la separación de poderes, se la pasan por el forro cuando lo que está en juego es garantizar un gobierno de progreso. A todo esto, el CGPJ hace 5 años que debería haberse renovado, y tiene en su composición una mayoría conservadora gracias al bloqueo del PP, incumpliendo el mandato constitucional.

Por otro lado, tampoco es casual que cuando se estaban a punto de cerrar los acuerdos entre el PSOE y Junts, el juez de la Audiencia Nacional, Garcías Castellón, anunciara el procesamiento de Carles Puigdemont, Marta Rovira, exsecretaria general de ERC, y otras diez personas relacionadas con el procès, por terrorismo. ¿otra casualidad?

Recordemos que la Audiencia Nacional es una instancia judicial heredera del Tribunal de Orden Público franquista. Cuando este Tribunal fue reemplazado por la Audiencia Nacional, en él se integraron 10 de los 16 jueces del extinto Tribunal.

Recordemos también que la Audiencia Nacional, ha protagonizado en los últimos años algunos de los escándalos más notables de nuestra democracia: no han sido capaces de determinar quién es el «M.Rajoy» de los papeles de Bárcenas; han lanzado 20 causas judiciales contra podemos, que han tenido que cerrarse al no encontrar delito alguno

Ojo con la guardia civil: la asociación de guardias civiles APROGC ha lanzado, casualmente, un comunicado en que se declaran dispuestos a “derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”. Otras cinco asociaciones, incluyendo la mayoritaria Jucil, se han pronunciado contra la amnistía y contra los acuerdos PSOE-Junts. ¿Organizaciones militares pronunciándose en cuestiones políticas?

Todo este cúmulo de coincidencias no es una casualidad, sino más bien obedecen a una causalidad. La causa a la que obedecen es la del movimiento nacional católico, la del franquismo, aún presente en nuestras instituciones, y que son un serio obstáculo para consolidar los derechos conquistados en los últimos años, avanzar en la convivencia y fraternidad de un estado plurinacional como España, y para conseguir nuevos derechos y conquistas sociales como aspira la mayoría social de nuestro país.

Mucho me temo, que este trumpismo franquista no va a parar de torpedear las aspiraciones de progreso que necesita la clase trabajadora de nuestro país.

Baltasar Santos
TS Cataluña.

La sociedad tiene derecho a no quedarse anclada

A los políticos se les debería recordar por lo que hacen y no por lo que dicen. En este país, ha habido gobiernos que han tomado decisiones dignas de recordar por su determinación, incluso contra la opinión de los “suyos”.

Es de justicia mencionar a Adolfo Suarez, cuando en abril de 1977 legalizó al Partido Comunista de España (PCE), máxime viendo de donde venía Suarez: desde 1958 formó parte de la Secretaría General del Movimiento Nacional, entre otros altos cargos en la etapa franquista.

Cómo no reconocer la Ley General de Sanidad de 1986, conocida como “Ley de Sanidad Universal”, sacada adelante por el primer Gobierno de Felipe González. Ley fraguada por el Ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch (asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000). Una ley rechazada ferozmente por Alianza Popular, hoy PP.

Del primer Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero hay que resaltar la valentía en el proceso de negociación con ETA, de 2005 a 2007, a pesar de las posiciones refractarias que encontró fuera y dentro del PSOE. Así como la firmeza que demostró cuando dio la orden de retirar las tropas de Irak, en 2004, no subordinándose a la Administración Bush.

Claro que estos presidentes y sus gobiernos cometieron errores y tomaron decisiones impopulares, pero hay que hacer balance de los hechos concretos: ¿no es el Estado español más plural con libertad de partidos?, ¿no hemos alcanzado altas cotas de calidad sanitaria? -a pesar de que la Sanidad Pública sufre un franco deterioro- ¿no es mejor la discrepancia de algunos de los posicionamientos de la izquierda abertzale que los atentados?

Contra estas y otras medidas del gobierno de turno se han organizado manifestaciones, se ha votado en contra en el Congreso y el Senado y se ha despotricado en los medios por parte de la derecha.

Hoy vemos lo mismo, con un actor que antes no estaba o no estaba emancipado del PP: la extrema derecha: VOX, nace en diciembre de 2013 de la mano de Abascal al que se suma formalmente, un mes después, Vidal Cuadras -presidente del PP de Cataluña de 1991 a 1996-.

El común denominador del rechazo ideológico contra las medidas de progreso, ha sido el “Se rompe España”. Lo que nunca terminan de decir es qué España es la que se rompe: ¿la que muere o la que bosteza? (Antonio Machado); ¿la de los comisionistas?; ¿la de los millonarios cuyas fortunas no paran de crecer?: ¿la que sale a la calle a exigir el Alto el fuego en Palestina o la que otorga medallas de “honor” al genocida?…

El PP defiende a su España, y lo hace con muy poca vergüenza. Es el mismo partido que en 1996, Aznar, quien hoy alienta al tumulto callejero “quien pueda hacer que haga”, pactó un acuerdo de legislatura con la CIU del corrupto Pujol. Juns, heredero de CIU, es el mismo Partido del que, en el mes de agosto pasado, Feijóo decía que “es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, claro que en esos momentos optaba a que le prestasen sus votos para su investidura.

Como socialistas, no estamos de acuerdo con los nacionalismos. Pero no con unos sí y con otros no o ahora sí y ahora no, con ninguno y siempre; con el nacionalismo español tampoco. La derecha de siempre confunde España con sus intereses, como lo hacen el nacionalismo vasco y el catalán, como lo han hecho siempre las minorías sociales privilegiadas (la clase burguesa) frente a las mayorías sociales que solo cuentan con el esfuerzo de su trabajo para vivir (la clase trabajadora).

Ya veremos, con el paso del tiempo, el desarrollo de la Ley de Amnistía y de esta legislatura que se acerca, pero desde ya valoramos muy en positivo la determinación de Pedro Sánchez en alcanzar un acuerdo con todos los partidos antifranquistas, sean de izquierdas o de derechas, como es el caso de PNV y Juns.

Ojalá que esta actitud se mantenga en el gobierno que se forme en las próximas fechas, pues de la legislatura que termina quedan muchas cuestiones por resolver. Cuestiones sentidas y reivindicadas por la mayoría social que apoyó a la izquierda en las elecciones del 23 de julio: derogación de todos los aspectos lesivos para los trabajadores y trabajadoras, introducidos por las reformas laborales de 2010 y 2012; derogación de la “Ley Mordaza”, impuesta por la mayoría absoluta del PP para reprimir la respuesta de la mayoría social a sus políticas sociales y económicas; encargo de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como mandata la Ley 21/2021; implicarse en la coordinación y solución del deterioro y destrucción de la Sanidad Pública, producto de la desinversión y privatización de la Sanidad; legislación estatal de las Residencias de mayores… Esperamos que todos estos asuntos, y otros no enumerados, sean abordados por el nuevo gobierno.

De la misma manera, y en línea con la determinación mostrada en estos momentos, esperamos una reorientación de la política del Gobierno respecto a los conflictos bélicos.

Resulta insoportable que llevemos un mes de bombardeos y exterminio de la población civil de la Franja de Gaza, por parte del ejército de Netanyahu, y que, desde los gobiernos de la UE, incluido el nuestro, solo escuchemos “prudentes” palabras de parar la mal llamada guerra -en este conflicto solo hay un ejército, el israelí- y una propuesta de Conferencia de paz para dentro de 6 meses.

Este sometimiento a la posición de la Administración Biden está en línea con la exigencia permanente de la OTAN de incremento de gasto para la guerra en Ucrania; una manera directa de alimentar la guerra, sin que esto signifique compartir la invasión del Este de Ucrania por parte de las tropas de Putin -Vease el Manifiesto internacional contra la Guerra que ha sido publicado en diversas ocasiones en las páginas de Tribuna Socialista-. Una guerra que está desangrando a la juventud ucraniana y también a la rusa. Y de paso está empobreciendo a los pueblos de Europa y arrasando con derechos y servicios públicos.

De la misma manera, es insoportable la posición xenófoba y racista de la derecha contra la llegada de inmigrantes, los que llegan, y que nadie señale la situación neocolonial que el Estado francés, mantiene en los países de Sahel.

Sabemos que avanzar no es fácil, requiere esfuerzo. Lo comodón, sobre todo para quienes viven confortablemente, es quedarse como estamos. Pero la sociedad, su mayoría, tiene derecho a no quedar anclada.

Los hechos vividos en estos meses, en relación con el proceso para reeditar un gobierno de progreso, nos enseñan, una vez más en la historia, que lo que permite avanzar es la voluntad política de llevar a cabo decisiones en favor de los intereses de la mayoría: es el mejor antídoto contra el fascismo.

El Comité de Redacción

IZQUIERDA SOCIALISTA–PSOE ante proceso gobierno de España PSOE-SUMAR

Consulta a la militancia sobre el acuerdo con SUMAR y las negociaciones con el resto de partidos.

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez intervino en el máximo órgano entre congresos del PSOE, el comité federal, para hacer una defensa del pacto al que se ha llegado con SUMAR, y también para defender, sin tapujos, la amnistía de los delitos del procés que permitirían, supuestamente, alcanzar el número necesario de apoyos para conseguir la investidura como presidente del gobierno. Inmediatamente, se convocaba a los militantes de las distintas formaciones políticas federadas en el PSOE a una consulta popular para expresar el apoyo o rechazo de la militancia a estos acuerdos y negociaciones.

Como primer secretario de la agrupación socialista del Vendrell he defendido la amnistía y la necesidad de llegar a acuerdos con todas las fuerzas antifranquistas, desde el primer momento. Las negociaciones con todos los grupos excepto PP y VOX porque es necesario una reedición del gobierno de progreso que permita consolidar los avances de los últimos años, y sobre todo, porque es necesario profundizar en esos avances, que aunque avances no han sido tampoco para tirar cohetes.

Es necesario un gobierno de progreso que permita el acceso a una vivienda digna, para fortalecer la calidad del empleo, para asegurar una educación pública y de calidad en todas las fases del proceso educativo, para revertir la privatización de la sanidad y asegurar una sanidad pública y de calidad, para que haya más becas, para recuperar el poder adquisitivo de los salarios frente a los beneficios de las multinacionales, la banca, y el poder economico-financiero, para abolir la ley mordaza, para asegurar las pensiones presentes y futuras y para impulsar un nuevo marco institucional de relación entre los distintos pueblos de España, que bajo mi punto de vista pasa por un federalismo republicano.

Así lo he defendido también en el consejo de federación de Tarragona, debatiendo con algunos compañeros y compañeras que mostraban sus reticencias a pactar con Puigdemon y escépticos de que cualquier pacto con Junts sirva para normalizar la vida política en Catalunya.

Sea como fuere, el apoyo a la consulta debería arrojar un resultado afirmativo, de apoyo a las negociaciones, porque de otra manera, nos veremos abocados a unas nuevas elecciones con incierto resultado, que podrían dar alas a los que apuestan por la gran coalición PP-PSOE en el estado.

Como decía Salvador Illa en campaña, hemos de pasar página, y pasar página significa también reconducir y normalizar la política en Catalunya con los actores que el pueblo catalán ha elegido. Pasar página significa que hemos de poner encima de la mesa los argumentos y necesidades expresadas por

la gente. Sin miedo a que se rompa nada, porque nada se ha de romper. De hecho, rompe más España que se amnistíe fiscalmente a los que defraudan impidiendo la financiación correcta de la sanidad y de nuestras pensiones, que cualquier referendum por muy ilegal que se pretenda.

No soy partidario ni de Puigdemont ni del independentismo nacionalista, tampoco lo soy del centralismo aferrado a una «grande y libre». Soy partidario de los acuerdos para el progreso colectivo y de la consolidación y el avance efectivo en los derechos y en las reivindicaciones de la clase trabajadora de este país plurinacional llamado España. Creo que eso es lo que nos define como socialistas, o como mínimo, uno de los factores que nos hace sentirnos y definirnos como socialistas, y es por ello, que creo que debemos defender la amnistía y los acuerdos de progreso, sin tapujos y sin miedo al precio electoral que pueda suponer (algo que ya hemos comprobado con los indultos, por otra parte).

Ahora bien, mi defensa de los acuerdos y las negociaciones no me impiden ser constructivamene crítico con los acuerdos alcanzados que me parecen sumamente timoratos, ya que no incluímos en los mismos la laicidad (recordemos que los acuerdos con la iglesia se llevan miles de millones de euros que podrían ser dedicados a políticas educativas, sanitarias y sociales). No incluímos en los acuerdos ningún aspecto relacionado con la necesaria y legal auditoría a las cuentas de la seguridad social, que nos permitirían comprobar quién ha saqueado la caja únca de la seguridad social poniendo en peligro las pensiones. No se habla del fin al apoyo belicista y armamentístico alentado por la OTAN y que sirve para promover una guerra sin cuartel en Ucrania, con efectos negativos no solo en el número de muertos y refugiados, sino también efectos económicos negativos en relación al precio de la energía y los alimentos. No se habla del genocidio al pueblo palestino. Se habla de avanzar hacia las 37,5 horas laborales pero no a las 35h. No se especifican las medidas para luchar contra el aumento de los precios, y así podía seguir unas cuantos párrafos más.

En defintiva, todo el apoyo a los acuerdos. Sí a la amnistía. Sí a un avance en el encaje institucional de los diferentes pueblos de España y sí a profundizar en acuerdos con todos los grupos para conseguir una transformación de nuestra legislación que permita satisfacer las necesidades de la mayoría social de nuestro país.

Baltasar Santos
Primer Secretario PSC el Vendrell
Miembro del Comité de Redacción de TS