Categoría: Voz Militante

La ineludible regeneración democrática

La democracia es el sistema de organización social y política que distribuye el poder que emana de los ciudadanos, sujeta a los vaivenes que se producen en la sociedad, que requiere de una defensa continua de los principios que la inspiran. Más cuando son atacados, cual martillo pilón, por la derecha extrema y la ultra derecha favorecidas por un sistema comunicativo que propicia la circulación masiva de desinformación, con el objetivo espurio de deslegitimar las instituciones democráticas, cuando el Gobierno elegido democráticamente, por los ciudadanos, cae en manos del oponente político. Modelo comunicativo que articula en cada momento histórico la manera en que las personas comunican entre sí, y reciben información de los poderes públicos y de los encargados de gestionar el derecho a la información: los medios de comunicación.

Modelo que evoluciona conforme al avance técnico y tecnológico que ha producido la sustitución del sistema analógico, vertical, en el que la distribución de la información a la sociedad era potestad de unas pocas personas o grupos empresariales y el receptor un sujeto pasivo (uno para todos); por lahorizontalidad del sistema digital (entre todos) que trasforma al destinatario en un nodo de comunicación con capacidad para recibir información de múltiples fuentes, con las que crea su propio mensaje que difundea cualquier hora, desde y para cualquier lugar del planeta, a través de los canales que él mismo establece en la red planetaria que es internet, en la que nadie controla lo que se difunde y su veracidad.

Cambio tecnológico que ha supuesto un giro radical en la manera de comunicar cuyo aspecto positivo es expandir y compartir conocimiento de manera global, y el negativo de generar la circulación de información masiva donde el control de la veracidad de los mensajes que circulan se difumina, con el efecto de degradar el sentido del periodismo como garante del derecho a una información veraz, debido al uso interesado y mendaz de algunos medios digitales y redes sociales por los propagadores del populismo disruptivo difundiendo bulos, noticias falsas, tergiversaciones y mentiras, que ponen en duda la credibilidad de las instituciones democráticas, y la honorabilidad de determinadas personas públicas. O, peor aún, expandiendo el miedo al futuro para retrotraer las mentes al pasado de ordeno y mando: del atado y bien atado.

Panorama de descontrol desarrollado al amparo de una interpretación tergiversada de los derechos a la información y de libertad de expresión, que da por bueno que ambos carecen de límites, en la idea de que cualquier límite que se quiera establecer supone imponer la censura. Planteamiento maniqueo porque el derecho a la información viene referido a garantizar el acceso y la veracidad de los contenidos que se difunden; mientras que la libertad de expresión no es el libertinaje de acusar sin pruebas de delitos o faltas administrativas a personas, instituciones públicas o empresas privadas. Descontrol que degrada la democracia y al que la UE ha puesto coto, que no censura, con el recientemente aprobado —con el apoyo del grupo popular europeo donde se encuadra el PP—,Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación que recoge una serie de medidas que deben ser adoptadas por los países de la unión. Medidas que fueron expuestas por el Presidente del Gobierno en el Congreso, como parte del anunciado Proyecto de Regeneración Democrática. Propuesta abierta que no establece ninguna censura a los medios, que acaba de comenzar su andadura con un proceso de negociación con los grupos parlamentarios –menos Vox— encabezado por el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y el de cultura, Ernest Urtasum.

Medidas centradas en los medios de comunicación de las que el Presidente dejó fuera, no sabemos si deliberadamente o para abrir la negociación a las propuestas de los grupos políticos, la reforma del CGPJ y de la potestad de los jueces que acabe con la politización de la justicia (lawfare o guerra legal);de la ley de secretos oficiales vigente desde el franquismo; y la ley mordaza que limita la libertad de expresión y protesta de los ciudadanos. Reformas imprescindibles para una verdadera regeneración democrática. Veremos si el Gobierno está dispuesto a abordarlas.

De momento, la negociación propuesta por el Ejecutivo se centra en una traslación del Reglamento aprobado en el Parlamento Europeo, relativas a la transparencia para obligar a los medios a publicar con detalle quiénes son sus propietarios, sus accionistas, sus fuentes de financiación y sus cifras de audiencia. Todo con el objetivo de evitar fraudes como aumentar el número de visitas al medio digital mediante el uso de bots (algoritmos que aumentan electrónicamente el número de visitas) para captar más inversión publicitaria pública que lectores; o evitar que los partidos políticos compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes, mediante la reforma de la ley de publicidad institucional para que todos los gobiernos, el nacional, y los autonómicos y locales, publiquen con detalle cómo y cuánto dinero público gastan en publicidad institucional en los medios digitales y convencionales.

Propuestas para garantizar la independencia y pluralismo mediático, que sancionen las presiones políticas y empresariales sobre los periodistas, como las amenazas lanzadas contra el Diario.es por el asesor de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, por informar sobre las negociaciones del novio de la Presidenta con Hacienda, para evitar la condena por fraude fiscal. Y para reforzar la defensa de los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos, si se vierten calumnias contra ellos. Y, si atendemos a lo dicho por su socio de Gobierno, Sumar, para reformar la ley mordaza eliminando los delitos de opinión contra la Corona y los sentimientos religiosos; además de cambios en la ley electoral para hacer obligatorios los debates políticos, y en la ley de administración pública y gobierno abierto para aumentar y mejorar la calidad de la información que el Ejecutivo suministra a los ciudadanos.

Reformas que no solo se deben negociar con los partidos políticos, sino con otros agentes sociales implicados como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que agrupa a la parte sustancial de profesionales en ejercicio, que debe jugar un papel fundamental en el control del cumplimiento de las medidas que se aprueben, como le sugirió su Junta Directiva al Presidente del Gobierno, en una reunión reciente mantenida en Moncloa. Encuentro en el que le presentaron varias propuestas como crear una Comisión de Monitorización y Seguimiento para denunciar la vulneración de los principios deontológicos de profesionales y medios, en línea con lo que viene haciendo la Comisión Deontológica de la FAPE con sumo acierto. Comisión de Monitorización, en la que propusieron que se incluya a los propietarios de los medios —como sucede en Bélgica—, si quieren tener financiación pública. 

En paralelo, treinta y cinco organizaciones de la sociedad civil —entre ellas la Fundación Alternativas o Greenpeace— registraron en la Cámara diversas propuestas para la regeneración democrática durante el debate en el Congreso relativas, por ejemplo, a la regulación de los grupos de presión o lobbies para que su agenda y reuniones con cargos públicos se publiciten, o facilitar la consulta pública de las iniciativas legislativas que lleguen al Congreso.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y
Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Video del debate en el parlamento sobre las medidas de regeneración democrática

La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) y Tribuna Socialista (TS)

¡Nos hemos integrado!

Tras años de colaboración, y compartiendo valores fundacionales, la revista de libre expresión política Tribuna Socialista y la Asociación Trabajo y Democracia, sus órganos de dirección y sus asociados y asociadas, hemos decidido unirnos, en la asamblea celebrada el pasado jueves 27 de junio.

                Tribuna Socialista inició su andadura el 16 de julio de 2005, en la localidad de Silla (Valencia), donde nos dimos cita militantes socialistas de distinta procedencia, para compartir:

“preocupaciones e inquietudes sobre la situación política en nuestro país, y como inciden en la mayoría social. Inquietudes y preocupaciones basadas en hechos como el intento de decretazo de 2002, contestado con una exitosa Huelga General (20-J), la gestión ignominiosa del accidente del Prestige, la antidemocrática involucración de España en una guerra genocida.”

“Dichas preocupaciones se han visto agravadas con el rumbo y la actitud que la derecha reaccionaria tomó tras los acontecimientos del 11 al 14 de marzo de 2004. Negando la democracia al pisotear las legítimas y soberanas decisiones y aspiraciones del Pueblo, como así está ocurriendo con las trabas que desde la derecha se están poniendo al proceso, esperemos que irreversible,de paz en Euskadi.”

“Es para facilitar el debate que tantos y tantas compañeros y compañeras socialistas reclaman por lo que se edita este Boletín.”

                Estos párrafos plasmados en el nº 1 de TS, en “Por qué y para qué”, reflejan muy bien el sentir y la necesidad de dar luz a las preocupaciones que teníamos hace 19 años, lo que hemos hecho a lo largo de los 155 números editados y de las decenas de declaraciones o números especiales de TS, cuando la relevancia de los acontecimientos así nos lo ha requerido. Unas inquietudes y preocupaciones que, desgraciadamente, continúan vigentes en su esencia.

“Crear un lugar de encuentro que sea plural, democrático, participativo y con afán de construir, con participación a título individual y/o como colectivo y abierto a todos y todas que quieran aportar al proyecto, entre otros, desde la Universidad y el mundo de la experiencia acumulada en el campo sindical, político y profesional para recuperar el valor del trabajo, tanto en la propia existencia, como en la política y en el espacio de la opinión pública y los medios de comunicación.”

El paralelismo en los objetivos queda plasmado nítidamente en los textos reproducidos. Coherentemente con lo expresado en los momentos constituyentes, durante estes último lustro, marcado por la pandemia, Tribuna Socialista y ASTRADE han venido colaborando y coincidiendo en distintas actividades, retroalimentándose.

                Auguramos que esta nueva etapa va a ser muy fructífera en el objetivo de contribuir a la unidad de la izquierda y a ayudar a la necesaria claridad de ideas para la consecución del bienestar de la mayoría social, fundamento de la democracia.

                La Junta Directiva y el Comité de Redacción elegidos en la Asamblea del día 27 está compuesta:

Junta Directiva

Presidente                        Roberto Tornamira Sánchez

Vicepresidenta                Gloria Mora Campos

Secretario                          Miguel Sagüés Navarro

Tesorero                             Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez

Vocal                                    María Iglesias Domínguez

Vocal                                    Baltasar Santos Fernández

Vocal                                    José Ignacio “Iñaki” Merino Montes

Vocal Eduardo Hernandez Oñate

Comité de Redacción

Roberto Tornamira Sánchez

Baltasar Santos Fernández

María Iglesias Domínguez

José Ignacio “Iñaki” Merino Montes

José Antonio Iniesta Martín

Eduardo Hernández Oñate

                Desde esta breve información damos las gracias a las asociadas y asociados de ASTRADE que han dado su apoyo a la Junta Directiva y al Comité de Redacción para iniciar este nueva e ilusionante etapa.

La Junta Directiva

De acuerdo

«Nuestra capacidad para adaptarnos, y para aceptarlo todo,

es uno de los más grandes peligros que corremos.”

Stanislaw Lem

La carta nos puso los dientes largos.

                Las posibilidades se abren de pronto, como pequeñas grietas por las que se suma el encantamiento, que decía Negri, y toda nuestra resignación se hace posibilidad, y los cierres de la costumbre se abren como oportunidades de avanzar democráticamente en un país que dejó tantas cosas por hacer, tantos sentidos democráticos silenciados y sin explorar, tantos agujeros negros que ha ido rellenando la costumbre, la institucionalización, el miedo, el mal menor, la inercia, la decepción…

                La carta de Pedro Sánchez se entendió políticamente. Como esa voluntad de ruptura que asume el punto de vista subterráneo, que supera los liderazgos y sus hipotecas, las trayectorias y sus lindes, como quien se topa con el final abrupto de un camino, descubre la trampa en el juego o se da cuenta de que aquellos que te pasaron la mano por el lomo de la institucionalidad nunca han dejado de despreciarte.

                No tenía otra explicación. Una decisión que es un momento, una certeza… y que luego se hace colectiva, aclaración, relato y ruptura, abriendo en el espacio público ese momento que cambia pequeñas cosas que lo cambian todo, que devuelve al espacio público esa posibilidad que es utopía, que permite pensar de nuevo desde nuestra pluralidad política múltiple y creadora rompiendo la dinámica, tediosa a veces, del acontecer público.

                Porque nada es pequeño cuando es clave. Y qué duda cabe de que la carencia de una transición democrática en nuestro poder judicial y la elipsis profunda de nuestro mandato constitucional que afirma ufano que, del pueblo español “emanan los poderes del Estado” ha configurado un poder autónomo ─no el único, lamentablemente, de nuestro sistema político─ que se sabe actor y límite, arbitrio e influencia, agente y reparto. Y hay que recordarlo, y hay que ponerse un poco así, grandilocuente y nostálgica de lo que no ha ocurrido, aunque solo sea por contraste.

                Y quizá así se entienda mejor que no fue que el Partido Popular secuestrara durante cinco años el órgano de los jueces mientras clamaba ─y clama─ por reforzar el corporativismo de este poder autónomo del Estado, sino que fue más bien un consorcio para la defensa de los intereses profesionales individuales y colectivos de sus asociados y militantes, en la que los unos acompañaban el discurso político de los otros y éstos correspondían con la continuidad en el manejo de uno de los poderes de última instancia del Estado.

                Pactar hay que pactar, y siempre es bueno llegar a acuerdos. Pero cerrado el nombramiento del nuevo Consejo, asentado de nuevo el relato de la inanidad, la decepción, la cuota, el silencio y el hacerse perdonar por los que van a seguir mandando diga lo que diga el pueblo español, nos queda apenas, otra vez, volver al pozo de las oportunidades perdidas, al inútil plañidero del análisis de las disfuncionalidades democráticas y a la parálisis de la queja mientras el juego político avanza, dejando atrás los espacios de oportunidad que hacen a la gente protagonista de sus instituciones, como un reguero de decepción que, finalmente, habrá de traer al poder a los que entienden la política como un negocio societario, envueltos, eso sí, en banderas de colores y con su trampantojo de enemigos de la patria, como parapeto de esa corrupción estructural que los jueces adecuados nunca investigan adecuadamente.

                Y ya no hará falta que los jueces elijan a los jueces, y ya no harán falta consensos para la imparcialidad sino cuotas para el agradecimiento, y ya no hará falta un parlamento que discuta ante la opinión pública la idoneidad de unos nombramientos sino que bastará el anuncio rápido de unos nombres previamente pactados por sus partidos (bajo la mirada condescendiente de Europa), y ya no hará falta que los jueces puedan o no puedan saltar de un lado al otro del estrado sino que simplemente se avengan a seguir negociando de parte de los poderes que no emanan del pueblo.

                Y ya no hará falta legislar para que el bloqueo no vuelva a ser una herramienta posible y por lo tanto válida para surfear las reclamaciones democráticas de una ciudadanía a la que cada cierto tiempo hay que enseñarle que votar realmente tampoco cambia a todos los que realmente mandan.

Gloria Elizo Serrano

Directora del Instituto Clara Campoamor para el fortalecimiento de la Democracia

Fue vicepresidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados

A cerca de la Unión Militar Democrática (UMD).Segunda parte: Memorias de una disidencia

La primera parte de este artículo fue publicada en TS-152 (pág. 23)

Lafundaciónde la UMD, así como su posterior desarrollo, adquierensu sentido pleno si se tienen en cuentalos cambios sociales anteriormente acontecidos en España, en particular desde el comienzo de los años 60 del siglo pasado.

                Nose entiende, sin embargo,suapresurada disolución en junio de 1977, tras las primeras elecciones democráticas, en un momento en que la agitación militar ultraderechista era especialmente grave.

                Es ineludible, por tanto, considerar también el periodo de activismo desplegado por antiguos miembros de la UMD, tras su autodisolución,oponiéndose activamente algolpismo militar-franquista, hasta su presunta extinción en 1985.

                Esta segunda parte, memorias de una disidencia, está escrita con la intención de aportar algunos recuerdos concretos, muy personales, que puedan ser de utilidad para la comprensión de aquel convulso periodo histórico. Pues, a fin de cuentas, la vida militar toma su sentido verdadero cuando se está dispuesto a arriesgarse y dar la vida por el pueblo.

Activismo en la UMD

                Desde el otoño de 1975 llevé a cabo tareasinformativas y de captación,misión casi imposible dado el enorme temor que inspiraba la represión militarfranquista.

                La detención y encarcelamiento del comandante Luis Otero, junto a los capitanes Fernando Reinlein, Xosé Fortes y seis compañeros más,frenaron en seco las afiliaciones.

                El comandante Julio Busquets, sociólogo y fundador de la UMD, diputado del PSC-PSOE en las primeras elecciones democráticas de 15 de junio de 1977, me dedicó un ejemplar de su libro “El militar de carrera en España”, con una dedicatoriaque lo resume todo: “Al capitán Manuel Ruiz Robles, compañero de armas e ideas, que demostró su actitud democrática, en los años difíciles. Con todo afecto de Julio Busquets”.

                En septiembre de 1976 fui enviado por la Armada a cursar estudios de doctorado en física de la energía en la Universidad de París, durante el curso 1976/1977, efectuando frecuentes a viajes a Madrid, que me mantuvieron en contacto con la organización.

                Los compañeros que habían sido detenidos en julio de 1975, juzgados en consejo de guerra, condenados, encarcelados y expulsados del ejercito por su pertenencia a la UMD, fueron excarcelados tras la primera Ley de Amnistía de julio de 1976,junto a la mayoría de presos políticos, decretada por el rey Juan Carlos. No fue una concesión desinteresada, sino forzada por la potente movilización social. Pese a todo,siguió manteniendo expulsados del Ejército a los compañeros de la UMD.

                Celebradas las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, la UMD se autodisolvió dos semanas después.

                La Ley de Amnistía de 1977, aprobada por el Parlamento, volvió a dejar expulsados del ejército a nuestros compañeros. Por si fuera poco, el capitán de aviación José Ignacio Domínguez, piloto de reactores y portavoz de la UMD en el exilio, fue procesado tras su regreso a España, y condenado en consejo de guerra celebrado en diciembre de 1977,aplicándosele torticeramente la “Ley de Amnistía”,que confirmó su expulsión.

                Diez años después, en 1986, se enmendó en parte esa grave injusticia, con el claro propósito de blanquear un régimen impuesto por el rey Juan Carlos, pues tampoco se les dejó incorporarse al servicio activo.

La disidencia

                Inmediatamente después de la autodisolución, algunos miembros de la UMD continuamos activos durante varios años, en oposición a los movimientos militares franquistas, que se habían intensificado tras la legalización del PCE y las primeras elecciones democráticas.

                El valeroso capitánde la UMD,Fernando Reinlein, tras su excarcelación, consiguió un empleo de periodista en Diario16 y nos facilitó, a los pocos que nos decidimos a escribir, el acceso a su famosa columna sobre temas militares,publicando rápidamente los textos que escribíamos.

                En el artículo titulado “Señores diputados”, critiqué duramente la Ley de Amnistía de 1977. Denuncié la exclusión de los compañeros condenados en consejo de guerra por pertenecer a la UMD, afirmando que habían sido olvidados. Afirmé, además, que la Ley de Amnistía establecía desequilibrios fundamentales en los cimientos de esta democracia.

                Por ello fui arrestado en 1979, interrogado con malos modos en un juzgado militar y estampada una nota desfavorable en mi hoja de hechos. El capitánJosé Altozano, excelente abogado, que fue defensor del capitán Xosé Fortes en el Consejo de Guerra contra la UMD, redactó varios recursos contra mi sanción, pero todos fueron desestimados. Sin el apoyo moral de Rosa, mi compañera,probablementeme hubiesendestruido; éramos muy jóvenes yya habían nacido nuestros seis hijos.

                Fue una ley de “punto final”que sigue, aún hoy en día, obstruyendo la acción de la justicia internacional contra los crímenes del franquismo.

                En aquellos convulsos días de 1980, con el fin de analizar la grave situación militar en España, me reuní clandestinamente en Lisboa con el antiguo jefe del Comando Operacional del Continente (COPCON), el estratega de la Revolución de los Claveles, Otelo Saraiva de Carvalho.

                Poco después, en el otoño de 1980,ocurrió un extraño incidente presuntamente urdido por las “cloacas militares”. El Comandante-Director de mi destino (CIDA)me ordenó realizar un ensayo en polígono de tiro de un artefacto temporizado que, posteriormente, ya en laboratorio,descubrí que había sido manipulado malintencionadamente. Un comandante de Infantería de Marina, perteneciente a los servicios especiales, vino a mi despacho para darme instrucciones al respecto. Mis sospechas, dada la grave situación militar, hizo que tomaseciertas precauciones.

                Durante las pruebas se produjo ladetonación prematura del cebo eléctrico. De no haber tenido la precaución de retirar la carga explosiva, nos hubiese matado a mí y al capitán de Infantería de Marina Alfonso Hidalgo Landaburu, amigo y vecino mío en las viviendas de la Armada en Madrid, que había sido delegado por el Estado Mayor para inspeccionar las pruebas. Mis superiores se negaron a abrir una investigación, con el pretexto de que era un asunto clasificado como secreto.

                Semanas después, el jefe de unabanda terrorista con tricornio, al mando de un tropel de guardias civiles, asaltaba el Parlamento. Era el detonante del autogolpe del 23-F de 1981, un episodio franquista que, si los documentos clasificados y aún secretos se desclasifican, algún día sobremos si fue instigado, como mínimo consentido, por el rey Juan Carlos Borbón, sucesor del dictador por las leyes de sucesión de 27 de julio de 1947 y de 23 de julio de 1969, huido a Abu Dabi por ladrón desde 2020.

                Al día siguiente del golpe, por la tarde-noche, el comandante Luis Otero, fundador de la UMD junto a Julio Busquets, nos reunió a algunos compañeros en su domicilio en Madrid, a fin de analizar la situación militar e informar a los partidos políticos democráticos. Se concluyó que poco o nada se podía hacer.

                Muchos años después, el citado comandante de Infantería de Marina, antiguo miembro del SECED, relacionado con el turbio asunto del artefacto temporizado, fue reconocido y denunciado por un argentino, antiguo detenido en la ESMA, un centro de tortura y exterminio de la Armada argentina. Ante el escándalo internacional, fue llamado a declarar por el Juez Garzón de la Audiencia Nacional en 1997, pero sorprendentemente tampoco se investigó, y todo quedó en el más absoluto olvido.

Manuel Ruiz Robles, es capitán de navío de la Armada (retirado), antiguo miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).

Recuperar los valores de la izquierda

La tradicional reticencia, con un punto de apatía, de un sector de votantes de la izquierda para movilizarse e ir a votar, no cambia por el mero cumplimiento de un proyecto progresista que pone en marcha medidas que benefician a las clases populares y medias y reducen las desigualdades; pues requiere de un discurso que acabe con esa sensación derrotista de que la izquierda siempre está a la greña, mediante el recurso al componente simbólico, olvidado de manera incomprensible, que refuerce el sentimiento de pertenencia entorno a los valores de transformación social que son la seña de identidad histórica de la izquierda. Un relato más necesario que nunca, cuando la derecha, sin complejos ni vergüenza, se apropia de ellos con descaro por dejación de la propia izquierda política y cultural, que ha caído en la trampa de que con una buena gestión ya está todo ganado.

                Que ha olvidado qué en política, y más en una sociedad que se mueve ala velocidad de la luz, nada está consolidado para siempre: ni el propio sistema democrático ni la adscripción de valores como el de libertad a la izquierda, siendo ésta, en sus múltiples facetas, la principal vitola de su ser político junto a los de igualdad y justicia social. La fijación del discurso progresista en las medidas positivas que se llevan a cabo, no es suficiente para movilizar a una parte esencial de su electorado, que ve con pasmo como los adalides más significados de la derecha sin complejos, por ejemplo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se apropia y hace bandera de esos valores, sin que nadie desde la izquierda la replique con contundencia y descubra la malignidad falsa de sus afirmaciones, con datos concretos que evidencien la perversidad de su concepto de libertad que beneficia a los ricos.

                Desde la floración del discurso populista, fascista, parece que a los políticos e intelectuales de izquierda les produce reparo, repelús, meterse en ese jardín ideológico no vaya a ser que se arme la de San Quintín por recordar, con datos históricos —materia que los voceros del populismo desconocen casi por completo y por eso se la inventan con desparpajo torero—, que la libertad, igualdad y justicia social son esencia y patrimonio de la izquierda. Valores que siempre ha querido sojuzgar la derecha y la extrema derecha. Cierto que ese posible temor o dejación, pueda estar relacionado con la furia desatada por todas las fuerzas de la caverna ante la sensación de que les están cambiando su España, con medidas como la Ley de Memoria Democrática, sacar el cadáver del dictador del Valle de Cuelgamuros, el Impuesto Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones conforme al IPC, la reforma laboral, la Ley del solo Sí es Sí, o el impuesto a la banca y grandes energéticas por sus beneficios extraordinarios. Medidas que, entre otras, han supuesto un reconocimiento y ampliación de derechos para la ciudadanía que recortan zonas de privilegio y confort de los poderosos de siempre.

                Pero, todo eso no basta sino va acompañado de un discurso, de un relato, del valor simbólico que inspira las medidas aprobadas, y las que vendrán, que las aúne y dé sentido colectivo, de izquierda, a la razón última por la que se adoptan. Sentido que no puede remitirse en exclusiva a los datos y las cifras; sino al efecto concreto que tienen en la vida de las personas y el beneficio que les procura, en línea con los valores clásicos de la izquierda: repartir y distribuir el poder y la riqueza que todavía acaparan determinados sectores y grupos sociales poderosos, en pos de una sociedad más justa.

                En estos meses asistimos, como ejemplo palmario del cabreo de esos sectores, a la rebelión de los jueces y fiscales más conservadores del poder judicial, convertidos en una especie de Partido Judicial, que con desfachatez labora en favor de la estrategia del PP de acoso y derribo del presidente del Gobierno, amparados en el poder omnímodo del que gozan en sus juzgados. Ose encastillan contra la Constitución—como hace todo dictador— en las poltronas del CGPJ, para defender la mayoría conservadora que les permite seguir nombrando jueces conservadores en los más altos escalafones del poder judicial. El ultimátum del Presidente para que el PP se avenga en el plazo de un mes a la renovación o, de lo contrario, procederá a aprobar vía parlamentaria un recorte de su capacidad para seguir nombrando jueces en el Tribunal Supremo, es el recurso que queda ante la contumacia del PP a renovarlo con la connivencia de los vocales: incluidos los progresistas.

                Pugna de sustancial calado democrático que, después de cinco años, no ha sido explicada, en su sentido y alcance público, al punto de que un sector de la izquierda la percibe como un foco más de ruido en el debate político, sin atisbar el valor trascendente que se esconde detrás, en cuanto a la mejora de la justicia y el propio sistema democrático, conforme a los valores de la izquierda. Igual sucede cuando el discurso progresista permanece inerme ante la estrategia de la derecha de acusar a la izquierda de los errores políticos que ella misma comete. Por ejemplo, nadie desde el Ejecutivo o los partidos que lo conforman, ha salido a rebatir, a desmentir, el mensaje genérico, sin pruebas y perverso, de la existencia de un foco de corrupción en el Gobierno y el entorno del Presidente, asentado en falsedades y sin pruebas. Resulta incomprensible que se pasen por alto estos mensajes, que dan verosimilitud a la máxima Goebeliana de que toda mentira repetida se convierte en verdad.

                Establecer una relación regular de los partidos y organizaciones de izquierda con intelectuales, sindicatos, agrupaciones sociales, culturales y artistas progresistas con influencia social—como la hubo en los primeros años de la transición—, sin duda permitirá forjar un mensaje más sólido y nítidamente de izquierda. Igual de necesario es reforzar y coordinar los departamentos comunicación, en las distintas esferas de poder, para que los mensajes que se lanzan a la ciudadanía tengan un poso de pedagogía de izquierda, imprescindible, para aumentar el sentimiento de comunión fática entre la ciudadanía progresista que acabe con su orfandad discursiva, cuando se ven inmersos en debates políticos o sociales en su vida cotidiana. Solo así se sentirán integrados como agentes imprescindibles en la brega por una sociedad mejor que es necesario defender a diario y, en especial, los días señalados de elección de representantes políticos.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, Profesor Universitario y Doctor en Comunicación de Masas.

Hacer sindicalismo no es delito

En junio de 2023, una gran manifestación (más de 10.000 personas), recorría las calles de Madrid, desde San Bernardo hasta Atocha, (convocada por la CNT), al grito de «HACER SINDICALISMO NO ES DELITO».

                El Juez de Instrucción Número 1 de Gijón había condenado a 6 sindicalistas de CNT (5 mujeres y 1 hombre) a 3,5 años de cárcel cada uno y al pago de 125.000€ de multa a su sindicato, la CNT. El Juez aplica estás condenas en base a dos delitos del Código Penal (obstrucción a la justicia y coacciones).

                Condena a los sindicalistas a 3,5 años de cárcel, tratándoles como delincuentes comunes, desligando los hechos del ejercicio sindical a la vez que condena al sindicato al pago de 125.000€ de multa.

                Hoy, el TRIBUNAL SUPREMO, ratifica la condena del Juez de Gijón y seis personas jóvenes verán truncadas sus vidas con un encarcelamiento de 3,5 años de prisión, porque son trabajadores que han tenido la osadía de defender los derechos de una compañera trabajadora de la pastelería «La Suiza» de Gijón, a la que se debían salarios a la vez que sufría acoso laboral por parte del jefe.

                Con esta indignante noticia, pretendo zarandear las conciencias de toda la clase obrera de este país y de todas las organizaciones obreras, políticas y sindicales, para que se den cuenta de que en esta llamada democracia no hay ni Constitución ni leyes que nos protejan, siempre que cualquier juez conservador pueda retorcer los hechos para acomodarlos a su ideología.


                Está sentencia es contra la clase trabajadora de este país y como tal debe entenderlo la clase trabajadora y sus organizaciones.

                Ahora, los que pueden y deben hacer algo contra está ignominia, que hagan.

Yo me adhiero.

Carmen Alonso
Militante socialista (Trujillo-Cáceres)

Lo denuncia en su TikTok CGT Metal Madrid

Combatir el lawfare construyendo democracia desde la educación

En los últimos tiempos, la desinformación y las fakenews se han convertido en un problema importante para las democracias en el mundo. La situación se ha agravado particularmente desde la pandemia que vivimos por COVID-19, que supuso un cambio radical en la forma de entender y usar las redes sociales y los medios digitales.Todo ello ha dado lugar a que en la actualidad se hable cada vez más de fenómenos,no reconocidos masivamente hasta hace unos años, como el “lawfare”. El término está conformado por “law” (ley) y “warfare” (guerra) empezando a usarse a finales del siglo XX, y teniendo tintes claramente militaristas. Según recoge la FundéuRAE, el término lawfare en el ámbito político hace referencia al uso de procedimientos judiciales «con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».

En los tiempos actuales está teniendo una gran repercusión para la visibilización dellawfarela situación vivida porel presidente del gobierno, Pedro Sánchez, orquestada a través de múltiples medios de comunicación que han difundido informaciones poco contrastadas e incluso intencionadamente falsas. Sin embargo, esta situación no es excepcional ni tampoco limitada al contexto español. Han sido numerosos los líderes y formaciones políticas progresistas que han sido vilipendiadas por parte de los organismos judiciales y determinados medios digitales, con el posterior archivo de las causas en todos los casos. Mónica Oltra, Ada Colau, Victoria Rosell, Isabel Serra, Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Antonio Rodrigo Torrijos yÓscar Reina. Son solo algunos de los nombresque han sufrido lawfare, probablemente por el único motivo de formar parte de fuerzas como Compromís, Comuns, Podemos, Izquierda Unidao el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Las democracias liberales vivieron su auge desde los años 60 del pasado siglo XX, sorteando múltiples crisis y sufriendo un deterioro notable en los últimos años en toda Europa. El Estado del Bienestar se tambalea, muchos derechos básicos recogidos en la Constitución no se cumplen, el empleo para los más jóvenes no es de una calidad suficiente ni merecida y los mecanismos de justicia social de los Estados cada vez tienen menos margen en el ámbito redistributivo. En este contexto, los discursos de extrema derecha se han sentido cada vez más legitimados cambiando el sentido común en torno a los valores democráticos.

En este momento y en base al contexto descrito, es imprescindible que comencemos a reivindicar el valor de la educación en dos de sus vertientes: como arma para combatir las fakenews y la desinformación, pero también como principal mecanismo para la construcción y el fortalecimiento de las democracias en el siglo XXI. La educación debe ser uno de los pilares másrelevantes para la formación mediática de la infancia y de los jóveneshacia el desarrollo de un pensamiento crítico y la detección de las informaciones falsas. Es imprescindible el desarrollo de competencias digitales entre los más jóvenes, pero también de compromiso cívico y democrático. Las generaciones de “nativos digitales” (personas que han nacido en la era digital, en lugar de haber adquirido familiaridad con los sistemas digitales como adultos) acceden cotidianamente a informaciones con apariencia de “neutralidad” y que como sabemos siempre tienen detrás importantes intereses económicos y/o políticos.Los sistemas educativos han de fortalecer sus centros públicos y comprender que además de transmitir conocimientos académicos, está en juego que lasfuturas generaciones adquieran competencias para convivir en un entorno de consumo volátil de la información que les empuja a pensar rápido, sin diálogo y sin reflexión.

Para afrontar este gran desafío, la educación para el siglo XXI deberá transformarse de forma íntegra. Por un lado, el profesorado ha de formarse al respecto y los planes formativos iniciales y permanentes deben incluir esta temática como un eje docente central. Por otro lado, las familias también deberán formarse, a través de la propia educación pública, para comprender el alcance del desafío que estamos afrontando. Para todo ello es imprescindible dotar de recursos humanos y materiales a las instituciones educativas públicas.En este sentido, ya existen herramientas y profesionales que están trabajando en esta dirección: “Educar en el aula sobre fakenews” o “Con las fakenews no se juega”. Se trata de dos títulos diseñados por Jacqueline Sánchez y Enrique Martínez, que han editado sendos manuales con los que acercan a menores y docentes el concepto de las fakenews, su identificación y como defenderse de ellas.

Cada día que pasa se hace más prioritario que la educación pueda contribuira construir un nuevo modelo social para el futuro, en el cual se ponga en valor el papel de la ciudadanía para reivindicar y sostener los valores democráticos, de progreso y justicia social.Todo ello es incompatible con ciertas prácticas y dinámicas que han ido penetrando en el ámbito político, mediático y judicial, afectando a la convivencia, la opinión y el ejercicio de la ciudadanía en toda su plenitud. El lawfare ejercido sobre grandes líderes pertenecientes a ciertas formaciones políticas es un síntoma grave, pero que solo representa la “punta del iceberg” de un gran deterioro de las democracias liberales.Recientemente,tras las elecciones al Parlamento Europeo hemos acudido a otro alarmante hecho, evidenciándose que un “grupo elector” puede obtener 800.000 votos en nuestro país basando su discurso en la desinformación y el populismo ultraderechista más conspiranoico (valiéndose de unos aparentemente inofensivos canales de Telegram, Youtube y perfiles en otras redes sociales). Precisamente son estos canales de transmisión de contenidos, aparentemente independientes, los que más repercusión tienen en la socialización y adquisición de ideas por parte de los más jóvenes. Los nuevos y cada vez mayores desafíos y amenazas a la democracia, requieren de una educación pública que promueva en las futuras generaciones competencias cívicas para el ejercicio pleno de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Miguel Ángel Albalá Genol.
Doctor en Educación y profesor de Universidad.

Razones para entender la desafección por las elecciones europeas

A partir del próximo 6 de junio están convocadas elecciones al Parlamento Europeo. En España votaremos el próximo domingo 9 de junio. La participación en las Elecciones Europeas no ha parado de descender desde la primera convocatoria en 1972. Desde 1994 menos de la mitad de los votantes europeos acude a las urnas en cada convocatoria. Solo unos pocos paises registran participaciones altas, pero la razón es que en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia y Luxemburgo el voto es obligado. La desafección es clara, pero ¿cuáles son las razones?

Una primera razón es el carácter de «elección de segundo orden» de estos comícios. Mientras en la mayoría de elecciones, el pueblo elige sus representantes para que a su vez elijan un gobierno, en el caso de las elecciones al parlamento europeo no es así. Elegimos representantes, pero éstos no eligen ningún gobierno. El Gobierno de Europa es la «Comisión Europea» que ostenta el poder legislativo y el poder ejecutivo y cuya composición es de un miembro (comisario) por cada Estado.

De hecho, la iniciativa legislativa de los representantes elegidos por el pueblo se reduce a la posibilidad de proponer a la Comisión Europea la adopción de medidas legislativas, pero su proposición no tiene carácter vinculante. Por otro lado, no tiene ninguna facultad para controlar o decidir sobre la política económica y monetaria que es competencia exclusiva del Banco Central.

Una segunda razón, es la percepción de que cuando se trata de recortes o de fiscalizar las políticas de los países miembros, la Unión Europea tiene competencias. Cuando se trata de homogeneizar derechos en toda la Unión Europea, entonces la UE no tiene competencias, ya que las mismas residen en los estados miembros. Es decir, la misma Unión Europea que impone el cierre de los astilleros, el cierre de las minas, la libre deslocalización de industrias o que pone trabas al sector agrario y ganadero, en nombre de la “libre competencia» y la lucha contra el cambio climático, rechaza la posibilidad de establecer iguales derechos sociales para todos los europeos.

La tercera de las razones es la subordinación a los Estados Unidos. Desde su fundación, la subordinación a los intereses norteamericanos ha sido una constante. Por poner solo un ejemplo que diversos artículos de Tribuna Socialista han analizado en profundidad durante los últimos años: el papel de Europa en la guerra de Putin. ¿quién además del propio Putin está alimentando esta guerra sino EEUU? Desde el inicio de la guerra de Ucrania, ¿qué pais ha aumentado exponencialmente su cuota de mercado de gas licuado en Europa sino EEUU?

Como cuarta razón para explicar la desafección por las elecciones europeas, podemos hablar de la propia desmovilización de los partidos, especialmente los de izquierda. Por poner solo un ejemplo. ¿En cuántas agrupaciones socialistas se han organizado grupos para pegar carteles o hacer campaña electoral?. Respuesta: en muy pocas, y con un material muy exíguo: solo un 10% de los carteles de farola, ni un solo folleto explicando el programa electoral, sin carteles de papel, El resultado: menos interventores y apoderados para las mesas electorales y reducción de la militancia a ser meros espectadores de los actos en que interviene Pedro Sánchez.

Iré a votar, pero sin ilusión ni esperanza de cambio. Habría que ir pensando en constituir una nueva Europa que sea una verdadera alianza democrática de trabajadores y pueblos.

Carlos Fernández

EUROPA, MÁS EUROPA FRENTE A LA BARBARIE


Por Manolo Romero

Coordinador RUGE-UGT en Sevilla

Este 9 de junio se celebran las elecciones europeas y, probablemente, significarán el inicio de la ruptura del proceso integrador o, esperemos, de una nueva fase de profundización de las relaciones e integración entre los Estados miembros. Afirmaciones como estas pueden parecer manidas, pero esta vez no sólo está en juego el futuro del mayor proyecto de unión entre naciones de la Historia, sino el riesgo de que volvamos 70 años atrás, el riesgo de volver a esa concepción nacionalista excluyente entre pueblos, el riesgo de levantar muros entre vecinos y el riesgo de la pérdida de derechos y libertades.

Siguiendo el pensamiento de Robert Schuman, uno de los padres fundadores del proyecto comunitario, Europa está en riesgo constante, no se construye de una sola vez; sino de manera prolongada en el tiempo, con vaivenes y amenazas que hacen vital el compromiso de la ciudadanía y, en especial, de la clase trabajadora, para su supervivencia.

Hoy, de nuevo, la barbarie llama a las puertas de Europa. Algo que creíamos extinguido tras el último gran conflicto de Los Balcanes, vuelve a suceder casi treinta años después. Al margen de la amenaza en sí misma que la guerra constituye, es importante reflexionar sobre la capacidad de la Unión Europea para revolver estos conflictos y, llegado el extremo, participar de ellos para asegurar el respeto a los derechos humanos y garantizar las libertades. Si en Europa radica el origen del conflicto (no olvidemos, tanto Ucrania como Rusia son Europa), también de Europa debe partir la solución. Son muchos los intereses que giran en torno a las guerras y si en el mundo hay una institución que de verdad vele por los derechos y el progreso de las personas, esta es la Unión Europea. Por tanto, necesitamos unas instituciones comunitarias comprometidas, fuertes, solventes, ajenas a presiones de otras potencias, y que reivindiquen los valores y el acervo comunitario.

Por ello, es hoy más importante que nunca apostar por más Europa, votar con sentimiento comunitario para que quienes pretenden destruir la Unión desde dentro no se valgan de ella. Esta amenaza es la que hoy día representa la ultraderecha y el nacionalismo populista excluyente, ese que creímos superado hace tantas décadas y que hoy vuelve al albur de la desinformación y financiada, a menudo, por quienes no representan ni el 1% de la ciudadanía.

Precisamente por eso comentaba la importancia de la clase trabajadora y también las clases medias, como músculo demográfico para proteger nuestras instituciones. Porque que el progreso y la justicia social sigan siendo principios inspiradores de este proyecto transnacional nos beneficia, ante todo, a las mayorías sociales; y somos nosotros quienes tenemos el deber de protegerla.

Por ello es más importante que nunca la movilización. La paz, la convivencia, las libertades y la redistribución de la riqueza son premisas que han beneficiado a la sociedad en su conjunto, sí, pero en especial a la clase trabajadora. Quienes antes sufrían las guerras ahora disfrutan de la paz; quienes antes se veían desprotegidos y en la pobreza ante las crisis ahora reciben un sistema de protección social; o quienes eran perseguidos por su origen o religión ahora ven respetada su identidad. Todo esto es una realidad mayoritaria para los pueblos y ciudadanía de Europa. Sólo nuestra voluntad y compromiso cívico puede salvar un modelo que, pese a sus muchas carencias, nos han convertido en el lugar del mundo con mayor calidad de vida y esperanza en el futuro.

Desde las instituciones comunitarias, gracias a las fuerzas políticas mayoritarias europeas resultantes tras cada comicios, se han impulsado a lo largo del tiempo medidas que han mejorado sustancialmente la vida de la gente. Muchas de ellas, que repercuten en las mayorías sociales, que han fortalecido el salario mínimo, regulación de las plataformas digitales o el teletrabajo, aportado nuevos derechos por la conciliación, la exigencia de modificar la regulación del despido porque sale demasiado barato, medidas para mejorar la vida de la juventud, etc.

En definitiva, en estos momentos de crispación en los que recorre Europa la amenaza de la polarización social, basada en los bulos y en la guerra del último contra el penúltimo, frente al extremismo, apostemos por más Europa. Como dijo Altiero Spinelli, otro de los padres fundadores del proyecto europeo, “sólo el europeísmo de verdad y una soberanía propiamente europea permitirá que sean los europeos los que resuelvan sus problemas”.

Sevilla, a 31 de mayo de 2024.

Europa, España y las Repúblicas necesarias

«Es ineludible (…) un proceso constituyente en el continente, impulsado por una alianza entre trabajadores y pueblos, que alumbre una Unión Europa federal o confederal. Una unión que habría de incluir a la Federación de Rusia -el Estado más extenso del planeta- junto al conjunto de pueblos europeos; solo así podrá alcanzarse un futuro de paz estable y de prosperidad en la región»

Ante las inminentes elecciones al Parlamento Europeo, expongo algunas reflexiones urgentes sobre lo que entiendo como Repúblicas necesarias.

Las izquierdas soberanistas de las naciones sin Estado que actualmente forman parte del Reino de España -es decir, Catalunya, Euskadi y Galicia-, constituyen de hecho la principal fuerza republicana, pues el republicanismo español, fuertemente nacionalista, no alcanza por ahora a tener la coherencia ni la unidad necesarias para hacer caer la monarquía, sin las cuales jamás podrá proclamarse una República federal o confederal.

El nacionalismo españolista contribuye, en todo caso, a la continuidad del Estado borbónico impuesto por la dictadura, validado por la Transición, y, por tanto, a su proceso de descomposición. Un proceso histórico que conduce inexorablemente a su desmembración, con el consiguiente riesgo, a medio plazo, de una nueva confrontación civil.

Es obvio que estas naciones hermanas son mayoritariamente republicanas, y reivindican, por tanto, su derecho a decidir.

Muestran con cierta recurrencia su indignación de naciones oprimidas, ocupadas por un ejército franquista, que hirió de muerte a la II República española en el siglo pasado, e impuso una dictadura genocida.

Por ello, los pueblos soberanistas del Estado español, representan una opción netamente patriótica de ruptura democrática, al oponerse de forma efectiva a la forma de Estado impuesta durante la llamada Transición.

Una Transición dirigida por un rey Borbón, franquista e inviolable, fugado a Abu Dabi; sucedido por su hijo, también un rey Borbón, franquista e inviolable; es decir, impune, aunque delinca.

Por si fuese poco, detenta una jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas sustentada en las leyes fascistas de sucesión decretadas por Franco.

La alianza electoral de ERC, BNG y EH Bildu al Parlamento Europeo prueban su coherencia republicana y federalista, trasladando un potente mensaje democratizador, desde el Sur de Europa, al corazón de la Unión.

El nacionalismo no es algo intrínsecamente malvado, en tanto se constituye como expresión de la cultura, de la literatura, del arte, de la lengua de un pueblo. Sin embargo, es preciso distinguir entre sus aspectos culturales y sus aspectos políticos.

En efecto, respecto a lo primero, hay mucho que admirar en los nacionalismos, pues preservan la diversidad: diferentes modos de ver el mundo y de expresar el pensamiento que enriquecen el patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, en política, el nacionalismo puede derivar en el mal absoluto.

Los movimientos de extrema derecha son una reacción a la ruina, cuando las capas populares se sienten abandonadas a su suerte. En el siglo pasado dio lugar al nazi-fascismo: una forma de nacionalismo intrínsecamente malvado; el mal en estado puro.

El nacionalismo, cuando oprime a otros pueblos, e inculca el odio proclamando su supremacía racial, religiosa, económica, militar o política, acaba imponiendo regímenes totalitarios.

Es el caso, actualmente, del Estado Israelí que, al oprimir sanguinariamente al pueblo palestino, ha derivado en un estado de características neonazis, causando un auténtico genocidio. La solución a este conflicto solo puede provenir de la imposición por parte de la comunidad internacional de una solución análoga a la que se alcanzó en Sudáfrica. Es decir, un Estado democrático único, laico, de ciudadanos libres, con los mismos derechos y deberes ante la ley, que acoja en paz y harmonía a ambos pueblos.

El nacionalismo español -que se materializó tras la llegada de los Borbones a España en 1700- tiene una componente fuertemente reaccionaria y ridículamente imperialista.

Así lo prueba el himno de la Armada española: “El imperio a España vendrá por los caminos del mar. Hay que morir o triunfar…” cuya letra fue escrita por José María Pemán, ferviente escritor monárquico, distinguido en 1981 con el Toisón de Oro, que ocupó en septiembre de 1936 la presidencia de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la incipiente dictadura.

Historiadores como Paul Preston afirman que este personaje celebraba la represión, alentando así la matanzaque llenó de fosas comunes cunetas y cementerios de España. Un horror aún impune.

El imperio a España vendrá… Afirmación cuando menos ridícula, pues el Reino de España es un Estado sometido al yugo imperialista, al igual que el resto de la Unión Europea, cuyas bases militares sobre nuestro suelo ponen en grave riesgo a los pueblos del Estado y a la paz mundial, al formar parte de una alianza militar compulsivamente agresiva, puesta al servicio del complejo militar-industrial de los USA.

Como es bien sabido, la OTAN, no es ni mucho menos una organización pacifista, pues constituye el instrumento principal de dominio político-militar sobre los pueblos de la Unión Europea, y de agresión directa a otros pueblos. Así es en el caso de Ucrania, utilizada, junto al resto de la Europa occidental, como ariete contra Rusia. Una guerra imperialista entre dos potencias, motivada por intereses económicos y geoestratégicos de los dos bloques realmente enfrentados: USA y Rusia.

Se trata de una guerra por el dominio de los mercados, de las fuentes de energía y de los minerales especiales. Es una guerra iniciada, de hecho, en 2014 por el llamado “golpe del Maidán” en Kiev, propiciado por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Guerra imperialista que está provocando una auténtica guerra civil en el corazón de Europa, de forma análoga a lo que ocurrió en 1914, con el riesgo de extenderse al resto del continente; a fin de cuentas, una pequeña península del gran continente euroasiático.

Solo una Europa federada, sobre la base de una alianza entre trabajadores y pueblos, de Tarifa a los Urales, podrá asegurar una paz estable en el continente, pues Rusia es parte esencial de nuestro futuro y prosperidad, y no es ni ha sido nuestro enemigo, sino parte primordial de la cultura y de la ciencia europeas.

Por el contrario, los USA sí estuvieron en guerra contra España a finales del siglo XIX y, posteriormente, en la segunda mitad del siglo pasado, instalaron bases militares extranjeras en nuestro suelo. Una humillación impuesta al pueblo español por el gobierno norteamericano, como tributo imperial en pago a su apoyo al dictador genocida Francisco Franco, hipotecando de este modo la soberanía de nuestros pueblos; odiosa humillación ratificada una vez más por el régimen borbónico del 78.

Las instituciones de la Unión Europea padecen un grave déficit democrático; tan solo su Parlamento goza de cierta legitimidad, pues es la única institución cuya composición emana directamente de la voluntad popular; aunque sus poderes son muy limitados y no representa, en absoluto, la soberanía de sus pueblos.

Europa debe emanciparse del dictado de los USA y de los grupos de presión financieros, creando una defensa propia unificada, a las órdenes de un gobierno federal, o confederal, emanado de la voluntad popular.

Es ineludible, por tanto, en un futuro no lejano, un proceso constituyente en el continente, impulsado por una alianza entre trabajadores y pueblos, que alumbre una Unión Europa federal o confederal. Una unión que habría de incluir a la Federación de Rusia -el Estado más extenso del planeta- junto al conjunto de pueblos europeos; solo así podrá alcanzarse un futuro de paz estable y de prosperidad en la región.

Manuel Ruiz Robles
Capitán de navío retirado, ex miembro de la disuelta UMD
Portavoz de militares demócratas (Anemoi).