Tribuna Socialista

Las movilizaciones del campo que han paralizado las grandes ciudades del Estado y de toda Europa son movilizaciones del empresariado del sector agrícola, y ganadero, entre ellos, pequeños agricultores, pero también grandes latifundistas, sin la participación de los trabajadores del campo, sin la participación de los sindicatos de clase, y con algunas reivindicaciones justas y razonables y otras que no tanto (Unai Sordo dixit). Separemos el grano de la paja.

¿Qué es la Política Agraria Común?

La Política Agraria Común (PAC) es la politica europea más antigua, ya que data de 1962 y su principal objetivo, según explica el Consejo de Europa en su página web, es «unificar criterios en materia de producción y distribución agrícola, centrando su atención en proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad a los consumidores, conservar los recursos naturales y garantizar el nivel de vida de los trabajadores del sector». A priori, encomiable.

Las ayudas provinientes de la UE destinadas a agricultores y ganaderos son una tercera parte del presupuesto de la UE. Hay tres tipos de ayudas:

-La ayuda a la renta mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneran a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente y por prestar servicios públicos que los mercados no suelen recompensar, como el cuidado del campo;

-Las medidas de mercado para abordar situaciones difíciles, tales como una repentina caída de la demanda a causa de una alarma sanitaria o una caída de precios debido a exceso de oferta temporal en el mercado;
-Las medidas de desarrollo rural consistentes en programas nacionales y regionales para atender a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales.

Para España, la PAC prevé destinar más de 47.724 millones de euros a agricultores, ganaderos e iniciativas de desarrollo rural en el periodo 2023-2027. Sin embargo, la concesión de las ayudas se supedita a la puesta en marcha de prácticas medioambientales que condicionan la concesión de parte de las ayudas de la PAC, más cargas burocráticas y el cumplimiento de directrices que van dirigidas a la sostenibilidad medioambiental pero que reducen la productividad de las explotaciones (una de ellas, por ejemplo, es dejar parte de la tierra en barbecho).

Estas medidas se unen a una difícil situación del sector, causada, entre otros factores, por la bajada de la producción generalizada debido a la grave sequía, al encarecimiento de los costes de producción (sobre todos fertilizantes), y una burocracia excesiva que implica tiempo y aumento de gastos para agricultores y ganaderos.

Entre las reivindicaciones del campo se encuentra la eliminación o flexibilización de las medidas medioambientales, a las cuales la UE ya ha accedido, la regulación de un gasóleo profesional agrario que tenga el descuento en el lugar de abastecimiento, como se había hecho en la época poscovid para toda la ciudadanía, en lugar del sistema actual, que consiste en una desgravación de impuestos a fin de año, cuando se presentan los gastos anuales, y que se tomen medidas para erradicar la competencia de las importaciones de países que no cumplen las mismas condiciones exigidas en las producciones de los países miembros de la Unión Europea, compartiendo la petición de diseñar un nuevo marco en las negociaciones de libre comercio con el Mercosur o con terceros países para que no tengan tan fácil vender sus productos en la Unión, como sucede con la entrada de productos ucranianos, que antes de la guerra tenían una política arancelaria más fuerte o los que llegan de países del norte de África,

¿Cuál es la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez?

El mensaje compartido es que al campo se le escucha y no se le da la espalda. De momento, se han tomado algunas medidas y se han prometido más. Pedro Sánchez ha asegurado en una entrevista en La Sexta que “estamos con el campo, con los agricultores, los ganaderos y el sector pesquero”. El presidente del gobierno reconoce que el sector del campo ha sido muy castigado por la evolución de los costes y ha recordado que en los últimos dos años, el Ejecutivo ha aprobado ayudas por valor de 4.000 millones.

Por su parte, el ministro de Agricultura ha prometido defender los intereses del campo en Bruselas, por ejemplo, a la hora de modificar la exigencia de un 4% de tierras en barbecho, disminuir la burocracia, dar voz al sector en Bruselas o mejorar la Ley de la Cadena alimentaria.

Queda por ver si cambiarán los términos de las negociaciones comerciales con terceros países o el Mercosur y cómo será la futura Ley de la Agricultura Familiar, que tiene que ver la luz en esta legislatura.

¿Qué dice el PSOE?

Mi partido (y el de muchos de nuestros lectores) reconoce que los sectores agrario y pesquero constituyen uno de los principales pilares de la economía española y sostienen la balanza comercial de nuestro país. En los últimos 12 meses, las exportaciones agroalimentarias superaron los 70.000 millones de euros.

Sin embargo, como consecuencia de situaciones como la guerra en Ucrania o la prolongada sequía (más de dos años) y la elevación de las temperaturas, atraviesan una difícil situación, que compromete las producciones y la rentabilidad, y de la que el Gobierno es plenamente consciente.

El Gobierno está firmemente comprometido con los sectores agrario y lo demuestra con hechos:

Entre los años 2022 y 2023 ha habilitado ayudas extraordinarias por un valor superior a los 4.000 millones de euros. Nunca hasta ahora se habían movilizado tantos fondos públicos del Estado en apoyo al sector primario.

Además de ayudas directas extraordinarias (unos 1.400 millones de euros para agricultores y ganaderos), se han arbitrado medidas de apoyo fiscal, laboral, social, financiero y de ayuda a la contratación de seguros agrarios, entre otras.

Estas ayudas han beneficiado sobre todo a los sectores ganaderos, tanto de leche como de carne, que se han mostrado más vulnerables a las dificultades de la situación (casi 700 millones de euros), así como para el sector citrícola (38,7 millones de euros).

También se habilitaron 300 millones de euros destinados a paliar los efectos del incremento del coste de los fertilizantes; así como 5 millones de euros para el sector apícola.

Los agricultores de cultivos herbáceos de secano y de determinados cultivos industriales (tomate de industria y arroz) contarán con 268,7 millones de euros para apoyarles por la sequía.

Otros 8 millones de euros han ido a los productores de la cereza del Valle del Jerte (Cáceres), mientras que otros 81 millones de euros procedentes de la reserva agrícola -concedidos a España por la Comisión Europea- irán a los productores de determinados cultivos leñosos (frutales de pepita, de hueso, tropicales, cítricos y frutos de cáscara).

Además, se han arbitrado medidas de alcance en materia fiscal, como rebajas en el rendimiento neto del IRPF, exenciones en el IBI rústico para las explotaciones con pérdida de rendimiento, entre otras.

En materia de ayuda a la financiación se han ampliado los presupuestos para los préstamos bonificados de la línea ICO-MAPA-SAECA y para las subvenciones de avales.

También se ha ampliado el apoyo a la contratación de seguros agrarios. Para este 2024 las ayudas suman 284,5 millones de euros y eleva de forma considerable el presupuesto con el que se encontró en 2018.

En el ámbito laboral se aprobaron aplazamientos en los pagos de las cuotas a la Seguridad Social y reducciones en los dos ejercicios en el número de jornales necesarios para acceder al subsidio por desempleo.

En materia hidráulica, se han adoptado medidas de exenciones de cánones de agua y reducción de precio de agua desalada para el uso agrario.

Y como anunció el ministro Planas en el Congreso, durante la presente legislatura se mantendrá la devolución del impuesto sobre hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola.

La propiedad de la tierra

Hasta ahora he hablado de qué es la PAC? qué objetivos tiene? qué reivindican los agricultores y ganaderos? y qué respuesta damos desde el gobierno y desde el PSOE. Sin embargo, hay cuestiones importantes que no se abordan y que son importantes para el campo, y para tener una provisión de alimentos saludables y variados.

La primera de esas cuestiones es la propiedad de la tierra, que en muchas ocasiones no es de quién la trabaja, sino de latifundistas y grandes corporaciones del sector alimentario que configuran un oligopolio.

El ejemplo de Alemania: En Alemania, como en toda Europa, se está dando una especulación inmobiliaria con las tierras agrícolas. Entre otros inversores privados, están la Fundación Aldi-Nord o «Deutsche Wohnen», uno de los mayores propietarios de tierras de Alemania. Pero eso no es todo. Estas empresas dictan los precios y reducen los ingresos de los agricultores. En Alemania, cuatro grandes grupos se reparten el mercado de la alimentación: los grupos Edeka, Rewe, Aldi y Schwarz. Su participación ha aumentado constantemente en los últimos veinte años, y en 2021 el cuarteto representó más del 85 por ciento de las ventas en el comercio minorista de alimentos, un total de más de 218 000 millones de euros.

El mercado es un oligopolio de facto. Los pequeños agricultores se enfrentan al gran comercio de la alimentación. Debido a su poder de mercado, Edeka, Rewe, Aldi y Lidl pueden dictar los términos y condiciones de los proveedores más pequeños, igual que Mercadona hace en España.

Lo que está en juego es la concentración de la propiedad de la tierra en manos de los grandes monopolios internacionales. Esa es una de esas cuestiones de las que casi nadie habla.

La competencia desleal y la especulación de precios

Una de las quejas de los agricultores es la competencia desleal de productos provinientes de países externos a la UE. En Alemania y en los países del este de la UE se señala directamente al libre comercio con Ucrania, con la que se ha relajado la política arancelaria desde la guerra. En España, se señala a los productos marroquies y a los procedentes de libre comercio con Australia o latinoamerica.

Pero esta competencia «desleal» tiene, al menos, dos componentes. El primero de ellos es que ciertamente, los requisitos de entrada de productos de fuera de la UE son menores que los que se exigen a productores de la UE. Reforzar la trazabilidad de los productos y los controles sanitarios es una necesidad. El segudo de los factores es que esos productos «desleales» son introducidos en el mercado por las mismas multinacionales del sector de la distribución.

También algunos fabricantes de alimentos que procesan productos agrícolas deciden los precios a los que van a comprar los productos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Dr. Oetker, Tönnies, Ferrero, Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble, Tchibo, Unilever, Mars y Danone. Ellos marcan los precios.

Entonces…las ayudas a los agricultores y ganaderos sirven en gran medida para compensar la política de fijación de precios de las grandes distribuidoras y fabricantes multinacionales; pero esas mismas ayudas no atacan el problema de raíz: la especulación de la tierra y sus productos que el capital financiero promueve a través de las multinacionales del sector.

El oposicionismo a la transición verde

Es bien conocido que las tractoradas en la UE están sirviendo a los negacionistas del cambio climático a cargar contra las políticas medioambientales, a la par que suman adeptos para la causa negacionista que lidera la extrema derecha.

Una de los objetivos a conseguir es que se debe hacer un uso racional de la tierra y de los recursos naturales, así como de los procesos utilizados en la agricultura y en la ganadería para que nuestra sociedad disponga de productos alimentarios saludables y variados. Por tanto, la solución para agricultores y ganaderos europeos no debería pasar por relajar las medidas medioambientales para competir con terceros países, sino impedir que se comercialicen productos que no cumplan con las normas medioambientales y sanitarias.
Por ejemplo, la apuesta por la ganadería extensiva e intensiva es muy productiva…para su empresariado, pero muy nociva tanto para el medio ambiente como para la calidad alimentaria de sus productos. Lo mismo podemos decir de los productos agrarios manipulados genéticamente, con grandes corporaciones como Monsanto (hoy Bayer) que incluso fabrican semillas estériles, para que una vez den lugar a una cosecha, se tenga que volver obligariamente a comprar semillas. O el uso de pesticidas y fertilizantes nocivos para la salud animal y humana.

La apuesta por los pequeños productores, por los sistemas de producción cooperativa respetuosa con el medio ambiente y que vele por la calidad alimentaria de los productos debería imponerse a las políticas especulativas de las grandes multinacionales.

El socialismo debe ofrecer alternativas transnacionales a la libertad de mercado

En toda Europa, la extrema derecha ha tratado -y está tratando- de capitalizar este malestar, sobre todo en países como Francia, Alemania o también España. Pura demagogia y oportunismo. Ya sabemos que lo que quiere la ultraderecha es sembrar el caos, destruir el medio ambiente y la libertad…de empresa y del capital financiero (y si no que se lo pregunten a los argentinos)

Por ello, es más necesario que nunca, una alternativa socialista para el campo para proteger a los que trabajan la tierra, para poner fin a la especulación del capital financiero, para acabar con el oligopolio de la distribución y las grandes marcas de fabricantes que fijan los precios, sobreexplotan la tierra y la ganadería y someten a los trabajadores de la tierra a condiciones de trabajo precarias; y para acabar con la guerra de ucrania que favorece esa especulación y los intereses espúreos de las grandes corporaciones.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de T.S

Más claro que el agua: lo que dicen los agricultores de verdad

(Clica sobre la imagen para reproducir el video)