Situación política y tareas.

Momento político y tareas.

Inevitablemente, el capitalismo, inmerso en una crisis que no es coyuntural, arrastra a los pueblos, a las clases trabajadoras y a la juventud a la disgregación, a la ruina y a la guerra.  Para tratar de recuperar el nivel de beneficios obtenidos con la especulación fácil de los primeros años del siglo XXI –no en vano se les caracterizó como de “economía de casino” o “economía del ladrillo”- recurre de nuevo al militarismo y al armamentismo, a la guerra en Oriente Medio, en África y en la propia Europa, a la destrucción de zonas geográficas enteras, provocando masacres y millones de desplazados y de refugiados.

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Los Señores de la Guerra

Foto: Iñaki Gómez /MDE 04/11/2015 El ministro de Defensa, Pedro Morenés,junto a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN y Hannes Hanso, ministro de Defensa estonio en la base aérea de Zaragoza. Los acuerdos militares son previos al ataque de ISIS en París.
Foto:
Iñaki Gómez /MDE
04/11/2015 El ministro de Defensa, Pedro Morenés,junto a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN y Hannes Hanso, ministro de Defensa estonio en la base aérea de Zaragoza. Los acuerdos militares son previos al ataque de ISIS en París.

Los Señores de la Guerra

Mientras en el mundo entero suenan Tambores de guerra, en esta ocasión bajo la excusa de la amenaza de ISIS es necesario que la clase trabajadora diga alto y claro ¡No a la Guerra!.

No se trata de lanzar una consigna izquierdista y pacifista. Mientras el austericidio económico ordenado por Bruselas (que en España se constitucionaliza en el artículo 135 CE) oprime a la clase trabajadora, la UE lanza la consigna que los estados miembros pueden sobrepassar el umbral de gasto si es para invertir en defensa.

Dicho de otra forma, no hay dinero para Enseñanza, lucha contra el paro, o sanidad, pero sí para bombas. No es algo casual.

La industria del armamento y de la destrucción està en voga. Los negocios de venta de armas a terceros paises es un lucrativo negocio del que se benefician los señores de la Guerra. No en vano, nuestro ministro de defensa, Pedro Morenés, es el primer interesado en vender armas. Para muestra un botón.

En su “historial laboral” vemos como fue Secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000. Entre 2005 y 2009 fue Consejero de Instalaza S.A: principal fabricante de bombas de racimo hasta 2008, que eran utilizadas por el entonces presidente Libio Muamar El Gadafi contra las tropas rebeldes. En 2008, el Gobierno del PSOE anunció la destrucción de todas las bombas de racimo en España e, inmediatamente, Instalaza formuló una reclamación de indemnización contra el Estado por valor de 40 millones de euros que fue desestimada en primera instancia, pero recurrida con posterioridad por la empresa de la que Pedro Morenés es consejero.

En 2010, Morenés es nombrado Director general para España de la empresa de misiles MBDA. Entre 2012 y 2015, durante el Gobierno Rajoy, Morenés es Ministro de defensa, y durante su cargo, los Presupuestos de defensa han sido sistemáticamente sobrepasados a fin de cada ejercicio. Un exceso total de más de 21.000 millones de euros.

En 2013, la Audiencia Nacional (recurso nº 460/2011) desestimaba la reclamación de Instalaza, recogiendo el argumento del Abogado del Estado «desde el Ministerio de Defensa se han seguido impulsando contratos de suministro de municiones convencionales y de desmantelamiento de municiones de racimo con INSTALAZA, que le ha supuesto una facturación no prevista». Esta sentencia establece pues un cierto trato de favor a INSTALAZA, en la adquisición de armamento para el Ministerio de Defensa.

En 2014, un informe de Defensa informa de que en este periodo se han adjudicado 32 contratos a empresas en las que Morenés había sido consejero o representante. En 2015 se sabe que las empresas de Morenés son las principales proveedoras de armamento a Arabia Saudí. Arabia Saudí ha venido financiando las actividades de organizaciones como Estado Islámico, autores de los atentados de París.

Como se puede observar el mayor interés privado de Morenés es vender armamento y ocupa el cargo de ministro de defensa. En lenguaje popular se diría “el zorro al cuidado de las gallinas”. Todo un señor de la guerra.

No quiero finalizar este artículo sin hacer referencia a una formidable iniciativa de “Sindicalistas contra la Guerra”, que os animo a suscribir:

Para descargar el archivo PDF: http://goo.gl/u6Y8e2
Si quieres firmar escribe a: sindicalistascontralaguerra@gmail.com

 

Haz clic para acceder a No-a-la-guerra-noviembre-2015-228-firmas-2.pdf

Baltasar Santos

Corresponsal en Catalunya

Por la derogación del Art. 315.3 del Código Penal

endefensadelderechodehuelgaPor la derogación del Art. 315.3 del Código Penal

Por Manuel de la Rocha Diputado PSOE en el Congreso

En los últimos años está teniendo lugar en España un ataque sin precedentes al sindicalismo de clase, una de cuyas manifestaciones es la utilización del Código Penal contra los sindicalistas que participan en huelgas y manifestaciones.

Desde que gobierna el PP se viene produciendo una acción concertada entre el Ministerio de Interior, con la Ley Mordaza, la policía a través de los atestados, en los que se utilizan expresiones sobre la acción de los piquetes informativos que prejuzgan su presunto carácter ilícito o al menos una actuación sospechosa, y el Ministerio Fiscal, cuyo objetivo conjunto, ya que no pueden prohibir las huelgas, es disuadir e intimidar a los trabajadores para que no participen en ellas.

Porque desde hace cuatro años la Fiscalía ha dado un giro a su interpretación del Art. 315.3 del Código Penal, que durante más de 15 años no se aplicaba, para utilizarlo contra los sindicalistas que participan en piquetes solicitando penas de 3, 5, 7 y 8 años de cárcel.  Los casos de los miembros de la Federación de Hostelería de UGT, o de Airbús, Acelor, Baleares, son clamorosos. Cerca de 300 sindicalistas se encuentran amenazados de cárcel por ejercer el derecho de huelga en defensa de los trabajadores.

Los sindicatos UGT y CCOO han planteado una campaña de contestación contra este brutal ataque a la libertad sindical, campaña también a nivel internacional, con denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT y el Comité Europeo de Derechos Sociales, y reclamando la derogación del Art. 315.3 del Código Penal.

Porque la huelga es un derecho fundamental, manifestación de la libertad sindical. Es la máxima expresión democrática del conflicto social, cuando no se ha podido solucionar por la vía del diálogo. Sin derecho efectivo de huelga no hay democracia, ni Estado social.

endefensadelos3000En una reciente reunión en la que han participado activamente militantes socialistas, entre ellos muchos miembros de IS-PSOE, se ha constituido una Comisión Internacional en defensa de los 300 sindicalistas encausados por ejercer el derecho de huelga en España.

El PSOE, como otras muchas fuerzas políticas menos el PP, han planteado reiteradas veces en el Parlamento la derogación del Art. 315.3 CP, y los socialistas llevamos ese compromiso en el programa electoral para las elecciones general del próximo 20D.

Desde IS-PSOE nos solidarizamos con los sindicalistas afectados y damos nuestro máximo apoyo a la campaña frente a este ataque contra el sindicalismo de clase de la derecha de este país.

¡Por la derogación del Art. 315.3 del Código Penal!

 

10º ANIVERSARIO DE TRIBUNA SOCIALISTA

acto Euskadi

Hemos celebrado el 10º aniversario de TS convocando actos en Málaga, Barcelona, Bilbao y Madrid. Han sido diez años cargados de acontecimientos políticos que nos han obligado a definirnos con precisión en aquellos aspectos en los que nuestro partido, el PSOE, se pronunciaba desde un planteamiento político erróneo, inadecuado o incoherente con los postulados del socialismo.

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20-D: A detener la regresión social.

20-D: Detener la regresión social.

por Antón Saracibar

Los últimos acontecimientos relacionados con el terrorismo del Estado Islámico en Francia y en otros países, junto al problema del independentismo catalán, han venido copando los grandes titulares mediáticos de nuestro país y han terminado por eclipsar la discusión de los problemas reales que afectan a la mayoría de los ciudadanos. La actual situación está favoreciendo de manera notable la estrategia electoral del PP ante la dificultad sobrevenida para abordar la gestión del gobierno en esta legislatura y analizar el resultado de sus políticas económicas y sociales en respuesta a la crisis: el desempleo, la precariedad, el deterioro de los servicios públicos, el desarme fiscal, el desplome de la protección social, la desigualdad, el auge de la pobreza e, inclusive, la exclusión social. A ello está colaborando, en buena medida, la participación de los responsables políticos (incluso de la oposición) en programas superficiales y de simple entretenimiento, como ha ocurrido con Rajoy, por ejemplo, ejerciendo de comentarista deportivo, al margen de las preocupaciones de los ciudadanos.

En estos momentos, todos los politólogos consultados coinciden en que el PP ha incumplido gravemente su programa electoral. También coinciden en que su política económica (ocultada a los ciudadanos) se ha aplicado con autoritarismo y desprecio  del Parlamento y del diálogo social. Para justificar este anómalo comportamiento, y la aplicación de duras políticas de austeridad y ajuste, el PP viene argumentando sistemáticamente que las medidas tomadas tienen una relación directa con las exigencias de la UE y con la herencia recibida de Rodríguez Zapatero, a pesar de que los resultados económicos obtenidos en la legislatura siguen contemplando profundos desequilibrios macroeconómicos y, particularmente, la persistencia del déficit y un aumento severo de la deuda pública. Lo más grave de la situación es que las políticas sociales aplicadas para paliar los efectos del ajuste han sido profundamente regresivas, particularmente las relacionados con las pensiones, la prestación por desempleo, la ayuda a las personas dependientes y los servicios sociales.

A pesar de todo, si bien los partidos de izquierda y los sindicatos – después de analizar las políticas económicas, el desempleo y la precariedad de nuestro mercado de trabajo-, coinciden en que es  necesario, entre otras medidas, derogar la nefasta reforma laboral, no todos son tan contundentes cuando se analizan los destrozos causados por las políticas sociales de Rajoy. En concreto, la Seguridad Social (SS) ha sufrido particularmente las consecuencias de la crisis y, sobre todo, los terribles efectos de una política neoliberal dedicada exclusivamente a reducir el gasto público. Según el Balance de Legislatura 2.011- 2.015: Cuatro años de regresión social y económica, publicado por UGT, hoy es más difícil acceder a una prestación de la SS que hace cuatro años y también más difícil percibir una pensión que garantice- tanto al pensionista como a su familia- su seguridad económica a medio y largo plazo.

En todo caso, los datos disponibles son contundentes y no requieren demasiadas explicaciones. El déficit de la SS se ha multiplicado por 11, dado que en 2.011 fue de 995 millones de euros y en el año 2.014 fue de 11.202 millones. En agosto de 2.015 ya alcanzó 5.352,8 millones y, previsiblemente, al finalizar el presente año superará los 10.000 millones de euros. Por su parte, el Fondo de Reserva contaba en el año 2.011 con un total de 66.815 millones y en el pasado mes de agosto se  había reducido a 40.132 millones de euros, a los que hay que restar 7.750 millones retirados por el gobierno para pagar la extra de Navidad. Otro asunto relevante para la tesorería de la SS es que ha dejado de ingresar más de 6.000 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales, pasando de 105.311,60 millones en 2.011 a 99.198,43 millones en 2.014 (un 5,8% menos).

También ha empeorado la relación entre el número de afiliados y el total de pensionistas, como indicador demográfico esencial para valorar la situación del Sistema: en 2.011 la relación era de 2,47 afiliados por pensionista y en septiembre de 2.015 ha sido de 2,26. Por último, la comparación entre la cuantía de la pensión y el último salario (tasa de sustitución) se ha reducido en más de 7 puntos porcentuales en los últimos cuatro años: en 2.011 un trabajador al jubilarse percibía el 81,2% de su salario y en el año 2.013 (datos de la OCDE) la proporción era del 73,9%. A pesar de estos datos, lo peor está por llegar con la reforma: según la última proyección de la Comisión Europea, en el año 2.060, esta proporción pasará a ser menos de la mitad (48,6%), lo que dota de munición añadida a la interesada campaña de las entidades financieras en defensa de los fondos complementarios de pensiones. A todo ello hay que añadir que los pensionistas, desde 2.012, están pagando los medicamentos excluidos de la financiación pública (380 millones de euros), a los que hay que añadir los 583 millones del copago, lo que hace un total de 963 millones de euros, que es lo que tuvieron que pagar finalmente los pensionistas en el año 2.013 (datos de Fidel Ferreras). Sin olvidar que la revalorización actual de las pensiones (incremento del 0,25%) y el factor de sostenibilidad consolidarán finalmente la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

En relación con las prestaciones por desempleo se ha producido también una fuerte y dramática reducción. Al inicio de la legislatura, de cada 100 beneficiarios que recibían una prestación por desempleo, 50 cobraban una prestación contributiva y otros 50 una asistencial. Sin embargo, los últimos datos disponibles (septiembre de 2015) contemplan que de cada 100 beneficiarios de prestaciones por desempleo, 39 cobran una prestación contributiva frente a 61 que cobran una prestación asistencial. Además, los datos, según UGT, demuestran que la tasa de cobertura por desempleo ha disminuido de forma continuada debido al endurecimiento de las condiciones de acceso, lo que ha dado lugar a una caída brusca en la actual legislatura. En 2011, más del 70% de los desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo tenía una prestación por desempleo y, en cambio, en 2015 la cobertura ha descendido por debajo del 55% (más de 15 puntos de diferencia).

Lo mismo ha ocurrido con la protección de las personas dependientes. En el año 2011 se estimó que fueron atendidas un total de 1.092.872 beneficiarios, con un presupuesto de 1.498,4 millones euros, que pasaron en 2.012 a solamente 790.000 beneficiarios.  Para el año 2.016 no están cuantificados los beneficiarios; en todo caso, el presupuesto asciende a 1.162,2 millones de euros a pesar de que más de 300.000 dependientes moderados están a la espera de incorporarse al Sistema. Por lo tanto, en esta legislatura se ha producido una rebaja del 15% en las prestaciones de cuidados en el entorno familiar, además de la suspensión del Convenio especial realizado con la SS, la rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado (entre un 10% y 15%), la modificación del baremo endureciendo los criterios de acceso y, por último, la eliminación definitiva del nivel acordado entre el Estado y las CCAA.

Por último, los servicios sociales en esta legislatura no han sido capaces de evitar el agravamiento de las desigualdades y la pobreza de las familias. La población en riesgo de pobreza asciende a 12,8 millones de personas y la pobreza severa afecta a más de 3 millones de personas, superando la pobreza infantil los 2 millones de niños y niñas. Por otra parte, hay 1.572.900 hogares con todos sus miembros en paro y ha aumentado el número de hogares sin ingresos laborales hasta la escandalosa cifra de 721.900. La respuesta ideológica del gobierno ha seguido siendo la misma: contención del gasto y reducción de prestaciones, como lo demuestra la reducción de las ayudas del Plan Concertado de Servicios Sociales y Protección a las Familias, entre el 37% y el 60%, lo que está consolidando las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Como se puede observar, estamos ante una regresión social sin paliativos causada por una política económica basada en la contención del gasto  (austeridad y ajuste) y en el apoyo a la acumulación de capital y a la reducción de deuda de las empresas (transferencias de renta del trabajo al capital), en detrimento del crecimiento económico, el empleo,  la protección social y los servicios públicos de calidad.

Por estas poderosas razones, los partidos políticos deben fijar con claridad sus propuestas electorales-  desde la solidaridad y el interés por los más débiles- en materia de protección social, con el fin de defender a los pensionistas (acceso a la jubilación, poder adquisitivo y copago sanitario); garantizar la sostenibilidad de la maltratada Tesorería de la SS- muy afectada por la precariedad, las bonificaciones a la contratación (tarifas planas) y el desplome de los salarios-, abordando de una vez por todas el capítulo de los ingresos (cotizaciones, separación de fuentes e impuestos); recuperar el Pacto de Toledo; frenar el vaciamiento del Fondo de Reserva de la SS; mejorar la atención de las personas dependientes y de los desempleados sin prestación (parados de larga duración y jóvenes), que han sido los más perjudicados por la crisis; y, finalmente, concretar su posición en el gran debate abierto sobre el Ingreso Mínimo Garantizado que tiene un claro y rotundo propósito: superar la desigualdad (repartir para crecer de manera sostenible), la pobreza extrema (infantil, energética, habitacional…) y la exclusión social en medio de un desaforado consumo.

Estas propuestas no son demagógicas. Lo único demagógico es apelar siempre al dicho de: ¿cómo se paga esto?, cuando todos hemos comprobado que el dinero ha fluido sin dificultades para el rescate de empresas, entidades financieras, autopistas y aeropuertos. Incluso en estos momentos fluiría, si así se decidiese, para costear el envío de tropas. Mientras tanto, Rajoy- al margen de los debates- promete bajar impuestos y la unidad de España… Patético.

Antón Saracíbar

Sin Higiene no hay Salud. Sin trabajadores en los servicios de Limpieza no hay Higiene

Sin Higiene no hay Salud. Sin trabajadores en los servicios de Limpieza no hay Higiene

La nefasta política económica del Partido Popular en estos años, está llegando incluso a poner en riesgo la eficacia del Sistema Sanitario en Madrid.

En 2013, el PP, tanto en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid como en la Administración Central, cambiaron los criterios en la forma de otorgar los contratos de limpieza, seguridad y otros servicios a empresas privadas. Adoptaron el modelo de “Subasta al peor postor”.

Antes de este cambio, en los pliegos de condiciones se establecían conceptos como la necesidad de respetar el convenio colectivo sectorial, el establecimiento de un mínimo necesario de trabajadores, la inversión en maquinaria de las empresas que optaban al servicio, la experiencia de dichas empresas en los servicios de limpieza, entre otros ítem de calidad.

El modelo de “Subasta al peor postor” se limita a primar la oferta de precio más barata, de modo que las empresas que de forma temeraria ofertan prestar el servicio por un menor coste es la que se queda con el contrato.

Esta degeneración en la gestión de contratos para la prestación de servicios que son esenciales, como lo es la limpieza en hospitales y centros de salud, ha llevado a que las empresas que gestionan el servicio de limpieza, Clece y Ferroser, han reducido las plantillas en estos tres últimos años, hasta poner en riesgo la salud en los centros hospitalarios y de atención primaria. Método para hacer el beneficio al que renunciaron a la hora de ofertar.

Las trabajadoras del Hospital Ramón y Cajal, con sus sindicatos a la cabeza, UGT y CGT, convocaron una huelga para el día 16 de noviembre. El conflicto no tuvo que desatarse ante el acuerdo alcanzado con la empresa Clece, para la contratación de 19 trabajadores/as a tiempo completo. Una victoria parcial de la clase trabajadora.

En las Áreas del Insalud de la Comunidad de Madrid, gestionado por Ferroser, la situación es insostenible: se ha reducido la plantilla en un 14,10% y además se les aplica un ERTE que implica la reducción de un 30% de la jornada y el salario.

Las trabajadoras, con el apoyo de la UGT, han emprendido una campaña de sensibilización dirigida a los usuarios y al personal sanitario, que se llevará a cabo el 18 de diciembre.

Roberto Tornamira

Corresponsal de TS en Madrid

ELCOGAS NO SE CIERRA.

elcogasEl 18 de junio de 2014 los empleados de Elcogas reunidos por la empresa recibieron la noticia más temida: los propietarios decidían desconectar la planta de la Red Eléctrica. La fecha decidida: 31 de diciembre de 2014. La razón: la falta de marco de regulación a partir de 1 de enero de 2015. La consecuencia: casi 300 trabajadores (150 de plantilla y 150 de contrata) a la calle además de un golpe, casi definitivo, a una comarca (Puertollano) ya muy castigada desde el inicio de la crisis.

Este es el inicio de un conflicto que a día de hoy acumula casi 18 meses de lucha. Sus trabajadores nunca han perdido la esperanza de continuidad de un proyecto que se forjó hace más de 20 años. Elcogas surgió como idea a finales de los años 80 y fue el primer Ciclo Combinado que se instaló en España. Con todo, su mayor logro no fue éste, sino la capacidad de quemar carbón de Puertollano, de muy mala calidad, coque de la Refinería de Repsol en Puertollano también, y transformarlo en un gas sintético listo para quemarse en una turbina de gas con un alto rendimiento y de manera limpia. Había nacido la primera central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado en España. Un proyecto de demostración auspiciado por la Unión Europea que ha demostrado, a lo largo de estos años, que es posible quemar carbón autóctono de forma eficiente y limpia.

Desde ese ya lejano 18 de junio de 2014 los trabajadores han realizado multitud de acciones de protesta para denunciar el cierre de la central de carbón más moderna que posee España en la actualidad.

  • Cortes diarios de carretera, entre las diez y diez y media de la mañana
  • Marcha andando desde la central al pueblo de Puertollano, 13 km a las cuatro de la tarde de una calurosa tarde de un 5 de septiembre.
  • Manifestaciones en julio de 2014 y septiembre de 2015 en Puertollano respaldadas por más de 15.000 asistentes.
  • Encierros con pernocta en la central, el primero allá por julio de 2014, durante varios días alternos del mes de diciembre de 2014 y continuos, desde el 22 al 30 de diciembre. El último de ellos de 13 días consecutivos, entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre de 2015.
  • Huelgas en donde los trabajadores han aprovechado para trasladar sus reivindicaciones al Ministerio de Industria en Madrid, a la sede de la Junta de Castilla la Mancha en Toledo tanto con Dolores de Cospedal como con Emiliano García-Page y a los accionistas de la central (Endesa como socio mayoritario además de EDF, Iberdrola).

En todo este proceso ha habido varios momentos clave. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2014, establecida como fecha de fin de actividades por la propia empresa. El 30 de diciembre los trabajadores levantan el encierro definitivo en las instalaciones de Elcogas, al ser informados de un principio de acuerdo entre Ministerio de Industria y Accionistas.

Este principio de acuerdo no se materializó finalmente de ninguna manera…con lo que los trabajadores, engañados, debieron ponerse en pie de guerra de nuevo.

El 31 de julio de 2015 el Ministro de Industria firma la Resolución que posibilita el cierre de Elcogas y da tres meses a la empresa, hasta 31 de octubre, para que el mismo se produzca. De nuevo deben intensificarse las movilizaciones por parte de los trabajadores ante la inacción de accionistas y Gobierno de España, incapaces en sí mismos de llegar a un acuerdo que dé viabilidad a la planta.

La primera consecuencia de esta Resolución, tras acuerdo en Consejo de Administración extraordinario de la compañía, supone que los trabajadores de contrata, alrededor de la mitad de la plantilla de Elcogas, es despedida con fecha 1 de septiembre de 2015.

El 29 de septiembre se abre la negociación de un ERE extintivo para todo el personal de plantilla de Elcogas.

El 22 de octubre la plantilla al completo decide encerrarse de nuevo en las instalaciones de la planta como medida de presión ante la falta de diálogo entre la Administración y los accionistas de Elcogas.

El 29 de octubre a media mañana, entre rumores de principio de acuerdo, de nuevo, aparece el técnico de la Junta de Castilla la Mancha que debe certificar la “desconexión” de la planta. Llega con el apoyo de 4 furgones de policía. Los trabajadores deciden, de forma espontánea, sentarse en la puerta de entrada de la central para impedir de forma pacífica que el funcionario entre en las instalaciones. Finalmente dicho funcionario levanta acta de la visita, diciendo que ha sido imposible el acceso a la central.

El principio de acuerdo de la mañana del 29 de octubre se materializa en la concesión por parte de la Administración de un nuevo período de tres meses para llevar a cabo el cierre de la central. Se paraliza el

ERE extintivo que se venía negociando desde finales del mes de Septiembre pero el expediente de cierre que pende sobre la planta sigue adelante.

Se estima que durante este período se puede llegar a un acuerdo que pueda incluir a Elcogas dentro del Régimen Retributivo Específico, a cambio de que la central se comprometa a producir energía quemando un 30% de biomasa. La empresa se compromete a elaborar un Plan de Viabilidad bajo estos parámetros y enviarlo al Ministerio de Industria que deberá analizarlo.

Los trabajadores levantan su encierro pero permanecen vigilantes. El engaño de las Navidades pasadas aún está muy presente para la mayoría de ellos. Aún es incierto el futuro de Elcogas, esa central que fue exhibida con orgullo por sus accionistas cuando iniciaba su andadura. Esos mismos accionistas que ahora pretenden cerrarla sin, ni siquiera, barajar otras alternativas para dar viabilidad a la que fue pionera en su momento y anticipó la nueva forma de hacer energía, respetuosa con el medio ambiente. Un proyecto ilusionante que se fue haciendo realidad desde el principio y cuyos accionistas, principales empresas energéticas del país, pretenden cerrar alegando causas económicas, mientras sus cuentas de resultados no dejan de crecer.

Concentración Ministerio Industria. Noviembre 2014

Los trabajadores de Elcogas llevan luchando más de 18 meses al grito de ELCOGAS NO SE CIERRA. Una de las razones del éxito de esta lucha ha sido la UNIÓN que han demostrado. Inasequibles al desaliento, no han abandonado la lucha en ningún momento. Y todo ello a pesar de que la incertidumbre ha hecho mella en la salud de muchos de estos luchadores.

La preocupación se ha materializado de diversas formas, problemas psicológicos, afecciones cardiacas, insomnio crónico, etc. Todos los desvelos, al final, habrán merecido la pena si se consigue el objetivo final: que no se apague la luz de una instalación industrial pionera en la generación de electricidad de manera limpia. #ElcogasNoSeCierra#.

Mónica Martínez y Daniel Esteban

Situación del convenio colectivo de Ahorro

Situación del convenio colectivo de Ahorro.

 En el momento de escribir estas líneas podríamos afirmar que el Convenio de Ahorro se encuentra totalmente bloqueado. Después de 11 meses tratando de crear un marco razonable de negociación por parte de los sindicatos, sin embargo  hemos tenido enfrente a una patronal inamovible en sus planteamientos iniciales. Durante todo el proceso de negociación sus planteamientos han pasado por una absoluta liquidación de aquellos derechos de los trabajadores que durante decenas de años han conformado el marco laboral del Sector de Cajas de Ahorros.

Con el estallido de la crisis financiera, hemos sufrido una reestructuración fortísima los trabajadores del Sector que ha supuesto la pérdida de más de 52.000 puestos de trabajo, recorte de retribuciones y derechos en las distintas Entidades que se han abordado ERE’s , cierre de miles de oficinas, miles de millones de euros en ayudas públicas para evitar el desplome de los Bancos. Después de todo este sacrificio nunca tienen suficiente,  quieren dar una vuelta de tuerca más, consolidando de por vida la liquidación de esos derechos en el propio Convenio Colectivo del Sector.

La Reforma Laboral llevada a cabo por el Gobierno del PP estaba pensada para debilitar la negociación colectiva mediante la pérdida de la ultra actividad de los Convenios Colectivos y este instrumento, está siendo utilizado por la Patronal para chantajear a los 82.000 trabajadores del Sector de Ahorro, para tratar de imponer la desregulación de los horarios, la pérdida del salario con derechos, la eliminación de la carrera profesional por la experiencia y méritos propios, la movilidad geográfica a más de 50 km…

Los trabajadores debemos ser conscientes de la importancia del momento crucial en que se encuentra la existencia del propio Convenio Colectivo, máxime si tenemos en cuenta que se prevé, con total seguridad, que muy pronto vamos a asistir a una nueva oleada de concentración de Empresas Bancarias. La existencia del Convenio Colectivo ha sido la “red de seguridad” que ha garantizado unos derechos mínimos que se han mantenido durante la reestructuración que hemos padecido, por lo tanto abordar un nuevo proceso de concentración financiera se hace vital para nosotros que exista un Convenio del Sector.

Pero de la misma forma que sabemos de la importancia del Convenio, también debemos dejar constancia de que no será un Convenio a cualquier precio. Hasta ahora, solo se han realizado tímidas movilizaciones para llamar la atención sobre la intransigente actitud de la patronal, pero está claro que ante una situación de este tipo, solo con la movilización de todos los trabajadores y trabajadores del Sector, hasta donde sea necesario, será posible que podamos llegar a un escenario de Acuerdo en donde podamos garantizar los derechos que durante tanto tiempo nos ha costado alcanzar.

Sebastián Moreno

Secretario Federal Sector Financiero FeS UGT