La estafa nacional

El comisionismo es una lacra legal en nuestro país ¿Hay algo más injusto que enriquecerse sin trabajar?Afirmo que no. Es por esto que quiero centrar este artículo en este espécimen concreto: el comisionista.

                La intermediación debiera estar tasada, como lo están los salarios de los trabajadores y las trabajadoras en los convenios colectivos. Pero ya sabemos que la “libertad”, sobre todo si es de mercado, es muy “elástica”.Intermediar es lo que, por ejemplo, hacen las grandes superficies distribuidoras dealimentos, entre los productores y los consumidores. Otra cosa es que se justifique que Mercadona haya obtenido un 40% de beneficio en 2023, Carrefour un 23%… Intermediar sí, pero que esos abultados beneficios se produzcan a costa de saquear los bolsillos de la mayoría de la sociedad y de explotar a los agricultores y ganaderos es otra cosa muy distinta.             

                El comisionista sin ninguna ética se inserta en el mundo de la intermediación y por eso no es considerado corrupto o delincuente; no lo es porque el poder legislativo así lo quiere.

                Permítaseme una digresión. Las instituciones y las personas que las integran son un referente para la sociedad, como los padres y madres lo son para sus hijos e hijas. Es decir, si el jefe del Estado fue considerado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo como “un comisionista internacional” y no pasa nada, la sociedad que está debajo de la punta de la pirámide lo percibe el comisionismo como “normal”. Me retrotraigo en el tiempo y pienso que él, el Emérito, hizo lo que vio a lo largo de su vida, en su familia y desde que en julio de 1969 fue designado por Franco su sucesor como jefe del Estado -Artº. primero de la Ley 62/1969 de 22 de julio- tiempos en los que a su alrededor no vio otra cosa que “señores de bien”, “pro hombres de la patria”, trincando a diestro y siniestro.

                La peor versión de comisionista es el que recibe dinero por poner en contacto a una Administración decide adquirir una cosa o un servicio, con quien vender ese servicio, haciendo uso de un cargo público o a través de un cargo público; se llámese Koldo, Ayuso, Juan Carlos de Borbón o Urdangarín.El problema es cuando el saqueado es el erario público, es decir, todos y todas las que pagamos nuestros impuestos, pues ¡Oh, casualidad!, el comisionista rara vez paga impuestos.

                A finales de febrero nos enteramos del caso Koldo. Es inaceptable que el ministro de Fomento en el primer Gobierno progresista de coalición diga queél “no sabía nada ni vio nada raro”. En otros casos de corrupción, como en la Gürtel, Ana Mato, ministra de Sanidad en el Gobierno de Rajoy, no vio los vehículos de alta gama que su marido aparcaba en el garaje de la casa. Aquí me asalta una duda; ¿vio Felipe de Borbón los Ferrari de su padre? En las mismas fechas de la grama Gürtel, 2017, la justicia dictaminó que Cristina de Borbón no sabía nada de las andanzas de su marido en el casoNoos, a pesar de que quedó acreditado que se había gastado, ella, 265.000 euros de la trama.

                Desde mediados de este mes de marzo asistimos a un nuevo episodio de la serie “Los Ayuso”, -no la busquen en ninguna plataforma de series y películas, está relatada en la prensa escrita, aunque con tramas distintas según la orientación ideológica del medio-. Se trata del clan de la falangista que preside Madrid, un claro ejemplo de cómo la minoría privilegiada de la sociedad hacen sus fortunas, digno de estudio para las facultades de historia para saber cómo se formaron las grandes fortunas de este país.

                Supimos de este clan en 2019.AvalMadrid (empresa semipública, participada por la Comunidad de Madrid, la Confederación de Empresarios de MADRID, la Cámara de Comercio de MADRID, Caixabank (herencia de su fusión con Bankia)era acreedora de los padres de la presidenta que debían 311.000 €,el 78% de un préstamo, que de 400.000€, concedido por AvalMadrid en abril de 2011 a una empresa del padre de Ayuso. Casualmente, AvalMadrid fue tan permisiva con su moroso que no reclamó el dinero hasta octubre de 2019, 8 años después. Digo “casualmente”, pues coincide con que Ayuso tomó posesión de su cargo como presidenta el 19 de agosto de 2019, por vez primera.

                Para eludir el pago, el clan Ayuso se descapitalizó: una triquiñuela legal para no pagar, donaron un piso de 90 m2 en el barrio de Chamberí y otra vivienda de 212 m2más una finca de 700 m2, estás dos últimas propiedades en Sotillo de la Adrada, donación efectuada a sus propios hijos: Isabel, la IDA y Tomás el Mas Carilla. Como lo de Koldo -el amigo de Ábalos y recomendado de Santos Cerdán- que tiene propiedades a nombre de su hija pequeña.

                Después, nos enteramos que Tomás el Mas Carilla, trincó 234.000€ de comisión sobre el millón y medio que la Comunidad de Madrid pagó a PrivietSportive, S.L. Según se sabe, el botín de 1,5 Millones se repartió, tras descontar el coste dereal de las mascarillas, 500.000€: 234.000 para el comisionista y 766.000 para el empresario.

                La madre, no la de la novela de Gorki, la de Ayuso, es o era apoderada en la empresa Prhoinsa, S.A., (Proyectos Hospitalarios Internacional) receptora de más de 1 millón de euros, desde 2018, cuando IDA era viceconsejera del Gobierno, a lo largo de 25 contratos de esos que se dan a dedo, pues los pedidos se parcelan o diseccionan.

                Por supuesto, la ¿Justicia? no ha visto indicios delictivos en estos hechos y en lo que lo había prescribieron a tiempo.Juzgar según a qué espectro ideológico pertenezca el o la juzgada; sea ministra, infanta, presidenta o portero de lupanar, ¿no entra también en la definición de “lawfare”? La ¿Justicia? europea y española no vieron irregularidades en estos negocios, ni siquiera nepotismo.

                Lo último es el caso de Alberto, el novio de Ayuso (novio o lo que sea) que ha sido acusado por la Fiscalía Provincial de Madrid, tras ser informada por la Agencia Tributaria, por delitos fiscales, falsedad documental -facturas falsas, por valor de 1,7 millones de euros- para rebajar los beneficios de sus empresas con la finalidad de no pagar impuestos. Delitos fiscales que el Novio ha admitido, por mucho que la IDA mienta y diga que se trata de una simple inspección de Hacienda.

                Las empresas del el Novio, prestan servicios sanitarios. El socio de la madre y el hermano venden productos sanitarios, un directivo de Quirón involucrado en la creación de una empresa en Panamá, utilizada por el Novio para eludir impuestos. Esto son algo más que casualidades y yo no creo en las casualidades.

                Mi conclusión es que la privatización de los servicios públicos, en este caso la Sanidad Pública, engendra la corrupción, sea a pequeña escala como la venta de mascarillas o sea de gran tamaño como es la cesión y privatización de hospitales públicos.La privatización se inició en Madrid en 2003, tiempos de Esperanza Aguirre, con el “Tamayazo”, gracias a que en 2002 se traspasaron las competencias de Sanidad a las comunidades autónomas. La privatización está amparada por la Ley 15/1997, y los conciertos y convenios, eso que se llama “colaboración publico/privada” por los artículos 66, 67 y 90 de la ley General de Sanidad de 1986.

                Sin privatización, no de produciría la corrupción, o al menos el Estado, es decir todas y todos los ciudadanos, estaríamos más protegidos.

                Veremos qué dice la ¿Justicia? en los casos Koldo y Novio, y si ve algo. Pero algo está fallando en la izquierda, política y sindical, si no se sale a la calle masivamente para que los estafados y estafadas podamos expresas nuestra repulsar este espolio expolio nacional.

Rogelio Obrador
Militante socialista de Madrid

8M. Solidaridad con las mujeres palestinas

En la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del «Día de la Mujer Trabajadora», que se comenzó a celebrar al año siguiente. Desde entonces, esta fecha, hoy llamada “día de la mujer” sirve para reivindicar la igualdad en todas las esferas de la vida, el fin de patriarcado y para denunciar la violencia y discriminación que todavía hoy sufrimos las mujeres.

Pero hoy, 8 de marzo de 2024 nuestra reivindicación se dirige al mundo para exigir el fin del genocidio en Palestina. Desde su inicio, el estado israelí ha asesinado a más 12.000 niños y niñas y 8.190 mujeres. De las 7000 personas desaparecidas, el 70% son mujeres, niños y niñas.

Nuestra solidaridad con las mujeres palestinas:

  • Mujeres que están siendo detenidas, vejadas o asesinadas.
  • Mujeres a las que han tenido que practicar cesáreas sin anestesia, curar heridas con vinagre doméstico, realizar operaciones sin luz al amparo de teléfonos móviles, mujeres que contraen infecciones y mueren por complicaciones. 60.000 embarazadas darán a luz en estas condiciones en los próximos meses.
  • Mujeres que trabajaban en un sistema educativo que está siendo bombardeado y que ha causado ya centenares de víctimas entre las mujeres docentes de universidades, escuelas e institutos.

Exigimos el alto el fuego inmediato y fin del genocidio.

Exigimos que cese la destrucción de cualquier recurso vital para el pueblo palestino: ambulancias, escuelas, hospitales, centros de salud, panaderías, tanques de agua, paneles de energía.

Las mujeres socialistas del Vendrell y el Baix Penedès mostramos nuestra solidaridad con la resistencia activa de las mujeres palestinas.

Su sufrimiento no debe seguir siendo ni ignorado ni silenciado.

Exigimos el alto el fuego inmediato y permanente y la ruptura de todas las relaciones con Israel.

Hoy no hay 8 de marzo sin apoyar a las mujeres palestinas.

Montse Salvatierra
Militante PSC el Vendrell
Mujeres socialistas del Penedés

Estoy cansado del ruido

Hace tiempo que apenas debatimos, que discutimos muy poco sobre ideas y propuestas.

Es difícil incluso entre amigos o familia, parece que solo podemos opinar contra esto o aquello…a veces tengo la sensación de que la política vuelve a desaparecer frente a caudillos y banderas que con propuestas simplistas y ademocraticas determinan que solo hay una solución: el orden y la ley, su orden, y su ley. Y en medio de este ruido, se sitúa la actual discusión sobre la Amnistía, desde la necesidad de la aritmética parlamentaria y la necesaria normalización de Cataluña.

                La Amnistía es una medida profundamente política, compleja y controvertida, que puede proporcionar un Gobierno de Justicia social y resolver un viejo problema, el de la diversidad y pluralidad de pueblos, lenguas, tradiciones e historia que conforman la realidad del Estado español.

                La Constitución española casi resolvió el callejón sin salida del equilibrio territorial inclusivo o centrífugo mediante un sistema autonómico cuasi federal; y digo casi porque su éxito paulatino depende, como todos sabemos, del desarrollo de la propia arquitectura constitucional y de las leyes que se derivan consecuentemente y permiten construir poco a poco un sistema más descentralizado.

                Frente a este camino aparecen en distintos periodos históricos, varias propuestas centrífugas que prometen el paraíso y la solución definitiva; por supuesto todo se resuelve y resume en una nueva idea de Patria como si eso sirviese para resolver cualquier problema social, económico o político. Como si la solución para todo fuera una nueva entidad territorial…sencillo, ¿no?

                La actitud y lo que está haciendo la derecha parlamentaria es, cuando menos, poco democrático. Su falta de respeto a las mayorías parlamentarias, a la institución donde deben debatir, por duros que sean los debates, pues no debería confundirse dureza en la oratoria con falta de respeto: el insulto, los pataleos, los gritos cuando habla el contrario, etc., no es dureza en el debate, es mala educación, no solo contra a los oradores, sino hacia los millones de votantes que han posibilitado que esos oradores estén ahí.


                Consciente de que el Parlamento da un resultado democrático que no le favorece, estos partidos políticos, PP y VOX, acometen una campaña, desde el minuto uno después de la investidura, que pone en duda el resultado electoral, la formación democrática de un Gobierno y su legitimidad.Es decir, conforman una respuesta que pone en tela de juicio el propio sistema. Y en vez de ofrecer pactos y una propuesta diferente, deciden deliberadamente romper el delicado equilibrio constitucional y democrático, conscientes de que para ellos no supone ningún problema. Y digo conscientes, porque para ellos no hay desgaste, al contrario, refuerza su posición más cerca, hoy en día, de soluciones ultraliberales que de acuerdos que frenasen el avance de los populismos y las dictaduras.

                Esta forma de actuar de estos partidos que parecen distintos, pero tienen un pasado común, desvela que su meta no es defender la Constitución, ni salvar a España, como ellos manifiestan. Su objetivo es gobernar ellos, porque así pueden tomar decisiones que siempre favorecen a una clase social determinada, la suya. Recordemos algunos ejemplos: la ley15/1997 que abrió las puertas de par en par a la privatización de la Sanidad; la ley 6/1998 sobre el régimen del suelo, que permitió la recalificación del suelo público y que desembocó en la burbuja inmobiliaria de 2008 (estas dos leyes fueron obra del Gobierno de Aznar; la Ley 3/2012, conocida como la reforma laboral de Rajoy, impuesta sin negociación con los sindicatos -con la patronal no fue necesario negociar; la amnistía fiscal de 2012, del Gobierno Rajoy, que legalizó el fraude fiscal -ley anulada por sentencia del Tribunal Constitucional en 2017-; la Ley 4/2015, conocida como “Ley Mordaza”. Podría continuar con un largo etcétera.

                La Amnistía se sitúa, por tanto, como una solución a pesar de las dudas que a todos nos suscita, a pesar de que a determinados sujetos políticos les permite eludir sus responsabilidades y volver a donde ellos mismos crearon un problema que ellos mismos no supieron resolver.


                Esta visión del problema no es, lógicamente la única, ni la mejor seguramente, sino que es necesario discutir, debatir, y, como recuerda Juan Torres el 2 de marzo, en su blog (juantorreslopez.com), es necesario hacer mucha pedagogía que permita un conocimiento de la cuestión suficiente dada la importancia y la trascendencia del asunto.

                Necesitamos cada vez más, partidos políticos que sean más democráticos, no solo en la apariencia, cuyas estructurasno sean tan verticales; para evitar el cesarismo o presidencialismo, impropios de partidos de izquierdas. Estructuras que respeten verdaderamente a los afiliados y afiliadas, que son quienes hacen posible la permeabilidad con los colectivos sociales y vehiculen las opiniones de los ciudadanos, con el objetivo de ir conformando las resoluciones congresuales y los programas electorales, los cuales una vez en el poder hay que respetar. Si estas pautas se cumpliesen, entre otras cosas, evitaríamos la aparición de soluciones totalitarias, reaccionarias, votadas por los propios ciudadanos como Ayuso, Trump, Miley, o Putin, como modo de mostrar su rechazo a un sistema que perciben, la mayoría de la sociedad, cada vez como más ajeno.

Eduardo Hernández
Presidente de ASTRADE

Entrevista: Carmen López Llorente

Carmen López Llorente es portavoz de Marea de Residencias, miembro de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus Familias (ADEMAF) e hija de víctima en una de las residencias de Madrid.

Pregunta: El número 7291 es un icono en las redes sociales ¿Qué sentimientos te produce cuando lo ves?

Lo veo más un símbolo que una realidad, creo que la cifra fue muy superior. Siempre intento imaginar, más allá de las cifras, a las personas. Tras leer los testimonios de cientos de familiares de víctimas, te puedo asegurar que detrás de cada cifra hay un verdadero drama.

Pregunta: ¿Desde cuándo lleváis organizadas las familias de los y las residentes en las Residencias de mayores?

Personalmente me uní a una plataforma de familiares en la primera residencia que habitó mi madre, en junio de 2.015. Posteriormente en las plataformas de otras dos residencias. Ademaf se fundó en 2018 y Marea de Residencias en septiembre de 2019.

Pregunta: A principios de marzo compareciste ante la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de la Comunidad de Madrid ¿Cómo te fue, qué conclusiones sacaste de esa experiencia?

Pues el primer intento de amordazarme, para que no pudiera recordar la gestión criminal de la pandemia en Madrid, no dio resultado. Posteriormente, durante la patética intervención de la diputada del PP, se me insultó y fui acusada de “retorcer el dolor”, absolutamente ridículo. Fue muy desagradable, tuve que hacer de tripas corazón para intentar responder a algo tan absurdo.

Pregunta: Casi 10.000 residentes en Residencias de la Comunidad que gobierna Díaz Ayuso fallecieron por COVID-19, pero denunciáis que a 7291 se les impidió acudir a ser atendidos en sus hospitales de referencia ¿Por qué a ellos y ellas se les negó la asistencia hospitalaria y al resto no?

9.468 personas fallecieron en solo dos meses (marzo y abril de 2.020). Es obvio, analizando los datos facilitados por el Portal de Transparencia de la propia Comunidad de Madrid, que a partir del día 7 de marzo, con el aumento del pico de contagios, descendieron drásticamente las derivaciones a hospitales desde las residencias. Esto fue motivado por decisiones políticas que más tarde se plasmaron en documentos firmados por el Director de Coordinación Sociosanitaria en los famosos “Protocolos de la Vergüenza ”.

Se creó la figura del geriatra de enlace para frenar las derivaciones desde las residencias de personas que tuvieran una situación de dependencia, aplicando los mencionados protocolos entre el 7 de marzo y el 15 de abril aproximadamente. En cuanto a la cifra de 2.177 personas que fallecieron en hospitales durante esas fechas, fue porque hubo residencias que consiguieron derivar a algunos residentes con un grado de dependencia moderado y a partir de mediados de abril empezaron a permitirse las derivaciones desde las residencias. Entretanto las personas que tenían seguro privado no tuvieron problema en ser atendidos en hospitales.

Pregunta: El Gobierno de Ayuso se niega a hacer públicas las actas que levantó la policía municipal de sus inspecciones o visitas a las residencias madrileñas en aquellos meses de pandemia de 2020 ¿Es el contenido de esas actas un fiel reflejo de la situación que sufrieron vuestros familiares y de en qué circunstancias fallecieron?

Así es. Esas actas son documentos oficiales donde se plasmaron con bastante fidelidad los horrores que se vivieron en muchas residencias.

Pregunta: Evidentemente, a las víctimas las mató el virus, pero ¿qué responsabilidades reclamáis en los juzgados y a la fiscalía, para los dirigentes políticos, con Ayuso a la cabeza?

Las víctimas murieron porque se les negó el derecho a una asistencia sanitaria, tuvieran Covid o cualquier otra enfermedad. Al negarles su derecho a la salud mediante unas decisiones políticas, no médicas, les abocaron irremediablemente a una muerte indigna y cruel.

Pregunta: ¿Cuál es la situación judicial de las querellas y demandas interpuestas por las familias de las víctimas? ¿Qué juzgados han abierto causas o investigaciones?

Hemos impulsado más de 300 querellas en los 21 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid. Los jueces de los distintos juzgados han actuado de manera diversas, en algún caso con sobreseimiento sin diligencias, en otros con archivo tras alguna diligencia y algún juzgado aún no ha resuelto. En cualquier caso, tras el archivo del juzgado de instrucción el procedimiento es interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (AP), si ésta también archivase, cabe la vía del recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), siempre que la persona querellante quiera continuar por esa vía. Actualmente hay 65 querellas en el TC, 3 autos de la AP que estima nuestro recurso y solicita al juzgado reserva diligencias de investigación y algunos más de 100 que siguen pendientes de resolución por parte de los juzgados de instrucción.

Pregunta: Hace unos meses intervinisteis ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ¿Qué solicitasteis y qué os ha aportado la UE?

Solicitamos principalmente una misión de Eurodiputados a España para investigar la gestión de las residencias de Madrid durante la pandemia y la situación actual. Conseguimos, tras una sesión “infartante”, que la petición permanezca abierta, a pesar del insistente empezó de Dolors Montserrat de cerrarla. No obstante, ya nos advirtió ella que todas las misiones de 2023 se habían adjudicado ya y que en 2024 no se iban a realizar por ser año de elecciones.

Pregunta: Por último, ¿qué esperáis de la justicia y qué repararía el legítimo dolor de las familias que perdisteis a vuestros seres queridos en aquellas dolorosas circunstancias?

Esperamos que la justicia funcione. No vamos a tirar la toalla, mientras haya un resquicio de esperanza seguiremos buscando justicia porque es lo único que nos puede traer cierta reparación a las familias y a la sociedad.

La impunidad, la falta de autocrítica necesariamente nos aboca a repetir los errores del pasado.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista


La Brecha Salarial entre mujeres y hombres, la gran discriminación.

El pasado 8 de marzo, como cada año, celebrábamos el Día de la Mujer Trabajadora, un día lleno de simbolismos que nos recuerda las diferencias existentes entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, también en lo laboral.

                Y es que, en 2021, último año que tenemos datos en la actualidad, las mujeres ganaron 5.212.74 euros menos que los hombres, situándose la brecha salarial en el 18,36%.Estos datos apuntan además que ha sido tremendamente importante la subida del SMI, 15 euros de subida, para las mujeres, ya que lo datos apuntan 0,36 puntos menos que en 2020.

                El pasado 22 de febrero celebrábamos el Día por la Igualdad Salarial y es importante señalar para las y los  que aún tienen dudas que para acabar con la brecha salarial hay que tapar los agujeros negros que persisten en el ámbito laboral: pues las mujeres siguen ocupando peores empleos, están peor pagadas y ocupan mayoritariamente los contratos a tiempo parcial (un 70% de ellos, además el 52% trabaja en esta modalidad de jornada, de manera involuntaria, al no haber podido encontrar un trabajo a tiempo completo).

                Los datos que conocimos en esos días nos indican que los 3 millones de personas que cobraron como máximo 965 euros, el 69% eran mujeres y es que la brecha salarial se da en todas las edades, pero ser mujer y joven está doblemente penalizado. Una mujer entre 25 y 34 años cobra de media 3.364,17 euros menos que sus compañeros de la misma edad (a pesar de haber más tituladas universitarias que hombres) y 4.109 euros menos que la media de las mujeres trabajadoras en España.

                Pero cuando llega a su límite de injusticia la brecha salarial es cerca de la jubilación donde se dispara una vez las mujeres alcanzan la edad de jubilación, resultado de toda una vida de discriminaciones (la brecha salarial en pensiones se eleva hasta el 33,13%). Además, hay más mujeres que hombres trabajando más allá de los 65 años, en concreto unas 20.000 más y con una brecha salarial del 27,73%, si traducimos todos estos datos nos encontramos con que las mujeres no nos podemos jubilar a los 65 y por tanto tenemos que continuar trabajando.

                La discriminación salarial se da prácticamente en todas las ocupaciones y actividades e independientemente del nivel de cualificación.

                Por Comunidades Autónomas, la brecha varía de unas otras, pero ninguna se libra. Donde hay más brecha es en Asturias, Navarra y Murcia. Este es el peor caso porque tiene los segundos salarios más bajos de toda España y la tercera brecha salarial más elevada. Por el contrario, la Comunidad Autónoma donde las mujeres tienen los salarios más altos y están algo menos discriminadas en relación a los hombres es el País Vasco.

                Otro dato es que la brecha salarial se produce en contratos indefinidos y en temporales. Así las mujeres con contrato indefinido reciben una quinta parte menos de media de salario que los hombres con este tipo de contrato. Aún, así los salarios de las personas con contrato indefinido están por encima del salario medo bruto anual.

                Son muchas las medidas necesarias para acabar con esta situación de injusticia que afecta al 50% de la población, por eso es importante poner en valor las subidas del SMI porque impulsan la reducción de la brecha salarial, al ser las mujeres las principales perceptoras de los sueldos más bajos.

                Sin embargo, es el momento de decir que no basta, hay que abordar la contratación a tiempo parcial en nuestro país, porque penaliza a las mujeres como indica el dato de que 1 de cada 4 mujeres trabaja a tiempo parcial y sus salarios medios se sitúan en torno a los 11.650,36 euros.

                El 23,25% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, en el caso de los hombres, este porcentaje se reduce hasta el 6,70% y aun así sus salarios siguen siendo mayores, casi 13.000 euros.

                Otra de las medidas necesarias para conseguir la igualdad salarial, es la de vigilar el cumplimiento, por parte de las empresas, de la normativa en materia de Igualdad Retributiva; convocar una mesa de diálogo social para trasponer la Directiva Europea de Transparencia Salarial a la legislación española para reforzar el principio de igual retribución por trabajos de igual valor; y establecer estadísticas desagregadas por sexo, que analicen la ocupación y el nivel de estudios.

                Y no podemos olvidar la importantísima labor de la Inspección de Trabajo, una inspección de trabajo que necesitarecursos y tener planes de actuación en materia de igualdad retributiva, para poder intervenir en aquellas empresas donde se infravalora el trabajo de las mujeres. Para ello son necesarios criterios claros sobre registros retributivos, valoración de los puestos de trabajo y auditorías retributivas.

                Es el momento de pedir al Gobierno que destine fondos para la formación de las personas negociadoras de convenios colectivos y planes de igualdad, ya que, si queremos reducir la brecha salarial, de una vez por todas, hay que abordarla desde muchos puntos de vista y seguir trabajando en modificaciones legales para que la igualdad retributiva sea un hecho en las empresas.

La igualdad real no será una realidad mientras sigan existiendo diferencias fundamentales entre mujeres y hombres que les favorezcan siempre a nuestros compañeros,  es fundamental promover la corresponsabilidad para que los hombres, de una vez por todas, se impliquen en los cuidados y que cuando hablemos de permisos, no tengan cara de mujer y es que las  estadísticas demuestran que los permisos para cuidado de menores o mayores o las excedencias siguen siendo solicitados mayoritariamente las mujeres. Tan mayoritariamente, que los datos arrojan unos porcentajes del 80% de mujeres frente al 20% de hombres”.

                Y sin embargo, esas mismas estadísticas apuntan a que cuando los permisos son remunerados, como el permiso por nacimiento, el porcentaje se equipara y llega casi al 50% – 50% por eso es importante que los permisos sean remunerados para que los hombres también los vayan solicitando porque esto no es una cuestión de que ellos no los quieran solicitar, sino que tiene su origen en la brecha salarial que existe en nuestro país y en el hecho cierto de que, por regla general, los salarios de las mujeres son más bajos en nuestro país por lo que una pareja, a la hora de decidir quién reduce su jornada o solicita una excedencia, lo determinan por el que menos ingresos tiene. Hay que ir cambiando esta tendencia y que los hombres se vayan incorporando cada vez más a esos cuidados.

                Es necesario avanzar en la corresponsabilidad, en ese sentido, nos preocupa especialmente, el permiso de 8 semanas hasta que el niño o la niña tienen 8 años, que, en principio,no está remunerado por lo que mayoritariamente lo van a solicitar las mujeres, por eso la importancia de que ese permiso sea totalmente remunerado. Y es que España es uno de los países europeos con más permisos para el cuidado, sobre todo, en edades tempranas, pero que estos nuevos permisos, que son la trasposición de una directiva europea que entró en vigor el 1 de julio en nuestro país, tienen que tener un desarrollo reglamentario.

                La OIT calcula que invertir en la atención infantil universal y en los servicios de cuidados de larga duración permitiría generar 280 millones de empleos de aquí a 2030, aumentaría la tasa de empleo de las mujeres en un 78% y lograría que el 84% de estos empleos fueran formales’.

                Resulta alentador constatar la labor que los sindicatos están llevando a cabo en todo el mundo en favor de la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, ya es hora de que todos los gobiernos del mundo hagan lo mismo.

                En España, a pesar de los avances legales en materia de igualdad retributiva, fruto del diálogo social y la brecha salarial se sitúa en el 18,4% una cifra aún demasiado alta que nos debe llevar a poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para que las mujeres y los hombres seamos iguales de verdad, es de agradecer las medidas puestas en marcha como señalábamos antes como la subida del SMI pero tenemos mucho camino que recorrer y la seguridad de que sí no es este Gobierno quien las pone en marcha, tenemos pocas esperanzas.

María Iglesias Domínguez
Periodista, Tribuna Socialista

xv Congreso PSC

El fin de semana del 15, 16 y 17 de marzo se ha celebrado en Barcelona el XV congreso del Partido de los socialistas de Cataluña bajo el lema «Ara toca Catalunya». No estaba planificado que el congreso se celebrara justo después de la convocatoria de elecciones anticipadas del Presidente Pere Aragonés, pero en efecto, el rechazo a los presupuestos del Govern de la Generalitat que solo recabó el apoyo de los diputados/as de ERC y del PSC provocó la convocatoria de elecciones para el 12 Mayo. En este clima preelectoral se celebraba un Congreso que reelegía a Salvador Illa como Primer Secretario del PSC y también como candidato a la presidencia de la Generalitat.

Han sido tres días de intenso debate sobre las propuestas de los y las socialistas catalanes, arropados por la presencia de los presidentes Zapatero que intervino en la inauguració y Pedro Sánchez, que hizo lo propio en la Clausura.

Tres mensajes claros han salido de la intervención de Salvador Illa.

El primero de ellos es que después de más de una década de ruido y humo, después de más de una década de desgobierno y despropósitos, es necesario un presidente con sensatez, que haga realidad la política útil que el PSC defiende; la política encarada a las necesidades de los catalanes y catalanas, del conjunto del país.

El segundo de los mensajes que ha lanzado Salvador Illa es que quiere el apoyo de todas y todos. De los autonomistas y de los independentistas, de los de izquierda y de los de derecha, de los nacidos aquí y de los nacidos allá… Por qué la Cataluña que queremos recuperar es la Cataluña líder, que progresa, que crea oportunidades y las aprovecha. Cataluña que es motor de España y de las regiones de Europa.

Y el tercero de los mensajes es que la prioridad de gobierno de Salvador Illa se centra en la recuperación de los servicios públicos y en su excelencia. Educación, salud, seguridad, agua y energía, desarrollo económico, cohesión social, movilidad… Illa dice que necesitamos servicios públicos potentes ya que han sido abandonados desde hace más de una década y el PSC establece como prioridad dotar a los servicios públicos de los recursos suficientes, de las infraestructuras necesarias para recuperar la Cataluña que prospera colectivamente.

En el terreno de las personas, destaca la recuperación de Núria Parlón, a la que se nombra portavoz de la comisión ejecutiva y la incorporación en la comisión ejecutiva de alcaldes y alcaldesas como ejemplo de la importancia del municipalismo en el cambio de paradigma que puede suceder después de las elecciones del 12M.

Todo preparado para proceder a la elección de los candidatos y candidatas que encabezaran las listas al parlament por las cuatro circunscripciones provinciales que se aprobarán en el consell nacional que se celebrará la primera semana de abril.

Baltasar Santos
Miembro del comité de redacción de TS

Acto por la Amnistía en Barcelona

El miércoles 13 de marzo se realizó un acto por la Amnistía en el Cetro Cívico de Sant, Barcelona.

En el acto, organizado y difundido por CATP participaron:  JoanTardàex diputado en Cortes por ERC, DolorsBassa, sindicalista de UGT, ex consejera de la Geralitat, condenada por el “proces” e indultada posteriormente, David Clara portavoz de EncomunPodem en Barberà del Vallès, Marina Gallés de Òmnium y AngelTubau por la coordinadora del CATP, el acto fue moderado por el abogado Miguel González.

Hubo saludaciones al acto del Comité Internacional Contra la Represión, del Colectivo de Mujeres Republicanas, de la Coordinadora de la marcha por la Republica del 16 de junio y de Tribuna Socialista.

El acto al que acudieron más de medio centenar de personas, sindicalistas, pensionistas, concejales y concejalas de diferentes partidos,transcurrió en un ambiente de fraternidad y espíritucombativo, las exposiciones de los diferentes ponentes coincidían en que  defender la Amnistía es una cuestión democrática que choca con los sectores mas añorantes del régimen franquista, encabezados por la alta judicatura y su máximo representante, Felipe VI.Diferenciaron entre Indulto y Amnistía ya que el Indulto sigue reconociendo la comisión del delito imputado, aunque exime del cumplimiento de la pena y la Amnistía niega la comisión de delito alguno.

Nadie garantiza que la Amnistia se vaya a aplicar aunque sea aprobada por las Cortes, remarcó uno de los intervinientes, lo que hace que la lucha por las libertades contra la represión cobre especial importancia, en concreto la lucha por derogar la “ley mordaza” compromiso pendiente de ser realizado.

Defender el derecho del pueblo de catalán a decidir su propio destino, es algo por lo que nadie debería ser juzgado, hacerlo mediante una votación pacifica, menos aún.

También fue destacada la importancia y el compromiso del CATP que, desde el primer momento, tuvo un pronunciamiento inequívoco, por la libertad de los presos. Especial relevancia se dio a la importancia de que la campaña por la Amnistía se realizara en todo el estado, ofreciéndose los oradores a participar en los actos a que fuesen invitados en cualquier territorio del Estado español.

José A. Iniesta

ALTO AL GENOCIDIO

Alto el fuego inmediato e incondicional

La Casa del Pueblo de la UGT en Madrid albergó un acto, el pasado día 21 de marzo, por el Alto el Fuego inmediato y contra el Genocidio en Gaza.

Tuve el honor de compartir mesa con miembros pertenecientes a distintas organizaciones: la Secretaría de Relaciones Internacionales de UGT, IU, Compromiso por Getafe, Izquierda Socialista-PSOE, el Frente Popular para la Liberalización de Palestina, CCOO, el Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos y la Asociación Trabajo y Democracia; estas dos últimas promotoras del acto, junto a Tribuna Socialista.

Al acto asistieron unas 50 personas, todas ellas militantes y activistas comprometidos con la democracia y los derechos de los pueblos. El evento fue importante por la pluralidad y por el contenido de las intervenciones, tanto desde la Mesa como desde los asistentes participantes en el debate.

En la práctica totalidad de las intervenciones se introdujo la necesaria Unidad para parar de inmediato la masacre que se está cometiendo contra el pueblo palestino, es decir, un Genocidio. El ejército israelí ocupa el puesto 18 entre las 145 fuerzas militares mejor dotadas del mundo -según el ranking de Global Fire Power- y lleva seis meses bombardeando indiscriminadamente a población civil, hospitales, escuelas y atacando a la población cuando esta acude a recoger la ínfima ayuda humanitaria que entre en la Franja de Gaza. Por qué lo llaman guerra cuando se trata de un exterminio, perpetrado por un ejército contra población indefensa.

El resultado de esta barbarie es que en estos seis meses han sido asesinadas más de 32.000 personas, el 70% de ellas, más de 20.000 mujeres, niños y niñas. Cuando se mata a las mujeres y a los menores de edad es que se quiere exterminar a un pueblo, cercenar su futuro. A estas cifras hay que añadir los más de 8.000 desaparecidos, muy probablemente fallecidos bajo los escombros y las decenas de muertes por hambre que ya se están produciendo. De los 2,3 millones de habitantes en la Franja de Gaza, 1,9 han sido desplazados hacia el sur; donde el Gobierno sionista les instó a refugiarse, pero donde también son atacados y bombardeados.

No debemos olvidar que la ocupación del territorio palestino data de las postrimerías de la I Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña ocupó la Transjordania y Siria desde 1915 a 1922 y por mandato de la Sociedad de Naciones, desde 1922 a 1947. Churchill, Roosevelt y Stalin, tras la II Guerra Mundial, decidieron partir y repartir el territorio con nula ecuanimidad, entre israelíes (minoría que recibió la mayoría del territorio) y palestinos (mayoría que recibió la minoría del territorio). Desde entonces, la ocupación e invasión violenta de los territorios palestinos no ha cesado, a base de guerras y provocaciones para el conflicto armado. Las consecuencias no son solo los miles de muertos, desaparecidos y desplazados de estos últimos meses. Hay más de cinco millones de palestinos y palestinas que viven exiliados fuera de sus fronteras, en campos de refugiados en Líbano, Siria y Jordania, entre otros lugares.

En base a lo anterior, es erróneo decir que el ocupante ilegítimo de un territorio tiene derecho a la autodefensa, de ser así, ¿está Putin ejerciendo su derecho a defenderse, cuando es atacado en territorio ocupado? Israel lleva más de 50 años desoyendo las resoluciones de la ONU, por la ilegalidad de los territorios ocupados por su ejército y sus colonos.

Es necesaria la Unidad en nuestro país y a nivel internacional. En relación a esto último, es muy destacable el contacto que han iniciado desde la Sección Sindical de CCOO en John Deere de Getafe, según se indicó en el acto, con los sindicatos del automóvil norteamericano, punta de lanza del rechazo a la acción cómplice que está ejerciendo la Administración Biden en el Genocidio que Israel está perpetrando. Hay que decir que la pauta que todas las administraciones estadounidenses ha sido la misma: de apoyo incondicional, de guardaespaldas de Israel, aunque unas lo hayan expresado con mayor o menor intensidad. En diciembre de 2017, Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel.

La sociedad no puede mirar para otro lado ni ser mera espectadora de esta injusticia ni de la masacre que se está produciendo. Para que no lo sea, corresponde a las organizaciones políticas y sindicales, como en 2003 contra la guerra de invasión de Irak, y a todas las organizaciones comprometidas con la defensa del pueblo palestino unirse para exigir al Gobierno que, además de buenas palabras, rompa relaciones económicas y diplomáticas con Israel. Es urgente. Mucho más urgente que reconocer a Palestina como Estado. Solo el aislamiento económico de Israel puede hacer que el Gobierno sionista de Netanyahu pare sus agresiones.

Los participantes en el acto mostraron ser conscientes de que la situación internacional es compleja, muy complicada, pero nadie tiene derecho a llevar a los pueblos a la confrontación. Hoy es masacrado el pueblo palestino ¿cuál será el siguiente? Esto nos lleva a no poder permanecer callados ante este crimen de lesa humanidad, y a no ser cómplices del mismo.

Solo la Unidad hará posible que la sociedad salga a las calles en masa, que se implique y en favor de una Palestina Libre.

Roberto Tornamira
Miembro de ASTRADE

Al finalizar el acto se dio lectura al siguiente Manifiesto:

¡Alto el fuego inmediato!
¡Alto al bombardeo y al bloqueo de Gaza!
¡Alto al genocidio del pueblo palestino!

En nuestra condición de organizaciones y ciudadanos de Madrid, que nos reclamamos de los derechos democráticos, manifestamos nuestra alarma por el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino: a fecha de 26 de febrero y desde el pasado 7 de octubre ha asesinado a más de 30.000 personas palestinas en Gaza, incluidos más de 12.000 menores, a las que se debe añadir las más de 7.000 desaparecidas, probablemente sepultadas bajo los escombros de los edificios bombardeados. Esta cifra supone el 1,9% de la población gazatí, el equivalente a más de 820.000 personas de la población española, más que toda la población que habita la ciudad de Valencia, que es la tercera más poblada del Estado español. También la población palestina en Cisjordania es objeto de ataques criminales.

Hoy, se calcula que en la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, se concentran más de un millón de personas a las que se niega lo más elemental: agua, comida, medicamentos, asistencia sanitaria.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define a éste como “un acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. La Corte Internacional de Justicia ha resuelto que Israel tome medidas inmediatas para no violar dicha convención, ante la denuncia presentada por Sudáfrica el 11 de enero. Resolución desatendida por Israel sin que ningún gobierno europeo haya hecho ningún movimiento sustantivo en apoyo de su cumplimiento.

Ante todo ello, como organizaciones y ciudadanos comprometidos con el derecho de los pueblos a su existencia en condiciones dignas, en particular del palestino:

Exigimos el Alto el Fuego Inmediato, que se detenga la agresión del Estado de Israel constitutiva de intento de genocidio. Instando al gobierno español a que decrete el embargo de todo envío de armas y la Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno israelí.

Editorial: El tablero de la política

En el tablero de la política hay muchos movimientos, unos ya previstos y otros sobrevenidos.

El próximo 21 de abril, los y las electores del País Vasco acudirán a las urnas. El 9 de junio todo el censo electoral del Estado español será llamado a elegir a los representantes al Parlamento Europeo. Estas son las fechas establecidas, porque toca. Los movimientos sobrevenidos son las elecciones en Cataluña, fijadas para el 12 de mayo. Además, a pesar de la bronca en la calle, el día 13 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía, que ahora ha pasado al Senado. Hay materia para la actividad política en los meses próximos. La cuestión es ¿con qué contenido y con qué objetivos?

El candidato de Bildu, Pello Otxandiano, declaraba a los medios de comunicación el pasado 18 de marzo que “La ambición nacional del pueblo vasco se tiene que traducir en políticas públicas, como por ejemplo en un sistema público de salud que sea capaz de ofrecer un servicio de calidad al conjunto de la población”. Bien, es una buena declaración de intenciones sobre la que partir, y sirve para el debate en las elecciones, vascas, catalanas y europeas.

Es necesario abrir un debate en todo el Estado sobre ¿cuáles son las prioridades y reivindicaciones de la mayoría de la sociedad?, pues los electores acuden a las urnas para que los elegidos y elegidas les resuelvan los problemas, o al menos así debiera de ser.

La Amnistía que está en trámite lleva en discusión desde el mes de octubre del año pasado, si bien el “ruido” que provoca la derecha no permite debatir para qué la Amnistía. Lo más urgente es sin duda desjudicializar los hechos del “procès” y que se ponga fin la acción represiva que puso en marcha el PP, con el apoyo de su fracción judicial, policial, mediática y de la propia Corona, “a por ellos oe, oe…” Una represión que afecta a unas 3.000 personas, no solo al señor Puigdemont. Lo siguiente debe ser abrir un debate sereno sobre cómo se supera el concepto de “Unidad de la Patria”, sucedáneo del “España, Una, Grande y Libre”, lema del franquismo, para dar encaje a la realidad plural de nacionalidades y regiones que integran el Estado. Se hace necesario abrir el debate del federalismo y superar el corsé autonómico.

Las interferencias no son meras opiniones o posicionamientos del habitual coro mediático de la derecha, como hacía el ABC, oficioso altavoz monárquico, tachando de inconstitucional la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Se trata de la confrontación entre instituciones, mejor dicho, de todas las instituciones contra el Parlamento, la Cámara de las Cortes que más directamente representa la soberanía de los pueblos que conforman el Estado. Esa confrontación institucional es particularmente grave desde el Senado, utilizado por el PP como traba al desarrollo de la ley. Y muy significativamente grave desde el Poder Judicial, con sus declaraciones de boicot a la Ley de Amnistía; recordemos que es el Rey quien preside el Poder Judicial, el que abre los cursos judiciales sin importarle que el gobierno de los jueces lleve más de cinco años sin renovarse ¿se negará el Rey a firmar la ley cuando le toque hacerlo? Es evidente que hay una reacción contra la pluralidad del Estado en defensa del concepto de Unidad, heredado del pasado.

No es la primera vez que desde la Justicia se interfiere, obstaculiza y paraliza la acción del Poder Legislativo, recordemos que en diciembre de 2022 en Tribunal Constitucional paralizó el trámite parlamentario que aprobó el Congreso de los Diputados para la reforma del Poder Judicial y del TC. La democracia está “tutelada” por unos poderes que no se presentan a elecciones, que defienden los privilegios de los herederos del pasado ¿cómo podemos esperar así que se defiendan los servicios públicos, tal como reivindica la mayoría de la sociedad?

Necesitamos superar todo esto para avanzar en derechos y libertades, para poder debatir de lo que nos interesa, de: Sanidad Pública, Educación Pública, Pensiones Públicas, Dependencia Pública, que es exactamente lo contrario a los derroteros en los que, desde hace décadas, se metió a nuestros servicios públicos. La privatización de lo público es inadmisible por dos motivos: primero porque la rentabilidad de los servicios públicos no puede estar subordinada a los beneficios empresariales; y segundo porque los continuos escándalos de comisionismo dejan claro que la privatización engendra la corrupción, además de ser la privatización el origen del del deterioro de nuestra Sanidad Pública, en todas las comunidades.

Queremos debatir sobre una verdadera separación de poderes, muy particularmente de la independencia del poder Judicial. Politizado hasta la médula, escorado a la derecha y con un tufo a TOP que tira para atrás.

Necesitamos que la sociedad tome posición sobre la política de guerra a la que se nos avoca desde la UE y la OTAN, pues este tema de vida o muerte no puede ser ajeno a la voluntad de los pueblos, enajenación que solo es posible por la gruesa capa de manipulación mediática que tiene confundida a la ciudadanía y a sus instituciones sociales: políticas y sindicales. Con las graves consecuencias económicas que los conflictos bélicos tienen para los pueblos; afirmamos que sufrimos una auténtica guerra social, paralela a la militar, que destruye derechos y empobrece a la clase trabajadora. Es inadmisible que participemos en alimentar la guerra en Ucrania y, en paralelo, miremos para otro lado con el Genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, desde hace seis meses.

Estas y otras cosas son de la que hay que hablar ante los procesos electorales y en el debate parlamentario. El problema es que los ciudadanos y ciudadanas que viven de su trabajo están hastiados de ver que los representantes políticos se pierden en barrizales que nada resuelven, pero que desangran el erario público a manos de mangantes y sanguijuelas o en gastos militares. Este es el motivo que lleva al ascenso de la extrema derecha; la ausencia de una fuerza política que escuche a la mayoría social y trabaje por dar solución a sus problemas e inquietudes.

Somos conscientes de que la sola posibilidad de que estos planteamientos tomen cuerpo enerva, como vemos desde meses atrás, a la derecha de siempre y a la derecha escindida de la derecha de siempre. No soportan la posibilidad de que se puedan mover un ápice sus privilegios: por eso se mantiene la impunidad de La Corona, incluso en el delito; por eso se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial que les garantiza su impunidad ante los casos de corrupción; por eso no quieren ni oír hablar de desprivatización de la Sanidad Pública; por eso defienden a capa y espada la Educación concertada, donde empresas y congregaciones religiosas hacen su agosto;…; por eso se echan a la calle rabiosamente ante la posibilidad de que la pluralidad de pueblos que compone el Estado español conviva en paz y nos podamos poner de acuerdo para dar un giro de guion al orden establecido.

El Comité de Redacción

20º aniversario del 11-M

Se han cumplido veinte años de los atentados más terribles -por el número de víctimas- que se han sufrido en nuestro país, 192 muertos y 1.857 heridos.

190 muertos en los trenes de cercanías que todas las mañanas trasladan a los trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo, así como estudiantes que se dirigían a sus centros de estudio. A los que hay que añadir a Nicolás Jiménez Morán, el bebé que nació dos meses después del atentado, pero que murió a las 48 horas por las heridas sufridas por su madre y a Francisco Javier Torrenteras Gadea, el tedax que falleció en la explosión del piso de Leganés, en el que se inmolaron los autores de los atentados.

Tenían una media de edad de 35 años y pertenecían a 17 nacionalidades: 140 españoles y españolas (73,7%); 16 rumanos y rumanas (8,4%): 6 ecuatorianos y ecuatorianas (3,2%); 4 búlgaros y búlgaras (2,1%); 4 peruanos y peruanas (2,1%); 4 polacos y polacas (2,1%); un colombiano y una colombiana (1,1%); 2 marroquíes (varones) (1,1%); un dominicano y una dominicana (1,1%); 2 ucranianos (1,1%); una hondureña y un hondureño(1,1%); un senegalés (0,5%); un filipino (0,5%); un cubano (0,5%); un brasileño (0,5%); y una francesa (0,5%).

Al margen de la edad o del lugar en el que nacieron, tenían en común ser miembros de la clase trabajadora. Mencionamos a todos y a todas porque no queremos olvidarles, porque no son un número icónico de una fecha señalada, eran madres, hijos e hijas, padres, hermanos y hermanos, miembros de nuestra clase.

Es muy recurrente la frase de António Guterres, secretario general de la ONU, cuando en octubre del pasado año dijo: “el ataque de Hamas el 7 de octubre no viene de la nada sino de 56 años de ocupación”. No hay duda de que Guterres no justifica ni comparte que Hamas matase a 1.200 personas en los territorios aledaños a la franja de Gaza, ocupados por Israel. De la misma manera, no hay ninguna justificación en los atentados en los trenes de las madrileñas estaciones de Atocha y de El Pozo, el 11 de marzo de 2004. Lo anterior no implica que olvidemos que, justo un año antes, en marzo de 2003, una coalición liderada por la Estados Unidos invadió Irak; invasión en la que el Gobierno de Aznar involucró a nuestro país. Los atentados no vinieron de la nada.

En marzo de 2004 se cometieron dos atentados: uno, el de los trenes; el otro contra la verdad, se cometió la mayor mentira de Estado que hayan tenido que soportar los pueblos que componen el Estado español. El PP de Aznar mintió y, aún hoy, los medios de comunicación voceros de su política, continúan insinuando y vertiendo falsedades para desligar los atentados terroristas de la invasión de Irak.

El PP es un Partido que tiene alergia a la memoria, por eso, casi medio siglo después de la muerte del criminal dictador, no han condenado el franquismo. Por eso en comunidades autónomas en las que cogobiernan con la extrema derecha han derogado la ley de la memoria histórica. No quieren que recordemos, quizá por eso Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del Gobierno del PP en Madrid, ha eliminado -quizá debiéramos decir profanado- el monumento al 11-M.

El mismo grado de adicción que tienen contra la memoria lo tienen por la mentira. Por eso desde Tribuna Socialista todos los días del año recordamos y no olvidamos.

Comité de Redacción