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Movilización de pensionistas

Otro año más, el movimiento de Pensionistas se ha movilizado por el centro de Madrid, para exigir que el Gobierno encargue, de una vez por todas, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como exige la Ley 21/2021 en su Disposición Adicional Sexta, para que se garantice por Ley, y no por decreto año a año, que el incremento de las pensiones sea igual o superior al IPC, y para que la pensión mínima se equipare al Salario Mínimo Interprofesional.
Recodemos que el movimiento de pensionistas viene defendiendo el mantenimiento del poder de compra de las pensiones desde que el gobierno de Rajoy (PP), aplicase una ripia subida del 0,25% entre los años 2013 y 2018, ambos inclusive, como puede verse en la siguiente tabla:

acumulado del índice general de precios al consumo (IPC), ha sido en estos 16 años de crisis concatenadas, del 26,9% mientras que las pensiones se han revalorizado 24,1%, por lo que la pérdida acumulada es del -2,8%.

Por otra parte, parece razonable que la pensión mínima se equipare con el SMI, establecido en 1.080 euros por 14 pagas A día de hoy, la pensión mínima para un o una pensionista, sin cónyuge a cargo, es de 783,10€ por 14 pagas, mientras que, si la pensión está destinada a una persona con cónyuge a cargo, la cuantía asciende a 966,20€ por 14 pagas. En cualquiera de los casos es insuficiente para vivir, si lo comparamos con los 1.584€ del precio medio en España para una vivienda en alquiler o con los incrementos de precio de los alimentos en los últimos 12 meses: +75% el aceite de oliva, el 44,9% del azúcar, el 21,9% del arroz o el incremento general del precio de los alimentos, que en los primeros
meses del año alcanzó un +16,7%.
Para Tribuna Socialista, la reivindicación con mayor contenido es la necesidad de auditar las cuentas de la Seguridad Social. Esta es una reivindicación que el movimiento de pensionistas sumó a su lucha a partir de los informes del Tribuna de Cuentas del Estado, en particular el de 2020, cuando se hizo público que todos los gobiernos han venido utilizando indebidamente decenas de miles de millones de euros de las pensiones para el pago de otras partidas, más de 103.000 millones de euros exactamente. Esta cifra corresponde tan solo al periodo 1989 a 2018.
En la Ley 21/2021 el gobierno se comprometió a encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, algo que tendría que haber hecho en febrero de 2022. De la misma manera, esa misma Ley exige que el Gobierno presentase el informe de la Auditoría en el plazo de seis meses, es decir, que tenía hasta mediados de 2022 para presentar dicho informe. A fecha de hoy no hay noticias
del encargo de esta Auditoría que debía abarcar el periodo 1967 a 2019.
La realización de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por un organismo oficial no dependiente del Gobierno, con los datos de los que ya se disponen, dejaría claro de una vez por todas que el Sistema Público de Pensiones, que se dota con el salario diferido de los trabajadores y trabajadoras, es perfectamente sostenible y que no precisa de reformas que lo ponen a los pies de bancos y aseguradoras con fórmulas variopintas, cuyo único objetivo es la privatización del Sistema Público.
En el Acuerdo para formar gobierno, PSOE y Sumar nada han dicho a este respecto, como nada han dicho de otras reivindicaciones sociales que piden la desprivatización de la Sanidad Pública o que se deje de financiar a la Iglesia, la católica y cualquiera otra.
Como dicen los pensionistas en sus movilizaciones, “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Sindicalistas en Defensa de las Pensiones

Las organizaciones sindicales, particularmente UGT y CCOO, vienen anunciando movilizaciones para este otoño si la patronal insiste en no aceptar las cláusulas de revisión del IPC en el Pacto de Rentas que promueve el Gobierno. No les falta razón a los líderes sindicales cuando denuncian que ya basta de perder poder de compra en los salarios, con un IPC del 10,5%, al cierre de agosto.

En ese mismo marco temporal, COESPE y el resto de organizaciones que conforman el movimiento de pensionistas, anuncian una Manifestación en Madrid, para la mañana del 15 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la Plaza del Callao. Los motivos son en buena parte coincidentes con los que denuncian los sindicatos: “contra la pérdida de poder adquisitivo de pensiones y salarios”. Pero, además, también reclaman que el Gobierno cumpla con su obligación legal, contraída en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre:

“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Este grupo de Sindicalistas nace precisamente en apoyo de la manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2021, y a la reivindicación de llevar a cabo una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, exigencia social que, gracias a la movilización y la perseverancia de miles de militantes, hoy es una obligación del Gobierno. La Auditoría resulta fundamental, máxime cuando en marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas emitió un INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICOFINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018(1), en el que, en su página 44 apartado II 3.6, establece que:

“El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe solo abarcó el periodo 1989 a 2018, y el Tribunal manifiesta no disponer de información para cuantificar otros conceptos de gasto, ni los costes de oportunidad por la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o cedidos a Fundaciones Hospital. El compromiso del actual Gobierno abarca desde 1967 hasta 2019 y debería poner a disposición del Tribunal de Cuentas todos los datos e información para establecer, con precisión, la deuda que han ido generando todos los gobiernos desde 1967.

Con todo lo anterior, es inadmisible que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones proponga una nueva reforma de la Seguridad Social por la que aumentaría de 25 a 35 años los años de cotización para hallar la base reguladora; garantizando de esta manera una merma media del 8% para las pensiones futuras.

Apoyamos, nos sumamos y llamamos a participar en la Manifestación del día 15 de octubre, en Madrid. Como grupo de Sindicalistas, nos sumaremos a la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), en lugar y hora a concretar más adelante.

15 de septiembre de 2022

  1. https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf

Crónica: Reunión abierta de la Coordinadora Estatal del CATP, celebrada el 10 de septiembre de 2022.

Al menos una vez al año, la Coordinadora Estatal por la Alianza de Trabajadores y Pueblos celebra una reunión abierta en la que pueden participar compañeros y compañeras, amigos y amigas del CATP. La última, se ha celebrado el día 10 de septiembre. La reunión tuvo lugar desde diferentes sedes, en: Barcelona, Sevilla, Vitoria, Valencia, Barakaldo, Getafe y Madrid, en las que se reunieron grupos de compañeros y compañeras interconectados telemáticamente, a los que se unieron compañeros y compañeras que individualmente se conectaron desde: Canarias, Toledo o Galicia, entre otros lugares.

Se informó de la recepción de la carta que, en nombre de la Coordinadora del CATP, se remitió, en el mes de julio, al POI francés y al NAR griego, para continuar en la coordinación iniciada en la Conferencia del 9 de abril (telemática) en la que participaron militantes políticos y sindicales de 19 países europeos; Conferencia de urgencia contra la guerra y sus consecuencias para los pueblos. Coordinación en la que se avanzó en el Encuentro (presencial) que se celebró en Madrid el 25 de junio, para mostrar el rechazo a la OTAN y a la Guerra, bajo el lema “Ni Putin ni OTAN”. Se continúa de esta manera en la senda de participar en el Comité de Enlace Europeo.

Se informó de los motivos por los que, COESPE y el conjunto de organizaciones que componen el movimiento de Pensionistas, convocan una manifestación en Madrid para el día 15 de octubre; movilización con la que el CATP y los colectivos que lo componen han comprometido su participación y contribución a su éxito. La defensa del Sistema Público de Pensiones es cosa de todos, no solo de los pensionistas, también de los activos, no solo de los mayores, también de los y las jóvenes. Se exige el cumplimiento de la obligación legal que el Gobierno tiene adquirido por ley, de encargar una Auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social. Se rechaza la nueva reforma legal de la Ley de Seguridad Social que propone el Gobierno, a través de su ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que pretende aumentar de 25 a 35 los años para hallar la Pensión futura. Y se reivindica que los salarios y las pensiones se revaloricen con el IPC real. Desde el grupo de sindicalistas en defensa de las pensiones, vinculado al CATP, se envió una carta a Pedro Sánchez, en el mes de julio, firmada por 227 militantes sindicales, plateándole la necesidad de llevar a cabo dicha Auditoría y el rechazo a la nueva reforma que se pretende.

Se anunció la Conferencia en defensa de la Industria que han organizado los compañeros de Información Obrera, y que ha tenido lugar el 17 de este mismo mes.

Se ha comprometido una reunión del Comité que luchó contra el artículo 315.3 del Código Penal, hasta su derogación, comité que se reunirá el 3 de noviembre, para trabajar por la derogación de la “Ley Mordaza”. En la reunión, participará una delegación del Comité Internacional Contra la Represión.

Se dio lectura a un comunicado de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Valencia, un sector que es un servicio esencial para la sociedad, pero en el que la precariedad y los bajos salarios son la tónica general. Las trabajadoras, pues en su mayoría son mujeres, exigen la equiparación con el sector sanitario y sociosanitario, y dejar de ser consideradas “personal no cualificado”. De la misma manera, reclaman que las enfermedades profesionales propias de esta actividad laboral sean incluidas en el catálogo de enfermedades profesionales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y precisamente por la penosidad y el esfuerzo físico que este trabajo conlleva, que deriva en enfermedades profesionales graves, reivindican la jubilación anticipada a los 60 años.

Los compañeros jóvenes (trabajadores y estudiantes) vinculados al CATP informaron de la constitución de un Comité por la derogación de la Ley Subirats”, por ser una ley continuista con las leyes anteriores, desde las impuestas por el Gobierno de Aznar hasta hoy. Una Ley, la LOSU, que no resuelve los problemas de la Educación Pública universitaria.

El Colectivo de Mujeres Republicanas intervinieron para denunciar la brutal subida de los precios de los alimentos, de los libros de texto y el material escolar y, en definitiva, de los productos básicos y necesarios para las familias. Señalaron, también, que más de un millón y medio de mujeres pensionistas reciben menos de 500 euros mensuales, y que más de un millón de mujeres mayores de 65 años carecen de pensión, con lo que ello supone de ensanchamiento de la brecha de género que se sufre en este país.

Tras las exposiciones de los colectivos, tomaron la palabra 11 de los compañeros y compañeras conectados. En sus intervenciones, coincidieron con los ponentes de los temas mencionados en el apoyo a la Manifestación del 15 de octubre en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la Auditoría, en el rechazo a la Guerra sin tomar partido por un bando u otro, tomando posición únicamente por los pueblos, el primero el ucraniano, pero también el ruso y los demás pueblos de Europa, víctimas todos de una guerra por el control de la energía y las materias primas. En sus intervenciones denunciaron y llamaron a combatir la carestía de la vida que todos y todas estamos sufriendo, producto de la acción especulativa de los oligarcas de todo el mundo, con la aquiescencia de los gobiernos.

La reunión finalizó con el compromiso, por parte de la Coordinadora Estatal, de presentar, en el plazo de un mes, una propuesta de reorganización de la Coordinadora misma, dada la ampliación que el CATP está experimentando. En relación con esto, en el acto se formalizó la adhesión a la Coordinadora de la Asociación de Euskadi “Hemen, salida por la izquierda”.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista y de la Coodinadora Estatal del CATP

Intervención en la Conferencia Obrera Europea

Juan Antonio Carnés

9 de abril de 2022

El movimiento de pensionistas a nivel del Estado español por la defensa del sistema Público de Pesiones, se ha convertido en un referente de defensa de las reivindicaciones y derechos sociales de la clase trabajadora y de transparencia democrática. Ciertamente, como se pone de manifiesto en los documentos y escritos de COESPE:

» Afrontamos una situación muy díficil. El poder financiero ha conseguido una amplia mayoría parlamentaria que da cobertura a la contra reforma. La compra de voluntades de los diputados de diversas fuerzas políticas, debemos enterderlas como un producto de la corrupción y de la fuerza del poder a la sombra del sector financiero. Un poder que soborna, presiona, ofrece puertas giratorias, amenaza con campañas de prensa contra aquellos que se les opongan y financian campañas electorales y partidos políticos. Sin embargo, ello no hubiera sido suficiente, como muestra el caso francés: Macron tenía también mayoría parlamentaria y no pudo aplicar su reforma. Pero a diferencia de Francia, contra nosotros el poder financiero ha logrado el apoyo de las direcciones sindicales mayoritarias, que de espaldas a sus afiliados ha aceptado la lógica de la reforma y que algunos la tratan de defender publicamente». También es cierto que existen honradas excepciones como lo demuestran las Parlamentarias y Parlamentarios que están a favor de la Auditoría a las Cuentas de la Seguridad Social.

Nuestro combate en defensa de las pensiones como salario diferido del Regimen de reparto de nuestra seguridad social claramente enfrentado a las medidas del Gobierno, que ha empezado a utilizar la guerra como argumento para recortar las condiciones laborales de los trabajadores.

En largos años de lucha que iniciamos contra el gobierno de Rajoy los pensionistas hemos creado un sólido movimiento con nuevas formas democráticas e independientes de organizar la resistencia de clase. Situaciones similares aparecen en la lucha de la sanidad pública y en defensa de los servicios públicos contra las privatizaciones. Para luchar por las reivindicaciones, la clase obrera se organiza de forma independiente fuera de los marcos del consenso, el diálogo social y pactos de renta.

Nuestro gobierno, lejos de atender las reivindicaciones sociales, se alía con los partidarios de la guerra acordando un incremento hasta 2% del PIB de los presupuestos militares. Acepta así las presiones de la OTAN y de la Unión Europea, con la querra como justificación.

El Gobierno parece tener prisa en acelerar las reformas y los recates. Tras negarse a derogar las reformas sociales de los gobiernos conservadores, generandores de bajos salarios, rechaza mantener el poder adquisitivo, dejando la vía libre a la inflación depredadora debajos salarios, y además debilita las cotizaciones sociales. En nuestro ámbito de las pensiones el Parlamento discute ahora una ley que empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a la privatización, incentivando los fondos privados.

Estamos convencidos con vosotros de que los rechazos en cadena de las reivindicaciones amparados en el aumento de los gastos militares y su vinculación con la guerra es general en muchos países europeos.

Apoyamos la convocatoria de la Conferencia Europea de Urgencia contra la guerra y los gobiernos que la promueven, con la convicción de que encontraremos caminos para la acción común contra los organizadores que niega las reivindicaciones y derechos de la clase obrera.

Esperamos y deamos con ilusión un gran éxito de la Conferencia, y colaboraremos en desarrollar sus concluiones.

¡Viva la Conferencia Europea de Urgencia contra la guerra!