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Parafraseando el título de la novela de Alejo Carpentier, hoy, más que luces estamos en “el siglo de las crisis”. Un encadenamiento de hechos que no permiten atisbar un horizonte de próspera tranquilidad, sino más bien todo lo contrario.

Comenzamos el nuevo milenio con el cambio de moneda para doce países de la Unión Europea (UE). El 1 de enero de 2002 comenzó a circular el euro. Repentinamente, productos que costaban 100 pesetas pasaron a costar 1 euro, sin que muchas personas hubiesen tomado conciencia de que 1 euro era el equivalente a 166,386 pesetas.

Sorprendentemente, y solo explicable por el arte de los cocineros de la estadística, el año 2002 cerró con un incremento del IPC del 4%, mientras que los salarios de los 3.797 convenios colectivos que se negociaron aquel año se incrementaron, en promedio, un 3%, el SMI y las pensiones se revalorizaron en un 2%. La entrada en funcionamiento del euro no fue en sí misma una crisis, pero si provocó que el hecho ocasionase una pérdida de poder adquisitivo para las rentas del trabajo.

El principal objetivo era competir con el Dólar. Las consecuencias fueron, además de un fuerte incremento de los precios, que los países que se adaptaron al Euro tuvieron que realizar un proceso de recortes para reducir el déficit público. El resultado fue una mayor estabilidad para el capital, dado que se evitaba la fluctuación de la moneda, con sus periódicas devaluaciones; que afectan por igual a las rentas del capital que a las rentas del trabajo. A partir de entonces, las rentas del capital evitaron las devaluaciones, mientras las rentas del trabajo se devalúan por el alza de los precios.

La brutal crisis que comenzó a finales de 2007 fue la combinación de una crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las consecuencias: pérdida de empleo, cuyo techo se estableció en el primer trimestre de 2013, al alcanzar un 26,94% de paro (más de 6.200.000 desempleados); desahucios; en aquel mismo trimestre se produjeron más de 18.000 desahucios: 11.200 por impago de alquiler y 7.300 por impago de hipoteca. Entre 2008 y 2013 casi 500.000 autónomos perdieron sus negocios.

El origen de aquella crisis combinada estuvo en la Ley del Suelo de 1998, la que abrió la barra libre a la recalificación de terrenos, y la propaganda económica de que el crecimiento económico era poco menos que ilimitado, aunque la realidad era que se estaba en plena economía de engaño y casino, con las Hipotecas Subprime: créditos otorgados a clientes potencialmente insolventes, con fines especulativos, y que fueron mezcladas con otros productos financieros de alto riesgo, como los: CDO, MBS, CDS, ABS… siglas que esconden productos financieros especulativos que fueron comercializados de forma generalizada, muchas veces con engaño, llegando a la estafa en el caso del delincuente de las finanzas Bernard Madoff. En nuestro país tomó la forma de “acciones preferentes”.

Las medidas que se tomaron fueron brutales contra los derechos de la mayoría social: Las reformas laborales de 2010 y 2012 y la “Ley Mordaza de 2015”. Aún no derogadas en todo o en parte.

Paradójicamente, el PP, partido que impuso la Ley del Suelo que provocó la burbuja inmobiliaria fue premiado por los electores con una mayoría absoluta en las elecciones de 2011. Y a los especuladores se les prestaron más 100.000 millones de euros de dinero público que nunca han devuelto.

La crisis del COVID-19 casi se encadenó con los últimos años de la crisis económica en 2020 y 2021. En febrero de 2021 volvimos a rebasar los 4 millones de desempleados. En esos dos años, las pensiones se revalorizaron en un 1,8% y los salarios en el 3,22%, mientras que el IPC acumulado de aquellos 24 meses superó el 6%. Una nueva pérdida de poder de compra del 4,2 y del 2,8% respectivamente.

La crisis que desató el incio de la Guerra en Ucrania en febrero de 2022 ha tomado la forma de una ola inflacionaria que se va a encadenar con la guerra de aranceles que en estos momentos está tomando cuerpo, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En el quinquenio 2020-2024, el IPC acumulado ha sido del 16,32%, las pensiones se han revalorizado el 16,10% y los salarios el 12,53%, en promedio. Estas diferencias son respecto al IPC general. Los precios de la vivienda, en el mismo periodo, han crecido el 26,9%. Datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), dicen que los precios de los alimentos subieron en promedio para el periodo 2020 a 2023, un 38%, destacando productos como el aceite de oliva virgen extra que llego a incrementarse hasta un 225% en esos tres años.

Los datos nos dicen que el común denominador de estas crisis consecutivas ha sido la pérdida de poder de compra de salarios y pensiones.

Ahora llega el alza en los aranceles, y esa alza no le quepa duda a nadie que se repercutirá en los precios de los productos afectados. Se está barajando una horquilla de entre el 10% de incremento en el caso de una situación negociada, hasta una imposición del 25% en caso de no acuerdo. Otra consecuencia potencial de esta guerra arancelaria es la pérdida de empleo.

Los estados, como con la introducción del euro, piensan en medidas económicas para salvaguardar los intereses de sus capitales, haciendo recaer las consecuencias en los consumidores finales, lo que supone un saqueo de las rentas del trabajo.

A esta crisis potencial de los aranceles se le suma otra amenaza que puede repercutir en los servicios públicos. Se trata del incremento del porcentaje del gasto en Defensa. En 2024, España destinó a gasto militar el 1,28% del PIB, que son 16.000 millones de euros. Esta cifra se ha duplicado en estos últimos años: en 2019 el presupuesto para Defensa fue de 8.401 millones de euros, que equivalía al 0,6% del PIB. Esto supone un crecimiento del 90,4%.

PIB en del Estado español ha crecido hasta los 1,593 billones, por lo que el 3% del PIB destinado a Defensa supondría destinar 47.790 millones de euros y si la cifra fuese la exigida por la Administración estadounidense, el 5%, la cantidad alcanzaría los 79.650 millones de euros, lo que supondría un incremento del 398% del gasto para la guerra.

No se trata de buscar un término medio. La disyuntiva no está en aplicar un 3% o un 5% del PIB a defensa. La verdadera cuestión es si estamos dispuestos a renunciar a los derechos que nuestra clase social han conseguido en décadas de lucha. La decisión es apostar por la paz o fomentar la guerra, tras la cual se esconden los intereses de oligarcas y multinacionales (animamos a leer la Declaración que emitió ASTRADE el pasado día 24, con motivo del tercer aniversario de la guerra en Ucrania).

En cualquier caso, se una u otra cifra, esa decisión nos llevaría a tener que recortar de otros gastos, y la experiencia nos señala que volveríamos a vivir un proceso de recorte en los presupuestos de Sanidad, Educación, Pensiones, Dependencia, Vivienda pública, infraestructura… bien de forma directa recortando las partidas de gasto en los presupuestos –como ha sugerido el secretario general de la OTAN, a las órdenes de Washington-, bien de forma indirecta si el gasto en defensa se realiza con deuda pública, aunque no compute en el déficit público -una posibilidad que ya valoran los economistas de la UE-, pues acto seguido nos recordarían que el artículo 135.3 de la Constitución nos obliga al pago de la deuda y sus intereses, sobre cualquier otros gasto.

Es de todo punto absurda la lógica de la política que sumisamente asume la UE, cuando, formalmente protesta y dice que dará respuesta a la agresión arancelaria de Trump, pero ya están asumiendo el incremento del gasto en defensa. Sabiendo que el gasto militar de los USA está en el 3,5% de su PIB, Trump tiene en ese entorno su objetivo, por tanto, es inaceptable el juego de “te exijo el 5 para que tragues con el 3”. Es aceptar de hecho, por mucho que se patalee, lo que Trump está exigiendo: incrementar el presupuesto en defensa y continuar enviando armas a Ucrania.

El despropósito sería el deterioro del gasto en Sanidad, y en otros servicios públicos, dejándonos desguarnecidos ante otra posible crisis sanitaria como la del COVID-19, desprotección y falta de previsión que ya quedó evidenciada en 2020, como la falta de inversión y previsión en infraestructuras ha dejado en evidencia a las instituciones con la tragedia de la DANA.

Esta situación nos llevaría a profundizar en el bucle: recorte del gasto en servicios públicos/privatización de los servicios públicos.

El horizonte temporal es muy negativo para los y las jóvenes, para los trabajadores y pensionistas, en definitiva, para la mayoría de la sociedad. Es necesario que las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda rompan con la lógica del mercado, lógica que nos lleva a la ruina y la barbarie y que vuelquen todos sus esfuerzos en la defensa de los intereses de la mayoría social. Hoy, esos intereses están siendo defendidos por los movimientos sociales que se manifiestan en las calles exigiendo respeto a los servicios públicos, el derecho a la vivienda y/o justicia para los crímenes cometidos por gobierno como el de Madrid con los 7291 ancianos muertos en las residencias y el de la Comunidad valenciana con 224 muertos y 3 desaparecidos.

El destino no está escrito, evitemos el peor de los destinos.

El Comité de Redacción