Etiqueta: derogacion

El cáncer de la Sanidad Pública es su privatización II

Algunos lectores me han sugerido que, por lo interesante del contenido, debía profundizar en el artículo publicado en TS nº 149 con este mismo título. Es por ello que publico esta “parte II”, sobre la privatización de la Sanidad Pública madrileña de la mano del Partido Popular (PP), en las tres últimas décadas.

                Mencionaba en el artículo del pasado mes que, “en 1996 la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8%, el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% inferior” (Datos del Ministerio de Sanidad a 2023). No es casual que el 26 de abril de 1997 entrase en vigor la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley del Gobierno de Aznar (mayo 1996 a abril 2000), junto a la Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998, sobre régimen del suelo y valoraciones -la ley responsable de la burbuja inmobiliaria que estalló diez años después y que sumió a este país en una profunda crisis económica y social-, son dos de las leyes más perniciosas de los ultimos cincuenta años.

                La Ley 15/97 fue promovida por el PP y votada por PSOE, CIU (hoy Junts, el Partido de Puigdemont), CC (Coalición Canaria) y PNV. Esta ley abrió las puertas de par en par a que las empresas privadas entrasen de lleno a gestionar la Sanidad Pública y a recibir, por ende, dinero público.

                Esta ley se complementa con los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los citados artículos abrió la puerta a los “convenios de colaboración” (Artº. 66 y 67) y a los “conciertos” (Artº. 90). Todos estos mecanismos legales se culminaron en 2002 con el traspaso definitivo de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas.

                A nadie se le escapa, o no debiera, que el objetivo de la Sanidad Pública es proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro. Frente a esto, el objetivo de la sanidad privada es la maximización del beneficio depara los accionistas. Además, a nombre de la “libertad de mercado”, el control del Estado sobre la acción de las empresas es mínimo o incluso nulo, a pesar de la ingente cantidad de dinero público que las empresas reciben cada año.

                Tras tres décadas de experiencia, el deterioro de la Sanidad Pública en Madrid es una evidencia: reducción de camas de hospitales, reducción de personal sanitario, precarización de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de la Sanidad, merma en los recursos en los centros; tanto en hospitales como en los Centros de Atención Primaria y en sus Servicios de Urgencias Extrahospitalarias.

                La destrucción de la Sanidad Pública en Madrid no obedece a un error, es la consecuencia de una planificación inspirada por la idea de sociedad que tiene el pensamiento liberal. Pongamos cifras a todo esto:

  • Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2021, el gasto medio de las comunidades autónomas, en Sanidad, fue del 6,7% del PIB autonómico, equivalente a 1.716 €/habitante. En el mismo ejercicio, en Madrid, el porcentaje fue del 4,4%, el más bajo de todas las autonomías, equivalente a 1.536 €/habitante, un 12% inferior a la media.
  • La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), publicó un informe en diciembre de 2022, en el que daba los siguientes datos: Frente a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dedicar un 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria, Madrid destina un 10,73%, la comunidad que menos presupuesto destina a la Atención primaria en todo el Estado.
  • Para 2024, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), ha incrementado el presupuesto destinado a la sanidad privada 1.209 millones de euros, un 24% más que en 2022. Si bien, habrá que ver cómo finaliza el año, pues de los 973 millones presupuestados en 2022 (únicos presupuestos aprobados en la Comunidad de Madrid, antes de los que se acaban de aprobar para 2024) el año terminó con un gasto de 2.000 millones dedicados a la financiación de la sanidad privada, una desviación presupuestaria del 106%. Desde que IDA tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019, el gasto destinado a empresas privadas de la salud, el presupuesto se ha incrementado en un 94%.

Veamos tres tablas que ilustran el deterioro de la Sanidad Pública madrileña:


          No ha sido posible encontrar tablas iguales para comparar, pero sí datos concretos sobre profesionales de Atención primaria. La tabla 1 nos da datos de 2007 y lastablas 2 y 3 reflejan los datos de profesionales de 2016. Es decir, tenemos una comparativa de un periodo de 9 años.

                En la tabla 1 (2007) los médicos de medicina familiar y comunitaria era de 3.901, y 840 pediatras, un total de 4.741 médicos en Atención Primaria. La tabla 2(2016) vemos que la cifra de médicos de familia cae a 3.553, -9%. Mientras que, en pediatría, el número de profesionales crece a 908, +8%. El total de profesionales en 2016 era de 4.441, lo que representa un recorte del 6,3% en el global de médicos de Atención Primaria.

                Según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) desde 2016 el número de pediatras ha caído a 663 en 2022. O lo que es lo mismo, desde que Díaz Ayuso es presidenta, se ha recortado la plantilla de pediatras en Madrid un 27%, llevando la cifra de pediatras a un 21% inferior a la de 2007.

                El personal de enfermería también se ha reducido en estos años. En 2007(tabla 1),Madrid contaba con 4.024 enfermeros y enfermeras, frente a los 3.294 de 2016(tabla 3). Por tanto, en 9 años se recortaron 730 profesionales de enfermería, más del 18% de recorte.

                Por último, en 2016 (tabla 3)la tasa de profesionales de enfermería en Atención Primaria era de 0,5 por cada 1.000 habitantes, la más baja de todo el país, solo igualada por Baleares y Ceuta y Melilla.

                Los datos demuestran los efectos de la privatización en la Comunidad de Madrid, donde, en paralelo al deterioro de la Sanidad Pública, la sanidad privada ha crecido exponencialmente hasta convertirse en la comunidad con mayor gasto per cápita del Estado español, con un gasto de 936 € en 2022.

                Los datos también evidencian la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, que han ido deteriorando el Sistema Público Sanitario en los años previos a la Pandemia de COIVID-19, no porque supiesen que llegaba una pandemia. Dice el artículo 43 de la Constitución:

                “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                Los poderes públicos no solo no adoptaron medidas preventivas, sino que deterioraron a tal punto la herramienta pública para proteger el derecho a la salud que la han dejado en un estado que no soporta ni la habitual ola de gripe anual, como acabamos de sufrir en estas semanas pasadas.

                Los datos explican por qué en Madrid se ha alcanzado el millón de personas en lista de espera, de las que más de la mitad tienen que esperar más de 3 meses para una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o la consulta con un especialista.

                Ante la evidencia, no cabe otra solución que derogar la Ley 15/97 y los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de la Seguridad Social. Defender la Sanidad Pública es una reivindicación de la mayoría social, de ese 75% de la sociedad que no puede pagarse una póliza de salud privada.

                Tenemos un Gobierno de Coalición progresista, y una Ministra de Sanidad que ha batallado en Madrid por la defensa de la Sanidad Pública. Muy bien, es el momento de tomar decisiones políticas, derogar los convenios y los conciertos, cerrar la puerta de la Sanidad al mercado privado y dejar de sangrar las cuentas públicas. Esto, está en manos del Gobierno de la nación.

Roberto Tornamira
Participa en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid

Ante una manifestación contra las libertades

Algunos sindicatos policiales y de la Guardia Civil se concentraron el miércoles 24 de noviembre, frente la Delegación del Gobierno en Madrid. Estuvieron arropados por las tres derechas franquistas, al igual que este último sábado.  Miles de policías y guardias civiles, venidos de toda España, se manifestaron por el centro de Madrid hasta la Cortes, sin ninguna cortapisa por parte de Delegación de Gobierno.

Los sindicatos policiales convocantes, contaron de nuevo con la presencia de los líderes del PP, VOX y Ciudadanos; los franquistas a los que se refería el diputado Odón Elorza en el Congreso de los Diputados, para exigir el mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, “Ley Mordaza”. Se manifiestan contra las reformas que el Gobierno quiere hacer a la Ley Orgánica 4/2015. Reformas que deben ser tratadas en la Comisión de Interior de las Cortes el 14 de diciembre. reformas que, como es fácil demostrar, solo son de detalle y no abordan lo esencial del contenido de la ley. Buena parte de ellas no hacen sino traducir lo establecido por sentencias judiciales que declaran inconstitucional algún aspecto de la ley.

Esta ley fue impuesta en marzo de 2015 por el gobierno Rajoy. Elaborada por el equipo del entonces ministro del interior Fernández Diaz (buena parte de este equipo, incluido el exministro, están hoy enjuiciados por diversos actos delictivos y corrupción). Ya entonces, fue caracterizada como una «ley totalitaria» e incluso, según el fiscal general de la época, tachada de estar al límite de la «inconstitucionalidad».

Recordemos que un amplio movimiento por la derogación de la ley se ha desarrollado en el movimiento obrero y en las organizaciones democráticas. El 14 de junio tuvo lugar un mitin en Madrid, con el apoyo de CCOO y UGT y participación de la CATP, para celebrar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. En ese mitin se decidió continuar la campaña por la derogación de la “ley Mordaza”. Compromiso que el gobierno de coalición incluyó entre sus promesas electorales y pactos de gobierno.

Después de Cádiz

La manifestación del sábado es una respuesta reaccionaria frente a la movilización de los trabajadores de Cádiz. En la movilización de los trabajadores gaditanos se ha demostrado, entre otras cosas, para qué sirve la “ley Mordaza” y su utilización contra los «conflictos sociales», como está previsto en el Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2015, un cuento de hadas en contraste con la realidad vivida. La represión indiscriminada de la policía muestra esta realidad. Y todo ello con la cobertura del gobierno de coalición.

La manifestación del 27-N, ha sido una manifestación contra las libertades conquistadas, y, en especial, contra el derecho de reunión y manifestación, arrancados al Estado en la lucha contra el franquismo. Contra los derechos obreros y de los pueblos como el catalán, el gaditano…contra su libertad de organización y expresión.

Era también, sin duda, una manifestación contra el Gobierno, a pesar de que con él, el sueldo de policías y guardias civiles ha subido una media del 21,5% entre 2018 y 2021, y de que las plantillas se han incrementado en 13.000 efectivos: 5.000 para la Policía Nacional y 8.000 para la Guardia Civil. El resto de los empleados públicos solo tuvo, en el mismo periodo, una subida del 6,25% y tuvo limitada la reposición de efectivos.

La movilización de policías y guardias civiles es la demostración de la incompatibilidad entre democracia, libertades e Instituciones heredadas del franquismo presididas por la Monarquía. No es por casualidad que la policía y la guardia civil no conocieron ninguna depuración después de la muerte de Franco.

Hoy no hay ninguna garantía de poder ejercer las libertades necesarias para luchar por derechos sociales, salarios, condiciones de trabajo o pensiones dignas, no con la amenaza que representa la “ley mordaza”.

El CATP considera que la campaña por su derogación verdadera debe multiplicarse y que interesa a TODAS las organizaciones que reclaman de la libertad, los derechos trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. Por nuestra parte continuaremos con las decisiones tomadas en el mitin de Madrid del 14 de junio, y relanzamos la campaña internacional al respecto.

Coordinadora Estatal del CATP

conferencia.catp@gmail.com

Revertir le reforma de 2012 y modernizar el mercado laboral

Por Toni Ferrer (12 Noviembre 2021)

Desde el pasado mes de marzo el Gobierno de Coalición PSOE-UP, las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) vienen negociando en la Mesa de Diálogo Social para Modernizar el Mercado Laboral. Con esta mesa el ejecutivo y los interlocutores sociales recuperaron las negociaciones sobre la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 y para afrontar los retos del empleo y de las relaciones laborales, que se interrumpieron al inicio de la pandemia. A partir de marzo de 2020 el diálogo social se centró, casi en exclusiva, en la lucha contra la COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales, a través de los Acuerdos en Defensa del Empleo y otras medidas, para proteger el tejido productivo (empresas y autónomos), las rentas familiares y establecer unas condiciones especiales para los expedientes de regulación temporal de empleo o de reducción de jornada (ERTE) para mantener el empleo. También se ha pactado la regulación del teletrabajo y de la actividad de los raiders.

España tiene una larga historia de diálogo y concertación social en materia de grandes reformas laborales. El Estatuto de los Trabajadores constituye el fundamento y pilar básico que regula el sistema de relaciones laborales, desde su promulgación en 1980 ha sufrido numerosas reformas en distintos periodos y por gobiernos de diferente signo, unas veces pactadas en el diálogo social tripartito y otras aprobadas por una decisión unilateral del ejecutivo, mediante reformas aprobadas en el parlamento por consenso con otras fuerzas políticas o   por la imposición de una mayoría absoluta.  Las grandes reformas del mercado de trabajo, realizadas con o sin acuerdo, son concretamente las de los años 1984, 1994, 1997, 2001, 2006, 2010 y 2012.

De estas experiencias   reformadoras se debería tener en cuenta que cuando las reformas no han sido aprobadas con la participación del dialogo social han producido rechazo y desafección, expresados en la mayoría de ocasiones por las movilizaciones sociales y las huelgas generales contra las normas impuestas.  Una legislación negociada es una legislación que genera la adecuada    confianza y seguridad en nuestro sistema de relaciones laborales y es una garantía de estabilidad para las normas aprobadas. Para ello es fundamental respetar el diálogo social con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y priorizar al máximo el consenso político con los grupos parlamentarios ante una nueva reforma.

La última de las anteriores reformas fue aprobada de forma unilateral por el Gobierno del PP, sin diálogo ni consenso con los interlocutores sociales y las otras fuerzas políticas, en un contexto de auge de las   políticas neoliberales impuestas por la Unión Europea (UE) a los países más golpeados por la crisis financiera de 2008. Con medidas de austeridad y recortes del gasto público junto con las contrarreformas laborales y de pensiones para producir una devaluación interna, reducir las inversiones en   protección social y   servicios públicos. El objetivo real de la reforma laboral de 2012 era la devaluación salarial para potenciar la competitividad de la economía vía precios y no en base a la mejora de la productividad, como resultado de la inversión en tecnología e innovación, educación y formación. 

Aquella reforma laboral representa un modelo laboral obsoleto, desequilibrado e ineficiente, que vulneró el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 firmado por las organizaciones empresariales y sindicales. Nunca se alcanzó los objetivos que proclamaba de reducir la dualidad y la segmentación de nuestro mercado de trabajo. Las principales medidas injustas y lesivas del Real decreto-Ley 3/2012 y sus desarrollos fueron la siguientes:

  • Abaratar y facilitar los despidos individuales y colectivos, precarizar el empleo con el contrato para emprendedores con un periodo de prueba de un año (despido libre y gratuito).
  • Desregular, a favor de los empresarios, el sistema de negociación colectiva: prevalencia del ámbito empresa sobre los convenios sectoriales, que dan cobertura a la mayoría de las empresas y trabajadores, y suprimir la ultraactividad de los convenios colectivos.
  • Facilitar las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y las inaplicaciones de los convenios colectivos: salarios, jornada, condiciones de trabajo, etc.
  • Recortes y privatización de las políticas activas de empleo y de la protección por desempleo y expulsión de los sindicatos y las patronales del sistema de formación para el empleo.

Estas agresiones, de los gobiernos del PP, a los derechos de los trabajadores y las políticas socialmente regresivas fueron acompañadas por una ofensiva autoritaria y antidemocrática, con el fin de impedir la acción colectiva y la capacidad de respuesta de los trabajadores y la ciudadanía. Con normas como la Ley “mordaza” (actualmente en trámite parlamentario para su modificación), el endurecimiento del Código Penal (con el ya derogado artículo 315.3 que criminalizaba el ejercicio del derecho de huelga) y una agresiva campaña dirigida a debilitar al movimiento sindical de clase. 

Nuestro mercado de trabajo arrastra desequilibrios que provocan las desigualdades y la pobreza laboral existentes, agudizadas por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del coronavirus. Entre los problemas más graves están: la baja tasa de ocupación, el elevado desempleo, la temporalidad injustificada, desigualdad en la distribución de la riqueza, los bajos salarios, el abuso de los despidos, la brecha de género y las tasas insoportables de desempleo y precariedad que sufren los jóvenes. Con la recuperación económica, iniciada 2014, se puso de manifiesto que en España se había impuesto un nuevo modelo económico y social: por primera vez el crecimiento económico y la renta de la mayoría de los ciudadanos se han desacoplado y no progresan juntos. 

El PP sigue instalado en una defensa numantina de su reforma laboral, de forma torticera le atribuye unos resultados que están fuera de toda evidencia. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI)  las medidas entonces adoptadas contribuyeron a la creación de empleo,  impulsada por la recuperación económica a nivel internacional, pero aumentaron la precariedad y pobreza laboral,   tal como afirmaba en su informe de febrero de 2020, donde se recogen, entre otras,  las siguientes observaciones:  «han inducido a un deterioro de la media de horas trabajadas, la pobreza laboral y posiblemente también el trabajo a tiempo parcial de manera involuntaria “. 

A partir de junio de 2018, con la llegada del PSOE al gobierno, se abrió una nueva etapa orientada a la recuperación de los derechos de las personas trabajadoras – con medidas como la derogación del contrato de emprendedores sin indemnización o la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años-, la mejora en las condiciones de vida y trabajo (como la dignificación del SMI) y la lucha por la erradicación de las desigualdades y la pobreza laboral. El PSOE adoptó en el Programa Electoral de 2019 el compromiso de derogar las medidas lesivas de la reforma laboral de 2012 y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI mediante el diálogo social, estas propuestas se incorporaron en el Acuerdo del Gobierno de Coalición PSOE y UP.

En dicho Acuerdo se planteaba con carácter urgente derogar el despido objetivo por absentismo por bajas de enfermedad, medida que ya fue aprobada por el Gobierno en febrero de 2020. Junto con desmontar la reforma de 2012 mediante, entre otras, las siguientes materias: reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal e impulsar la contratación indefinida, la recuperación de la ultraactividad y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, restableciendo la capacidad de la autonomía colectiva para ordenar la estructura negocial. También se preveían otras  medidas: la mejora de la regulación de  la  subcontratación, revisar el procedimiento de las inaplicaciones, reformular los   contratos formativos y la regulación de un  Estatuto del Becario, proteger los derechos laborales en los procedimientos para modificar las condiciones de trabajo, actualizar la legislación de prevención riesgos laborales,  corregir la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, establecer medidas para impedir los  falsos autónomos y revisar la regulación del despido.

Actualmente estas materias están siendo debatidas en la Mesa de Diálogo Social para Modernizar el Mercado Laboral, que debe culminar sus trabajos antes de final de año. De acuerdo con el compromiso contraído por el Gobierno con la UE de aprobar una nueva reforma laboral dentro del Plan de Recuperación, que se vincula a los fondos europeos para la reconstrucción económica y social. Concretamente en su componente número 23 se integran las reformas para “Un Mercado Laboral Dinámico, Resiliente e Inclusivo”,  tienen unas previsiones de inversión de 2.400 millones de euros para el periodo 2021-2023 y comprenden un conjunto de 17 reformas orientadas a reducir el desempleo estructural, el paro juvenil, reducir la temporalidad, potenciar la formación profesional, modernizar la negociación colectiva, establecer un mecanismo de flexibilidad permanente (ERTE con bonificaciones para las empresas), reformular las políticas activas de empleo y reforzar los servicios públicos de empleo.

La nueva reforma laboral acompañada de   las otras reformas e inversiones previstas en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, unas 170 reformas, pueden contribuir a   modernizar nuestro aparato productivo. Mediante el desarrollo de proyectos en los sectores tractores y actividades de futuro, ante   la creciente digitalización y descarbonización de la economía, y con el impulso a la innovación, ciencia, educación y formación profesional que deberían potenciar un nuevo modelo productivo, más justo, sostenible y duradero. Para ello se requiere un nuevo modelo laboral equilibrado y participativo, que se asiente en la mejora de la productividad, salarios dignos y   empleo estable y con derechos.

Editorial

REFORMA LABORAL & PENSIONES DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Casi diez años después de la brutal reforma laboral de 2012, seguimos escribiendo sobre la necesidad de derogar las reformas laborales y nos vemos enfrascados en la defensa del Sistema Público de Pensiones, dos temas de especial relevancia para la clase trabajadora.

La mayoría social, cada día más desprotegida, sufrirá cuando menos una nueva frustración tras la negativa del gobierno de coalición (PSOE-UP), de no llevar a término sus propuestas electorales y su pacto de gobierno.

La derogación de la reforma laboral comenzó siendo un compromiso, después se transformó en ese eufemismo denominado “los aspectos más lesivos” en referencia a: subcontratación, ultraactividad, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector. Aspectos algunos ya superados por vía de la negociación colectiva y/o judicial. Veremos qué sale de la mesa de negociación.

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

  • supresión de la autorización laboral administrativa en caso de despidos colectivos;
  • reducción de la indemnización del despido improcedente, pasando de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
  • potenciar los despidos por causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción con una indemnización de 20 días de salario;
  • avalar despidos por causas económicas no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres de bajada de facturación;
  • supresión de los salarios de tramitación,

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se les dio toda la flexibilidad a las empresas y se les quitó toda la seguridad a los trabajadores, desequilibrando las relaciones laborales. Por tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no son lesivos?

Leamos el siguiente párrafo del documento “Los daños de la reforma laboral de 2012 Datos de su impacto negativo sobre el empleo y los salarios”, publicado por el Servicio de estudios de la Confederación de UGT, el 15 de octubre de 2019:

“No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos”

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT que, al cierre del primer trimestre de 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma que el Sr. De Guindos decía que era “muy agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras no tuviesen empleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca vistas, para transformar más de 3 millones de puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el título “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, fechado en septiembre de 2013, entre otras cuestiones manifiesta:

“Esto ha supuesto una gran transformación del modelo de despido colectivo, tanto en lo referente al procedimiento, con la sustitución de la autorización administrativa por la decisión unilateral de la empresa, como en la reducción de la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas han de concurrir para que el despido colectivo pueda considerarse justificado, todo en relación con el objetivo asumido de facilitar a las empresas la realización de los despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindicales no pueden, ni deben, dejar de lado las lesiones que las reformas producen a los intereses de los trabajadores, lesiones que sus gabinetes de estudios reconocen, permitiendo la consolidación de los aspectos tan regresivos de las reformas laborales.

Otra de las grandes condiciones impuestas por la Comisión Europea es la reforma de las pensiones; según hemos conocido, cuando se ha hecho público el documento acordado por el Gobierno y Bruselas con relación a los compromisos acordados sobre los fondos europeos. Es en este momento cuando nos damos cuenta del alcance de las distintas declaraciones efectuadas por el ministro Escrivá.

El acuerdo con los agentes sociales, establece la revalorización de las pensiones con la inflación media del año anterior y la separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no habían sido asumidas todavía por el Estado las cuales han generado la deuda de manera consciente y fraudulenta a las cuentas del sistema público de pensiones.

No podemos obviar que la nueva regulación de la jubilación anticipada (tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad), la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una reducción de las condiciones, frente a las actuales. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo eufemismo, busca incrementar el Fondo de Reserva en 50.000 millones de euros en 10 años, por la vía de subir un 0,5% las cotizaciones de las empresas y un 0,1% las de los trabajadores.

Para valorar el acuerdo firmado, tenemos que recordar que, desde 1982, las cotizaciones de las empresas han sido rebajadas en un 3,68%, al pasar del 27,28% que cotizaba la empresa al 23,60 que cotizan hoy. Por tanto, el incremento de un 0,5% sigue dejando la reducción que las empresas han obtenido en un 3,18%.

Según estableció CCOO, cada 2% menos de cotización significan 7.000 millones menos de ingreso a la Seguridad Social. Por tanto, el 3,18% suponen 11.130 millones de euros cada año de menos ingreso para la Seguridad Social. Si el ministro Escrivá, y el Gobierno, exigiesen a los empresarios el esfuerzo de cotizar lo que cotizaban en 1982, la recaudación en diez años se elevaría a 111.300 millones de euros, más del doble que con la medida acordada con UGT y CCOO.

Otras magnitudes que dejan en una cantidad menor los objetivos del acuerdo es la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social, por las cuantías pagadas con los fondos de las pensiones de manera indebida. El Tesoro Público lo tasa en 103.000 millones de euros (tomando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el valor del dinero). La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba a estimar esa deuda en 500.000 millones de euros. Es muy importante que el Gobierno haya aceptado encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como reivindicamos miles de trabajadores, pensionista, jóvenes… los pasados día 16 de octubre y el 13 de noviembre en las calles, para reponer las cantidades que correspondía pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un sistema que no es deficitario, a condición de que dejen de sangrarlo.

La recuperación de los derechos perdidos por la clase trabajadora ha de pasar por la movilización de las trabajadoras y trabajadoras, pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las direcciones de las organizaciones sindicales de clase deberán decidir si continúan siendo parte de las decisiones de recorte de las Pensiones, haciéndolas más vulnerables a la deseada privatización que ansían la banca, las aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen a la cabeza de la defensa del Sistema Público de Pensiones y de una verdadera derogación de las reformas laborales.