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Se llevarán tu pensión y lo sabes

Entre fiesta y fiesta muy poca gente conoce que el desfalco a la Caja Única de la Seguridad Social está entre los más 140.000 millones de euros que admitía el señor Escrivá en 2023, cuando aún era ministro de la Seguridad Social, y los 500.000 que señalaba CC.OO., en un informe. Si, has leído bien. Pero todavía queda dinero contante y sonante así que el interés por hacerse con lo que queda por parte de Fondos Buitre, Bancos, lejos de haber remitido crece por momentos. Voy a referirme al caso vasco porque vivo y tributo en Euskadi. Tenemos que fijarnos en los datos que nos aportan y buscar el truco. La Comunidad Vasca, o Euskadi, como cada cual prefiera, tasa en 12.000 millones de euros la cantidad anual de pagos a pensionistas que hemos generado aquí el derecho a cobrar lo que antes llamaban «el retiro» tras décadas de cotización. Hacía público un diario de carácter económico que el Lehendakari Pradales remitirá para este año 2025 una propuesta al presidente Pedro Sánchez con objeto de establecer el calendario de transferencia de las competencias y el soporte económico para hacer frente al pago de pensiones y prestaciones correspondientes a los territorios que Lakua gobierna, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Si bien el mencionado diario se refiere a una cantidad de 12.000 millones de euros, El Correo, vocero calificado del BBVA no hace mucho tiempo incrementó esa cantidad hasta los 12.700 millones de euros.

El Gobierno Vasco elabora una propuesta sobre el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi que prevé remitir al Ejecutivo central antes de finalizar este año, transferencia que valora en unos 12.000 millones de euros. Esta cantidad corresponde al coste anual del pago de pensiones y prestaciones en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado este martes que trabajan «discretamente» en la elaboración de una propuesta para el traspaso a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que estiman en 12.000 millones de euros, y que remitirán antes de concluir 2024 al Ejecutivo de Pedro Sánchez, es decir, para inicios de 2025. En su intervención durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha destacado que se está intentando trabajar y avanzar «discretamente» en una primera propuesta de esta transferencia, cuya «orientación» pretenden trasladar antes de finalizar el año. La señora Ubarretxena no es ninguna criatura inocente así que ha remarcado la discreción para el logro del buen fin de esta transferencia. 12.700 millones de euros, bien valen toda la discreción que sea necesaria para ella y el lobby que le acompaña.

En esta tesitura, me pregunto qué debo hacer en mi calidad de pensionista. ¿Qué hacer? Me toca decidirlo como trabajador y pensionista vasco. Así que toca analizar la situación con prudencia. En marzo de este año cumplo mi tercer año como pensionista, en 2022 me subieron el mítico 8,50%, es decir, 112 euros al mes. Fue el resultado de las movilizaciones de pensionistas, pero, sobre todo, de la enorme manifestación de Madrid, con más de 30.000 personas advirtiendo a los partidos en el gobierno y sus apoyos periféricos que mantener al PP, VOX, Cs y demás elementos en la oposición no se lograba de forma gratis et amore. Y Pedro Sánchez lo entendió.

A la vuelta a Bilbao, compañeros de Pensionistas de Euskal Herria, organismo en general cercano a EH Bildu me discutieron el alcance de aquella magnífica movilización y les emplacé a ir a Madrid para poder rebatir con criterio el alcance de la movilización de COESPE y otros grupos igualmente dinámicos en la defensa activa de las pensiones públicas.

La vida me ha cambiado bastante en este tiempo, me he incorporado a la Plataforma por la Unidad de las Pensiones Públicas y democráticamente tras un bonito debate hemos solicitado la incorporación a la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, la COESPE en el mundillo jubilado y pensionista. Y es desde esta militancia estatal con gentes de los movimientos sociales vascos que escribo esta opinión contraria a la ruptura de la Caja única de las Pensiones Públicas y favorable al actual sistema de pensiones con la exigencia añadida de que se realice una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social ya, es decir, que cumplan la Ley 21/2021. Sin transferencia alguna a ningún lugar.

Reclamo la devolución de los miles de millones de euros que los distintos gobiernos han destinado a pagar partidas que deberían haber pagado con dinero de los impuestos, y no de las pensiones. Con ese dinero se acabó cualquier supuesto déficit en las cuentas de la Seguridad Social.

Y exijo que no se entregue un solo euro a Comunidad Autónoma, empresa o Fondo Buitre, puesto que los verdaderos propietarios de ese dinero no lo autorizamos y por supuesto, jamás daremos permiso a ninguna institución para saquear el fruto del trabajo de nuestras vidas y destruir así además el futuro de las generaciones que hoy trabajan y cotizan haciéndolo desgraciadamente cada vez más en precario.

No entiendo el entretenimiento en causas menores de ILPs para subir los mínimos por la vía de la discrecionalidad política a la vez que se ignora olímpicamente que el Estado, los partidos de los consensos, los de siempre y los nuevos rindan cuentas a los 9,3 millones de pensionistas que vivimos de nuestra pensión, tras haber cotizado décadas para el fortalecimiento de ese fondo común y solidario que representa a distintas costumbres, idiomas, acentos con la certeza de que si los listos que desde las instituciones quieren hacerse con una puerta giratoria con BlacRock, Vanguard u otros parásitos de este mismo tipo, no lo van a lograr dejándonos en la ruina y con una deuda pública a la argentina.

Date cuenta que los medios del capital te cuentan que el llamado gobierno vasco reclama 12.700 millones de euros para afrontar los pagos pero te ocultan cuidadosamente que la recaudación en la llamada Comunidad Autónoma de Euskadi asciende a solo 6.000. Te lo ocultan porque al conocer los dos datos, el de ingresos y gastos preguntarás lógicamente quien paga los 6.700 millones de déficit anual.

A esto respondió el dicharachero presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV que ya saben que es deficitario, pero eso no es problema. No lo es porque ellos no van a pagar la deuda, la pagaremos los demás, los que no tenemos posibilidad alguna de acceder a la llamada «ingeniería fiscal», es decir, los que pagamos todas las facturas. La pelota también está en el tejado de EH Bildu.

Obviamente, a los que no residís en Euskadi os harán la misma jugada. Desde aquí os emplazo a participar activamente en el desarrollo de COESPE u otros organismos claros y solidarios y a trabajar activamente estéis donde estéis por la Auditoría inmediata a las cuentas de la Seguridad Social.


Igualmente me dirijo a las compañeras y compañeros que en Euskal Herria luchan por las pensiones públicas y por la Auditoría.

Es el momento de no dejarnos utilizar por cantos de sirena gregarios de la banca y los fondos buitre que tocando la fibra sensible ideológica pueden hacer inviables los pagos de nuestras pensiones.

Tenemos tres tareas: pensar, pensar y pensar.

Un abrazo efusivo desde Euskadi a todas las personas trabajadoras defensoras de las Pensiones Públicas y de todo lo público allá donde os encontréis.

Una alternativa obrera, juvenil, de clase, es urgentemente necesaria. ¡Adelante!

Joseba Izaga
Miembro de “Hemen salida por la izquierda”
para Tribuna Socialista.

Carta abierta al Sr. Escrivá, Ministro de Seguridad Social

Cumplan con la Ley 21/2021 y encarguen al Tribunal de Cuentas del Estado el obligado informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

Introducción
Con esta carta abierta, el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de la Pensiones Públicas”, vinculado al CATP, da por terminado el diálogo con el Gobierno que abrieron con la carta al presidente del Gobierno, enviada a Moncloa el 16 de julio y publicada en las páginas 16 y 17 Tribuna Socialista nº 136.
Para seguir el hilo de la carta al señor Escrivá, podéis acceder a la respuesta que el Gabinete de presidencia remitió el 18 de noviembre al grupo de Sindicalistas, publicada en la página 15 de Tribuna Socialista nº 138. Fue en base a esta respuesta de Moncloa que el 1 de diciembre los sindicalistas remitieron una carta al ministro. Ese mismo mes, la Jefa de Servicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respondió al grupo de Sindicalistas; cartas publicadas en Tribuna Socialista nº 139, en sus páginas 15 y 16 respectivamente.
El hecho de que con esta carta abierta se ponga punto y final al diálogo epistolar con el Gobierno, no significa que el grupo de Sindicalistas vaya a cejar en el empeño de continuar luchando por defender el Sistema Público de Pensiones. De hecho, en este mismo número 140 de TS, publicamos una nueva campaña que está en marcha, dirigida a los diputados y diputadas que votaron favorablemente a la Ley 21/2021, en la que se obliga al Gobierno a encargar una Auditoría, campaña desde organismos sindicales y sindicalistas.

Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

Somos el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas”, vinculados al Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que, en el mes de julio, nos dirigimos al presidente de Gobierno en una carta firmada por más de 200 militantes políticos y sindicales, para trasladarle la preocupación que teníamos, y mantenemos, por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, que se prepara desde su departamento, señor Escrivá.

En dicha misiva explicábamos pormenorizadamente los motivos políticos y económicos por los que no se justifica la ampliación del número de años que se emplea para hallar la base reguladora de las pensiones. El dato principal que justifica nuestra posición nos lo da el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020 en el que, al analizar el periodo 1989-2013, concluye que el Estado es deudor de la Seguridad Social en, al me- nos, 103.000 millones de euros.

El 18 de noviembre, recibimos respuesta de Moncloa a la carta mencionada. Contestación del Gabinete de presidencia en la que se nos indicaba que se había dado traslado de la misma a su Ministerio. Fue por este motivo por el que el 1 de diciembre registramos una carta dirigida a usted, solicitándole una reunión, con usted y/o con su equipo, para poder trasladarle nuestras consideraciones. Con fecha 12 del mismo mes, su Jefa de Servicio, nos respondió amablemente derivándonos a otra instancia de su Ministerio.

Valoramos positivamente el intercambio epistolar que hemos mantenido y agradecemos las respuestas desde el Gobierno, si bien su contenido es de todo punto insatisfactorio. Y es por ello que hemos decidido responderle de forma abierta.

Celebramos la decisión del Gobierno por la que se incrementarán las pensiones contributivas en un 8,5%, decisión que fue tomada pocos días antes de la última gran Manifestación que discurrió por las calles de Madrid el 16 de octubre del pasado año, por lo que parece evidente que fue una respuesta positiva, tomada con antelación, a la movilización que COESPE y las demás organizaciones que componen el movimiento de pensionistas vienen desarrollando en defensa del Sistema Público de Pensiones.

Sin embargo, nos preguntamos de qué sirve la subida del 8,5% para 2023, si a los futuros pensionistas les reducirán un 8% por efecto de la pretendida reforma del periodo de cálculo de la pensión, y si además no se compensa la pérdida de poder adquisitivo en relación con el IPC de 2021, que cerró en el 6,5% frente al 2,5% con que se revalorizaron las pensiones el año antepasado.

Además de estas cuestiones, que no por coyunturales menos importantes, es para nosotros y nosotras de una importancia fundamental que se lleve a cabo la Auditoría a la que el Gobierno se comprometió en la Ley 21/2021, por la que en febrero de 2022 deberían haber encargado dicha Auditoría y que en julio del mismo año deberían haber presentado el resultado de la misma.

Por otra parte, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social no puede hacerla una empresa privada por encargo del Gobierno, ni un órgano u organismo vinculado al Gobierno, pues a todas luces carecería de rigor, en tanto que sería un acto de “auto auditoría”. Es por esto que corresponde al Tribunal de Cuentas realizarla, por haber sido el órgano que puso sobre la mesa que la Seguridad Social no es deficitaria, sino acreedora del Estado, y por ser el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.

Si en el periodo de 24 años estudiado por el Tribunal de Cuentas (1989-2013) son más de 103.000 millones de euros lo que el Estado ha utilizado indebidamente de los fondos de las pensiones, ¿a cuánto asciende la deuda del Estado con la Seguridad Social en el periodo 1967 a 2019, tal como marca la ley?

Parece obvio que el hecho de que el Estado sea deudor de estas magnitudes de dinero, al Sistema de Pensiones Públicas, pone fin a la idea que tanto se reitera, por partes interesadas, de que el sistema es deficitario.

Es inaceptable que el Gobierno no cumpla con una ley votada por el Poder Legislativo, y por los propios partidos que sustentan al Gobierno. Exigimos que se paralicen las negociaciones para la reforma de las Pensiones y que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Tribunal de Cuentas del Estado.

Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas