Declaración sobre el Caso Pegasus

El espionaje a dirigentes y cargos electos demuestra que la podredumbre franquista sigue mandando en este país.

El 18 de abril el semanario The New Yorker publicaba la noticia: según la ONG Citizen Lab de Toronto, 65 políticos de ERC, Junts, PDeCat, CUP, Bildu han sido espiados entre 2015 a 2020 (lo que supone que ese espionaje se inició bajo el gobierno Rajoy, y ha continuado bajo el gobierno Sánchez).

Quienes no creemos en las casualidades, tenemos que observar que se trata de los mismos grupos políticos que ha sido excluidos de la información económica, dada por la Casa del Rey, en la nueva campaña de lavado de imagen de La Corona que han puesto en marcha las mismas instituciones y medios de comunicación que miraron para otro lado mientras Juan Carlos de Borbón acumulaba comisiones y dinero de dudosa procedencia y motivación.

Entre los espiados se encuentran los cuatro últimos presidentes de la Generalitat, dos presidentes del Parlament de Catalunya y una treintena de diputados y exdiputados. Además, hay algunos abogados de encausados, pero también activistas, parejas de políticos, padres o incluso amigos de alguien que se convirtió en un objetivo Para ese espionaje se han hackeado sus teléfonos móviles utilizando el programa PEGASUS, elaborado por una empresa israelí, y que sólo se vende a gobiernos.

La información publicada explica también que ese programa ha sido adquirido por el CNI, el servicio secreto español. Lo que significa que los servicios secretos han utilizado un programa de espionaje comprado con permiso del gobierno, muy probablemente adquirido por el Gobierno de Rajoy y mantenido por el actual, para espiar a dirigentes políticos y cargos electos.

La “solución” propuesta por el Gobierno tras la reunión con el ejecutivo catalán es que se realice un “control interno” del CNI (es decir, que el servicio de espionaje se investigue a sí mismo) y que se trate el tema en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso (cuyas deliberaciones son secretas). Dos medidas que permitirían mantener en secreto las actuaciones del CNI.

Las primeras declaraciones del gobierno decían que: “todo se ha hecho respetando la ley”. Pero ese es, precisamente, el problema: en España rige la Ley de Secretos Oficiales, (Ley 9/1968, de 5 de abril, firmada por Franco). Norma que sigue vigente y que ha sido complementada por una ley sobre los «gastos reservados”, de 1995, una ley sobre las actividades del CNI, de 2002 y una ley sobre la confidencialidad de los contratos que afectan a «seguridad y defensa», de 2011. En 1995 el Defensor del pueblo planteó, ante las Cortes, reformar estas leyes, sin ningún éxito.

En aplicación de estas normas en vigor siguen sin desclasificar –es decir, se mantienen bajo secreto oficial‐ entre otras, cuestiones como:

  • Los asesinatos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria de manifestantes pacíficos amanos de unidades de la Policía Armada (reconvertida en 1978 a Policía Nacional, sin depuración alguna).
  • El golpe militar del 23F de 1981.
  • Las actividades del GAL,“guerra sucia” basada en asesinatos de militantes vascos.

Todo esto demuestra, una vez más, que partes sustanciales del aparato franquista–y no solo el espionaje‐ siguen en pie. Fueron mantenidas en los Pactos de la Moncloa y siguen mantenidas, hoy, por los partidos que se autodenominan “de Estado”, y, en primer lugar, por el PP y el PSOE. Como declaro cínicamente Felipe González el 29 de junio 1997 en El País, Para justificar promesas incumplidas de su gobierno y actuaciones del mismo contra la mayoría trabajadora, «la gente no quiere entender que se respetó un aparato del Estado heredado enteramente íntegramente de la dictadura»

Nos incluimos entre esa gente que “no quiere entenderlo”. Como partidarios de la democracia, defendemos la eliminación de todo el aparato militar, policial, judicial y de espionaje franquista. Es decir, luchamos por la República.

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