Crisis del Estado, cambio de Régimen y Fuerzas Armadas (I)

Por Manuel Ruiz Robles

La crisis del Estado español, acrecentada por el declive de la Monarquía, desembocará, antes o después, en un cambio de Régimen, focalizado por la crisis económica, la guerra de Ucrania y la crisis territorial.

Crisis económica, estimulada por el efecto adverso de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia, agravada por la inminente recesión, abatiéndose con intensidad sobre las capas populares.

Guerra de Ucrania, criminal y odiosa, como todas las guerras. Guerras en las que las víctimas civiles no son “daños colaterales”, sino objetivos militares deliberados: Gernika, Carretera de la Muerte (Málaga-Almería), Dresde, Hiroshima, Kiev…

Crisis territorial, motivada por el antagonismo entre el núcleo duro del nacionalismo español (que controla el aparato del Estado) y las naciones sin Estado (Cataluña, País Vasco, Galicia).

Crece la desigualdad económica y se generaliza la pobreza

La incomprensible actuación de los dirigentes políticos de Europa, arrastrados a la guerra por los USA, así como a la imposición de sanciones a Rusia, estancan el conflicto y debilitan la industria alemana, motor de la economía europea.

La crisis, agravada por la guerra, está provocando una subida incontenible de precios, especialmente de los productos básicos -energía y alimentos- golpeando a las clases populares.

Los pobres serán más pobres, las clase medias trabajadoras perderán poder adquisitivo y los ricos serán más ricos.

Tales desigualdades económicas, junto a la insoportable generalización de la pobreza, provocarán conflictos sociales prolongados en el tiempo.

Los militares y el modo de producción capitalista

Los militares formamos parte de la sociedad a la que tenemos el deber de servir.

Sin embargo, la sociedad está atravesada por contradicciones propias del modo de producción capitalista, que la divide en clases con intereses antagónicos. Este antagonismo da lugar a ideologías contrapuestas.

Pese al férreo control que el régimen del capital ejerce sobre los ejércitos, sus miembros no son ajenos a los conflictos sociales nacidos de los antagonismos de clase.

Estos conflictos surgen como consecuencia de las relaciones de producción existentes entre explotadores y explotados, es decir entre los grupos sociales mayoritarios que producen los bienes -la riqueza- y aquellos otros grupos minoritarios que detentan el poder de decidir el destino de la riqueza producida.

Una de las principales contradicciones del sistema de producción capitalista es la apropiación privada del trabajo social.

El saqueo perpetrado a lo largo de decenios de la caja de la Seguridad Social y la pretensión de privatización de las pensiones públicas, está ocasionando una ola de protestas.

El llamado “rescate” de las grandes entidades financieras, con cantidades ingentes de dinero público, no ha sido aún recuperado en su totalidad por el Estado.

La creciente privatización de los servicios sanitarios, acompañada de los recortes en la sanidad pública, degradan uno de los pilares esenciales del llamado estado del bienestar, socavando la salud y la esperanza de vida de la población.

La pauperización de la enseñanza pública con salarios indignos e interinidad abusiva, unida a las excesivas ratios de alumnos en las aulas, redundan en el bajo rendimiento escolar y en las altas tasas de abandono educativo temprano.

Esa dinámica, que tiende a acrecentarse, afecta sobre todo a la clase trabajadora, por tanto a la mayoría de los militares, y más concretamente a las escalas de tropa y marinería. La actividad sindical en los cuarteles, prohibida por ley, impide a estos compañeros la defensa de sus derechos más elementales.

Las escalas de oficiales, por el contrario, detentan privilegios abusivos. Su clasismo de grupo cerrado determina su ideología; ajena al funcionariado, que repudian. Por ello tienden a adoptar creencias y actitudes propias de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad.

¿Colapsará el modo de producción capitalista?

No parece probable que los medios de producción, en un próximo cambio de régimen, pasen a ser propiedad colectiva de la clase trabajadora, pues nadie en sus cabales desea una guerra civil, salvo algunos exaltados fascistas con mando en plaza.

No se trata, por tanto, de plantear la viabilidad del cambio del modo de producción, ni tan siquiera de su conveniencia, cuya concreción plantearía dudas razonables.

En efecto, la Revolución de Octubre de 1917 -que trató de construir un mundo sin explotadores ni explotados, despertando grandes esperanzas entre las clases populares- involucionó hacia formas muy alejadas de las teorías desarrolladas por K. Marx (1818-1883) y F. Engels (1820-1895) en el siglo XIX. Teorías que pusieron genialmente en evidencia las contradicciones internas del sistema de explotación capitalista.

La crítica de tal modo de producción cambió para siempre la forma de analizar los procesos sociales: “toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases”.

El inevitable antagonismo de clases transcurre en nuestros días sometido a constituciones y leyes desiguales. Constituciones resultantes de los procesos históricos por los que cada país ha transitado. El desarrollo de tales procesos determina finalmente el status y el prestigio social de sus Fuerzas Armadas, así como la ideología de éstas y sus valores internos.

La constitución española del 78 refleja el punto de equilibrio entre los antagonismos de clases -jurídico y militar- impuesto por el aparato de la dictadura franquista, que transitó indemne hacia el nuevo régimen. En la llamada Transición, la clase dominante siguió detentando idéntico poder al que ejerció durante la dictadura, quedando en papel mojado toda la falsa retórica constitucionalista referente a los derechos sociales. Mientras tanto, se blindaban los exorbitantes privilegios del Rey, jefe de fila de la oligarquía.

Cuando la lucha de clases se agudiza por efecto de las contradicciones internas del sistema, ésta puede llegar a forzar un cambio de régimen en sentido progresivo o, por el contrario, en sentido regresivo. En ambos casos -de producirse un cambio cualitativo en la correlación de fuerzas- cambia la base jurídica fundamental, es decir la Constitución, que rige de forma estructural la pugna de intereses entre ambas clases.

Un cambio de régimen no implica necesariamente una revolución que destruya el régimen de producción capitalista; ni, por el contrario, una contrarrevolución que derive en una dictadura militar fascista, forma extrema de la explotación capitalista.

*(Manuel Ruiz Robles es antiguo miembro de la Unión Militar Democrática)

Declaración sobre el Caso Pegasus

El espionaje a dirigentes y cargos electos demuestra que la podredumbre franquista sigue mandando en este país.

El 18 de abril el semanario The New Yorker publicaba la noticia: según la ONG Citizen Lab de Toronto, 65 políticos de ERC, Junts, PDeCat, CUP, Bildu han sido espiados entre 2015 a 2020 (lo que supone que ese espionaje se inició bajo el gobierno Rajoy, y ha continuado bajo el gobierno Sánchez).

Quienes no creemos en las casualidades, tenemos que observar que se trata de los mismos grupos políticos que ha sido excluidos de la información económica, dada por la Casa del Rey, en la nueva campaña de lavado de imagen de La Corona que han puesto en marcha las mismas instituciones y medios de comunicación que miraron para otro lado mientras Juan Carlos de Borbón acumulaba comisiones y dinero de dudosa procedencia y motivación.

Entre los espiados se encuentran los cuatro últimos presidentes de la Generalitat, dos presidentes del Parlament de Catalunya y una treintena de diputados y exdiputados. Además, hay algunos abogados de encausados, pero también activistas, parejas de políticos, padres o incluso amigos de alguien que se convirtió en un objetivo Para ese espionaje se han hackeado sus teléfonos móviles utilizando el programa PEGASUS, elaborado por una empresa israelí, y que sólo se vende a gobiernos.

La información publicada explica también que ese programa ha sido adquirido por el CNI, el servicio secreto español. Lo que significa que los servicios secretos han utilizado un programa de espionaje comprado con permiso del gobierno, muy probablemente adquirido por el Gobierno de Rajoy y mantenido por el actual, para espiar a dirigentes políticos y cargos electos.

La “solución” propuesta por el Gobierno tras la reunión con el ejecutivo catalán es que se realice un “control interno” del CNI (es decir, que el servicio de espionaje se investigue a sí mismo) y que se trate el tema en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso (cuyas deliberaciones son secretas). Dos medidas que permitirían mantener en secreto las actuaciones del CNI.

Las primeras declaraciones del gobierno decían que: “todo se ha hecho respetando la ley”. Pero ese es, precisamente, el problema: en España rige la Ley de Secretos Oficiales, (Ley 9/1968, de 5 de abril, firmada por Franco). Norma que sigue vigente y que ha sido complementada por una ley sobre los «gastos reservados”, de 1995, una ley sobre las actividades del CNI, de 2002 y una ley sobre la confidencialidad de los contratos que afectan a «seguridad y defensa», de 2011. En 1995 el Defensor del pueblo planteó, ante las Cortes, reformar estas leyes, sin ningún éxito.

En aplicación de estas normas en vigor siguen sin desclasificar –es decir, se mantienen bajo secreto oficial‐ entre otras, cuestiones como:

  • Los asesinatos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria de manifestantes pacíficos amanos de unidades de la Policía Armada (reconvertida en 1978 a Policía Nacional, sin depuración alguna).
  • El golpe militar del 23F de 1981.
  • Las actividades del GAL,“guerra sucia” basada en asesinatos de militantes vascos.

Todo esto demuestra, una vez más, que partes sustanciales del aparato franquista–y no solo el espionaje‐ siguen en pie. Fueron mantenidas en los Pactos de la Moncloa y siguen mantenidas, hoy, por los partidos que se autodenominan “de Estado”, y, en primer lugar, por el PP y el PSOE. Como declaro cínicamente Felipe González el 29 de junio 1997 en El País, Para justificar promesas incumplidas de su gobierno y actuaciones del mismo contra la mayoría trabajadora, «la gente no quiere entender que se respetó un aparato del Estado heredado enteramente íntegramente de la dictadura»

Nos incluimos entre esa gente que “no quiere entenderlo”. Como partidarios de la democracia, defendemos la eliminación de todo el aparato militar, policial, judicial y de espionaje franquista. Es decir, luchamos por la República.

40 congreso del PSOE- El congreso de la unidad.

Por María Iglesias Domínguez- Periodista, Redacción Tribuna Socialista

El PSOE celebró el pasado fin de semana su 40 Congreso Federal en Valencia.

Un congreso clave en el que el partido quiso exhibir su unidad interna, después de un 39 congreso que devolvió la secretaria general a Pedro Sánchez tras haber sido defenestrado por el aparato y unas primarias muy duras que dejaron el partido roto; el otro objetivo del 40 congreso era el de reforzar su liderazgo de cara a las próximas citas electorales.

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, participaron en el encuentro que reivindicó el pasado y el presente del partido y ha sentado las bases para las próximas elecciones generales y la mayoría de las autonómicas, previstas en 2023.

La intención de la actual dirección del PSOE estaba clara, reforzar el mensaje de unidad que el partido socialista pretende afianzar, además de los expresidentes y de Joaquin Almunia (también secretario general del PSOE junto al gran ausente, Alfredo Pérez Rubalcaba) estuvieron presentes barones, ministros y exdirigentes, aunque no todos con el mismo mensaje ni con las mismas ganas de cerrar unas heridas que aún sangran en muchos sectores del partido. Y a pesar de ello y para muestra de esa reconciliación, el abrazo entre los dos históricos del partido, González y Zapatero, y Sánchez.

Los mensajes fueron muy diferentes en el caso de Zapatero y González, también los aplausos con los que fueron recibidos los mismos. Zapatero repitió o en su intervención que es un PSOE que solo piensa en el futuro de España y que es el centro de gravedad de la política española, un partido necesario, fue ovacionado de manera permanente. 

Mientras que González, defendió el régimen del 78, dijo estar disponible y se ofreció a Sánchez con lealtad ante un proyecto que encabezó durante 23 años, pero con libertad para ser crítico. «Yo no interfiero, estoy disponible. Ni siquiera pretendo que se tome en cuenta mi opinión», eso sí defendió de manera clara la gestión del Ejecutivo durante la pandemia, aunque sin citar a Sánchez tal como se esperaba de él.

El congreso había sido planeado meticulosamente, para que nada quedara al azar, pensado para remarcar una y cientos de veces la palabra unidad, algo que parece que se consiguió.

El debate de las enmiendas en la que algún presidente de las comisiones de trabajo como es el caso de Rafael Simancas, no permitieron pasar a plenario para su voto posiciones claras de la militancia como es el caso de la república defendidas por Izquierda Socialista y Juventudes Socialistas( despachadas en el texto con unas cuantas frases con poco contenido) y la falta de debate con la que el presidente del congreso, Ximo Puig despachó la gestión, fueron los elementos más discordantes de un congreso que por lo demás consiguió la mayoría de los objetivos que se había marcado.

El discurso con el que el secretario general cerró el congreso, hablaba de unidad y de reivindicar el legado del PSOE durante toda la historia de la democracia, en España y en el mundo y especialmente en Europa, donde ha ido ganando lentamente terreno a la derecha.

Sánchez subrayó los compromisos con los que se presentó a las elecciones que emanan de la resolución política que los delegados y delegadas respaldaron este sábado, tras transaccionar y debatir numerosas enmiendas y sin tiempo para el debate, el presidente subrayó que Gobierno avanzará poniendo punto final a la ley mordaza y a la reforma laboral del PP, impuestas sin acuerdo, que precarizaron contratos y devaluaron salarios que ayudará a fortalecer Europa y llevará «a término» la abolición de la prostitución, «que esclaviza a las mujeres en nuestro país». Esta fue una de las demandas más contundentes del cónclave socialista.

Se detuvo en la pandemia, en los primeros momentos de ésta, cuando todavía casi todo era un misterio y contó como recibió el aliento de sus compañeros. Mostró su gratitud a los ministros actuales y a los que salieron del Gabinete, a los barones, alcaldes, concejales, a todos los que estuvieron para luego agradecer a los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales que nos permitieron seguir adelante….

La pandemia “ha hecho aún más reconocible a un PSOE que ha sido leal a sus valores y principios y a un Ejecutivo que ha cumplido sus palabra», desplegando una exitosa campaña de vacunación (el 90% de la población mayor de 12 años tendrá pauta completa a finales de año) y aprobando las peticiones de sindicatos como el ingreso mínimo vital, la protección de los ertes, la ley de eutanasia o la subida del salario mínimo. «

“Hemos gobernado con serenidad, y no nos lo han puesto fácil, con un sentido profundo de la justicia social, el PSOE suma la experiencia de los mayores a la esperanza de nuestros jóvenes» continuo Sánchez

Y así desgranó una discurso en el que defendió la socialdemocracia como única forma de gobernar para todos y el ya clásico, “no dejar a nadie atrás”.

El mensaje de unidad que durante todo el congreso exhibió el PSOE, fue avalado y certificado por los delegados y delegadas, casi el 95% dio el si a su propuesta de nueva ejecutiva federal, de 42 miembros.

Las federaciones de Andalucía y Madrid son las que tienen más peso en la nueva Ejecutiva diseñada por Sánchez, en la que todos los territorios están representados, y mantienen un papel relevante Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

La nueva ejecutiva

La nueva cúpula socialista mantiene 12 miembros de la saliente e incorpora 30 caras nuevas, son un total de 42 miembros, frente a los 46 de la Ejecutiva anterior, una cifra algo más reducida.

En la Ejecutiva Sánchez ha incluido a seis ministros: Félix Bolaños (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática), Carolina Darias (Sanidad), Diana Morant (Ciencia e Innovación), María Jesús Montero (Hacienda), Isabel Rodríguez (portavoz) y Pilar Alegría (Educación).

En lo que se refiere a la representatividad territorial, todas las comunidades autónomas estarán representadas en la nueva ejecutiva socialista. Si se computan los integrantes de la Ejecutiva Federal con cartera, los vocales y los miembros natos, el resultado es que nueve de los 47 representantes son andaluces y siete madrileños.

Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León contarán con cuatro representantes dentro de la dirección federal, mientras que Canarias tendrá tres.

Euskadi, Galicia, Aragón y Castilla La Mancha tendrán dos representantes cada una de ellas. El resto de autonomías contarán con un miembro en la dirección federal, donde también habrá una representante de la ciudad autónoma de Melilla.

El congreso de la unidad del PSOE

El 40 Congreso del PSOE ha mostrado un partido que según la Ponencia Marco de esta edición aprobada, se reivindica como feminista y reformista.

Si atendemos a las valoraciones de la militancia que acudió a dicho congreso, no ha tenido nada que ver con el último, que se celebró en 2017 con el lema oficial “Somos la izquierda” y que tuvo el menor respaldo a su ejecutiva en 20 años y sin embargo, esa misma militancia que arropó a Sánchez a la secretaria general, se quejaba de la falta de debate y del papel insignificante que había jugado la misma en dicho congreso.

La ejecutiva de Pedro Sánchez ha obtenido un 94,94 % de apoyos, frente al respaldo de 2017, que fue del 70,50%.

Los nombres y cargos de la nueva ejecutiva

  • Presidenta: Cristina Narbona Ruiz (Madrid).
  • Secretario General: Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Madrid).
  • Vicesecretaria General: Adriana Lastra Fernández (Asturias).
  • Secretario Organización: Santos Cerdán León (Navarra).
  • Secretaria Igualdad: Andrea Fernández Benéitez (CyL).
  • Secretaría de Estrategia y Acción Electoral: Javier Izquierdo Roncero (CyL). 
  • Secretaría de Política Municipal: Alfonso Rodríguez de Celis (Andalucía). 
  • Secretaría Política Autonómica: Guillermo Fernández Vara (Extremadura). 
  • Portavoz: Felipe Sicilia  Alférez (Andalucía).
  • Secretaría Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública: Llanos Castellanos Garijo (Madrid).
  • Secretaría de Estudios y Programas: Idoia Mendia Cueva (Euskadi).
  • Secretaría Política Internacional y Cooperación al Desarrollo: Hanna Jalloul Muro (Madrid).
  • Secretaría Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana: Arcadi España García (C. Valenciana).
  • Secretaría de Memoria Democrática y Laicidad: Patxi López Álvarez (Euskadi).
  • Secretaría Reto Demográfico: Maite Pérez Esteban (Aragón)
  • Secretaría Unión Europea: Iratxe García Pérez (CyL).
  • Secretaría de Transición Ecológica Justa y la Preservación de la Biodiversidad: Marc Pons Pons (Baleares)
  • Secretaría de Política Economía y Transformación Digital: Pedro Casares Hontañón (Cantabria).
  • Secretaría Cultura y Deportes: Manuela Villa Acosta  (Madrid)
  • Secretaría para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social: Juan Francisco Serrano Martínez  (Andalucía)
  • Secretaría de Industria, Comercio y Turismo: Patricia Blanquer Alcaraz (C. Valenciana)
  • Secretaría de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo: Montse Mínguez  García (Cataluña).
  • Secretaría de Formación: María Márquez Romero (Andalucía) 
  • Secretaría de Educación, Formación Profesional: Mª Luz Martínez Seijo (CyL).
  • Secretaría de Ciencia, Investigación y Universidades: Diana Morant  Ripoll (C. Valenciana).
  • Secretaría de Movimientos Sociales, Diversidad y Mayores: Beatriz Carrillo De los Reyes  (Andalucía).
  • Secretaría de Transparencia y Regeneración Democrática: Francisco Lucas Ayala  (Murcia)
  • Secretaría Emprendimiento e Impacto Social: Amparo Marco Gual  (C. Valenciana)
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: Ana Mª Romero Obrero (Andalucía)
  • Secretaría de Sanidad y Consumo: Carolina Darias San Sebastián (Canarias)
  • Secretaría para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos: Félix Bolaños García  (Madrid)   
  • Secretaría LGTBI: Víctor Gutiérrez  Santiago (Cataluña)
  • Secretaría del PSOE Exterior: Pilar Cancela Rodríguez (Galicia).
  • Secretaría de Políticas Migratorias y Refugiados: Luc André Diouf (Canarias).
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