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Crisis del Estado, cambio de Régimen y Fuerzas Armadas (III)

La caída del régimen de la Monarquía, y consiguiente proclamación de la República, plantea la grave cuestión de cuál pueda ser la actitud de las Fuerzas Armadas ante un cambio de régimen.

La crisis del régimen de la Monarquía

El carácter oligárquico y caciquil, heredado del franquismo, se ha cronificado tras décadas de corrupción en las altas esferas, agravada por el silencio cómplice de las instituciones más relevantes del régimen de la Monarquía.

La modificación del artículo 135 de la Constitución de 1978, pactado entre el PSOE y el PP durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acabó vaciando de todo contenido democrático al pretendido Estado social y de derecho, proclamado tan solemnemente.

La caída del régimen de la Monarquía, y consiguiente proclamación de la República, plantea la grave cuestión de cuál pueda ser la actitud de las Fuerzas Armadas ante un cambio de régimen.

El Ejército, como última razón de Estado, no actúa en general de forma autónoma, pese a gozar de cierta independencia respecto a la superestructura política.

En el caso que nos ocupa -el Estado español- ese aspecto de relativa autonomía de las Fuerzas Armadas se encuentra particularmente reforzado en la Constitución española de 1978. Fue impuesto a los “constituyentes” por la llamada Ley de Amnistía de 1977, forzada por los poderes de hecho del franquismo, meses después de celebradas las primeras elecciones del 15 de junio, en relativa libertad.

En efecto, la citada Ley de Amnistía, en realidad ley de punto final, consolidó dos aspectos básicos de la dictadura. En primer lugar, la impunidad de los crímenes del franquismo. En segundo lugar, no menos importante, la fidelidad de las Fuerzas Armadas a su pasado franquista y al Rey, al quedar excluidos los miembros de la disuelta Unión Militar Democrática (UMD), sospechosos de republicanismo. Llovía sobre mojado, pues ya habían sido anteriormente escarnecidos y humillados por la ley de amnistía de 1976.

La reincidente humillación de la UMD, establecida por la Ley de Amnistía de 1977, puso en evidencia la voluntad del régimen del 78 de afianzar la continuidad ideológica del Ejército franquista, garantizando su fidelidad a la dinastía Borbón, impuesta por el dictador.

UMD, 23-F e inviolabilidad

Por aquellos días, en abril de 1979, se publicó el artículo “Señores diputados”, que escribí en un diario nacional de gran tirada, “Diario16”, en donde trabaja como periodista Fernando Reinlein, uno de los compañeros represaliados y expulsados por su pertenencia a la Unión Militar Democrática (UMD).

Critiqué en dicho diario los graves desequilibrios que entrañaba la ley de Amnistía “…no puede aplazarse por más tiempo la clarificación de determinados problemas… Me refiero, desde luego, a los militares procesados por el régimen del general Franco, al parecer por motivos políticos, cuyas penosas secuelas siguen aún padeciendo estos compañeros”.

Por este motivo fui interrogado con malos modos en el juzgado militar nº1 del Cuartel General de la Armada, arrestado en mi domicilio y estampada una nota desfavorable en mi hoja de hechos, que perjudicó mi carrera.

Algún tiempo después, transmitiendo información confidencial relevante al presidente Suarez -por conducto no oficial-, sobre militares golpistas, fui probablemente espiado. Semanas antes del golpe del 23-F de 1981 sufrí un presunto intento de asesinato, urdido por las cloacas militares, del que salí ileso, aunque con una lesión auditiva. El incidente, del que informé al comandante del Centro en donde me hallaba destinado, no quiso ser investigado pese a que las pruebas del intento fallido de asesinato eran evidentes. El mando se negó a abrir una investigación del suceso bajo el pretexto de que se trataba de un asunto secreto.

El carácter antidemocrático de no pocos altos mandos se muestra descaradamente, una vez más, en el contenido del libro “Rey servido y patria honrada”, publicado recientemente por el general Fernando Alejandre, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), cesado en el año 2020.

Entre otras perlas,descalifica al ex JEMAD Julio Rodríguez en términos humillantes, presuntamente injuriosos. Sus motivaciones antidemocráticas saltan a la vista. En fin, un texto de exaltación del militarismo más carca, de aburrido autobombo e indigno servilismo, muy alejado de los valores democráticos por los que arriesgamos nuestra vida y futuro profesional muchos de los compañeros de la UMD.

Las contradicciones existentes en la Constitución de 1978 son fiel reflejo de las que se dieron en el llamado proceso de Transición, dirigido en gran medida por el aparato del Estado franquista, cuya jefatura ostentaba el último jefe de la dictadura: el Rey. Ese punto de partida dio un enorme podere influencia a las fuerzas conservadoras, herederas de los vencedores de la guerra civil.

El artículo 14 de la vigente Constitución de 1978 establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sin embargo, esa misma Constitución, en su art. 56.3, establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Lo que significa que no puede ser sometido a proceso judicial alguno, es decir es impune, aunque delinca. Y ello aun siendo cómplice necesario, por acción u omisión, de un golpe de Estado, como lo fue el 23-F de 1981, o de asesinatos, como lo fueron los perpetrados por el terrorismo de Estado, con la participación de determinadas cloacas, militares y policiales. Todo ello, y mucho más, muestra el talante totalitario del régimen heredado del general Franco (Leyes de Sucesión).

Ley de Memoria Democrática

Las fuerzas políticas con representación parlamentaria reflejan en gran medida las contradicciones de clase, lingüísticas y territoriales del régimen de la Monarquía. Ello explica, entre otras muchas cosas, las lagunas existentes en la reciente Ley de Memoria Democrática.

Pese a representar un avance, que es de agradecer, llega con graves limitaciones y casi medio siglo de retraso.

La continuidad de la fraudulenta ley de Amnistía de 1977, así como la limitación temporal de los efectos de la Ley de Memoria Democrática aprobada, ponen en evidencia serias insuficiencias.

El franquismo, en simbiosis con el régimen de la Monarquía, que pervive en los aparatos del Estado español, siguió cometiendo crímenes más allá de 1978, sin que sus víctimas puedan acogerse a esta nueva ley de Memoria.

No obstante, en su disposición adicional decimosexta, establece:

“El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.”

Sin embargo, es muy probable que dicha comisión técnica, de momento en el limbo de las buenas intenciones, no llegue nuca a crearse, al menos bajo el régimen de la Monarquía. Es inverosímil que el R78 se autoinculpe de actuaciones delictivas contra personas que luchamos por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos en nuestro país, en particular desde el núcleo duro del sistema: las Fuerzas Armadas.

Manuel Ruiz Robles

Ex miembro de la Unión Militar Democrática (UMD)

Crisis del Estado, cambio de Régimen y Fuerzas Armadas (I)

Por Manuel Ruiz Robles

La crisis del Estado español, acrecentada por el declive de la Monarquía, desembocará, antes o después, en un cambio de Régimen, focalizado por la crisis económica, la guerra de Ucrania y la crisis territorial.

Crisis económica, estimulada por el efecto adverso de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia, agravada por la inminente recesión, abatiéndose con intensidad sobre las capas populares.

Guerra de Ucrania, criminal y odiosa, como todas las guerras. Guerras en las que las víctimas civiles no son “daños colaterales”, sino objetivos militares deliberados: Gernika, Carretera de la Muerte (Málaga-Almería), Dresde, Hiroshima, Kiev…

Crisis territorial, motivada por el antagonismo entre el núcleo duro del nacionalismo español (que controla el aparato del Estado) y las naciones sin Estado (Cataluña, País Vasco, Galicia).

Crece la desigualdad económica y se generaliza la pobreza

La incomprensible actuación de los dirigentes políticos de Europa, arrastrados a la guerra por los USA, así como a la imposición de sanciones a Rusia, estancan el conflicto y debilitan la industria alemana, motor de la economía europea.

La crisis, agravada por la guerra, está provocando una subida incontenible de precios, especialmente de los productos básicos -energía y alimentos- golpeando a las clases populares.

Los pobres serán más pobres, las clase medias trabajadoras perderán poder adquisitivo y los ricos serán más ricos.

Tales desigualdades económicas, junto a la insoportable generalización de la pobreza, provocarán conflictos sociales prolongados en el tiempo.

Los militares y el modo de producción capitalista

Los militares formamos parte de la sociedad a la que tenemos el deber de servir.

Sin embargo, la sociedad está atravesada por contradicciones propias del modo de producción capitalista, que la divide en clases con intereses antagónicos. Este antagonismo da lugar a ideologías contrapuestas.

Pese al férreo control que el régimen del capital ejerce sobre los ejércitos, sus miembros no son ajenos a los conflictos sociales nacidos de los antagonismos de clase.

Estos conflictos surgen como consecuencia de las relaciones de producción existentes entre explotadores y explotados, es decir entre los grupos sociales mayoritarios que producen los bienes -la riqueza- y aquellos otros grupos minoritarios que detentan el poder de decidir el destino de la riqueza producida.

Una de las principales contradicciones del sistema de producción capitalista es la apropiación privada del trabajo social.

El saqueo perpetrado a lo largo de decenios de la caja de la Seguridad Social y la pretensión de privatización de las pensiones públicas, está ocasionando una ola de protestas.

El llamado “rescate” de las grandes entidades financieras, con cantidades ingentes de dinero público, no ha sido aún recuperado en su totalidad por el Estado.

La creciente privatización de los servicios sanitarios, acompañada de los recortes en la sanidad pública, degradan uno de los pilares esenciales del llamado estado del bienestar, socavando la salud y la esperanza de vida de la población.

La pauperización de la enseñanza pública con salarios indignos e interinidad abusiva, unida a las excesivas ratios de alumnos en las aulas, redundan en el bajo rendimiento escolar y en las altas tasas de abandono educativo temprano.

Esa dinámica, que tiende a acrecentarse, afecta sobre todo a la clase trabajadora, por tanto a la mayoría de los militares, y más concretamente a las escalas de tropa y marinería. La actividad sindical en los cuarteles, prohibida por ley, impide a estos compañeros la defensa de sus derechos más elementales.

Las escalas de oficiales, por el contrario, detentan privilegios abusivos. Su clasismo de grupo cerrado determina su ideología; ajena al funcionariado, que repudian. Por ello tienden a adoptar creencias y actitudes propias de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad.

¿Colapsará el modo de producción capitalista?

No parece probable que los medios de producción, en un próximo cambio de régimen, pasen a ser propiedad colectiva de la clase trabajadora, pues nadie en sus cabales desea una guerra civil, salvo algunos exaltados fascistas con mando en plaza.

No se trata, por tanto, de plantear la viabilidad del cambio del modo de producción, ni tan siquiera de su conveniencia, cuya concreción plantearía dudas razonables.

En efecto, la Revolución de Octubre de 1917 -que trató de construir un mundo sin explotadores ni explotados, despertando grandes esperanzas entre las clases populares- involucionó hacia formas muy alejadas de las teorías desarrolladas por K. Marx (1818-1883) y F. Engels (1820-1895) en el siglo XIX. Teorías que pusieron genialmente en evidencia las contradicciones internas del sistema de explotación capitalista.

La crítica de tal modo de producción cambió para siempre la forma de analizar los procesos sociales: “toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases”.

El inevitable antagonismo de clases transcurre en nuestros días sometido a constituciones y leyes desiguales. Constituciones resultantes de los procesos históricos por los que cada país ha transitado. El desarrollo de tales procesos determina finalmente el status y el prestigio social de sus Fuerzas Armadas, así como la ideología de éstas y sus valores internos.

La constitución española del 78 refleja el punto de equilibrio entre los antagonismos de clases -jurídico y militar- impuesto por el aparato de la dictadura franquista, que transitó indemne hacia el nuevo régimen. En la llamada Transición, la clase dominante siguió detentando idéntico poder al que ejerció durante la dictadura, quedando en papel mojado toda la falsa retórica constitucionalista referente a los derechos sociales. Mientras tanto, se blindaban los exorbitantes privilegios del Rey, jefe de fila de la oligarquía.

Cuando la lucha de clases se agudiza por efecto de las contradicciones internas del sistema, ésta puede llegar a forzar un cambio de régimen en sentido progresivo o, por el contrario, en sentido regresivo. En ambos casos -de producirse un cambio cualitativo en la correlación de fuerzas- cambia la base jurídica fundamental, es decir la Constitución, que rige de forma estructural la pugna de intereses entre ambas clases.

Un cambio de régimen no implica necesariamente una revolución que destruya el régimen de producción capitalista; ni, por el contrario, una contrarrevolución que derive en una dictadura militar fascista, forma extrema de la explotación capitalista.

(Manuel Ruiz Robles es antiguo miembro de la Unión Militar Democrática)
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