Etiqueta: jueces

Que los jueces cumplan la ley

El pasado 26 de junio, el Tribunal Constitucional dictó sentencia mediante la que se avala la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Una ley que desde Tribuna Socialista hemos defendido para ayudar a normalizar la vida política y desjudicializar conflictos que están en la esfera de lo político y no de lo penal. Un conflicto al que contribuyeron tanto el gobierno de Rajoy en España como los gobiernos independestistas de Cataluña.

A pesar de la aprobación inicial de la Ley hace un año, la derecha franquista y los gobiernos autónomicos gobernados por el PP y por Garcia Page, se encargaron de torpedear, con recursos de institucionalidad. al tiempo que algunos jueces se negaban a aplicar la ley en un acto de rebeldía institucional sin precedentes.

Especialmente grave fue el recurso presentado por García Page, a pesar de que los diputados socialistas castellano-manchegos en el Parlamento habían votado en favor de la ley.

Fiscales y jueces, por su parte, expresaron su rechazo en comunicados institucionales y declaraciones públicas.

Algunos magistrados de tribunales superiores plantearon objeciones de constitucionalidad incluso antes de que la Ley viera la luz, en una suerte de recurso preventivo, inaudito en la democracia.

El juez García-Castellón, ha mantenido una postura especialmente beligerante contra la aplicación de la ley.

Y en la calle, los socialistas vimos como nuestras sedes eran atacadas por los franquistas, banderas con el águila incluídas.

La sentencia del TC ha sido bienvenida por la mayoría del pacto de investidura. De hecho, minutos después de conocerse la resolución del Tribunal, el presidente de la Generalitat, Salvador llla, ha celebrado la decisión judicial. En una declaración institucional, Illa ha pedido que se respete la resolución, ya que «no tiene sentido obstaculizar su aplicación». Así mismo, ha pedido al Tribunal Supremo, «con respeto, pero con claridad, que se aplique esta ley con diligencia».

Igualmente, el Ministro de Presidencia, justicia y relaciones con las cortes. Félix Bolaños, también se pronunció a favor de la sentencia, añandiendo que «la amnistía ha logrado uno de los mayores éxitos de la sociedad española en democracia, al restaurar la convivencia en Cataluña, pero no será completa hasta que no se aplique a todos los protagonistas del proceso independentista».

Veremos si los jueces rebeldes aplican la ley o siguen obedeciendo al dictado de Aznar «el que pueda hacer que haga».

Baltasar Santos
Primer secretario del PSC del Vendrell
Miembro del comite de redacción de Tribuna Socialista.

Democratizar, por fin, la carrera judicial

¡Ellos se lo han buscado! De tanto ir el cántaro a la fuente al final se ha roto. Estos asertos populares definen a la perfección el efecto de ponerse al descubierto, a ojos de todo el mundo y con descaro, actuaciones judiciales que confirman la existencia de un grupo de jueces, no menor en la judicatura española, que utiliza la justicia como herramienta acorde a su ideología para asediar al oponente político conforme a una estrategia planificada. Es lo que se viene denominando como el brazo judicial del PP, que lleva meses aflorando. Comando que no es nuevo ni sorprendente, sino conocido por quienes seguimos la actualidad desde la época de la transición democrática que no se produjo en el ámbito del poder judicial.

La llegada en 2020 del primer Gobierno de Coalición de PSOE y Unidas Podemos, merced a la abstención de ERC y Bildu, y el apoyo parlamentario del BNG, Más País-Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y PNV, puso en alerta a todos los sectores de la derecha y ultraderecha, incluido los más conservadores de la judicatura, que pusieron en marcha una estrategia de acoso y derribo que abrió una época —en la que seguimos— donde el discurso político comenzó a tejerse con mentiras y tergiversaciones falaces e hiperbólicas verbalizadas con agresividad y beligerancia impropias, y un lenguaje faltón y barriobajero plagado de epítetos que trajeron del pasado sustantivos lanzados contra el gobierno como invectivas oprobiosas de claro poso fascista: ¡Gobierno de comunistas bolivarianos y liberticidas!

Ahí comenzó la actuación del brazo judicial de la derecha y ultraderecha, cebándose con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Casos que quedaron en nada como el Neurona archivado en 2023 tras tres años de instrucción judicial, o la persecución a la jueza Victoria Rosell por ser diputada de Podemos y haber sido Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Como se archivó también el caso PISA, (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) fraguado fraudulentamente por la Policía Nacional para desacreditar al líder de Podemos por haber recibido financiación para su partido procedente de Venezuela, archivado por la Audiencia Nacional que lo calificó como un conjunto desordenado de recortes de prensa sin sustento documental.

Desaparecido Iglesias de la escena pública, las fuerzas de la reacción fijaron el foco en Pedro Sánchez y su entorno, del que quieren hacer el eje axial de todos los males, al que tienen una inquina especial por tener que aguantar otra legislatura de gobierno progre, comunista y bolivariano que pacta con los terroristas (Bildu) y los independentistas (ERC y JUNTS) para seguir en el Gobierno. Convertido en el demonio que rompe España, el arma judicial ha convertido en diana a su entorno familiar. Jueces que admiten querellas presentadas por asociaciones de ultraderecha —Manos Limpias y Hazte Oír— secundadas por Vox, y abren sumarios con retales de titulares de prensa que estiran como chicles para conseguir mantener la condena mediática de los investigados el mayor tiempo posible, contraviniendo la resolución del Tribunal Supremo de 2014, en la que señalaba que no se pueden abrir causas con titulares de prensa como elemento probatorio.

Los casos contra la esposa del Presidente y su hermano —que ha dimitido como director de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz, por no soportar la persecución mediática— demuestran que hay jueces que, aunque sepan que esos casos quedarán en nada por no haber ilícito penal que los justifique, siguen adelante con el castigo mediático acrecentando la sensación de que no buscan hacer justicia, sino justificar la decisión que tienen tomada de antemano. Charco donde chapotea el juez Peinado, como su conmilitón, el juez Hurtado se inunda de barro en el caso del Fiscal General cuando no da valor a las declaraciones de cuatro periodistas que confirmaron que tenían y publicaron los correos de la discordia muchas horas antes de que los tuviera la Fiscalía General, porque desmontan la instrucción del sumario. Ni quiere entrar en el meollo del caso: que la nota de prensa de la fiscalía desmentía el bulo, la mentira del inefable MAR, y no filtraba ninguna información que no fuera ya conocida. Así la pelota mediática contra el Fiscal General sigue engordando.

No son los únicos miembros de la judicatura a los que les interesa más hacer política que justicia en sus juzgados. En la mente de todos están nombres como los de García Castellón, Carretero, Marchena… o los que por una razón política se manifestaron en la calle delante de Audiencias y Tribunales Superiores, incluidos insignes fiscales —hecho insólito en cualquier democracia de nuestro entorno—, para expresar su oposición radical a la Ley de Amnistía. Acciones que ejemplifican la perversión del papel que deben desempeñar los jueces y magistrados como garantes del cumplimiento de la Ley. Papel que degradan cuando privilegian sus posiciones políticas o morales a la hora de impartir justicia.

Hechos que justifican la necesidad de una reforma de la carrera judicial que acabe con el poder omnímodo del que gozan los jueces, que les convierte en intocables, hagan lo que hagan. Reforma que debe servir para hacer efectiva la democratización del poder judicial —siempre pendiente por la oposición espuria de las asociaciones judiciales— como la planteada por el Ejecutivo, que abre el melón para el debate y la negociación parlamentaria de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la última que data de 1985. La medida sustancial para poner coto a la casta judicial propone cambiar el sistema de oposiciones de acceso a la carrera judicial y fiscal, para facilitar el acceso de estudiantes de cualquier nivel socioeconómico, mediante la creación de una Escuela Pública de Opositores y un sistema estable de becas que nunca podrán ser inferiores al salario mínimo interprofesional, que no dependerán del Gobierno de turno o de la disponibilidad presupuestaria. Todo con el objetivo de acabar con el sistema de preparadores, de jueces, que cobran en negro a quienes quieren opositar y que es una fuente de clientelismo.

Con el mismo objetivo, se suprime la decimonónica prueba memorística por una escrita sobre un caso práctico y anónima para que el tribunal valore la capacidad del aspirante sin atender a su linaje. Y para ampliar el número de jueces, la reforma propone consolidar la situación de 913 jueces, el 70% mujeres, que llevan más de dos décadas ejerciendo de jueces interinos. Y para acabar con el poder omnímodo de los jueces la reforma propone reglamentar la inadmisión de querellas basadas en recortes de prensa, la recusación de un juez o magistrado que se haya manifestado públicamente en relación al caso que instruye, y limitar la acusación popular a la formulación inicial de la querella y a la fase del juicio oral, para evitar filtraciones interesadas.

Medidas cuyo objetivo es acometer la reforma del Poder Judicial, eternamente aplazada desde la instauración de la democracia, que ponga fin a su utilización como herramienta del juego político judicializando la política, para favorecer determinados intereses y estrategias que desvirtúan, a ojos de la ciudadanía, el sentido y valor de la justicia manchado por quienes ejercen el cargo para ejecutar vendettas políticas o morales de poso religioso. La justicia española debe recuperar la imagen perdida de imparcialidad.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor
en Teoría de la Comunicación de Masas

Editorial: No acatar los dictámenes del TC, es defender la democracia

l jueves 19 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC) ha dado una vuelta de tuerca más a las presiones sobre el Gobierno (el Ejecutivo) y las Cortes (el Legislativo), para impedir que estas voten el cambio del sistema de renovación en el CGPJ y en el TC y seguir bloqueando ambos organismos. Impiden con un auto judicial que el poder legislativo; único poder que emana directamente del pueblo, supuestamente soberano, pueda cambiar las leyes, aunque estos cambios no sean de la conveniencia de los miembros del TC y del CGPJ.

La connivencia con el PP es tan descarada que les resulta imposible ocultarla; el TC jamás se había dado tanta prisa en admitir a trámite el recurso de Amparo de un particular o de una organización. Por contra, rechazan las alegaciones presentadas por el PSOE y Unidad Podemos, el Congreso, el Senado y la Fiscalía. Esta última, solicitó la recusación de Tribiño y Narváez por tener caducado su mandato desde hace seis meses y afectarles de forma directa el cambio legal en cuestión, lo que no ha sido obstáculo para que ambos magistrados votasen en la decisión del Pleno del TC.

El Tribunal Constitucional fue creado para que hiciera de guardián de la Constitución, lo hace de forma absolutamente sesgada, pues no es para nada imparcial y hace una lectura reiteradamente favorable a los intereses del bloque conservador, representante claro de los intereses de la minoría privilegiada de la sociedad. Como garante de los intereses de esa minoría privilegiada, se pronunció a favor de reforma laboral en sus contenidos más lesivos para los trabajadores, o cuando el Parlament de Cataluña aprobaba leyes que protegían a las familias sin recursos económicos, para que las compañías eléctricas no pudiesen cortar los suministros energéticos de sus casas, declarando inconstitucionales estas medidas protectoras.

La intervención TC en el Estatuto de Cataluña se produjo después de ser aprobado por las Cortes Generales, el Parlament de Cataluña y por un referéndum pactado, demostrándose, por tanto, que no es la primera vez que el TC se inmiscuye en asuntos que no son de sus competencias y que se sitúa por encima de la soberanía popular, creando la discordia y el enfrentamiento entre pueblos, y dejando al descubierto los nudos del “atado y bien atado”.

Esta vez han ido más lejos, impidiendo que los diputados elegidos por el pueblo cumplan con las funciones que son propias de cualquier parlamento de nuestro entorno, proponer leyes debatirlas y en su caso aprobarlas es, en definitiva, legislar.

Quieren impedir que se realice la reforma del Código Penal tanto en lo que respecta a la sustitución de sus miembros que, sin duda, está más que justificada, porque necesitan tener un aparato judicial que garantice que, por encima de las decisiones democráticas, se paraliza cualquier avance social que no sea de la conveniencia de los intereses económicos de los de siempre, como cuando el Tribunal Supremo se pronunció groseramente a favor de la Banca y en contra de los ciudadanos, en el asunto de los gastos notariales de las hipotecas. Pero no interfieren en la evidente destrucción de la sanidad pública y el sistema público de pensiones, en eso sí colaboran.

La intromisión del TC en el poder legislativo ha recibido, entre otros, el calificativo de “golpe de las togas”. Un golpe que demuestra la incompatibilidad de la democracia y la judicatura que hunde sus raíces en el franquismo y pone al descubierto el verdadero carácter de esa institución que, al igual que el CGPJ es presidido por el Rey Felipe VI cada año, al inicio del año judicial y que solo obedece a la defensa de la institución monárquica. Vivimos por tanto en un sistema, que dice ser democrático, cuyo jefe del Estado es jefe a su vez de los tres ejércitos, como lo fue el Dictador durante 36 años, es inviolable e irresponsable, y, por si algo falla, está el “cortafuegos” de un Tribunal Constitucional que se sitúa por encima de los otros dos poderes del Estado, dejando la división de poderes en un chiste sin gracia.

Los hechos ocurridos durante estos días muestran que la Constitución del 78, fruto del pacto con los franquistas, no da para más; hace aguas por lo cuatro costados, grietas por las que solo supura corrupción. Una democracia que está atenazada, controlada y mutilada, no es merecedora de tal nombre, no, al menos, para resolver las reivindicaciones y necesidades de la mayoría social.

Aceptar que el Congreso de los Diputados y el Senado queden cautivos del TC no solo debe ser rechazado, es intolerable, y como tal no debería ser acatada por ninguna de las cámaras de representantes con mayoría suficiente. Acatar las decisiones del TC, da alas a la derecha y los anima a continuar en sus ataques a derechos y libertades.

La gravedad de los hechos acaecidos hace necesario que las organizaciones que se reclaman de izquierdas y los sindicatos, convoquen movilizaciones masivas. Movilizaciones a la que los socialistas debemos acudir y ocupar el lugar que nos corresponde, trasladar a nuestros dirigentes que es urgente deshacerse de estos organismos para defender los derechos democráticos. El socialismo es avance social, no conservadurismo. El socialismo debe garantizar que los representantes del pueblo ejercen su mandato sin ningún obstáculo.

Ante la situación que vivimos, que se viene pudriendo desde hace mucho tiempo, el socialismo debe trabajar por la democracia plena, en el marco de la República.

El Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Declaracion de Urgencia

Contra el golpe togado ¡Movilización!

El ataque a la democracia no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Lo vimos en Brasil hace unos años, cuando la derecha encarceló a Lula Da Silva para sacarle de la carrera por la presidencia del Gobierno, movimiento ilegítimo que llevó al pueblo brasileño a sufrir cuatro años a Bolsonaro. Lo vimos en Bolivia, ahora lo estamos viendo en Perú. Incluso asistimos, a través de los medios de comunicación, a las inéditas imágenes de asalto al Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Es evidente que los hechos concretos distan mucho en las formas y los ritmos unos de otros, así como es diferente lo que está ocurriendo en el Estado español.

De la misma manera es evidente que también hay denominadores comunes: que la derecha no soporta que gobiernen otros que no sean ellos. Ya ocurrió el 23 de febrero de 1981, cuando la derecha, con su brazo en las Fuerzas Armadas, dio un aviso al proceso democrático.

La situación política internacional no nos es ajena, como no nos son ajenas las consignas de los think tanks, los lobbies y las instituciones internacionales del capital. La derecha política, económica, judicial y mediática no soporta que se den avances democráticos, por moderados que estos sean.

La derecha española, tome la forma que tome y se disfrace de demócrata más o menos, no soporta que se pueda avanzar en el entendimiento entre los pueblos que componen el Estado español, en particular en Cataluña. No soportan que se tomen decisiones como las que están pendientes de tomarse para incrementar el SMI, les ha molestado profundamente que las Pensiones Públicas se incrementen en el 8,5%, a partir de las movilizaciones de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas. Es la misma aversión que hay en Madrid, por parte del Gobierno Autonómico, contra las movilizaciones ciudadanas y la huelga de médicos para defender la Sanidad Pública. Etc, etc.

Es el Poder Judicial, que cada año preside el Rey, el que da un ¡Golpe togado! para interferir y torpedear los avances democráticos, como ocurrió en 2010 cuando el Tribunal Constitucional torpedeó el Estatuto de Cataluña, votado por el Congreso de los Diputados y por el Parlamento de Cataluña.

Controlan la misma Justicia que les tiene que juzgar de sus corruptelas, corruptelas que recorren las instituciones del Estado de arriba abajo.

Respetar las resoluciones judiciales es una cosa y acatar actos ilegítimos es inaceptable. Llamamos a que los partidos que se reclaman de la izquierda y las organizaciones de clase de los trabajadores, convoquen de urgencia manifestaciones masivas en todas las capitales de provincia, para rechazar el golpe de Estado Judicial.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

tribunasocialista1@gmail.com

Golpe de estado judicial

Cuando me comprometí a escribir esta contribución al número de diciembre de Tribuna Socialista, me planteé la idea de escribir una crónica del acto de Pedro Sánchez en Barcelona del pasado 11 de diciembre, y al hilo del discurso de nuestro Secretario General y concretamente al hilo de una de sus frases en aquel acto “Hay que devolver a la política lo que es de la política” escribir una reflexión sobre la parcialidad de la justicia y del TC y su alineamiento con la derecha franquista. Sin embargo, los gravísimos hechos ocurridos que se han ido precipitando en las últimas semanas me han llevado a extenderme en la narración de los mismos.

Acto de Pedro Sánchez en Barcelona

El pasado domingo 11 de diciembre el PSC organizó un acto en el Palacio de congresos de Barcelona, en la que miles de militantes de todas las agrupaciones de Catalunya asistimos para reforzar a nuestros alcaldes y alcaldesas y el poder del municipalismo socialista. Así mismo, el acto servía para presentar públicamente la candidatura de Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona. Sin embargo, la auténtica relevancia del acto para los militantes que no somos de Barcelona, fue la presencia y discurso del primer secretario del PSC Salvador Illa y muy especialmente, de nuestro Secretario General y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Pedro defendió el papel de los socialistas en la gestión del conflicto político en Catalunya, abogando por el diálogo y, aunque de forma indirecta, aludiendo a las últimas reformas del código penal sobre los delitos de malversación y de sedición, como parte importante de la resolución del conflicto. De su discurso, quiero destacar su expresión de que hay que solucionar los conflictos políticos mediante la política y parar la judicialización del conflicto con los independentistas catalanes. ¡Bienvenido, Pedro! Esta es la posición que la línea editorial de Tribuna Socialista mantiene desde el inicio del conflicto ¡Los conflictos políticos se han de resolver políticamente! ¡Diálogo y política! Estrategia radicalmente opuesta al ¡A por ellos!, que mantiene un amplio sector de jueces, el antidemocrático Tribunal Constitucional, la derecha, la ultraderecha y el sector más reaccionario del PSOE, encabezado por el presidente de Castilla La Mancha, García-Page. Analicemos:

Modificación del Código Penal: el delito de sedición.

Los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno de España presentaron este mes de diciembre una proposición de ley para modificar el Código Penal. Esta iniciativa parlamentaria, hecha oficial después de que el presidente Pedro Sánchez manifestara la voluntad del Gobierno de reformar la legislación relativa al delito de sedición, contempla la sustitución de este tipo penal por otro de “Desórdenes públicos agravados”, en consonancia con el derecho comparado de nuestro entorno europeo. De hecho, entre los motivos esgrimidos por varios tribunales de estados miembros de la UE para no extraditar a los líderes del “procès” responsa- bles de los hechos acaecidos en 2017, han sido, entre otros, la inexistencia de delitos equivalentes a la sedición en los ordenamientos jurídicos de estos estados miembros. Por tanto, desde el punto de vista técnico, parece evidente que un delito del siglo XIX como el de sedición, no se corresponde con la realidad actual, y que una modificación del mismo es del todo procedente.

Pero prescindiendo de los argumentos tecnicistas-jurídicos, sobre los que el que suscribe se declara profano, lo realmente importante de esta modificación es que ayuda a la resolución del conflicto político en Cataluña, al diálogo y la convivencia.

Mientras que el Gobierno del PP de Rajoy creó el conflicto y lo agravó hasta lo insostenible, ahora, la tensión política y social es mucho menor, y la apuesta por el diálogo, la convivencia y la política es el eje sobre el que pivota la resolución del conflicto. Sin embargo, parece que hay quien prefiere el conflicto permanente porque el discurso de “España se rompe” da votos.

La decisión política de convertir el delito de sedición en un delito de desórdenes públicos agravados es una decisión que va en la dirección correcta. Antes bien: con la intransigencia de la derecha hemos topado. Los mismos que se cargaron el Estatut de Autonomía de Catalunya son los que se oponen a la reforma del códi- go penal. Los mismos que provocaron la radicalización de un amplio sector de la sociedad catalana son los mismos que bloquean la renovación del CGPJ y el Tribunal constitucional.

Modificación del Código Penal: el delito de malversación.

El otro caballo de batalla de la derechona antidemocrática es la reforma del delito de malversación que se propone gracias al acuerdo de socialistas y republicanos, y que tiene por objetivo revertir la reforma de este delito que aprobó el PP en 2015. La reforma retoca los artículos 432, 433 y 434 del código penal de forma que cuando no existe ánimo de lucro o enriquecimiento personal, las penas serán menores que en la actualidad.

Nuevamente, sin entrar en tecnicismos, ¿Es esta una medida que ayuda a la resolución del conflicto en Catalunya? Si, ¡Bienvenida sea!. Retornar a la política lo que es político.

La escandalosa interpretación de los jueces de “ley del solo sí es sí”

Recordemos que la ley del “solo sí es sí” llegó para poner fin a la bochornosa interpretación de algunos jueces y fiscales en la incoación y sentencia en casos que clamaban al cielo.

¿Recuerdan a la jueza Victoria del Carmen Molina en una causa sobre violación, preguntando a una víctima si había cerrado las piernas con fuerza suficiente?

¿Recuerdan al fiscal García Cabañas preguntando a la víctima sobre su vestimenta para saber si era sexualmente provocadora?

¿Recuerdan al Obispo de Tenerife, monseñor Bernardo Pérez, explicando que los abusos a niños se debían a la dificultad que tienen los eclesiásticos para no caer en la tentación de sobar esos culitos tan apetecibles?

¿Recuerdan al juez Ricardo González que discrepó con su voto particular de la sentencia en el caso de “la manada” al considerar que lo que él percibía era un ambiente de fiesta y jolgorio?

Pues bien, la ley del «Solo sí es sí» llegó para aclarar estas interpretaciones. Sin embargo, nuestros jueces consideran una intromisión de la política en «sus asuntos» y para demostrarlo han reinterpretado la nueva ley a su manera, rebajando las penas a violadores y pederastas con el objetivo de ridiculizar a Irene Montero y al gobierno de Pedro Sánchez, demostrándoles quien manda en este país

Los jueces olvidan que la ley fue preparada por ilustres juristas, y su aprobación tuvo lugar tras las consultas pertinentes al gabinete jurídico del Congreso de los Diputados y su visto bueno. Hasta ese momento, no hubo ningún tipo de alarma social por peligro de reducción de penas que pudiera acarrear su aplicación.

Ahora bien, una vez aprobada los jueces empiezan a reducir penas a violadores y pederastas. No es la ley la que se equivoca, sino la interpretación interesada que hacen los jueces la que está reduciendo las penas de los violadores. No lo digo yo, lo dice el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín en RTVE, preguntado en referenca a las polémicas reducciones de penas: “La ley está bien diseñada. Es un asunto jurídico que los organismos judiciales competentes tendrán que solucionar”.

Es evidente que la misma ley que ofrece a los jueces la posibilidad de reducir las penas de violadores, permite también no reducirlas. Entonces ¿qué pasa por la cabeza de un juez cuando reduce las penas de violadores solo por dañar la imagen y la credibilidad de una ministra o de un gobierno?

Como dijo la ex vicepresidenta Carmen Calvo: “La política tiene que encontrar una solución rápida porque el problema es muy grave” y esa solución política ha pasado por el pleno extraordinario del Parlamento del día 15 de diciembre.

La soberanía popular reside en el Parlamento, ni en el TC ni en el CGPJ

La soberanía popular reside en las Cortes Generales, único poder elegido directamente por el pueblo. La composición del CGPJ debiera ser un reflejo de la voluntad popular, y para ello es indispensable que sus órganos se renueven. Sin embargo, los jueces que gobiernan el CGPJ llevan 5 años sin renovarse, y los del TC más de 6 meses. Es como sí los diputados se negaran a abandonar sus escaños cuando se producen nuevas elecciones. Vamos, que la usurpación de poder en el gobierno de los jueces y del TC provoca que estos órganos tengan una mayoría conservadora cuando el pueblo ha decidido que haya un gobierno progresis- ta. Todo muy constitucional. Esta “anomalía” es en realidad un atentado contra la democracia y contra la voluntad del pueblo.

Las decisiones políticas que toman los cargos electos elegidos por la ciudadanía están siendo secuestradas, bloqueadas e interpretadas por juristas que alineados con la derecha franquista, y eso, queridos lectores, es un golpe de estado judicial.

El gobierno ha impulsado una reforma para desbloquear la renovación del TC, que ha sido recurrida por el PP y VOX para perpetuar el bloqueo. El trasfondo es seguir con la misma política de mantenimiento del conflicto en Catalunya. El TC se cargó el Estatut de Catalunya lo que provocó la radicalización de posiciones del sector independentista. El PP y VOX utilizan las instituciones obsoletas del Estado para frenar cualquier intento de retornar a la política lo que es político y para arrogarse, mediante el TC, la función de decidir sobre lo que puede o no puede hacer el poder legisla- tivo.

Pero la cosa no acaba ahí. Como hemos analizado en el apartado anterior cualquier legislación progresista aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez es sistemáticamente interpretada en sentido contrario por los jueces, como en el caso de la ley del solo sí es sí”.

¿Y qué hacemos con los barones?

Digámoslo claro. Gente de nuestro partido defiende posiciones que le hacen el juego a la derecha, coincidente con la derecha, y de forma recurrente y reincidente.

Lo hicieron cuando promovían un gobierno de gran coalición PP-PSOE, que la militancia socialista rechazaba.

Lo hicieron cuando cesaron a Pedro Sánchez como Secretario General del partido cuando éste se mostró proclive a liderar el “No es No”.

Lo han hecho intentando dilapidar continuamente los acuerdos de gobierno con UP, o con el diálogo político con ERC o Bildu.

Lo hacen siempre, y especialmente con todo lo que hace referencia al diálogo y la negociación política para resolver los problemas que nos afectan.

¡Ya es suficiente!. En cualquier otro partido, estos barones ya estarían expulsados del partido, así que animo a los compañeros y compañeras de las agrupaciones de Castilla la Mancha y de Aragón que nos hagan llegar sus reflexiones al respecto.

Pleno extraordinario. Votación en el congreso

El día 15 de diciembre tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la votación para la reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación, cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y aclara a los jueces como interpretar la ley del “solo sí es sí”.

Al inicio del debate, PP, Vox y Ciudadanos intenta- ron que se suspendiera la sesión hasta que el TC resolviera sus recursos. La compañera Meritxell Batet rechazó su petición: “no hay razón ni hay obstáculo para no continuar con el procedimiento legislativo previsto, en defensa de la autonomía parlamentaria,de la potestad legislativa de esta cámara y del debate,que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo”.

De igual manera, el portavoz socialista, Felipe Sicilia, comparó el intento de deslegitimación de las decisiones del Parlamento por parte de la derecha con el golpe de Estado: “Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y también la democracia, contricornios. Hoy, ha querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida”.

Sin duda, la instrumentalización de la justicia por parte del PP es una constante que ha tenido una nueva expresión en este pleno extraordinario del Congreso de los diputados.

Con todo, la reforma legal salió adelante con 184 votos a favor, 84 en contra y 1 abstención, aprobando la supresión del delito de sedición, la modificación del delito de malversación, el desbloqueo del procedimiento para la renovación del TC y la aclaración a los jueces sobre cómo deben interpretar la ley del “solo sí es sí”. Faltaba solo la tramitación en el senado, y que el TC, no se entrometiera en las resoluciones políticas.

19 de diciembre de 2022: el golpe de estado judicial del TC se consuma

Sin embargo, en fecha 19 de diciembre, el TC se pronunció en sentido contrario a las resoluciones del Congreso de los diputados y estimó las pretensiones del PP, VOX y C’S, paralizando la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio TC, tal y como había solicitado el PP.

Este es un hecho sin precedentes que consuma el golpe de estado judicial alentado por el PP mediante el que lo aprobado en el Parlamento queda bloqueado por la decisión de un Tribunal constitucional, caducado y usurpado por la derecha, que es juez y parte, y que secuestra la soberanía popular del Parlamento.

Los presidentes del Senado y del Congreso se han aprestado a acatar la sentencia, aún mostrandose críticos con la misma. De igual manera, Pedro Sánchez también la ha acatado aunque ha anunciado que tomará medidas.

La militancia del PSOE se desorienta ante esta sumisión a la injusticia. Ya estamos cansados de tanto facherío.

Militantes del PSOE en defensa de la democracia.

La aprobación en el parlamento de la Reforma Legal el 15 de diciembre y su paralización por el TC el día 19 es un golpe de Estado judicial. PP, VOX, C’s y los barones socialistas que les apoyan son la guardia civil de Tejero.

Los demócratas debemos actuar con contundencia. En todas las agrupaciones socialistas es necesario pro- mover el debate y la actividad militante ante el envite de quienes quieren cargarse la democracia y al propio PSOE, como ya lo intentaron en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016, antes aludido.

Como recordarán los lectores de TS, tras aquel Comité Federal, solo gracias a la organización de plataformas militantes en apoyo al “No es No” y a Pedro Sánchez se pudo revertir la situación a la que nos encaminaban los barones; y solo gracias a ese apoyo, pudimos promover una moción de censura y elecciones generales en las que los partidos de izquierda, con el PSOE y Sánchez a la cabeza, pudimos ganar el gobierno para hacer políticas para la mayoría social.

Llueve sobre mojado con los barones alineados con la derecha y la ultraderecha que quieren secuestrar la política del parlamento y dejarla en manos de sus jueces. El acatamiento de la sentencia no ayuda, desmoviliza y crea confusión, pero lo que nuestros líderes no se atreven a decir lo debemos expresar los y las militantes en las calles.

La respuesta de los demócratas a esta crisis institucional sin precedentes requiere de una respuesta con- tundente en forma de movilización masiva para detener este golpe de estado judicial.

¡Recuperemos la democracia!

Baltasar Santos Fernández
Miembro del Comité de Redacción de TS
Primer Sec. de la agrupación PSC- El Vendrell

El Golpismo togado y la quiebra de la división de poderes

Un recuerdo a María Emilia Casas Baamonde.

Acaba de ocurrir lo que todos sabíamos que iba a suceder. El Tribunal Constitucional acepta las medidas cautelarísimas presentadas por el Partido Popular y Vox, contra la tramitación de la ley de reforma para renovar el Tribunal Constitucional (TC).

Además, se da la circunstancia de que el TC rechaza apartar a los dos Magistrados recusados por PODEMOS y PSOE, gracias al voto de los propios implicados.

Decisión inédita en nuestra democracia que supone la suspensión cautelar de la acción legislativa, por la que el Gobierno quería desbloquear al TC y su renovación de parte de sus miembros que tienen el mandato caducado.

Antes hay que recordar que el conocimiento de estas medidas cautelarísimas correspondía conocer a una Sala en la que son mayoría los progresistas, porque, aunque empatados con los conservadores, dirime el voto de calidad del presidente de Sala que es progresista. Para evitar el conocimiento de este asunto por una Sala progresista, el presidente del TC con su mandato caducado, decide que sea el Pleno quien conozca del asunto, porque en el Pleno son mayoría, por uno, los conservadores, asegurándose de antemano el resultado de las votaciones.

Faltaba el debate y votación en el Senado, que ya se había aprobado en el Congreso, que ahora se corta sin que se pueda llevar a cabo por la inédita y antidemocrática decisión del TC, que quiebra el Estado de Derecho, y se carga de facto, la división de poderes, al entrometerse e inmiscuirse en asunto cuya competencia es exclusiva del Poder Legislativo, y supone, también, que los Magistrados del TC se aúpan por encima de la Constitución y por encima del Pueblo, al ignorar de modo intencionado y con fines antidemocráticos, la Soberanía Nacional, ahora secuestrada, que emana del Pueblo y reside, de forma exclusiva, en el Poder Legislativo.

Es decir, el TC no solo no reconoce la Soberanía Nacional saltándose así la Constitución, sino que, como el PP, niega la legitimidad de nuestro Gobierno, salido de las urnas y no reconoce o desconoce a los representantes del Pueblo, elegidos por las urnas y que conforman el Poder Legislativo.

Esta conducta va más allá de un mero conflicto competencial entre poderes del Estado, cuya resolución está normada y positivizada. Supone, por el contrario, un auténtico golpe de mazo, un lawfare, un golpe togado, que rompe el Estado de Derecho y quiebra la división de Poderes (han vuelto a matar a Montesquieu), porque lo que se persigue es que los conservadores no pierdan la mayoría que ahora ostentan, como ocurre con el CGPJ, secuestrado desde hace cuatro años por los conservadores, con la misma finalidad de no perder esa mayoría.

Se convierten así, los Magistrados conservadores del TC, en auténticos golpistas togados contra la Democracia y se ponen al servicio de un Partido de extrema derecha con fuerte ligazón con el fascismo que representa VOX. Con ello, los supuestos garantes de la puridad constitucional, incumplen la ley, desconocen esas garantías y presuntamente prevarican, conocedores de la impunidad de la que están revestidos.

Pero además de todo eso, se da la circunstancia de que dos de los Magistrados cuyos votos han dado lugar al triunfo de la tropelía antidemocrática, uno de ellos el Presidente del TC, estaban concernidos, es decir, les afectaba personalmente, por cuanto tienen el mandato caducado, de ahí, la recusación presentada por PODEMOS y PSOE, que ha sido rechazada con los votos de esos mismos dos magistrados, que lejos de la decencia y coherencia judicial al no abstenerse, han votado en contra de su propia recusación por tener su mandato caducado, sin el menor pudor, pundonor y sin la menor vergüenza.

Cómo no acordarnos ante estos hechos, de la insigne Magistrada, que fue miembro del TC y la primera mujer que fue presidente de dicho TC.

María Emilia Casas Baamonde y su vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez Sánchez, se inhibieron en 2007, por cuanto entendieron que tenían un interés directo en un recurso por la reforma de la LOTC, asunto muy similar al que se dirimen en el asunto que ahora se comenta.

El TC entendió en ese momento que las abstenciones eran justificadas para no producir una apariencia de pérdida de imparcialidad y razonaba que “Debe resaltarse que la apariencia de imparcialidad ha de ser especialmente exigible cuando lo que el Tribunal juzga es su propia Ley Orgánica, dada la muy singular y relevante posición que ocupa dicha Ley en nuestro Ordenamiento para garantizar la efectividad del orden constitucional.”

Parece claro que el TC se aparta de su propia doctrina con unos fines claramente antidemocráticos.

Termino con dos reflexiones;

El silencio del Rey es ominoso por cuanto incumple claramente la Constitución al no intervenir para arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones. Es evidente que lo ocurrido es un funcionamiento claramente irregular de una institución tan importante como el TC, que obligaría claramente a la intervención del Rey. Su silencio es tan significativo que sobran más palabras.

EL Pueblo, los partidos y organizaciones de izquierda y los sindicatos de clase, debemos movilizarnos sin la mayor dilación para defender la Soberanía Nacional, el Estado de Derecho y la Democracia, poniéndose al lado del Gobierno, ya que, de otro modo, nuestra falta de reacción nos hará cómplices.

Miguel Sagüés Navarro
Socialista
Abogado Laboralista. Jubilado