Democracia a la carta

El 28 de julio se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, a penas 72 horas después Washington declaró presidente a Edmundo González.

                Desconozco el escrutinio real, pues, efectivamente, las instituciones venezolanas no han publicado las actas electorales. Lo único que han dicho los observadores internacionales es que el gobierno de Maduro debería hacer públicas las actas; lo que no significa que desmientan los datos del gobierno venezolano, ni que los avalen.

                Sé que no es comparable, pero no me resisto a mencionar que, en Madrid, el Gobierno del PP presidido por la señora Ayuso se ha negado a publicar las actas de la policía, referidas a las inspecciones en las residencias de mayores en las murieron en abandono 7.291 personas, al menos, a las que se les negó su derecho de asistencia hospitalaria. Aún no he visto ni oído a ninguna instancia internacional que recrimine esta barbarie ¿Es más grave el tejemaneje de un Estado, en este caso Venezuela, que miles de muertes en condiciones infrahumanas? Parece que la “democracia” se dicta a la carta, en función de los intereses ocultos en la trastienda política.

«Ayuso se ha negado a publicar las actas de la policía, referidas a las inspecciones en las residencias de mayores en las murieron en abandono 7.291 personas, al menos, a las que se les negó su derecho de asistencia hospitalaria. Aún no he visto ni oído a ninguna instancia internacional que recrimine esta barbarie»

                Eso que llaman “la Comunidad Internacional”, para hablar por todos nosotros y nosotras, ha rechazado la orientación bolivariana desde el primer momento, incluso tras haber ganado Hugo Chávez las presidenciales de 1998 por abrumadora mayoría, pero esa democracia no tuvo el aval de Washington y a partir de ahí comenzaron las sanciones y el boicot a la economía venezolana. Pondré un ejemplo de esto como muestra del doble rasero “democrático”:

                En septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio orden de congelar cualquier cuenta bancaria o bienes del exministro de Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal, y Henry Rangel Silva; cuentas que pudiesen estar bajo jurisdicción estadounidense, bajo la acusación de apoyo a las FARC en sus actividades de narcotráfico.

                Sin embargo, los USA no impusieron ninguna sanción a nadie de la Administración Reagan, ni disolvieron el Partido Republicano, por uno de los mayores escándalos que han protagonizado en su historia; en este caso me refiero a cuando tras las elecciones nicaragüenses de 1984 la CIA, con el conocimiento de la Casa Blanca, financió al grupo paramilitar y terrorista “Contra nicaragüense” con dinero de los cárteles de la droga.

                No me identifico con el “socialismo bolivariano” ni con el “socialismo del s. XXI” instaurado por Chávez y heredado por Maduro, lo que no me impide ver con claridad que lo que a la “comunidad internacional”, liderada por los Estados Unidos, le molesta es que se cuestione la propiedad privada de los medios de producción y de las materias primas. No es un problema de respeto o no de los derechos humanos; de hecho, en Venezuela hay mayor respeto a los derechos humanos que en Arabia Saudí, donde la compañía Aramco es propiedad del Gobierno saudí y el gobierno saudí es, a su vez, propiedad de la familia Saúd ¿Alguien cuestiona las relaciones económicas y diplomáticas con Arabia Saudí? ¿Algún organismo internacional está preocupado por los resultados electorales en Arabia Saudí?

«Lo que a la comunidad internacional liderada por los Estados Unidos le molesta no son los derechos humanos sino que se cuestione la propiedad privada de los medios de producción y las materias primas»

                Con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a fecha de 2022, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, más que Arabia Saudí y que Irán; segundo y tercero en el ranking, respectivamente. Venezuela tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo. La riqueza petrolera, de gas y carbón venezolanos la gestiona el Estado a través de PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), de la que es propietario mayoritario desde 2007.

                Conoco Phillips es la tercera mayor empresa norteamericana de petróleo, con sede en Houston (Texas) y mantiene un contencioso multimillonario contra Venezuela, pues, antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, la empresa tejana explotaba y exportaba enormes cantidades de crudo venezolano. Este no es el único conflicto que Venezuela mantiene en el mundo del petróleo, ya que desde la creación de PDVSA en los años 70 (s. XX) fueron muchos los intereses cruzados que se establecieron con compañías de diferentes países.

«Petróleos de Venezuela (PDVSA) es el verdadero objetivo y preocupación de la hipócrita Comunidad Internacional»

                Hago alusión a PDVSA porque concentra la gran riqueza energética, aunque no sea la única riqueza venezolana, y porque es el verdadero objetivo y preocupación de la hipócrita “comunidad internacional”. El bienestar del pueblo venezolano les importa más o menos lo mismo que la libertad de las mujeres sauditas, de las afganas o las de cualquiera de los emiratos árabes. Los derechos humanos en Venezuela les importan lo mismo que los derechos humanos en Palestina. En Venezuela lo que se disputa es si se liberaliza o no el petróleo o si es propiedad del Estado. Otra cosa es cómo lo gestiona el Estado venezolano, incluidas todas las trabas y boicots a los que su economía está sometida.

                El señor Edmundo González es un viejo diplomático que siempre ha estado al servicio del aparato del Estado venezolano, pero quién verdaderamente representa los intereses espurios que se dirimen en Venezuela es la señora María Corina Machado, un producto del programa World Fellows para la formación de líderes impartido por la Universidad de Yale (2009). Esta señora se declara cristiana y liberal, y comparte con el Sr. Milei la ambición por la privatización de las empresas estatales -aunque, de momento, Milei no podrá privatizar YPF-.

«La señora es un producto del programa World Fellows para la formación de líderes impartido por la Universidad de Yale»

                Los datos y los hechos se imponen a los dichos y las manipulaciones mediáticas. Washington ya intentó imponer a Juan Guaidó en 2019; se llegaron a inventar el título de “presidente interino”. Ahora utilizan a un septuagenario como pantalla para su verdadera apuesta. Todos y todas al servicio de los intereses económicos de las grandes multinacionales, protegidas a su vez por el todo poderoso aparato de Estado estadounidense.

«el bienestar del pueblo venezolano les importa lo mismo que la libertad de las mujeres sauditas, las afganas o los derechos humanos en Palestina»

El septuagenario Edmundo González es la pantalla que utiliza María Corina Machado para poner Venezuela al servicio de los intereses económicos de las grandes multinacionales

«Maria Corina Machado comparte con Milei la ambición por la privatización de las empresas estatales»

«Los datos y los hechos se imponen a los dichos y las manipulaciones mediáticas. Washington ya intentó imponer a Juan Guaidó en 2019 nombrándolo Presidente interino»

                Dejen que los pueblos decidan libremente su destino. Dejen de usurpar las riquezas de esos pueblos, así no tendrán que rechazar la inmigración que tanto les molesta.

Roberto Tornamira Sánchez
Presidente de ASTRADE

Defender la justicia social en Europa

Mientras decenas de miles de personas se manifestaban en Madrid en defensa de la sanidad pública, la ultraderecha se concentraba en Vistalegre bajo el lema ¡Europa Viva 24! con la presencia presencial o telemática de los principales líderes de la ultraderecha europeos y mundiales, incluído el provocador Javier Milei. De lo que más se ha hablado en los medios es de los insultos proferidos contra la esposa de Pedro Sánchez, abriendo incluso una crisis diplomática con el pais hermano Argentina. Sin embargo, lo más grave de las intervenciones de Milei fue el ataque furibundo al concepto de justicia social.
La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz.
Todas las personas tenemos necesidades básicas comunes, que se traducen en derechos humanos fundamentales: el derecho a la propia identidad, a la supervivencia, a la salud, a la educación, a expresarnos con libertad y a ser tratados con dignidad y respeto… Atacar el concepto de justicia social es arremeter contra la salud, contra la educación, y contra todos los servicios públicos que nos permiten mantener unos mismos derechos independientemente del nivel de renta de las personas.
El liberalismo económico ha cargado reiteradamente contra las políticas sociales que garantizan esta justicia social, permitiendo que sea el mercado quien regule. Quien pueda pagar un médico privado permanecerá sano, quien pueda pagarse una carrera universitaria podrá acceder a un trabajo más cualificado…y quién no, pues se siente.
Cuando las necesidades fundamentales no se satisfacen se genera desigualdad, pobreza, guerra y muerte, y por eso la socialdemocracia siempre ha defendido las políticas sociales, los servicios públicos y la redistribución de la riqueza, frente a quienes quieren dejarlo todo en manos del mercado, la desregulación y favoreciendo al más poderoso económicamente.
Lo que defienden Orban en Hungría, Meloni en Italia, Milei en Argentina, LePen en Francia, o Abascal y Feijoo en España son políticas de recortes sociales. Lo que proponen para Europa y para el mundo es la guerra, el conflicto, la desigualdad y la libertad de mercado extrema, creando zonas francas, sin derechos para que las empresas exploten a los «zurdos», los «descamidados», en definitiva, a la clase trabajadora.
Defender la socialdemocracia y defender Europa es defender la justicia social, defender los servicios públicos, los derechos colectivos, las políticas de redistribución de la riqueza, y eso hoy está en claro peligro, por la tibieza de las propuestas de políticas sociales europeas, por la falta de unas instituciones europeas que se centren en la justicia social y por el ataque furibundo de la extrema derecha que se aprovecha de la debilidad institucional europea y del populismo que arraiga cuando no hay propuestas sociales.
A la clase trabajadora de España, de Europa, del mundo, no nos basta hoy con avisar «que viene el lobo». El lobo ya está aquí hace años, privatizando la sanidad, la educación y las pensiones. El lobo ya está aquí hace años creando división entre pobres y más pobres.
Para el futuro de la clase trabajadora en España, en Europa y en el mundo es necesario fortalecer la socialdemocracia pasando a la acción con políticas de fortalecimiento de los servicios publicos y de nacionalización de los sectores estratégicos hoy en manos privadas. Con políticas de redistribución de la riqueza. Con impuestos…sí, con impuestos progresivos que hagan que contribuya más el que más tiene y que permitan financiar la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, las infraestructuras. Con políticas de recuperación del poder adquisitivo de los salarios y de contención de los precios. La receta está inventada pero hay que ponerse a cocinar porque sino la barbarie irá a más.
Los signos distintivos de la vieja Europa, la Europa de los derechos que soñaban Willy Brandt y Olof Palme se contruía bajo el paradigma de la Justicia Social. Eso es lo que se quieren cargar esta gente de la derecha y la extrema derecha. El 9J piensa qué, a quién y por qué votas.

¡Más justicia social!

Baltasar Santos
Primer Secretari agrupació PSC-El Vendrell

La clase trabajadora argentina en lucha

Huelga general del 24 enero

La clase trabajadora de Argentina se defiende de los ataques neoliberales de Milei con su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley Ómnibus (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos). Estas brutales medidas, que ponen Argentina al servicio del capital financiero se están debatiendo en sede parlamentaria y por ello, los trabajadores argentinos, con la iniciativa de la CGT y la CTA convocaron movilizaciones y huelga general para el 24 de enero.

Las medidas del decreto atentan contra la economía popular, los derechos sociales y laborales, las privatizaciones y van acompañadas del intento de imponer un «régimen de excepción», que concentraría el poder en la presidencia de la República hasta 2025, que puede prorrogarse hasta el final del mandato de Milei. Por ello, decenas de organizacions políticas, sociales, culturales y de toda índole han secundado esta movilización y firmado un documento en el que además de la retirada del decreto se demanda:

  • Suspensión del pago de la deuda externa. Anulación del acuerdo con el FMI
  • Para derrotar a la inflación, congelación de precios y control a las grandes empresas formadoras de precios en la producción y la distribución de los productos de la canasta básica, de la energía y del transporte
  • Recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes, las vías navegables y el control del comercio exterior
  • Recuperación inmediata de salarios y jubilaciones. Contra los despidos. Contra la derogación de la Ley de Alquileres y los desalojos. Contra la represión y las detenciones que atacan las luchas populares

Desde Tribuna Socialista nos solidarizamos con la movilización de la clase trabajadora argentina y saludamos con satisfacció las concentraciones que el día 24 convocaron UGT y CCOO ante las embajadas argentinas en diversas ciudades de España.

Como ya hemos comentado en números anteriores, la «libertad» que venía proclamando Milei no es otra que la libertad para las empresas elevado a su grado máximo, con privatizaciones, la abolición de derechos, represión y recortes en políticas sociales. Al final, tal y como reza en la pancarta de la imagen, la «casta» es el pueblo.

En la fecha de redacción de este artículo, pocos medios de comunicación se han hecho eco de la movilización, pero la realidad es que el apoyo social a Milei merma día a día en Argentina, al tiempo que crece la oposición activa a sus políticas. Cerca de 1 ,5 millones de personas, a pesar de las amenazas represivas y de la fuerte presencia policial han participado en la huelga y en unas manifestaciones que son solo el inicio de la resistencia del pueblo argentino ante las atrocidades del gobierno Milei contra los derechos y las conquistas de la mayoría social en Argentina.

Montserrat Salvatierra
Militante PSC El Vendrell