Unos presupuestos para salir por la izquierda

No sólo es importante sacar unos presupuestos progresistas que rompan la inercia de salir de crisis cíclicas con pérdida de derechos y libertades, y más precarización, además si conseguimos hacerlo con fuerzas políticas que hasta hace poco eran centrífugas, incluso con violencia estructural, sumamos a nuestra Constitución, a nuestra política, un salto cualitativo enorme al integrar en nuestro Estado, sin corsés, al “nacionalismo periférico “.

La gravedad de la pandemia, sus terribles consecuencias, no deben hacernos perder de vista la importancia de los acuerdos presupuestarios y su trascendencia a medio y largo plazo.

Para nuestra organización política territorial, y más importante para el progreso como país con un proyecto político integrador de verdad, significa la superación de un conflicto historico que nos costó vidas, que ha costado  un grave enfrentamiento, y que nos sitúa ante Europa con un horizonte de integración y superación a su vez de los “límites” Nacionales.

No sólo son unos presupuestos de progreso, sociales y de izquierda.

Eduardo Hernández Oñate

Tribuna Socialista-Madrid

Principios políticos, democracia, Bildu y PGE

El que Bildu se halla sumado a apoyar en principio la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado me parece una buena noticia en un doble sentido.

Por un lado me parece un triunfo de la democracia en mayúsculas y viene a dar la razón a todos aquellos que siempre mantuvimos que contra las bombas estaban los votos, que en democracia se puede defender cualquier cosa pero siempre y exclusivamente con la palabra, lo cual lleva implícito, al menos desde un punto de vista de aceptación de los valores democráticos, no solo la defensa parlamentaria de éstos, sino sobre todo su puesta en práctica mediante el ejercicio del pacto, el acuerdo y el consenso democrático. La alternativa a esto, o sea, el desprecio de esta manera de entender la vida democrática y su traslación parlamentaria supondría un cínico ejercicio de hipocresía política, ¿cómo defenderíamos el rechazo total a hablar con Bildu?, ¿qué le diríamos?: “os hemos estado engañando (…) cuando decíamos que dejarais las armas y  aceptarais la democracia os mentíamos a sabiendas (…)” ¿Ese debiera ser el valor de nuestra palabra política?

Sin duda el camino democrático, lo que se hace en los Estados de Derecho en donde la democracia está firmemente implantada, pongamos como ejemplo el caso del Reino Unido, Irlanda, los renombrados Acuerdos del Viernes Santo y el encaje del Sinn Fein en el parlamento, es precisamente mantener sobre cualquier otra cosa los principios democráticos: el valor de la palabra, la discusión dialéctica, la confrontación de ideas y de ideologías y la capacidad de, sustentados en estos, llegar  a acuerdos y consensos con el oponente.

Por si estos argumentos de por sí no fueran lo suficientemente contundentes, debemos señalar que ninguno de los parlamentarios de EH-Bildu tiene cuentas pendientes de ningún tipo con la Justicia, que han explicitado de forma contundente su renuncia a cualquier tipo de violencia y que en otro orden de cosas, los condenados por delitos terroristas siguen y seguirán hasta que decida la justicia en la cárcel, y que ETA fue vencida por el Estado, precisamente con un gobierno socialista presidido por Jose Luis Rodriguez Zapatero y con Alfredo Rubalcaba como ministro del Interior, sin que se hiciera ningún tipo de concesión a la banda terrorista.

Pero claro mantener este discurso y ‘hacer política’ defendiendo esta línea de actuación requiere el tedioso y lento esfuerzo de hacer pedagogía, de tener que explicar sin descanso porque uno actúa de este modo, porque es este el camino correcto y cuáles son los principios básicos y sagrados de la democracia, esto suele llevar tiempo, normalmente mucho tiempo, suele dar frutos a medio y largo plazo, nunca en el momento, y obviamente algunos prefieren alinearse con el impulso sentimental, además muy humano, de rechazo que provoca el recuerdo de la violencia terrorista que comprensiblemente otorga votos per se; y si además para ‘algunos y algunas’ les vale para criticar la política de pactos de la dirección del PSOE pues miel sobre hojuelas, y no me estoy refiriendo exclusivamente a la derecha, creo que se me entiende.

Y por otro lado me parece que en la situación de excepcionalidad en la que vivimos requiere que la reconstrucción del país, que sin duda será ardua, cuente con el mayor apoyo posible de voluntades; estas voluntades en política se reflejan, en primer lugar en la aprobación  de unos Presupuestos Generales del Estado que doten con respaldo económico las líneas políticas a seguir, y en segundo lugar en la discusión y el acuerdo de esas ‘políticas a seguir’, por lo que sería deseable el acuerdo de cuantos más mejor. Si en esos acuerdos caben Bildu, un partido de izquierdas y el PNV, un partido de derecha, tanto mejor, mostraríamos que seriamos capaces de pactar con la derecha moderada y de ayudar a Bildu hacia un camino de normalización democrática; pero por todas estas razones sería deseable contar finalmente también con el apoyo de Ciudadanos, deberíamos también ser capaces de ayudar, o al menos de intentar, que Ciudadanos se alejase de las posturas radicales de la derecha extrema y de la extrema derecha y se acercarse a la centralidad. Los mismos argumentos éticos que utilizamos para anteponer la grandeza de la democracia como sistema y que por tanto no es solo aconsejable sino necesario por higiene democrática atraer a todos al debate político valen en este sentido tanto para Bildu como para Ciudadanos o para cualquier otro partido político. Nosotros, los socialistas, a priori no debemos rechazar a nadie, que quienes quieran se autoexcluya ellos mismos por sus actos, no por nuestros apriorismos. No me gustaría pensar que quienes promueven la exclusión de otros lo hagan motivados por el afán de constituirse en los únicos válidos y necesarios y por tanto en imprescindibles.

Jose Luis Bejarano Damas

Tribuna Socialista de Sevilla

Agrupación municipal de Almensilla.

Presupuestos: lo importante es el contenido

Los Presupuestos Generales del Estado se han situado en el centro del debate parlamentario. La cuestión es el punto de vista de cada grupo parlamentario, los condicionantes que se hacen desde la Comisión Europea, el punto de partida de los presupuestos fijado por la coalición de Gobierno y las necesidades y prioridades de la mayoría social. Son, como mínimo, cuatro puntos de vista que no siempre son coincidentes.

La derecha está utilizando todo para derribar al Gobierno: comenzaron con el mantra de la ilegitimidad, han utilizado la pandemia, ahora se apoyan en el drama de la inmigración. Como siempre, sin escrúpulos, usan cualquier motivo para deteriorar y desestabilizar al Gobierno salido de las urnas, en un desprecio absoluto a la democracia. Hemos asistido al esperpento de la Moción de Censura presentada por VOX. Todo vale, siempre que no estén ellos en la Moncloa; etapa que utilizan para favorecer sin rubor a la clase minoritaria. Nos les importa que hayamos rebasado los 44.000 muertos por COVID-19.

Desde la Comisión Europea se envían mensajes que, en ocasiones, parecen contradictorios. Mensajes velados con aspecto de sugerencia, pero que siempre llevan la carga de condición. Se dice a los gobiernos que se endeuden lo que haga falta para combatir al virus, pero en paralelo se cuestiona subir impuestos y se apela a controlar el déficit. Esas recetas, cargadas de cinismo, llevan irremediablemente a la reducción del gasto social. Si los impuestos no suben no aumenta el ingreso. Si además cada año hay que amortizar más deuda, por muy bajos que estén los intereses de la misma, el artículo 135.3 de la Constitución marca la prioridad de pagar esta deuda sobre el gasto en sanidad, en educación y en cualquier otra partida para atender las necesidades de la sociedad.

Se ha desistido de incrementar el IVA del diésel, y es positivo, pues afectaría al coste del transporte, sobrecoste que automáticamente se traslada a los productos de consumo. Lo injusto del impuesto sobre los productos y servicios, el IVA, es que pagamos el mismo IVA los que cambian de jet con gran facilidad que los que los que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y optar entre: pagar la hipoteca, poner la calefacción o comer menos. Mientras la derecha insiste, por un lado, en que no se suban los impuestos: ni directos ni indirectos, por otro piden a coro con las patronales que se incrementen las subvenciones, las exenciones y todo tipo de ayudas a las empresas. Lo más descarado ocurre en las comunidades autónomas en las que gobiernan PP y Ciudadanos, con el apoyo de VOX a pesar de sus ataques de cuernos. El ejemplo más brutal es Madrid, donde se está deteriorando a la Educación Pública y a la vez se está insuflando dinero público a la Educación privada, esa en la que la Iglesia tiene una gran fuente de ingresos; porque son los dueños de muchos colegios, institutos y universidades, y porque reciben cientos de millones públicos para pagar a los profesores de religión.

Por su parte, la coalición de Gobierno ha partido de un difícil equilibrio para sentar la base de negociación de los presupuestos con unos y otros, con fuertes incrementos de las partidas de Pensiones, Desempleo, Vivienda y Educación: 5.085 MM (+3,2%), 4.192 MM (+20,1%), 1.772 MM (+367,9%) y 2.017 MM (+70,2%) respectivamente, incremento sobre los presupuestos prorrogados de Montoro (PP) para 2019. La deuda pública, una partida que se sitúa en 31.675 MM, crece en 128 MM (+0.4%) sobre el pasado ejercicio, sin contar aún con los 70.000 millones en prestamos que se dotarán, si se aprueban definitivamente, desde Europa.

Reconociendo el aumento en algunas partidas, es igualmente necesario reconocer que los aumentos en sanidad son insuficientes para atender las necesidades actuales que se han visto agravadas por la crisis del Cobid19. Menos explicación tiene el aumento en 6.5% a la Casa Real o el aumento en gastos militares, a nuestro entender injustificados.

Todo este gasto está previsto, contando con los fondos europeos, fondos que están siendo seriamente cuestionados y por tanto nada asegurados, ni en cuantías ni en condicionantes en forma de recortes sociales: los 70.000 en prestamos antes citados más 70.000 en “transferencias” (eufemismo acuñado por la Comisión Europea para evitar decir “subvenciones”.

Y, como si de un bucle se tratara, volvemos al punto de partida: las condiciones que sutilmente ponen desde los organismos europeos para recibir esos 140.000 MM. Hablan de reformas, pero no explicitan, no al menos públicamente. Señalan a los sistemas de pensiones, sugiriendo el fomento del mercado privado de pensiones, sin la menor consideración a la mayoría social, en nuestro país y en cualquier país europeo, que no tiene capacidad de ahorro y por tanto queda al margen de poder acceder a un fondo de pensiones privado y a sus ventajas fiscales. Denuncian la dualidad laboral, pero no para paliar la temporalidad y la precariedad, sino como camino para eliminar los empleos con derechos y así, una vez que todos y todas seamos precarios, ya no habrá dualidad. Esto último no está por hacer, se está haciendo, se viene haciendo desde hace una década, con gran intensidad desde la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, que facilitaron el despido y por ende la transformación de empleo con derechos en empleo precario y mal pagado, abarataron el despido y regalaron a los empresarios la posibilidad de devaluar los salarios.

En el entorno de preparar los Presupuestos, se ha aprobado, no por unanimidad como han dicho los medios de comunicación, el Pacto de Toledo. Del que debemos celebrar que se haya resuelto la cuestión de la revalorización de las pensiones al vincularla al IPC, pero tenemos que lamentar que haya quedado intacto el factor de sostenibilidad que vincula la pensión a la esperanza de vida, un factor pensado en la reforma de Rajoy de 2013 para devaluar la cuantía de la pensión.

En este “juego” a varias bandas, se enfrentan las necesidades de quienes cada vez retroceden más: las rentas del trabajo, frente a quienes cada vez avanzan más: las rentas del capital. Esto viene de la mano de las crisis económicas que provoca un sistema que favorece a las rentas del capital pero que pagan las rentas del trabajo. Los ingresos del Estado se nutren principalmente de IRPF y en este impuesto son las rentas entre 12.000 y 60.000 euros/año las que pagan el grueso. Mientras los que menos aportan son los que reclaman pagar aun menos. Esto coincide con que quienes contribuyen son quienes necesitan los servicios públicos, frente a quienes tienen recursos para ahorrar, constituir planes privados de pensiones, invertir en fondos, tener sanidad privada y llevar a sus hijos e hijas a colegios privados, con el descaro de pedir dinero público para abaratar sus gastos y así incrementar su nivel de vida.

Los Presupuestos Generales del Estado, debieran corregir esta situación de injusticia, acompañados de leyes, como la de Educación, que de una vez por todas debería sacar la enseñanza privada del gasto en Educación y que todo el esfuerzo de las rentas del trabajo vaya destinado a la educación pública de sus hijos e hijas.

De igual modo, la derogación íntegra de la reforma de Pensiones de 2013, debiera haber sido previa al Pacto de Toledo, pues el Sistema Público de Pensiones continúa lastrado por el factor de sostenibilidad y la pléyade de exenciones en las cotizaciones y tarifas planas.

El Comité de Redacción